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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA TEMA: PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS GARANTIZANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA DE LOS INDIVIDUOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. AUTOR: SEGUNDO ERMEL SHESHA CONCHA ASESOR: Dr. DIEGO ARGUELLO PARRA. RIOBAMBA – ECUADOR 2015
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE ABOGADO DE
LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS
GARANTIZANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA DE LOS
INDIVIDUOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
AUTOR:
SEGUNDO ERMEL SHESHA CONCHA
ASESOR:
Dr. DIEGO ARGUELLO PARRA.
RIOBAMBA – ECUADOR
2015
APROBACIÓN TUTOR
En calidad de Asesor de Tesis bajo el Título “PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL
PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS GARANTIZANDO EL DERECHO
CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA DE LOS INDIVIDUOS EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA”, de SEGUNDO ERMEL SHESHA CONCHA, postulante de la Carrera de
ABOGACÍA, considero que el presente trabajo de investigación cumple con los
requerimientos metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a
evaluación del Tribunal.
Riobamba, Abril, 2015
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
Los criterios emitidos en el presente Trabajo de Investigación “PROYECTO DE LEY QUE
REGULE EL PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS GARANTIZANDO EL
DERECHO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA DE LOS INDIVIDUOS EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA”, son de exclusiva responsabilidad del autor.
AGRADECIMIENTO
Al culminar mi carrera profesional, quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a
todos quienes de una u otra manera coadyuvaron para alcanzar con éxito las metas propuestas.
Quiero agradecer de manera particular a la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en
las personas de sus directivos, profesores y personal que labora en tan prestigiosa institución
quienes mantienen viva la misión y visión para la que fue creada, al permitir que tantas
personas accedan a una educación de calidad.
El Autor
DEDICATORIA
A mis padres, a mis hermanos, quienes han sido mi ejemplo de vida y superación. Quienes me
han apoyado siempre para el logro de mis objetivos.
Segundo Shesha
ÍNDICE
APROBACIÓN TUTOR
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
RESUMEN EJECUTIVO
EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………..1
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………….1
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA…………………………………………………………...…2
PROBLEMA CIENTÍFICO……………………………………………………………………3
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN………………………………….3
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………………......4
OBJETIVOS………………………………………………………………………………...…4
OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………......4
OBJETIVO ESPECÍFICO…………………………………………………………………......4
HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER…………………………………………………………4
JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………...…5
MÉTODOS Y TÉCNICAS…………………………………………………………………….5
MÉTODOS…………………………………………………………………………………….5
TÉCNICAS…………………………………………………………………………………….6
RESUMEN ESTRUCTURAL DE LA TESIS…………………………………………………7
ELEMENTOS DE NOVEDAD APORTE TEÓRICO Y SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA……8
CAPITULO I……………………………………………………………………………...……9
1 MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………….9
1.1 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA………….……9
1.1.1 QUE ES EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA…………………………………………………………………………9
1.1.2 VERIFICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LA INOCENCIA……………………10
1.2 EL PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS…………………………………………16
1.2.1 LA TUTELA EFECTIVA……………………………………………………………18
1.2.2 UNIDAD JURISDICCIONAL………………………………………………………21
1.3 PRINCIPIO DE INDEFENSIÓN……………………………………………………...…22
1.4 EL DERECHO A LA DEFENSA…………………………………………………..……24
1.4.1 EL PRINCIPIO PRO HOMINE…………………………………………………..…25
1.4.2 LA RESPONSABILIDAD DE OBJETIVA DEL ESTADO……………………..…26
CAPÍTULO II……………………………………………………………………………..…27
2 MARCO METODOLÓGICO……………………………………………………………27
2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………..…27
2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS………………………………………………………………27
2.2.1 MÉTODOS………………………………………………………………………...…27
2.3 POBLACIÓN U MUESTRA………………………………………………………….…28
2.3.1 OPERADORES DE JUSTICIA………………………………………………………30
2.3.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA…………………………………………38
2.3.3 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO…………………………………38
CAPITULO III……………………………………………………………………………..…39
3 MARCO
PROPOSITIVO…………………………………………………………………...............39
3.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA………………………………………………..…39
3.1.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS…………………………………………………….…39
CONCLUSIONES………………………… …………………………………………….......41
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………..…42
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..........43
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA………………………………………………………..…44
RESUMEN EJECUTIVO
Me he involucrado profundamente en la presente investigación, toda vez que en mi vida he
considerado la importancia del principio constitucional de la presunción de inocencia, pues
éste principio no está bien comprendido los administradores de justicia, abogados y
ciudadanía en general, porque no existe en nuestro país una cultura constitucional de respeto a
la dignidad de las personas y a los derechos humanos, lo cual significa que no estamos
todavía preparados para vivir en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y, como
consecuencia de ello se atropella el derecho a la libertad, al poner en riesgo su dignidad sin
que exista una sentencia en firme ya son perseguidos como delincuentes por meses y a veces
por años, para luego obtener una sentencia que confirma la presunción de inocencia.
El programa de los más buscado se genera en el Ministerio del Interior como un programa
para disminuir la delincuencia que impera en el país pero sin ningún respaldo legal alguno
sino que con una sola disposición de la Presidencia de la república, disposición que no
cumple con los requisitos constitucionales y legales, por falta de cultura jurídica
constitucional, tanto más que al dictarla se violenta varios otros derechos constitucionales
como el de la presunción de inocencia, la libertad, la privacidad, la dignidad, el derecho de
defensa, etc.
Se fundamenta el estudio sobre el principio constitucional de presunción de inocencia y los
requisitos constitucionales y legales para limitar el derecho a la libertad, al momento de la
aplicación del programa de los más buscados, pues toda persona debe ser considerada y
tratada como inocente, por esta razón este principio constitucional es la garantía más
significativa y se halla en primer plano en nuestro ordenamiento jurídico, pues se deriva del
principio de que nadie puede ser penado sin juicio previo, de lo cual se deduce la figura de un
derecho constitucional a permanecer en libertad mientras no exista sentencia condenatoria
ejecutoriada o en firme, lo cual demuestro en el capítulo segundo que trato sobre la
investigación de campo.
Para finalizar se plantea un proyecto de ley que regule la aplicación del programa de los más
buscados respetando los derechos humanos del individuo y sobre todo siendo un país de
Derechos y justicia.
EXECUTIVE SUMMARY
I have become deeply involved in this investigation, since in my life I have considered the
importance of the constitutional principle of the presumption of innocence, as this principle is
not well understood justice administrators, lawyers and the general public, because there
exists our country a constitutional culture of respect for the dignity and human rights, which
means we are not yet ready to live in a State Constitutional Rights and Justice; and as a result
the right to freedom are trampled, to jeopardize their dignity without a final judgment are
already prosecuted as criminals for months and sometimes for years, then get a judgment
confirming the presumption of innocence .
The program generates the most searched in the Ministry of Interior as a program to reduce
crime prevailing in the country but without any legal backing whatsoever but with one
provision of the Presidency of the Republic, a provision which does not meet the
constitutional and legal requirements for lack of constitutional legal culture, the more that
dictate several other constitutional rights such as the presumption of innocence is violent,
freedom, privacy, dignity, the right to defense, etc.
The study on the constitutional principle of presumption of innocence and the constitutional
and legal requirements are based to restrict the right to freedom, when implementing the
program of the most sought because everyone should be considered and treated as innocent,
for Therefore this constitutional principle is the most significant guarantee and is at the
forefront of our legal system, as follows from the principle that no one may be punished
without trial, of which the figure of a constitutional right to remain follows freedom while
there is no conviction shall or firm, which show in the second chapter deal on field research.
A bill to regulate the implementation of the program of the most sought respecting human
rights of individuals and especially being a country of rights and justice arises to finish.
1
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En el Centro de Documentación e Información Científica de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes “UNIANDES” extensión Riobamba existe la investigación realizada
por el Abogado José Carlos García Falconí en el año 2011 sobre el derecho constitucional de
inocencia, se refiere eminentemente a la Constitución y a los cambios que sufre esta norma,
la Constitución del año 1998 el articulo 1 estipula en la parte pertinente “El Ecuador es un
Estado Social de Derechos ….,” pero en la actualidad la Constitución de la República del
año 2008 establece que el Ecuador es un “Estado Constitucional de Derechos y
Justicia…….," de esta forma conllevando a sufrir cambios doctrinales al Estado
Ecuatoriano, al referirnos a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia esta teoría se
funda que este Estado es solidario.
En el Estado Constitucional los Derechos Fundamentales como el derecho a la inocencia,
adquieren un mayor valor donde un estado a través de las entidades públicas y privadas tienen
que procurar cumplir, proteger, y en ningún caso permitir su violación.
