UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE … · 2015. 7. 18. · En el Capítulo IV, se...
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UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “EL HACINAMIENTO DE REOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DELINCUENCIALES QUE SE PRODUCEN EN EL CENTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD DENOMINADO “EL BOQUERÓN”, EN CUILAPA, SANTA ROSA” MARIELA YAMILETH PÀIZ VIVAR CARNÉ No. 5016-01-12084
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UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“EL HACINAMIENTO DE REOS Y SU INCIDENCIA
EN LOS ACTOS DELINCUENCIALES QUE SE PRODUCEN EN EL CENTRO
DE MÁXIMA SEGURIDAD DENOMINADO “EL BOQUERÓN”,
EN CUILAPA, SANTA ROSA”
MARIELA YAMILETH PÀIZ VIVAR
CARNÉ No. 5016-01-12084
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“EL HACINAMIENTO DE REOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DELINCUENCIALES QUE SE PRODUCEN EN EL CENTRO DE
MÁXIMA SEGURIDAD DENOMINADO “EL BOQUERÓN”, EN CUILAPA, SANTA ROSA”
TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR:
MARIELA YAMILETH PÀIZ VIVAR
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIADA
EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
GUATEMALA, JULIO DE 2015
AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD: LIC. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO SECRETARIO DE LA FACULTAD: LIC. OMAR ABEL MORALES LURSSEN ASESOR: LIC. CARLOS AMILCAR LOBOS GUDIEL REVISOR: LIC. GERMAN AMBROSIO ALVARADO LÓPEZ
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REGLAMENTO DE TESIS
ARTÍCULO 9°: RESPONSABILIDAD
Solamente el estudiante, asesor y revisor serán los responsables ante terceros, del contenido y desarrollo de los trabajos de graduación, quienes deberán hacer del conocimiento del Decanato cualquier anomalía que se diere en el proceso de su elaboración.
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Í N D I C E:
Pág.
Introducción………………………………………..……………………………………….. 1
CAPÍTULO I
1. Derecho Penitenciario………………………………………………………................. 3
1.1. La pena privativa de libertad………………………………………………………… 3
1.2. Análisis histórico y evolución de los Sistemas Penitenciarios…………………. 3
1.2.1. Sistema Filadélfico Pensilvánico………………………………………………… 4
1.2.2. Sistema de Auburn o de la Regla del silencio…………………………………. 5
1.2.3. Sistemas Progresivos……………………………………………………………… 5
1.2.4. Sistema Reformador………………………………………………………………. 6
1.3. La relación jurídico-penitenciaria………………………………………………….. 6
1.3.1. Los derechos de los internos…………………………………………………….. 6
1.3.2. Los deberes de los internos………………………………………………………. 7
1.4. Los establecimientos penitenciarios………………………………………………. 7
1.4.1. Estructura física y ubicación……………………………………………………… 7
1.4.2. Ubicación…………………………………………………………………………… 8
1.4.3. Clasificación interior………………………………………………………………. 8
1.5. El Régimen Penitenciario…………………………………………………………… 8
1.5.1. Definición…………………………………………………………………………… 8
1.5.2. Fines…………………………………………………………………………………. 9
1.5.3. Principios inspiradores…………………………………………………………….. 9
1.5.4. Conducciones y traslados…………………………………………………………. 9
1.5.5. Información, quejas y recursos…………………………………………………… 10
1.5.6. Horario y regulación de actividades……………………………………………… 10
1.5.7. Participación de los internos en las actividades del establecimiento………… 10
1.5.8. Asistencia sanitaria e higiénica…………………………………………………… 10
1.5.9. Higiene y Aseo……………………………………………………………………… 11
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CAPÍTULO II
2.1. Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario Guatemalteco…………………. 12
CAPÍTULO III
Derecho Penitenciario actual en Guatemala…………………………………………… 17
3.1. Legislación en Materia Penal en Guatemala……………………………………… 17
3.1.2. Constitución Política de la República de Guatemala………………………….. 17
3.1.3. Decreto Legislativo número 17-73 Código Penal……………………………… 17
3.1.4. Decreto Legislativo número 51-92 Código Procesal Penal…………………… 17
3.1.5. Decreto Legislativo número 33-2006 Ley del Régimen Penitenciario………. 18
3.1.6. Acuerdo Gubernativo número 513-2011 Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario…………………………………………………………………………. 18
3.2. Régimen Penitenciario actual en Guatemala…………………………………….. 18
3.2.1. Consideraciones preliminares……………………………………………………. 18
3.2.2. Contenido mínimo que debe tener el Reglamento de la Ley del Sistema –
Penitenciario de Guatemala……………………………………………………… 19
3.2.3. Organización geográfica de los centros de prisión en Guatemala, según la
Ley del Régimen Penitenciario…………………………………………………… 21
3.2.4. Situación de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la –
Ley penal, en el Sistema Penitenciario guatemalteco………………………… 22
3.2.4.1. Marco Institucional………………………………………………………………. 23
CAPÍTULO IV
4. La organización, construcción y funcionamiento del centro de prisión de máxi-
ma seguridad conocido como “El Boquerón”, en jurisdicción del municipio de-
Cuilapa, Santa Rosa…………………………………………………………………… 26
4.1. Reseña histórica y ubicación del municipio de Cuilapa, Santa Rosa…………. 26
4.1.1. Organización administrativa del municipio de Cuilapa, Santa Rosa…………. 26
4.1.2. Demografía………………………………………………………………………….. 26
4.1.3. Geografía……………………………………………………………………………. 27
x
4.1.4. Economía…………………………………………………………………………… 27
4.1.5. Turismo……………………………………………………………………………… 27
4.2. Antecedentes de la construcción del centro de prisión de máxima seguridad,
conocida como “El Boquerón”……………………………………………………… 28
4.2.1. Hechos relacionados con su autorización……………………………………… 29
4.2.2. Aspectos relacionados con el trabajo de investigación……………………….. 30
4.2.3. Algunos hechos delictivos ocurridos en la cárcel de máxima seguridad “El-
Boquerón”, de Cuilapa, Santa Rosa, debido al hacinamiento, y mala admi—
nistración de dicho centro…………………………………………………………. 31
4.2.4. Consideraciones respecto de lo acontecido……………………………………. 40
4.3. En el año 2010, publicación Diario El Periódico, viernes 7 de mayo de 2010… 42
4.4. Publicación de Diario El Periódico, del 21 de octubre de 2010, a las 12:44:48. 43
4.5. En el año 2012……………………………………………………………………….. 47
CAPÍTULO V
5. Proyectos para contrarrestar el hacinamiento de reos y programas de
Rehabilitación en el centro de prisión de máxima seguridad “El Boquerón”, en
Cuilapa, Santa Rosa.
5.1. Causas del hacinamiento en la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón”… 50
5.2. Abuso de la prisión preventiva y debilidad en el debido proceso………………. 50
5.3. Falta de protección a personas privadas de libertad………………………………50
5.4. Caso real, producto del hacinamiento de reos, y la desorganización adminis-
trativa………………………………………………………………………………….. 51
5.5. La incongruencia entre la pena impuesta, y el castigo recibido……………….. 51
5.6. Normativa jurídica que rige la situación de las y los reclusos, según la Ley –
del Régimen Penitenciario…………………………………………………………. 52
5.6. Atención, Educación, y Resocialización de los privados de libertad………….. 53
5.7. Situación actual de los reclusos del centro preventivo de máxima seguridad-
en relación con los programas de educación y trabajo…………………………. 58
5.7.1. Personas reclusas que participan en programas de educación…………….. 58
xi
5.7.2. Personas reclusas realizando actividades comerciales……………………… 58
5.7.3. Propuesta de proyecto a desarrollar ante el Director del centro preventivo
de máxima seguridad ·El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa………………... 59
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………. 61
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………… 62
ANEXO 1…………………………………………………………………………………… 64
ANEXO 2…………………………………………………………………………………….65
BIBLIOGRAFÍA…………………………………..………………………………………... 70
xii
I N T R O D U C C I Ó N:
El municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, y especialmente
su cabecera municipal, a decir de sus habitantes, era un pueblo muy tranquilo, con
un mínimo de actos delincuenciales y no con tanta periodicidad como la que se
observa actualmente, conexándose inclusive con otros hechos delictivos producidos
en municipios circunvecinos, hasta donde se ha extendido el poder delincuencial de
quienes los planifican. Sin lugar a dudas la construcción de la cárcel de máxima
seguridad, conocida como El Boquerón, ubicada en el municipio de Cuilapa, del
departamento de Santa Rosa, vino a cambiar la tranquilidad que habían mantenido
sus pobladores, y los habitantes que se dedican a actividades comerciales o que
tienen un considerable y atractivo nivel económico, que son quienes han sufrido los
embates de los actos delincuenciales, que van desde robos y amenazas, hasta los
más deleznables, como lo son la extorsión, el plagio o secuestro, y como
consecuencia de algunos de ellos, el homicidio o el asesinato de sus víctimas. Casos
emblemáticos delincuenciales, encontramos varios, desde agosto del año 2002,
fecha en la cual, durante el gobierno de Alfonso Portillo, se inauguró este centro de
prisión de máxima seguridad.
En la actualidad, las características con las cuales fue construido, el centro de
prisión de máxima seguridad denominado “El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa, no
aparecen por ningún lado, quedando únicamente en el papel, porque dentro de dicho
centro, la realidad es totalmente diferente.
El presente trabajo de investigación pretende determinar el hacinamiento que
sufren los privados de libertad en dicho centro de prisión, la clasificación que se hace
de ellos, según la pandilla o grupo delictivo al que pertenecen, las condiciones en
que se encuentran, la conexión que tienen con los actos delincuenciales que se han
producido en el municipio de Cuilapa y otros vecinos, en el departamento de Santa
Rosa y el impacto que ha tenido en los habitantes de los referidos municipios.
Asimismo, se hará énfasis en las estrategias a tomar por parte de los órganos
jurisdiccionales, para que quienes aún son sospechosos de la comisión de un acto
1
delictivo, no sean enviados directamente de su aprehensión, a sufrir las
consecuencias de un ingreso a dicho centro de prisión de máxima seguridad.
En el Capítulo I, se establecen los aspectos más relevantes del Derechos
Penitenciario, incluyendo aspectos históricos y aspectos de clasificación y
organización general en diversos países.
En el Capítulo II, se describe la forma en que se han aplicado los Derechos
Humanos en los centros de prisión de nuestro país, y otros del istmo
centroamericano, con quienes tenemos problemas comunes, de todo tipo.
En el Capítulo III, se realiza un análisis del Derecho Penitenciario, de la
legislación en materia penitenciaria en Guatemala, de la organización geográfica de
los centros de prisión en nuestro país, y de la situación actual de las niñas, los niños
y los adolescentes en conflicto con la ley penal, en nuestro país.
En el Capítulo IV, se describe la reseña histórica y la ubicación del municipio
de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, haciendo énfasis que muchos años
antes de la construcción y funcionamiento de la cárcel de máxima seguridad
conocida como “El Boquerón”, era una comunidad tranquila, sin la concurrencia de
actos delictivos de mayor impacto, como los que se han suscitado a la fecha.se
analizan los hechos delictivos de gran trascendencia, ocurridos en ésta cárcel de
máxima seguridad, en los últimos años, haciendo énfasis en el hacinamiento
progresivo que se ha originado, y la mala administración que ha tenido dicho centro
carcelario.
En el Capítulo V, se describen los proyectos para contrarrestar el
hacinamiento de reos y programas de rehabilitación y reinserción social, en dicho
centro preventivo, que en algunos casos, son mínimos, y en otros son nulos, siempre
y sencillamente, NO HAY; asimismo se presenta todo el trabajo de investigación de
campo efectuado en dicho centro carcelario y una propuesta firme hecha al Director
de dicho centro con el objeto de sentar bases firmes para evitar en el futuro el
hacinamiento de los reclusos, dirigido especialmente a su rehabilitación e inserción
productiva a la comunidad.
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CAPÍTULO I
1. DERECHO PENITENCIARIO
Es considerada como una rama o ciencia del derecho, siendo parte integrante de
la penología, que fue definida por Francis Lieber en 1838 como rama de la ciencia
penal que se ocupa del castigo del delincuente. También se define como el conjunto
de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de
libertad y otras medidas penales privativas de libertad.
1.1. La pena privativa de libertad
Consiste esencialmente en la privación de la libertad ambulatoria durante un
determinado periodo de tiempo. Éste es su contenido fundamental, donde el
condenado conserva la titularidad y el ejercicio de todos sus derechos en la medida
que no resulten incompatibles con la pérdida de la libertad ambulatoria.
1.2. Análisis histórico y evolución de los sistemas penitenciarios
La prisión existe desde hace muchos siglos, pero en sus orígenes cumplía
finalidades distintas a las que cumple en la actualidad. Podemos decir que, hasta el
siglo XVI la regla general del encarcelamiento es la de custodia del reo hasta el
momento del juicio o de la ejecución. Por ejemplo, la prisión en España no constituyó
una medida penal de carácter común hasta finales del siglo XVIII. Hasta esa época
las penas eran predominantemente corporales, con su máxima expresión en la pena
de muerte, que iba acompañada de otras como los azotes o diversas mutilaciones.
El tránsito de la cárcel de custodia a la cárcel de cumplimiento se relaciona también
con los cambios sociales y económicos y con el empleo de la fuerza de trabajo que
proporcionan las personas encarceladas.
A partir de la Ilustración se concibe al hombre como un ser titular de derechos
y libertades que podrán ser privados o restringidos mediante la reacción penal. A
partir de este momento surge la cárcel como lugar donde se destina a los
condenados a cumplir la pena privativa de libertad.
Las cárceles, históricamente, no se utilizaban para castigar, sino para guardar
a las personas. Aunque, ya en la 2ª mitad del siglo XVI comenzaron a construirse
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prisiones organizadas para la corrección de los penados, utilizándose al principio,
más bien para la reclusión y reforma de vagabundos, mendigos y prostitutas. En
estas prisiones el fin educativo se procuraba alcanzar mediante el trabajo, el castigo
corporal, la instrucción y la asistencia religiosa. Posteriormente, surgen nuevas ideas
que reclamaban una penalidad más justa, y sobre todo, un sistema ejecutivo más
humano y digno y cuyos máximos representantes fueron Beccaría, Howard y
Bentham.
Los precursores de los modernos sistemas penitenciarios fueron los Estados
de América del Norte, donde las ideas de reforma, corrección y mejora de los
condenados a penas de prisión tenía su centro de gravedad en la base del
aislamiento y la separación del recluso para evitar el contagio moral y conseguir el
arrepentimiento con la lectura, obligatoria en algunos casos, de textos sagrados
como la Biblia. Estos modernos sistemas penitenciarios, después de implantarse en
América del Norte, hacen su aparición en Europa. Los impulsos reformadores se
configuraron, fundamentalmente en cuatro modelos o sistemas, tres de los cuales
aparecieron en Norteamérica y uno en Europa: filadélfico o pensilvánico, Auburn,
progresivo y reformatorio.
1.2.1. Sistema filadélfico o pensilvánico
Surge en las colonias británicas de América del Norte en 1776. Los presos
permanecían encadenados, hacinados, con malas condiciones higiénicas y
sanitarias, la comida era mala (carne salada y corrompida) y no existía ningún criterio
de clasificación interior. La reacción a esta situación surgió de la mano de Guillermo
Penn, jefe de la secta de los Cuáqueros, quién trató de suavizar el Código penal en
Pensilvania.
Este sistema fue abandonado al poco tiempo de su implantación en América
del Norte. Sin embargo, en Europa fue acogido con simpatía y expectación. No
obstante, hoy día es rechazable como régimen general de cumplimiento de penas
privativas de libertad, aunque, pueda admitirse la necesidad del aislamiento celular
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en algunos supuestos excepcionales y como medio de castigo con las adecuadas
limitaciones y control legal.
1.2.2. Sistema de Auburn o de la regla del silencio
Aparece en la ciudad de Auburn, del Estado de Nueva York en 1823, su autor
fue el capitán E. Lynds. Éste, tenía poca o ninguna fe en la posibilidad de reforma de
los penados a los que consideraba salvajes, cobardes, e incorregibles.
Las características fundamentales son: el aislamiento celular nocturno, pero
combinado con vida en común y trabajo durante el día, con una disciplina severa que
infringía castigos corporales frecuentes, el silencio absoluto, prohibición de contactos
exteriores no permitiéndoles recibir ninguna clase de visitas, ni aún de su familia.
