UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES...
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA TEMA: “INTERVENCIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO” AUTOR (A): ILLICACHI ERAZO ANGELES CELESTE TUTOR (A): MSc. MANTILLA MUÑOZ FRANCISCO ALEJANDRO PUYO-ECUADOR 2018
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
“INTERVENCIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO
MONITORIO”
AUTOR (A): ILLICACHI ERAZO ANGELES CELESTE
TUTOR (A): MSc. MANTILLA MUÑOZ FRANCISCO ALEJANDRO
PUYO-ECUADOR
2018
APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación realizado
por la señorita ILLICACHI ERAZO ANGELES CELESTE, estudiante de la Carrera de
Derecho, Facultad de Jurisprudencia, con el tema “INTERVENCIÓN OBLIGATORIA DE
LOS ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO”, ha sido prolijamente revisado, y
cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes-UNIANDES-, por lo que apruebo su presentación.
Puyo, enero de 2018
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, ILLICACHI ERAZO ANGELES CELESTE, estudiante de la Carrera de Derecho,
Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente
trabajo de investigación, previo a la obtención del título de ABOGADA DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y personales;
a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad
.
Puyo, enero de 2018
Angeles Celeste Illicachi Erazo
CI. 110411152-9
AUTOR(A)
DERECHOS DE AUTOR(A)
Yo, Angeles Celeste Illicachi Erazo, declaro que conozco y acepto la disposición constante
en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes,
que en su parte pertinente textualmente dice; El Patrimonio de la UNIANDES, está
constituido por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o
técnicos, proyectos profesionales y consultoría que se realicen en la Universidad o por
cuenta de ella;
Puyo, enero de 2018
Angeles Celeste Illicachi Erazo
CI. 110411152-9
CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Yo, DANILO RAFAEL ANDRADE SANTAMARÍA En calidad de Lector del Proyecto de
Titulación.
CERTIFICO:
Que el presente trabajo de titulación realizado por el estudiante Angeles Celeste Illicachi
Erazo, sobre el tema “INTERVENCIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS EN EL
PROCEDIMIENTO MONITORIO”, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo
que he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y forma establecidos
por la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, para esta clase de trabajos, por lo que
autorizo su presentación.
Puyo, enero de 2018
LECTOR
DANILO RAFAEL ANDRADE SANTAMARÍA
DEDICATORIA
A Dios.
Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr
mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.
A mi madre Elvira.
Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la
motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por
su amor.
A mi padre Jacob.
Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha
infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor.
A mis familiares.
A mi hermano Jairo, Katherine por ser el ejemplo de hermanos mayores y quienes
aprendí aciertos y de momentos difíciles; a mi hermana Azul la más pequeña de la casa que
con su cariño motivo a ser una profesional.
A mis mejores amigas.
Johana Garzón, por ser mi mejor amiga de la infancia, que a pesar de la distancia aún
seguimos siendo las mejores amigas y Tiffany Camacho mi amiga con la cual
compartimos muchos momentos increíbles en las aulas de nuestra Universidad; las
quiero mucho.
AGRADECIMIENTO
A mis maestros.
A mi estimada Doctora Paulina Cisneros por su gran apoyo y motivación para la culminación
de mis estudios profesionales y a mis queridos maestros por impulsarnos en el desarrollo de
nuestra formación profesional.
A mis amigos.
Que nos apoyamos mutuamente en nuestra formación profesional y que hasta
ahora, seguimos siendo amigos: Sebastián Chávez, Xavier Escobar, Cristian Gavidia y
Marco Freile por haberme ayudado a realizar este trabajo.
A mi estimada Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, me siento
orgullosa de pertenecer a tan prestigiosa institución.
RESUMEN
El presente trabajo investigativo se orientó a plantear una reforma al artículo 357, párrafo
segundo, del Código General de Procesos, que manifiesta la obligatoriedad o no, del
patrocinio de abogados en el procedimiento monitorio; hechos que está legislado en la
Constitución Política del Ecuador. Consecuentemente, se contradice con lo estipulado en el
Código General de Procesos, cuando se establece valores económicos base para la
obligatoriedad del patrocinio de profesionales de derecho. He aquí, la esencia del presente
trabajo investigativo.
Como base del trabajo investigativo se recurrió a lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial; donde es manifiesta la
contradicción existente entre estos dos cuerpos legales. Por un lado, se establece la
obligatoriedad del patrocinio de un profesional de derecho en todo tipo de trámite judicial, por
otro lado, se establece bases económicas para que el ciudadano recurra o no a los servicios
profesionales de un abogado. En este sentido, los usuarios del sistema judicial al no tener el
patrocinio de un abogado pueden incurrir en errores que van a determinar la vulneración de
los debidos procesos en cada uno de los trámites judiciales.
Finalmente, la presente propuesta se realizó para que las personas accedan a los procesos
judiciales con la asesoría de un profesional del derecho, que le garantice el acceso a la
justicia, que ahorre tiempo, dinero y recursos en cualquier tipo de demanda. Además, se
evitaría la presentación de demandas mal planteadas, con una cantidad excesiva de errores
en las diferentes instancias y el ahorro de recursos estatales como también personales. Por
tanto, se estaría asegurando el acceso a la justicia de todos los ciudadanos al contar con
profesionales que asesoren en cada instancia legal.
ABSTRACT
Research work was oriented to raise a reform 357 article, second paragraph, General
Process Code, which manifests the compulsory or not, the sponsorship of lawyers in the
proceedings or whit trials ; acts that are legislated in the Political Constitution of Ecuador.
Consequently, it is inconsistent with the provisions of the General Processes Code when
economic values are set as basis for the compulsory nature of the sponsorship of
professional law. Here, the essence of this investigative work.
As basis of the research work was resorted to what is laid down in the Constitution of
Ecuador Republic and Judicial Function Organic Code; where there is contradiction between
these two body laws. On the one hand, it establishes obligation of sponsorship of a law
professional in all types of judicial proceedings, in addition, establishes an economic base for
citizen to use or not to the professional services of a lawyer. In this sense, users of judicial
system by not having the sponsorship of an attorney, it may incur to errors that will determine
violation of due process in each of the judicial proceedings.
Finally, current proposal is made by people to access judicial processes with advising of a
professional law, which guarantees the access to justice, which save time, money and
resources in any type of demand. In addition, it will avoid presentation of trial wrongly set,
with an excessive amount of errors in the different instances and saving the state resources
as well as personal. Therefore, it would be ensuring access to justice for all citizens to have
professionals who advise in each legal instance.
ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO Pág.
Portada
Certificado de Tutoría de Tesis
Declaración de Autoría de Tesis
Derechos de autor
Certificación del lector
Dedicatoria
Agradecimiento
Resumen
Abstract
Índice
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la investigación 1
Planteamiento del problema 3
Formulación del Problema 4
Objeto de investigación 4
Campo de acción 4
Identificación de la línea de investigación 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 5
Idea a defender 5
Justificación del Tema 5
Metodología empleada 6
Descripción de la estructura 7
Aporte teórico 8
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1 Origen y evolución del objeto de investigación 9
1.2 Análisis de las distintas posiciones teóricas 12
1.2.1 Derecho 12
1.2.2 Clasificación del Derecho 14
1.2.3 Disciplinas jurídicas del Derecho 15
1.2.4 Derecho Comparado 20
1.2.5 Abogado 22
1.2.5.1 Definición 24
1.2.5.2 Campos de actuación 24
1.2.6 La Ley 25
1.2.7 Estructura de la administración de justicia en el Ecuador 29
1.2.7.1 Principios constitucionales 30
1.2.8 El debido proceso 32
1.2.9 La defensa 33
1.2.10 Código General de Procesos 33
1.3 Valoración crítica objeto de investigación 38
1.4
1.5
Análisis crítico sobre objeto de investigación
Conclusiones parciales del capítulo
41
45
CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO Y
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
2.1 Caracterización del sector 46
2.2 Descripción del procedimiento metodológico 46
2.3 Propuesta del investigador 47
2.4 Procesamiento de la información 50
2.5 Conclusiones parciales del capítulo
CAPITULO III. PROPUESTA
58
3.1 Título 59
3.2 Objetivos 59
3.3 Justificación 59
3.4 Beneficiarios 60
3.5 Marco legal 60
3.6 Propuesta 60
3.6.1 Exposición de motivos 60
3.7 Impacto 62
3.8 Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía
Anexos
64
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Tabulación del resultado de las encuestas 50
Tabla 2 Preparada en temas monitorios 52
Tabla 3 Sin patrocinio 53
Tabla 4 Abogado asista en los formularios 54
Tabla 5 Abogado asista en la audiencia 55
Tabla 6 Reforma del Cogep
56
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 1 ¿Preparada en temas de monitorio? 52
FIGURA 2 ¿Sin patrocinio? 53
FIGURA 3 ¿El abogado asista en los formularios? 54
FIGURA 4 ¿Abogado asista en la audiencia? 55
FIGURA 5 ¿Reforma al Cogep? 57
1
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la investigación
La presente investigación se presenta el análisis de la intervención de los profesionales del
derecho en los trámites judicialices, específicamente en el procedimiento monitorio que son
normados mediante el procedimiento ejecutivo del Código Orgánico General de Procesos.
Se destaca que ésta profesión es tan antigua como el mundo mismo, porque en todas las
épocas la ignorancia ha sido patrimonio de la mayoría de los hombres y siempre la injusticia
se ha ensañado en contra de ellos. Pero también en todos los tiempos algunas personas se
han distinguido, por su celo y su talento y a ellos acudían los desamparados convirtiéndose
en sus patrones y defensores.
Podemos afirmar que el primer jurista legislador que se conoce es MANÚ, puesto que la
India fue la primera civilización, y cultura que logró proporcionar inicialmente una codificación
de normas jurídicas perfectamente concretadas.
Al inicio del Derecho mismo se vio la necesidad de encontrar el asesoramiento o
apadrinamiento bajo el concepto de patrones defensores que vengan a contribuir con la
tutela patrocinio enmarcado en a los hombres y mujeres desamparados jurídicamente.
En esa remota época de la humanidad, encontramos también al abogado que enseña
también el Derecho; y ya en el versículo 103 del libro primero del Código de Manú, indica:
En Caldea, Babilonia, Persia, Egipto, la defensa de los intereses de los particulares estaba
encomendada a los sabios, quienes hablaban ante el pueblo congregado patrocinando
causas.
La abogacía en Grecia, en una primera época estuvo encomendada a personas que, con sus
conocimientos de oratoria causaba impacto ante el areópago, o ante otros tribunales pero,
posteriormente la abogacía empieza a adquirir forma de profesión y se señala a Pericles
como el primer abogado profesional.
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En Roma, al principio, la defensa no se atribuía a profesionales sino que era consecuencia
de la institución del patrono, pues el patrono estaba obligado a defender en juicio a su
cliente, la posterior complejidad de los derechos romanos, más evolucionados hizo necesaria
la formación de técnicos que fueron a la vez grandes oradores y jurisconsultos.
Se suma a la investigación que históricamente la sociedad en su conjunto necesitaba del
profesional que guíe y encamine sus causas legales, que para ese entonces las sentencias
radicaban en los poderes superiores.
Temas jurídicos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en los derechos
de protección que nos enuncia: se asegurará el debido proceso y el derecho a las personas
a la defensa, incluyendo la garantía en procedimientos judiciales a ser asistido por una
abogada o un abogado.