El derecho a la inocencia es el Derecho que tiene todos los individuos mientras la autoridad
en este caso el juez dicte su resolución a través de las pruebas obtenidas para sustentar la
participación y responsabilidad de un individuo en un hecho punible determinado en una
sentencia firme, respetando y cumpliendo con todas las solemnidades del debido proceso.
Al momento de referir al principio de presunción de inocencia no es más que todos los
individuos tienen que ser sancionado de hecho mediante un juicio previo, en virtud de cual
se considera que un hecho es cierto, dando cumplimiento las solemnidades del debido proceso
para garantizar y proteger al ciudadano.
El autor hace referencia a la dignidad humana, el ser humano tiene una característica
fundamental básica que es su dignidad, de la cual provienen sus derechos fundamentales con
esto confirmando que todos los derechos se desprenden de la dignidad a la persona humana
como tales derechos; a la integridad física y dignidad.
De esta forma la investigación mencionada con anterioridad ratifica que el derecho a la
presunción de inocencia es vulnerado frecuentemente en el Estado Ecuatoriano al momento
2
de no cumplir con las solemnidades del debido proceso que nadie puede ser considerado
como culpable de un hecho punible con anterioridad a que la autoridad competente ratifique
su responsabilidad ya sea como autor, cómplice, o encubridor.
El autor de la investigación también hace referencia a que el principio de inocencia es un
derecho fundamental para la adecuada práctica del derecho y su ejecución; este principio es
una figura procesal toma mayor importancia, desde la vigencia de la Constitución del año
2008, es decir es Derecho Constitucional, configurando la libertad del individuo.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La vulneración del Derecho Constitucional de inocencia, se origina al momento de integrar a
las personas en el programa de seguridad de los más buscados para publicar fotografía o
información personal en medios de comunicación, ofreciendo sumas muy altas de dinero
como recompensa para que la ciudadanía remita información de este modo dar son su
paradero y posteriormente a su detención.
La publicación de imágenes en medios de comunicación televisivos denominando como los
más buscados y delincuentes de alto peligrosidad en algunos casos sin tener una sentencia en
la que se declare su participación en un hecho punible, ha ocasionado la vulneración del
derecho reconocido en la constitución como el derecho a la inocencia, de la misma forma
vulnerando otro de los derecho reconocido en la misma norma que es derecho al honor y al
buen nombre, con este acto causando daño moral y sicológico a la persona al momento de
reintegrarle a la sociedad.
La vulneración de garantías básicas del debido proceso en este caso el derecho a inocencia
conlleva que los medios de comunicación televisivos a diario publiquen imágenes de las
personas en varias ocasiones que no son responsables de un hecho punible ocasionando con
tal acto ocultamiento de estas personas para no ser capturados y responder ante la ley; estos
individuos al momento de observar sus fotos en estos medios de comunicación piensan que
ya son declarados culpables y por ende al momento de su captura son privados de libertad sin
un juicio previo.
Otro de lo a derechos que vulneran la aplicación del programa de seguridad de los más
buscados es la reconocida en la Constitución Política de la Republica, del honor y al buen
nombre, ya que la sociedad al momento de ver imagen de una persona como uno de los más
3
buscados son vistos o tratados de otra forma, en algunos casos llegando a la discriminación
por un pasado judicial que no es demostrado conforme a derecho.
Con todos estos actos ocasionando a diario la vulneración de la Constitución Política de la
República y su objetivo que es garantizar el pleno goce de los derechos reconocidos en su
cuerpo legal sin ninguna preferencia y discriminación ya que la Constitución manifiesta que
todos somos iguales ante la ley.
Con los actos antes mencionados el Estado Ecuatoriano estimula que la sociedad genere
discriminación o un trato diferente a las personas que son integrados en el programa de los
más buscados, en otro caso tratar como delincuentes a las personas que no lo son, al momento
de reintegrarse a la sociedad y optar por un trabajo son discriminados por su pasado judicial,
lo cual es prohibido por la Constitución de la República del Ecuador, por ende vulnerando
varios derecho como es la de tener una vida digna si estas personas no tienen trabajo es
imposible tener vida digna ya que no contaría con recursos económicos necesarios para el
sustento de su familia y por ende garantizar los derechos de su familia.
Los individuos que son vistos en medios de comunicación Televisivo son tratados con
diferencia a otras personas, estos individuos tiene familia en dentro de esa familia esta los
hijos los cuales en mucho de los casos son discriminados por sus padres con frases como eres
ladrón como tu padre etc., con este acto afectando al menor en su vida cotidiana o en las
instituciones de educación.
PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo regular el programa de seguridad de los más buscados que vulnera el Derecho
Constitucional a la inocencia de los individuos de la ciudad de Riobamba?
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN
El objeto de estudio es la Constitución de la Republica, por ser una norma garantista de los
derechos desde su vigencia en el año 2008, conllevando con ella a constituir un Estado
Constitucional de Derechos y Justicia garantizando el goce de todos los derechos reconocidos
en esta norma sin ningún tipo de discriminación con un solo objetivo lograr una convivencia
ciudadana basados en el derecho del buen vivir.
4
El campo de acción de la investigación es la vulneración del derecho reconocido en la
Constitución de la República en su artículo 76 de las garantías básicas del derecho al debido
proceso en especial al numeral 2 al principio de inocencia y al artículo 66 de los derechos de
libertad numeral 18 derecho al buen nombre y honor que son vulnerados al momento de
publicar su imagen en los medios de comunicación televisivos como los más buscados.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La línea de investigación que abarca el problema de la investigación es la PROTECCIÓN DE
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, porque todo ciudadano goza de
derecho en igualdad sin ningún tipo de discriminación que garantice el goce de los derechos
establecidos en la constitución para alcanzar el objetivo planteado que es el goce de los
derechos legítimos establecidos en la Constitución.
OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar un proyecto de Ley que regule el programa de los más buscado garantizando el
Derecho Constitucional de inocencia de los individuos en la ciudad de Riobamba.
Objetivos Específico
Establecer los fundamentos científicos y las bases teóricas sobre el derecho de inocencia,
programa de seguridad los más buscados y derechos al honor y buen nombre.
Verificar la vulneración del derecho de inocencia y al honor con la aplicación del programa de
los más buscados.
Determinar los resultados finales de la investigación del derecho constitucional de inocencia
al ejecutar el programa de seguridad de los más buscados.
Diseñar las bases para la creación de ley para regular al programa de los más buscados
garantizando el derecho de inocencia.
5
HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER
¿Con la elaboración del proyecto de Ley para regular el programa de seguridad de “los más
buscados”, se garantizará el Derecho Constitucional a la inocencia de los individuos en la
ciudad de Riobamba?
JUSTIFICACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 75,76 y 77 establecen las
garantías mínimas a ser observadas por las partes procesales, al ser instaurado un proceso por
cualquier tipo de delito, no se diga solo en el campo penal, sino también en los demás campos
de la administración de justicia.
La normativa en referencia no siempre es observada por los actores de un proceso, lo que
implica la violación de los derechos y garantías de un procesado, específicamente del debido
proceso y el principio constitucional de Presunción de Inocencia.
Con estos antecedentes, y con el fin de proteger y tener una normativa clara y eficaz sobre los
procedimientos especiales, en particular la aplicación del programa de los más buscados, y
evitar que el Estado ecuatoriano siga siendo condenado por la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario el
efectuar una norma al mecanismo del programa en el cual consten requisitos no atentatorios al
encausado y los lineamientos básicos para poder acogerse con beneficio de éste programa.
MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
MÉTODO OBSERVACIÓN
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta
y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El
término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad
6
MÉTODO DESCRIPTIVO
Es el camino que se sigue para alcanzar un objetivo, Esto, advierte que para llegar a un punto,
señalado de antemano, se debe buscar el camino más apropiado. Método es el camino o medio
para llegar a un fin, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado.
El proyecto de la investigación pasa por la descripción de manera ordenada de las variables
sometidas a estudios.
MÉTODO CIENTÍFICO
Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las
ciencias.
Nos permite ser reales y precisos en la recolección e interpretación de los datos.
MÉTODO INDUCTIVO
Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas
particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro
pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de
estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una
generalización; y la contrastación.
Permite establecer el grado de afección de las personas, como más buscados al momento de la
integración a la sociedad.
MÉTODO ANALÍTICO
Podremos analizar aspectos fundamentales del problema planteado y estos pueden ser las
causas y efectos que ocasiona la vulneración del derecho Constitucional a la inocencia de los
individuos.
