XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALAS 6 a 11 de septiembre de 2011, UFPE, Recife-PE

GT20 Sociedad civil: protestas y movimientos sociales Consultas populares, el dilema del movimiento de reivindicación del territorio en

Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala – Escuela de Ciencia Política

Miguel Alejandro Saquimux Contreras Max José Castillo Castillo

Mónica Anaelí Aguilar Estrada

Resumen

En Guatemala, desde 1996, con la firma de los

Acuerdos de Paz, los gobiernos han facilitado y

permitido la explotación del subsuelo y extracción

de minerales por parte de empresas

transnacionales. Sin embargo, estos procesos de la

historia reciente del país son parte de una histórica

tradición que responde a la racionalidad extractiva

ligada al mercado internacional.

Ante las nuevas condiciones promovidas desde la

institucionalidad estatal, se han generado

diversidad de acciones de protesta por parte de los

sectores que reivindican la defensa del territorio.

Tales acciones evidencian nuevas formas de

organización social mediante las cuales esos

sectores han buscado canalizar su rechazo hacia

estas prácticas neocoloniales. Estas, en términos

generales, se han articulado en torno a las

llamadas “Consultas Comunitarias”, respaldadas

por el convenio 169 de la OIT, la Ley Electoral y de

Partidos Políticos y el Código Municipal.

Se problematiza el carácter de las consultas, tanto

desde su carácter organizacional, sus agendas de

trabajo y lucha; así como sí éstas pueden ser

consideradas como reacciones puntuales ante tales

situaciones o si, por el contrario, estamos ante un

tipo de movimiento de reivindicación en el que el

territorio se constituye un eje central aglutinador y

problematizador frente a la intromisión abusiva y

devastadora del capital transnacional.

Palabras Claves: Territorio, Territorialidad, Pueblos

Indígenas, Neoliberalismo, Consultas Comunitarias,

Defensa del territorio, c169

Abstract

In Guatemala, since 1996, with the signing of the

Peace Accords, governments have facilitated and

allowed the exploitation of the subsoil and the

extraction of minerals by transnational companies.

However, processes of the country's recent History

are part of a historical tradition that responds to an

extractive rationality bounded to the international

market.

Under the new conditions promoted by the

institutionality, different kinds of protest actions have

been generated by groups claiming for the defense

of the territory. Such actions demonstrate new

forms of social organization by which these have

sought to canalize their rejection toward neocolonial

practices; which, in general terms, have been

articulated around the called "Community

Consultations", supported by the ILO Convention

169, the law on Elections and Political Parties; and

the Municipal Code.

We problematize the nature of the consultations,

their organizational character, their agendas and

struggle. Also, we wonder if these can be

considered as an specific reaction to such

situations, or if, au contraire, this is a kind of

reivindication movement in which the territory

constitutes the main focal point against abusive and

destructive interference from transnational capital.

Keywords: Territory, territoriality, Indigenous people,

neoliberalism, community consultations, defense of

territory, c169.

Nuestros más sinceros agradecimientos a: -Msc. Claudia Gil, por motivarnos a hacer la ruptura, y por su apoyo incondicional en todos los aspectos posibles. -Dr. Gustavo Palma Murga, por todos los meses que nos nutrió de conocimiento, y por incentivarnos a realizar una reinterpretación histórica de Guatemala. -Dra. Simona Yagenova, por brindarnos las herramientas básicas para la interpretación del fenómeno. -Dr. Luis Mack y Lic. Marcio Palacios por todo su apoyo.

1. Contexto histórico “Sumergiéndonos en las arenas del tiempo”

“Un continente concebido por las heces del mundo entero

sin un instante de amor: hijos de raptos, de violaciones,

de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos."

Gabriel García Márquez

En Guatemala, desde el año 2005, alrededor de cada mes y medio, más de trece mil personas

manifiestan su rechazo a la extracción minera, y más recientemente su rechazo hacia todo Mega

Proyecto que se ubique dentro o en las postrimerías de su municipio; hecho que en los medios

de comunicación se ha invisibilizado, criminalizado y al mismo tiempo ha sido menospreciado por

la opinión pública. Este fenómeno suscita actualmente una serie de debates que van desde la

legitimidad hasta la legalidad de éste, omitiendo por momentos el carácter sui géneris del

fenómeno en sí mismo y peyorizando su carácter comunitario, que es, a nuestro criterio, el rasgo

más fascinante de esta articulación que manifiesta la añeja y latente lucha por la defensa del

territorio en Guatemala.

Pero, ¿Cuáles han sido las circunstancias históricas y coyunturales que han dado origen a ésta

articulación? Partiendo de que la existencia de Guatemala como tal, tiene que ser entendida

como el producto de una racionalidad económica extractiva, construida desde la Colonia para

operar respondiendo a las necesidades del mercado internacional, considerando que desde esta

época, en el país ha habido presencia de extracción minera1. Se llega a la premisa, en base a un

breve y selectivo estudio de la historia de Guatemala, que el articularse en cada período histórico

de acumulación a las demandas impuestas por el mercado internacional genera modificaciones

en las formas de organización social y distribución del territorio; por lo cual las comunidades han

ido reaccionando históricamente de diversa manera para la defensa del territorio.

1.1 Desarticular y re articular

Con la Invasión española a principios del siglo XVI, se inicia un proceso de desestructuración de

las sociedades existentes dando paso a un nuevo orden que se constituye en el sistema

económico y político conocido como la Colonia. En Centroamérica no se encuentran los

yacimientos de plata y minerales (Bethell, 1990a; 173), sin embargo hay abundante presencia de

dos elementos económicos que articulan el modo de producción agro exportador guatemalteco:

Tierra y gente. La reorganización social y política giró en torno a la consolidación de este modelo

1 Ver anexo 1

productivo que utilizaría el repartimiento y la encomienda, para canalizar la mano de obra

indígena en la producción de alimentos, servicios e impuestos.

La pieza fundamental de este nuevo orden son los pueblos de indios, que concentran a la

población indígena en un espacio determinado, ideado para controlar la fuerza de trabajo y el

vasallaje. Lo anterior devino con la siguiente composición de la tenencia de la tierra: ejidal,

comunal, privada y eclesiástica. Siendo las más importantes las primeras dos; la ejidal

regularmente estaba conformada por 38 caballerías o 1,702.4 hectáreas (Camacho, Dourocher,

Fernández, Letona, 2003; 24) a la que se le añadía las tierras comunales, éstas se utilizaban

para la completar la producción del tributo y producir bienes para el autoconsumo, en muchas

ocasiones las tierras ejidales no producían lo suficiente para garantizar el pago del tributo, mucho

menos garantizar alimentos para toda la población de la comunidad.

Como respuesta a la violencia y explotación legal e ilegal que sufrían los indígenas, y al llegar al

punto más álgido, estallaban en los ampliamente documentados por Severo Martínez, motines de

indios (1991), que se daban no enteramente por el sistema opresivo, sino por hechos específicos

que los desencadenaban, como el abuso de las autoridades con el tributo y con los

repartimientos. El fin del motín no era cambiar o derribar el régimen, sino aliviar su situación,

porque en la reestructuración social que se llevó a cabo, se implantó un ethos de servidumbre

que garantizó la reproducción sistémica y sistemática del régimen.

1.2 ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir?

La separación formal de Centroamérica, considerada como la “Independencia” trasluce el

desmoronamiento del Imperio Español, cuyas causas y efectos, por la naturaleza de la

investigación no se mencionarán, aunque para efectos del siguiente análisis podemos nombrar al

período histórico que va desde 1824 a 1829 como: El período de la incertidumbre.

Durante este período se empieza a cambiar la racionalidad económica, pero siempre dentro de la

lógica extractiva, lo que hizo posible el cambio del mercantilismo al capitalismo rentista. Surge

una disyuntiva respecto a la propiedad comunal y la propiedad privada, dentro de los afanes de la

facción liberal de iniciar un nuevo proceso de modernización. Se empieza así la

institucionalización de la segregación social, dándose el nacimiento de la discriminación a nivel

estructural, la única política sobre la cual sí existía lucidez en ese tiempo; se pretendió

“occidentalizar” población indígena.2 La desarticulación de la propiedad comunal se llevó a cabo

con el parcelamiento de los ejidos y de la apropiación de tierras en reposo, a las que llamaron

“baldías”; bajo la idea de que sólo la propiedad privada conducía al desarrollo económico.