La normativa que regulaba la participación de los profesionales en Derecho era la que
estipulaba en el Código Orgánico de la Función Judicial, y se tipificaba que en todos los
procesos judiciales necesariamente intervendrá un abogado en el patrocinio de las causas.
Al encontrar en el capítulo tercero del Procedimiento Sumario en su artículo 332 numeral 3
del Código Orgánico General de Procesos, de la procedencia, la opción por parte de los
usuarios a presentar escritos necesarios, sin la firma, responsabilidad y asesoramiento de un
profesional en Derecho, nos permite llegar a la investigación sobre si es procedente en el
ámbito legal y jurisdiccional la inasistencia legal de un abogado.
En conclusión, no se puede concebir una sociedad sin derecho, es evidente que un
ordenamiento jurídico debe ir a la par de las necesidades y del desarrollo permanente de
todos los integrantes de un Estado. Más aún en las épocas actuales en las que las políticas
de los gobernantes se encaminan precisamente al cambio radical de las estructuras creadas
con anterioridad.
Pese a lo antes dicho, las regulaciones jurídicas también pueden trazar un programa
regulador de conductas de explicación futura, con el propósito de que ciertos de que ciertos
3
conflictos sociales, inconsistencias jurídicas e incluso la cultura de aplicación de la norma
dentro de un país, se vean superadas paulatinamente.
De la misma manera nos estipula la Ley de los abogados, donde nos ratifica nuestro
planteamiento que es necesario la firma de un abogado en las solicitudes a instituciones
públicas o instituciones de derecho privado con finalidad social o pública.
Me atrevo a comparar con la medicina, y que los pacientes en casos generales puede auto
medicarse sin el conocimiento del médico profesional, por el solo hecho de ahorrar la
consulta al interesado o medicar a un niño por la sola interpretación que prevalece la
asistencia a los menores.
Planteamiento del problema.
Los convenios internacionales, firmados por la Función Ejecutiva dentro del marco jurídico
ecuatoriano y aprobados por la Función Legislativa, de varias maneras han contribuido a
garantizar los derechos de las personas en el ámbito público y privado pero con ciertas
limitaciones que han generado inseguridad jurídica y en la mayoría de los casos han puesto
en riesgo los derechos fundamentales de las personas.
Varios de los convenios internacionales tienen como aspecto positivo la creación de nuevas
instituciones jurídicas que permiten a las personas naturales y jurídicas poder ejercer sus
derechos sin limitación alguna, excepto las que la ley señale como tales.
Las reformas introducidas en el marco jurídico del Ecuador establecen pautas ilegítimas que
vulneran el derecho de las personas, en este caso, el derecho que tienen los abogados de
ejercer su profesión, sin restricciones que atenten contra el derecho a la defensa de las
personas, normas jurídicas que se encuentran establecidas en el Código Orgánico de la
Función Judicial, articulo 327.
En la actualidad la transformación de la justicia establece la sustanciación de los procesos
en todas las materias, instancias etapas y diligencias se llevara a cabo mediante el sistema
oral, como podría el usuario hacer uso a su defensa o al accionante de la causa de forma
oral litigar sin el conocimiento del área.
4
Los cambios sustanciales en la justicia ecuatoriana donde se consagra los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, haciendo
efectiva las garantías del debido proceso.
El respeto a los principios rectores del mismo Código Orgánico General de Procesos y del
Código Orgánico de la Función Judicial, podemos encontrar la problemática que existiría
dentro de la función judicial al momento que no exista la intervención de los profesionales del
derecho en las audiencias y en el proceso legal pertinente.
Formulación del Problema.
Lo tipificado en el artículo 357 párrafo segundo del Código Orgánico General de Procesos se
contraviene con lo establecido en articulo 76 numeral 7 literal g de la Constitución de la
República del Ecuador.
Objeto de investigación.
Código Orgánico General de Procesos. (COGEP)
Campo de acción.
Procedimiento Monitorio
Identificación de la línea de investigación.
Retos y perspectivas de las relaciones jurídicas civiles, agrarias y de familia. Su impacto en
la sociedad contemporánea.
Objetivo general.
Proponer un anteproyecto de ley reformatoria al artículo 357 párrafo segundo del Código
Orgánico General de Procesos, que permita a los profesionales del derecho intervenir en
todas las fases del procedimiento, para garantizar lo establecido en el artículo 76 numeral 7
literal g de la Constitución de la República del Ecuador.
5
Objetivos específicos.
Realizar una investigación jurídica que permita analizar diferentes criterios sobre la
materia.
Fundamentar científicamente el procedimiento monitorio, sus principios en relación a
la intervención de los abogados.
Establecer las bases necesarias para la elaboración del anteproyecto de la ley
reformatoria al Código General de Procesos, en su artículo 357 párrafo segundo del
Código Orgánico General de Procesos, a fin de eliminar la opción que tiene el
usuario de contar con el patrocinio o no, de un abogado.
Idea a defender.
Mediante un anteproyecto de ley reformatoria al artículo 357 párrafo segundo del Código
Orgánico General de Procesos, evitará la contradicción con lo establecido en el artículo 76
numeral 7 literal g de la Constitución de la República el Ecuador.
Justificación del Tema.
El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 357 párrafo segundo del Código
Orgánico General de Procesos, establece que para los trámites de juicios monitorios, no se
requerirán el patrocinio legal, trámite sumario que empieza con una demanda y que tiene
todo un procedimiento establecido en la actual y renovada ley.
En la ley pertinente a la Función Judicial es clara en disponer que la intervención de los
abogados será necesario en el patrocinio de las causas, y que por razones económicas
existe garantías en la Constitución para defender dichos derechos.
La misma Constitución ampara los derechos y garantías básicas del debido proceso,
incluyendo el derecho a la defensa como una herramienta y obligatoriedad a ser asistido por
una abogada o abogada de su elección o defensora o defensor público.
Se justifica la investigación ya que existe en las referidas leyes y la norma suprema la
obligatoriedad de asistencia legal por parte de los profesionales del derecho.
6
Metodología empleada: métodos, técnicas y herramientas empleadas en la
investigación
a) Histórica – jurídica.- Este tipo de investigación se relaciona directamente con el
seguimiento y desarrollo histórico de una institución jurídica. Por ejemplo se puede
analizar el origen del abogado, del derecho, etc.
b) Jurídica – comparativa.- Si aplicamos esta manera de investigar lo que se tratará es
establecer las semejanzas y/o diferencias entre instituciones jurídicas o sistemas
jurídicos, para así lograr comprobar la legitimidad y efectividad de una regulación.
c) Jurídica – descriptiva.- En este caso, el investigador tiene como propósito aplicar
“de manera pura” el método analítico a un tema jurídico, es decir, en descomponerlo
en tantas partes como sea posible implicando esto en el tema debe ser, salvo que se
persiga otro fin, muy bien delimitado.
d) Jurídica – exploratoria.- Por su parte esta investigación tratará de abrir el camino
para la realización de posteriores investigaciones que busquen aportar a la ciencia
del derecho, en relación a la evolución constante de las sociedades. Aquí se
encuentra la característica de la ciencia jurídica, su dinamismo.
e) Jurídica – proyectiva.- Consiste en realizar una especie de predicción sobre el
futuro de algún aspecto jurídico, las acciones y políticas que deben ser tomadas en
cuenta por los órganos del Estado.
f) Jurídica – propositiva.- En es te tipo de investigación, la característica fundamental
es la evaluación de las fallas de los sistemas o normas a fin de proponer o aportar
posibles soluciones.
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Instrumentos:
Cuestionario.
El cuestionario que se tomará en cuenta dentro de la presente investigación se lo hará con
preguntas específicas y de fácil entendimiento para los encuestados, la encuesta estará
dirigida a usuarios y profesionales del derecho, los mismos que a través de esta herramienta
nos darán a entender la necesidad que implica la presencia de un abogado en los procesos.
Descripción de la estructura o esquema de contenidos.
El desarrollo de esta investigación se constituye en un aporte para el derecho y para las
funciones legales de los abogados, los objetivos trazados en la presente investigación fueron
conocer la normativa existente y las que entrarán en vigencia en los próximos días, como es
el caso del Código Orgánico General de Procesos, específicamente en el artículo 357
párrafo segundo.
La propuesta del proyecto se fundamenta en el artículo 327 de Código Orgánico de la
Función Judicial, ya que contraviene con lo tipificado en el Código Orgánico General de
Procesos, que en la parte pertinente nos indica que no se requerirá patrocinio legal.
La idea a defender o que se plantea es en lo referente al patrocinio legal que debe existir en
todos los trámites jurídicos o sus incidentes, por la importancia de la presencia del
asesoramiento legal.
Primer capítulo.- Se presenta los fundamentos teóricos de la tesis, se hace análisis de los
antecedentes históricos sobre el patrocinio y el asesoramiento legal.
Segundo capitulo.- Se exponen características generales que se presentan en la
intervención de los abogados desde la perspectiva metodóloga que se sigue en la
investigación. De este modo se identifican y se formulan sus lineamientos metodológicos
esenciales la elaboración y aplicación de instrumentos que permiten el diagnóstico del
problema e interpretación de los resultados.
8
Tercer capítulo.- Se desarrolla la propuesta como una condición fundamental para resolver el
problema, y se presenta el análisis de los diferentes resultados obtenidos por parte de los
expertos las opiniones de los usuarios y operadores de justicia.
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica.
La presente investigación realiza un gran alcance en la intervención del profesional del
derecho en los trámites judiciales, con la reforma al artículo 357 párrafo segundo del Código
Orgánico General de Procesos, se garantiza el principio fundamental del debido proceso.
Regula la presentación de escritos o formularios que van a tener la revisión y el patrocinio de
un profesional con la capacidad de argumentar o fundamentar las pruebas y demás
diligencias pertinentes.
Como resultado de la presente investigación se garantiza el principio de celeridad por cuanto
los jueces no tendrán que presentar providencias donde se solicita completar las demandas.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1. Origen y evolución del objeto de investigación.
En el Ecuador para los años 1835 se expidieron leyes con diversas denominaciones que
normaron el enjuiciamiento civil. Sin embargo, la historia del derecho ecuatoriano reconoce
como primer Código de Procedimiento Civil al que se promulgó con el título de Código de
Enjuiciamientos en Materia Civil, expedido en 1869, por la Asamblea Nacional Constituyente.
El Código de Enjuiciamientos en Materia Civil e 1869 tenía dos secciones, la primera: De la
jurisdicción civil, de las personas que la ejercen y de los que intervienen en los juicios, parte
que a su vez se subdividía en dos títulos: el inicial: de la jurisdicción y el fuero y el restante:
De los jueces, de los asesores, del actor y el reo, de los abogados, de los defensores
públicos, de los procuradores, de los secretarios relatores, de los escribanos, de los
alguaciles, de los peritos y de los intérpretes.
La segunda sección trataba sobre los juicios, dividiéndose en tres especies: de los juicios en
general; de la sustanciación de los juicios y de las disposiciones comunes. Diez años
después, en 1879, fue sustituido por el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil.
En el Código de 1890, por primera vez, se dividió el proceso civil de la organización judicial,
al emitirse la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la denominación Código de Procedimiento
Civil, vigente desde1938, se empezó a utilizar en el cuerpo legal expedido con ese título,
bajo la administración del General Alberto Enríquez Gallo, jefe Supremo de la República.
La Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Constitución de 1998 ordenó la
implementación de la oralidad en la sustanciación de los procesos para cuyo efecto, el
Congreso Nacional debía reformarlas leyes vigentes o crear nuevos instrumentos
normativos, en un plazo de cuatro años.
Estas modificaciones se efectuaron en algunas materias, siendo uno de los pendientes el
procedimiento civil. Apenas en el 2009, en el Código Orgánico de la Función Judicial, se
evidenció un verdadero avance en el desarrollo de principios que permiten hacer del proceso
judicial un medio para la realización de la Justicia.
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El 12 de Julio de 2005, la Función Legislativa expidió la Cuarta Codificación del Código de
Procedimiento Civil que con algunas reformas se mantuvo vigente. A pesar de las múltiples
modificaciones efectuadas en la historia republicana en materia procesal y material, existe un
hecho especifico, en ésta misma década, que varía sustancialmente el esquema Jurídico en
el Ecuador.
Se trata de la expedición de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, previo
sufragio ciudadano dentro de un proceso de consulta popular. En definitiva, la necesidad de
emprender una profunda transformación en la estructura del Estado incluía primordialmente
a la administración de justicia.
Si el derecho procesal constituye el conjunto armónico de principios que reglan la jurisdicción
y el procedimiento, sustentan principios que deben observarse para que la Autoridad Judicial
aplique la ley y haga efectivos los derechos de los individuos.
Podremos concluir en la importancia de ésta materia, pues de su eficacia jurídica depende
en mucho, el pleno y oportuno ejercicio de los derechos constitucionales, a cuyo efecto, éste
proyecto de Código guarda conformidad con las disposiciones constitucionales e impulsa el
ejercicio de los derechos ciudadanos. (Código Orgánico General De Procesos, 2015)
La presente investigación tiene la responsabilidad de crear un serio debate jurídico en la
defensa de las causas y patrocinios cumpliendo con la obligatoriedad de la presencia de los
profesionales del derecho en los juicios del procedimiento monitorio.
Remotamente nos trasladamos a la prehistoria donde la defensa la ejercía los patrones, y
que en segunda instancia el proletariado significaba poco ante la ley, existiendo códigos de
normas jurídicas que permitían la existencia entre los pueblos y naciones.
Nace el Código MANÚ, como un ejemplo para perfeccionar las relaciones entre las
comunidades, manteniendo siempre la hegemonía y el poder de los patrones, quienes se
convertían en los defensores y tutores en las decisiones de los más desprotegidos,
adjudicándose éstos defensores la tutela máxima de ellos.
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Pasan los años y décadas, empieza los asesoramientos de los sabios quienes instruían a
sus seguidores quienes les contemplaban como Dioses en los países y ciudades como
Persia, Caldea, Egipto, Babilonia.
Grecia como país iniciador del derecho y la justicia daba como proeza los hombres de alto
nivel uno de ellos Pericles consagrado en la historia como el primer abogado defensor de
los proles que era un guía no solo espiritual sino jurídico ante los casos de desigualdad e
interpretaba la justicia.
Históricamente la defensa de los más necesitados se va institucionalizando con personas de
alta valía en conocimiento y valía como sus consejos al comienzo y luego sus asesorías
jurídicas enmarcadas en búsqueda de la justicia.
Para la nueva era en el Derecho poco a poco se viene cristalizando varios objetivos
propuestos como en la Constitución de Montecristi en la República del Ecuador, hace
referencia al debido proceso y es por ello que se inserta en la carta magna la obligatoriedad
de ser asistido por un profesional en la rama del Derecho.
La Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “En procedimientos judiciales, ser
asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no
podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor”.
(C.R.E, 2008).
La responsabilidad del Estado ecuatoriano es el de velar por la buena práctica del ejercicio
legal, por cuanto y tanto la participación de los abogados hoy en día es la principal propuesta
de la Constitución ya que el debido proceso y el respeto a las Garantías Jurisdiccionales son
la bandera de conquista legislativa.
Por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes, siempre con el patrocinio legal
identificado con los profesionales de Derecho.
La base de los derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela
efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevé la Carta
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Fundamental, está concientizada en la práctica del profesional del derecho como es el
Abogado de los Tribunales del Ecuador.
Considerando las actuales disposiciones jurídicas enmarcadas en los principios de celeridad,
inmediación es menester el asesoramiento para los diferentes procedimientos incluyendo los
de cobro como el Monitorio.
1.2. Análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el objeto de investigación.
1.2.1.- Derecho.
Cuando la inseguridad gobernaba a la humanidad la injusticia prevalecía, entonces los
hombres y mujeres buscaron procesos de evolución donde se dicten normas que regulen la
armonía y el bienestar colectivo buscando llegar a la igualdad e imparcialidad de los hechos.
La divinidad jugó uno de los papeles más preponderantes ya que las diferentes revelaciones
de sacerdotes y brujos de aquella época dictaban normativas sancionadoras que eran vistas
como superiores a cualquiera de los humanos comunes, ejemplo el Código de Hammurabi
(1728 a.C)
El rey era el que dictaba las leyes seguido de los magistrados o grandes sacerdotes que
separaban del ritual y convertían los primeros conceptos del derecho apegado a las sanas
costumbres contempladas en la biblia o instrumentos católicos.
Gracias a varios conceptos el Derecho moderno universal jurídico basado en el Derecho
Romano, convierte el concepto del Derecho Natural de la Cristiandad, a una realidad
jurisdiccional y empieza nuevas eras en el análisis y juzgamiento de los diferentes
procesados.
Para el siglo XVI se empieza a reconstruir el Derecho Romano fortaleciendo las distintas
fases de formación liberando de teorías bíblicas sujetándose a leyes pragmáticas que
creaban jurisprudencia en el quehacer cotidiano de las familias y de sus problemas
cotidianos.
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La Escuela Histórica Alemana eleva el pensamiento que nace del propio espíritu del
ciudadano común y da un giro la historia o los escritos que no podían ser interpretados en
épocas anteriores a su teoría.
La base científica para la redacción de los códigos civiles, fue creada por los autores del
Derecho de Pandectas, que fue un enlace con la Escuela Histórica Alemana, que hoy en día
están instaurados casi en todo el mundo. Existente en: (www.enciclopedia-
juridica.biz14.com).
Etimológicamente, Derecho proviene del latín directum (directo, derecho); a su vez, del latín
dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). (Osorio, 2006)
El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad
inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que
determinan su contenido y carácter. Existente en: (www.enciclopedialibre.com).
Al Derecho se le puede considerar como un conjunto de normas jurídicas que forman un
sistema cerrado, y que las soluciones se encuentran en sus propias normas, ofreciendo
seguridad jurídica a las relaciones sociales que se desarrollan en ese lugar. (Andrade,
2008).
Los sectores establecidos por las necesidades de la regulación social están bajo un
concepto general que puede conceptuarse como la normas que se dictan para regir toda la
sociedad, que se imponen de forma obligatoria a la colectividad y cuyo incumplimiento debe
acarrear una sanción.
El derecho ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armónico, esa armonía
interna puede producirse por la existencia de la voluntad política y jurídica que en ellas
subyace. (Andrade, 2008).
Desde el punto de vista jurídico-formal es la existencia de un conjunto de principios que en el
orden jurídico hacen que unas disposiciones se subordinen a otras, que la producción
normativa de un órgano prime sobre la de otros, que unas posteriores puedan dejar sin vigor
a otras anteriores.
14
1.2.2.- Clasificación del Derecho.
Derecho Subjetivo.
El Ordenamiento Jurídico, dentro de su ámbito de libertad actúa de la manera que estima
más conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente
protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de los
colectivos.
El Derecho Subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a
través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre
otra persona determinada.
La facultad que las personas físicas o jurídicas tienen no solo para realizar determinados
actos, sino también para exigir que otras personas de igual índole, sin excluir al Estado, no
les impidan realizar lo que la ley permite o prohíbe. (Osorio, 2006).
Derecho Objetivo.
El Derecho Objetivo es el conjunto de leyes y reglas que los hombres que se integran a la
sociedad organizada, deben observar, vale decir acatar en sus relaciones recíprocas y en
sus relaciones con la autoridad del estado y su ordenamiento
El derecho objetivo es la norma, el precepto de derecho o el conjunto de preceptos de
derecho, u ordenamiento jurídico, que el Estado crea para la regulación de la convivencia
humana en sociedad en búsqueda de su armonía.
Existencia de principios y normas que regulan la convivencia humana, y que es considerado
desde el punto de vista individual y colectivo. (Osorio. 2006)
15
1.2.3.- Disciplinas jurídicas del Derecho.
El actuar de los hombres entre si y el actuar de los hombres con el Estado genera las
divisiones del análisis jurídico que entabla en las diferentes ramas o disciplinas jurídicas
entre los privados y públicos
Las relaciones entre particulares y el Estado llevan al análisis de las concepciones del
Derecho Privado y Derecho Público, por lo que es necesario que detallemos sus
características.
a. El Derecho Público.
El orden jurídico relativo al Estado, con sus normas reguladoras que permiten las relaciones
entre particulares y con el Estado.
El interés superior del Estado permite que el derecho público sea irrenunciable y estricto, rige
al sujeto con el Estado y se clasifican en las siguientes ramas:
b. Derecho Político
El Estado se configura en relación con tres elementos: el territorio o ámbito geográfico, la
población que lo habita y la soberanía o poder político abstracto e independiente de los que
lo ejercen. El Derecho Político se ocupa de las leyes y principios que regulan el gobierno del
Estado.
c. Derecho Constitucional.
El Derecho Constitucional es la rama del Derecho Público que tiene por objeto la
organización del estado y sus poderes, la declaración de los derechos y deberes individuales
y colectivos y las instituciones que los garantizan, estudia la Constitución como forma en que
se estructura el Estado y se organiza el Gobierno. (Osorio. 2006).
Las Constituciones de los Estados democráticos que siguen la llamada división de poderes,
formulada por Montesquieu en el siglo XVIII, distinguen los siguientes poderes: Legislativo,
16
que tiene como misión elaborar las leyes y que reside en los Parlamentos, Ejecutivo, que se
encarga de aplicar o ejecutar las leyes y dirige la política y la administración pública. Judicial,
cuya función consiste en la interpretación y aplicación de las leyes por los jueces y tribunales
de justicia, que deben actuar como órganos imparciales e independientes.
Tres poderes que se limitan y controlan recíprocamente, del judicial y legislativo ejercen el
control del ejecutivo para limitar y reprimir las posibles arbitrariedades y abusos de la
administración.
d. Derecho Administrativo.
El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que
regula la organización y la actividad de la Administración Pública. (Osorio. 2006).
El derecho administrativo tomando en cuenta el poder Ejecutivo, tiene como misión principal
organizar y realizar servicios públicos en beneficio de la colectividad y para ello se vale de la
administración burocrática de funcionarios dirigida por el Gobierno.
La administración del Estado, es la administración pública, dotada de personalidad jurídica
propia y regulada por una rama espacial del derecho, el derecho Administrativo del cual
hemos enunciado varias veces.
e. Derecho Financiero, Derecho Tributario y Derecho Fiscal.
En las relaciones entre el Estado y los particulares en el derecho Público, por la
transcendencia en los ingresos y gastos del Estado se distinguen tres:
Derecho Financiero: que son los principios y normas que regulan la recaudación, la gestión y
el gasto de los ingresos del Estado y de los entes públicos.