TÉCNICAS
ENCUESTAS
Es la consulta típica que se hace a las personas seccionadas de forma estadística y realizada
con ayuda de un cuestionario.
7
La técnica de encuesta para la investigación es considerada como la más precisa y eficaz para
la recolección de datos de campo inmerso a la presente investigación.
LA OBSERVACIÓN
Como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que que-
remos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y
comportamientos colectivos.
FICHAJE
Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de
aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes
no bibliográficas, que son objeto de estudios.
ENTREVISTAS
Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin
de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto.
El investigador al momento de explicar el propósito del estudio y especificar claramente la
información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite aclararla,
asegurando una mejor respuesta.
RESUMEN ESTRUCTURA DE LA TESIS
Se estructura de tres capítulos que permiten analizar el procedimiento de aplicación del
programa de los más buscados, siendo así que el contenido del primer capítulo se lo realiza
mediante un análisis crítico jurídico del derecho de inocencia y el programa como tal. En un
segundo capítulo se aplica la investigación de campo dando a conocer los resultados mediante
la aplicación de cuadros estadísticos.
Un tercer capítulo que se encuentra la propuesta de creación de una norma que regule el
programa de los más buscados protegiendo los derechos y principios constitucionales.
8
ELEMENTOS DE NOVEDAD APORTE TEÓRICO Y SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA
La presente investigación es un aporte teórico para el estado Ecuatoriano para regular el
programa de seguridad de los más buscados para no vulnerar el derecho Constitucional de los
individuos que es su inocencia mientras que no se muestre lo contrario mediante una
sentencia en firme siguiendo las solemnidades del debido proceso.
El Estado Ecuatoriano es un Estado Constitucional de Derechos, por ende entendemos que es
un Nación justa y cuenta con una Constitución escrita, la cual es una norma suprema que
prevalece entre las otras para regular la forma de gobierno y la propia existencia del estado.
Esta investigación tiene como significación práctica la aplicación del resultado de la
investigación para determinar mediante la investigación como afecta sicológica, económica y
moralmente a la familia y las personas que son integrados en programas de seguridad de los
más buscados al momento de reintegrarle a la sociedad en la ciudad de Riobamba.
Con la elaboración de la norma para regular el sistema de seguridad, se soluciona la
vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución de la República desde su vigencia
el derecho de inocencia de todos los individuos si no son declarados culpables mediante una
acto firme ratificando la responsabilidad de la persona en hecho punible, el derecho
constitucional es uno de los principios fundamentales del debido proceso que debe cumplir
con las solemnidades para ratificar su culpabilidad; si publicamos en los medios televisivos
imágenes, información de las personas calificando como los más buscados se está declarando
que son culpables como autores o que tiene participación en el hecho punible por ende estos
individuos son considerado delincuentes en mucho de los casos de alto peligrosidad.
CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
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1.1 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
1.1.1 QUÉ ES EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA
Inocente, en la acepción académica del término es aquel que se halla libre del delito que se le
imputa. Todo hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe que es
culpable. “Mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, los habitantes de la
Nación gozan de un estado de inocencia, aun cuando con respecto a ellos se haya abierto
causa penal y cuales quiera sea el progreso de la causa. Es un estado del cual se goza desde
antes de iniciarse el proceso y durante todo el periodo cognoscitivo de este.
“El mencionado principio es aquel conforme el cual la persona sometida a proceso disfruta de
un estado o situación jurídica que no requiere construir sino que incumbe hacer caer al
acusador”1
La garantía es a “ser tratado como inocente”, lo cual no implica que de hecho lo sea, y es por
ello que dicha garantía subsiste aunque el juzgador posea total certeza de su culpabilidad; ya
que en la realidad una persona es culpable o inocente al momento de la comisión del hecho
delictuoso.
El imputado goza durante el proceso de la situación jurídica de un inocente. Así es un
principio de derecho natural aquel que indica que “nadie puede ser penado sin que exista un
proceso en su contra seguido de acuerdo a los principios de la ley procesal vigente. Ahora
bien, a este principio corresponde agregar lo que en realidad constituye su corolario natural,
esto es, la regla de la presunción de inocencia, la cual se resuelve en el enunciado que expresa
que todo imputado debe ser considerado como inocente ¨para todos debe decirse no culpable
hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada afirme lo contrario”. La
inviolabilidad de la defensa en juicio exige que el imputado sea tratado “como un sujeto de
una relación jurídico procesal”, contraponiéndose a que sea tratado como un objeto pasivo en
la persecución penal, o sea una persona con el rótulo de inocente al cual se lo nutre de
determinados derechos para poder responder a la acusación a la cual deberá enfrentar.
1 El desarrollo normativo como garantía de los derechos humanos. Balance del año 2010 Ramiro Ávila
Santamaría / 30
10
1.1.2 VERIFICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La jurisprudencia constitucional considera que el control judicial en materia de Presunción de
Inocencia consiste, esencialmente, en comprobar que haya existido actividad probatoria de
cargo, practicada con todas las garantías, a través de la cual sea posible considerar
razonablemente acreditado el hecho punible y la participación del acusado en el mismo.
Como acertadamente pone de manifiesto Igartua Salaverria, Juan; ¨Derecho Procesal Penal¨,
Escuela Nacional de la Judicatura, Ed. Amigo del Hogar, Santo Domingo República
Dominicana, 2006; p. 402, ¨la mínima actividad probatoria de cargo, implica tres pasos
sucesivos en primer lugar, que haya pruebas inculpatorias, en caso contrario no existe material
probatorio que desvirtuar, en segundo lugar, que las pruebas existentes sean incriminatorias
(de cargo); y por último, que las pruebas existentes sean suficientes para destruir la
presunción de inocencia¨.
En las tres fases y especialmente en la tercera se realiza una valoración por parte del Juez que
requiere una expresa justificación. La motivación de la sentencia condenatoria cobra en éste
supuesto un valor superior, que excede el estándar normal que exige en otros supuestos, en
cuanto debe explicar convincentemente porque el relato fáctico es consistente y coherente con
los elementos probatorios existentes. Si la resolución es recurrida los tribunales superiores,
incluido la Corte Constitucional, deberá verificar que el órgano judicial ha motivado su
convicción y, además, efectuar el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar
a la conclusión, es decir, el examen del carácter razonable y suficientemente sólido del nexo
lógico establecido por el tribunal con independencia de la razonabilidad de otras posibles
inferencias.
Claria Olmedo, Jorge; "Tratado de Derecho Procesal Penal", T.I., Nociones Fundamentales,
Ed. EDIAR S.A., Buenos Aires, 1999; p. 232; manifiesta que: ¨El principio de inocencia, la
presunción de inocencia ha sido formulado desde su origen, y así debe entenderse, como un
poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a
la necesidad de seguridad jurídica¨.
Sin embargo, cuando se formuló tal principio en la Declaración Universal de Derechos
Humanos a tenor del artículo 11.1 que dice: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
11
juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa¨2,
devino en serias confusiones. Se entendía que se iniciaba una causa penal justamente porque
se presumía la culpabilidad del imputado También se creía que, la presunción penal referida
en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, era la
misma correspondiente a la categoría de presunciones vigentes hasta ese momento en la vía
civil. Entonces, debía de darse por verdadero el hecho imputado a una persona, sin necesidad
de prueba; lo que en sí, no constituía el espíritu de la referida declaración. El verdadero
espíritu de la declaración, es que, se reconozca que la persona sospechosa no podía ni tenía
porque perder sus libertades y derechos fundamentales.
La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales de la persona y
del proceso penal en cualquier Estado de Derecho. Es por ello, que a toda persona imputada,
debe reconocérsele el "Derecho subjetivo ser considerado inocente".
Se puede manifestar que en el Ecuador se pone a diario en riesgo el principio de presunción
de inocencia, a través de la administración de la justicia penal, el programa de los más
buscados, lo cual se evidencia con los numerosos procesados detenidos en los
establecimientos de rehabilitación, que viven una situación de hacinamiento esperando una
sentencia. La presunción de inocencia, pese que ha sido elevada a la categoría de derecho, se
convierte en una utopía debido a factores exógenos que provienen del arraigo al sistema
inquisitivo, que tenía la función de culpar al imputado, creando una “cultura de culpabilidad”.
Este derecho es una opción por la inmunidad de los inocentes, aún a riesgo de la impunidad
de un culpable.
Sánchez Velarde, Pablo; "Comentarios al Código Procesal Penal; Edit. IDEMSA, 1994; p.
102; manifiesta que:¨La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico
constituye hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero
principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal insoslayable para todos; “es la
máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio”.