Asimismo, se convirtió a los pueblos de indios en municipios, y se le cedió el poder a la población

ladina, quienes hablaban y vestían a la occidental.

1.3 La Pax Carreriana

El grado de incertidumbre alcanzado por la reestructuración liberal en Guatemala causó serios

estragos, no sólo en la forma en que se vivía sino en la que se producía. Podemos en este

momento aseverar que el cercenamiento de la propiedad comunal en los pueblos, creó un

ambiente de crispación política, ira popular y rompió con una lógica establecida por más de 300

años, dentro de ésta y de la trágica historia que se mece en ella, cabe recordar que la

expropiación de las tierras dejaba al indígena sin nada, además de institucionalizar por medio de

la Constitución la condición de minoría de edad, y por tanto, la incapacidad para decidir por sí

mismos en todo aspecto; les estaba vedado el derecho ciudadano de la participación.

El caudillo como figura histórica suele aparecer en los momentos de incertidumbre (Bethell,

1990b), en Rafael Carrera se erigió la autoridad en la cual descasaban las esperanzas de las

poblaciones campesinas de volver al antiguo régimen de tenencia de la tierra, a pesar de estar en

una condición de inferioridad legal –quienes le apoyaron militarmente- y de parte de la Iglesia -

con su apoyo ideológico- para asentar su vasto poder en la sociedad. A través del cultivo de la

grana, un producto de carácter no extensivo, más bien artesanal, en donde son familias las que

producen individualmente y su monopolio de importación lo controlan las poderosas élites

comerciales, surgió la Pax Carreriana, en donde la habilidad “intrigante” de Carrera tuvo su

culmen y fue posible durante cierto tiempo una relativa calma, que pronto se vio truncada en tanto

el mercado y la revolución industrial relegaron el valor de la grana3 y aumentaron de a poco, un

cultivo, en las postrimerías del -por obra y gracia de Carrera- abortado Estado de los Altos: el

Café.

1.4 La forma finquera del Estado: “Progreso, propiedad privada y nación”

El año de 1871 es el punto cúspide de la consolidación de una nueva facción dentro de la

oligarquía, que llevó a cabo una “Reforma Liberal”, en la cual se impuso un régimen de

2 Es así como se instauran los concursos para hacer desaparecer los idiomas mayas.

3 Para conocer más acerca de la grana visítese: http://mgar.net/nopal.htm

producción mono-agro-exportador que estructuró una nueva modalidad económica y social,

girando en torno al eje finquero-cafetalero, y configurando al café como la nueva base de la

economía nacional y principal producto de la exportación (Tischler, 2001). La vinculación al

mercado internacional se estimuló a través de un proceso de acumulación privado del suelo a

costa de la propiedad comunal indígena.

El nuevo régimen, del Estado-Finquero, necesitaba garantizar la existencia de fuerza de trabajo,

y fueron dos elementos los que permitieron la estructuración y consolidación de éste: el primer

elemento fue la asimilación forzada de la población indígena (Gálvez, 1999: 298) y el segundo

fue el de garantizar la “certeza jurídica” sobre la tenencia de la tierra. Por medio de la creación

simultánea de los dos Registros de la Propiedad en 1887 (uno en la Ciudad de Guatemala y el

otro en la Ciudad de Quetzaltenango); se condenó además a la desaparición a las otras formas

de posesión de la tierra, principalmente la comunal y la ejidal, que se localizarán en tierras

calientes.

El desmembramiento de las tierras comunales y ejidales derivó en la aparición de las figuras

latifundio-minifundio, la segunda figura localizada en tierras frías y al occidente del territorio,

donde se encontraba la fuente de sobrevivencia de los pueblos indígenas, quienes eran la fuerza

de trabajo de los latifundios cafetaleros. Es dentro de ésta contradicción que aparecen en el

imaginario social el ethos señorial y el ethos de servidumbre como formas de interpretación del

mundo. El primero se refiere a la objetivización del poder hegemónico en manos de una élite

oligárquica, que dentro de su concepción de clase, considera que el dominio que tienen y ejercen

sobre otra clase explotada es natural y totalmente legítima. El ethos de servidumbre va de la

mano del anterior, ya que es la objetivización del sometimiento, bajo la dominación de la

oligarquía finquera. En este caso, son los campesinos y la población indígena quienes sufren la

explotación, y ven como único horizonte de vida -de ellos mismos y de las generaciones futuras-

la explotación (Tischler, 2001).

1.5 Un quiebre histórico, una esperanza que nace.

Inmerso dentro de un mundo posguerra, Guatemala sufre un quiebre en su historia, de éste

hecho surge un período histórico donde sucedió el primer y único intento hasta ahora, de

refundar al Estado guatemalteco, fue la Revolución de Octubre de 1944. Ésta revolución fue

eminentemente urbana, fraguada por diversos sectores: estudiantil (medio y universitario),

magisterial, cierta parte del ejército y de la emergente burguesía nacional. El proyecto económico

se fundamentaba en la racionalidad del Capitalismo-Industrial, se buscaba cambiar el modo de

producción.

La vía en que se pretendía cambiar el modo de producción y al mismo tiempo empezar a

erradicar las grandes brechas de desigualdad Urbana-Rural, fue impulsando reformas de todo

tipo, las que interesan en éste trabajo son las relativas al territorio y la tenencia de la tierra.

Reconociendo los ejidos y las tierras comunales como inalienables, imprescriptibles,

inexpropiables e indivisibles (Artículo 96 de la Constitución de 1945. Guatemala) se buscó hacer

desaparecer la dicotomía latifundio-minifundio, ya que el 88% de propiedades sólo controlaba el

14% de la superficie cultivable. Se hacía evidente que se seguía reproduciendo la lógica rentista

y extractiva, siendo la producción de café (la más grande), de ganado y las plantaciones

bananeras las que condicionaban la economía de agroexportación. La respuesta a la inequitativa

distribución de la tierra es el Decreto 900 “Ley de Reforma Agraria” que entregaba las tierras

confiscadas en parcelas individuales para el usufructo vitalicio. En total fueron expropiadas 1012

fincas, igual a 603,021 hectáreas (Paredes, 1964: 13). El objetivo de ésta reforma estaba

pensada para expropiar principalmente las tierras de la United Fruit Company (UFCO) y de la

International Railway of Central America (IRCA) que juntas concentraban más del 52% de

superficie cultivable. Dentro de la Reforma también se incluyeron los terrenos municipales,

muchos de los cuales eran bosques, y en cierta parte ésta disposición -desde la perspectiva de

los pueblos indígenas- iba en contra de sus intereses, porque varias regiones boscosas eran de

uso comunal indígena, lo que llevó a una agudización de la lucha por la defensa de la tierra, e

hizo evidente el carácter urbano y poco incluyente de la Revolución.

1.6 Riqueza, poder y tierra, son privilegio de unos cuantos

En 1954 el gobierno de Jacobo Árbenz es derrocado por un movimiento que involucró a los

EEUU, por medio de su Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), a la

UFCO, al ejército guatemalteco, a la oligarquía y a la Iglesia Católica. A partir del golpe de

Estado, el anticomunismo y la contrainsurgencia se instauran y nutren el atraso cultural del país

(Torres-Rivas, 1997). Se reinstaura el viejo orden, se revierte la reforma agraria, se cierran los

espacios políticos y de participación. En palabras de Torres-Rivas: “la contrarrevolución fue sobre

todo, una negación brutal de la democracia política” (1997:17). Económicamente hablando, hay

un retorno al capitalismo rentista, y políticamente hablando, se monta, a partir de 1963, un

Estado militar que controla el monopolio de la fuerza, siendo autoritario y represivo. En él, los

militares se sitúan como eje de la autoridad en alianza con los intereses de las élites dominantes.