Derecho Tributario: son las normas que regulan la imposición y recaudación de los tributos y
establecen los medios adecuados para ordenar las relaciones entre los entes públicos, y los
ciudadanos.
Derecho Fiscal: son las normas que establecen los impuestos vigentes de los entes públicos,
así como los hechos que dan lugar a la imposición y las escalas y cuantías.
17
f. Derecho Penal.
El Estado históricamente ha tenido como finalidad el de castigar aquellos actos ilícitos que la
colectividad considera dignos de ser sancionados con una pena, objetivamente el Derecho
Penal consiste en el conjunto de normas públicas que tipifican los delitos, atribuyéndoles las
penas correspondientes y regulan otras medidas de seguridad.
Es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder
sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto
de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción
de la norma una pena finalista una medida aseguradora. (Osorio, 2006).
Los principios fundamentales para la aplicación de la pena son los siguientes:
No puede imponerse una pena si no está prevista por la ley y para el hecho que se juzga
(nulla pena sine lege), Las leyes penales son irretroactivas, no será castigada ninguna
acción ni misión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración.
No es delito más que el hecho definido como tal antes que se cometa (nullun crime sine
previa lege penale)
Las normas de imposición de penas deben interpretarse y no cabe la extensión por analogía
de preceptos penales.
g. Derecho Procesal.
Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado; es decir, los
órganos y formas de aplicación de las leyes. (Osorio, 2006)
El ordenamiento que regula el proceso es el Derecho Procesal por sus actos regulados
jurídicamente y desarrollados ante los órganos de la administración de Justicia que se inician
con el ejercicio de la acción y conduce a la sentencia.
18
El Derecho Procesal se constituye como derecho público, esta inclusión se basa en el
carácter público de la organización judicial, en el necesario acatamiento de las sentencias
judiciales y en la fuerza coactiva de las medidas de ejecución y aseguramiento.
h. Derecho Internacional Público.
El derecho internacional está obligado al cumplimiento para todas las naciones es una
conquista moderna, que todavía presenta excepciones y deficiencias.
En la resolución de un conflicto, con intervención de un tercero, se distingue entre modos no
jurisdiccionales en el seno de las relaciones diplomáticas o en el marco de las
Organizaciones Internacionales como la ONU, y modos jurisdiccionales con la intervención
de los Tribunales Internacionales de Justicia.
Conjunto de normas que regulan los conflictos de jurisdicción y competencia en el ámbito
internacional. (Osorio, 2006).
i. Derecho Internacional Privado.
Para regular los conflictos de legislación y competencias entre jueces nace el Derecho
Internacional Privado; en cuanto se refiere a la actuación de los tribunales son normas de
derecho público e interno del estado, cuando se trata de relaciones entre particulares, son de
Derecho Privado. Existente en: www.derechoecuador.com.index. (2011).
Las relaciones internacionales entre ciudadanos de diferentes Estados hacen que deban
existir unas normas para resolver los casos en que estos aparezcan implicados y buscar las
soluciones a conflictos que sean pequeños o grandes pero no dejan de ser trascendentes.
j. El Derecho Privado y sus ramas.
Los actos de los particulares cumplidos en su propio nombre. Predomina el interés individual,
frente al general del derecho público. (Cabanellas, 2003).
19
Derecho Mercantil.
Principios doctrinales, legislación y usos que regulan las relaciones jurídicas particulares que
surten de los actos y contratos, realizados con ánimo de lucro. (Cabanellas, 2003)
La materia propia del Derecho Mercantil está regulada de modo general por el Código de
Comercio que ha sufrido varias reformas y ha sido complementado por diferentes leyes
referidas a contratos en función de la realidad social.
Derecho del Trabajo o Laboral.
El derecho del trabajo o laboral es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las
relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de uno y otros con el Estado, en lo
referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de
prestación de los servicios y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e
inmediatas de la actividad laboral. (Cabanelas, 2003).
Las relaciones laborales determina la aparición de una disciplina independiente en el ámbito
de las ciencias jurídicas y también de una jurisdicción especial para ocuparse de los
conflictos entre los trabajadores y empresarios.
Derecho Civil.
Es el conjunto de normas reguladoras del Estado, condición y relaciones de las personas en
general, de la familia y la naturaleza, situaciones y comercio de los bienes o cosas.
(Cabanellas, 2003).
Comprendidas en sus sub-ramas principales: el derecho de las personas, que incluye la
personalidad y capacidad individual; el derecho de la familia, rector del matrimonio, la
paternidad, la filiación y el parentesco; el derecho de las cosas, que rige la propiedad y los
demás derechos sobre los bienes; el derecho sucesorio, que comprende de las sucesiones
de los bienes y cosas; el derecho de las obligaciones, comprensivo del importantísimo
derecho de los contratos; el Derecho civil regula en general las circunstancias jurídicas de
las personas desde su nacimiento hasta su muerte.
20
1.2.4.- Derecho comparado.
España.
La intervención de un abogado, de un procurador o de ambos ante los tribunales, es
necesario distinguir entre sus distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal,
laboral, y administrativa.
Para el análisis, no es obligatorio valerse de un abogado para acudir a los tribunales. No
obstante, aunque no imprescindible, su intervención siempre resultara aconsejable.
Los asuntos más aparentemente sencillos pueden encerrar complejidades jurídicas que se
escapan al profano en Derecho, y la mejor defensa solo puede garantizarla un abogado con
la debida formación y competencia. Como reza el dicho español “Quien se defiende a si
mismo tiene a un tonto por abogado”.
Colombia.
Entre uno de los deberes es el de defender y promocionar los Derechos Humanos,
entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales y de derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados
internacionales ratificados por Colombia como lo tipifica en el Código Disciplinario
Colombiano. Existente en: www.procuraduría.gov.com. (2011).
Esta norma nos lleva a comprender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual
se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros
de la firma asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de
servicios, ya a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.
El acceso a la defensa técnica, la ley indica en la Constitución Política Art. 13. Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
filosófica.
21
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ella se cometan.
Art. 29 Párrafo 4. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento.
Perú.
Los profesionales del derecho en Perú se ratifican en lo tipificado en el Código de Abogados
del Perú (1997), sobre su disciplina, firme y sensible de su vida profesional y privada,
convirtiéndose en el ser fiel interprete de la ley.
La serenidad y buena fe en la causa de su cliente, y ser el guardián y defensor de los
principios de la justicia y la verdad son las virtudes de los abogados peruanos.
Respetar y garantizar el derecho a la igualdad, establecida en la Constitución Política del
Perú (1993), tipifica el principio de igualdad en el Estado constitucional de tratar igual a los
que son iguales, y distinto a los que son distintos son compromisos del Estado.
La ley está llamada a revertir las condiciones de desigualdad o lo que es lo mismo a reponer
las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculado, en
desmedro de las aspiraciones constitucionales.
Son principios y derechos de la función jurisdiccional peruana de no ser privado del derecho
de defensa en ningún estado del proceso. Tiene derecho a comunicarse personalmente con
un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad.
La gratuidad es el principio de la defensa para las personas de escasos recursos
económicos y para todos en los casos que la ley señala. Entendiéndose la obligatoriedad de
ser asistido por un profesional del derecho.
22
1.2.5.- Abogado.
En el mundo de la abogacía donde los que actúan tienen recíprocamente derechos y
obligaciones, hay deudores y acreedores. Lo que para uno es un conjunto de derechos, para
otro, un conjunto de obligaciones, esto exige que el abogado esté en contacto no solo con
quien requiere se sus servicios sino con quien su cliente tiene esa relación jurídica.
Los actores del convenio jurídico son, dos protagonistas y dos abogados defensores, y los
derechos y obligaciones se ventilan ante un juzgado. Esto no sucede en la mayor parte de
profesiones en las que la relación se circunscribe a la del cliente y el profesional. Las normas
deontológicas de la Abogacía son más variadas y necesariamente más ambiciosas.
La ciencia reconoce que la abogacía es de las más complejas, siendo sus disposiciones de
las más numerosas y elaboradas y que no tiene el más mínimo asomo de corporativismo, el
control disciplinario se efectúa bajo la tutela de los tribunales o las cortes.
Se va tomando conciencia de la importancia de la deontología y del importante servicio que
prestan los colegios de abogados de la transcendencia de la profesión en el Estado de
Derecho, la enorme proliferación de profesionales y la mayor complejidad de las normas que
se manejan y la necesaria especialidad que deben asumir.
La abogacía determina que el fenómeno difiere mucho de las restantes profesiones. El
abogado es un operador esencial e irremplazable para impartir justicia y en el
funcionamiento de uno de los poderes del Estado y es pieza fundamental en la confianza
que se dispensa o no se dispensa a servicio público.
El abogado tiene una serie de finalidades, entre las cuales bastaría enunciar la principal
hacer que brille la inocencia para rodearla de un halo de nobleza. Solo quien no conoce las
tremendas angustias de un proceso por indicios, que a veces es como una tupida red de
apariencias mentirosas que ahoga a un inocente, puede no darse cuenta del valor social de
esta profesión.
23
La fatalidad o la maldad dan origen a veces a tan impresionantes coincidencias, a tan
perturbadoras apariencias de pruebas, que, si falta el defensor, puede ser condenado
irremisiblemente un hombre limpio de toda culpa. (Carnelutti, Francesco, 2011).
La proyección de lo nefasto que puede resultar que el ciudadano común no cuente con el
patrocinio o la asistencia legal requerida en todos los casos que compete el derecho; la
esencia, la dificultad, la nobleza de la abogacía es ésta: situarse en el último peldaño de la
escala junto al imputado. La gente no aquello que, por lo demás, tampoco los juristas
comprenden; y ríe y se burla, y se escarnece.
Un elemento integrante de la organización judicial, como un órgano intermedio puesto entre
el juez y la parte, en el cual el interés privado de alcanzar una sentencia favorable y el
interés público de alcanzar una sentencia justa se encuentran y se concilian.
Los elementos que integran el sistema judicial reconocen la importancia y el sitial que ocupa
el abogado en materia de patrocinio y asesoramiento.
El abogado es un colaborador imprescindible de la administración de justicia y el garante del
derecho constitucional a la defensa (Sánchez, 2012).
El abogado es como un colaborador y al mismo tiempo el garante del derecho constitucional
significa la relevancia y refleja la importancia del trabajo a desarrollar en bien de la
comunidad, que necesita de un profesional garantista de sus derechos y hacer conocer sus
obligaciones, en el marco legal y jurídico.
La abogacía es considerada como una profesión libre e independiente que presta un servicio
a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por
medio del consejo la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la
aplicación de la ciencia y la técnica jurídica, en orden a la concordia, a la efectividad de los
derechos y libertades fundamentales y a la justicia.
24
1.2.5.1.- Definición.
Las consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de Derecho,
conciliaciones, acuerdos y transacciones ,elaboración de dictámenes, redacción de contratos
y otros actos jurídicos en documentos privados, practica de particiones de bienes ejercicio de
acciones de toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales, y en general, defensa de
intereses ajenos, judicial o extrajudicial.
Abogado es aquella persona que, en posesión del título de licenciado en Derecho, previa
pasantía, o sin ella, previo curso en escuela de práctica jurídica, o sin él, se incorpora a un
Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido, efectúa, los actos propios de esa
profesión. Existente en: http://www.abogadosmolabaeza.com/despacho.html (2012)
1.2.5.2.- Campos de actuación.