Parte del supuesto de que todos los hombres son buenos, en tal sentido para considerarlos
como malos, es necesario que se les haya juzgado y encontrado responsables. Mientras no
2 CLARIA Olmedo, Jorge; "Tratado de Derecho Procesal Penal", Ed. EDIAR S.A., Buenos Aires, 1999; p. 232
12
exista un fallo o decisión debidamente ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal de
una persona, debe considerársele inocente. Es decir, se requiere la existencia de un juicio
previo. Pero, el hecho de elevarse a rango de norma constitucional, no significa que se trate de
una presunción de carácter legal ni tampoco judicial, pues se afirma acertadamente, “no puede
incluirse en la primera categoría porque le falta el mecanismo y el procedimiento lógico
propio de la presunción, ni en la segunda, porque está la consagra el legislador; por ello se
afirma que se trata de una verdad interna o provisional que es aceptada, sin más en el
cumplimiento de un mandato legal”.
En la Constitución del Ecuador se expresa "Toda persona es considerada inocente mientras no
se haya declarado judicialmente su responsabilidad". Entonces, por imperio Constitucional,
toda persona debe ser considerada inocente desde el primer momento que ingresa al foco de
atención de las normas procesales, debiendo conservar su estado natural de libertad, con
algunas restricciones propias de la investigación, hasta que mediante una sentencia se declare
la culpabilidad.
Sin embargo, dicho precepto, es dejado de lado en la práctica legal. Como bien se sabe, en
todo proceso penal iniciado por notitia criminis, la actividad jurisdiccional se dirige a
establecer la veracidad o no de la imputación, basada en la existencia de una persona a quien
se supone responsable. En el COIP se establecen los presupuestos materiales de la resolución
de apertura de instrucción. Entre ellos, es indispensable la individualización del presunto
autor. Siendo esto así, al inculpado sencillamente se le presume responsable del hecho ilícito
denunciado desde el inicio de las pesquisas.
Esto quiere decir, que la locución "considerada inocente", plasmada en la magna lex, está
referida al buen trato que debe tener toda persona desde el momento que ingresa a un proceso
de investigación. En este punto, resulta necesario precisar que el principio de inocencia o
presunción de inocencia, no indica que el procesado sea en realidad inocente. De ser ello
verdadero, sería injusto someterlo a un proceso penal; por el contrario, sí se le consideraría
culpable, resultaría inocuo la actuación y luego la valoración de las pruebas. De tal modo, el
principio de sospecha que da vida al proceso penal, se transmite a la persona imputada en el
mismo momento que se inicia la investigación.
Consecuentemente, en el Derecho Procesal Penal, excluyendo los fines preventivos
inmediatos, el fundamento real de una medida de coerción sólo puede residir en: el peligro de
13
fuga del imputado o en el peligro que se obstaculice la averiguación de la verdad; el primero
es viable porque no se concibe el proceso penal contumacia, a fin de no violar el derecho de
defensa, resultando indispensable la presencia del imputado para llegar al fin del
procedimiento y por consiguiente la decisión final. De otro lado, el segundo punto también es
lógico, porque el imputado es el principal interesado en influir en el resultado del
procedimiento, ya sea entorpeciendo o colaborando con la averiguación de la verdad.
Como quiera que la intervención del Estado, resulte inminente ante la denuncia de un hecho
ilícito, de modo que el Juez para llegar a determinar la situación jurídica del procesado,
requiere que se haya vigilado la transparencia del proceso, con el objeto de crear certeza, la
que debe ser jurídicamente construida sobre la culpabilidad o inocencia.
Se podría mencionar como aporte a la presente cita bibliográfica que este derecho a que se
presuma siempre la inocencia de un ciudadano no solo alcanza al ámbito jurisdiccional, sino
también a la etapa preliminar y la investigación fiscal, este derecho constitucional es
determinante e influyente en el proceso penal, básicamente en lo que respecta a la actividad
probatoria; pues es necesario la existencia de pruebas plenas, suficientes e idóneas sobre la
responsabilidad del actor en la comisión de un delito, caso contrario se estaría atropellando
por parte del aparataje de justicia del Estado a los derechos fundamentales y básicos de un
ciudadano y éste daño en materia de derechos humanos al igual que a nivel de todo ámbito es
irremediable e incuantificable en vista de que los efectos de dicha violación no se pueden
remediar, así por ejemplo la destrucción de una familia, la exposición del individuo a los
prejuicios sociales, su deserción social como ente activo, y muchos otros perjuicios
ocasionados por la ejecución de medidas sin tomar en cuenta la jerarquía que presenta el
principio de presunción de inocencia.
San Martín Castro, Cesar; “Derecho Procesal Penal”. 2 Edición. Editora Jurídica Grijley.
2003, p.114, manifiesta que: ¨Resulta pertinente hablar de una necesidad de construir la
culpabilidad, la que sólo puede ser declarada en una sentencia; acto judicial que es la
derivación natural del juicio previo. Dolum non nisi prespicuis judicis provari conveit (El
dolo no se presume, debe probarse en el juicio)¨
La certeza se convierte entonces, en el eje principal para concluir en la "culpabilidad", por
ello no bastan los indicios, sino que es necesario que luego de un proceso judicial (en cuyo
interés se hayan esbozado y actuado las pruebas pertinentes), se cree a la convicción de la
14
culpabilidad del sujeto activo. Entonces, para ser responsable de un acto delictivo, la situación
básica de inocencia debe ser destruida mediante la certeza con pruebas suficientes e idóneas;
caso contrario permanece el estado básico de libertad. “La eliminación de las presunciones de
responsabilidad dentro del ordenamiento procesal constituyen indudablemente una posición
jurídica clara. Así, será inocente quien no desobedeció ningún mandato o no infringió ninguna
prohibición, en todo caso comportándose de esa manera, lo hizo al amparo de una regla
permisiva que eliminaba la antijuridicidad del comportamiento, o bien, concurrió alguna
causa de justificación que eliminaba su culpabilidad. En fin, se llega al mismo resultado
práctico ante la existencia de una de las causas excluyentes de punibilidad; culpable es, por el
contrario quien se comportó contraviniendo un mandato o una prohibición de manera
antijurídica, culpable y punible.
De esto último, se infiere válidamente que, antes que exista sentencia firme, ninguna
autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal o
cual sentido a los medios de comunicación social. Se afirma que la presunción de inocencia
no opera o no debe operar en el proceso, sino fuera de él, esto es, para los que tienen que
comentar, informar, o conocer los hechos que son objeto de una causa penal. Mejor dicho
para los ciudadanos, periodistas, y demás miembros de la sociedad.
“Tanto el principio de presunción de inocencia como el indubio pro reo son manifestaciones a
favor del reo, pues ambos inspiran al proceso penal de un estado democrático y su actuación,
de éstos se realiza en diversas formas”3
Sin embargo muchas veces la presunción de inocencia, bajo una inexacta interpretación ha
sido aplicable sólo ante la duda, es decir bajo el indubio pro reo, es por ello que me permito
hacer algunas aclaraciones al respecto.
La presunción de inocencia como derecho fundamental es un logro del derecho moderno,
mediante el cual todo inculpado durante el proceso penal es en principio inocente sino media
sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria sólo podrá darse si de lo actuado en el
proceso penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se le imputan. De
no probarse que lo hizo o ante la existencia de duda, debe resolverse conforme lo más
favorable al acusado (indubio pro reo). “Para que pueda aceptarse el principio de presunción
3 SÁNCHEZ Velarde, Pablo, Comentarios al Código Procesal Penal; Edit. IDEMSA, 1994; p. 102
15
de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable
insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, o que las practicadas hayan sido
obtenidas ilegítimamente.”
El indubio pro reo actúa como norma de interpretación. La Constitución de la República del
Ecuador, dice: "la aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto entre
leyes penales"; igualmente dicho postulado es recogido por el Código Penal. Así, debe
aplicarse el principio del indubio pro reo donde exista duda acerca de la culpabilidad del
acusado. Pero, debemos de añadir que cuando existe absolución en determinados delitos, sean
actos graves o leves, no siempre se satisface a la opinión pública. Esto pone muchas veces en
tela de juicio, la imparcialidad de los encargados de administrar justicia (Jueces o Fiscales),
pero es preferible, a nuestro parecer, soportar las críticas de un fallo errado, que condenar a un
inocente, que sufriría prisión indebida con el consecuente deterioro personal, moral y familiar.
Como corolario se puede señalar que la presunción de inocencia es una garantía fundamental,
por la cual se considera inocente al procesado mientras no exista medio de prueba
convincente que demuestre lo contrario; mientras que el indubio pro reo actúa como elemento
de valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja duda razonable, debe
absolverse. Es decir, la presunción de inocencia opera en todos los procesos. El indubio pro
reo, solo en aquellos en que aparezca duda razonable4.