Lynds estimaba que el silencio era la columna vertebral de su sistema. Su
incumplimiento era inmediatamente corregido con una serie de castigos corporales,
que iban desde los azotes con látigo normal, hasta el empleo del famoso y temible
“gato de las nueve colas”.
1.2.3. Sistemas progresivos
Surgieron en Europa aunque se aplicaron de forma aislada, fundamentalmente
en Inglaterra, Irlanda y España. Existe una característica común, y es que el recluso,
en el momento de ingresar en prisión era destinado a un régimen de aislamiento
celular absoluto. Con el transcurso de la condena, el buen comportamiento y el
trabajo en prisión se le iban concediendo ciertos beneficios de una manera gradual.
Iba evolucionando hacia la libertad con un régimen más benévolo, aunque, cualquier
involución negativa podía hacerlo regresar a un régimen más riguroso.
En España, se introduce el sistema progresivo por el Coronel Montesinos, en
el presidio de San Agustín (Valencia) desde 1834. Y estaba inspirado en una
ideología reformadora y humanista, centrado no en el delito sino en la persona, de
ahí el lema que se leía a la entrada del presidio: “La prisión solo recibe al hombre. El
delito queda en la puerta”. Este sistema se dividía en tres etapas o periodos: Primer
periodo, de hierros, segundo periodo, de trabajo; y tercer periodo, de la libertad
intermedia.
5
1.2.4. Sistema reformador
Este sistema presenta unos elementos comunes con los sistemas progresivos,
con la diferencia de que se utilizaba para la corrección de los delincuentes jóvenes.
Ya que se consideraba necesario distanciar a los jóvenes de los delincuentes adultos
y reincidentes para así conseguir su rehabilitación. Otra de las características
esenciales era la sentencia indeterminada porque se tenía en cuenta que cada preso
necesitaba un plazo distinto para alcanzar la reforma.
1.3. LA RELACIÓN JURÍDICO-PENITENCIARIA.
La relación jurídica penitenciaria se define como aquella relación de derecho
público entre el Estado, a través de la Administración Penitenciaria y los órganos
jurisdiccionales competentes, y un sujeto individual que ha adquirido la condición de
preso o penado. Esto genera unos derechos y unos deberes para cada parte.
Tradicionalmente se consideraba que la Administración penitenciaria adoptaba una
posición de supremacía respecto a los internos, por lo que esa relación jurídica era
considerada como una relación especial de sujeción (derechos más limitados).
1.3.1. Los derechos de los internos
La CE, en su artículo 25 establece que “el condenado a pena de prisión que
estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este
Capítulo, a excepción de los que se ven expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al
desarrollo integral de su personalidad”.
Establece, tres restricciones:
a. Limitación de derechos por el contenido del fallo condenatorio. Son limitaciones a
la libertad procedentes de la pena privativa de la misma y las limitaciones que
procedan de las penas accesorias.
b. Limitaciones referentes al sentido de la pena. Son limitaciones a los derechos cuyo
ejercicio resulte dificultado o impedido por la privación de libertad.
6
c. Limitaciones provenientes de la Ley Penitenciaria. Debe entenderse en sentido
restrictivo y en virtud de la rigurosa reserva de la ley en materia penitenciaria debe
estimarse que esas limitaciones t restricciones deberían establecerse solo en la LGP
y no en otras normas jurídicas de inferior rango.
1.3.2. Los deberes de los internos
La relación jurídica penitenciaria también genera deberes de obligado
cumplimiento para los internos. El RP incorpora la jurisprudencia del TC sobre las
“relaciones especiales de sujeción” y establece que “el interno se incorpora a una
comunidad que le vincula de forma especialmente estrecha, por lo que se le podrá
exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario en el cumplimiento de
sus obligaciones”. Por otra parte, el incumplimiento de los deberes por parte del
interno lleva aparejada responsabilidad disciplinaria. Los deberes de los internos
aparecen regulados en los artículos 4 de la LGP y 5 del RP. Son los siguientes:
1.4. LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
1.4.1. Estructura física y ubicación
Con la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social,
surgen los preceptos normativos siendo estos, producto de una aspiración
reformadora. Para conseguir esas metas es necesario que las instalaciones de los
establecimientos penitenciarios cumplan con las exigencias mínimas. Educar para la
libertad en un medio tradicionalmente hostil como es la cárcel sólo es posible si el
postulado es tenido en cuenta al organizar todos los aspectos de la vida
penitenciaria.
No se establece un diseño de edificación, la única referencia es que los
establecimientos penitenciarios deben acoger un número de internos por unidad,
para evitar el hacinamiento, lo cual en nuestra realidad no es así. Deben contar en el
conjunto de sus dependencias con servicios idóneos para la estancia de los privados
de libertad.
7
1.4.2. Ubicación
Los factores que han de tenerse en cuenta son, por un lado los de suficiencia
y, por otro, evitar el desarraigo familiar y social del interno, por tanto, el lugar más
cercano a la región o provincia en que viva habitualmente el recluso, es de suma
importancia para que no pierda las relaciones familiares y sociales que mantenía en
su entorno rutinario.
1.4.3. Clasificación interior
Los modernos postulados penitenciarios requieren una diversidad de
establecimientos para poder llevar a la práctica una de las finalidades más
perseguidas por las técnicas de observación penitenciaria: la clasificación de los
reclusos. La individualización del tratamiento exige, la clasificación y destino al
establecimiento más adecuado a su personalidad. La clasificación es el punto de
partida del tratamiento penitenciario, esto se manifiesta en el actual sistema de
individualización científica.
Las Reglas Mínimas de Ginebra, de 1955, disponen, en su Regla 8ª que “los
reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes
establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su
sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que
corresponda aplicarles”. Debe existir una completa separación, teniendo en cuenta el
sexo, emotividad, estado físico y mental y, respecto a los penados, las exigencias del
tratamiento.
1.5. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO
1.5.1. Definición
Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que
persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita
alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia
de los reclusos”. También establece un principio de sumisión del régimen al
tratamiento, es decir, la consideración del régimen como un medio. Las funciones
regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines
8
indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán
significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e
intervención de los reclusos.
1.5.2. Fines
El régimen penitenciario constituye un medio para la consecución de los fines
del tratamiento. Según sea la situación procesal del interno (preventivo o penado),
los objetivos del régimen serán diferentes.
En los penados, la finalidad es la reeducación y la reinserción social, aunque
también existe el objetivo de retención y custodia de los mismos. En cambio en los
preventivos el objetivo primordial será retener y custodiar al interno.
1.5.3. Principios inspiradores
El régimen responderá a los principios de legalidad, (la actividad penitenciaria
se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley, los
reglamentos y las sentencias judiciales); subordinación (dependencia del régimen
respecto al tratamiento y siempre subordinado a él) y coordinación (las actividades
regimentales y de tratamiento deben estar debidamente coordinadas y todo en virtud
de las exigencias del tratamiento individualizado de los internos).
1.5.4. Conducciones y traslados
La normativa penitenciaria establece que los traslados de los reclusos deben
efectuarse respetando la dignidad y los derechos de los mismos así como la
seguridad de la conducción. En nuestro medio es común observar los atentados que
inclusive han dejado víctimas fatales, a los vehículos del Sistema Penitenciario, que
transportan a reclusos hacia los órganos jurisdiccionales para su primera declaración
u otras diligencias. El traslado puede obedecer a diversas causas, tanto ordinarias
como extraordinarias y normalmente son por motines, razones médicas, diligencias
judiciales u otras. En muchos casos puede utilizarse el traslado de un centro a otro
como una sanción encubierta o como sustitutivo de una medida sancionatoria, o para
que otro órgano jurisdiccional continúe el proceso. Todo esto genera inseguridad
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jurídica para el interno convirtiéndose en una consecuencia negativa más de la
famosa teoría de la “relación de sujeción especial”.
1.5.5. Información, quejas y recursos
Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre el régimen del
establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para
formular peticiones, quejas o recursos. A los extranjeros se les informará sobre la
posibilidad de solicitar la aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos
y ratificados por Guatemala y sobre la sustitución de la pena por expulsión. El interno
tiene derecho también a ser informado de su situación procesal, penal y penitenciaria
y de sus derechos y obligaciones
1.5.6. Horario y regulación de actividades
En todos los establecimientos penitenciarios regirá un horario, que será
puntualmente cumplido. Su incumplimiento generará responsabilidad disciplinaria. Se
garantizan 8 horas diarias para el descanso nocturno y que las necesidades
espirituales y físicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas,
laborales y culturales de los internos, queden atendidas. Las actividades serán:
voluntarias (utilización de enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones
deportivas…) y obligatorias (las prestaciones personales necesarias para el
mantenimiento del buen orden, limpieza e higiene de los establecimientos.
1.5.7. Participación de los internos en las actividades del establecimiento
La participación de los internos en las actividades del centro es un aspecto de
vital importancia puesto que supone un mayor compromiso de los internos con la
marcha del centro. Prevé el fomento de sistemas de participación de los internos en
actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral,
cultural o deportivo, así como en el desenvolvimiento de los servicios alimenticios,
entre otros. La participación de los internos se realiza por medio de Comités.
1.5.8. Asistencia sanitaria e higiénica
Uno de los derechos de los internos es que la Administración les preste una
adecuada y necesaria asistencia sanitaria. Además prestada en todos los niveles:
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prevención, curación y rehabilitación y será equivalente a la dispensada al conjunto
de la población y a la prestación farmacéutica y otras complementarias. En cada
centro existirá al menos un médico general con conocimientos psiquiátricos.
Asimismo, se establecen vías de colaboración.
1.5.9. Higiene y aseo
Dentro de los deberes de los internos, se encuentra el de observar una
adecuada higiene y aseo personal bajo el control de los funcionarios, (incluso de que
se duchen o bañen, al menos una vez por semana). Para ello, la Administración
facilitará gratuitamente los servicios y artículos de aseo diarios. También a las
mujeres se les facilitarán los artículos necesarios de uso normal para la higiene
íntima.1
1 http://www.unav.es/penal/iuspoenale
11
CAPÍTULO II
2.1. DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA PENITENCIARIO
GUATEMALTECO
No se puede hablar de derechos humanos en las cárceles o mazmorras de las
dictaduras regionales del siglo XX, en donde centenares de ciudadanos
centroamericanos fueron encarcelados por razones políticas, por sospechas
infundadas, por expresar sus opiniones o simplemente por no estar de acuerdo con
los regímenes autoritarios, siendo torturados, abusados y asesinados brutalmente.
Sin embargo, después de los conflictos armados de los años ochenta y de la
firma de la paz; a partir de los años noventa, la seguridad, el respeto a los derechos
humanos y la justicia, de nuevo, se han situado como temas de principal
preocupación para Centroamérica.
El aumento de la población, la creciente situación de pobreza extrema, de falta
de oportunidades, la cada vez más amplia exclusión, el débil e ineficaz sistema
judicial, sumados a la falta de voluntad política de los gobiernos de turno y a la
imposición de medidas represivas en el marco de la agenda antiterrorista
estadounidense, han sido los detonantes clave en el colapso del sistema
penitenciario centroamericano, con resultados de gravísimas violaciones a los
derechos humanos.
Las distintas leyes de mano dura que se han implementado en los últimos
años en varios países de Centroamérica, supuestamente para combatir la
delincuencia, no han hecho más que llenar las cárceles de jóvenes que no tienen
proceso alguno, a quienes no se les prueba los supuestos delitos por los que fueron
encarcelados, provocando por el contrario una saturación de los edificios carcelarios
y una inaceptable situación de violaciones a los derechos humanos, que ha sido
denunciada ante diversos organismos internacionales a cargo de su vigilancia.
La Alta Comisionada manifiesta su profunda preocupación ante los sucesos
violentos ocurridos en el sistema penitenciario, especialmente durante agosto y
septiembre de 2005, que resultaron en las muertes violentas de varios reos y de
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algunos adolescentes en centros juveniles. Al no proveer la seguridad necesaria y no
prevenir las acciones violentas de los reos y la corrupción del personal penitenciario,
el Estado incumple sus obligaciones de derechos humanos.2
Según información pública, en la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil de
Escuintla, como en la Granja de Rehabilitación Pavón, en la Granja Canadá y en el
Centro Preventivo de Mazatenango, Guatemala, se registraron enfrentamientos
violentos entre grupos de “pandilleros”, conocidos como “maras”, que habrían dejado
como saldo más de 30 muertos y 80 heridos. Conforme la información de prensa, los
pandilleros utilizaron granadas de fragmentación, armas de fuego y machetes
durante los motines con la participación de las autoridades. Desde el año 2000 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado que las condiciones
inhumanas y la falta de personal idóneo y capacitado, junto con la falta de
supervisión, conducen a actos de violencia interna, protestas, huelgas y reiteradas
fugas que generan un sentimiento de inseguridad cada vez mayor entre la
ciudadanía. En relación con la situación de los detenidos asociados con las “maras” o
“pandillas”, en la visita realizada en noviembre de dos mil cuatro por el Relator
Especial sobre derechos de las personas privadas de libertad a Guatemala, observó
que se les da un trato caracterizado por el abandono, el hacinamiento, la falta de
infraestructura adecuada, de sanidad y de acceso a cuidados médicos y
psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos
dirigidos a su rehabilitación. En particular, en esa oportunidad, llamó la atención del
Relator la ausencia de una política penitenciaria para los jóvenes en conflicto con la
ley.3 En los últimos tres años, en Guatemala, El Salvador y Honduras, dentro de las
cárceles, se han registrado graves sucesos, con un alto saldo de muertes violentas,
producidas principalmente con armas de fuego de alto calibre. Supuestos ajustes de
2 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Guatemala.
Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos humanos. 62° periodo de sesiones. Naciones Unidas. 6 de
febrero de 2006. 3 Comunicado de Prensa 32/05. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, D.C., 18 de
agosto de 2005. El relator especial sobre derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por sucesos violentos registrados en
diferentes centros penitenciarios guatemaltecos.
13
cuentas entre jóvenes pertenecientes a maras, incidentes como incendio,
amotinamientos de reos, asesinatos, supuestos suicidios, entre otros, son las
informaciones recurrentes de todas las cárceles del país, y a nivel del istmo
centroamericano.
Como es rutinario, las muertes permanecen en la impunidad por falta de
investigación criminal (falta de investigaciones expeditas y técnicas, contaminación
de la escena del crimen, eliminación de evidencia, no colaboración de las
autoridades, falta de protección de testigos y víctimas).
Las mujeres son un sector que merece una atención priorizada en los
presidios, aun cuando constituyen un porcentaje bajo de la población penal. La
mayoría de ellas están encarceladas por delitos menores o faltas leves, tienen hijos
menores en los penales, la mayoría nacieron en prisión, no existe una atención
médica especializada (ginecología, pediatría), por su condición, son más vulnerables
a violaciones de todo tipo, incluso propiciada por las mismas autoridades de los
centros penales, o por sus mismas compañeras reclusas.
Siendo las mujeres el porcentaje más bajo del total de la población carcelaria,
en ellas se expresa con crudeza la discriminación y el abuso de los que son objeto
todas las mujeres en nuestro país. Las mujeres presas son víctimas de una triple
discriminación: la que se deriva de su condición de mujeres, la que les impone su
situación de encierro, y la que sufren todas las personas pobres y excluidas sobre las
que el sistema penal lanza todo su odio. En muchos casos, las mujeres en prisión
son chantajeadas por funcionarios penitenciarios que les ofrecen algunas
“prebendas” a cambio de favores sexuales. El trato es especialmente indigno para el
cuerpo de las mujeres cuando en las cárceles se realizan operativos en busca de
armas o drogas.
La legislación penitenciaria establece que en prisión las mujeres deben
permanecer separadas de los hombres y vigiladas por personal femenino, algo que
poco a poco ha ido mejorando.
14
Los prolongados períodos de detención preliminar fueron un problema serio.
Durante el año, aproximadamente un 63 por ciento de la población penitenciaria
todavía esperaba su juicio. Debido a la ineficiencia y corrupción judicial y la falta de
recursos asignados por el gobierno, muchas personas en detención preventiva han
estado en prisión en términos equivalentes a la máxima condena que hubieran
recibido por el crimen del cual fueron acusados. Muchos prisioneros permanecieron
en la cárcel después de haber sido absueltos o de haber completado sus sentencias,
debido a que los oficiales responsables no procesaron su liberación.