Los campos propios de la Abogacía son la defensa y el asesoramiento o consejo jurídicos.
Otras actividades como la gestión jurídica, la administración de patrimonios, la
representación extrajudicial, el desempeño de secretaría de sociedades son perfectamente
legitimas pro no son propias de la Abogacía.
La defensa y el asesoramiento, la tramitación, gestión, administración, representación,
negociación, contratación, mediación, arbitraje, promoción, consulta, estudio e informe.
Las actividades propias, hay que corresponde en exclusividad al abogado: la defensa. La
otra no, ya que el asesoramiento y el consejo jurídico corresponde también a otros
profesionales.
La importancia de los efectos del campo de aplicación de algunas obligaciones
profesionales, singularmente, la de guardar el secreto profesional.
25
1.2.6.- La ley.
Andrés Bello definió a la ley como una declaración de la voluntad soberana, que manifestada
en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, o permite.
César Quintero jurista panameño, en su libro Derecho Constitucional, la ley es una norma
jurídica dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual
todos deben obediencia.
Para que una ley sea considerada como tal, debe ser expedida por autoridad competente, es
decir, el órgano legislativo, y es considerada como una de las fuentes del derecho.
Toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en
determinado tiempo y lugar. (Osorio, 2006)
Características de la ley.-
Por generalidad la ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones
previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase.
Por obligatoriedad tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte establece
obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Esto significa que siempre
hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece.
Por permanencia se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número
indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su
abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores.
Por abstracta e impersonal las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales,
ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la
generalidad.
Se reputa conocida por que nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar
de cumplirla. (Osorio, 2006)
26
Iniciativa para presentar proyectos de Ley.
Según la Constitución de la República del Ecuador la iniciativa para presentar proyectos de
ley le corresponde:
1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o
de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
2. A la Presidenta o Presidente de la República.
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.
4. A la corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del
Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Publica en las materias que les
corresponda de acuerdo a sus atribuciones.
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y
las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero
punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón
electoral nacional.
6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán
participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados. (C.R.E,
2008).
Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el
articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se
derogarían o se reformarían. Si el proyecto de ley no reúne estos requisitos no se tramitará.
El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de la Asamblea
Nacional dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que se distribuya el proyecto a
los miembros de la asamblea y se difunda públicamente su extracto, y enviará el proyecto a
la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y trámite.
Las ciudadanas y ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que
consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición podrán acudir ante la
comisión y exponer sus argumentos.
27
Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la
República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de
Ley o de no haber objeciones dentro de treinta días posteriores a su recepción por parte de
la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará en el
Registro Oficial.
Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la
Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la
fecha de objeción.
Transcurrido éste plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al
Registro Oficial para su publicación.
Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República presentará un texto
alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción
observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas.
La Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, allanarse a ella y
enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También
podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros.
En ambos casos, la Asamblea enviará la Ley al Registro Oficial para su publicación. Si la
Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a
ésta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la Ley y su
publicación en el Registro Oficial.
Si la objeción fuera también por inconstitucional, se resolverá primero la objeción por
inconstitucional.
Si la objeción de la Presidenta o Presidente de la República se fundamenta en la
inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte
Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días.
28
Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado, y si
esta fuera parcial, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el
proyecto pase a la sanción de la Presidenta o Presidente de la República.
Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo
promulgará y ordenará su publicación.
La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos
de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos,
modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.
El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario.
Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la
República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción.
Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto
calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo
promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial.
La Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite
ordinario previsto en la Constitución.
Clases de Leyes.
La Constitución de la República del Ecuador determina que las leyes son orgánicas y
ordinarias.
Leyes orgánicas.
Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la
Constitución.
Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los
gobiernos autónomos descentralizados.
29
Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.
La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de
las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.
Las demás serán leyes ordinarias que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley
orgánica. (C.R.E, 2008)
1.2.7.- Estructura de la administración de justicia en el Ecuador.
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la
Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.
.(C.R.E, 2008)
Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades
reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y son los
siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las Cortes Provinciales de Justicia.
3. Los Tribunales y Juzgados que establezca la ley.
4. Los Juzgados de Paz.
La Función Judicial tiene como órganos auxiliares al servicio notarial, los martilladores
judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Constitución de la República de Ecuador reconoce además como medios alternativos de
solución de los conflictos el arbitraje, la mediación y otros procedimientos.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina
de la Función Judicial. Como órganos autónomos tenemos la Defensoría Pública, la Fiscalía
General del Estado, el Sistema de Rehabilitación Social.
30
1.2.7.1.- Principios constitucionales de administración de justicia en el Ecuador.
La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se
llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo.
El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la
justicia por la sola omisión de formalidades. (C.R.E, 2008)
Principio dispositivo.
Con la presentación de la demanda corresponde a las partes proporcionar los elementos
para el inicio del juicio, debiendo el juzgador atenerse exclusivamente a la petición de las
partes, sin que le sea permitido hacer actos por su propia iniciativa.
Este principio en materia civil, corresponde que no puede ponerse en movimiento mientras
no se haya formulado por parte interesada la petición, encontrándose prohibido de resolver
sobre cuestiones no planteadas considerar excepciones que no hayan sido propuestas.
Principio de concentración.
Este principio como el de inmediación busca el debate y resolución dentro de un proceso y
una sentencia de todos los puntos materia de pretensión, excepción, reconvención,
incidentes, etc.
La actividad y esfuerzo de los sujetos procesales no se dispersen, como ocurre en el
proceso oral en el que se propicia la integración.
31
Principio de simplificación.
Se suprimen las solemnidades innecesarias puesto que el derecho objetivo está viciado de
solemnidades intrascendentes y “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de
solemnidades”. (C.R.E, 2008)
Principio de inmediación.
Es la comunicación y la relación del juzgador con las cosas y los hechos materia de juicio,
existiendo un contacto entre el acto probatorio y determinados elementos personales y
subjetivos.
Constituye el principio fundamental done el juzgador conoce personalmente a las partes y
pueda apreciar mejor el valor de las pruebas.
Principio de uniformidad.
Es la aplicación de la ley análoga para un caso no arreglado, aplicando para todos los casos
similares, consagrando en un solo trámite todos los casos posibles con ligeras variaciones y
debe ser aplicado en la oralidad.
Principio de celeridad y eficacia.
Estos principios que son plasmados en los sistemas orales donde el juzgador obtiene el rol
de director y actor del proceso, relacionándose directamente con las partes y los sujetos
auxiliares en el proceso a fin de facilitar un mejor conocimiento y la apreciación de los
hechos.
Es la búsqueda del procedimiento que no supere los términos establecidos en la
Constitución, los códigos y las leyes pertinentes.
32
Principio de economía procesal.
Busca agilitar el trabajo a menor costo procesal con ahorro y reducción de esfuerzo, tiempo y
dinero ligándose con el principio de concentración.
En virtud de este principio según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se debe tener en cuenta las siguientes reglas:
Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas, en el menor
número posible de actuaciones y providencias.
Celeridad.- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando
dilaciones innecesarias.
Saneamiento.- Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades
pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establecen.
Principio de legalidad.
Es el que se impone a los sujetos procesales al sometimiento obligatorio y estricto a los ritos
y formalidades escritas en la ley adjetiva. (Velasco Celleri, 1996)
Cuya inobservancia provoca nulidad procesal o es causa para una posible impugnación
incluso por vía de casación, consecuente ente los jueces y magistrados no puede hacer mas
de aquello que le está expresamente permitido, ni exigir condiciones de requisitos formales o
de fondo no establecidos en la Ley.
1.2.8.- El debido proceso.
El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el debido proceso
entre los derechos que el Estado garantiza a toda persona. Adicionalmente la misma carta
magna enuncia las garantías básicas que han de observarse para asegurar el debido
proceso y la seguridad procesal.
33
Hay que delimitar el sentido y alcance de este expreso reconocimiento en el ordenamiento
jurídico nacional garantizando la seguridad jurídica de los procesos legales.
La aplicación de los derechos, para la real eficacia de la norma, ley o sentencia y por tanto
tenga validez jurídica así como para satisfacer los requerimientos, condiciones y exigencias
necesarias para garantizar y viabilizar la efectividad del derecho para lograr y preservar la
igualdad. (Andrade Ubidia, Santiago, 2008).
El conjunto de derechos propios de las personas y como tal un principio que debe ser
respetado por el Derecho Procesal en general, para garantizar a las personas, confiriéndoles
protección e igualdad en todo procedimiento judicial o administrativo.
1.2.9.- La defensa.
Es uno de los mecanismos o técnicas del inconsciente encargadas de minimizar las
consecuencias de los eventos demasiado intensos, para que el individuo pueda continuar
con sus funciones. Dichos mecanismos de defensa, permite el mantenimiento del balance en
material legal.
La defensa es un derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo
a defenderse ante un tribunal de justicia, de los cargos que se imputan con plenas garantías
de igualdad e independencia ante la ley.
Es un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de
las fases de los procedimientos, debiendo los tribunales de justicia evitar desequilibrios en la
posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes
puedan desembocar en una situación de indefensión o nulidad procesal.
1.2.10.- Código Orgánico General de Procesos
La justicia en el Ecuador, de forma innovada presenta el sistema procesal normativo que
simplifica las vías procesales, establece la oralidad en todos los procedimientos judiciales y
alienta los métodos alternativos para la solución de controversias en materia civil
especialmente.
34
Diferentes tipos procesales que existían, el Código Orgánico General de Procesos establece
cuatro vías procesales para todas las materias no penales, todas bajo la metodología de
toma de decisiones en audiencias.
Procesos de conocimiento.
Los procesos de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia sometida por las
partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre derechos y pretensiones contrapuestas
que debe resolver el juzgador declarando a quien pertenece el derecho o la cosa litigiosa.
En los procesos de conocimiento siempre hay disputa, siempre hay dos partes. Son aquellos
en los cuales se produce una declaración de certeza sobre una situación jurídica.
Procedimiento Ordinario.
En el procedimiento ordinario se tramitarán todas aquellas controversias que no tengan un
proceso especial. El Procedimiento Ordinario, también es conocido en la doctrina como
proceso común o simple, porque en él se encuentran todas las ritualidades comunes.
La mayor innovación en este procedimiento es la creación de dos etapas claras y definidas:
la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en las que se ratifica el principio de la oralidad
y se permite intervenir libremente a las partes y sus abogados.
Audiencias que están garantizadas los principios constitucionales del debido proceso,
concentración, contradicción y dispositivo, además de la inmediación, legalidad, jurisdicción,
competencia, intimidad, transparencia, publicidad, celeridad, probidad, independencia,
unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, gratuidad, buena fe y lealtad.
La audiencia preliminar tiene dos fases: una ratificatoria de las pretensiones y eventualmente
una de rectificación de algún error u omisión de las partes en sus actos de proposición. En
esta se puede llegar a la conciliación, que el juez debe proponer a las partes.
35
De igual manera, se sanearán asuntos que puedan entorpecer o impedir solucionar el fondo
del proceso, estableciendo claramente la naturaleza del litigio, y el anuncio de la prueba y su
contenido y finalidad.
En la audiencia de juicio se va a dar el veredicto del tribunal sobre la base de las pruebas
que las partes habían anunciado y que se han practicado en la misma audiencia. Tenemos
los alegatos como herramienta para fortalecer nuestros argumentos jurídicos.