Se puede destacar que el debido y oportuno respeto del precepto constitucional de presunción
de inocencia, garantiza la efectiva vigencia constitucional, asegurando la dignidad del
ciudadano que está siendo encausado; además que debemos tomar en cuenta que la
presunción de inocencia es un derecho subjetivo, reconocido a nivel internacional.
1.2 EL PROGRAMA DE LOS MÁS BUSCADOS
Dentro de la política de seguridad, el Ministerio del Interior a través de, la Policía Nacional,
emprendió en todo el país el programa “Más Buscados”, como una estrategia para ubicar y
capturar a delincuentes de alta peligrosidad, mediante un trabajo profesional que se articula
con un sistema de recompensas que oscilan entre 5 mil a 20 mil dólares de acuerdo a la
veracidad de la información. Este programa impulsado por el Ministerio del Interior desde el
4 SAN MARTÍN Castro, Cesar; “Derecho Procesal Penal”. 2 Edición. Editora Jurídica Grijley. 2003, p.114
16
15 de julio de 2011, con el que se espera combatir la inseguridad. Inicia con publicación en
medios impresos los nombres y las fotografías de un grupo de sospechosos de delitos, que son
promocionados por la Policía como los „más buscados‟ se los piensa capturar mediante un
plan de recompensas, a cambio de información. El plan se elaboró entre el Ministerio del
Interior y la Dirección Nacional de la Policía Judicial. “Todas las jefaturas provinciales de la
Policía Judicial han aportado con los nombres de las personas que pueden ser considerados
los más buscados, de ahí que nacen los diez más buscados. El plan implica el pago de una
recompensa para quien aporte información efectiva que permita la captura de los integrantes
de esa lista. Para ello el Ministerio del Interior habilitó la línea directa 1800 DELITO, la que
operará con una central en Quito.
Los parámetros de los pagos los manejará directamente el Ministerio del Interior. “Es muy
importante que la comunidad ciudadana colabore. Ahora hay la oportunidad de una
remuneración bien ganada al informar dónde se encuentra un delincuente. El plan de
recompensas es una más de otra propuesta del Gobierno para reducir la inseguridad.
El fin fundamental del programa es de dar información a la ciudadanía en general y de esta
manera colaborar con los entes de seguridad del Estado.
La Secretaría Seguridad establecerá los pagos de recompensa por la información de aquellas
personas que, sin haber intervenido en el delito, aporten datos útiles para lograr la aprehensión
de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los ilícitos, contará con los servicios de
la línea de emergencia 911 u otro que determine la autoridad con los estándares de seguridad.
La identidad de la persona que suministre la información será mantenida en secreto durante
todo el proceso y también después de finalizado.
El monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del caso, y a las
dificultades que existan para la obtención de la información que permita su esclarecimiento, y
el pago se realizará mediante transferencia bancaria.
Para hacer las publicaciones, Seguridad solicitará las mismas que determinen del “Programa
de Los Más Buscados a los medios de comunicación del país, “y los costos deben ser
absorbidos por sus propietarios como parte de la respectiva responsabilidad social
empresarial”.
17
“Los funcionarios, empleados públicos y el personal que pertenezca a alguna de las fuerzas de
defensa, Seguridad u organismos de inteligencia del Estado, no podrán ser beneficiarios del
“Programa de Los Más Buscados” establecido en esta ley”, indica una de las salvaguardas de
la ley.
Debido al éxito alcanzado, a partir de los 10 más buscados a nivel nacional, en octubre de
2011, se extendió a las principales provincias desde los mismos lineamientos del plan inicial.
Los antisociales que contempla este programa lideran bandas peligrosas o son reincidentes en
el cometimiento de delitos violentos. La lista es elaborada después de una minuciosa revisión
de los procesos judiciales, en los que fichas de individuos con órdenes de prisión por
asesinato, robo, estafa, violación, trata de personas y tráfico de tierras. Han sido capturados
134 delincuentes peligrosos hasta el presente año: 24, se inscriben en una lista de carácter
nacional y 110 pertenecen a ámbitos provinciales. Paralelamente, fueron desarticuladas 14
bandas vinculadas al narcotráfico, sicariato, tráfico de armas, trata de personas, entre otros
ilícitos que conmovieron a la opinión pública y a la población.
Para ser calificado como “Más Buscados”, se considera, no solo su alta peligrosidad sino
hechos de alta connotación nacional o reincidencia, además de la existencia de una orden de
detención vigente en su contra emitida por autoridad judicial competente. Los antecedentes de
estos y otros delincuentes se encuentran registrados en el Sistema Informático Integral de la
Policía Nacional del Ecuador (SIIPNE), cuyos datos son siempre cruzados y verificados con
la Dirección Nacional de la Policía Judicial, Gobernaciones, Consejos de Seguridad
Ciudadana y diversas unidades policiales dentro y fuera del país.
Lo fundamental es que se trata de un plan integral y no de un tema que tenga que ver
únicamente con el plan de recompensa.
Los valores saldrán del presupuesto estatal y se coordinará con otros gobiernos procesos de
extradición para cuando se den capturas en otros países
Ante la crisis derivada de los altos índices de inseguridad y la ola de violencia que está
golpeando a la sociedad, “es necesario desarrollar medidas mediante la aprobación de un
decreto legislativo que contenga una ley especial que regule la información y publicación de
las personas que se encuentran entre la lista de los más buscados por los diferentes
18
organismos de Seguridad de nuestro país, así como que se establezcan las atribuciones y
alcances de la misma”.
El pago de recompensas ha sido la clave para capturar a los más buscados, aproximadamente
dos millones de dólares ha invertido el Gobierno en la captura y recaptura de delincuentes de
alta peligrosidad dentro del programa 'Los Más Buscados'. 206 ya están tras las rejas, 18 de
ellos ya estaban detenidos, pero se fugaron de la cárcel de máxima seguridad conocida como
"La Roca", después de nueve meses fueron recapturados.
De acuerdo a la veracidad de la información, una comisión analiza el valor de la recompensa
Se prevé crear una unidad de economía de inteligencia de seguridad ciudadana en el
Ministerio del Interior, para canalizar y fiscalizar los pagos a cambio de información.
Además de establecer, por ejemplo, cuánto le cuesta al país la muerte de un ciudadano y
cuánto hubiese tenido que gastar en la aprehensión de los delincuentes más buscados.
1.2.1 LA TUTELA EFECTIVA
La tutela judicial efectiva se encuentra como derecho de protección en Art. 75 de la
Constitución de la República del Ecuador (CRE) que dice: “toda persona tiene derecho al
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado con por la ley”
En sí, la tutela judicial efectiva comprende: a) acceso a la justicia, b) un debido y justo
proceso, dentro del mismo efectivizar las garantías procesales y mandatos de optimización
que rigen la administración de justicia c) obtener una sentencia donde se conozca el fondo del
asunto controvertido por el órgano judicial. La efectividad como derecho de tan amplio
contenido no sólo queda en recibir una sentencia, también en que esa sentencia se cumpla con
el derecho tutelado y aquí la novedad de la garantía jurisdiccional de rango constitucional
como es la acción de cumplimiento establecida en al Art. 93 de la Constitución, que dice: “la
acción de incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que
integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de
organismos de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue
contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible…”
19
En la Convención Americana sobre derechos humanos art. 25, dice: “toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”
La Corte Interamericana de derechos humano analizó el Art. 25 de la Convención Americana
dice: “Este artículo establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las
personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se aplica no
sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que
estén reconocidos por la Constitución o por la Ley… que la garantía de un recurso efectivo
constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención;…no basta
con que los recursos que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impida o
dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a
la justicia, bajo la modalidad consagrada en el Art. 25 de la Convención Americana”.
Por lo antes anotado, la acción por incumplimiento se convierte en la garantía a la tutela
judicial efectiva, es dicha acción ejercida ante órgano competente la que produce el efecto del
cierre a la tutela judicial, siendo el Estado Constitucional gante de los derecho humanos, es
cuestión de política constitucional y el proceder de cada interesado hacerlo plenamente
justiciable.
La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda
persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier extraño, fundamentalmente
el Poder Público, en su ámbito jurídico. Aquí no se trata de proteger derechos fundamentales,
sino cualquier derecho.
“Es un derecho fundamental de todo ente con personalidad reconocida por el derecho exigir
tutela judicial para que sus derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente
vulnerados”5.
El reconocimiento a nivel constitucional del derecho de acceso es vital, si bien antes de esta
Constitución ya se encontraba establecido, aunque en un sentido más rígido, pero, dicho de
5 Jorge Zavala Egas. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica
20
otra manera, cuando la Carta Política hablaba de la posibilidad de impugnar todo acto de la
administración ante la Función Judicial.