La violencia de un Estado represivo, pero débil para enfrentar el descontento social, la

inexistencia de espacios políticos o de expresión, las condiciones de pobreza generalizada entre

la población, llevaron al estallido de un enfrentamiento armado interno que duró 36 años, con un

saldo de aproximadamente 150,000 personas muertas, 50,000 desaparecidos, un millón de

refugiados, 200,000 niños huérfanos. Más del 90% de estas violaciones a los derechos humanos

se le atribuyen al ejército o a grupos paramilitares afines. De las víctimas, el 90% eran hombres,

de los cuales el 74.5% eran adultos indígenas. El 92% de las víctimas eran civiles (Beristain,

1998: 24).

Las causas profundas del conflicto armado son las grandes desigualdades de la sociedad

guatemalteca, la estructura agraria, la exclusión económica y empobrecimiento de gran parte de

la población (CEH, 1997). El conflicto armado polarizó a la sociedad guatemalteca; y el ejército,

bajo la línea de la Seguridad Nacional, convirtió a la guerrilla y luego a cualquier opositor al

régimen en el enemigo.

Es importante recalcar que la guerrilla no consideró a la población indígena como parte

fundamental de la lucha, hasta su segunda ola, en la que actuó sin dejar de lado la visión

paternalista criolla-mestiza.4

Durante el período de 1960-1979 se aumentó la dicotomía latifundio-minifundio. Éste último fue el

que más se agudizó, “la atomización y proliferación de las parcelas menores de una manzana …

hubo un aumento de 190.4% … la concentración del área promedio era de 0.3. manzanas”

(Cambranes, 1991: 76). De 1964 a 1979, el índice de desigualdad de distribución de la tierra

pasó de 82.4% a 85%, siendo el más elevado de América Latina5 (Camacho et al 2003: 32). En

un pueblo condenado al hambre latente, cabe preguntarse entonces, en este contexto de

extrema concentración-pulverización de la tierra y fuerte pobreza rural en un país eminentemente

agrícola, qué alternativas de desarrollo existen (Cambranes, 1991: 76). En el período de 1980-

1996 no hay cambios significativos en relación a la tenencia de la tierra.

4 Cabe mencionar aquí, que nunca hubo un comandante guerrillero indígena, por ejemplo; ya que esta

población no podía acceder a los altos rangos. 5 Se utiliza el índice de Gini para medir la desigualdad, respecto a una distribución uniforme que representa la

igualdad. Tiene un rango de 0 a 1, en el que 0 representa una distribución igual, y el 1 la desigualdad total.

2. La Consulta Comunitaria, El dilema de la defensa del territorio

Para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase (La Independencia)

de hecho el mismo pueblo (sic).

Punto Uno, del Acta de Independencia de Guatemala 15 de septiembre de 1821

2.1 La democracia en muchas ocasiones es centralizadora del poder económico y político

en beneficio de un grupo pequeño.6

A continuación se realiza una selección de hechos determinantes que coadyuvaron a la

objetivización del modelo neoliberal y la cimentación de la racionalidad extractiva. En el presente

trabajo sólo se aborda la temática relacionada a la minería; y cómo los pueblos han reaccionado

a ésta por medio de la adopción de los propios instrumentos jurídicos que brinda el sistema.

Este período se caracteriza principalmente por haberse iniciado dentro de un contexto de

cambios económicos y políticos mundiales producto de la incipiente globalización y consolidación

del neoliberalismo como ideología y sistema económico. En el contexto interno se estaba

padeciendo uno de los momentos más oscuros de la historia guatemalteca, y con los espacios de

participación aún cerrados para un porcentaje significativo de la población.

A inicios de la década de 1980 en el mundo ocurría una serie de cambios en la racionalidad

económica hegemónica: surgía y se consolidaba el Neoliberalismo. El origen de éste debe

rastrearse en el libro: The Road to Serfdom (La Ruta hacia la Servidumbre) de Friedrich Von

Hayek en 1944, considerado ampliamente como la carta fundacional del Neoliberalismo, en éste,

Hayek proclama, de forma airada y vehemente: el rechazo a toda limitación impuesta por el

Estado al libre funcionamiento del mercado (Anderson, 1999; 1) al que él otorga una carácter de

quasi perfecto. Tres años más tarde, en medio de las post guerras se da la consolidación del

Estado de Bienestar en Europa y en los Estados Unidos, cómo respuesta a ésta “aberración” se

funda la Sociedad Du Mont-Pélerin7 cuyo objetivo es combatir además del Keynesianismo, toda

medida de solidaridad social (Anderson, 1999; 2) y crear la hoja de ruta para promulgar esta

nueva corriente por el mundo. Hay que hacer en este momento énfasis en que el Neoliberalismo

profesa, como base filosófica que el individualismo es la única fórmula real para el

6 Alicia Girón.

7 Algunos de sus más reconocidos miembros fueron: Karl Popper, Milton Friedmann, Walter Lippman, Ludwig

Von Misses entre otros.

funcionamiento “armónico” del marco microeconómico (Bourdieu, 1998). El porqué de tan

enigmática sustentación radica en el hecho mismo que el Neoliberalismo es:

“Una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover

el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades

y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional

caracterizado por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio”

(Harvey, 2005;6)

Durante más de 25 años el neoliberalismo fue relegado a un papel secundario en el marco

ideológico mundial, pasando desapercibido ante el avance triunfal del Keynesianismo. Un cambio

significativo se da entre 1978 y 1980 después de la crisis de la Estanflación8 que contiene los

vestigios de la nueva ola liberal, la política monetaria; el origen está en 1974, el punto de inflexión

de este nuevo paradigma económico y político están simbolizados en las figuras de: Xiaoping,

Paul Volcker, Margaret Thatcher y Ronald Reagan; porque lejos de aquel Estado redistribuidor y

regulador de la teoría Keynesiana, el Neoliberalismo le asigna el crear y preservar el marco

institucional apropiado para el desarrollo del libre mercado, igualmente de disponer de las

funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales para asegurar la propiedad

privada y garantizar el correcto funcionamiento de los mercados -incluso sí es por la fuerza.

(Harvey, 2005;6)

Pero, ¿Cuál fue el fundamento del cambio de racionalidad económica? El Consenso de

Washington, a partir de ahora CW. Los objetivos de los parámetros estaban claros, minimizar el

Estado al máximo y con ello desregularizar la circulación de mercancías y capitales.

Es necesario mencionar que el CW fue ideado por el economista inglés John Williamson en la

década de los ochenta, y postula temas de ajuste estructural que formaron parte de los

programas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario

Internacional, entre otras, para permitir un re-enfoque económico que diera respuesta a las crisis

que se desató en agosto de 1982 en los países industrializados. Éste tratado fue promovido por

Inglaterra y Estados Unidos a través de Thatcher y Reagan, respectivamente, para “reanimar” la

economía mundial. Se hizo por medio de minimizar a los Estados de la periferia a través de la

8 Combinación de una baja tasa de crecimiento y una elevada inflación.

desregularización de los mercados y así éstos se pueden “desarrollar” libremente por medio de

la libre circulación de mercancías y capitales.

El CW postuló la liberalización de los mercados, bajo cuatro postulados fundamentales, que son:

un marco macroeconómico equilibrado; Estados de menores dimensiones para que sea más

eficiente; la necesidad de un sector privado “eficiente” y en expansión; y políticas destinadas a la

reducción de la pobreza. Ésta última tiene como objetivo el tener acceso a fuerza de trabajo más

calificada a mediano plazo que esté en condiciones de garantizar el producir más plusvalía.

Lo anterior estuvo acompañado por una serie de parámetros que permitieron la re-estructuración

del Estado y la economía. El primer parámetro a seguir fue la imposición de fijar una disciplina

presupuestaria que garantizara un equilibrio entre deuda y el producto interno bruto de cada país,

esto se consiguió por medio del segundo parámetro, que es la instauración de prioridades del

gasto público, que calificaron los sectores de salud y educación, así como las empresas estatales

(telefonía, electricidad, agua, ferrovías) como poco productivas en posesión del Estado. El tercer

parámetro es referente a reformas fiscales que consistían en incrementar la recaudación

tributaria por medio de fijar un nivel mínimo considerado como necesario para que el Estado

tuviera los recursos mínimos para garantizar “seguridad y justicia”; las reformas consistían en

instaurar una base imponible íntegra y amplia sobre el impuesto sobre la renta.