Posteriormente se dicta sentencia en la propia audiencia o en un abreviado lapso ulterior,
pero dentro de una audiencia.
Procedimientos Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo.
Procedimiento Contencioso Tributario.
Son aquellos que se dirimen para garantizar la legalidad de los actos que emanan de la
administración de justicia tributaria, central, de los gobiernos autónomos descentralizados y
los de excepción, de tal manera que el órgano jurisdiccional pueda llegar a establecer la
invalidez de los actos administrativos tributarios.
Estos procesos protegen los intereses de los administrados siempre que sean razonables y
gocen de respaldo jurídico. Es decir, es el control jurídico ejercido por la Función Judicial de
las actuaciones de la administración tributaria garantizando la efectiva tutela de los derechos
de los contribuyentes.
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Son aquellos conflictos jurídicos que se generan entre un particular y la administración del
Estado en cuanto esta actúa realizando actos de poder o de autoridad y no de carácter
patrimonial regido por las normas generales.
Estos procesos tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de
legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos de la Administración Publica
sujetos al derecho administrativo: así como conocer y resolver los diversos aspectos de la
relación jurídico-administrativa, incluso la desviación del poder.
36
El Procedimiento Sumario.
Este es similar al procedimiento ordinario. Su característica fundamental es que los trámites
son más simplificados y abreviados, se desarrollan en una sola audiencia. Su característica
principal es que expresa la especialidad de la materia, es decir que no es para todas.
Para las especialidades expresamente previstas en el Código para procedimientos concretos
y que requieren tratamiento ágil y urgente, que se logra precisamente con la simplificación
del procedimiento.
El procedimiento sumario se desarrolla en audiencia única, con dos fases, la primera de
saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda de prueba y
alegatos.
Esta audiencia se realzará en el término máximo de treinta días a partir de la contestación de
la demanda. En materia de niñez y adolescencia la audiencia única se realizará mínimo en
diez días y máximo de veinte días contados a partir de la citación.
En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el
término máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citación.
En materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única
se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas.
En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y
adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender la audiencia para
emitir la decisión oral.
Los procedimientos voluntarios.
Son aquellos cuyo objeto está constituido por una solicitud procesal no contenciosa en cuya
virtud se reclama, ante un órgano judicial y en interés del propio solicitante, la emisión de un
procedimiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación
jurídica privada.
37
En estos procesos voluntarios no hay pretensión porque no se persigue una decisión entre
dos partes, sino solamente con relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la
actividad judicial en casos concretos.
En el proceso voluntario, el concepto de parte es sustituido por el de solicitante y el de la
demanda por el de solicitud.
Los Procedimientos Ejecutivos.
Procedimiento Ejecutivo
Es la actividad procesal jurídicamente regulada, mediante la cual el acreedor, fundándose en
la existencia de un título ejecutivo que hace plena prueba contra el deudor, demanda la
tutela del órgano jurisdiccional a fin de que este, coactivamente, obligue al deudor al
cumplimiento de una obligación insatisfecha.
En los procesos ejecutivos no se busca la declaración del derecho, pues dicho derecho ya
está contenido en un título valor o en cualquier documento que preste merito ejecutivo. No
existe para este tipo de procedimiento el recurso de casación.
El Procedimiento Monitorio.
Este procedimiento innovador y novedoso viene a solucionar graves injusticias que se
cometen en contra de los acreedores que no pueden cobrar sus créditos por falta de un título
ejecutivo, lo que hace que las deudas no sean honradas por los deudores.
Provocando un alto grado de morosidad, creando inseguridad en el sistema económico y
atentando contra la confianza y la buena fe crediticias.
Es un procedimiento creado con el objetivo primordial de demandar el cobro de manera
rápida y sencilla deudas determinadas de dinero, es especial, dado que se invierte el
contradictorio, es decir, que sin haber escuchado aun al demandado, el juez le ordena el
pago desde la resolución inicial, dándole para tal efecto un plazo de quince días.
38
El avance dogmático se refleja en que se procederá a la ejecución directamente si el deudor
no comparece dentro del término concedido o si lo hace sin manifestar oposición, y además
tendrá el efecto de cosa juzgada.
Se procederá al embargo o secuestro de los bienes del deudor que el acreedor ha señalado.
No existe para este tipo de procedimiento el recurso de casación.
Ahora con el COGEP, su papel es otro. Es un protagonista con una intervención dinámica,
diligente desde el inicio del proceso, con facultades específicas, ya que examinará que la
demanda cumpla con los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al
caso.
Si los cumple, calificará, tramitará, y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la
demanda no cumple con los requisitos previstos, el juzgador dispondrá que el actor la
complete o aclare, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos
adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.
Podrá denegar incidentes y otros asuntos que pudieran entorpecer innecesariamente el
estudio y desarrollo normal de las audiencias. (JARRIN, José, 2015).
1.3. Valoración crítica de los conceptos principales de las distintas posiciones teóricas
sobre el objeto de investigación.
La cadena de cambios y acontecimientos en el sistema de justicia suscitados desde hace
dos décadas, la reacción ciudadana a una justicia inútil, burocrática al extremo, lejana a la
gente y a sus problemas, ha empujado a los involucrados cercanos al cercano justicia a
empeñarse por hacer verdaderos cambios que no sean nuevos engaños, y simples
ofrecimientos demagógicos.
El sistema de justicia, irrumpió la ineficiencia y la clandestinidad de los hábitos y
procedimientos judiciales, a través, de una fuerte exigencia de aplicación de los mandatos
constitucionales, de principios que guardan relación con el debido proceso, la inmediación,
concentración, contradicción, etc.
39
La oralidad en la gestión de las causas, la realización de audiencias para resolver los
conflictos que conocen las judicaturas, tribunales y cortes.
No ha sido suficiente la creación de nuevas leyes, normas para hacer cambiar las viejas
prácticas de quienes trabajan en el sistema de justicia. Mucha capacitación a los funcionarios
judiciales, una gran inversión en la infraestructura, incluso remoción de un buen número de
funcionarios, ha sido suficiente para llegar hasta hoy con este nuevo procedimiento y nuevas
estrategias.
Las prácticas obsoletas de los actores judiciales que distan de un procedimiento oral, con
desconocimiento en el uso de las herramientas de la oralidad, que al ser utilizadas por
actores comunes sin el conocimiento de leyes y sus aplicaciones, vendrían a distorsionar el
sistema procesal.
La propuesta del Código General de Procesos, como un cuerpo de normas incluyente, que
codifica y reúne sistemáticamente en un solo cuerpo varias normativas y procedimientos,
antes dispersos, en materias no penales, procedimiento civil, laboral, contencioso
administrativo, de familia, mujer, niñez y adolescencia, de inquilinato.
La Asamblea Nacional en bien del ordenamiento jurídico y sin ser irreverente con diversas
normas del anterior código como es el de procedimiento civil, las reconoce y moderniza para
adaptarlas a la Constitución y garantizar la vigencia de los derechos, tiene como reto
terminar con los rituales en los procedimientos judiciales, dejar de lado los pasos
innecesarios.
En tema derechos no podemos dejar de nombrar al debido proceso, consagrado
constitucionalmente, que no puede aislarse de la modernidad de la actual ley, ya que a
pasos agigantados ha tenido desarrollo en el ámbito judicial, sería preponderante y
primordial la actuación de los profesionales del derecho en los cambios.
El juzgador tendrá la dirección del proceso, de las audiencias, controlará las actividades de
las partes procesales sin dañar su imparcialidad y la aplicación del principio dispositivo,
evitará dilaciones innecesarias en honor a la celeridad procesal.
40
El juzgador podrá interrumpir para encausar los debates y realizar acciones correctivas para
garantizar la aplicación del principio dispositivo, que promueve la actuación de las partes en
la entrega de información sobre el caso y el impulso del proceso.
La dirección de los procesos conducidos o dirigidos por el juzgador, amerita un análisis ya
que el usuario no sabrá cuando tiene el uso de la palabra, contraviniendo lo estipulado en el
principio de contradicción.
Se reduce de ochenta procedimientos a cuatro, permitirá disminuir los tiempos de gestión de
las causas judiciales no penales: civiles, inquilinato, laborales, etc., cuando una persona
presente una demanda, deberá presentar al libelo las pruebas que justifiquen el inicio del
proceso judicial.
En el sistema procesal se corre el riesgo de perder la oportunidad de presentar las pruebas
en el momento procesal oportuno; y lo que busca la ley es abreviar el tiempo probatorio, que
actualmente es lo que ocupa la mayor parte de tiempo procesal ordinario y extraordinario.
El uso del sistema oral para la gestión de las causas, esto, por lo dispuesto en el art. 168 de
la Constitución, que establece “la administración de justicia en el cumplimiento de sus
deberes y en ejercicio de sus atribuciones aplicará los siguientes principios (...) 6. La
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se
llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo”
La investigación tiene el fundamento lógico, que al tramitar un ciudadano común, no conoce
la práctica del sistema oral, peor aún contradictorio y dispositivo.
La realización de las audiencias en todos los tipos de procesos ordinario, sumario, monitorio,
ejecutivo, especiales, contencioso administrativo, contencioso tributario; que se aplica la
oralidad, implica el abandono de los voluminosos expedientes que concentran toda la
información acumulada durante largos años y que finalmente serían la fuente de información
para la decisión de los tribunales.
La actividad procesal en audiencias se evacua todas las diligencias prácticamente en una
sola audiencia a excepción de trámites ordinarios, es en donde se demuestra la capacidad
41
del profesional del derecho y al contrario sin patrocinio la audiencia perdería el nivel de
debate entre los litigantes.
Las normas que se refieren a las audiencias, la forma de intervenir en ellas, de manera
verbal, la prohibición expresa de actuar por escrito, permite a los profesionales
especializarse en los trámites a seguir y que con preparación y experiencia llevarán en alto
dichas diligencias tanto preparatorias como de juzgamiento.
“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la
justicia por la sola omisión de formalidades.” (C.R.E, 2008).
Las garantías y principios deben ser bien aprovechadas por que el uso inadecuado de los
recursos del Estado perjudicará no solo en la economía sino en la demora del tratamiento de
las causas por atender o por ser procesadas.
1.4.-Análisis crítico sobre el objeto de investigación.
Varios juristas y escritores del derecho, en cuanto a la inasistencia legal en los procesos
jurídicos, nos indican que acarrean dificultades tanto en el proceso mismo como al momento
de dictar una sentencia por parte del juzgador.
El inicio del análisis crítico debemos enfocar en lo nefasto que puede resultar que el
ciudadano común no cuente con el patrocinio o la asistencia legal requerida, y la fatalidad o
la maldad que puede originarse por la falta de pruebas a falta del defensor. (Carnelutti,
2011).
El derecho ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armonice, esa armonía
interna puede producirse por la existencia de la voluntad política y jurídica que en ellas
subyace (Andrade, 2008).
Sin la presencia de un profesional calificado para crear, modificar e interpretar las leyes que
rigen la sociedad civil no se puede imaginar una disciplina en el conjunto armónico de la
sociedad.
42
El ordenamiento que regula el proceso, es la sucesión de actos regulados jurídicamente y
desarrollados ante los órganos de la administración de justicia que se inician con el ejercicio
de la acción y conduce a la sentencia.
La presencia es primordial del profesional del derecho, tanto en las actuaciones, diligencias
hasta la misma sentencia, claramente el derecho procesal nos manifiesta en todo su
contenido la asistencia jurídica obligatoria para todo el proceso litigante.