El caso de Guatemala, es un caso típico de los problemas:
a) Sobrepoblación penal, con una población penal de aproximadamente nueve
mil reos, distribuidos en 24 penales.
b) Bajo presupuesto. Solo el 8 % del presupuesto del Ministerio de Gobernación
se asigna al Sistema Penitenciario.
c) Personal penitenciario sin capacitación adecuada.
d) Infraestructura obsoleta. El 71% de los edificios carcelarios fueron construidos
entre 1960 y 1970.
e) Militarización. La seguridad perimetral está a cargo del ejército. La escuela de
estudios penitenciarios está a cargo de catedráticos militares en activo o en
situación de retiro.
f) Igualmente, funcionarios en puestos clave del sistema penitenciario son
militares en situación de retiro.
g) El 70% de los centros no cuenta con servicios médicos. El 30% cuenta con
médicos disponibles una hora diaria.
h) Corrupción. La alta corrupción existente en las cárceles de Guatemala ha
provocado varias fugas de prisioneros de alta peligrosidad y asesinatos
atroces en innumerables ocasiones, sin que las autoridades hayan podido
actuar contra los responsables, que claramente actuaron en complicidad con
autoridades penitenciarias.
15
i) Sin embargo, cabe resaltar luego de varios años de debates y dilaciones, la
aprobación en el Congreso de la República de Guatemala la Ley del Sistema
Penitenciario, considerada esencial para ordenar y regular el funcionamiento
de las cárceles.
j) Pese a ser aprobada con más de 40 modificaciones, analistas calificaron como
positivo el hecho de contar por primera vez con una ley para normar los
derechos y deberes tanto de los presos, como de los administradores de las
cárceles, ya que, el vacío legislativo ha dado lugar a la proliferación de actos
de corrupción ya que el control disciplinario estuviera en manos de los propios
reclusos.
La entonces Diputada, y actual Vicepresidenta de Guatemala, comentó en su
oportunidad: “lo más importante es que se devuelve el control de las cárceles a las
autoridades penitenciarias.”4 (Comentario con ocasión de la aprobación de la Ley del
Sistema Penitenciario de Guatemala).
4 www.prensalibre.com/ publicación del 8 de septiembre de 2006.
16
CAPÍTULO III
DERECHO PENITENCIARIO ACTUAL EN GUATEMALA
3.1. LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL EN GUATEMALA
3.1.2. Constitución Política de la República de Guatemala
En el artículo primero del máximo cuerpo legal de nuestro país, se establece:
“Artículo 1º. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
3.1.3. Decreto Legislativo número 17-73, Código Penal
El Código Penal (Decreto número 17-73 del Congreso de la República)
establece en su artículo 44, que los condenados a prisión que observen buena
conducta durante las tres cuartas partes de la condena, se les pondrá en libertad.
¿Qué sucede con el Régimen Progresivo contemplado por la Ley de Régimen
Penitenciario? ¿Es excluyente o complementario?
El artículo 80 del Código Penal desarrolla el Régimen de la libertad
condicional. Sin embargo no se establece si dicho régimen ya no está vigente al
empezar a regir la Ley del Régimen Penitenciario. El artículo 87 de éste cuerpo legal,
desarrolla índices para determinar la peligrosidad de un delincuente. Sin embargo, no
se establece si ese criterio será el que debe utilizarse en la Ley del Régimen
Penitenciario; en todo caso se estará a lo relativo que “en materia penal se debe
aplicar todo aquello que más favorezca al reo” (Principio de indubio pro reo)
3.1.4. Decreto Legislativo número 51-92, Código Procesal Penal
En relación con el cumplimiento de condena, éste cuerpo legal establece en
su artículo 493: “Ejecutoriedad. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de
que se encuentre firmes. A tal efecto, el día en que devienen firmes, se ordenará las
comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirán los autos al juez de
ejecución. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de
ejecución remitirá ejecutoria del fallo, al establecimiento en donde deba cumplirse la
prisión, para se proceda según corresponda. Si estuviere en libertad, ordenará
17
inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta
regla”.
3.1.5. Decreto Legislativo número 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario
La ley tiene un enfoque dirigido a la rehabilitación social de los reclusos y exige
condiciones ideales para alcanzar este objetivo. Existe una brecha entre lo que se
aspira con la ley y la realidad actual del Sistema Penitenciario. Existen grandes
deficiencias y numerosos problemas. Estas condiciones no permiten la
implementación de una ley que requiere cierta estructura que funciona
apropiadamente. Es un reto muy grande querer implementar esta ley, en un sistema
político en el cual impera la corrupción y los intereses personales y partidistas. A
parte de lo anterior mencionado, la Ley del Régimen Penitenciario misma, muestra
distintas deficiencias que requieren una revisión y cambios legales.
3.1.6. Acuerdo Gubernativo 513-2011, Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario
Este cuerpo legal desarrolla la estructura del Sistema Penitenciario, los
derechos, obligaciones y prohibiciones de las y los reclusos dentro de un centro de
cumplimiento de condena, lo relativo a estudio, trabajo, beneficios, y otros de ellas y
ellos; las atribuciones y funciones del personal que integra los distintos órganos del
Sistema Penitenciario, y lo relativo a los procedimientos para obtener los beneficios,
por educación, trabajo, y cumplimiento de la parte correspondiente a la condena,
para el efecto.
3.2. Régimen Penitenciario actual en Guatemala
3.2.1. Consideraciones Preliminares
El Sistema Penitenciario se rige actualmente bajo la Ley del Régimen
Penitenciario, Decreto numero 33-2006, que entró en vigencia el 7 de abril de 2007.
Esto es la primera ley en Guatemala que regula el Sistema Penitenciario, ya que
anteriormente únicamente se contaba con algunos instrumentos legales que
regularon aspectos muy puntuales en esta materia. Aunque se habían creado
18
comisiones para transformar el Sistema Penitenciario en varias ocasiones, fue hasta
en el año 2006 que se aprobó la ley actual.
La ley contempla un plazo de dos años para la reorganización administrativa
de la Dirección General y para la creación de los equipos multidisciplinarios, un
plazo de cuatro años para la implementación de la carrera penitenciaria y un plazo
de diez años para la implementación del régimen progresivo y la implementación
completa de la ley. La Ley del Régimen Penitenciario, a través de su artículo 110,
derogó expresamente la Ley de Redención de Penas (Decreto número 56-69). Sin
embargó, la nueva ley no aborda importantes temas que contemplaba dicha ley, lo
cual deja vacíos legales, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación del régimen
progresivo, ya que no se establecen exclusiones o limitaciones, como lo tenía la Ley
de Redención de Penas. Es conveniente hacer un análisis general de dicha Ley
vigente, de acuerdo a los siguientes aspectos:
a) La Ley del Régimen Penitenciario no derogó expresamente otra normativa
jurídica que regula la misma materia, la cual está contenida en el Código
Penal guatemalteco;
b) La Ley del Régimen Penitenciario define el contenido mínimo del reglamento.
c) La Ley del Régimen Penitenciario define muchas responsabilidades a los
Equipos Multidisciplinarios, lo que en la práctica será difícil de cumplir.
d) La Ley del Régimen Penitenciario contiene contradicciones en el capítulo del
Régimen Disciplinario para la población reclusa.
e) La Ley del Régimen Penitenciario exige un mínimo de infraestructura
carcelaria y servicios, sin embargo el Congreso de la República no ha
aumentado el presupuesto de la Dirección General del Sistema Penitenciario
desde la vigencia de la ley.
3.2.2. Contenido mínimo que debe tener el reglamento de la Ley del Sistema
Penitenciario de Guatemala
La Ley del Régimen Penitenciario establece en su Artículo 99, que el Organismo
Ejecutivo debería de emitir el reglamento en un plazo de tres meses, extremo que no
19
se produjo en la realidad, sino hasta cinco años después. La propia Ley de Régimen
Penitenciario, cita parte del contenido mínimo que debe abordar el Reglamento,
como es:
1) La Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, especialmente lo relativo a las
dietas que percibirán sus integrantes;
2) La carrera penitenciaria, y específicamente el sistema de concursos de oposición
para los ascensos y nombramientos a puestos de trabajo;
3) Lo relativo a la Escuela de Estudios Penitenciarios;
4) El contenido mínimo que se le fijó al Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario, aborda varios de los temas medulares del Sistema, lo que era
absolutamente improbable se desarrollara en tres meses;
5) Se dejan grandes prerrogativas y responsabilidades en los Equipos
Multidisciplinario de Diagnóstico y Tratamiento; especialmente cuando se trata de
recomendar: la remisión de reclusos a Centros Especiales de Detención o de
Máxima Seguridad; determinar que la fase de tratamiento de un recluso ha
concluido; determinar que inicia la Fase de Pre-libertad; limitar el régimen de
Redención de Penas;
6) De una manera arbitraria y conociendo las falencias técnicas, materiales y
presupuestarias, se determina que cada centro de condena contará con los
Equipos Multidisciplinario de Diagnóstico y Tratamiento, encargado de las fases
de tratamiento, Pre-libertad y Libertad Controlada. Equipos que deberán concluir,
salvo excepciones, con la Fase de Tratamiento de un recluso, como máximo
cuando cumpla la mitad de su condena. Con la entrada en vigencia de la Ley del
Régimen Penitenciario, se debió contar en los centros de detención, con los
siguientes servicios: Las personas reclusas deben contar con servicios
permanentes de medicina general, odontología; psicología y psiquiatría, con su
respectivo equipo; en cada centro penal debe existir una biblioteca; las personas
reclusas tienen derecho a recibir visita íntima de su cónyuge en locales
especiales; las personas reclusas tienen el derecho de profesar la religión y por lo
20
menos deben tener un local destinado a los cultos religiosos; contar con una
Guardería infantil; contar con un centro de detención especial, para personas
adultas mayores y para discapacitados; cada centro de condena contará con un
Equipo Multidisciplinario encargado de las fases de Tratamiento, Pre-libertad y
Libertad Controlada; contar con programas especiales de desintoxicación y
rehabilitación para el alcohol y los estupefacientes.
7) Sin embargo el Congreso de la República, en el año de vigencia de la Ley, no
aumento el presupuesto del la Dirección General del Régimen Penitenciario.
8) La Ley del Régimen Penitenciario, en su Artículo 74, limita la posibilidad de
redimir las penas de privación de libertad, cuando los delincuentes sean de alta
peligrosidad social, observen mala conducta, hayan intentado fugarse, o cuando
en sentencia firme se les haya limitado ese beneficio. Sin embargo el Régimen
Progresivo, que en la práctica tiene efectos similares a la Redención de Penas,
no tiene limitaciones en su aplicación.
3.2.3. Organización geográfica de los centros de prisión en Guatemala, según
la Ley del Régimen Penitenciario
La Ley del Régimen Penitenciario, en su Artículo 96, establece que debe haber al
menos un centro de Prisión Preventiva por Departamento en el país y uno de
cumplimiento de condena en cada una de las ocho regiones en que éste está
dividido; las cuales son: Región I: Guatemala; Región II: Alta Verapaz y Baja
Verapaz; Región III: Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso; Región IV: Jutiapa,
Jalapa y Santa Rosa; Región V: Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez; Región
VI: Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango y San Marcos;
Región VII: Huehuetenango y Quiché; Región VIII: Petén. El Sistema Penitenciario
indica que el país cuenta con veintidós cárceles, quince de ellas son preventivas;
cinco de condena y dos de máxima seguridad.
21
3.2.4. Situación de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la
Ley Penal, en el Sistema Penitenciario guatemalteco
El Artículo 20 de la Constitución de la República indica, que una ley específica
regula lo relacionado con los menores de edad violando la ley penal, y que ellos
deben ser atendidos por instituciones y personal especializado, en ningún caso
pueden ser internados en centros para adultos.
Lo mismo estipula el artículo 48 de la Ley del Régimen Penitenciario,
prohibiendo el ingreso de menores a los centros de detención que forman parte del
Sistema Penitenciario. Además, el Código Penal y el Código Procesal Penal aplican
únicamente a personas mayores de edad.
En consecuencia, todo lo relativo a los menores de edad en conflicto con la ley
penal (tanto las disposiciones procesales como las de cumplimiento de sanciones) es
normado en una legislación especial, la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (LPINA), Decreto número 27-2003. Se aplica a todas las personas que
tienen entre los trece y menos de dieciocho años de edad en el momento de haber
ocurrido el hecho penal. La ley tiene un enfoque muy fuerte hacia la reeducación de
los adolescentes, por lo tanto las sanciones privativas de libertad se dictan
únicamente como último recurso y cuando no es posible aplicar otro tipo de sanción.
Hay que tomar en cuenta, que la sanción de privación de libertad tiene una duración
máxima de dos años para menores de edad entre trece y quince años y de seis años
entre los quince y los dieciocho años. El cumplimiento de la privación de libertad se
lleva a cabo en uno de los centros para menores en los siguientes regímenes:
a. Régimen abierto: El adolescente tiene como residencia habitual el centro
de cumplimiento pero puede llevar a cabo todas sus actividades sociales y
educativas afuera del centro.
b. Régimen semi-abierto: El adolescente tiene como residencia habitual el
centro de cumplimiento y puede llevar a cabo algunas de sus actividades
sociales y educativas afuera del centro.
22
c. Régimen cerrado: El adolescente tiene como residencia habitual el centro
de cumplimiento y no tiene permiso de salir.
3.2.4.1. Marco institucional
Según el artículo 259 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, el ente responsable de
todas las acciones involucradas con el cumplimiento de sanciones impuestas a los
menores de edad es la Secretaría de Bienestar Social (SBS). En enero del 2006 se
realizó una reestructuración de dicha Secretaría. La Ley de la Protección integral de
la Niñez y Adolescencia, establece algunas sanciones como las siguientes:
a) Sanciones socioeducativas (Amonestaciones y advertencia, Libertad asistida,
Servicio a la comunidad, reparación de daños);
b) Ordenes de orientación y supervisión (Abandonar el trato con determinadas
personas, Abstenerse a ingerir bebidas alcohólicas, etc.);
c) Internamiento terapéutico para desintoxicación;
d) Privación del permiso de conducir.
Desde el año 2008 al año 2010 se atendió un total de 3,069 adolescentes,
contando en octubre del 2010 a 576 adolescentes internados. Se puede notar un
aumento significativo de los internados en los últimos dos años. Razones por esta
evolución son: Aumento de la delincuencia en general; aumento de capturas,
especialmente de pandilleros: atrasos en los juzgados por tener más casos y casos
más complejos que requieren más tiempo de investigación; mayor participación de
menores en actos criminales organizados por el crimen organizado o bandas de
delincuencia común, para aprovechar que los menores son inimputables o reciben
sanciones menores.
Acerca de los pandilleros cabe mencionar que actualmente están recluidos en
centros de varones aproximadamente 155 pandilleros (Mara 18 y Mara Salvatrucha)
lo cual equivale a un 30% del total. La reclusión de pandilleros registra aumentos
consecutivos a partir del año 2005 y aumentos más fuertes a partir del 2009.
23
Actualmente, un 68% de los internados están en prisión preventiva y un 32% está
cumpliendo condena. A pesar que los números de adolescentes en prisión preventiva
bajaron considerablemente en los años posteriores a la emisión de la Ley
relacionada, se registra nuevamente un aumento en los últimos tres años.
En el caso de los menores de edad el personal a cargo de la custodia son
monitores. Ellos tienen la misma función como los agentes penitenciarios para los
adultos. “Personal de vigilancia en los centros de internamiento Internados Monitores
CEJUDEP – Gaviotas, internados: doscientos cuarenta y tres; Total de monitores:
dieciséis; internados por monitor de turno: treinta. CEJUPLIV – Etapa II, internados:
ciento noventa y siete; Total de monitores: cincuenta; internados por monitor de
turno: ocho. CEJUPLIV II – Anexo; internados: ochenta y cinco; Total de monitores:
dieciséis; Internados por monitor de turno: once. CEJUPLIM – Gorriones: internados:
cincuenta y uno; Total de Monitores: dieciséis; Internados por monitor de turno: seis.
Centro Juvenil de Detención Provisional – CEJUDEP – Gaviotas, ubicado en Zona
13, Ciudad de Guatemala; Preventivo para varones. Centro Juvenil de Privación de
Libertad para Varones – CEJUPLIV – Etapa II, ubicado en San José Pinula,
cumplimiento de pena para varones. Centro Juvenil de Privación de Libertad para
Varones II – CEJUPLIV II – Anexo, ubicado en Zona 13, Ciudad de Guatemala,
cumplimiento de pena para varones. Centro Juvenil de Privación de Libertad para
Mujeres – CEJUPLIM – Gorriones, ubicado en Carretera a San Juan Sacatepéquez,
Preventivo y Cumplimiento de pena para mujeres.”5
Los monitores poseen en mayoría título de enseñanza media. Algunos, pero
no todos, tienen experiencia en seguridad. No se contratan ex agentes de la Policía
Nacional Civil, ni ex agentes del Sistema Penitenciario. Anteriormente, los monitores
no recibían formación inicial, ahora desde unos meses se les imparte una formación
inicial de tres días, posteriormente reciben capacitación un día al mes en distintos
temas de su interés en la Academia de Monitores ubicada en el CEJUPLIV Etapa II.