La liberación comercial y la apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas son dos

parámetros que van en simultáneo para permitir que no se crearan medidas proteccionistas en

las economías dependientes que limitaran la circulación de mercancías importadas y la inversión

extranjera directa de capital que potencializaba la consolidación de la economía globalizada y

anulaba el crecimiento de los mercados internos. Los dos anteriores parámetros fueron

consolidados a través de la imposición de la privatización de las empresas estatales, bajo el

argumento de “reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo,

gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa; como a largo plazo, puesto que el

gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria.” (Casilda, 2004: 22).

Dentro de los parámetros referentes a la economía financiera, la liberalización, especialmente de

los tipos de interés, se promovieron en búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio que

permitieran tener precios “competitivos” en el mercado de exportación. Éste tipo de racionalidad

cimentó aún más la lógica rentista de las élites latinoamericanas.

Y el último y más importante pilar del CW fue el relativo a los derechos de propiedad privada,

para que la inversión extranjera no se viera amenazada y así garantizar la estabilidad económica

que permite el crecimiento económico de los países dependientes. Lo que en realidad sucedió

fue que se siguió estableciendo la inequitativa distribución de la riqueza y de la tierra.

En América Latina era posible establecer la lógica neoliberal que se objetivizó en el CW, sin que

antes estos países no transformaran las estructuras económicas, por medio de un cambio de

régimen, que pasó de autoritarios y regulados a sistemas desregulados, democrático-liberales y

de mercado.

Explicado de manera somera el CW y sus implicaciones sobre los Estados periféricos, se aborda

cómo se cristalizó en Guatemala dicho proceso. Es en 1983 cuando se inician las primeras

medidas de re-estructuración, pero éstas no se dan por medio de impulsar medidas de re-

estructuración económica, sino que se dan por medio de la promulgación de una serie de

decretos referentes al sistema político. ¿Cuáles fueron los motivos para promover una

reestructuración del Estado empezando por el sistema político? Los motivos no serían evidentes

si se omitiese la necesidad que tiene la facción hegemónica de establecer los parámetros legales

en los cuales basa su racionalidad económica, no es el Estado como contrato social que

promulga Rousseau, sino que es la objetivización axiológica de la élite económica y política que

postula Poulantzas.

Lo anterior se evidencia con la búsqueda de garantizar el retorno a la legalidad del gobierno de

facto de Ríos Montt, quien se encontraba en ese momento gobernando. Se estructuró el Tribunal

Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y se emitió la Ley de Organizaciones Políticas; y

se convocó a la ciudadanía en febrero 1984, para elegir a quienes conformarían la Asamblea

Nacional Constituyente que promulgaría una nueva Constitución Política, en la cual la mayoría de

constituyentes provino de partidos tradicionales y de ideología de extrema derecha, y no se

permitió la participación de partidos con tendencia progresista. Esto permitió que se cristalizara lo

requerido por el CW.

Partiendo de la formulación que postula Poulantzas sobre el Estado como organización para la

conservación de las condiciones de la producción, y por lo tanto de las condiciones de la

existencia y el funcionamiento de la unidad de un modo de producción sobre el resto y de una

formación social específica (1986: 51) se puede identificar dentro de este período esa

racionalidad de la facción hegemónica disimulada dentro del proceso de los Acuerdos de Paz

que duró 12 años entre el Ejército, la Guerrilla y el Estado.

El proceso de paz estuvo a dispensas de las pautas marcadas por la Comunidad Internacional.

El Ejército y el Estado de Guatemala inician junto a la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca, en adelante URNG, un proceso de paz que tenía como fin el cese al fuego.

Cuando se inicia el proceso de pacificación, la URNG se encontraba en desventaja a todo nivel

(político, ideológico y militar) y la campaña de contrainsurgencia, la más atroz jamás vista en

América Latina en pleno apogeo, a través de la aplicación del sistema “Seguridad Nacional”

impulsado y apoyado por EEUU; que en determinado momento y en cierta parte presionado por

la Comunidad Internacional dejó de apoyar, cuestión que se vio reflejada en el cese de apoyo

económico al ejército; acompañado de una creciente presión por llegar a un cese al fuego que

garantizara un clima político que propiciase la inversión extranjera y la libre circulación de

mercancías y capitales.

El nuevo marco institucional postula premisas claras respecto al Estado que aspira, que no es

más que la utopía de una nueva racionalidad fundamentada en la lógica neoliberal, esto en el

plano económico; respecto al plano político y social lo que llama la atención es que se aborda, de

manera formal, el tema de los Derechos Humanos; que no es más que un requisito para

conseguir el fin del enfrentamiento armado de forma paulatina; hasta en 1995 se registraron

masacres y desapariciones.

A pesar que se trató dentro del proceso el tema de la Tenencia de la Tierra, Acuerdo sobre

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria; éste nunca contó con certeza jurídica para que

se llegase a cumplir; lo mismo sucedió con el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas.

2.2 La ola Neoliberal se cimenta y es el discurso de la Paz el que lo disimula.

Dos hechos claves impactarán la psique de los guatemaltecos entre diciembre de 1996 y

diciembre de 1997: La firma de la Paz y la privatización de GUATEL. Los vientos de una nueva

era se aproximan a mediados de los noventa, los Acuerdos de Esquipulas9 habían marcado el

rumbo para la pacificación centroamericana, el Enfrentamiento Armado Interno era una sombra

que se diluía en un pasado lúgubre y tenebroso, habían ocurrido ya tres procesos electorales y

más allá de la crisis desatada por Serrano Elías10, se creía que la democracia era la mejor

elección. Esta nueva era necesitaba pues, racionalizarse a sí misma, ya que las contracciones

dentro de ella, según la percepción general, habían causado el desangramiento dantesco de las

épocas recientes, fue así como se planteó en la base ideológica de los habitantes del país, la

construcción de la nueva utopía estatal, cuya fecha de alumbramiento sería el 29 de diciembre

de 1996, minutos después de las 18:00 horas, en el momento en que el Ejército de Guatemala, el

Estado de Guatemala, y la URNG11 en un concurrido Parque Central concluyen formalmente uno

de los conflictos más álgidos, salvajes y brutales de la historia reciente, aunque no con las

contradicciones, paradojas y sufrimientos de una nación -pareciese- condenada eternamente a

ellos. ¿Fueron entonces sólo una luz en medio de la oscuridad? La respuesta parece encontrarse

en una serie de hechos que demarcan no sólo el carácter formalista de aquel tratado, sino el

ethos de una sociedad que ha llegado a los límites del estoicismo.

Un año más tarde el revuelo mediático giró en torno a la infructuosa venta de GUATEL y a las

sospechas en torno a la transparencia de la misma.12 Finalmente, ésta es vendida el 1 de

septiembre de 1998, llegando el apogeo de la Ola Privatizadora comandada por Arzú, que

responde a la sombra alargada del Neoliberalismo. Ahora bien el Neoliberalismo tal cual lo

proclama Bourdieu, es un problema político al preguntarse:

“¿Y qué pasaría sí, en realidad, este orden económico no fuera más que la

instrumentación de una utopía -la utopía del neoliberalismo- convertida así en un

9 Consistieron en dos Declaraciones realizadas en Mayo de 1986 y Agosto de 1987 en la Localidad de

Esquipulas, Guatemala en las cuales se acordaron las bases para la resolución pacífica de los conflictos armados en

Centroamérica, promoviendo así la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización y demás. 10

Conocido como: “Serranazo” el 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías, provoca un autogolpe de Estado,

disolviendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Siete días más tarde huye del país después de perder el

apoyo del Ejército y de sufrir un histórico fallo departe de la Corte de Constitucionalidad que declara su autogolpe

como: “Inconstitucional”. 11

Fundada el 7 de febrero de 1982 acogía a las cuatro fuerzas insurgentes más importantes de Guatemala:

Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP- Partido guatemalteco del Trabajo -PGT- Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR- y

Organización del Pueblo en Armas -ORPA- 12

Crystal Group de Guatemala valoró a la empresa en 800 millones de dólares, en la primera oferta Telmex -el

actual propietario de la misma- ofreció 529.1 Millones. La venta final de la misma fue efectuada por más 700 millones

de dólares, por el grupo centroamericano LUCA, SA., en medio de sospechas y la existencia de intereses familiares

del presidente Arzú en LUCA, SA.

problema político? ¿Un problema político? ¿Un problema que, con la ayuda de la teoría

económica que proclama, logrará concebirse como una descripción científica de la

realidad? (1998; 1)”

Las cristalizaciones que produce el neoliberalismo están correlacionadas a la necesidad misma

de crear en la práctica la teoría pura que contrapone, el mismo plano ideal con lo puramente real;

es decir, que la política económica, es a su vez economía positiva y normativa.