El jurista panameño Cesar Quintero, en su libro Derecho constitucional, que es una norma
jurídica dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual
todos deben obediencia.
La ley es obligatoria y se le debe obediencia, quien como los profesionales en derecho para
poder estudiar y saber utilizar para la defensa de los usuarios y no permitir la vulneración de
derechos y garantías constitucionales consagrados en la carta magna.
La presente investigación sostiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y
se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones
establecidos en la Constitución. (C.R.E, 2008)
Los trámites jurídicos deben ser administrados por la Función Judicial y el conocimiento para
las diferentes diligencias tiene sus propios procedimientos que en el estudio del derecho
vienen establecidos y prescritos en forma de ley.
La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se
llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo.
El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la
justicia por la sola omisión de formalidades. (C.R.E, 2008)
43
El sistema oral inserta nuevos procedimientos constitucionales en el Ecuador lo que ratifica
el contenido de la presente investigación, en la facultad imperativa del patrocinador en las
causas donde se debe actuar de forma simplificada con eficacia lo que cualquier ciudadano
común no está preparado para administrar los procedimientos.
El principio de legalidad es el que nos impone a los sujetos procesales al sometimiento
obligatorio y estricto a los ritos y formalidades escritas en la ley adjetiva. (Velasco Celleri,
1996).
Las formalidades en las actuaciones jurídicas deben tener el apego obligatorio a las leyes,
trabajo que lo debe ser preparado estudiado y practicado por los abogados profesionales en
la rama del derecho y sus diferentes características.
Las formalidades que para un ciudadano común no son importantes, al momento de dictar
una sentencia pueden convertiste en la causa de la perdida de sus pretensiones y
menoscabar los diferentes procedimientos instaurados para el efecto deseado.
Puede llegar a vulnerarse derechos constitucionales, inclusive quebrantar derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria como niños o grupos de atención prioritaria.
El Abogado es quien garantiza que en los procedimientos judiciales se asegure la
inviolabilidad de la defensa, por que recae en su responsabilidad esta garantía, utilizando los
diferentes mecanismos de defensa y principios como la impugnación, contradicción, etc.
En todo proceso judicial necesariamente intervendrá un abogado en patrocinio de las partes
excepto en los procesos constitucionales y en los que se sustancien ante las juezas y jueces
de paz, sin perjuicio del derecho a la autodefensa contemplado en el Código de
Procedimiento Penal. Quienes se hallen en incapacidad económica para contratar los
servicios de un abogado tendrán derecho a ser patrocinado por los defensores públicos.
(COFJ, 2009).
El Código Orgánico de la Función Judicial, es claro y obliga al sistema judicial, excepto en
trámites constitucionales, a intervenir a los abogados en el patrocinio de las causas,
derivando por situaciones económicas a la Defensoría Pública.
44
La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el
pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o
condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal
para la protección de sus derechos.
La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico y oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las
materias e instancias. (C.R.E, 2008)
Los procesos e intervención de los abogados son imprescindible y a falta de un defensor
particular el Estado garantiza la asistencia legal oportuna y gratuita para todos los
ciudadanos de diferente condición social, cultural o razones económicas.
Queda establecido constitucionalmente que la defensa de todos los ecuatorianos está
asegurada y garantizada con la presencia de los profesionales del derecho, sean éstos
particulares o del Estado.
No obstante de ello las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las
universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas
de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria. (C.R.E, 2008)
Se ha normado para que el sistema judicial pueda ser atendido a personas de bajos recursos
económicos, con la asesoría y asistencia de profesionales y estudiantes de la carrera de
derecho de las diferentes universidades del país por medio de sus consultorios gratuitos.
La Constitución del Ecuador, en lo referente al debido proceso, las garantías y derechos que
todas las personas nos manifiesta que en procedimientos judiciales, ser asistido por una o un
abogado de su elección o por defensora o defensor público. (C.R.E, 2008)
La asistencia y patrocinio de los abogados en la defensa de sus derechos y respeto a sus
garantías establecidas en la norma suprema como es la Constitución de la República del
Ecuador.
45
1.5. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO.
La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial
establece la necesidad y obligatoriedad de la asistencia técnica legal en el patrocinio de las
causas y en la defensa técnica de los litigantes.
La inexistencia de un profesional del Derecho en lo referente a juicios de procedimiento
monitorio vulnera derechos y garantías establecidos para proteger al ciudadano común.
El sistema oral debe ser correctamente implementado por profesionales del derecho en la
defensa de los intereses del accionante.
El debido proceso es el aseguramiento de la inviolabilidad de la defensa, siendo ésta
atribuida a los abogados profesionales de la rama del derecho y jurisprudencia.
El Estado garantiza la protección y tutela judicial en caso de que las personas no puedan
tener acceso a la defensa particular por razones de índole económica acudiendo a diferentes
instancias para cumplir con lo establecido.
El Código Orgánico General de Procesos en lo referente a cobros por el sistema monitorio
no se requiere de patrocinio legal, en el contenido del procedimiento, contraviene con la
norma suprema y leyes anexas.
46
CAPÍTULO II. Marco metodológico y planteamiento de la propuesta.
2.1. Caracterización del sector, rama, empresa, contexto institucional o problema
seleccionado para la investigación.
El patrocinio de los abogados en los juicios de procedimiento monitorio es un tema que debe
ser tratado jurídicamente, por cuanto, el abogado es el eje principal en el proceso, es por ello
que se pretende realizar una reforma al Art. 357 párrafo segundo del Código Orgánico
General de Procesos, donde se estipula que si la cantidad demandada no excede de los tres
salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el patrocinio de un
abogado.
En ésta realidad jurídica obliga en la actualidad a proteger a las personas, respetar y hacer
respetar el debido proceso, los derechos y garantías constitucionales establecidas para la
seguridad jurídica.
2.2. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la
investigación.
Paradigma de la investigación.
El investigador esta propenso, al buscar, investigar, indagar, interrogar, encuestar, se llega a
entender dentro de que parámetros ubicamos el estudio, y la mayor gratificación es ver el
trabajo investigativo plasmado e interpretado correctamente como factor esencial en la
investigación.
El procedimiento de investigación recoge de los profesionales del derecho, utilizando la
modalidad de entrevista, obteniendo la información requerida. El paradigma cualitativo es
más ligado a las perspectivas estructural y dialécticas, centra su atención en comprender los
significados que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales de los entrevistados.
47
Enfoque de la investigación.
La investigación es de tipo cualitativa debido a que se enmarca en el ámbito naturalista,
humanista, participativa e interpretativa; y es cuantitativa porque es normativa, explicativa y
realista.
2.3. Propuesta del investigador: modelo, sistema, metodología, procedimiento, entre
otros, que realice el investigador.
Métodos.
Método Deductivo.
El pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de herramientas e
instrumentos que permitan conseguir los objetivos planteados para llegar al punto o
esclarecimiento requerido.
Método Inductivo.
Es el método científico en el que se obtiene conclusiones generales a partir de premisas
particulares. Es el más usual, en el pueden distinguirse cuatro pasos principales: la
observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de los hechos: la
derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la
contrastación.
Método Analítico.
Este método implica el análisis, esto es la dispersión de un tono en sus partes o en sus
elementos formadores. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario
descomponerlo en sus partes.
48
Método Sintético.
Es un proceso de razonamiento que tiende a componer un todo, a partir de los elementos
separados por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y
breve, en resumen. La síntesis es la táctica mental que tiene como meta la comprensión
completa de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.
Técnicas.
La técnica utilizada para el presente trabajo investigativo es la encuesta, la misma que está
dirigida a los profesionales en derecho y permitirá la recolección de información, por lo cual
los informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito.
Instrumentos.
Se utilizará el cuestionario que sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la
realidad estudiada.
Universo.
El universo está conformado por 268 personas, los mismos que son profesionales del
derecho.
Muestra.
Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente formula:
49
1)1(2
Ne
Nn
DONDE (Explicación).
n = MUESTRA
N = POBLACIÓN O UNIVERSO
e = MARGEN MÁXIMO DE ERROR 5%
N-1= FACTOR DE CORRECCIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
n= 312
(0.05)2 (312-1)+1
n= 312
0.0025 (312-1)+1
n= 312
0.0025 (311)+1
n= 312
0.77+1
n= 312
0.77+1
n= 312
1.77
n= 176
50
2.4 Procesamiento de la información.
La información recolectada, fue tabulada, graficada, analizada e interpretada según las
normas estadísticas
Tabulación del resultado de las encuestas aplicadas a los abogados del foro provincial
de Pastaza.
Tabla 1. Tabulación de resultado de las encuestas.
Nro. Preguntas Variables Frecuente %
1 LA SOCIEDAD EN GENERAL, SE
ENCUENTRA LEGALMENTE
PREPARADA EN TEMAS
CONCERNIENTES AL PROCEDIMIENTO
MONITORIO
MUY
PREPARADA
0
0%
PREPARADA 18
10%
POCO
PREPARADA
40 23%
NADA
PREPARADA
176 67%
2 ¿HA CONOCIDO CASOS DONDE UN
TRÁMITE DE PROCEDIMENTO
MONITORIO LO HAYA REALIZADO UN
USUARIO SIN EL PATROCINIO DE UN
ABOGADO?
MUCHOS 0 0%
POCOS 40 23%
NADA 136 77%
3 ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO
QUE UN ABOGADO ASISTA
JURIDICAMENTE A LOS USUARIOS EN
LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTO
MONITORIO?
MUY
NECESARIO
146 83%
NECESARIO 25
14%
POCO
NECESARIO
5 3%
NADA
NECESARIO
0 0%
4 CONSIDERA NECESARIO QUE LA MUY 148 84%
51
FUNDAMENTACION TECNICO-JURIDICO
DE UNA AUDIENCIA DEBE SER
PLANTEADA POR UN PROFESIONAL
DEL DERECHO
NECESARIO
NECESARIO 23 13%
POCO
NECESARIO
5 3%
NADA
NECESARIO
0 0%
5 EL ART.357 PÁRRAFO SEGUNDO DEL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS ESTABLECE QUE SI LA
CANTIDAD DEMANDADA NO EXCEDE
DE LOS TRES SALARIOS BÁSICOS
UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN
GENERAL NO SE REQUERIRÁ EL
PATROCINIO DE UN ABOGADO.
¿CONSIDERA NECESARIO UNA
REFORMA AL ARTICULO MENCIONADO
PARA ESTABLECER QUE EXISTA LA
OBLIGATORIEDAD DEL PATROCINIO
LEGAL?
MUY
NECESARIO
140 80%
NECESARIO 31 18%
POCO
NECESARIO
5 2%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
52
Figuras, análisis e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a
los abogados del foro provincial de Pastaza.
Tabla 2. Preparada en temas de monitorio
Pregunta No. 1 Variables Frecuente %
LA SOCIEDAD EN GENARAL, SE ENCUENTRA
LEGALMENTE PREPARADA EN TEMAS
CONCERNIENTES AL PROCEDIMIENTO MONITORIO
M PREPARA 0 0%
PREPARADA 18 10%
P PREPAR. 40 23%
N. PREPAR. 118 67%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Figura 1. Preparada en temas de monitorio
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Análisis e interpretación de datos
Análisis.