También atienden semanalmente cursos de Karate en una academia profesional. Las
5 Informe del CEJUPLIV II Anexo. Octubre de 2010. Informe de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República. Mayo de 2011.
24
condiciones de trabajo de los monitores son mejores que las de los agentes
penitenciarios: trabajan en turnos de siete días; las instalaciones de personal son
sencillos, pero en mejores condiciones que las de los agentes penitenciarios; no hay
hacinamiento y los cuartos están bien mantenidos; los monitores son rotados
periódicamente a criterio del director de seguridad sin ninguna política establecida al
respecto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todos los centros están
ubicados en el área metropolitano. Los índices de corrupción son mucho menores
que en el Sistema Penitenciario. La remuneración de los monitores es mayor a la de
los agentes penitenciarios. Actualmente un monitor recibe un salario ordinario de Q.
4,250.00 y está contratado en el renglón 011. También cuentan con seguro de vida.6
6 CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES. CIEN. El Sistema Penitenciario
Guatemalteco – un diagnóstico. Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad 2012 – 2020. Pág. 60
25
CAPÍTULO IV
4. La autorización, construcción y funcionamiento del Centro de Prisión de
Máxima Seguridad, conocido como “El Boquerón”, en jurisdicción del
municipio de Cuilapa, Santa Rosa.
4.1. Reseña histórica y ubicación del municipio de Cuilapa, Santa Rosa
El municipio fue fundado el 8 de mayo de 1852 bajo el nombre de
Cuajiniquilapa y nombrado como cabecera del departamento de Santa Rosa. Sin
embargo, el terremoto del 10 de marzo de 1910 destruyó la ciudad, y a raíz de ello, el
municipio de Barberena fue nombrado como cabecera. El 18 de octubre de 1920, se
eligió nuevamente a Cuajiniquilapa como cabecera departamental; pero bajo el
nombre de Cuilapa.
Limita al Norte, con los municipios de Nueva Santa Rosa y Casillas; al Sur,
con el municipio de Chiquimulilla, Santa María Ixhuatán y Oratorio; al Este, con los
municipios de Oratorio y San José Acatempa, ambos, del departamento de Jutiapa; y
al Oeste, con el municipio de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, en el departamento
de Santa Rosa. Su clima es templado y su verdadera fiesta titular se celebra el 25 de
diciembre, en honor al Niño Dios.
4.1.1. Organización administrativa del municipio de Cuilapa, Santa Rosa
Es uno de los 334 municipios de la República de Guatemala y es la cabecera
departamental del departamento de Santa Rosa. Tiene una extensión territorial de
alrededor de 365 kilómetros cuadrados y está integrado por una cabecera municipal,
11 aldeas y 28 caseríos.7
4.1.2. Demografía: Cuilapa tiene una población de 30,951 habitantes, de los cuales
14,444 son hombres y 15,507 son mujeres, mientras que 14,028 viven en el área
urbana y 15,923 en el área rural.8
7 Diccionario Municipal de Guatemala, 2001.
8 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. 2002.
26
4.1.3. Geografía:
El municipio de Cuilapa está dividido en una cabecera municipal, 11 aldeas y
28 caseríos. En su territorio hay tres cerros, 11 ríos, dos riachuelos, 12 quebradas, y
dos lagunetas. La altitud aproximada del municipio es de 893 metros sobre el nivel
del mar.
Las aldeas de Cuilapa son: Barillas, Los Esclavos, Joya de Limón, Los
Matochos, El Molino, El Pinito, Los Pinos, Plan del Amate, Purificación de los
Esclavos, San José y San Juan de Arana.
Los caseríos del municipio son: Agua Tibia, Las Ánimas, La Bomba, Calderas,
El Cielito, El Colmenar, La Conce, Los Corralitos, Cuesta Grande, Cuilapilla, Espinal,
Graciela, Las Guacamayas, La Laguna, Laguna Seca, El Manguito, Montecillos, El
Ojo de Agua, Plan de Ávila, El Polvón, La Providencia, El Renacimiento, Rodeo Alto,
Rodeo el Molino, San Mateo, Talpetates, Villa Graciela y El Zope.
4.1.4. Economía:
En Cuilapa se produce café, caña de azúcar, maíz, trigo y frutas, -
especialmente la piña, llamada piña de azúcar. Además, se elaboran ladrillos, tejas
de barro, panelas, tejidos de algodón, cestos, muebles de madera y cuero, entre
otros productos. En la región hay beneficios de café e ingenios en los cuales se
produce azúcar.
4.1.5. Turismo:
Algunos de los sitios arqueológicos y turísticos de Cuilapa son El Prado, y
el Puente de Los Esclavos, construido sobre el río del mismo nombre. Los
arquitectos de ese puente, construido en 1592, fueron Francisco Tirado y Diego
Phelipe. La obra arquitectónica tiene aproximadamente 128 varas de largo y 18 varas
de ancho.
27
4.2. Antecedentes de la construcción del Centro de Prisión de Máxima
Seguridad, conocido como “El Boquerón”
El Centro de Prisión de Máxima Seguridad El Boquerón, ubicado en Cuilapa,
Santa Rosa se inauguró el 16 de agosto de 2002, durante el gobierno de Alfonso
Portillo, con un monto aproximado de cinco millones de quetzales (Q5,000,000.00).
Se clasificó con ese nombre porque por primera vez se separó la visita de los
internos con guardias penitenciarios, y visitantes. En ésta cárcel, había malla
metálica, en que el único contacto era por medio de los dedos de las manos.
Sin embargo, por reclamos del Procurador de Derechos Humanos, ante la
falta de contacto se dejaron de usar exclusas de visitas”9. En la actualidad los reos
reciben visitas en los patios. Según versiones del actual Alcaide, el señor Santiago
Cho Tu, y el Director actual, el señor ABEL ISTICOC OXLAJ, el centro en referencia,
tiene una capacidad de recluir a 200 reos, pero hasta ENERO DE 2014, cuenta con
380 privados de libertad. Tiene 4 sectores exclusivos para reclusos, distribuidos de la
siguiente forma: Sector A, con cincuenta y cuatro (54) privados de libertad; Sector B,
con cincuenta y dos (52) privados de libertad; Sector F, cincuenta (50) privados de
libertad, para los denominados CHOLOS; y el sector D, con un total de doscientos
quince (215) privados de libertad, para LOS PAISAS; al momento de la investigación,
se encontraban seis (6) privados de libertad aislados, y tres (3) privados de libertad
en el Hospital Regional de Cuilapa, con su respectiva custodia, para hacer un total de
trescientos ochenta (380). De esta cantidad, noventa y seis (96), ya cuentan con
sentencia condenatoria firme, y doscientos ochenta y cuatro (284), tienen un proceso
penal en trámite; lo realmente triste, lamentable y reprochable, es que las personas
que son aprehendidas por delitos menores, o los condenados por faltas que NO
puedan pagar la multa impuesta; en cualquier municipio del departamento de Santa
Rosa, luego que son escuchadas por un Juez de Paz y hacerles de su conocimiento
el motivo de aprehensión y sus derechos, éste se inhibe de seguir conociendo, los
envía inmediatamente al centro de prisión referido, y los coloca a disposición del
Juez de Primera Instancia Penal, para que queden en espera de ser trasladados a su
9 Fuente: El Periódico, Guatemala, edición del día viernes 21 de enero de 2011.
28
primera audiencia o primera declaración, ante éste último. En ese lapso de
permanecer en el centro indicado, son extorsionados, vejados, y en el peor de los
casos, hasta se han producido casos de violación por parte de los internos.
Otro hecho notorio lamentable, es que muy cerca de este centro de prisión se
construyó y funciona, desde hace varios años un Orfanato u Hogar de Niñas, que ya
existía mucho antes de la creación de dicho centro de prisión.
En la actualidad, las características de “Máxima Seguridad”, con las cuales fue
construido, no aparecen por lado alguno, quedando únicamente en el papel, porque
dentro de dicho centro, la realidad es totalmente diferente.
4.2.1. Hechos relacionados con su autorización
Es verdaderamente preocupante, que con la construcción y funcionamiento
del referido centro de prisión de máxima seguridad, no se le dio acompañamiento a
los habitantes del municipio de Cuilapa, y otros municipios circunvecinos, en el tema
de aumentar la seguridad, derivado del hecho que a todas luces y con el mayor
convencimiento, se veía venir el aumento de actos delincuenciales, máxime cuando
la población empezó a tener información de la magnitud de los hechos delictivos
cometidos por las personas que serían recluidas en dicho centro de prisión,
conexándolos lógicamente con las pandillas y organizaciones delictivas a las que
pertenecen, las personas que les visitarían y en el peor de los casos quiénes
llegarían a vivir al municipio de Cuilapa y otros circunvecinos, para estar en
constante comunicación con los internos. Desde el año 2002, se han incrementado
los actos delincuenciales en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, y otros municipios
circunvecinos, esto es evidente por las estadísticas de criminalidad en el
departamento, y porque la población así lo expresa, e inmediatamente lo conexa con
que la planificación de dichos ilícitos se ha hecho desde lo interno del centro de
prisión de máxima seguridad “El Boquerón”.
En una visita efectuada a dicho centro de prisión, con anuencia del Director
del mismo, se entrevistó al señor Bayron Ernesto Avila, quien se encuentra
guardando prisión preventiva, por el delito de responsabilidad de conductores y
29
además se le imputa una falta contra el orden público, se encuentra a la espera de
ser presentado ante el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Santa Rosa, para su primera declaración.
Expresa lo mal que se encuentra dentro del centro preventivo, el hacinamiento que
se evidencia y los vejámenes que se sufren ahí dentro, en especial el de la famosa
“talacha”, compensación económica que fluctúa entre cien, doscientos, trescientos, o
más quetzales, por lo general, de forma semanal, que se deben proporcionar al líder
de los diferentes sectores, para no recibir golpizas y evitar realizar tareas de
limpieza, en el mejor de los casos.
4.2.2. Aspectos relacionados con el trabajo de investigación
El problema objeto de la presente investigación, por tener diversas facetas,
tiene igualmente que presentar diversas soluciones; sin embargo, las más
importantes y fundamentales, son: a) Determinar el hacinamiento en que se
encuentran las personas privadas de libertad, en el centro carcelario de máxima
seguridad “El Boquerón”, y la implementación de estrategias que permitan disminuir
este hacinamiento y la falta de respeto a los derechos humanos de y entre quienes
allí se encuentran; b) La incidencia que produce el hacinamiento de personas
privadas de libertad en el centro carcelario de máxima seguridad “El Boquerón”,
Cuilapa, Santa Rosa, y el aumento de los hechos delictivos que se han cometido en
el municipio y otros circunvecinos, y el rol que deben asumir las fuerzas de
seguridad, en el municipio y circunvecinos; c) La implementación de planes y
programas de atención psicológica, superación académica y oportunidad laboral,
para los internos en el centro de prisión de máxima seguridad “El Boquerón”, en
Cuilapa, Santa Rosa, con el acompañamiento constante de los órganos
jurisdiccionales e instituciones públicas y privadas, que influyen y se relacionan con
el tema.
30
4.2.3. Algunos hechos delictivos ocurridos en la cárcel de máxima seguridad
“El Boquerón”, de Cuilapa, Santa Rosa, debido al hacinamiento, y mala
administración de dicho centro
En el año dos mil siete: según los informes que se enviaron al Diputado
Alfredo de León, por el Distrito Metropolitano, integrante del Colectivo Parlamentario
URNG-MAÍZ, se relata la siguiente cronología:
22 de febrero de 2007:
Se capturó a los señores Luis Arturo Herrera López, José Korki Estuardo
López Arreaga, José Adolfo Gutierrez, Marvin Langer Escobar, sindicados de
asesinar cruelmente a los diputados del Parlamento Centro Americano. El Juzgado
Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos Contra el Ambiente del
Departamento de Guatemala, ordenó el traslado al Centro Preventivo para Hombres
de la Zona 18. El Director del Sistema Penitenciario tomó la determinación que el
Centro Preventivo de máxima seguridad "El Boquerón" Cuilapa, Santa Rosa
integraba elementos de seguridad para el resguardo de la vida e integridad de
dichos reos.
Domingo 25 de febrero: 11:30 horas. Personal de la Policía Nacional Civil de la
localidad informaron tanto por escrito como personalmente ante el director del
Centro El Boquerón, que existía la información que los reos denominados
"cholos" tenían planificado el asesinato de los cuatro elementos de la PNC recluidos
en dicho centro, así como la toma de otras acciones; a lo cual según manifestaron
dichos elementos el director no presto importancia. El Director de dicho centro a
pesar de estar enterado de la posibilidad que acontecieran dichos hechos no informó
a la Dirección General del Sistema Penitenciario, ni tomó las medidas de seguridad
respectivas.
16:00 horas: Se realizó el conteo de reos y después los reclusos pertenecientes a
las pandillas requirieron la presencia del Director de dicho centro, Ingeniero Manuel
Antonio Recinos, ya que según se decía, se encontraba en mal estado los drenajes
dentro del dicho centro, a lo que informaron las autoridades de dicho centro, se
31
designó al alcalde Vladimiro Rodene López para que inspeccionara dicha situación
en compañía de Oscar Anibal Alay Jiménez (jefe de seguridad), Arnoldo Vitalino
Payes López (oficial de seguridad), Víctor Manuel Boteo Cano (llavero) y Ramiro
Higueros (digitador) habiendo informado que: siendo las 17:00 horas las personas
antes descritas fueron retenidas por los reos de dicho centro, fueron despojados de
las llaves de los sectores y amarrados cerca del área de los baños. La Policía
Nacional civil informó que siendo las diecisiete horas se escucharon varios disparos
de arma de fuego dentro del Centro Preventivo de Máxima Seguridad "El Boquerón"
y que intentaron ingresar a las instalaciones del referido centro y que las autoridades
el centro les negaron el ingreso; indicando que cuando pretendían ingresar fueron
recibidos con disparos de armas de fuego, por lo que no pudieron ingresar a las
instalaciones del centro.
18:00 horas: la Dirección del Sistema Penitenciario fue notificada por
parte del Coronel Luis Alfonso Juárez, Director de Seguridad del Sistema
Penitenciario, que reclusos del centro preventivo de máxima seguridad, "El
Boquerón", Cuilapa, Santa Rosa, habían tomado temporalmente y de forma violenta
el control interno del mismo y que aparentemente habían asesinado a las personas
descritas, por lo que de manera inmediata se hicieron las coordinaciones respectivas
con Dirección General de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público a efecto que en
el caso de los primeros, en conjunto con la guardia penitenciaria, procediéramos a
retomar el control de dicho centro carcelario, y en caso de los segundos, si se
confirmaba la muerte de alguna persona, se procediera a realizar las investigaciones
respectivas.
Se presentó al lugar de los hechos el Licenciado Juan Heriberto Herrera
Villatoro, Auxiliar Departamental de los Derechos Humanos, de Santa Rosa, quien
fue notificado por el Coronel Luis Alfonso Juárez, Director de
Seguridad de Presidios, quien le indico al representante de la PDH que los
reos de la cárcel tenían el control del interior del penal, que todo se
había iniciado entre las dieciséis y diecisiete horas y que tenían de
32
rehenes a seis trabajadores del penal, descritas con anterioridad.
El coronel Juárez, posterior a manifestar que efectivamente, en ese centro carcelario
habían asesinado a los cuatro ex miembros de la Policía Nacional Civil, señalados de
matar a tres diputados salvadoreños, nos enseñó por medio de una ventana los
cadáveres de estos, indicando que el Ministerio Público había ordenado no ingresar
a la escena del crimen para no contaminarla. De los hechos sucedidos el precitado
coronel indicó desconocerlos. Las personas fallecidas son: Luis Arturo Herrera
López, José Korki López Arriaga, José Adolfo Arriaga, José Adolfo Gutierrez y Marvin
Lancen Escobar Méndez, ingresaron al penal el día 22-02-07, procedentes del
Centro Preventivo de la Zona 18, según oficio 394-07 dictado por el
Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal por el delito de asesinato.
A estas personas los tenían en unas bartolinas que están ubicadas a la par de la
celda de internos que no pertenecen a maras y que han sido detenidas por
diferentes delitos en el departamento.