La reorientación y el dilema del nuevo Estado, no afectó así a las clases opulentas y poderosas,

es más, les brindó una nueva forma de asociación lucrativa que les permitió empezar a

desligarse de la producción tradicional: el café. Las nuevas articulaciones del mercado, si bien

solicitaban nuevas y mayores materias primas, también estaban ligadas al capital transnacional -

la asociación con él como socios minoritarios-. Uno de los imperativos de la nueva racionalidad

es la flexibilidad dentro de la legislación al momento de iniciarse una empresa y facilitar de la

mejor manera la apertura y funcionamiento de ésta. Poco o nada importaban las necesidades de

una población que se encontraba en situación crítica, sobre todo la rural, cuyo éxodo y retorno

masivo del exilio, además de plantear dificultades desde lo agrario hasta lo demográfico,

vislumbraban un nuevo y largo proceso de re-estructuración en la consolidación de una

economía informal ligada a la economía de la supervivencia.

Se busca continuar así con el ya conocido modelo de responder a las demandas del mercado

internacional, un modelo oligárquico en el que la élite prospera y a su paso deja restos que

alcanzan al grueso de la población; sin tomar en consideración la alternativa de fomentar el

crecimiento del mercado interno y de la capacidad de consumo. Hay una lógica tanto en lo que

se legisla como sobre lo que se ejecuta, después de las privatizaciones a mediados de la década

de 1990.

Guatemala ya contaba con antecedentes de explotación minera y petrolera en el siglo

XX13, pero es dentro de éste contexto cuando inicia un nuevo episodio en la historia de la

minería guatemalteca. En un consonancia por la liberalización de la circulación de capital

extranjero y en el cambio de racionalidad extractiva de la economía guatemalteca; y

dentro de la privatización del sector energético se promulga la nueva Ley de Minería

(Decreto 48-97), siendo los incentivos más importantes que promulga la reducción del

13

Ver anexo 1

porcentaje de regalías correspondientes a los ingresos brutos que percibe el Estado, del

6% al 1%, y el permitir a las empresas extranjeras adquirir la propiedad total (100%) de

las empresas mineras, siendo exentas al mismo tiempo del pago de varios impuestos,

entre otros sobre el uso del agua y la maquinaria importada (PDH, Solano y López citado

en Van de Sandt, 2009:11).

Es importante resaltar que la Ley de Minería de 1997 fue aprobada rápidamente por el

Congreso bajo presión de las compañías transnacionales mineras y sin que los

ciudadanos hubieran sido consultados al respecto, como lo prescribe la Constitución

Política.14 Tampoco tomó específicamente en cuenta la situación especial de los pueblos

indígenas que habitan en las áreas destinadas a las operaciones mineras. Falló en la

inclusión de un párrafo sobre la consulta a que tienen derecho las comunidades indígenas

con respecto a los proyectos planeados, y no considera sus derechos territoriales (títulos)

colectivos o el lazo cultural que tienen con sus territorios ancestrales y con los recursos

naturales en estas áreas. Todo esto a pesar del hecho de que la Ley de Minería fue

promulgada después de la ratificación del Convenio número 169 de la OIT sobre los

Pueblos Indígenas y Tribales, realizada en 1996 por el Gobierno guatemalteco como

resultado de la firma, en 1995, del Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los

Pueblos Indígenas (PDH 2005). Por otra parte, las regulaciones sobre el medio ambiente

contenidas en la ley resultan vagas o están flojamente formuladas – especialmente si se

consideran los procesos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – o

simplemente no existen – cuando tratan de la responsabilidad por daños al medio

ambiente (Van de Sandt, 2009).

Dentro del período de gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) se dio una crisis de la producción

cafetalera a nivel mundial. Guatemala, siendo mono-agro-exportadora de materias primas y con

el café su principal producto de exportación, se vio fuertemente afectada. La teleología de

nuestro trabajo nos impide extendernos en este apartado sobre los alcances y magnitudes de la

misma, pero podemos dilucidar que fue el detonante (indirecto) que propició más acciones en pro

de la extracción minera, no fue -podemos decir- la única solución que se buscó para el

sostenimiento de la racionalidad extractiva empero, la base sobre la cual ésta se asienta, cambió

14

La Constitución Política de Guatemala estipula en el artículo 172, párrafo 1, que “todas las decisiones

políticas de importancia trascendental deberán ser sometidas al mecanismo del referendo popular”

pues, la finca se fue diluyendo mientras que la actividad minera y la siembra de palma africana y

caña de azúcar a mayor escala tomaron su lugar. En 2003 Montana solicita una la licencia de

explotación, inicia operaciones de explotación en 2005.

Posteriormente de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC (en inglés CAFTA)15 firmado con

Estados Unidos en marzo de 2005 -durante el gobierno de Berger- se culmina de desregularizar

el mercado y la circulación de mercancías y capitales. Es dentro de este contexto cuando se

llega al punto más álgido en la solicitud de exploración minera y también es el inicio de las

operaciones de explotación minera de parte de Montana Exploradora. Comienza la realización de

las primeras consultas comunitarias en Sipakapa y Río Hondo16.

En 2007 la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo órgano jurisprudencial en el sistema

judicial del país, decretó que las consultas a pesar de ser ejercicio de derechos inalienables,

entran en contradicción con otro artículo relativo a la exploración y explotación de minerales (Art.

125 de la CPRG17) por lo cual no son de carácter vinculante respecto a permitir o no la

exploración y explotación minera; quedando explícitamente claro que el Estado de Guatemala,

por medio de su principal órgano jurisprudencial, le da primacía al mercado y no a la sociedad.

Por lo cual, ese mismo año la CC recomendó la reglamentación de las consultas. Derivado de

esto, el actual gobierno, presidido por Álvaro Colom, por medio del Organismo Ejecutivo se

promulgó un anteproyecto para la reglamentación de las consultas, para reconocerles la facultad

vinculante que tienen éstas; a pesar que las leyes ya se la otorgan. La reglamentación parte

desde una visión occidental que pretende limitar y burocratizar el proceso.

2.3 La consulta comunitaria

Nuestro período de estudio abarca desde mayo 2005 hasta mayo 2011, es decir, 49 meses.

Durante este período se registraron 56 consultas comunitarias, de las cuales sólo se tomaron en

consideración 43, debido a que eran las únicas que cumplían con los requisitos generales que

para fines metodológicos impusimos, y que van de acuerdo a los lineamientos legales que están

establecidos en el Código Municipal, en la Ley de Minería y en el Convenio 169 (C169) de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT)18. Los requisitos fueron:

15

Para más información, léase el Tratado. 16

Más adelante se detalla. 17

Véase Anexo 5 18

Para más detalle, ver anexo 4

● Apoyo del Consejo Municipal

● Registro y cuantificación de participación total.

Algunos datos generales extraídos de nuestro estudio nos arrojan las siguientes magnitudes:

● El motivo de las consultas comunitarias realizadas han sido referentes a Minería

(93.62%), Hidroeléctricas (4.26%) y Cementera (2.13%).

● La población involucrada, tomando en cuenta del total de las consultas es de: 1,742,978

personas, que representa con respecto a la población total del país (14, 026,974 BM,

2011) el 12.43%.

