UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE...
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS MONOGRAFÍA: TEMA: LA PROHIBICIÓN DE NE BIS IN IDEM EN EL PROCESO PENAL SALVADOREÑO PRESENTADO POR: BACHILLER: LOYDA ABIGAIL RAMOS MORALES BACHILLER: PATRICIA IVONNE DOMINGUEZ ORTEGA BACHILLER: JOSÉ OSCAR MEJÍA ORELLANA PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE: LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ASESOR: LIC. NAPOLEÓN CISNEROS AGOSTO 2004 SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
MONOGRAFÍA:
TEMA: LA PROHIBICIÓN DE NE BIS IN IDEM EN EL PROCESO PENAL SALVADOREÑO
PRESENTADO POR:
BACHILLER: LOYDA ABIGAIL RAMOS MORALES BACHILLER: PATRICIA IVONNE DOMINGUEZ ORTEGA
BACHILLER: JOSÉ OSCAR MEJÍA ORELLANA
PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
ASESOR: LIC. NAPOLEÓN CISNEROS
AGOSTO 2004
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
AUTORIDADES
RECTOR
ING. MARIO ANTONIO RUÍZ RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL
LIC. TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ MENDOZA
DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
LIC. ROSARIO MELGAR DE VARELA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
DR. JORGE EDUARDO TENORIO
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
ÍNDICE CAPÍTULO I PÁGINA 1. Marco Histórico Legal …………………………………………… 1 1.1 Ley Primaria …………………………………………………………... 3 1.1.1 Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica .……......... 3-2 1.1.2 Constitución de El Salvador …………………………………… 3-7 1.2 Leyes Secundarias …………………………………………………… 7-9 CAPÍTULO II 2. Concepto y Naturaleza Jurídica ……………………………………. 9 2.1 Conceptos Generales ……………………………………………. 9-10 2.2 Etimología y Significado Gramatical ……………………. 10-11 2.3 Conceptos Doctrinales ……………………………………………. 11-12 2.4 Concepto Legislativo ……………………………………………. 12 2.5 Concepto que se propone ……………………………………………. 12-13 2.6 Elementos del Concepto Propuesto…………………………………. 13-14 2.7 Naturaleza Jurídica ……………………………………………………. 14-15 CAPÍTULO III 3. Consideraciones Doctrinales ……………………………………. 15 3.1. Doctrina Extranjera ……………………………………………………. 15 3.1.1 Alberto Bínder ……………………………………………………. 15-18 3.1.2 Vicente Gimeno Sendra y Otros ……………………………………. 18-20 3.1.3 Luis Paulino Mora Mora ……………………………………………. 20-21 3.2 Doctrina Nacional ……………………………………………………. 21 3.2.1 Ricardo Membreño ……………………………………………………. 21-24 3.2.2 Rodolfo Ernesto González Bonilla y otros ……………………. 24 CAPÍTULO IV 4. Régimen del Derecho Vigente ……………………………………. 24 4.1 Constitución de El Salvador ……………………………………. 25 4.2 Ley Secundaria Salvadoreña ……………………………………. 25-28 4.3 Derecho vigente al Principio de Ne bis in idem …………………….. 29-30
CAPÍTULO V 5. Regulaciones Internacionales ………………………………………… 30-31 CAPÍTULO VI 6. Jurisprudencia Tribunales ………………………………………... 31-32 6.1 Jurisprudencia Sobre el NE BIS IN IDEM. en El Salvador ………………………………………………. . 32 6.1.1 Resolución de improcedencia de 11-VIII-1997, amp.276.97… 6.1.2 Sentencia de 4-V-1999, amp.231-98 considerando II4………… 32-34 6.1.3 HS022997.97. Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia ………………………………… 34-36 6.1.4 Sentencia en el Proceso de Amparo del 04/V/1999
Ref. 231-98 ………………………………………………………… 36-38 6.1.5 Sentencia en el Proceso de Habeas Corpus del
01/04/1999 Ref.136-99 ………………………………………… 38-40
INTRODUCCIÓN
La elaboración del presente anteproyecto de monografía sobre “La prohibición
de NE BIS IN IDEM, en el proceso penal salvadoreño”, pretende dar un enfoque
en forma específica y sistemática de la garantía constitucional de juicio único,
debido a la poca información teórica que existe en la doctrina y en la legislación
salvadoreña.
Este principio tiene aplicabilidad en las diferentes ramas del derecho público,
privado y social; siendo que su aplicación es genérica y que es un principio que
lo podemos encontrar tanto en Convenios como Tratados Internacionales, pero
que su ámbito de aplicación únicamente se remite a solicitudes realizadas por
los agraviados y casi nunca de oficio.
El “NE BIS IN IDEM”, en el proceso penal salvadoreño, es un principio que
pretende garantizar el debido proceso; además de encontrarse como garantía en
nuestra Constitución, pretende dar una garantía a una persona que no sea
juzgada dos veces por la misma causa, y de buscar principalmente revestir de
seguridad jurídica los procesos que se rigen en contra de una persona.
El enfoque que pretende dar la presente monografía, se basa en hacer del
conocimiento que el hecho que una persona se le impute la comisión u omisión
de varios delitos en diferentes causas, que posteriormente sean acumuladas, no
implica ninguna violación al debido proceso; ya que con ello se pretende unificar
la pena en el caso de ser condenado y resguardar la seguridad individual en el
caso de ser absuelto o sobreseído definitivamente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿ Existe la prohibición de “NE BIS IN IDEM” en el proceso penal Salvadoreño?
JUSTIFICACIÓN
La garantía Constitucional de única persecución, se encuentra establecida en la
Constitución salvadoreña, es de trascendental importancia en la protección de la
persona humana en un proceso penal, a fin de evitar la pluralidad de
juzgamiento, imposición de penas ante la comisión u omisión de un hecho
delictivo.
En la legislación salvadoreña especificamente en el derecho público, no existe una ley específica que regule el principio planteado anteriormente en la Carta Magna, la cual nos motiva a iniciar una exhaustiva investigación de éste problema.
Tanto el jurista como el ciudadano común deben conocer las garantías
constitucionales, a fin de evitar que estas les sean violentadas en un proceso,
siendo esto lo que nos impulsa a la realización de este proyecto de
investigación.
OBJETIVO GENERAL
Conocer la aplicación de la prohibición de NE BIS IN IDEM, dentro del ámbito
del proceso penal salvadoreño y las regulaciones en la legislación Nacional e
Internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar si la sanción administrativa tiene incidencia en la sentencia de un
proceso penal de un hecho determinado en cuanto a la aplicación de las
Garantías Constitucionales de Única Persecución.
Identificar en que etapa o momento del proceso penal salvadoreño puede
invocarse el principio NE BIS IN IDEM.
CAPÌTULO I
1. MARCO HISTÓRICO LEGAL
Como precedente damos a conocer que el talante garantista del Derecho Penal,
tiene su punto de partida desde en el liberalismo Europeo, se consolida en el
período postrevolucionario francés.
Dentro del Imperio de la Antigua Roma, se regulaban las Acciones Penales y
estas son las acciones que derivan de un delito, por ejemplo, la actio furti, que
se da en contra del ladrón, y a favor de la víctima, no para pedir la cosa, sino la
pena, que era una multa privada, que se entregaba a la propia víctima.
Las acciones penales mostraban unas características específicas muy bien
definidas, eran acumulativas; esto tiene dos significados: por un lado quiere
decir que la acción penal se acumula a la acción reipersecutoria (que es la
reivindicación que tiene el propietario para perseguir la cosa, intentándolo en
contra del ladrón para pedir la restitución ): la víctima del robo podía ejercer a la
vez la acción reivindicatoria y la actio furti; por el otro lado significa que si el
delito era cometido por varias personas, cada uno de los delincuentes debía
pagar la multa completa, las acciones penales eran infamantes; esto es, traían
aparejada la tacha de infamia, y finalmente, eran intransmisibles pasivamente,
solo se podía perseguir con una acción penal al delincuente, y no a sus
herederos.
A través del ejercicio de las acciones mixtas que es otro tipo de acciones en la
Antigua Roma, se logra tanto una indemnización por el valor del objeto, como
una cantidad adicional por la pena. La acción se daba por el máximo valor que el
objeto hubiera alcanzado en el último año, una parte como indemnización por el
valor real del objeto, y la diferencia para cubrir la multa privada, que era la pena
impuesta al infractor.
1.1 LEY PRIMARIA
Como antecedente histórico ya propiamente en nuestro país, se consolida
especialmente sobre el tema que nos ocupa, el principio de NE BIS IN IDEM o
principio de única persecución, dentro de la Ley Primaria. A continuación se
detalla minuciosamente el tipo de Constitución de la cual éramos suscriptores
como Estados Unidos de Centro América, y luego ya propiamente de El
Salvador, según el año y al mismo tiempo se hace un breve comentario ya que
como observaremos en algunas de ellas no se consigna tal principio, pero de las
que se verifica, se da a conocer el artículo pertinente.