19:45 horas en adelante: conjuntamente con el Coronel Juárez, el señor Ignacio
Sánchez, representante de rehabilitación social de presidios, y la PDH, procedieron
a dialogar con cuatro reclusos, representantes de la población interna
(mara salvatrucha) quienes no quisieron identificarse por seguridad,
manifestaron que no quieren que trasladen a otras personas que no
pertenezcan a su Mara, y que solicitaban que se les diera protección, ya
que tenían temor que les fueran hacer algo, debido a que creían que se les iba a
responsabilizar de lo que habían publicado distintos medios de
comunicación; en relación a que dentro de dicho penal habían asesinado a 4 ex
miembros de la policía nacional civil, y que por seguridad de ellos, solicitaban la
presencia de representantes de la Institución del Procurador de los Derechos
Humanos en Santa Rosa y algún medio de comunicación social del país,
preferentemente que llevaran cámaras, y ellos para mostrar buena voluntad, dejarían
libre a uno de los seis rehenes.
33
Posteriormente se platicó con el señor Manuel Antonio Recinos Aguirre,
Director del Penal, quien manifestó que todo sucedió al momento de
realizar el conteo vespertino, cuando los reos de los sectores A, B, C y
F, quienes pertenecen a la Mara Salvatrucha, agarraron a los guardias del boquerón
y les quitaron las llaves. El director referido no supo decir,
si el presente problema se dio antes o después de la muerte de los ex
agentes aludidos en el apartado referido.
21:30 horas en adelante nuevamente se procedió a dialogar con los reos miembros
de la Mara Salvatrucha, en donde se les solicitó que pusieran al frente a los guardias
para ver que se encontraban en buenas condiciones y que no hubieran sido
agredidos. Situación ésta que fue aceptada por los internos, poniendo a la vista a los
seis rehenes, estableciendo de forma general que no presentaban, ningún golpe.
Posteriormente nos reunimos con el asesor Jurídico del Ministerio de
Gobernación Licenciado Mario Rivera; El Sub-Director del Sistema
Penitenciario Licenciado Carlos De León; el Doctor Jazmín Figueroa,
Sub-Director de la Policía Nacional Civil; así como el Jefe de Seguridad
del Sistema Penitenciario, y se dispuso proponer a los representantes de
los internos, que dejarán libre a tres rehenes y así poder ingresar una
cámara de algún noticiero.
22:45 horas en adelante: se procedió a hablar con los reos y se les informó de la
propuesta señalada anteriormente y los reos solicitaron que se apagara la antena
que bloquea los celulares dentro del penal, para que la transmisión fuera en vivo, en
ese momento el personal de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los
Derechos Humanos, les solicitó a los privados de su libertad, que cedieran para que
la otra parte también lo hiciera y que confiaran en la procuraduría de los Derechos
Humanos. Ellos estuvieron de acuerdo con la propuesta, y realizaron una contra
propuesta, la cual es la siguiente: Si dejan entrar a los medios de comunicación ellos
dan a 3 de los rehenes y que si transmiten en vivo darían a los otros tres rehenes.
En ese momento se les solicitó por parte nuestra que al menos dieron a uno de los
34
rehenes para que nosotros pudiéramos dialogar con la Policía Nacional Civil para
que accedieran a entrar a los medios de comunicación, por lo que solicitaron unos
minutos para poder ir a consultarlo con la población reclusa.
23:10 en adelante: los reos salieron nuevamente a dialogar con nosotros (PDH y
funcionarios) y manifestaron que la única solicitud que hacían en ese momento era
que cuando dieran al primer rehén, este saliera en los medios de comunicación
diciendo que no había sido agredido físicamente por dichos reclusos, para poder
seguir conciliando. Dicha petición fue aceptada y procedieron a entregar al señor
Víctor Manuel Cano Botero (Oficial de seguridad). Dando nuestra palabra de que
dicho rehén iba a ser presentado ante los medios de comunicación.
23:15 horas en adelante: se hicieron presentes los señores: Licenciado Samuel
Villalta Aguilar, Fiscal Distrital del Ministerio Público de Cuilapa, Santa Rosa;
Licenciado Álvaro Matus, Fiscal de Delitos Contra la Vida; y los Oficiales Fiscales,
Mario Palma, Mario García Morales y Federico Méndez, quienes empezaron con las
investigaciones correspondientes y procedieron a interrogar al señor Víctor Manuel
Cano Botero, persona que liberaron los internos, para recabar la información
correspondiente a la muerte de los cuatro ex agentes policíacos, sucedido por la
tarde de ese día domingo.
24:00 horas: cerca de la media noche los reos liberaron a uno de los
guardias penitenciarios retenidos, Víctor Manuel Boteo Cano, quien indicó la forma
en que fueron retenidos y manifestó que los reos tenían varias exigencias para
entregar el control de dicho centro, siendo estas, las siguientes:
a) Declaraciones ante los medios de comunicación del rehén liberado,
b) Que medios de comunicación, específicamente personal de Notisiete,
ingresara al centro y filmara alguna información que ellos querían indicar
ante los medios,
c) El acceso a un televisor donde pudiesen observar que tanto la
información indicada por el rehén indicado como lo manifestado por los
mismos ante los medios, fuera transmitido,
35
d) Que posterior a la entrega de dicho centro, al momento de hacerse la
requisa, esta fuera realizada por la guardia penitenciaria y no se
permitiera el ingreso a la Policía Nacional Civil al interior del centro,
e) El respeto a la integridad física de los reos al momento de la requisa.
Sobre la base de lo anterior, y tomando en cuenta la obligación legal del
resguardo de la integridad física tanto del personal retenido como de los
propios reos, se tomó la decisión de iniciar una negociación pacífica con
los reos previo a tomar decisiones de choque, para lo cual fue conformado un grupo
de negociación integrado por el señor Director de Seguridad, Coronel José Luis
Juárez, el señor Ignacio Sánchez, Asesor en materia de maras y dos personeros de
la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes cumplirían con una función de
verificación y conciliación.
Lunes 26 de febrero: 02:10 en adelante. Las Autoridades encargadas de la
seguridad del centro penal incluyendo Policía Nacional Civil y Ministerio Público, no
habían logrado unificar criterio en cuanto a presentar o no al rehén que logramos que
nos dieran a las 21:20 horas, ante los medios de comunicación, mostrando con esto
una total incapacidad, falta de voluntad y toma de decisión en cuanto al problema
que se presentó, ya que tiraba por la borda las negociaciones realizadas durante las
seis horas anteriores, no obstante se les había prometido.
03:30 horas en adelante: se les informó a los reos que el Licenciado Carlos de León
Roldan, Sub-Director del Sistema Penitenciario, ya había salido dando
declaraciones en los diferentes medios de comunicación al igual que el
policía de presidios que ellos habían liberado y se les solicitó que se
siguiera con la negociación. Solicitaron que se hiciera la requisa pero
que fueran 3 medios de comunicación los que ingresarán para poder seguir
dialogando, se les informó que por seguridad de todos solamente un medio de
comunicación iba a entrar al penal, a lo que ellos solicitaron que fuera un medio
televisivo local el que ingresará.
36
04:00 horas en adelante: ingresaron a dicho penal las cámaras de los medios de
comunicación de Notisiete, siendo las siguientes personas: Carlos Roberto Andrino
Barrientos y Pablo Montes Jofre. Posteriormente los reos mostraron ante las
cámaras de Notisiete a los rehenes y entrevistaron a los reos encargados de las
negociaciones, a quienes les informaron que en ese momento no podían transmitir
en vivo debido a que estaban lejos de la antena del cerro Alux y que esto estaría
saliendo en la emisión de las 06:00 horas de la mañana, por lo que los
reos solicitaron que en el momento de realizarse la requisa los medios de
comunicación ingresen a la misma y que se les dieran una carta en donde el sistema
penitenciario se compromete a realizar la requisa solamente con miembros de la
fuerza elite de presidios.
05:30 horas en adelante: los reos procedieron a entregar al segundo rehén, ya que
se había cumplido con la carta de compromiso que ellos habían solicitado y por
haber ingresado a los medios de comunicación, la persona liberada corresponde al
nombre de Víctor Manuel Hortera Sánchez.
05:45 horas en adelante: uno de los reos dialogó vía teléfono con personeros de la
emisión matutina del noticiero Notisiete, en donde expuso la situación en que
estaban viviendo en ese momento dentro de la cárcel el Boquerón, para que el
pueblo de Guatemala, supiera que todo y que ellos no habían agredido físicamente a
los guardias de presidios que estaban de rehenes.
06:30 horas: después de varias negociaciones y del cumplimiento de
requerimiento de dichos reos, tomando en cuenta que dichos requerimientos eran de
bajo riesgo en tema de seguridad, se logró la liberación de la totalidad del personal
retenido. Según la PDH. A esta hora fueron liberados Rimoso Higueros (digitador),
Vladimiro Rodene López (Alcalde), Oscar Anibal Alay Jiménez (Jefe de
Seguridad), y Arnoldo Vitalino Payes López (oficial Seguridad). Según la PDH.
Posteriormente se dieron varias situaciones en donde la Policía Nacional Civil no
cumplió con los acuerdos realizados con los reos y procedieron a sacar a los reos de
cada uno de los sectores, engrilletándolos y llevándolos al patio principal del Centro,
37
en ese momento miembros del Ministerio Público ingresaron a la Escena del Crimen
ya que no habían ingresado antes por temor a que fueran a hacer agredidos por los
reos y también realizaron la toma de huellas dactilares de cada uno de los Reos
pertenecientes a la Mara Salvatrucha y al conteo respectivo en donde se pudo
establecer que existe la siguiente cantidad de reos pertenecientes a la Mara Salva
Trucha, en el sector A: 44; sector B: 44; sector C: 02; sector F: 25.
Dentro de los procedimientos que fueron realizados fue entrevistado el
personal supuestamente retenido, quien manifestó que al momento del
ingreso a los sectores para la verificación del supuesto daño en drenaje
aludido, fueron retenidos por la población reclusa, aparentemente armada con
punzones o gancetas y fueron trasladados al área de los baños donde fueron
retenidos contra su voluntad mientras duró su cautiverio. Una vez lograda la
liberación del personal retenido, se procedió a extraer a los pandilleros y a ubicarlos
en el patio frontal de las instalaciones del centro bajo la custodia del personal de la
Policía Nacional Civil.
Una vez asegurada el área donde se encontraban guardando prisión los
agentes de la Policía Nacional Civil se estableció la muerte de los mismos
y se procedió por parte del Ministerio Público al procesamiento de la
escena respectiva y al traslado de los cadáveres de dichas personas a la
morgue respectiva.
11:10 horas en adelante: según la PDH. Miembros del Ministerio Público iniciaron la
requisa en cada uno de los sectores en donde se encuentran ubicados los Reos de
la Mara Salvatrucha y en donde los encargados de revisar las pertenencias de los
reos fueron los guardias del sistema penitenciario.
11:30 horas en adelante: según la PDH. En estos momentos equipos de
investigadores del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Guardias del Sistema
Penitenciario, procedieron a embalar los objetos encontrados como evidencias, entre
lo incautado se pudo observar que se encontraron envoltorios de droga
marihuana, armas punzo cortantes, puyas, cuchillos y una cantidad
38
aproximada de sesenta teléfonos celulares con sus respectivos cargadores, en los
sectores no se encontraron armas de fuego.
14:30 horas en adelante: según la PDH. Procedieron a retirar todas las colchonetas
de los sectores A y B, y las autoridades ingresaron nuevas colchonetas.
Posteriormente la Policía Nacional Civil, procedió a ingresar a los reos a sus
respectivos sectores.
15:30 horas en adelante: según la PDH. En el área administrativa de la Cárcel el
Boquerón, Fiscales del Ministerio Público, procedieron a revisar y a embalar las
armas de fuego, asignadas a los guardias de presidios de dicha cárcel, para
proceder a consignar a todo el personal que estuvo de turno el día domingo
veinticinco de febrero del presente año, entre ellos al Director Manuel Antonio
Recinos Aguirre. Tomando en cuenta lo anterior los fiscales a cargo del
procedimiento ordenaron que las siguientes personas fueran puestas a disposición
de Juez competente:
1. Oscar Anibal Alay Jiménez,
2. Arnoldo Vitalino Payes López,
3. Víctor Manuel Ortega Sánchez,
4. Víctor Manuel Boteo Cano,
5. Vladimiro Rodene López,
6. Ramiro Higueros,
7. César Augusto Franco Chub,
8. Ottoniel Grijalva Cruz,
9. Joaquín Estrada Fajardo,
10. Julio Cruz Monzón,
11. Virgilio Pineda Castillo,
12. Mamerto Barahona Cano,
13. José Alfredo Escobar Cermeño,
14. Aura Leonor Silva Veliz,
15. Marta Barillas,
39
16. José Ángel Najera Polanco,
17. Florentín Gómez López,
18. Juan López Méndez,
19. Omar de Jesús López Manzano,
20. Víctor Manuel Ortega Sánchez,
21. Víctor Manuel Cano Boteo,
22. José Gildardo López Ordoñez,
23. Vicente Quib Cacao,
24. Manuel Antonio Recinos
4.2.4. Consideraciones respecto de lo acontecido:
1. La decisión del director del Centro Preventivo de máxima seguridad "El
Boquerón", Cuilapa, Santa Rosa de ordenar el ingreso de 5 personas,
entre guardias y personal administrativo, a verificar los problemas de
drenaje, fue contraria a las medidas de seguridad ordenadas para ese
centro de máxima seguridad tomando en cuenta que dentro de las
personas mencionadas ingresaron algunas de ellas que cumplen funciones
que nada tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones y no se
incluyó a la persona encargada del mantenimiento, a pesar de encontrarse
esta dentro del centro.
2. El hecho de haber incluido a uno de los llaveros en el personal que
ingresó a verificar el problema en los drenajes, es contrario a las
medidas de seguridad preestablecidas, asimismo que el segundo llavero
permaneciera en el umbral de la segunda puerta, ya que esto hacía que
ambos llaveros estuvieran juntos, cuando no debe ser así.
3. No obstante habían instrucciones específicas que los guardias
encargados de las llaves de los sectores, no pueden ingresar al área de
internos, por lo que el haber ingresado a dicha área y que el personal que
ingresó no observara ni aplicara las medidas de seguridad preventiva y
40
reactiva respectiva, permitió a los reos el apoderarse temporalmente del
control interno del referido centro.
4. De lo actuado y argumentado por el personal de dicho centro se puede
apreciar varias contradicciones e inconsistencias que inducen a pensar
que sin su actuar no se hubiesen producido los hechos que ocurrieron en
dicho centro preventivo.
5. El Centro Preventivo de Máxima Seguridad "El Boquerón" cuenta con tres
anillos de seguridad; un anillo externo (fuera del portón principal y muro
perimetral) el cual es custodiado por el ejército y policía nacional civil; un
anillo intermedio (del portón principal y muro perimetral hasta previo al
ingreso de las instalaciones del centro) custodiado por el Ejército y Policía
Nacional Civil y algunos elementos de la guardia
penitenciaria; y un anillo interno (instalaciones del centro; sectores de reos,
patios internos, oficinas administrativas y cuadra de guardias) a cargo de la
guardia del sistema penitenciario; habiéndose establecido sobre la base de
los manifestado por parte del personal de los primeros dos anillos que
previo a la toma del centro y asesinato de los agentes del DINC, no
ingresó grupo armado alguno.
Tomando en cuenta cada uno de los elementos antes descritos es la opinión
de esta Dirección General que los hechos sucedidos en el Centro Preventivo de
Máxima Seguridad "El Boquerón" fueron ejecutados bien sea por el personal de la
guardia penitenciaria de dicho centro o bien por los reos del mismo en complicidad
con el personal de la guardia penitenciaria del centro en mención…”10
10 FUENTES: 1. Informe del Licenciado Víctor Hugo Rosales Ramírez, Director General del Sistema Penitenciario, presentado al Diputado Alfredo De León Solano, el 1 de marzo de 2007. 2. Informe del Licenciado Juan Heriberto Herrera Villatoro, Auxiliar Departamental de los Derechos Humanos de Santa Rosa, presentado al Diputado Alfredo De León el 28 de febrero de 2007. www.albedrio.org – Marzo, de 2007
41
4.3. En el año dos mil diez: publicación diario el periódico. viernes 7 de mayo
del año 2010.
El Boquerón, una cárcel afectada por la violencia contra sus directivos.
Mario René Zuñiga es la segunda autoridad asesinada en menos de un año.