Pero si es importante la consagración a nivel constitucional del concepto expreso del acceso a
los órganos constitucionales, lo es tanto más el contenido de la tutela a cargo de esos órganos
judiciales, sin que en caso alguno las personas se queden en estado indefensión, vale decir sin
defensa, violándose la garantía de este derecho constitucional.
El carácter imparcial de esa tutela es un elemento realmente natural y obvio, pues la
imparcialidad es de la esencia de la Función judicial, tanto como que ésta es un tercero no
vinculado a la problemática específica materia del conflicto. La imparcialidad es un elemento
que consta también como parte de la garantía del debido proceso en instrumentos
internacionales.
Pero este elemento tan natural que a nadie se le ocurriría negar, es importante que conste
expresamente reconocido en la Constitución como parte de lo que debe ser un proceso, como
parte del debido proceso. Obviamente para que los órganos de la Función Judicial brinden una
tutela imparcial a toda persona, es elemental que ellos deban estar libres de todo tipo de
presión, tanto externa como interna, a favor o en contra de ninguna de las partes. Siendo
justos, es importante reconocer la gran importancia asignada por la Carta Fundamental a la
independencia de los jueces.
Gozando de este principio constitucional de independencia y contar con el tiempo necesario,
adecuado y determinado como servidores judiciales permitir ese acceso a justicia y obtener
una atención proporcional a las partes dentro de un litigio que se ha planteado ante el titular
de uno de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial
1.2.2. UNIDAD JURISDICCIONAL
Al referirse a la unidad jurisdiccional, el doctor Alejandro Ponce Martínez sobre este
principio, manifiesta:
“Es conveniente el mismo, pues ello implica, que ningún acto o hecho jurídico quede al
margen de la posibilidad de ser sometido a discusión ante los jueces competentes; además
señala, que el principio también significa que el acto jurisdiccional como tal sólo puede
21
prevenir con carácter definitivo y con sus efectos propios y específicos de la Función
Jurisdiccional”6.
Nuestra Constitución en su artículo 168, numeral 3 consagra el principio de la unidad
jurisdiccional referida única y exclusivamente a la justicia ordinaria. En efecto, esta
disposición resalta:
“En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado
podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución7”.
En realidad este principio de unidad jurisdiccional, encierra a los órganos jurisdiccionales que
son: La Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados, quienes en su
accionar deben administrar justicia dentro del ámbito de la competencia que le concede la
Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la ley, referente el
Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a la unidad judicial, lo que también implica
este principio:
“En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la
Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la
misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán
su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad”.
1.3 PRINCIPIO DE INDEFENSIÓN
La Constitución establece que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a
la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”8.
6 PONCE Martínez Alejandro, Las garantías de los derechos en el 2010
7 CORPORACIÓN de estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, Artículo 168,
numeral 3
8 CORPORACIÓN de estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, Artículo 75
22
Al respecto el régimen constitucional actual, contempla el derecho a la defensa en el artículo
76, numeral 7, que se refiere a los derechos de protección, en tanto que el derecho de las
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
“a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento.
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes
podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.
e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado
particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.
f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por
defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su
defensora o defensor.
h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se
presenten en su contra.
i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos
por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante el juez o
autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.
k. Ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se
23
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.
m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus
derechos”9.
Del mismo modo, en el artículo 77, numeral 7, se determina que el derecho a la defensa
dentro del proceso penal incluye:
“a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de
las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad
responsable de la acción o procedimiento.
b. Acogerse al silencio.
c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan
ocasionar su responsabilidad penal”10
.
1.4 EL DERECHO A LA DEFENSA
El derecho a la defensa es uno de los principios integradores más importantes del debido
proceso y se concreta en la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional,
sobre todo para ejercer sus facultades, presentar argumentaciones y pruebas; de tal manera
que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en un juicio, razón por la cual se
declara nulo un proceso cuando el demandado en materia civil o el procesado en materia
penal no ha sido citado en forma legal.
En la Constitución de la República 11
, el derecho a la defensa se encuentra garantizado como
una de las reglas del debido proceso, que incluye varias garantías, como son que nadie puede
ser privado de este derecho en ninguna etapa o grado del procedimiento; contar con el tiempo
y con los medios adecuados; ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de
condiciones; que los procedimientos sean públicos; que nadie pueda ser interrogado sin la
presencia de su abogado particular o un defensor público; en caso de personas que no hablen
9 Ibídem, Nota 8, artículo 76
10 Ibídem, Nota 8, artículo 77
11 Ibídem, Nota 9
24
el idioma castellano ser asistido por un traductor o intérprete; libre comunicación con su
abogado defensor; contradecir las pruebas de la contraparte; no ser juzgado dos veces por la
misma causa y materia; que los testigos y peritos comparezcan a rendir su interrogatorio; a ser
juzgado por su juez natural, independiente e imparcial; a que las resoluciones de los poderes
públicos sean motivadas, de lo contrario son nulas dichas resoluciones; y a recurrir el fallo en
todos los procedimientos.
Así el Estado debe garantizar que los procesados tengan efectiva y real oportunidad de hacer
valer sus razones durante la investigación del juicio. También se refiere a la búsqueda de la
verdad, o sea el derecho a la defensa es elemento esencial, insustituible e imprescindible del
debido proceso, pues tiene que ver con la posibilidad de contradicción de las pruebas y de la
posibilidad de interponer recursos.
Recordemos que, la culpabilidad es un supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y
de la imposición de la pena, lo que significa que la actividad punitiva del Estado tiene lugar
tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga; de tal
manera que la presunción de inocencia14 no crea ese estado de inocencia, sino que lo
reconoce y ampara, y sólo éste puede ser alterado con la prueba plena de la responsabilidad
penal.
1.4.1. EL PRINCIPIO PRO HOMINE
La libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano, por lo que nuestro
ordenamiento jurídico la protege y le dota de garantías a fin de que no se la atente; sin
embargo, este derecho lo pierde la persona cuando ha efectuado conductas contrarias a la ley,
pero para limitarla hay que cumplir requisitos constitucionales y legales; pues el orden
constitucional del Estado, tiene como principio y fin, como su razón de ser la existencia del
ser humano, esto es de las personas que lo constituyen, de tal manera que el ser humano es el
elemento fundamental del Estado, de cualquier tipo de sociedad, puesto que incluso el
territorio o espacio geográfico, cobra importancia en función de las necesidades humanas.
El principio pro homine se entiende como la característica propia de todo ser humano, que le
permita vivir, no sobrevivir, que le permita satisfacer todas sus necesidades y tener dignidad
en su forma de vivir; y que las normas constitucionales siempre se interpreten en caso de duda
a favor del ser humano; pues éste tiene una dimensión básica que es su dignidad, esta es la
25
raíz de todos sus derechos fundamentales; dicho de otro modo, todos los derechos se
desprenden de la dignidad inherentes a la persona humana, así por ejemplo en derechos tales
como la integridad física y moral, la libertad de transitar, de conciencia y de religión, la no
discriminación, el derecho al honor, a la intimidad personal, etc.
El principio de dignidad humana recogido constitucionalmente 12
y además se recalca que el
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, no excluye los demás derechos derivados
de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios
para su pleno desenvolvimiento.
Los operadores en la administración de justicia, tomarán en cuenta que el fin de la ley
procesal es la aplicación de la ley en concreto, pues hoy los jueces penales son de garantías
constitucionales, de tal modo que el juez en general, de cualquier clase que sea, o de cualquier
nivel, ha de proteger y defender las garantías individuales y sociales, pues el debido proceso
exige que los procedimientos judiciales sean justos y la noción de un proceso judicial justo, es
central en nuestro sistema jurídico.
En resumen, el principio de la supremacía constitucional, entraña una eficaz protección de la
libertad y dignidad del ser humano, en tanto obliga a los poderes constituidos a que se sujeten
en sus actos y decisiones a lo dispuesto en la Constitución, en los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos en cuya parte dogmática se encuentra por así decirlo el catálogo de los
derechos fundamentales de las personas; esto es de los derechos mínimos del ser humano, de
las libertades e intereses legítimos de los ciudadanos que exigen un tratamiento digno, justo y
equitativo.