1.1.1 CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
CENTROAMÉRICA En las legislaciones iniciales de Centro América, luego de ser independizada de
la Corona Española o del Gobierno de España, después de 1821, ya se
contemplaban garantías procesales para las personas que cometían un ilícito o
una violación a la legislación, ya se tratara ésta de una infracción a las leyes
civiles o criminales.
La Constitución Política de tres países de Centro América específicamente la de
1898, es una de las que recoge el principio de única persecución, el cual no se
había establecido en las leyes de España, que se aplicaban en la Región
Centroamericana, después de la independencia, ya que se constató que en la
Constitución de la República Federal de Centro América de 1824, no se
encuentra regulado.
A continuación se transcribe el artículo Constitucional en el cual se encuentra
establecido el principio de NE BIS IN IDEM:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS DE CENTRO AMÉRICA,
(HONDURAS, NICARAGUA Y EL SALVADOR) 1898.
Art. 27
“Ninguna persona puede ser privada de su libertad, ni de su propiedad, sin ser
previamente oída y vencida en Juicio, conforme a las Leyes, ni puede ser enjuiciado civil ni criminalmente dos veces por la misma causa.”
Siguiendo con la legislación constitucional dentro del marco histórico de nuestro
país, en la Constitución de la República Centroamericana de 1921, también se
recoge el principio de Única Persecución o Ne Bis In Idem, para su aplicación en
el ámbito civil y criminal, según se prescribe en esta Constitución, pero con
diferencia de redacción, a la Constitución de 1898, y que detallamos a
continuación:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CENTROAMÉRICA,
(GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS), 1921.
Art. 58
“Ninguna persona puede ser privada de su libertad, ni de su propiedad, sin ser
previamente oída y condenada en juicio con arreglo a las leyes; ni ser juzgada civil ni criminalmente más de una vez por la misma causa.
Ninguna autoridad puede abrir juicios fenecidos ni abocarse causas pendientes
sin competencia legal.”
1.1.2 CONSTITUCIONES DE EL SALVADOR
La primera Constitución Política del Estado de El Salvador de 1824, constaba de
ochenta y dos artículos, en ninguno de ellos se encuentra regulado el principio
de persecución única o “NE BIS IN IDEM”, en ese tiempo el país de El Salvador
ya era un Estado independiente, pero a pesar de esto, no se regulaba este
principio, bajo resguardo de una garantía constitucional.
En las Constituciones posteriores a la de 1824, si se regula el principio de juicio
único o de única persecución, exceptuando la de 1841. Así en la Constitución de
1864, en el artículo 82, se regula el principio de garantía de audiencia y el de
persecución única, para lo cual se transcribe el artículo relacionado, y así
sucesivamente las demás Constituciones que a lo largo de la historia han regido
en nuestro país.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR DE 1864.
Art. 82
“Queda abolida la pena de confiscación. Ninguna persona puede ser privada de
su vida, de su propiedad, de su honor, ni de su libertad sin ser previamente oída
y vencida en juicio, con arreglo a las fórmulas que establecen las leyes, ni enjuiciada dos veces por el mismo delito. Las autoridades o individuos que
contravengan a ésta disposición, responderán en todo tiempo con su persona y
bienes a la reparación del daño inferido y las cosas confiscadas, no podrán
prescribirse en ningún tiempo.”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE EL SALVADOR DE 1871
La Constitución Política de El Salvador, decretada el 17 de octubre de 1871,
recoge el principio de persecución única o también dado en llamar NE BIS IN
IDEM, en el artículo 109, pero el texto es exactamente igual a la Constitución
Política de 1864; es decir que únicamente entre una y otra lo que cambia es el
artículo en que se encuentra regulado, y es por esta razón que no se va a
transcribir, sino que deberá tomarse como referencia el párrafo anterior.
CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR DE 1872
La Constitución de 1872, también regula el principio de juicio único, igual que en
la Constitución de 1864 y 1871, pero cambia el orden de redacción y de
derechos de la persona y para mejor comprensión se transcribe a continuación:
Art. 27
“Queda abolida la pena de confiscación. Ninguna persona puede ser privada de
su vida, de su libertad, de su honor, ni de su propiedad, sin ser previamente oída
y vencida en juicio, con arreglo a las fórmulas que establecen las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por el mismo delito. Las autoridades e
individuos que contravengan a esta disposición, responderán en todo tiempo,
con sus personas y bienes a la reparación del daño inferido y las cosas
confiscadas son imprescriptibles.”
CONSTITUCIÓN DE 1880.
La Constitución de este año es una reforma a la Constitución del año 1872, y el
principio que nos ocupa se encuentra regulado en un artículo diferente,
asimismo, al texto se le han hecho varios cambios, no solamente de redacción,
sino de comprensión.
A continuación relacionamos el texto íntegro del artículo que regula el principio
de juicio único:
Art. 23
“Ninguna persona puede ser privada de su vida, de su libertad, de su honor, ni
de su propiedad, sin ser previamente oída y vencida en juicio, con arreglo a las
leyes, ni puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa.”
CONSTITUCIÓN DE 1883
En esta Constitución, también se encuentra legislada como garantía, el principio
de única persecución, en igual forma que la Constitución del año 1880, pero se
regula en artículo 19, razón por la cual, se tomará como referencia el artículo del
párrafo anterior.
CONSTITUCIÓN DE 1886
La Constitución de este año, también regula el principio de juicio único, pero en
ésta, el legislador constituyente, retomó el Derecho Civil, que en los anteriores
años había suprimido, y para constatarlo a continuación ofrecemos la literalidad
de su artículo:
Art. 20
“Ninguna persona puede ser privada de su vida, de su libertad, ni de su
propiedad sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada civil o criminalmente dos veces por la misma causa.”
CONSTITUCIÓN DE 1939
Desde la Constitución de 1886 a la de 1939 han transcurrido 53 años, sin
embargo el texto donde se encuentra regulado el principio de única persecución
no cambió, sino que se mantuvo de igual forma, únicamente se diferencia entre
una y otra el artículo en que el legislador lo estableció; es decir que en la
Constitución de 1939 está regulado en el artículo 37 y en razón de ello, se
tomará como referencia el párrafo anterior.
CONSTITUCION DE 1944
En esta Constitución el principio de única persecución, su garantía
constitucional, se encuentra establecida en el artículo 36, en el cual se detalla de
la misma manera y siendo que la importancia de nuestro trabajo se centra
únicamente en éste principio manifestamos que la literalidad de la parte del
artículo, referida al principio de única persecución, se mantiene.
CONSTITUCIÓN DE 1945
En ésta, el legislador retoma nuevamente el texto del artículo 20 de la
Constitución de 1886, para regular garantizando el juicio único, resguardando el
principio de única persecución, no únicamente en el texto, sino también en el
mismo número de artículo.
CONSTITUCIÓN DE 1950
La Constitución que en este párrafo se trata, regula el principio de única
persecución en el artículo 164; el texto es igual al artículo 23 de la de 1880.
CONSTITUCIÓN DE 1962
Ésta al igual que la Constitución de 1950 regula el principio de única persecución
de la misma manera, es decir sin diferencia alguna.
1.2. LEYES SECUNDARIAS
Una de las leyes más antiguas en materia Procesal Penal de El Salvador, es el
Código de Instrucción Criminal, el cual fue decretado por el supremo poder
ejecutivo de la República de El Salvador, en fecha 1882, publicado en el Diario
Oficial número 81, tomo 12 del 20 de abril de 1882, dicho Código contaba con
597 artículos; tal Código era utilizado para los procedimientos penales en
personas adultas y menores de edad, que cometían ilícitos considerados delitos
o faltas tipificados en el Código Penal de 1904.
Es de hacer mención que la primera ley sobre procedimientos penales fue el
Código de Procedimientos Judiciales, el cual fue el presbítero y doctor Isidro
Menéndez, el autor de dicho Código salvadoreño.
Posteriormente fue revisado el Código del doctor Menéndez y se adoptó como
ley ya reformada en 1863; en el Código de Procedimientos Judiciales se
encontraba el procedimiento para acciones civiles y penales, es decir era un
Código de Procedimientos Civiles y Procedimientos Penales; el Código
reformado en 1863, ya presentaba la novedad de haberse separado del Código
Civil, y del Código penal; en el año de 1878 fue reformado el Código de
procedimientos penales, que en el año de 1863 se le había denominado Código
de Instrucción Criminal, dicha ley tuvo vigencia hasta 1882, cuando se decreta el
antes mencionado Código de Instrucción Criminal de 1882, por Decreto
Ejecutivo.
El principio de juicio único no aparece claramente establecido en el llamado
Código de Instrucción Criminal, aunque en la Constitución de 1880 ya lo había
regulado el Legislador Constituyente; la aproximación que se encuentra en dicha
normativa es sobre los imputados o personas que cometían delitos en diferentes
lugares, siendo juzgado por todos los delitos, por el juez de donde fue
aprehendido primero, pero no podía el juez de la jurisdicción donde se cometió
un delito, juzgarlo nuevamente cuando fue absuelto por el juez que lo juzgó
donde fue detenido.