Por: Victoria Alvarado
Foto: Luis Soto Zúñiga Pérez estaba de descanso cuando fue atacado por hombres
que conducían una motocicleta.
La cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, ha estado
marcada por la violencia en contra de sus funcionarios y guardias en el pasado. El
ataque más reciente se registró el miércoles 5 de mayo contra su director, Mario
René Zúñiga Pérez, quien, de acuerdo con el fiscal distrital de Jutiapa, Nery
Orellana, falleció al ser atacado por dos desconocidos que se conducían en una
motocicleta.
Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, explicó que no tenían
conocimiento de que Zúñiga recibiera amenazas de muerte. Rudy Esquivel, vocero
del Sistema Penitenciario (SP), dijo que desde hace 9 meses no hacen traslado de
reos y que no tienen ningún reporte de alteración al orden en ese centro carcelario,
que actualmente alberga a 122 miembros de la Mara Salvatrucha y 86 integrantes de
Los Paisas; y que las medidas de ingreso se fortalecieron en los 20 centros
carcelarios del país.
42
Registros revelan que el 5 de septiembre de 2009, la sede del Sistema
Penitenciario fue atacada por desconocidos que dañaron su estructura y un vehículo
de la institución. Este hecho ocurría al mismo tiempo que en El Boquerón se
originaba un motín de reos que se resistían a una requisa. Tres días después, el 8 de
septiembre, una serie de ataques armados se perpetraron en contra de funcionarios
del SP.
Según registros de la institución, este es el segundo caso de asesinato contra
personal de El Boquerón en menos de un año, pues en julio de 2009 fue baleado el
subdirector Luis Ibáñez, en un sector de Vista Hermosa, zona 15. En este caso,
como en el de Zuñiga Pérez, los funcionarios no se encontraban de turno y se
conducían en carros de su propiedad. El 26 de febrero de 2009, el edificio del SP fue
atacado y 2 guardias quedaron heridos. Salvador Gándara, ministro de Gobernación
de ese entonces, dijo que era una venganza por una requisa en El Boquerón.
El 18 de octubre de 2008, otro ataque se registraba contra personal del SP,
esta vez el asesinato de la rectora de la Cárcel para Mujeres Santa Teresa, Lucila
Martínez Zúñiga y la celadora de ese centro, Maura Hernández. Días antes había
muerto una reclusa de Santa Teresa acusada de participar en el intento de fuga de
dos pandilleros en El Boquerón.
4.4. Publicación de diario “El Periódico”, del 21 de octubre de 2010, a las
12:44:48.
Los misterios de El Boquerón: el domingo 25 de febrero, Guatemala se
estremeció. En la prisión de El Boquerón eran ejecutados cuatro policías sindicados
de dar muerte a tres diputados salvadoreños y su chofer. Lo que las fuerzas de
seguridad encontraron cuando pudieron ingresar a la prisión de máxima seguridad
fueron los cuerpos de los policías Luis Arturo Herrera López, jefe de la División de
Investigación Criminal (Dinc), y los investigadores de la misma sección de la Policía
Nacional Civil (PNC): José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin
43
Escobar Méndez, quienes quedaron tirados en charcos de sangre, tras ser
acribillados con balas y destrozados con armas punzocortantes. Esa escena de terror
fue lo único que los sicarios dejaron en la diminuta celda. Hasta hoy, las autoridades
han guardado silencio sobre el cuádruple asesinato de los policías y se limitan a
decir que las pesquisas continúan. Sin embargo, una investigación de El Periódico
determinó que ocho de los guardias que custodiaban la prisión de El Boquerón, el día
del cuádruple homicidio, tienen algo en común: son originarios de Jutiapa, lugar
donde opera la banda de Jalpatagua, de la cual cinco miembros se encuentran en
prisión sindicados de ser los autores materiales y cómplices del homicidio de los
diputados del Parlacen. Estos hechos apuntan a que los guardias podrían haber sido
parte del grupo delincuencial que opera en Jalpatagua, o bien contratados por ellos
para facilitar la muerte de los policías. Marlo Rosales, del Ministerio Público (MP), no
lo descarta. “Un 90 por ciento nos apunta a que estos guardias podrían mantener
vínculos con la banda de Jalpatagua; aún no tenemos nada oficial pero es una línea
de investigación”. Un abogado defensor de tres guardias penitenciarios arrestados
confió a El Periódico que la relación con el grupo de Jalpatagua podría venir a través
del ex director de El Boquerón, Miguel Antonio Recinos Aguirre, pues su padre,
Manuel Antonio Recinos Recinos, es originario de Jalpatagua. El abogado sugiere
que el MP debería investigar más a fondo al ex director de El Boquerón, quien en
este momento se encuentra arrestado por asesinato, encubrimiento propio e
incumplimiento de deberes. El Periódico comprobó que el padre de Recinos Aguirre
es oriundo de dicho municipio. Además, se ha establecido que seis guardias
penitenciarios arrestados, que son clave para que se permitiera el asesinato de los
cuatro policías, llegaron a El Boquerón dos meses antes del incidente.
El ex director de ese centro carcelario, Miguel Antonio Recinos Aguirre, lo hizo un
mes antes. Es un hecho que los guardias fueron cómplices del asesinato, pues
según investigaciones del MP, los homicidas debieron pasar por ocho puertas para
llegar al sector G, lugar donde se encontraban recluidos el jefe de la Dinc y tres
agentes. Las puertas no fueron violentadas, por lo que se presume que se abrieron
44
con las llaves de la prisión. El fiscal Francisco Quiñónez, quien es el que lleva este
caso, dijo que los guardias tienen cierto grado de responsabilidad, “pues ellos
permitieron el ingreso de armas que dieron muerte a los policías”, comentó. Por otro
lado, existen relatos de los Bomberos Voluntarios de Cuilapa, Santa Rosa, que
explican que el 25 de febrero recibieron una llamada de emergencia en la que
reportaban heridos tras un amotinamiento dentro de El Boquerón. Sin embargo, los
bomberos narran que, cuando llegó la unidad de socorro, los guardias de El
Boquerón les comentaron “que se trató de una mala broma”. “En ese momento nos
retiramos”, relata un bombero.
Fácil de sobornar: la mayoría de los guardias que custodiaban El Boquerón cuando
asesinaron a los miembros de la Dinc, tienen entre 3, 8, 14, 18 hasta 21 años de
trabajar para el Sistema Penitenciario, con un salario mensual de Q2 mil 500. Sin
embargo, despierta suspicacia que tres de los cuatro guardias que los reclusos
tomaron como supuestos rehenes el día del cuádruple asesinato en prisión, tenían
tan solo dos meses de estar destacados en El Boquerón. Hasta hace dos años, para
trabajar en Presidios no existía límite de escolaridad, algunos hasta son analfabetos
que entraban por recomendación, relata el vocero de la institución, Nery Morales.
Desde hace dos años y medio se empezó con la primera promoción de guardias
penitenciarios con escolaridad de sexto primaria; las otras dos promociones fueron
elevadas a tercero básico y se pretende subir a diversificado. Todos deben presentar
antecedentes penales y policíacos y ya se les pasa la prueba del polígrafo, comenta
Morales. Las cifras que maneja el Sistema Penitenciario sobre guardias consignados
por facilitar fugas es de 75 personas, incluidas las 35 de la cárcel El Infiernito cuando
se dio la fuga de 80 reos en 2005 y los recientes 24 de El Boquerón. Los guardias
arrestados son señalados de asesinato, encubrimiento propio y de incumplimiento de
deberes. Estos delitos alcanzan condenas de 3 y 25 años, respectivamente.
Francisco García, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, comenta que
los hechos de El Boquerón son un aviso a las autoridades para que revisen el
profesionalismo de su personal, “en este tema hay gato encerrado, hay muchas
45
contradicciones, no es posible concebir que esto haya pasado en medio de
elementos del Ejército y de la PNC que acordonaban el área”.
Continúa impune traslado de policías: El ex director de Presidios no fue
llamado por el MP. El traslado de los policías que dieron muerte a los diputados
salvadoreños hacia la prisión de El Boquerón fue ilegal. Víctor Hugo Rosales, ex
director del Sistema Penitenciario (SP), fue quien giró las instrucciones. El
funcionario se amparó en el Artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario, que indica
que en situación de emergencia la Dirección podrá disponer de aquellos traslados,
dando cuenta inmediata al juez correspondiente, quien resolverá en definitiva.
Sin embargo, el aviso nunca fue enviado al juez noveno de Instancia Penal, Nery
Medina, quien conocía el caso. Medina ordenó trasladarlos al Preventivo de la zona
18 por ser una cárcel segura. Rosales dejó el cargo. No existe denuncia en su
contra. Rosales integró la Policía Militar Ambulante y laboró en el Departamento de
Contrainteligencia del Ejército. Trabajó en seguridad de la comuna capitalina y dirigió
la Inspectoría General de la PNC. Formó parte del Comando Antisecuestros en el
Gobierno de Álvaro Arzú, grupo que fue señalado por Minugua de exterminar al
insurgente Juan José Cabrera, alias Mincho. Investigadores cuestionan el por qué
Rosales trasladó a los cuatro policías a El Boquerón, ya que a pesar de ser el único
de los 18 centros penales del país considerado por las autoridades como una cárcel
para reclusos peligrosos, sus instalaciones no cumplen con las exigencias de los
estándares internacionales. El Boquerón no cuenta con un sistema de circuito
cerrado ni tiene un sistema de tecnología eléctrica ni tiene área perimetral que impida
una fuga. Según Patricia de Chea, ex directora del SP, el lugar fue concebido para
albergar a reos con delitos menores y su tamaño es para mantener el control de no
más de 150 personas.11
11 Axel Natareno. elperiodico.com.gt
46
4.5. En el año dos mil doce:
a) Requisas en la Cárcel de El Boquerón:
Foto Alexander González/periódico siglo XXI
La Policía Nacional Civil y el Ejército hicieron una requisa en el Centro Preventivo de
máxima seguridad. Se incautaron 6 teléfonos celulares, 41 bolsas de mariguana, 14
ventiladores y 10 chips.12
b) Efectúan requisa en centro preventivo El Boquerón: las fuerzas de seguridad
practicaron esta mañana una requisa en un centro carcelario de máxima
seguridad en Santa Rosa, departamento ubicado al sureste de Guatemala, en
busca de objetos ilícitos entre los privados de libertad. Desde las 6:00 horas de
este domingo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Guardia
Penitenciaria, acompañados de peritos y fiscales del Ministerio Público (MP)
iniciaron con la inspección. Los operativos se realizaron en el centro preventivo
de máxima seguridad El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. Las fuerzas de
seguridad buscaron durante casi 3 horas celulares, armas y drogas. Rudy
Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, informó que durante la actividad se
decomisaron 39 teléfonos móviles, 2 micro SD y 14 chips para celular, 26
reproductores de DVD y varias bolsitas de mariguana que suman una libra; así
12
Publicado 04.03.2012 | 01:12 Siglo XXI.com.gt. [email protected]
47
como información que será analizada por fiscales del MP. Según Esquivel, en
este centro carcelario permanecen recluidos 167 hombres. En ocasiones
anteriores las fuerzas de seguridad han efectuado requisas en distintos centros
carcelarios, y la mayoría de objetos incautados son listas telefónicas y celulares,
los cuales se presume son utilizados para extorsionar.13
c) Hallan dos armas en El Boquerón:
El Sistema Penitenciario y las fuerzas de seguridad localizaron ayer en una de
las celdas de la cárcel de alta seguridad, El Boquerón, ubicada en Cuilapa, Santa
Rosa, dos armas de fuego 9 milímetros, así como objetos punzocortantes y teléfonos
celulares, en una requisa efectuada ayer. Las dos armas de fuego fueron
encontradas en el sector 1 de dicho penal, mismo donde el lunes por la noche fueron
asesinados dos reclusos y heridos otras tres personas. Según Rudy Esquivel, vocero
del Sistema Penitenciario, la requisa empezó a eso de las 22 horas del lunes y
finalizó ayer a las 4 de la mañana. Además se localizaron 12 armas punzocortantes,
11 teléfonos celulares, chips, cargadores y media libra de mariguana. La noche del
lunes se dio un supuesto enfrentamiento entre pandilleros en donde murieron Elmer
Odilio López, de 32 años, quien estaba en esa prisión desde el 26 de junio de 2012,
por el delito de tráfico, comercio y almacenamiento de drogas; y Jhony Leonel
Pellecer, de 23, quien guardaba prisión desde el 20 de marzo de 2012, por estafa.
13 Por: Marcia Lisseth Zavala. Publicado 10.02.2013 | 10:59 Siglo XXI.com.gt. [email protected]
48
Los heridos fueron identificados como Marvin Giovanni López Nájera, Nery Álvarez y
Óscar Aníbal Rivas Medina, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de
Cuilapa.14
14
Publicado 15.01.2014 | 02:40 sigloXXI.com.gt./ Noticias SigloXXI Guatemala. Coralia Orantes.
49
CAPÍTULO V
Proyectos para contrarrestar el hacinamiento de reos y programas de
rehabilitación en el Centro de Prisión de Máxima Seguridad “El Boquerón”, en
Cuilapa, Santa Rosa
5. Causas del hacinamiento en la Cárcel de Máxima Seguridad el Boquerón:
5.1. Abuso de la prisión preventiva y debilidad en el debido proceso
En este aspecto, se debe señalar que los derechos de las personas privadas de
libertad se ven afectados por el uso desmedido de la prisión preventiva; (52% de la
población reclusa son presos sin condena), esto alimenta el hacinamiento en las
cárceles. La mayoría de denuncias por violación al debido proceso recibidas en la
Procuraduría de los Derechos Humanos se refieren a la discontinuidad y lentitud
procesal, lo cual fue evidenciado con la supervisión realizada por esta institución a
finales de noviembre del año dos mil doce, en los veintidós centros de privación de
libertad que conforman el sistema a nivel nacional. En la supervisión que se ha
realizado a los centros de privación de libertad se ha evidenciado que hay algunos
pequeños indicios de intentos de mejoramiento de las condiciones de las personas
privadas de libertad; pero sólo en los centros que se encuentran en la ciudad y sus
alrededores (Fraijanes). Cabe observar que la aprobación del Reglamento de la Ley
del Régimen Penitenciario, mediante Acuerdo Gubernativo número 513-201116, se
produjo casi cinco años después que dicha Ley entrara en vigencia, cuando la misma
establecía únicamente un plazo de tres meses para su correspondiente aprobación.15
5.2. Falta de protección a personas privadas de libertad
Un grupo de población que preocupa son las personas que fueron condenadas
por faltas y que se encuentran detenidas porque no pudieron conmutar la pena
impuesta, generalmente por falta de dinero para pagar la conmuta, la cual oscila
entre cinco quetzales (0.66 centavos de dólar); y cien quetzales (trece dólares). La
pobreza muchas veces se combina con la desproporción de la pena o la multa
impuesta. En este sentido se ha llegado al caso de personas que han fallecido
15
Ley del Régimen Penitenciario. Decreto 33-2006. Artículo 99.
50
estando bajo la protección del Estado, siendo asesinadas por no pagar la “talacha”.
La talacha es una expresión que se utiliza dentro de los centros de privación de
libertad, en la cual los mismos privados de libertad organizados en “comités de
disciplina” bajo el mando de internos “encargados” obligan a las personas de reciente
ingreso a realizar pagos para “no hacerles daño” o para “liberarlos” de las tareas,
algunas de limpieza, que se establecen para ellos. Estos malos tratos a los que se
somete a las personas privadas de libertad, son dirigidos por los detenidos que
tienen el control del centro penitenciario, quienes actúan con aquiescencia estatal.
5.3. Caso real, producto del hacinamiento de reos, y la desorganización
administrativa
En la cabecera municipal del departamento de Quetzaltenango fue agredido
un privado de libertad, que falleció a consecuencia de la golpiza sufrida.16
5.4. La incongruencia entre la pena impuesta y el castigo recibido
“La gravedad del ataque contra un privado de libertad que no pudo pagar la
multa para quedar libre. Los Q 400 (aproximadamente US$ 52.00) impuestos
como multa por el juez no se comparan con el precio que puede tener una
gallina en el mercado (Q 50 – Q 60, menos de US$ 7.00)”.
16
Por: Julio Vásquez. Nuestrodiario.com.gt. 16 de julio de 2012. Edición digital.