1.4.2 LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO
La responsabilidad objetiva, es aquella que asume el Estado sobre los actos u omisiones de
sus agentes, que hubiesen ocasionado un daño o perjuicio ilegítimo a los particulares, en este
caso en contra de los fiscales y jueces de garantías penales que solicitan y dictan
respectivamente la orden de prisión preventiva, sin cumplir con los requisitos constitucionales
y legales. A fin de establecer esta clase de responsabilidad no se requiere probar dolo o culpa
12
R.O. No. 449 del 20 de octubre de 2008, Preámbulo y en los artículos 11 numeral 7, 33, 45, 57 numeral 21, 58,
84, 329, 408, Constitución de la República del Ecuador.
26
del servidor judicial, es suficiente con la demostración de la existencia del daño, y el vínculo
de causalidad entre el perjuicio ocasionado y la acción del Estado; esto tiene su razón de ser,
porque la persona afectada se encuentra en una situación de desventaja frente al poder
público; por esto la Constitución13
ha señalado la responsabilidad civil extracontractual del
Estado por detención arbitraria y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso,
lo cual se encuentra corroborado con las disposiciones del Código Orgánico14
de la Función
Judicial.
13
CORPORACIÓN de estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, Artículo 11
14 R.O. Suplemento No.544 del 9 de marzo de 2009, Art. 15, 32 y 33 del Código Orgánico de la Función
Judicial.
27
CAPITULO II
2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación es cuali – cuantitativa en razón de que permite procesar lo que la vida
social es vista como una serie de acontecimientos y se hace más énfasis en los cambios que
los procesos implican. Todo esto nos permite considerar que la investigación cualitativa
favorece a una estrategia de investigación relativamente abierta. Por otro lado es cuantitativa
ya que permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma
numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo.
2.2 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN
Es Bibliográfica porque se realiza un estudio y recopilación de diversas fuentes de
información.
Es de Campo porque se ejecuta un estudio directo del comportamiento del objeto a estudiar en
el mismo lugar de los hechos.
Es Descriptiva porque luego de realizar un análisis, interpretación de los datos, e información
recogida, describe el fenómeno detectado dentro de la investigación.
Es Explicativa porque posterior a la ejecución de un trabajo sistematizado (proceso), se pueda
explicar el Programa de los más Buscados.
2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.3.1 MÉTODOS
LOS MÉTODOS APLICADOS SON:
INDUCTIVO- DEDUCTIVO, que permite extraer información a partir de determinadas
observaciones o experiencias particulares, sobre el incumplimiento de lo establecido en la
constitución del Ecuador.
CIENTÍFICO.- Procedimiento ordenado y lógico que permite establecer el conocimiento
objetivo de la realidad, a través de la comprobación de resultados, entrevistas y finalmente en
la tabulación de los mismos.
28
ANALÍTICO.- Que consiste en el desmembramiento de un todo; es la observación de un
hecho en particular que permite conocer mejor el objeto de estudio, a través del cual se puede
explicar; comprender mejor el comportamiento y establecer nuevas teorías. Accionar que se
ejecutara mediante la utilización de la Constitución, Código Penal, programa los más
buscados en lo referente a la no aplicación de la presunción de inocencia de las personas
involucradas en el programa de los más buscados
COMPARATIVO.- es un procedimiento de la comparación sistemática permite el estudio
del de los derechos constitucionales de presunción de inocencia.
LAS TÉCNICAS APLICADOS SON:
FICHAJE: Se logra estructurar un archivo de los libros, textos, leyes etc., que se utilizan en
la ejecución de la investigación; mientas que con la utilización de la ficha nemotécnica se
puede extraer las ideas principales de las teorías y doctrinas, para posteriormente
desarrollarlas y fundamentar teóricamente.
ENCUESTA: Con la aplicación del cuestionario o guía de encuesta se logra recabar
información de forma directa a toda la población involucrada en el presente trabajo
investigativo.
ENTRE LOS INSTRUMENTOS TENEMOS:
Ficha Bibliográfica
Ficha Nemotécnica
Cuestionario
Guía de Entrevista
POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Se trabajara con un universo compuesto por Profesionales del Derecho en Libre Ejercicio
profesional que pertenecen al Colegio de Abogados de la provincia de Chimborazo y los
Operadores de Justicia.
29
POBLACIÓN NUMERO
Profesionales del Derecho en Libre Ejercicio Profesional 1500
Operadores de Justicia 200
TOTAL 1700
Formula:
N
n =--------------------
E² *(N-1)+1
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
E = Error Máximo Admisible (0.05)
PROFESIONALES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL
N = 1.500
E = 0.05
1.500
n = -----------------------
0.05² *(1.500-1)+1
1.500
n = -----------------------
0.0025 *(1.499)+1
n = 300
MUESTRA 300 Abogados en Libre Ejercicio Profesional
30
OPERADORES DE JUSTICIA
No aplicamos la formula porque el universo es inferior a 200
MUESTRA 50 Operadores de Justicia
MUESTRA
La muestra considerada es de 300 Profesionales del Derecho en Libre Ejercicio que fue
calculada con la aplicación de la formula respectiva; en el caso de los Operadores de Justicia
por ser un universo inferior a 200 se determinó que la muestra serán 50.
Presentación de resultados de la Investigación a los profesionales del derecho en libre
ejercicio que pertenecen al colegio de abogados de la provincia de Chimborazo.
31
CUADRO No. 1
Ítem No. 1.- Toda persona tiene derecho a la presunción de Inocencia?
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 250 83
NO 50 17
TOTAL 300 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRÁFICA #1
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 83% que corresponde a 250 Profesionales del Derecho encuestados en la ciudad de
Riobamba, manifiestan que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y en
tal virtud para ser sancionado debe evacuarse el trámite correspondiente para que se determine
su responsabilidad y en base aquello su sanción; mientras que el 17% que corresponde a 50
Profesionales del Derecho indican que NO, todas las personas tienen derecho a su inocencia.
SI; 83%; 83%
NO; 17%; 17%
DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA
32
CUADRO No. 2
Ítem No. 2.- En el Ecuador se vulnera el principio de presunción de inocencia.
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 297 99
NO 3 1
TOTAL 300 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRÁFICA #2
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 99% que corresponde a 297 profesionales manifiestan que si se vulnera el principio de
presunción de inocencia principalmente al presentar a los detenidos sin que exista una
resolución en firme donde se demuestre su responsabilidad; mientras que el 1% que
corresponde a 3 profesionales del derecho indican que NO se vulnera éste principio.
VULNERACION DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA
33
CUADRO No. 3
Ítem No. 3.- Se garantizan el cumplimiento del art.76 CRE al aplicar el programa de los más
buscados.
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 120 40
NO 180 60
TOTAL 300 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRAFICO No. 3
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 40% que corresponde a 120 Profesionales del Derecho encuestados en la ciudad de
Riobamba Manifiestan que SI se garantiza el cumplimiento del Art. 76 CRE al aplicar el
programa de los más buscados, mientras que el 60% que corresponde a 180 Profesionales del
Derecho Indican que NO. Esto quiere decir que más de la mitad de los Profesionales del
Derecho están de acuerdo que no se garantiza el cumplimiento del Art. 76 de la CRE
40
60
CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 CRE
SI NO
34
CUADRO No. 4
Ítem No. 4.- La tutela efectiva protege a las personas para que no se vulnere su derecho.
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 200 67
NO 100 33
TOTAL 300 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRAFICO No. 4
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 67% que corresponde a 200 Profesionales del Derecho encuestados en la Ciudad de
Riobamba, manifiestan que la tutela efectiva SI protege a las personas para que no se vulnere
su derechos en el programa de los más buscados , mientras que el 33% que corresponde a 100
Profesionales del Derechos indican que NO.
67
33
TUTELA EFECTIVA
SI NO
35
CUADRO No. 5
Ítem No. 5.- Es necesario proponer un proyecto de Ley que regule el Programa de los más
buscados.
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 199 66
NO 101 34
TOTAL 300 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRAFICO No. 5
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 66% que corresponde a 199 Profesionales del Derecho encuestados en la ciudad de
Riobamba, manifiesta que SI es necesario proponer un proyecto de ley que garantice el
cumplimiento de los derechos al aplicar el programa de los más buscados, mientras que el
34% que corresponden a 101 de los Profesionales de Derecho están en desacuerdo con la
creación de ésta Ley.
66
34
PROYECTO DE LEY
SI
NO
36
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A LOS
OPERADORES DE JUSTICIA.
CUADRO No. 6
Ítem No. 6.- Se garantizan el cumplimiento del art.76 CRE al aplicar el programa de los más
buscados?
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 49 98
NO 1 2
TOTAL 50 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRAFICO No. 6
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 98% que corresponde a 49 Operadores de Justicia encuestados en la ciudad de Riobamba,
manifiestan que No se garantiza el cumplimiento del Art. 76 CRE al aplicar el programa de
los más buscados, mientras que el 2% que corresponde a 1 Operador de Justicia encuestados
dice que SI se garantizan el cumplimiento del Art. 76 CRE al aplicar el programa de los más
buscados.