El 67 % de los abogados encuestados nos informan que la población no está preparada
legalmente en procedimiento monitorio, en un 23% que está poco preparada y el 10% de los
encuestados confirman que está preparada, pero el 0% no se encuentra preparada para los
juicios.
0% 10% 23%
67%
La sociedad esta preparada legalmente en temas del proc. monitorio
MUY PREPARADA
PREPARADA
POCO PREPARADA
NADA PREPARADA
53
Interpretación.-
Un alto porcentaje de los abogados encuestados consideran que la sociedad no está
preparada legalmente en temas que conciernen al procedimiento monitorio.
Tabla 3. Sin patrocinio
Pregunta No. 2 Variables Frecuente %
¿HA CONOCIDO CASOS DONDE UN TRÁMITE DE
PROCEDIMENTO MONITORIO LO HAYA REALIZADO UN
USUARIO SIN EL PATROCINIO DE UN ABOGADO?
MUCHOS 0 0%
POCOS 40 23%
NADA. 136 77%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Figura 2. Sin patrocinio
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Análisis e interpretación de datos
Análisis.
El 23 % de los abogados encuestados nos informan que conocen muy poco de juicios sin
patrocinio y que el 77% no han conocido causas sin el patrocinio.
0% 23%
77%
Procedimiento monitorio sin patrocinio
MUCHOS
POCOS
NADA
54
Interpretación.
Un alto porcentaje de los abogados encuestados consideran que la población de Pastaza no
ha tramitado causas de procedimiento monitorio sin el patrocinio de un profesional en
derecho.
Tabla 4. El abogado asista en los formularios
Pregunta No. 3 Variables Frecuente %
¿CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE UN
ABOGADO ASISTA JURIDICAMENTE A LOS
ASUARIOS EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTO
MONITORIO
MUY NECE 146 83%
NECESARIO 25 14%
POCO NEC 5 3%
NADA NECE 0 0%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Figura 3. El abogado asista en los formularios
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Análisis e interpretación de datos
Análisis.
El 83 % de los abogados sostienen que es muy necesario que un abogado asista en la
tramitación de formularios del procedimiento monitorio, en un 14% que es necesario y un 3%
cree que es poco necesario.
83%
14% 3%
0%
El abogado asista en los formularios
MUY NECESARIO
NECESARIO
POCO NECESARIO
NADA NECESARIO
55
Interpretación.
Los profesionales encuestados consideran es necesario asistir a los usuarios en el trámite de
formularios de procedimiento monitorio.
Tabla 5. Abogado asista en la audiencia
Pregunta No. 4 Variables Frecuente %
CONSIDERA NECESARIO QUE LA
FUNDAMENTACION TECNICO-JURIDICO DE
UNA AUDIENCIA DEBE SER PLANTEADA
POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO
MUY NECE 148 84%
NECESARIO 23 13%
POCO NEC 5 3%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Figura 4. Abogado asista en la audiencia
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Análisis e interpretación de datos
Análisis.
El 84 % de los encuestados sostienen que es muy necesario que un abogado sostenga la
argumentación técnico jurídico en la audiencia de juicios de procedimiento monitorio, un 13%
cree que es necesario y un 3% cree que es poco necesario.
84%
13% 3%
0%
El abogado asista en la audiencia
MUY NECESARIO
NECESARIO
POCO NECESARIO
NADA NECESARIO
56
Interpretación.
Los profesionales del derecho opinan que un abogado debe fundamentar de manera técnico
jurídico en la audiencia de los juicios de procedimiento monitorio.
Tabla 6. Reforma al COGEP
Pregunta No. 5 Variables Frecuente %
EL ART.357 PÁRRAFO SEGUNDO DEL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS ESTABLECE QUE SI LA
CANTIDAD DEMANDADA NO EXCEDE DE
LOS TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS
DEL TRABAJADOR EN GENERAL NO SE
REQUERIRÁ EL PATROCINIO DE UN
ABOGADO. ¿CONSIDERA NECESARIO UNA
REFORMA AL ARTICULO MENCIONADO
PARA ESTABLECER QUE EXISTA LA
OBLIGATORIEDAD DEL PATROCINIO
LEGAL?
MUY NECE 153 87%
NECESARIO 18 10%
POCO NEC 5 3%
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
57
Figura 5. Reforma al COGEP
Fuente: Abogados del foro provincial de Pastaza.
Elaborado por: Celeste Illicachi
Análisis e interpretación de datos
Análisis.
El 87% de abogados encuestados consideran que es muy necesario la reforma un 10% cree
que es necesario y un 3% manifiesta que es poco necesario.
Interpretación.
Para los encuestados, es muy necesario que se elabore una reforma que permita patrocinar
de forma obligatoria a los usuarios en juicios monitorios.
87%
10% 3%
0%
Es necesario la reforma al COGEP
MUY NECESARIO
NECESARIO
POCO NECESARIO
58
2.4. Conclusiones parciales del capítulo.
Se puede concluir que al interior del foro provincial de Pastaza se considera que las
personas no están preparadas legalmente para presentar causas concernientes al
procedimiento monitorio.
Los profesionales del derecho consideran que la presencia de un abogado es muy
necesario tanto en el proceso como en las audiencias.
La sociedad no conoce sobre los procedimientos monitorios y es necesario la
participación en conocimientos jurídicos para ser aplicada.
Además se concluye que es necesario la fundamentación teórico jurídico para la
realización de las audiencias.
Los profesionales del derecho en Pastaza consideran muy importante que la presente
investigación puede servir de base para que se considere el establecimiento de una
reforma al Código Orgánico General de Procesos en la parte pertinente del
procedimiento monitorio.
59
CAPITULO III. Propuesta
3.1. Título.
Ley reformatoria al artículo 357 párrafo segundo del Código Orgánico General de Procesos
que permita de forma obligatoria al abogado patrocinar los juicios de procedimiento
monitorio.
3.2. Objetivos
General.
Desarrollar la Ley reformatoria al artículo 357 párrafo segundo del Código Orgánico
General de Procesos que permita de forma obligatoria al abogado patrocinar los
juicios de procedimiento monitorio
Específicos
Determinar los aspectos legales que sustentan la reforma al artículo 357 párrafo
segundo del Código Orgánico General de Procesos.
Reformar el artículo 357 párrafo segundo del Código Orgánico General de Procesos.
Pragmatizar la propuesta en la sociedad.
Cumplir con el mandato constitucional al debido proceso.
3.3. Justificación
En la presente propuesta se garantiza la participación del profesional del derecho en los
juicios de procedimiento monitorio, como lo contempla la Constitución y la ley de la Función
Judicial, sujetadas al debido proceso y al goce de las garantías y derechos de los
ciudadanos.
Bajo este contexto, con la reforma al artículo indicado se evitará la contraposición con las
garantías al debido proceso.
60
3.4. Beneficiarios
Como beneficiarios directos:
Los usuarios en trámites de cobros.
Los jueces y funcionarios judiciales.
Los defensores públicos y privados.
Como beneficiarios indirectos se encuentran toda la sociedad ecuatoriana mediante las
normativas emanadas por las leyes de nuestro país.
3.5. Marco legal
La presente propuesta se sustenta en un marco legal como la Constitución de la República el
Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de
Procesos.
3.6. Propuesta
3.6.1. Exposición de motivos
Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plasma que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley.
En este proyecto se pretende establecer disposiciones comunes contenidas en principios
reconocidos en los instrumentos internacionales en particular en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
61
Establecer las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la República
del Ecuador, y la inviolabilidad de los Derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria.
Asegurar la participación efectiva del derecho a la defensa como instrumento de garantía
Constitucional, frente a la problemática de nuestra sociedad por el desconocimiento de la
leyes.
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina: En todo proceso
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el
derecho al debido proceso.
Que, el Art. 76 numeral 7 literal g de la Constitución de la República del Ecuador determina:
El derecho de las personas a la defensa incluye la garantía de que en todo
procedimiento judicial, ser asistid por una abogada o abogado de su elección por
defensora defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y
privada con su defensora o defensor.
Que, el Art. 327 del Código Orgánico de la Función Judicial tipifica: En todo proceso judicial
necesariamente intervendrá un abogado en patrocinio de las partes excepto en los
procesos constitucionales y en los que se sustancien ante las juezas y jueces de paz.
Que, el Art. 286 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial tipifica: La
Defensoría Publica le corresponde la prestación gratuita y oportuna de servicios de
orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en
este código, a las personas que puedan contar con ellos en razón de su situación
económica social.
Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el derecho a
la seguridad jurídica, siendo su esencia la existencia y respeto a toda la normativa
jurídica del país, cuya aplicación propicie la garantía de los derechos de los
ciudadanos y la eliminación de factores que atenten al bienestar de los ciudadanos.
62
Que, el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador determina: La Asamblea
Nacional tendrá como atribuciones y deberes las de expedir, codificar, reformar y
derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.
Que, en cumplimiento del Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador la
Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de adecuar la normativa legal de nuestro
país, en función de los derechos fijados a nivel nacional e internacional.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente:
ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS A FIN DE ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DEL PATROCINIO DE LOS
ABOGADOS EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTO MONITORIO.
REFÓRMESE EL ART 357 COGEP, el mismo que dira: Art. 357, Demanda.- El
procedimiento Monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además
de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda ; o con la
presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En Cualquiera de
los dos casos, se acompañara el documento que pruebe la deuda.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sede de la Asamblea
Nacional de la República del Ecuador, a los 11 días del mes de diciembre del año 2017.
3.7. Impacto.
El desarrollo de la propuesta de la Ley Reformatoria al art. 357 párrafo segundo del Código
Orgánico General de Procesos, generará un impacto social, legal, económico y socio-
cultural, pues son aspectos que permiten coadyuvar al sistema judicial, a las facilidades de
63
los usuarios y al mejoramiento del procedimiento implantado de forma innovadora en el
Ecuador.
El impacto se desarrollará a través de la inserción de la presente Ley Reformatoria,
permitiendo cumplir los derechos establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de la
Función Judicial.
El impacto de la Ley Reformatoria deberá fortalecer el sistema de garantías y derechos
constitucionales, y la consolidación de un marco jurídico corresponsable entre el Estado, los
organismos jurisdiccionales y los profesionales del derecho.
64
3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
1. En el derecho se encuentra el abogado que es la persona llamada a defender los
intereses individuales de las personas, las garantías constitucionales que tenemos
todos los individuos, asesorar en cuestiones legales o representarlas ante la justicia,
pasado por varias etapas y se ha conseguido varios cambios sustanciales, logrando
con ello que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados por
la misma sociedad, como sector prioritario.
2. Las leyes ecuatorianas desde la norma suprema son garantistas, lo que ha permitido
establecer desde sus inicios la protección de derechos que muchas veces fueron
vulnerados.
RECOMENDACIONES.
1. Los procedimientos del nuevo Código Orgánico General de Procesos están
normados para entregar a la justicia ecuatoriana más celeridad y agilidad en los
procesos, incluyendo uno de los principios más importantes como es el de
inmediación y para ello es necesario que las directrices y asesoría a los usuarios
vengan de los profesionales del derecho.
2. Los encargados de administrar justicia en el Ecuador deben incentivar a los
ciudadanos hacer uso del conocimiento y capacidad de los abogados en libre
ejercicio.
3. Los gremios de Abogados en el Ecuador deben estar atentos a la creación de nuevas
leyes, y no permitir se vulneren derechos establecidos constitucionalmente.
65
BIBLIOGRAFÍA
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Graficas.
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