● Considerando las consultas seleccionadas, la población total que participó es de 585,547

personas; siendo el 39.8% del total de la población de los municipios involucrados

(1,470,018).

● Durante los seis años estudiados, se registró en promedio, una consulta cada 5 semanas,

y la participación de 13,307 personas en cada una; siendo el año 2008 en el que más

consultas se llevaron a cabo (15).

● Las consultas se realizaron en 54 municipios, abarcando 7 departamentos19 diferentes,

representando un 16.17% respecto del total de municipios a nivel nacional.

● Se logró identificar que el 93.33% de las consultas se han realizado en comunidades con

preeminencia indígena y al mismo tiempo son altamente homogéneas, el 91.49%

pertenece a una etnia indígena; el restante 7.66% de las consultas corresponde a

comunidades mestizas con un 90.1% respecto a éste grupo étnico.

● Respecto a la participación de la población de los 54 municipios estudiados para los

comicios electorales generales en 2007 (573,703 personas), hay un aumento del 109.75%

de participación en las consultas comunitarias.

2.4 Características del proceso de Consulta.

Se llegó a identificar por medio de la observación participante, que el proceso de la consulta tiene

varias fases:

1) La organización es la primera en consolidarse, producto de la convocatoria que se emite con

algunos días de antelación.

19

Guatemala, Zacapa, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quetzaltenango. Para más

información, ver anexo 2.

2) El proceso de capacitación, es la mayoría de veces sobre qué es el C169, los talleres están

coordinados con los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES y las Municipalidades, se

aborda la problemática desde la perspectiva de los pueblos y su concepción de territorio.

Buscando concientizar y sensibilizar a la población para que emita una decisión informada y

fundamentada en varios aspectos.

El apoyo de otras organizaciones es de vital importancia para abordar diferentes temáticas

durante el proceso de capacitación.

Respetando las costumbres y usos culturales de cada pueblo, las consultas pueden ser en

español o en el idioma predominante; y el voto puede emitirse de distintas maneras (a mano

alzada, con papeletas, sobre papelógrafo, entre otras). La consulta inicia y finaliza a la misma

hora en todas las aldeas y caseríos que estén involucrados en el proceso de consulta.

Un aspecto a resaltar es que ha habido observadores imparciales en las consultas, esto con el

objetivo de garantizar que no habrá manipulación de resultados. Al finalizar la consulta se

procede a escribir un acta donde quede registrado los resultados y la forma en que se llevó el

proceso de consulta.

2.5 Organización comunitaria

Según la cosmovisión indígena en Guatemala, el universo y la naturaleza se concibe como un

todo en equilibrio, y de acuerdo a esta concepción, la tierra, la Madre Tierra es la fuente de todas

las manifestaciones de vida, sean estas animales, vegetales o humanas. El valor simbólico de la

tierra se enraíza en su fertilidad y generosidad al procurar el alimento diario, enmarcado en la

aceptación que el ser humano pertenece a la Tierra, que ha nacido de ésta, y a ella regresará. La

siembra, y todo el proceso de cultivo significan más que un acto de reproducción económica;

ante todo, es un rito de identificación cultural y reproducción social. (Camacho et al,2003: 41)

El tipo ideal de sociedad campesina está necesariamente integrada por agricultores y pastores

(Roger, 1973: 299); debido a las características específicas del campesinado guatemalteco

podemos observar que se da una subdivisión del trabajo particularmente ligada a la tierra dentro

de un mismo concepto: El proletario rural, que abarca desde un mozo colono que subsiste más

de lo que produce en la parcela usufructuaria dada por el latifundista que por la venta de su

fuerza de trabajo, llegando a un proletario agrícola perfectamente definido que no tiene una

relación estrecha con los medios de producción y que fundamentalmente vive de la venta de su

fuerza de trabajo a una finca donde permanentemente es empleado. (Ibarra; 1980) En toda

sociedad campesina se da el desarrollo de un derecho -más consuetudinario que objetivo- para

regular la propiedad del suelo. La sociedad campesina además cuenta con varios rasgos

característicos que nos ayudarán más tarde a dilucidar un poco el contexto y desarrollo de las

consultas comunitarias; una de las características es que se encuentra en muchas ocasiones

aislada y encerrada en sí misma (consideramos que son de tipo centrífugas que en ocasiones

tienden a ser cerradas pero no es una constante), con un gobierno propio -ligado a cuestiones

culturales y tradicionales- leyes particulares y un dato esencial, sus relaciones con otras

sociedades son las que se dan con comunidades cercanas y de su mismo tipo. (Roger; 1973)

Los sistemas más frecuentes de tenencia de la tierra son la propiedad municipal, la propiedad

comunitaria y la propiedad privada. Existen tres sistemas de tenencia que determinan las formas

de acceder a las tierras: por concesión municipal (usufructo); asociación comunitaria; y por

compraventa y herencia (IIES; 1998: 51, 52).

2.6 Solidaridad y territorialidad

Siguiendo las categorías propuestas por Durkheim (1928), en las poblaciones estudiadas

identificamos nexos de solidaridad mecánica, basándonos en tres condiciones:

1. Extensión relativa de la conciencia colectiva y de la conciencia individual: esta condición

se ve representada en la categoría de Municipio, que es donde surgen y se consolidan las

consultas comunitarias y el sujeto comunitario. Los pueblos indígenas, merced de su concepción

cosmogónica, fundamentan su identidad en la adscripción a un territorio concreto y un entorno

ecológico determinado, expresión concreta de la Madre Tierra. No se trata de un sentimiento de

posesión, sino de pertenencia, de integración de la persona con el entorno en el cual ha nacido.

(Grünberg, 2003: 19). Por lo que la territorialidad en los pueblos indígenas no se da en términos

de unidad lingüística o étnica, sino que está directamente relacionada con el ámbito de la

comunidad (cantón, aldea, paraje), las tierras comunales y, frecuentemente, con el municipio, un

espacio común geográficamente definido, que da identidad y tiene por lo general linderos que

preceden a la colonización española. (Grünberg, 2003: 107).

2. Intensidad: afluencia, periodicidad, construcción y expansión en el imaginario social sobre un

fenómeno en común. Salta a la vista que las consultas comunitarias, como fenómeno social, han

intensificado su grado de impacto en la conciencia de la población y en la formación de un nuevo

sujeto comunitario, ya que se han llevado a cabo periódicamente, pero detrás de cada una hay

todo un proceso de organización, formación y concientización en la población, que se cristaliza

en que participan más personas en estos procesos que en los comicios generales, debiéndose

considerar entonces como más legítimos aún que las elecciones a autoridades generales -la

proporción de la participación en la consulta con respecto a la población que participó en las

Elecciones Generales 2007 fue de 109.75%20.

3. Grado de determinación de los estados, que componen la primera que se da en

sociedades donde la conexión entre sus individuos se construye a partir de las

semejanzas entre ellos: Se producen dentro de ella, lazos unión de índole fraternal y de

pertenencia, siendo comunidades homogéneas que comparten idioma, cultura, tradición y

propiedad; y en cuyo carácter social se encuentran depositadas, el o los órganos que dan

respuesta cuando tal o cuales son vínculos están siendo amenazados.

El territorio y las maneras de solidaridad al interior de la población crea y forma un concepto

bastante desarrollado por las Ciencias Sociales: “La territorialidad". La territorialidad puede ser

abordada desde dos temáticas, una que la considera como una conducta instintiva -encabezada

por Ardrey- y la otra como una conducta social humana -por Soja-. En la primera, Ardrey

considera que el instinto es una explicación posible de la tendencia humana a poseer, defender y

organizar políticamente un área geográfica delimitada. Según él, la posesión y la identificación

con un territorio constituyen prerrequisitos para la satisfacción de necesidades básicas de la

gente, tales como seguridad (que permite superar la ansiedad), estímulo (que vence el tedio) y

sobre todo, identidad (que anula el anonimato) (1966, citado por Cairo).