Esto se encuentra en el artículo 14 de dicha ley, que literalmente dice “ Si alguno
hubiere cometido diferentes delitos en diversos lugares o en un mismo lugar
donde existieren varios jueces competentes, será juzgado por todos ellos, el juez
del lugar del delito en que fuere aprehendido o por aquel a quien se remita
primero, caso de ser aprehendido por otro juez…”; además el artículo 15 de la
misma ley dice que los procesos de los imputados que cometen delitos en
lugares diferentes, serían procesados por cada uno de los delitos en cada
jurisdicción, y cada juez remitirá certificación de la sentencia ejecutoriada al juez
donde conocerá el otro juez, a fin de no ser procesado por el delito que ya fue
sentenciado.
En este Código de Instrucción Criminal no aparecen principios rectores del
proceso, y el caso de que una persona fue juzgada dos veces por el mismo
delito o falta, era más fácil, aunque en la Constitución de la República ya se
había establecido.
CAPÍTULO II
2. CONCEPTOS Y NATURALEZA JURÍDICA 2.1. CONCEPTOS GENERALES
El Derecho Constitucional de El Salvador, regula una serie de garantías que
protegen a la persona humana en todos sus ámbitos y se encuentran regulados
a partir del título II referente a los derechos y garantías fundamentales de la
persona y a partir del artículo 2 de nuestra Ley Primaria, dentro de las que se
encuentra el principio de juicio único, conocido como “NE BIS IN IDEM”, y para
una mejor comprensión se definen los conceptos siguientes:
GARANTIA1: “Seguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo.”
GARANTIAS CONSTITUCIONALES2. “Derechos o libertades fundamentales que
la Constitución de un Estado, reconoce a todos sus ciudadanos. Son
1 Guillermo Cabanellas , Diccionario Jurídico Elemental, Argentina 1979. 2 Víctor de Santo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Argentina 1999.
inalienables, y solo pueden ser suspendidas temporalmente en casos
excepcionales.”
Para poder definir los principios procesales penales es necesario conocer el
concepto de los “principios Generales del Derecho”, los cuales han sido
reconocidos y consagrados por la doctrina y las legislaciones universales,
referidos principalmente al campo procesal, El Diccionario de Ciencias Jurídicas
Políticas, Sociales y de Economía, lo define de la siguiente forma:
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO3. “Los que, reconocidos por todas
las naciones civilizadas, animan a la mayoría de legislaciones nacionales, tales
como la autoridad de la Cosa Juzgada, la reparación del daño causado, la no
aplicación de pena sin Ley, en Tribunal constituido antes del hecho del proceso,
la nulidad de los actos jurídicos por vicio de consentimiento, el cumplimiento de
buena fe de las obligaciones, el repudio del enriquecimiento ilícito, etc. En el
supuesto de no existir norma jurídica positiva, el intérprete ha de acudir, para
decidir la causa, a las fuentes generales del Derecho; es decir, como también se
les denomina principios generales del Derecho o Principios de Justicia.”
El artículo 11 de la Constitución de El Salvador y el artículo 7 del Código
Procesal Penal Salvadoreño han regulado como garantía un principio, para el
ciudadano cuando es procesado penalmente por la comisión u omisión de un
ilícito que es el juicio único y que la doctrina ha dado en llamar NE BIS IN IDEM
o NON BIS IN IDEM, y para su mejor entendimiento y que trataremos más
adelante, nos apoyaremos en los conceptos básicos, vertidos en éste capítulo.
2.2. ETIMOLOGIA Y SIGNIFICADO GRAMATICAL
Etimología del principio “NE BIS IN IDEM” o “NON BIS IN IDEM”.
3 Víctor de Santo, Op. Cit. Pág. 9
Todas las palabras empleadas son de origen y lengua latina.
A continuación proporcionamos el significado gramatical de cada una de las
frases empleadas en vocablo:
NE o NON : Negación repetida de una cosa o el decir que no o insistir en la
pertinencia de éste dictamen.
BIS : Se emplea para dar a entender que una cosa debe repetirse o
está repetida.
IN : En, negativo o privativo latino que con ese mismo valor se emplea
en castellano.
IDEM : Pronombre latino que significa “el mismo” o “lo mismo” se suele
usar para evitar repeticiones.
2.3. CONCEPTOS DOCTRINALES:
Según el Diccionario de Jurisprudencia Romana4, define el NE BIS IN IDEM
COMO:
“Expresión modernizada de “bis de eadem re ne sit actio”, que significa no tolera
la buena fe, que se exija dos veces lo mismo.”
Que a la vez, definimos bajo los conceptos de este mismo diccionario el “bis de
eadem re ne sit actio” como:
“Reglas o máximas jurídicas que expresan el acreedor no puede pedir dos veces
la misma cosa al deudor.”
4Manuel de Jesús García Garrido, Diccionario de Jurisprudencia Romana , Madrid 2000.
El Diccionario Jurídico Elemental5 define el non bis in idem como:
“No dos veces por la misma causa. En materia penal, significa que no cabe
castigar dos veces por el mismo delito; ya sea aplicando dos penas por un
mismo hecho, o acusando por segunda ves por un delito ya sancionado.”
Alberto Bínder6, también nos brinda un concepto del Principio de Juicio Único
como:
“El conjunto de garantías básicas que rodean a la persona a lo largo del proceso
penal, se completa con el llamado ne bis in idem, según el cual el Estado no
puede someter a un proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho, sea
en forma simultánea o sucesiva”.
2.4. CONCEPTO LEGISLATIVO
La Ley salvadoreña, en el Código Procesal Penal define el Principio de
Persecución Única de la manera siguiente:
Art. 7
ÚNICA PERSECUCIÓN
‘’Nadie será perseguido penalmente, más de una vez por el mismo hecho. La
sentencia absolutoria firme, dictada en el extranjero sobre hechos que puedan
ser conocidos por los Tribunales Nacionales, producirá el efecto de Cosa
Juzgada.’’
2.5. CONCEPTO QUE SE PROPONE:
ÚNICA PERSECUCIÓN:
5Guillermo Cabanellas, Op. Cit. Pag. 9 6 Alberto Bínder, Introducción al Derecho Procesal Penal, Argentina 1993.
Es un principio procesal, garantizado en nuestra Constitución salvadoreña, que
resguarda la seguridad jurídica del imputado, no permitiendo que el Estado lo
juzgue dos veces por la misma causa, ya sea nacional o internacionalmente.
2.6. ELEMENTOS DEL CONCEPTO PROPUESTO
• Principio procesal
• Seguridad Jurídica
• Cosa Juzgada
• Nacional o Internacional
Los elementos sustraídos del concepto propuesto y que se han detallado con
anterioridad, son el fundamento que sostiene y compone el principio de única
persecución, el cual se desarrolla dentro de la etapa procesal de un juicio,
además es un límite al poder punitivo del Estado, con el fin de dar la seguridad
jurídica al individuo, del cual se le ha dado una resolución ya sea condenatoria o
absolutoria, a través de una sentencia o de una salida alterna del proceso, y que
adquiere la calidad de Cosa Juzgada, el cual opera también cuando en el
extranjero han ocurrido hechos considerados delitos o faltas y que pueden ser
conocidos por tribunales nacionales y que hayan sido conocidos ya en el
extranjero.
Que como más adelante trataremos, el principio de única persecución, es un
principio procesal, ya que es un presupuesto que rige protegiendo la seguridad
jurídica de a quien se le ha sometido a un proceso penal y se le ha dictado
resolución con carácter de definitiva.
Dentro de nuestro concepto propuesto, y como se trató en el párrafo anterior,
este principio busca resguardar la seguridad jurídica, para que así exista una
certeza en la aplicación de justicia, y al mismo tiempo no haya un limbo jurídico.
Todos los elementos que conforman nuestro concepto se encuentran
concatenados entre sí, de ahí que es un principio para resguardar la seguridad
jurídica, mediante la obtención de la calidad de cosa juzgada en las resoluciones
definitivas.
Y finalmente su ámbito de aplicación es a nivel nacional e internacional, ya que
este principio, se encuentra regulado en la Constitución Salvadoreña como una
garantía, y a su vez se encuentra regulado en Convenciones y Tratados
Internacionales, de los cuales somos suscriptores, y de lo que trataremos más
adelante.
2.7. NATURALEZA JURÍDICA
Para tratar sobre la naturaleza jurídica del ne bis in idem, nos apoyaremos en los
conceptos anteriormente citados de lo que es garantía y principio, y
determinaremos si estamos en presencia de un principio o de una garantía, sin
omitir mencionar que tanto la Ley Primaria y Secundaria lo regulan.