51
“Matan a reo en preventivo: Por haber robado una gallina, Efraín Gaspar Pérez fue
internado en el Preventivo de Xela; sin embargo, allí encontró la muerte. Gaspar, de
35 años, fue capturado en El Nuevo Palmar, luego de robarse una gallina, y el juez le
impuso una multa de Q400.00 para salir libre, pero no la pudo pagar, por lo que fue
trasladado al Preventivo. Allí fue golpeado por los reos José Douglas Alvarado,
Franklin Roberto Robles y Axel Estuardo Martínez, al no pagar la “talacha”. Debido a
las lesiones, Bombero Voluntarios lo trasladaron al Hospital Nacional de Occidente,
donde falleció. Marlon López, subjefe de la PNC, dijo que se han presentado los
informes al Ministerio Público y juzgados, para castigar a los responsables. “Pedimos
justicia”, dijo Doris Gaspar, sobrina del occiso”.17
5.5. Normativa Jurídica que rige la situación de las y los reclusos, según la
Ley del Régimen Penitenciario
Rehabilitación Social de los privados de libertad
a) El régimen progresivo: Bajo el régimen progresivo se entienden “todas las
actividades dirigidas a la reeducación y readaptación social de los condenados,
mediante fases en donde se pone de manifiesto el progreso de su readaptación”.
El régimen progresivo tiene las siguientes fases: 1. Diagnóstico y Ubicación: El
objeto principal de esta fase es ubicar al recluso y establecer un plan de atención
técnica, tomando en cuenta las necesidades, el potencial y las condiciones de
seguridad del recluso. El equipo multidisciplinario tiene un plazo de quince días
para terminar el diagnóstico y posteriormente el juez competente decide la
17
José Racancoj. Sábado 30 de junio de 2012. http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/matan-reo-en-preventivo
52
ubicación definitiva del reo; 2. Tratamiento: El tratamiento se desarrolla de
acuerdo al plan de atención técnica y puede consistir en trabajo, capacitación,
educación u otro tipo de atención al recluso. Los equipos multidisciplinarios
evalúan el estado actual y los progresos de cada reo cada seis meses. Esta fase
debe terminar a más tardar cuando el recluso haya cumplido la mitad de su
condena; 3. Pre-libertad: En esta fase el recluso empieza a tener nuevamente
relación con la comunidad exterior, gozando de salidas de fin de semana o
salidas diurnas, las cuales puede aprovechar para visitas familiares, estudios o
trabajos; 4. Libertad controlada: En la última fase del régimen progresivo el
recluso recupera su libertad bajo control del juez para desarrollar trabajo o
estudio. El personal calificado por parte del Sistema Penitenciario que acompaña
a los reclusos en este proceso de rehabilitación social son un médico y una
enfermera, un psicólogo, un trabajador social, un encargado laboral, un pedagogo
y un abogado, los cuales actúan individualmente y en su conjunto conforman el
equipo multidisciplinario. Dichos equipos empezaron a funcionar a partir del 1 de
abril del 2009 y hasta la fecha todos los centros de detención, con excepción de
Fraijanes I y II, cuentan con uno de estos equipos. En los centros preventivos los
equipos multidisciplinarios miran únicamente la fase de diagnóstico y ubicación de
los reclusos, mientras que en los centros de condena miran también las fases de
tratamiento, pre-libertad y libertad controlada.
5.6. Atención, educación y resocialización de los privados de libertad
Según el Artículo 28 de la ley del régimen penitenciario, “las autoridades
penitenciarias tienen la obligación de diseñar y ejecutar programas y actividades
dirigidos a brindar capacitación formal e informal en el área educativa, laboral,
profesional y de desarrollo personal de las personas reclusas…”. La elaboración de
políticas y programas para brindar educación escolar y desarrollar habilidades de
trabajo le corresponde a la CONSIET. Como anteriormente descrito, esta comisión
se ha dedicado más que todo a formalizar los programas ya existentes y a asuntos
relacionados con la redención de penas. Todos los reclusos, independientemente si
53
están en prisión preventiva o cumpliendo condena, reciben la misma atención y
tienen el mismo acceso a los programas, salvo que por razones de seguridad no se
les permite participar. Existen los siguientes tipos de atenciones:
Atención médica: todos los centros de detención (con excepción de Fraijanes I y II)
cuentan con una enfermera permanente y un médico que está atendiendo consultas
uno o dos días a la semana y disponible en caso de emergencias. Cada centro
cuenta con una gama de medicinas básicos para atender a los enfermos y se
encarga de hacer sus pedidos cada tres meses ante la Dirección General.
Adicionalmente, los centros también disponen de medicinas donadas.
El paciente es atendido en el área común para los enfermos, afuera de la celda,
siempre custodiado por los agentes según necesidad y disponibilidad. En caso de
una emergencia grave, el privado de libertad es transportado a un hospital público
cercano para ser atendido debidamente.
Atención psicológica: los privados de libertad reciben también atención por parte
de un psicólogo. Sin embargo, por la cantidad grande de reclusos que atiende el
psicólogo en un centro de detención, la terapia individual se ha sustituido por terapias
de grupo y grupos de autoayuda, lo ultimo particularmente en casos de grupos
vulnerables (minorías étnicas, homosexuales y otros). La atención individual se
brinda únicamente en casos de emergencias (crisis) o casos particulares que lo
ameriten.
Programas de trabajo social: estos programas tienen el fin de mejorar las
condiciones del reo a nivel social familiar, o sea la relación familiar del recluso, su
bienestar personal, la relación con sus compañeros. En este contexto se trabajan
programas de atención individual con trabajadores sociales, programas religiosos
con representantes de distintas iglesias, actividades deportivas y socio culturales
como celebraciones y eventos.
Programas de educación: estos programas son impartidos por personal del
Ministerio de Educación y se trabaja el pensum escolar regular. Sin embargo, en un
futuro se quiere tener un pensum y una metodología de enseñanza especialmente
54
adaptada a las condiciones particulares de los estudiantes recluidos, para lograr
mayor motivación y éxito. Los programas de educación son más frecuentados en los
centros de prisión preventiva que en los centros de cumplimiento de condena. Las
razones por este hecho son que en algunos centros de prisión preventiva la única
ocupación son programas educativos porque no existen programas laborales,
mientras que en los centros de cumplimiento de pena hay una variedad de
actividades laborales y que los reclusos prefieren trabajar que estudiar. Otra razón es
que el reo concluye su programa educativo mientras que está en prisión preventiva.
Programas laborales: el fin de este tipo de programa es desarrollar las habilidades
de trabajo, fomentar el espíritu de negocios y contar con una remuneración.
Hay que aclarar que existen distintas formas de actividades laborales:
1. Trabajos que son impulsados por el Sistema Penitenciario llamados
programas laborales. Estos programas de trabajo se realizan con el apoyo del
Sistema Penitenciario, el cual proporciona la infraestructura y la capacitación
necesaria. Sin embargo la coordinación, organización y supervisión de los trabajos le
corresponde a uno o varios privados de liberad. Ejemplos en donde el Sistema
Penitenciario proporcionó la infraestructura son la maquila textilera y la maquila de
granos en el COF, la panadería y la carpintería en la Granja de Canadá. Ejemplos en
donde el Sistema Penitenciario imparte capacitación para distintos trabajos y
actividades son la elaboración de hamacas, veladoras y canastas, la confección de
blancos, bordado, decorado de botellas y otros.
2. Trabajos que nacieron a iniciativa personal del recluso. En este caso el reo
puede solicitar la autorización de un negocio o una actividad comercial adentro de la
cárcel y en caso que la respuesta sea afirmativa, este se registra en el Sistema
Penitenciario. Dicho registro se introdujo solamente hace dos años. Los reclusos
reciben apoyo para montar y organizar su negocio, pero tienen que proporcionar la
infraestructura por su propia cuenta y son los responsables del negocio. Es
importante mencionar que los costos de energía eléctrica y agua provenientes de
dichas actividades corren por cuenta del Sistema Penitenciario. Tienen permiso de
55
sacar sus productos elaborados afuera para la venta a través de sus visitas.
Ejemplos son una reclusa que abrió un salón, reclusos que elaboran manualidades y
artesanías de cualquier tipo, reclusos que manejan comedores y todo tipo de tiendas
adentro de los centros de detención. Es muy importante que la actividad comercial
sea registrado y aprobado por el Sistema Penitenciario, de lo contrario se incautan
todos los bienes y el dinero en las requisas y las horas de trabajo no se toman en
cuente para la redención de penas.
3. Trabajos proporcionados por empresas privadas: que contratan a los reclusos
como fuerza laboral y les proporcionan todos los insumos necesarios. En este caso
el Sistema Penitenciario funge como instancia de contacto únicamente, la relación
laboral es directamente entre la empresa y el recluso. Esto es el caso de reclusas
que empacan frijol y avena y otras que empacan botellas de perfumes en el COF.
Los reclusos se quedan con su remuneración o ganancia lo cual les permite cubrir
sus gastos personales. Sin embargo, mantener dinero en la cárcel no es ideal, ya
que esto incentiva la corrupción y el pago de favores. También puede causar
problemas cuando se efectúan requisas, ya que el dinero es incautado si no se logra
probar que viene desde una actividad comercial registrada y aprobada por el Sistema
Penitenciario. Así el caso de una señora en el COF que estaba ahorrando para
cuando saliera en libertad y cuyo dinero fue incautado en una requisa. Como logró
demostrar que obtuvo el dinero de su negocio, se le devolvió el dinero y se le abrió
una cuenta de ahorros para evitar semejante problema en un futuro.
Los centros de detención preventiva Fraijanes I y II, El Boquerón,
Mazatenango y Santa Cruz del Quiché no cuentan con programas laborales por falta
de recursos.
Se puede ver que el porcentaje de reclusos que emprende una actividad
laboral dentro de la cárcel es mucho más elevado que el de reclusos estudiando. Hay
que aclarar que un reo puede dedicarse a ambos actividades, ya que no son
excluyentes. El gran interés por tener una actividad comercial se explica con las
necesidades económicas de los reclusos. A parte de ayudar a mantener su familia,
56
ellos mismos necesitan dinero para enfrentar la vida cotidiana en la cárcel. Otra
explicación es la redención de pena, ya que por cada dos días de trabajo se reduce
la pena en un día, esto aplica también para los estudios. La reeducación y
resocialización de los reclusos es un mandato constitucional y un paso muy
importante para la integración exitosa a la sociedad al recobrar su libertad.
Lamentablemente, actualmente este trabajo está abandonado por los problemas de
seguridad en las cárceles. El Sistema Penitenciario no cuenta con una infraestructura
y servicios adecuados para la rehabilitación social.
Uno de los programas más exitosos son los programas religiosos. Cada centro
tiene sus líderes espirituales de distintas religiones que efectúan visitas periódicas
para realizar servicios religiosos y pláticas con reclusos. Estas actividades han sido
exitosas en especial con pandilleros, ya que a veces lograron motivarlos a salirse de
la pandilla.
Otro campo en donde se han hecho avances importantes es la educación escolar.
Todos los centros de detención cuentan con programas educativos que alcanzan
desde la alfabetización hasta bachillerato y formaciones especiales. Si bien se ha
logrado formalizar la cooperación con el Ministerio de Educación para los programas
educativos, los centros de detención no cuentan con espacios idóneos para llevar a
cabo las clases y cuesta mucho conseguir maestros que están dispuestos a trabajar
con reclusos. La situación actual de los programas de trabajo está insatisfactoria, ya
que son muy escasos e insuficientes para la cantidad de privados de libertad que
hay. El sistema de poder manejar su propio negocio desde la cárcel ha sustituido los
programas laborales guiados, sin embargo deja muchos interrogantes respecto a la
seguridad, el orden y el descuido del desarrollo de habilidades de trabajo.
La drogadicción y el alcoholismo como problemas particulares: En el mes de
diciembre del 2010 se llevó a cabo un estudio por parte de la DGSP y la SECCATID,
el cual comprende una encuesta acerca de la drogadicción y alcoholismo de los
reclusos. Actualmente la drogadicción entre los reclusos es un tabú y la atención que
reciben no es la adecuada. No hay programas de desintoxicación para adictos, ni
57
personal especializado para atender este tipo de problemas. La única atención que
reciben es en caso de una emergencia médica. Las sustancias que se consumen son
marihuana, crack y cocaína.
Otro problema es el consumo de alcohol. Los privados de libertad consumen
tanto alcohol que han logrado comprar como también alcohol clandestino que es
producido adentro de la cárcel.
5.7. Situación actual de los reclusos del Centro Preventivo de Máxima
Seguridad “El Boquerón”, en relación con los programas de educación, y
trabajo
5.7.1. Personas reclusas que participan en programas de educación
Alfabetización Primaria
Acelerada Básico Bachillerato
Educación
Extraescolar
Educación
Universitaria
TOTAL
PERSONAS
RECLUSAS
74 0 0 0 0 0 74
5.7.2. Personas reclusas realizando actividades comerciales
Trabajos
manuales y
artesanales
(Carpintería)
Lustradores,
lavado de
ropa, trastos,
mandaderos
Tiendas,
venta de
comida y
golosinas
Actividades
productivas Talleres
TOTAL
PERSONAS
RECLUSAS
2 0 2 0 0 4
58
5.7.3. Propuesta de proyecto a desarrollar, ante el Director de Centro de
Máxima Seguridad “El Boquerón”, Cuilapa, Santa Rosa
Tomando en cuenta los resultados del presente trabajo de investigación, se
observó que no existen programas en los cuales los reclusos reciban atención en el
Nivel de Educación Primaria, en el Nivel de Educación Media, tanto del ciclo Básico,
como del Ciclo Diversificado; y por ende, mucho menos, a nivel Universitario.
Asimismo se pudo constatar que no existen proyectos de trabajo para los
reclusos, ya que no existen talleres específicos para que ellos puedan desarrollar
tareas productivas.
Lo verdaderamente delicado y preocupante, que hasta enero de dos mil
catorce, cuando se visitaron las instalaciones de dicho centro preventivo, se pudo
constatar que NOVENTA Y SEIS reclusos, ya cuentan con una sentencia
condenatoria firme y debidamente ejecutoriada, por lo que a los reclusos les servirá
la educación y el trabajo, para obtener los beneficios que la Ley les otorga, al
momento de ser reinsertados a la sociedad; ¿Y qué sucede si no hay proyectos que
cubran esas necesidades en el centro preventivo de máxima seguridad “El
Boquerón”?
La autora del presente trabajo de investigación, propuso al Director del Centro
Preventivo de Máxima Seguridad “El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa, la creación
de una Organización No Gubernamental, debidamente inscrita en el Ministerio de
Gobernación, e instancias conexas, para que en un futuro próximo, se encargue de
la gestión y ejecución de los proyectos que logren que cada recluso en dicho centro
de prisión, sea atendido en las áreas de EDUCACIÓN, TRABAJO, y ESTÍMULO A
LA BUENA CONDUCTA, como parte importante e integrante para el expediente que
el equipo multidisciplinario solicitará en el momento procesal oportuno, y lograr que
cada uno de ellos, luego de obtener el beneficio que la Ley específica le otorga,
59
pueda ser reinsertado a una sociedad que le espera rehabilitado y con deseos de ser
una persona de bien dentro de su comunidad.
Al momento de finalizar el presente trabajo de investigación, (mayo del año
dos mil catorce), derivado de las continuas entrevistas y conversaciones con el
Director de dicho centro carcelario, él me informó que se han nombrado los
integrantes del EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, personal calificado, para conformar
los expedientes de los reos que cumplen con los requisitos para obtener los
beneficios que les otorga la Ley del Régimen del Sistema Penitenciario, en el ámbito
de la Redención de Penas, y poder remitir dichos expedientes con los informes de
conducta, trabajo social, educación, trabajo personal, informes psicológicos, entre
otros, a la Dirección del Régimen del Sistema Penitenciario, cuando haya sido
requerido por el Juez de Ejecución, contralor del proceso de cada reo.
Asimismo se me informó por parte del Director de dicho centro carcelario, que
derivado también de las recomendaciones de la autora, se hicieron las gestiones
necesarias, ante la Organización No Gubernamental CRESCO, de carácter no
lucrativo, con creencias religiosas de carácter católico, bajo la inspectoría de la
comunidad Salesiana, de la Iglesia Católica, en Guatemala, que les imparte charlas
motivacionales de mejorar, mantener y practicar normas y hábitos de BUENA
CONDUCTA, con prácticas religiosas de apego a Dios y amor al prójimo, como base
para obtener beneficios en su condena.
Con todo ello, el factor número uno de actos delincuenciales en el centro de
prisión de máxima seguridad, objeto del presente trabajo de investigación, es el
HACINAMIENTO, observando con mucho optimismo, que se están dando pasos,
lentos pero positivos, hacia el combate frontal, de dicha problemática.