La segunda, encabezada por Soja, considera más bien que la territorialidad tiene tres elementos:

el sentido de la identidad espacial, el sentido de la exclusividad y la compartimentación de la

interacción humana en el espacio. Proporciona entonces, no sólo sentimiento de pertenencia a

una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos, sino que implica un

modo de comportamiento en el interior de esa entidad (1971 citado por Cairo). La forma de

solidaridad que consideramos existe en las comunidades guatemaltecas rurales -en donde se da

según nuestros criterios la mayoría de las consultas- y de acuerdo a las nociones básicas de

territorialidad (en donde consideramos la corriente encabezada por Soja) se articula

20

Para más información, véase Anexo 3

perfectamente con la descrita por Camacho et al, al considerar que respecto a la territorialidad en

Guatemala:

“Existen tres niveles o anillos territoriales, que son: La comunidad, que representa la isla

de solidaridad y tierra de los antepasados; El Territorio Étnico, espacio donde se

comparten valores, idioma y conocimiento; y El Pueblo Maya, que es el espacio simbólico

e ideológico de la comunidad.” (2003: 41- 42)

2.7 Un nuevo tipo de sujeto comunitario

El sujeto comunitario es una construcción que surge a partir de los nexos de solidaridad entre la

población referida, y se divisa la reconstrucción del tejido social desde los procesos de formación,

capacitación y concientización de las consultas. Comparte un sentido de territorialidad, pero

también una historia de lucha y resistencia, así como cultura; y construyen su identidad en

contraposición a la hegemonía del otro, del invasor.

El sujeto comunitario tiene conciencia en sí dentro del sentido de territorialidad, partiendo del

hecho de conocerse y autoidentificarse dentro un espacio/tiempo concreto y definido por las

circunstancias en las que se ha formado. Esto se concretiza con la constancia de asistir a las

capacitaciones y participación absoluta en el proceso de la consulta comunitaria. También existe

una conciencia para sí desde la identificación del sujeto hacia la comunidad y de ésta hacia él,

dentro de una relación recíproca; que se evidencia a través de una identificación de actores que

participan durante la consulta, en la cual se engloba de manera integral a todos los habitantes de

la comunidad -niños, adultos y ancianos.

Llegamos pues a la conclusión que el sujeto comunitario es la representación de la voluntad,

carácter y racionalización de la comunidad, no que toma conciencia -pues esta es en ocasiones

milenaria-, sino que utiliza esa conciencia para demostrar, luchar y defender no sólo el territorio,

sino formas de organización y de interpretación del mundo, una visión de trascendencia, cuyos

alcances la terminología actual, no puede vislumbrar aún.

Anexos

Anexo 1 – Cuadro de la historia de la minería en Guatemala

Fecha Localización Producto

Época Colonial

Huehuetenango, Antigua GUatemala, Zunil (Quetzaltenango), Palencia, Barreneche

Plata, plomo, oro y mercurio.

Entre 1860 y 1870

Las Quebradas, Izabal Oro

De 1887 a 1893

Mataquescuintla, Santa Rosa

Antiguo mineral abandonado

Entre 1898 y 1899

Concepción y Alotepeque Exploración que resultó en el descubrimiento de veneros de cinc, plomo argentífero y cobre.

Alrededor de 1917

Operaban las compañías explotadoras Guatemarmol mining and Development Co., The Quebradas Co., Mataquescuintla Mining Co., Rosario Co., entre otras.

1958 Zacapa Mármol

1960 Izabal Comienza a operar EXMIBAL, para investigar el potencial de níquel y cobalto en lateritas de Izabal.

Desde 1960 hasta 1965

El Estor, Izabal Exploración y perforación de pozos. Aproximadamente se enviaron 2000 toneladas de mineral a Canadá para análisis y estudios metalúrgicos

Agosto de 1965

Cahabón, Panzós y Senhú (Alta Verapaz); y El Estor, Livingston, Los Amates y Morales (Izabal)

Se otorga la concesión de explotación conocida como NIQUEGUA para una extensión total de 385.38km, para la extracción de níquel, cobalto, hierro y cromo.

Desde 1970 hasta 1980

Izabal Exmibal mantiene en funcionamiento una planta de extracción de níquel

1996 San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos

Se otorga licencia de exploración a Montana Exploradora de Guatemala S.A.. En 2003 se le otorga licencia para explotación de oro y plata

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Anexo 2 – Consultas realizadas por departamento.

Departamento Consultas Porcentaje

Alta Verapaz 1 1.7857%

Guatemala 1 1.7857%

Huehuetenango 28 50%

Quetzaltenango 5 8.9286%

Quiché 10 17.8571%

San Marcos 10 17.8571%

Zacapa 1 1.7857%

Total 56 100%

Fuente: elaboración propia

Anexo 3 -

Fecha Municipio Participación con respecto

al Padrón Electoral en Consulta Comunitaria (%)

Total de participantes en la Consulta Comunitaria

Total de Población

en el Municipio

Padrón Electoral 2007

Abstencionismo en Elecciones Generales

2007 (%)

6/13/2005 Sipakapa 33.76205788 2415 52894 7153 36.84

7/3/2005 Río Hondo 24.69080076 2735 17765 11077 36.89

7/25/2006 Colotenango 56.83955334 7737 21834 13612 34.43

7/25/2006 Concepción Huista 67.98963448 4985 16961 7332 44.83

7/25/2006 San Juan Atitán 65.57722136 5919 13365 9026 27.15

7/25/2006 Todos Santos Cuchumatán 52.85097514 7100 26118 13434 37.24

7/27/2006 Santiago Chimaltenango 69.46000448 3100 5811 4463 29.91

7/29/2006 Santa Eulalia 160.4435413 18159 40684 11318 47.49

2/13/2007 Concepción Tutuapa 51.62646199 11300 55357 21888 48.37

3/30/2007 San Pedro Necta 125.5022637 17741 26025 14136 33.06

4/20/2007 Ixcán 9.049289748 2115 84377 23372 37.74

5/12/2007 San Antonio Huista 85.83320945 5774 12675 6727 31.81

5/13/2007 San Juan Sacatepéquez 17.19038107 8950 152583 52064 40.11

6/13/2007 Ixchiguán, San Marcos 114.0408407 7651 20324 6709 49.5

6/23/2007 Santa Cruz Barillas 209.6599621 46490 75987 22174 41.63

8/11/2007 Nentón 153.2437442 19842 28983 12948 32.95

9/22/2007 San Ildefonso Ixtahuacán 89.46392135 14469 30466 16173 33.97

10/26/2007 San Sebastian Huehuetenango 64.53765491 6770 21198 10490 30.27

12/1/2007 San Miguel Acatán 122.6258581 12861 21805 10488 42.52

4/18/2008 Sibinal 240.831965 13200 15168 5481 39.28

5/13/2008 San Juan Ixcoy 139.7602979 12011 19367 8594 49.62

5/13/2008 Comitancillo 71.99576496 13600 56456 18890 38.59

6/27/2008 Chiantla 138.0265194 32998 74899 23907 41.92

7/6/2008 Santa Ana Huista 114.5645279 4696 7368 4099 37.98

7/26/2008 Jacaltenango 159.9835613 27250 34397 17033 40.59

10/3/2008 Aguacatán 126.3454721 23523 41671 18618 46.71

10/17/2008 San Pedro Soloma 158.3000266 23764 35764 15012 56.92

10/25/2008 Cuilco 68.26633706 12703 46407 18608 65

11/28/2008 Santa Bárbara 98.43795198 10209 15318 10371 31.91

1/10/2009 San Rafael Petzal 76.2365355 3468 6420 4549 21.87

4/28/2009 San Rafael La Independencia 36.21074565 2433 10830 6719 61.69

5/21/2009 San Mateo Ixtatán 210.2040816 25647 29993 12201 41.79

7/23/2009 San Gaspar Ixil 117.1232877 3933 5809 3358 32.88

9/24/2009 San Sebastían Coatán 161.4780436 13569 18022 8403 36.38

10/27/2009 Cunen 149.478673 18924 33411 12660 34.61

10/27/2009 Sacapulas 175.9543413 28209 35706 16032 36.05

1/18/2010 Unión Cantinil 153.5491071 6879 17540 4480 23.59

9/28/2010 Lanquín 180.2841695 14338 17128 7953 21.31

10/22/2010 Santa Cruz del Quiché 87.08655986 27778 90890 31897 38.72

10/29/2010 San Miguel Uspantán 135.1387336 25375 57348 18777 37.53

2/18/2010 San Juan Ostuncalco 96.94598206 20316 52894 20956 44.18

2/20/2011 Olintepeque 138.8746317 14611 22000 10521 45.71

109.7491593 585547 1470018 573703 39.08428571

Fuente: elaboración propia

Anexo 4 - Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), -C169- es un instrumento

jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas

y tribales en países independientes, y busca la adopción de medidas especiales para la

protección de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; para elevar sus

condiciones de vida a las mismas del resto de la población nacional.