Según el Concepto que proporciona Alberto Bínder7 el ne bis in idem, es una
garantía básica dentro del proceso penal
Algunos autores españoles consideran que es un principio general del proceso
penal y no una garantía como lo ha hecho Bínder.
Luego de haber hecho un breve análisis de la doctrina con referencia a lo que
es garantía y principio, concluimos y nos apegamos a la teoría de que el ne bis
in idem es un principio, que opera en la estructura del proceso, ya que partimos
del estudio realizado por FUSADES, que define el principio como “norma no
7 Alberto Bínder, Op. Cit. Pág. 9
legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismo que gozan de
general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales.
Por lo tanto el principio es diferente a la garantía ya que ésta última pretende
dar seguridad mediante mecanismos constitucionales y a la no vulneración de
los principios procesales del ne bis in iden, siendo el principio, dentro de nuestro
proceso penal, un presupuesto como una norma establecida, que goza de una
garantía constitucional.
CAPÍTULO III
3. CONSIDERACIONES DOCTRINALES
3.1. DOCTRINA EXTRANJERA
3.1.1. ALBERTO BÍNDER:
Alberto Bínder8, en su libro Introducción al Derecho Procesal Penal, ha
establecido que una de las garantías, del proceso penal es el Ne Bis In Idem,
(inadmisibilidad de la persecución penal múltiple).
Anteriormente se estableció un concepto que ha aportado al Derecho Procesal
Penal, sobre dicho principio, él además manifiesta, que la persona no puede ser
sometida a una doble condena o afrontar el riesgo de ello, pero hace referencia
a un nuevo proceso que vendría a ser la revisión de esa sentencia condenatoria.
Nos encontramos ante una garantía que según este autor es diferente a las
demás, por tratarse aquéllas a la estructura del proceso o de principios de
organización, pero este principio de persecución única, es que solo puede 8 Alberto Bínder, Op. Cit. Pág. 9
intervenir el aparato Estatal ante una condena una vez, ya que éste, en su poder
penal es tan fuerte que el ciudadano no puede estar expuesto a esa “amenaza”
dentro de un Estado de Derecho.
Existen dos formas de delimitar el concepto de este principio que según Alberto
Bínder, una es en sentido restringido, que se refiere únicamente a la
imposibilidad de que una persona sea condenada dos veces por el mismo hecho
y una segunda en sentido amplio, que se refiere a la imposibilidad de que
existan dos procesos simultáneos o sucesivos acerca del mismo hecho.
La aplicación de esta garantía ha generado dificultades en cuanto a la relación
de las excepciones posibles y a los requisitos que se deben cumplir para la
puesta en marcha de la misma, existen tres requisitos básicos, que la doctrina
es unánime en general en exigir. En primer lugar debe tratarse de la misma
persona, en segundo lugar debe tratarse del mismo hecho y por último debe
tratarse del mismo motivo de persecución. Estas tres identidades suelen
identificarse con los nombres latinos de “eaden persona, eaden res, eaden
causa patendi”.
Si bien es cierto que existe unanimidad de estos requisitos básicos para que
opere esta garantía, cada uno presenta algún grado de discusión o dificultad al
momento de establecerlos en un hecho determinado.
El primero de los requisitos básicos es el menos problemático para lograr
establecerlo, es decir, la identificación de una misma persona. Lo importante es
tener en cuenta que se trata de una garantía personal, que juega en favor de
una determinada persona y nunca en abstracto.
Según Bínder el efecto de cosa juzgada ya sea que se trate de una sentencia,
de un sobreseimiento o cualquier tipo de resolución que ponga fin al proceso
siempre tiene una referencia directa a la persona que ha sido involucrada. Para
este mismo autor la desestimación no produce un efecto abstracto de “cosa
juzgada”, si no que se trata, simplemente del rechazo de una denuncia que
puede ser iniciada nuevamente.
El segundo de los requisitos es decir el “eadem res”, aquí se alude en realidad a
una hipótesis. El proceso penal se fundamenta en hipótesis fácticas, con cierto
tipo de significado jurídico, la exigencia de esta correspondencia significa que
debe existir unanimidad entre las hipótesis que fundan los procesos en cuestión,
se trata en todo caso de una identidad fáctica y no de una identidad de
calificación jurídica. Además, ésto no implica que pueda admitirse un nuevo
proceso con fundamento en los mismos hechos y con una diferente calificación
jurídica; porque si los hechos son los mismos, la garantía de “ne bis in idem”
impide una persecución doble penalmente, ya sea sucesiva o simultánea.
Manifiesta además el autor, que existe una excepción a este principio, en los
casos en que cada uno de los procesos se funda en reglas diferentes, que
impiden precisamente su unificación, algunos se refieren a este caso, afirmando
que se trata de una diferente causa patendi, lo cual para Binder no es del todo
cierto, para lo cual se transcribe lo que para él es un ejemplo de lo anterior.
“Un mismo hecho puede encuadrarse dentro de un delito de acción pública, y al
mismo tiempo, dentro de un delito de acción privada.” A esto se agrega, que
existen mecanismos procesales para poder hacer una unificación de la pena, o
condena única y no se siga simultáneamente o sucesivamente dos procesos
basados en los mismos hechos.
No se habla así de una distinta causa patendi, puesto que este tema debe ser
entendido en un sentido amplio y en este caso uno y otro proceso están
buscando el castigo, tal es así que todos los procesos que buscan una sanción
tienen en última instancia la misma causa patendi.
Es necesario entonces que se mantenga una estructura básica de la hipótesis
fáctica, es decir que en términos generales sea el mismo hecho, caso contrario
según esta doctrina, es muy fácil burlar esta garantía mediante la inclusión de un
detalle o circunstancia que ofreciera una pequeña variación en la hipótesis
delictiva, pero que ha resultado muy vaga, porque no existen criterios muy claros
para determinar cuándo se conserva la estructura básica del hecho. Es así, que
la tercera correspondencia habitualmente exigida para la aplicación del principio
de ne bis in idem, es lo que se ha llamado eadem causa patendi, es decir que
debe tratarse del mismo motivo de persecución, la misma razón jurídica y
política de persecución penal, el mismo objetivo final del proceso.
3.1.2. VICENTE GIMENO SENDRA Y OTROS:
Dentro de los comentarios doctrinarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de
Barcelona, España, en el tema “La prejuicidad en el proceso penal: notas
esenciales”, en el punto Regulación, la problemática sobre el derecho vigente,
para introducirnos en el ne bis in idem y poder comprender al autor, habla de la
prejudicidad en el proceso penal, referido a “cuestiones controvertidas o
conflictivas cuyas resoluciones se constituyen en <<presupuesto del contenido
mismo de la sentencia de fondo, del sí, del delito o de la pena…>>”, aclara
además como las prejudiciales son cuestiones extrapenales cuyas resoluciones
“es esencial para la determinación del elemento objetivo del delito, lo que a su
vez puede trascender al elemento subjetivo, sin el concurso de los cuales ni hay
delito ni puede imponerse pena”.
Es necesario además conocer la causa procesal principal, que no debemos
confundir con las cuestiones prejudiciales, ya que esta causa procesal principal,
es el objeto litigioso principal del proceso penal, en que aquéllas se manifiesten.
Para efecto de mayor compresión sobre el asunto, citamos el ejemplo dado por
el autor en su obra:
“En el enjuiciamiento del delito de robo, por ejemplo, la cuestión prejudicial
puede venir determinada por la controversia civil, acerca de la amenidad de la
cosa. Pero el objeto principal procesal, sin embargo, lo constituye estrictu sensu,
el dilucidar judicialmente si la persona del imputado se ha apoderado de dicha
cosa, con ánimo de lucro, empleando la fuerza para acceder al lugar donde la
cosa se encuentra o utilizando la violencia o la intimidación sobre la persona.”
Luego de aclarado lo anterior, nos introducimos propiamente al ne bis in idem,
que dentro de esta doctrina de Barcelona, se regula dentro de la problemática
del derecho vigente y descarta el hecho de que “la aparición de una cuestión
prejudicial, propicie siempre la realización de un doble enjuiciamiento (el de la
cuestión prejudicial, por un lado y preliminarmente y el de la cuestión principal
por otro), no hace que la prejudicialidad se aproxime o suponga un bis in idem”,
en este caso, la doctrina se apega a que la resolución de un conflicto penal,
donde previamente haya recaído un pronunciamiento sobre una determinada
cuestión prejudicial, no violenta el bis in idem, debido que la cuestión prejudicial
y la cuestión penal principal, no poseen el mismo objeto, ya que no son un idem
a los efectos del ámbito de aplicación, debida a que una vez resuelta la cuestión
prejudicial, viene a formar parte del objeto procesal principal, como uno de sus
elementos integrantes.