60
CONCLUSIONES:
1. El Sistema Penitenciario tiene la obligación de garantizar la rehabilitación,
reeducación y reinserción a la sociedad a las personas privadas de libertad
que alberga en los diferentes centros preventivos y cumplir con las normas
que le asigna la Constitución Política de la República.
2. El estado físico del Sistema Penitenciario en Guatemala es precario la
sobrepoblación de las cárceles contribuyen al hacinamiento, ignorando los
Derechos Humanos, ya que descuidan la salud física y emocional de los reos
contribuyendo a la planificación actos ilícitos, fugas, amotinamientos,
extorciones y corrupción.
3. En el Centro Preventivo de Máxima Seguridad, conocido como “El Boquerón”,
en el municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, derivado del
trabajo de investigación efectuado, SÍ existe hacinamiento, de las personas
privadas de libertad que se encuentran allí.
4. El hacinamiento de los reclusos de dicho centro preventivo, se puede
constatar por las cifras encontradas, en relación con que la infraestructura fue
creada para albergar a CIENTO CINCUENTA PERSONAS, en celdas
individuales, hasta doscientas, sin crear hacinamiento; en la actualidad se
encuentran más de TRESCIENTAS OCHENTA personas, procesadas por
diversos delitos, algunas, y otros que son ingresadas, en espera de su primera
declaración.
5. Se estableció que el centro de prisión cuenta con un hacinamiento del 153%
más de su capacidad, y que las condiciones en que se encuentran los
reclusos, son deplorables y violatorias de sus derechos fundamentales.
6. El centro preventivo de máxima seguridad, NO cuenta con proyectos sólidos
de estudio o trabajo, y mucho menos con actividades específicas que les
proporcionen ingresos económicos a los reclusos.
61
7. El centro preventivo de máxima seguridad, NO cuenta con un Equipo
multidisciplinario, que se encargue del seguimiento y tratamiento de los
expedientes de los reclusos, para gozar de los beneficios que se establecen
en la Ley del Régimen Penitenciario.
8. El Sistema Penitenciario, en general, NO cumple con los tres objetivos
principales que le establece la Ley de la materia, los cuales son: 1. Hacer
operativo el marco legal, 2. Disminuir los crímenes desde y adentro de las
cárceles, y 3. Reevaluar los programas de resocialización. Además, no logra
garantizar la seguridad de los reos, ya que la gran mayoría de estos están a la
merced de los reos que controlan las cárceles. Con tantas deficiencias para
cumplir con sus objetivos, el proceso de la resocialización ha quedado
abandonado.
9. En las comunidades alrededor del centro preventivo de máxima seguridad, se
han producido actos delincuenciales, que antes de la construcción de la
cárcel, NO existían, entre ellos: extorsiones, plagios o secuestros, robos en
viviendas, robos a peatones, e inclusive homicidios, asesinatos, y violaciones.
10. Existe un 40% de los reos en el centro preventivo de máxima seguridad, que
fueron ingresados por no poder pagar la multa impuesta por el órgano
jurisdiccional, por una falta cometida, o por encontrarse en espera de su
primera declaración.
62
R E C O M E N D A C I O N E S :
1. Que el Estado de Guatemala a través del Ministro de Gobernación de
seguimiento a los diferentes centros preventivos del país para verificar que los
reos sean rehabilitados, y puedan ser reincorporados a la sociedad como
personas trabajadoras para beneficio de sus familias.
2. Que los órganos encargados de la administración de justicia en Guatemala,
verifiquen el estado físico del centro preventivo de máxima seguridad “El
Boquerón”, para disminuir el hacinamiento y brindar un mejor ambiente a los reos
respetando sus Derechos Humanos y poder reducir los amotinamientos y actos
delictivos dentro del mismo.
3. La ampliación de la construcción de más celdas individuales, en el centro
preventivo de máxima seguridad, en Cuilapa, Santa Rosa, para aumentar su
capacidad y que los reos tengan condiciones idóneas para practicar estudio, o
trabajo. El espacio físico no construido de dicho centro de prisión, aún es extenso.
4. La formación del Equipo multidisciplinario, propio del centro preventivo, al cual
obliga la Ley del Régimen Penitenciario, para dar seguimiento y tratamiento, a los
expedientes de los reclusos, que les permita gozar de los beneficios que la ley
otorga y especialmente de su proceso de RESOCIALIZACIÓN.
5. La creación de cárceles o por lo menos, carceletas, en cada municipio, de los
catorce que conforman el departamento de Santa Rosa, con el fin que no
ingresen al centro preventivo de máxima seguridad, las personas que no pueden
pagar una multa, por una falta cometida; o las que están únicamente esperando
por la audiencia de primera declaración ante un Juez de Primera Instancia Penal;
con lo que se evitaría el hacinamiento en dicho centro preventivo, de por lo
menos, un 40%; todo ello con gestión y apoyo de las Municipalidades respectivas.
63
6. Gestión, apoyo, y acompañamiento, con empresas, y entidades públicas o
privadas, que necesiten personal, o quieran emprender proyectos productivos,
tanto dentro, como fuera del centro de prisión, para incentivar el trabajo en la
población reclusa.
7. Creación de una organización No Gubernamental, que gestione, apoye, y
acompañe proyectos de educación, trabajo, o beneficios para que la población
reclusa se vea incentivada por actividades positivas que les representen
beneficios a nivel personal, o familiar.
64
ANEXO 1
MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS.
Para personas que laboran en el Centro Preventivo de Máxima Seguridad conocido como “El Boquerón”, en el
municipio de Cuilapa, Santa Rosa. INSTRUCCIONES: a continuación encontrará una serie de preguntas
relacionadas con el tema “EL HACINAMIENTO DE REOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS
DECLINCUENCIALES QUE PRODUCEN EN EL CENTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD DENOMINADO
EL BOQUERÓN, EN CUILAPA SANTA ROSA”. El objetivo es recabar información que proporcione los
mecanismos necesarios para contrarrestar el problema. Por favor elija solamente una opción.
1. ¿Cree usted que este centro preventivo de máxima seguridad hay hacinación de reos?
SI NO
2. ¿Cree usted que los actos delincuenciales que se
producen en éste centro preventivo han tenido consecuencias negativas en las comunidades cercanas
alrededor?
SI NO
3. ¿Cree usted que los reos que se encuentran en este centro preventivo cometen actos delincuenciales en el
interior del mismo?
SI NO
4. ¿Conoce usted algún caso de un hecho delictivo
cometido por personas internas en este centro de prevención?
SI NO
5. ¿Conoce usted casos emblemáticos de
delincuencia que se hayan producido en el interior de este centro de prisión?
SI NO
6. ¿Tiene usted información acerca de los daños que
reos de alta peligrosidad hayan producido en el interior de este centro de prisión?
SI NO
7. ¿Tiene usted información de actos
delincuenciales que se hayan cometido en el interior del centro de prisión que han afectado a personas fuera
de aquí?
SI NO
8. ¿Conoce usted de actos delincuenciales
cometidos en el interior de este centro de prisión, en los cuales haya participación de agentes del sistema
penitenciario que laboran aquí?
SI NO
9. ¿Conoce usted casos en que agentes del sistema
penitenciario que laboran en este centro de prisión, hayan o estén siendo procesados por actos delictivos
cometidos por ellos mismos?
SI NO
10. ¿Cree usted que el hacinamiento en que se
encuentran los reos en este centro de prisión, es la causa para que se produzcan actos delincuenciales?
SI NO
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ANEXO 2
PROCESO ESTADÍSTICO GRÁFICA No. 1
1. ¿Cree usted que este centro preventivo de máxima seguridad hay hacinación de reos?
Al respecto de la población encuestada en el centro preventivo de máxima seguridad conocido como “El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa, la totalidad de las personas que contestaron la encuesta, un total de 30, que laboran en dicho centro, que representan el cien por ciento de los mismos, están de acuerdo, que SI hay hacinamiento de reos. Esto nos refleja que la población encuestada si está consciente del problema.
GRAFICA No. 2
2. ¿Cree usted que los actos delincuenciales que se producen en éste centro
preventivo han tenido consecuencias negativas en las comunidades cercanas
alrededor?
En relación con la pregunta número dos, 27 de las personas encuestadas, que representa el 90%, está de acuerdo que los actos delincuenciales que se producen en este centro preventivo, han tenido consecuencias negativas en las comunidades alrededor, específicamente en comunidades como Cuilapa, Barberena, y Chiquimulilla, entre otros. Únicamente 3 personas encuestadas, que representan el 10%, creen que dichos actos no tienen consecuencias negativas.
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GRÁFICA No. 3 3. ¿Cree usted que los reos que se encuentran en este centro preventivo cometen
actos delincuenciales en el interior del mismo?
Del total de personas encuestadas, 29, que representan el 97%, SÍ cree que los reos que se encuentran en este centro preventivo, cometen actos delictivos, en el interior del mismo; y únicamente una persona encuestada, que representa el 3 %, cree que no es así.
GRÁFICA No. 4 4. ¿Conoce usted algún caso de un hecho delictivo cometido por personas internas
en este centro de prevención?
Del total de personas encuestadas, 23 que representan un 77%, manifestaron que efectivamente tienen conocimiento de hechos delictivos cometidos por los internos de este centro preventivo, los más frecuentes, extorsión, por medio de la denominada “talacha”, lesiones que se les producen a otros reos, y en el peor de los casos violación a otros reos. Únicamente siete personas, que representan el 7% manifestaron que NO tienen conocimiento en forma personal de actos delictivos cometidos por los internos, solo en forma referencial.
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GRÁFICA No. 5 5. ¿Conoce usted casos emblemáticos de delincuencia que se haya producido en el
interior de este centro de prisión preventiva?
En relación con esta pregunta, 26 personas encuestadas, manifestaron que SÍ tienen conocimiento de casos emblemáticos que se produjeron en el interior del centro preventivo, en especial el del asesinato de los policías que se vieron involucradas en la muerte de los Diputados salvadoreños. Y recientemente la muerte de dos reos, por rivalidades entre miembros de pandillas. Únicamente cuatro personas, que representan el 13%, manifestaron que no conocen casos emblemáticos delincuenciales producidos en el interior de dicho centro de prisión.
GRÁFICA No. 6
6. ¿Tiene usted información acerca de los daños que reos de alta peligrosidad
hayan producido en el interior de este centro de prisión?
En relación con esta pregunta, 21 personas encuestadas, que representan el 70%, manifestó que SÍ tiene información de daños que los reos de alta peligrosidad han ocasionado en el interior de este centro preventivo, principalmente a la infraestructura; pero es mínima, únicamente, en paredes, sanitarios, y muros. Asimismo, 9 personas, que representan el 30%, manifestaron que NO tiene información de daños producidos en el interior del centro de prisión, por los internos.
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GRÁFICA No. 7 7. ¿Tiene usted información de actos delincuenciales que se hayan cometido en el
interior del centro de prisión que han afectado a personas fuera de aquí?
En relación con esta pregunta, 15 personas encuestadas, que representan un 15%, manifestó que NO tiene conocimiento de actos delincuenciales que hayan cometido reos en el interior del centro preventivo, hayan afectado a personas fuera del mismo; sin embargo otras 15 personas encuestadas, que representan el 50%, indicó que SÍ, específicamente se refirieron a las extorsiones, dentro del mismo, por la famosa “talacha”, las lesiones, y las violaciones, que sí afectan a la familia del reo agraviado.
GRÁFICA No. 8 8. ¿Conoce usted de actos delincuenciales cometidos en el interior de este centro
de prisión, en los cuales hayan participado agentes del sistema penitenciario que
laboran aquí?
Del total de personas encuestadas 18, que representan el 60%, manifestó que SÍ tiene conocimiento de actos delictivos cometidos por agentes del sistema penitenciario, que laboran en este centro de prisión, específicamente la complicidad en el ingreso de aparatos electrónicos, drogas, licor, prostitución, y armas. Únicamente 12 personas encuestadas, que representan el 40%, manifestaron que NO tienen conocimiento de dichos actos delictivos, y algunas de ellas, manifestaron que daban ese tipo de respuesta, porque temen represalias.
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GRÁFICA No. 9
9. ¿Conoce usted, casos en que agentes del sistema penitenciario que laboran en
este centro de prisión, hayan o estén siendo procesados por actos delictivos
cometidos por ellos mismos?
Obteniéndose al respecto que de las personas encuestadas, 18, que representan el 60%, manifestó que SÍ tiene conocimiento de agentes del sistema penitenciario que han cometido hechos delictivos estén siendo procesados, específicamente los que tienen relación con laborar en estado de ebriedad, o por responsabilidad en la custodia de reos. Únicamente 12 personas encuestadas, que representan el 40%, manifestaron que NO tiene conocimiento de lo cuestionado.
GRÁFICA No. 10 10. ¿Cree usted que el hacinamiento en que se encuentran los reos en este centro de
prisión, es la causa para que se produzcan actos delincuenciales?
En relación con esta pregunta, 24 personas, que representan el 80%, manifestaron que SÍ, creen que el hacinamiento en que se encuentran los reos en este centro de prisión, es la causa principal para que se produzcan actos delincuenciales; porque los líderes que hay dentro de los grupos de reos, cuentan con un mayor números de personas por extorsionar, y a quienes se les puede adiestrar para la comisión de dichos actos, caso contrario si no hubiera hacinamiento, cada quien se preocuparía por participar en proyectos que les permitiesen disminuir su condena. Únicamente 6 personas encuestadas, que representan el 20%, indicó que NO creía que el hacinamiento en que se encuentran los reos, fuese la causa de dichos actos.
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B I B L I O G R A F Í A :
I. TEXTOS:
1. ARRIAZA, Irma, Políticas penitenciarias, un tema olvidado en el Sistema
Penitenciario Guatemalteco, en: Seguridad y Justicia: Pilares de la
Democracia, Revista Análisis Político, Año 3, No. 2, Fundación Konrad
Adenauer, Guatemala 2009.
2. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (ASIES),
Desafíos actuales de la justicia penal, 5. Estudio Proceso y Fortalecimiento
del Sistema de Justicia: Avances y Debilidades. Julio 2006 – Octubre 2008,
Guatemala 2009.
3. AVENDAÑO LIMA, Claudia María, Situación de los Centros de Detención
Juvenil, Tesis Universidad Rafael Landívar, Guatemala 2011.
4. DAMMERT, Lucía y Liza, Zúñiga, La cárcel: Problemas y desafíos para las
Américas, Flacso, Chile 2008.
5. CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA, Sistema Penitenciario: El reto
de la rehabilitación, Guatemala 2009.
6. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH), Segundo
Informe del Observatorio Guatemalteco de Cárceles 2005-2007,
Guatemala 2008.
II. FUENTE GENERAL METODOLÓGICA
7. MORGAN SANABRIA, Rolando. Material de Apoyo para el curso
Planeación del Proceso de Investigación Científica para Elaborar una Tesis
de Grado. Impresiones Ramírez, Universidad San Carlos de Guatemala,
2008.
8. PILOÑA ORTÍZ, Gabriel Alfredo. Guía Sobre Métodos y Técnicas de
Investigación Documental y de Campo. Litografía CIMGRA Centro de
Impresiones Gráficas, 2007
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III. DICCIONARIOS:
9. CABANELAS DE LA CUEVA, Guillermo. Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición Actualizada, Editorial S.R.L.
Buenos Aires 1994.
10. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LAUROSSE, Editorial Ultra S.A. de
C.V., Centeno Granjas Esmeralda, México 09810. D.F.
11. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNO, Océano.
12. DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Siglo XXI, Fundación Tomás Moro,
Editorial Espasa Calpe S.A.
13. OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires 1,996.
IV. LEGISLACIÓN:
14. DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 33-2006, Ley del Régimen
Penitenciario, Congreso de la República 2006.
15. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,
Asamblea Nacional Constituyente 1985, Editorial Magna Terra Editores,
marzo de 2008.
16. DECRETO No. 17-73 Código Penal, Organismo Legislativo 1973,
Ediciones Mayté, 2009.
17. DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 51-92, Código Procesal Penal,
Congreso de la República 2010.
18. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 513-2011, Reglamento de la Ley
del Régimen Penitenciario. Congreso de la República, 2011.
V. PÁGINA WEB
19. Enciclopedia Virtual. ENCARTA. 2007, Edición Actualizada.
20. www.elperiodico.com.gt. Edición digital 21. www.sigloXXI.com.gt. Edición digital.
22. www.wikipedia, La Enciclopedia Libre 23. www.elquetzalte.com.gt. Edición digital
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