El C169 se aplica a las poblaciones por medio de dos criterios: uno objetivo, cuando un

determinado grupo o población cumpla con lo determinado por el artículo 1.1 del mismo; y uno

subjetivo -el fundamental-, cuando un individuo o grupo se considere a sí mismo como indígena o

tribal (autoidentificación) de acuerdo a las disposiciones del convenio (OIT, 2003: 8).

Asimismo, destaca el derecho de los pueblos a ser consultados, y los gobiernos antes de adoptar

normas legales o disposiciones administrativas deben discutir abierta, franca y significativamente

con los pueblos interesados. Las consultas son el principal instrumento de los pueblos para

expresar su posición respecto a diferentes temas, y su objetivo es alcanzar un acuerdo o

consenso de las partes. Deben llevarse a cabo de buena fe, y respetando el principio de

representatividad (OIT, 2003).

En cuanto al concepto de tierra, el C169 reconoce tanto los aspectos individuales como

colectivos del término. Comprende todas las tierras que una comunidad o pueblo utiliza y cuida,

así como las que se poseen o usan a título individual (OIT, 2003: 30), y los gobiernos deben

respetar la importancia que tenga para la cultura o los valores espirituales de los pueblos

interesados. Los artículos 14, 15 y 18 reconocen derechos de propiedad y posesión sobre las

tierras tradicionalmente ocupadas21, y sobre los recursos naturales existentes en sus tierras o en

las que interesen a los pueblos, así como la sanción contra intrusiones no autorizadas en sus

tierras (OIT, 1989).

La relación del Estado Guatemalteco con el C169 se establece formalmente con su ratificación

en mayo de 1996, después de una profunda discusión política, más que jurídica. En cuanto a su

21

Las tierras tradicionalmente ocupadas son en las que han vivido desde tiempo inmemorial y que han utilizado

y administrado según sus prácticas tradicionales. Son las de sus antepasados, y las que esperan legar a sus

descendientes. En algunos casos podrían comprender las recientemente perdidas (OIT, 2003: 31)

injerencia con el derecho interno, la misma Constitución Política de la República en su artículo

46, La preeminencia del Derecho Internacional, establece el principio general de que en materia

de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen

preeminencia sobre el derecho interno.

Anexo 5 – Instrumentos jurídicos guatemaltecos

“Según el pluralismo jurídico guatemalteco, las consultas siempre han estado vigentes en las

comunidades, sus decisiones están legitimadas a través de la socialización de información, el

diálogo, y el consenso. Lo que los instrumentos en derechos humanos llaman, el consentimiento

libre, previo e informado”. (Loarca, 2009: 59)

A continuación se muestran diversos artículos contenidos en diferentes instrumentos legales que

le otorgan legalidad y carácter vinculante a las consultas comunitarias:

La Constitución Política de la República de Guatemala -en adelante CPRG-

● Art. 67 Protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas: establece el

desarrollo, protección y aseguramiento de la propiedad comunal de parte del Estado. En el

Código Municipal

Código Municipal

● Art. 3 Autonomía: que establece que las Municipalidades disponen de sus recursos

patrimoniales y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos (siempre y cuando no

contravengan la CPRG)

● Art. 8 Elementos del municipio: se reconoce la forma original de autoridad y de

representación, también se reconoce la comunidad organizada, el ordenamiento jurídico

municipal y el Derecho Consuetudinario del lugar; y el patrimonio del municipio.

● Art. 17 Derechos y obligaciones de los vecinos incisos c-j-k: se reconoce la facultad del

pueblo para organizar y realizar consultas relativas a cualquier asunto trascendental para el

municipio.

● Arts. 20 y 21 Comunidades de los pueblos indígenas y Relaciones de las comunidades

de los pueblos indígenas: Se reconoce las particularidades de organización y decisión las

que les es inherente.

● Art. 58 Atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar: Se reconoce dentro del

derecho positivo vigente, la figura de la autoridad tradicional.

● Art. 61 Facultades de decisión: Se reconoce la potestad que tienen los habitantes de los

Municipios para autoconvocarse para decidir sobre lo que les concierne.

● Art. 63 Consulta a los vecinos: Las comunidades tienen la libertad de solicitar ante el

Consejo Municipal la realización de una consulta, la cual será autorizada cuando ⅔ de éste

aprueben la solicitud.

● Art. 64 Consulta a solicitud de los vecinos: La consulta deberá contar con la participación

mínima de por lo menos el 10% de los empadronados para solicitarla, y los resultados serán

vinculantes si participa por lo menos un 20% de los empadronados, y la mayoría vota

favorablemente sobre el asunto consultado.

● Art. 65 Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio y Art. 66

Modalidades de esas consultas: Se respetan los criterios propios de las costumbres y

tradiciones de las comunidades para realizar las consultas (idioma, dinámicas: mano alzada,

a viva voz, sobre cartel, papeletas, etc.).

● Art. 109 Tierras comunitarias: Se reconoce como obligación de la Municipalidad el consultar

a las comunidades acerca del uso, conservación y administración de las tierras.

● Art. 143 Los planes y usos del suelo: Respeto a los lugares de significancia histórica y

cultural.

Ley de Minería 48-97

● Art. 23d Obligaciones del titular: Se debe compensar los daños a terceros que se hayan

producido por la actividad de la misma.

Ley Electoral y de Partidos Políticos

● En el artículo 199 Clases de comicios: Se reconoce como la consulta popular como una

clase de comicio,

● Aunque en el Artículo 250bis Convocatoria y procedimiento: Se establece que el proceso

consultivo regirá en lo aplicable, para las normas que para elecciones establece la presente

ley y su reglamento, así como por las específicas que emita el Tribunal Supremo Electoral;

en concordancia con lo anterior el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos -

Acuerdo número 018-2007- en el Artículo 130 Convocatoria sólo considerará como

Consultas populares a los Casos establecidos por la CPRG, en las demás leyes y sobre los

tratados o convenciones internacionales, que para ser ratificados por Guatemala, como

requisito previo, que se hubiere realizado consulta popular y que la misma sea afirmativa.

A continuación los artículos que condicionan la legalidad y el carácter vinculante de las consultas

comunitarias:

CPRG

● Art. 125 Explotación de recursos naturales no renovables Se declara de utilidad y

necesidad públicas, la explotación técnica y racional de minerales. El Estado establecerá

y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización.

Ley de Mineria 48-97

● Art. 7 Unidad y necesidad pública: De acuerdo con el CW y siguiendo la lógica

extractiva, se establece que el fomento a la actividad minera es primordial para el

desarrollo económico del país.

● Art. 46 Oposición: Se da un periodo para presentar las pruebas, reclamos y objeciones

en contra de la exploración y explotación Minera de diez días, lo cual es irrisorio y ridículo.

Se hace evidente que el sistema jurídico a nivel local tiene importancia considerable al

promoverse y respetarse la consulta comunitaria como una figura de cohesión, cultura e

identidad; esto como simbiosis (consideramos) de reconocimiento latente de la territorialidad del

municipio.

Pero se identifica una contradicción inherente que responde, según Poulantzas, al paso

dialéctico axiológico de la base a la superestructura judicial, debido a que los instrumentos que

legalizan la extracción minera y que además le dan un cuerpo normativo que la protege de toda

interferencia -sea nacional o extranjera-, deslegalizando y soslayando el proceso de la consulta

comunitaria como respuesta y defensa a la intromisión del interés particular de una empresa

transnacional.

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