Otro elemento importante a tratar y que se manifiesta en esta doctrina, es que la
cuestión resuelta por un Juez o Tribunal Penal, a título prejudicial, puede
ulteriormente ser suscitada y resuelta de nuevo por otro distinto órgano judicial, y
en este caso, según el autor, al menos en la pura teoría, si se produciría una
vulneración al principio non bis in idem, pero manifiesta que en la práctica, “tal
perniciosa consecuencia queda contrarrestada por la disposición legal que priva
de efecto de una cosa juzgada a toda resolutoria de una cuestión prejudicial, no
devolutiva. (arts. 3LECrim. <<…para sólo el efecto de la represión…..>> y 4.2,
LJCA <<La decisión que se pronuncia, no producirá efecto, fuera del proceso en
que se dicte…>>)”, esto entendiéndose que las cuestiones prejudiciales, han de
ser enjuiciadas y resueltas por el mismo Juzgado o Tribunal, ante quien se esté
tramitando el procedimiento en que el conflicto prejudicial surja o se manifieste.
Toda esta temática, se encuentra regulada dentro de los artículos 3 al 7 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, predominante en Barcelona, y de ahí, podemos
inferir, que es aplicable el principio de non bis in idem.
3.1.3 LUIS PAULINO MORA MORA
Establece que Única persecución (nom bis in idem), es una garantía de
seguridad al individuo, propio del pensamiento penal liberal de los Estados
democráticos, influenciada principalmente de la quinta enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que dispone “Nadie será
sometido, por el mismo delito, dos veces al peligro de pérdida de la vida o de
algún miembro”. Reconocen ésta garantía, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en su artículo 14,7 “ Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme
de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país” y la Convención
Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8,4 “ El inculpado absuelto
por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos”, garantías que se han incorporado a nuestra Constitución.
Esta garantía la tutela con claridad el nuevo Código Penal en su artículo 11 al
señalar que “Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo
hecho” Se habla también de “hecho” en forma genérica, para adecuar el texto a
la intención de la Convención Americana, con lo que se pretende evitar que no
recaiga una duplicidad de sanciones en los casos en que exista identidad
personal, objetiva y de causa.
La Constitución costarricense no habla de hechos, sino de “hechos punibles” y la
interpretación “pro libérate” obliga a considerar que la tutela de este principio, se
extiende también a hechos materiales y no solo a la acción delictiva. Cuando el
artículo 42 de la Constitución habla de cosa juzgada, no es necesario esperar
un pronunciamiento de fondo si no que el principio de nom bis in idem opera
desde antes de iniciarse el proceso penal.
Es importante aclarar que la revisión, como correctamente la tutela el nuevo
Código, no es recurso propiamente, sino un proceso a favor del condenado en el
cual si es posible revisar los mismos hechos, pero solo a su favor, lo que
naturalmente no afecta la señalada garantía.
El nuevo código establece como remedios procésales para invocar el principio,
en su artículo 42, la extinción de la acción penal, y no da obsta para que se
alegue la litis pendencia o cosa juzgada en forma independiente, al artículo
antes mencionado y las Convenciones Internacionales citadas, por tener ambas
rango superior a la ley.
3.2 DOCTRINA NACIONAL
3.2.1 RICARDO MEMBREÑO El profesor Membreño al hacer comentarios al Código Procesal Penal
salvadoreño, ha hecho un comentario en lo referente a las garantías individuales
del imputado, quien dice que en un proceso penal democrático es necesario el
reconocimiento de la dignidad del hombre, el cual solo es posible si el sistema
penal es revestido de una serie de garantías individuales que hagan posible su
vigencia y respeto a ese cúmulo de garantías que se hace referencia se les
conoce como garantías individuales del imputado.
Establecer un sistema de garantías o resguardos frente a la fuerza del Estado,
procurando evitar el uso arbitrario de éste, teniendo como fin principal la libertad
y la dignidad de la persona, es la visión doctrinaria que impulsa el proceso penal
salvadoreño vigente.
Entre las garantías individuales que el profesor Membreño comenta se
encuentra el de prohibición de la múltiple persecución. El cual dice que ésta se
encuentra regulado en el artículo once inciso primero de la Constitución, lo cual
se regula en la Ley Secundaria solo a partir de la entrada en vigencia del Nuevo
Código Procesal Penal, para él, el no bin bis in idem significa que si una persona
es sometida a un proceso penal, éste finaliza con una decisión firme sobre los
hechos, llámese sobreseimiento definitivo sentencia definitiva condenatoria o
absolutoria, no puede volverse a iniciar un nuevo proceso sobre la misma base
fáctica, es decir sobre el imputado, el mismo hecho o el mismo motivo de
persecución.
Al igual que muchos autores que abordan el tema, establecen tres identidades
citadas anteriormente por este autor y al mismo tiempo hablan de la
problemática a la hora de aplicar una de ellas, es decir los mismo hechos como
presupuesto de la aplicación de la garantía, en el sentido que la relación a
tomar en cuenta es la identidad fáctica, no la tipificación jurídica, pues ésta
última significaría que sobre los mismo hechos podría haber doble persecución
siempre y cuando la calificación jurídica fuere diferente, el profesor Membreño
establece una excepción, diciendo lo siguiente “Cuando dos procesos sobre un
mismo hecho se fundan en reglas diferentes que impiden precisamente su
unificación como por ejemplo, cuando un mismo hecho puede encuadrarse
dentro de un mismo delito de acción pública y al mismo tiempo dentro de un
delito de acción privada”, la conclusión anteriormente citada, se desprende de lo
que el inciso segundo del artículo 65 del Código Procesal Penal salvadoreño ha
regulado, también aborda como problemática el mismo motivo de persecución,
del indiciado y dice que es necesario distinguir cuando nos encontramos frente
a persecución de delitos y causas en mismo caso y cuando se está frente a
situaciones de en donde administrativo en donde pretenden sancionar. Según él
no se puede alegar doble persecución por ejemplo cuando un médico es
sancionado administrativamente por un caso de mala praxis, y a la vez se le
inicia un proceso penal por las lesiones culposas que haya ocasionado al
paciente.
El Código Procesal Penal salvadoreño también regula ésta garantía en su
artículo 7, de este se desprende que la citada garantía tiene protección tanto
para los hechos juzgados en el Salvador como en el extranjero, por ejemplo si
un ciudadano salvadoreño ha sido juzgado en Colombia cometido en contra de
un salvadoreño que obligaría a la persecución penal en el Estado salvadoreño,
en base al principio personal o de nacionalidad, si los tribunales de aquella
nación lo absolvieran de responsabilidad no pueden los tribunales de El
Salvador ejercer la acción penal contra tal persona, de acuerdo a los principios
antes citados, ya que nos encontraríamos frente a un caso de doble
enjuiciamiento.
Es de hacer mención que esta garantía no se aplica únicamente, cuando hay
resolución final en un proceso, llámese sentencia definitiva absolutoria o
condenatoria, sino también en un sobreseimiento definitivo, que en tal sentido,
es idéntico a una sentencia.
En el mismo sentido, este autor, crea una discusión sobre si la garantía es
operativa, en los casos de investigaciones preliminares que no llegan a un grado
suficiente de conocimientos para justificar el procesamiento o la acusación, pero
que tampoco implican la evidencia necesaria para establecer la base del
sobreseimiento definitivo, dice él, quedando por ende en una suerte del punto
muerto. El Código Procesal Penal, establece para estos casos en su artículo
246, la figura del archivo.
El principio non bis in idem, tiene dos efectos muy concretos en el proceso
penal. El primero de éstos, es la imposibilidad de hacer una revisión a una
sentencia firme contra un imputado, ya que el artículo 431 C. Pr. Pn., dice “El
que ha sido condenado no puede ser nuevamente condenado a una sentencia
más grave.”
El segundo efecto consiste en dar efecto a la excepción de litis pendencia para
evitar la doble persecución, en éste sentido este mecanismo debe de ser lo más
amplio posible de tal forma que pueda interponerse en cualquier etapa del
proceso sí bien es cierto que el Código no establece claramente en un artículo
determinado en que momento del proceso se debe interponer la excepción
podemos retomarlo de artículo 277 numeral segundo al decir que a partir de la
audiencia inicial las partes podrán oponer las excepciones de previo y especial
pronunciamiento, falta de acción o que no fue iniciada legalmente todo para ser
congruente para la protección de la garantía que estudiamos.
3.2.2. RODOLFO ERNESTO GONZÁLEZ BONILLA Y OTROS
Única persecución “Ne bis in idem”, una garantía Constitucional por medio de la
cual no se puede perseguir a una persona mas de una vez por un mismo hecho
en otras palabra quiere decir inadmisibilidad de la persecución múltiple, esta
puede ser simultánea o sucesiva y con los siguientes requisitos:
• Que se trate de la misma persona
• Que se trate del mismo hecho
• Que se trate del mismo motivo
CAPÍTULO IV
4. RÉGIMEN EN EL DERECHO VIGENTE
4.1 CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR
La Constitución salvadoreña vigente de 1983, en el artículo 11 inc. 1 parte final,
ha establecido, la garantía del ne bis in idem, lo cual significa para nuestro tema
en particular, que una persona que ha sido sometida a un proceso penal, por
haber participado en forma directa o indirecta, es decir como autor o cómplice de
la comisión u omisión de un delito o falta, tipificado en el Código Penal, no puede
ser sometido por segunda vez a un nuevo proceso y por la misma causa, al
haber sido sobreseído definitivamente en la primera fase del mismo o al haber
sido absuelto en una sentencia dictada por el Tribunal competente, así como
también para el caso de que la persona haya sido condenada en el proceso, no
puede este ser enjuiciado o condenado dos veces por la misma causa.