98
CUMPLIMIENTO DEL ART. 76
SI
NO
37
CUADRO No. 7
Ítem No. 7.- Es necesario proponer un proyecto de Ley que regule el Programa de los más
buscados.
VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 30 60
NO 20 40
TOTAL 50 100
Fuente: Datos recopilados
Elaborado por: Segundo Shesha Concha
GRAFICO No. 6
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El 60% que corresponde a 30 Operadores de Justicia encuestados en la ciudad de Riobamba,
manifiestan que se debería proponer un Manual de Procedimientos que garantice el
cumplimiento del Art. 75 de la CRE, mientras que el 40% que corresponde a 20 Operadores
de Justicia dicen que NO.
PROYECTO DE LEY
SI
NO
38
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
El respeto de toda persona establecidos en los derechos humanos y en la Constitución de la
República del Ecuador a la que deberíamos tener todas las personas sin ninguna distinción y
que por cumplimiento deberían ser prioridad de todos los sujetos involucrados en la
administración de la justicia especialmente: Los Administradores de justicia deben por
encargo del poder gubernamental cumplir con su trabajo propio del que tienen el encargo
mediante decretos, acuerdos, resoluciones o simplemente actos administrativos, lógicamente
protegidos por las leyes y el poder que les otorga las mismas, el presunto culpable se resigna
a mantener su condición de en cierto modo de refugiado y como consecuencia de esto
mantenerse en la clandestinidad, sumergido en un ambiente calamitoso, por lo que muy raras
veces denuncian los atropellos de que son objetos.
CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO
El estado en su afán de combatir a la delincuencia sea visto en la necesidad de plantear un
programa que naces desde el Ministerio del Interior pero sin normativa alguna que ampare
esta medida.
Por el criterio de los expertos es necesario generar el proyecto de ley que regule el programa
de los más buscados.
El Principio de presunción de inocencia manifestado en el artículo 76 se encuentra en riesgo
al momento de aplicar el programa de los más buscados.
39
CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
REPÚBLICA DEL ECUADOR
LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO
QUE: Es obligación del Estado ecuatoriano velar por la aplicación de las garantías mínimas y
del Debido Proceso que establece la Constitución de la República, en particular la presunción
de inocencia.
QUE: Es obligación del Estado ecuatoriano evitar que sigan demandas en contra del Estado
por falta de aplicación de las Garantías por los organismos Internacionales y que debe ser una
aplicación general y en pro de todo ciudadano que inicie una acción en cualquier materia.
EXPIDE
La siguiente Ley:
DE REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LOS MÁS
BUSCADOS
Art.1.-
Suspensión condicional del procedimiento.-En todos los delitos sancionados con prisión y en
los delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años, en los delitos sexuales, crímenes de
odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, podrá solicitar al Juez la
Aplicación del programa de los Más Buscados.
La aplicación se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el fiscal, el
defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si quisiera manifestarse
será escuchado por el Juez de Garantías Penales.
Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos años.
40
Durante el plazo fijado por el Juez de Garantías Penales se suspende el tiempo imputable a la
prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de la etapa procesal
correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez de Garantías Penales declarará
la extinción de la acción penal.
Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los…….. Días del mes
de ………. de …..
41
CONCLUSIONES
La consecuencia más importante del principio de inocencia está en la frase que señala el Art.
76 numeral 2 de la Constitución que dice “…y será tratada como tal…”, esto es el derecho a
ser tratado como inocente, que se fundamenta en el reconocimiento de derecho a permanecer
en libertad durante el proceso.
El sistema internacional de derechos humanos establece exigencias materiales y formales que
definen los presupuestos de legitimidad en toda detención cautelar de personas que aún no
han sido condenadas, de tal modo que éstas son obligaciones que deben cumplir los estados.
Nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo declare
como tal, es decir, se quiere que la pena no sea anterior al juicio previo, ni sea impuesta por
fuera de él.
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RECOMENDACIONES
Incentivar a los profesionales del Derecho para que conozcan las ventajas y limitaciones para
lo que la difusión del contenido de ésta Ley.
Efectivizar la aplicación de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la aplicación de
los mecanismos jurídicos por parte de los operadores de justicia.
Elaborar una Ley incrementando normas claras para la correcta aplicación del Programa de
los más Buscados.
43
BIBLIOGRAFÍA
CLARIA OLMEDO, JORGE; "Tratado de Derecho Procesal Penal", T.I., Nociones
Fundamentales, Ed. EDIAR S.A., Buenos Aires, 1999.
CUBAS VILLANUEVA, VICTOR; Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal, en
APECC Revista de Derecho. Año I, Nº1. Lima – Perú. 2004
CHIOVENDA, JOSÉ, ¨Principios de Derecho Procesal Civil¨, México,
Edit. Cárdenas, 1989.
FERRAJOLI, LUIGI; Justicia Penal y Democracia en el contexto extraprocesal. Capítulo
Criminológico Nº 16. 1990.
GONZAINI, OSVALDO ALFREDO, ¨El Debido Proceso¨, Argentina, Edit. Belgrano, 2000.
HOYOS, ARTURO, “El Debido Proceso”, Panamá, Editorial Cultural Portobelo, 2006
JOSE MAIER JULIO, BERNARDO; Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos.
Segunda reimpresión, Editores Del Puerto S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2002
LLORÉ, MOSQUERAVÍCTOR, ¨Derecho Procesal Penal Ecuatoriano¨, Edit. Fondo de
Cultura Ecuatoriana, Cuenca 1982.
SAN MARTIN CASTRO, CESAR; “Derecho Procesal Penal”. 2 Edición. Editora Jurídica
Grijley. 2003.
SANCHEZ VELARDE, PABLO; "Comentarios al Código Procesal Penal; Edit. IDEMSA,
1994.
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO, ¨Manual de Derecho Penal¨, Bogotá, Edit.
Fondo de Publicaciones Universidad Sergio Arboleda, 2007
ZAMBRANO PASQUEL, ALFONSO, ¨Proceso penal y Garantías Constitucionales¨, Quito-
Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
ZAVALA BAQUERIZO, JORGE, ¨El debido proceso penal¨, Guayaquil, Edit. Edino, 2002.
44
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
QUIROGA LEÓN, ANÍBAL Las Garantías Constitucionales de la Administración de
Justicia. Fundación FriedrichNaumann. Lima – Perú. 1989
ESPARZA LEIBAR, IÑAKI. El Principio del Proceso Debido. Ed. Bosch. Barcelona –
España. 1995.
ABARCA GALEAS, LUIS HUMBERTO. El Debido Proceso Penal Acusatorio Ecuatoriano.
Imprenta de la Gaceta Judicial, Quito, Ecuador, 1998.
ABARCA GALEAS, LUIS HUMBERTO. La Defensa Oral, El Derecho de Objeción y su
Ejercicio en el Proceso Penal Oral Acusatorio del Ecuador. Imprenta de la Gaceta Judicial,
Quito, Ecuador, 2006.
CUELLAR GARCÍA, ANTONIO GONZÁLEZ. Ley de Enjuiciamiento Criminal,
concordancias y comentarios a los Procesamientos Ordinario y Abreviado, Jurisprudencia,
Leyes complementarias. Segunda Edición. Madrid .Colex, 2001.
FERNANDEZ PIEDRA, LUIS ALBERTO. El Sistema Acusatorio y el respeto a los
Derechos Humanos. Cuaderno Judicial número 1, Quito, Ecuador, 2003.
MUÑOZ LLERENA, CÉSAR. Consejo Nacional de la Judicatura. La Constitución y el
Debido Proceso. Cuaderno Judicial número 4, Quito, Ecuador, 2001.
MORA ALARCÓN, JOSÉ ANTONIO. El Procedimiento Abreviado y los otros
Procedimientos Penales (doctrina, jurisprudencia, formularios), Valencia, el autor, O.L, 1989.
IBAÑÉZ, PERFECTO ANDRÉS. La Reforma del Proceso Penal, (et al.), Madrid, Tecnos,
D.L, 1989.
DE LA OLIVA, ANDRÉS. Nuevos tribunales y nuevo proceso Penal, Estudios sobre la Ley.
3911988 y la Ley, Orgánica 711988. Demarcación y planta. Juzgados de lo Penal y Proceso
Penal Abreviado, Madrid, La Ley, D.L, 1989.
GONZAINI, OSWALDO ALFREDO. Derecho Procesal Constitucional. El Debido Proceso,
Rubinzal –Culzoni Editores. Buenos Aires, 2009