En este mismo artículo 11, según la Constitución explicada, editada por
FESPAD, nos aclara que “se establece el derecho a la cosa juzgada, es decir a
que, una vez que se haya seguido un juicio por un determinado asunto, no se
nos puede volver a demandar por ese mismo asunto que ya es <<cosa
juzgada>>.”
De lo anterior se nos da la pauta, que es de la cosa juzgada que partiremos para
que se instituya una garantía sobre la seguridad jurídica del individuo, ante esa
providencia judicial, y esto es a través del ne bis in idem. Aclaramos así, que
para determinar que se está persiguiendo dos veces la misma causa, la primera
debe haber adquirido la calidad de cosa juzgada y la Constitución protege a
quien podemos llamar como perseguido, a que, una vez haya sido juzgado, ya
sea sobreseído condenado o absuelto, no podrá perseguírsele nuevamente por
lo mismo, lo que en la doctrina se ha dado en llamar eadem causa patendi.
4.2 LEY SECUNDARIA SALVADOREÑA.
El actual Código Procesal Penal salvadoreño, tiene muchos cambios de lo que
fue el Código de 1973, que sostenía el proceso penal de sistema inquisitivo, el
actual, es un modelo basado en los principios rectores de oficiosidad, oficialidad,
legalidad, verdad real o material, inmediación, oralidad, concentración y
continuidad, identidad física del juzgador, libertad de prueba, comunidad de la
prueba, sana crítica, indubio pro reo, inviolabilidad de la defensa, contradicción y
fundamentación de la sentencia, todos estos principios que son nuevos en la
legislación procesal penal, entraron en vigencia desde 1998, son los que rigen el
proceso, cuando se comienza a investigar a un ciudadano por la participación de
acciones u omisiones que el código penal ha regulado. Todo esto permite que
los procesos sean más ágiles, rápidos, y se tiene una mejor aplicación de la
justicia.
La Ley Secundaria salvadoreña contempla un grupo de principios básicos y
garantías constitucionales, todos conforman al proceso, para evitar violaciones a
sus derechos como ciudadanos, como personas que habitan en un país
democrático, y donde se jactan los políticos de haber un Estado de Derecho,
respecto a las leyes y todo tipo de ordenamiento legal que coarte las garantías
de la persona humana.
Entre esas garantías se encuentra el llamado por los vocablos latinos ne bis in
idem, que significa que una persona no puede ser procesada dos veces por el
mismo hecho; aunque el Código Procesal Penal le ha dado en llamar única
persecución; aunque como hemos analizado anteriormente con el tratadista
Alberto Bínder9, para que esta garantía que es necesario que se cumplan tres
requisitos, referido el primero a que la persona que reprocesa debe ser la
misma, o identidad del sujeto o persona perseguida aquí no se trata de que a un
familiar se le a iniciado un proceso como responsable directo o indirecto, cuando
9 Alberto Bínder, Op. Cit. Pág. 9
ya se condenó a otro miembro de esa familia y por eso no se puede investigar
judicialmente.
El segundo requisito que nuestra ley necesita es que sea la misma imputación o
idéntica, es decir, ha de tener por objeto el mismo comportamiento atribuido a la
misma persona.
Por último debe ser el mismo hecho, la misma acción y omisión no debe
parecerse o haber ocurrido en circunstancias semejantes sino que sea la misma
acción o hecho fáctico.
El fundamento de este principio procesal se encuentra tanto en las exigencias
generales de brindar seguridad jurídica, vinculado ineludiblemente a la
institución procesal de cosa juzgada, y también en las exigencias particulares del
individuo concebido como garantía de libertad y seguridad. Es decir que la
garantía está sobre el principio procesal y partiendo de ésta, se garantiza que el
Estado no repita el intento de condena, sometiendo al inculpado a un nuevo
proceso por un mismo hecho.
Además se trata de un principio estructural del proceso, pues a la jurisdicción le
corresponde decir el derecho de un modo definitivo y ésto solo puede hacerlo
una vez. La manifestación más clara de este principio procesal del derecho
público, es la regulación de cosa juzgada que comparte la consecuencia de una
identidad doble de persona y de objeto de persecución, es decir la persona que
resultó ser responsable del hecho y el fin de procesar a dicha persona.
Para continuar hablando del NE BIS IDEM, es necesario mencionar las formas
alternas de terminación de un proceso penal, entre la que encuentra el
procedimiento abreviado que nuestro Código Procesal Penal ha regulado en el
artículo 379, y uno de los requisitos es que sea un delito menos grave el que
haya cometido el sospechosos; y cono dice el numeral uno, se solicite suponer
una pena máxima de tres años. En este caso al condenar al indiciado, aunque
sea en la audiencia inicial ante el juez de paz, y que se le imponga medidas
sustitutivas de la prisión; y la víctima no esté de acuerdo con esa medida no
puede avocarse a otro tribunal o instancia a que se vea nuevamente el proceso
y se imponga una pena diferente, por lo que no se pueda hacer que se vulnere
el principio de juicio único.
La conciliación es un caso muy especial, que el código procesal penal nuevo, ha
regulado para la comisión de ciertos hechos considerados delitos.
El artículo 32 del Código Procesal Penal ha dado un número determinado de
delitos que admitía que el proceso termine de forma anormal un proceso penal
iniciado contra una persona, considerado responsable de dicho hecho.
El artículo 33 del Código Procesal Penal, dice también que cuando el imputado
incumpliere dentro del plazo sin justa causa las obligaciones pactadas en la
conciliación, el proceso continuará en la fase que quedó al momento de la
conciliación. Esto es muy importante ya que aquí no hubo calidad de cosa
juzgada al conciliar, es decir que el acuerdo que establecieron al momento que
fuere, y esa acta que se levanta ante la Fiscalía o tribunal no es suficiente para
alegar que ya fue juzgado por ese hecho, y el legislador fía de proteger a la
victima deja abierta la posibilidad de que se continúe el proceso.
Además el legislador no dijo plazo para que ese acuerdo que aunque se
cumplan con las obligaciones pactadas, adquiera calidad de cosa juzgada y de
esa forma alegar el principio que el mismo código regula en el artículo siete de
única persecución, por lo que es discutible si se puede alegar dicho principio en
dicha forma diferente de terminar un proceso.
4.3 DERECHO VIGENTE AL PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM
La Constitución de la Republica de El Salvador, consagra una serie de
garantías para la persona humana, tiene como propósito el de amparar y
proteger al ciudadano frente al poder punitivo de Estado.
El profesor Arsenio Ore, en su Manual de Derecho Procesal Penal ha definido la
garantía como el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el
Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de libertades y derechos de la
persona individual, grupos sociales e incluso del aparato estatal, para mejor
actuación y desenvolvimiento.
La garantía de juicio único plasmado en la ley primaria tiene mucho tiempo de
haberse incluido en la misma, debido a la importancia que posee. Como ya se
mencionó que la primera que reguló, fue la de 1845, y luego en las siguientes lo
mantuvieron con la diferencia de el artículo en que se encontraba, hasta llegar a
la Constitución que se dictó en 1983, que se estableció en el artículo once inciso
primero, parte final; Si bien es cierto que en 1992, con la firma de los Acuerdos
de Paz, se hicieron reformas a dicha ley, las garantías que normativizaron para
proteger al ciudadano, cuando se encuentra en un proceso penal como
sospechoso de ilícito penal no se hicieron cambios.
El artículo 11 de la Carta Magna se consagra la garantía de derecho de
audiencia en la que se ha establecido que nadie puede ser privado de sus
derechos, si no después de haber sido oído y vencido en juicio oral y público, en
segundo lugar lo que en este estudio nos interesa, en el primer inciso parte final
se encuentra la garantía del “ne bis in idem”, o como a ley dice “ ni puede ser
enjuiciado dos veces por la misma causa”, esta garantía procesal al igual que las
otras establecidas en la misma ley son sin duda muy importantes para que el
ciudadano, a fin de no ser sometido por segundo o tercera vez ante un juez para
ser procesado por un delito penal, ya que si ocurre esto, la misma Constitución
otorga el derecho a presentar un recurso de amparo, con el objeto de proteger
sus intereses y derechos individuales; la Ley de Procedimientos Constitucionales
en su artículo 12 y siguientes nos establece porque razones se puede
incorporar el recurso y el procedimiento a seguir para presentarlo ante la Corte
Suprema de justicia.
CAPÍTULO V
5. REGULACIÓN INTERNACIONAL
El principio de ne bis in idem, es reconocido en muchas legislaciones
democráticas, como una de las bases del Proceso Penal, no solo en nuestro
país, sino en otros países como Argentina, España, Costa Rica, entre otros, lo
cual ha llevado, a que tratados internacionales lo regulen en forma específica, en
artículos, a fin de no ser violentados los derechos de las personas humanas,
cuando son procesados por la comisión u omisión de un hecho delictivo, es así,
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas de 1966, lo regula en artículo 14 num. 7, diciendo que “Nadie podrá ser
juzgado ni sancionado por un delito, por el cual ya ha sido condenado o
absuelto, por una sentencia firme, de acuerdo a la Ley y el procedimiento penal
de cada país.” Este Pacto, es Ley vigente en nuestro país, por haber sido
ratificada, por las autoridades competentes y de lo cual, un salvadoreño puede
hacer uso, cuando le son vulnerados sus derechos concernientes al doble
juzgamiento en un proceso.
Otro tratado internacional que regula el principio de ne bis in idem, es La
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José. OEA
1969), que se encuentra consagrado, en su artículo 8 núm. 4, estableciendo que
“el inculpado absuelto por una sentencia firma, no podrá ser sometido a un
nuevo juicio por los mismos hechos”, que al igual que el anterior, ha sido
ratificado por nuestro país, convirtiéndose en Ley de la República teniendo su
aplicabilidad sobre la base del artículo 144 de nuestra Constitución, y que en
nuestra legislación nacional vigente esta regulado acorde con tales
disposiciones.
La Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, que es una especie de
Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal
Internacional, en su artículo 20, también regula el ne bis in idem, expresa que el
no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es un principio establecido. Se
precisa que no se aplicará, cuando se intenta sustraer de la justicia al
sospechoso, o cuando se procesa de modo que no es independiente o no es
imparcial. Cabe mencionar que a pesar de que esta Ley no ha sido ratificada por
nuestro país, tomamos como referencia el hecho de que las leyes
internacionales como el caso de los Estatutos de Roma, también contemplan la
figura del principio de ne bis in idem.
CAPÍTULO VI
6. JURISPRUDENCIA DE TRIBUNALES
6.1 JURISPRUDENCIA SOBRE NE BIS IN IDEM EN EL SALVADOR Los derechos de las personas, en ocasiones, los Tribunales o instituciones
aplicadoras del Derecho, han permitido que se violenten, cuando son
procesados por acciones u omisiones en las que tuvieron algún grado de
participación, por ello es que existen recursos, que la misma Ley Primaria ha
franqueado, y que en nuestro país existe la Ley de Procedimientos
Constitucionales, la cual ha establecido el modo de iniciar un recurso que
permita que se restituya el derecho transgredido.
Como es ya conocido, la jurisprudencia es una de las fuentes del Derecho, y
para el caso de nuestro país, se han ya dictado resoluciones de la Sala de lo
Constitucional, donde se han ventilados procesos en relación a salvaguardar el
principio de ne bis in idem, en razón de la garantía que nuestra constitución
ofrece en su artículo 11, y para lo cual a continuación, citamos algunos
ejemplos:
6.1.1. RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE 11-VIII-1997, AMP. 276-97.
En esta resolución se manifiesta el significado de la prohibición de doble
enjuiciamiento, y se ha dicho que: "La prohibición del doble juzgamiento
significa, pues, la prohibición sobre la duplicidad de decisiones respecto de un
mismo hecho y en relación de una misma persona; y específicamente en el área
judicial, la inmodificabilidad del contenido de una resolución Estatal que decide
de manera definitiva una situación jurídica determinada, salvo los casos
expresamente exceptuados por la ley."
Se infiere entonces de lo anterior, que en esta Resolución sobre la prohibición
del doble juzgamiento reconoce el principio de única persecución, como el que
se tomen decisiones dos veces sobre el mismo asunto y sobre la misma
persona, y dentro del ámbito judicial, el hecho de que no pueda modificarse el
contenido de una resolución Estatal que decide de manera definitiva una
situación jurídica determinada, y vemos de esta manera que se invoca la
seguridad jurídica y la protección de lo que ya se haya dictado en Tribunal
competente.
6.1.2. SENTENCIA DE 4-V-1999, AMP. 231-98, CONSIDERANDO II 4.
Siempre considerando las ideas judiciales sobre el ne bis in idem, dentro de la
aplicabilidad en nuestra sociedad salvadoreña, y según la documentación
jurisprudencial encontrada, creemos en la necesidad de conocer la posición de
la sentencia a relacionar en este apartado, y para ello se transcribe lo siguiente:
"tal principio -vinculado indiscutiblemente con el derecho a la seguridad
individual- está conformado esencialmente en el art. 11 inc. 1° de la Constitución
salvadoreña por dos vocablos que le dan su significado: ‘enjuiciado’ y ‘causa’.
En efecto, toda la discusión y la crítica ha girado en torno de la correcta
formulación semántica del principio para el establecimiento real de su
significado. Sobre el vocablo ‘enjuiciado’, las distintas constituciones y leyes
procesales han utilizado nombres diferentes para aludir al destinatario del
principio: ‘perseguido judicialmente’, ‘procesado’, ‘encausado’, ‘juzgado’ etc.;
nombres que a su vez poseen un significado técnico variable o, en el peor de los
casos por uso vulgar, son usados sin alusión técnica alguna. Y sobre el vocablo
‘causa’, también han aparecido frases diferentes para indicar el objeto del
principio: ‘delito’, ‘hecho’, etc. (…). Corresponde pues, prescindiendo de
filigranas semánticas, establecer su real significado. Si se quiere garantizar, sin
hipocresías, un verdadero Estado de Derecho y si se quiere evitar sinrazones en
la aplicación práctica del principio, hay que decir que el vocablo ‘enjuiciado’ se
refiere a la operación racional y lógica del juzgador a través de la cual se decide
definitivamente el fondo del asunto de que se trate; y la frase ‘misma causa’ se
refiere a la identidad absoluta de pretensiones. Entonces, lo que este principio
pretende cuando en términos generales se traduce en un ‘derecho a no ser
juzgado dos veces por una misma causa’, es establecer la prohibición de
pronunciar más de una decisión definitiva respecto de una pretensión; decisión
que, por lógica, ataca su contenido esencial afectando -también en forma
definitiva- la esfera jurídica del ‘procesado’. En efecto, el principio ‘non bis in
idem’, en esencia, está referido a aquel derecho que tiene toda persona a no ser
objeto de dos decisiones que afecten de modo definitivo su esfera jurídica por
una misma causa, entendiendo por ‘misma causa’ -aunque no tengamos una
definición natural- una misma pretensión: eadem personas (identidad de
sujetos), eadem res (identidad de objeto o bien de la vida) y eadem causa
petendi (identidad de causa: sustrato fáctico y fundamento jurídico); es decir que
está encaminado a proteger que una pretensión no sea objeto de doble decisión
jurisdiccional definitiva, en armonía con la figura de la cosa juzgada y la
litispendencia"
En esta sentencia se establecen los significados de vocablos como “enjuiciado”,
“misma causa”, entre otros, llevando como fin, establecer el verdadero
significado del ne bis in idem, o como se relaciona en esta sentencia el doble
enjuiciamiento sobre la misma causa, y podemos observar, que se tocan como
elementos de este principio, el eadem persona, eadem res y eadem causa
patendi, coincidiendo con la doctrina de Alberto Bínder10, que ha sido tratado
anteriormente en la doctrina internacional, para lo cual ha habido una unificación
de criterios entre nuestra jurisprudencia y la doctrina argentina, una doctrina que
ha sido muy bien acogida en este país.
6.1.3 HSO22997.97, SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
’’I. A solicitud del señor GENARO ANDRDE LAZO, se ha iniciado el presente
proceso de exhibición personal a favor de él mismo, manifestando en su escrito
que se le imputa la comisión de los delitos Homicidio Agravado y Homicidio
Tentado, ante el Juzgado Primero de lo Penal de San Miguel…’’
a) “El principio “non bis in idem” se encuentra reconocido por nuestra
Constitución, en el artículo 11 cuando expresa que ninguna persona puede ser
enjuiciada dos veces por la misma causa, y es una garantía de carácter
fundamental que busca principalmente revestir de seguridad jurídica los
procesos que se siguen en contra de una persona. Históricamente
comprobamos que hace con énfasis en materia Penal por originarse en esa
rama del derecho, así mismo lo tenemos regulado en convenios Internacionales 10 Alberto Bínder, Op. Cit. Pág. 9
de Derechos Civiles y Políticos, que su artículo 14.7 dice: “Nadie podrá ser
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto
por una sentencia firme de acuerdo con la Ley del procedimiento de cada país”;
la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos o Pacto San José,
contempla este principio en su Artículo 8.4, “El inculpado absuelto por una
sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.
Nuestra legislación desarrolla este principio al contemplar la singularidad del
Proceso Penal en el Artículo 4 del Código Procesal Penal, “Nadie podrá ser
procesado más de una vez por la misma infracción Penal, ni juzgado por el
mismo juez, en una misma causa, en diferencies instancias o casación”.
Todo lo anterior supone que para que se dé la situación del doble juzgamiento,
debe existir con anterioridad un proceso penal en el que concurra la igualdad
del sujeto, igualdad de los hechos e igualdad de fundamento, y por supuesto que
el anterior sea válido, lo cual no se da en el presente caso, pues aquí se trata de
reposición de los actos declarados nulos por un vicio de forma, como lo ha
declarado la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, a raíz de la
apelación interpuesta por la defensa del imputado, debiendo proceder con lo que
establece el artículo 392 del Código Procesal Penal, que dice: “Cuando fuere
declarado nulo el veredicto se ordenará nueva insaculación de listas parciales de
jurados a efectos de someter la causa a una nueva vista pública o se dictará
auto de sobreseimiento, en su caso…” y el artículo 553 del mismo cuerpo de
Ley, Contempla de un acto o diligencia judicial, cuando es declarada, vuelve
nulos todos los actos consecutivos que dependan o se relacionen
estrechamente con el acto nulo y el juez ordenará la reposición de tales actos o
diligencias”. Es decir, que el presente caso no estamos frente a un caso de
doble juzgamiento. …
Por otra parte, el hecho que a una persona se le impute la comisión de varios
delitos en diferentes causas que posteriormente sean acumuladas, no implica
ninguna violación al debido proceso, siempre y cuando se respete la aplicación
supletoria del Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles en el proceso
penal, que dice “ Cuando se acumule los autos, se suspenderá el curso del juicio
que estuviere más próximo a su terminación hasta que el otro se halle en el
mismo estado”, de tal forma que no se deje en estado de indefensión al
imputado por lo que en el presente caso no se observa que haya violación a los
derechos fundamentales…”
“Por todo lo anterior, esta Sala RESUELVE: a) Continúe en la detención en que
se encuentra GENERO ANDRADE LAZO; b) Certifíquese esta resolución y
remítase junto con el proceso Penal a la Cámara de lo Penal de la Primera
Sección de Oriente; c) Archívese el proceso constitucional de Habeas corpus.---
HERNANDEZ CALIENTE--- MARIO SOLANO---O. BAÑOS—E. ARGUMEDO---
PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN -
-- JOSE ORTIZ--- RUBRICADAS.”
Con la sentencia anteriormente detallada, se puede constatar los requisitos en
los que opera el principio de “ne bis in idem”, siendo que una persona que
considere que se le está vulnerando este principio debe de constar con los
requisitos establecidos los que deberá fundamentar correctamente.
6.1.4. SENTENCIA EN EL PROCESO DE AMPARO DEL 04/V/1999. REF. 231-98.
Según las líneas y criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional11,
nos dice que “desde un plano doctrinario, hay que decir que el principio se derivó
de la >>en quis ob idem crimen pluribus legibus reus fierete>>,” lo que ahora es
non bis in idem, y hace referencia a la prohibición de ser juzgado dos veces por
la misma causa.
11 René Hernández Valiente, Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional, San Salvador, 2000.
Al igual que en las anteriores Resoluciones y doctrina se trata de establecer el
criterio mas acertado y concensado, en relación con el real significado del
enunciado, y advierte que este principio está altamente vinculado con la
seguridad individual, conformado esencialmente en el artículo 11 de nuestra
Constitución salvadoreña, por dos vocablos que le dan su significado, y estos
son “enjuiciado” y “causa”.
Tratando de establecer el real significado y si se quiere garantizar un verdadero
Estado de Derecho, para la buena aplicación del principio, se nos dice que “el
vocablo enjuiciado, se refiere a la operación racional y lógica del juzgador a
través de la cual se decide definitivamente el fondo del asunto del que se trate; y
la frase misma causa, se refiere a la identidad absoluta de pretensiones.”
Es entonces con las definiciones anteriores, que se reconoce que el principio de
ne bis in idem o non bis in idem como se trata en esta ocasión, lo que busca es
resguardar el derecho a no ser enjuiciado dos veces por la misma causa, o
establecer la prohibición de pronunciar más de una decisión definitiva, respecto
de una pretensión, por lo tanto también afectará de manera definitiva la esfera
jurídica del procesado.
De allí entonces, este principio de non bis in idem, busca proteger “el derecho
que tiene toda persona a no ser objeto de dos decisiones que afecten de modo
definitivo su esfera jurídica por una misma causa, entendiendo por misma causa
la pretensión: eadem persona, eadem res, eadem causa patendi” llegando así
una vez mas a la doctrina de Alberto Bínder12, todo en armonía con la figura de
la cosa juzgada y la litispendencia.
Se concluye entonces de acuerdo a la construcción jurisprudencial, que una
misma pretensión puede verse sujeta a varios procesos, siempre y cuando, en
12Alberto Binder, Op. Cit. Pág. 9
los anteriores no haya habido un pronunciamiento jurisdiccional definitivo relativo
al fondo, y en el supuesto de que los procesos a que está siendo sometida una
misma pretensión, sean simultáneos, opera entonces la figura de la
litispendencia en aplicación directa del non bis in idem.
Es de ésta manera, que para resguardar el derecho a la única persecución,
sobre la misma pretensión con relación al mismo sujeto y la misma cosa, en
base al artículo 11 de nuestra Constitución, se han llevado procesos de Amparo,
cuando se ha estado vulnerando este derecho.
6.1.5. SENTENCIA EN EL PROCESO DE HABEAS CORPUS DEL 01/IX/1999. REF. 136-99. En este caso podremos darnos cuenta que el ne bis in idem, garantizado en
nuestra Constitución, no solo puede hacerse valer a través del proceso de
Amparo, sino también a través del proceso de habeas corpus, ya que de uno de
ellos se han extraído las consideraciones que a continuación se exponen.
Como ya se ha mencionado en repetidos ocasiones, el punto de partida en
nuestro país, sobre el ne bis in idem, se encuentra regulado en el art. 11 de
nuestra Constitución, y que como parte de todo un conjunto de garantías que
protegen a la persona dentro del desarrollo de un proceso, debe entenderse en
forma simplista como “La prohibición de que el Estado procese a un mismo
imputado dos veces tratándose del mismo hecho, ya sea en forma concurrente o
continua.”
Se vuelven a considerar las definiciones sobre este principio, y se trae a cuenta
a Julio Maier, en su obra “Derecho Procesal Penal Argentino”, quien ha
considerado y afirma que diversos juristas han respondido ante la serie de
problemas que el principio ofrece, y estima que es necesario conjugar tres
identidades: a) Identidad de la persona perseguida, b) Identidad del objeto de la
persecución o del mismo hecho, y por último c) Identidad de la causa de la
persecución o en el mismo motivo de la persecución.
Se reconoce además la doctrina de Alberto Bínder13, quien desarrolla el
contenido de cada uno de los aspectos o identidades mencionadas en el párrafo
anterior, y se agrega que “Identidad de la persona perseguida, representa la
garantía de seguridad individual, que en última instancia constituye un problema
fáctico de identificación para determinar si se trata del mismo sujeto; Identidad
del objeto de la persecución o del mismo hecho, que según el autor, está
referido o alude a una hipótesis fáctica con algún tipo de significado jurídico,
debiendo existir correspondencia entre las hipótesis que fundan los procesos en
cuestión, se trata de identidad fáctica y no identidad de calificación jurídica, no
es cierto que se pueda admitir un nuevo proceso sobre la base de los mismos
hechos y una calificación jurídica distinta, concluyendo entonces que si los
hechos son los mismos, la garantía de ne bis in idem, impide la doble
persecución penal, sucesiva o simultánea, cuya excepción serán aquellos casos
en que cada uno de los procesos se funda en reglas diferentes, que impide
precisamente su unificación;” afirma la doctrina que “Para que opere la garantía
de ne bis in idem, es necesario que en términos generales, el hecho sea el
mismo; y por último la identidad en la causa de la persecución, que a criterio del
autor, se trata del mismo motivo de persecución, la misma razón jurídica y
política de persecución penal, el mismo objeto penal del proceso.”
Con las anteriores ideas, se aportan pequeños nuevos elementos que son
fundamentales para la comprensión del alcance y la aplicabilidad de este
principio, y concluimos que para que surja el doble juzgamiento, debe existir con
anterioridad un proceso penal, en el que se configuren las tres identidades,
debiendo ser este proceso válido y debiendo haber llegado hasta la etapa final,
13Alberto Bínder, Op. Cit. Pág. 9
es decir la de enjuiciamiento, lo que implica que el involucrado, fue expuesto,
investigado y juzgado, condenándosele o absolviéndosele.
En cuanto al tipo de proceso que se ha llevado de habeas corpus, debemos
entender que cuando el derecho de juicio único se ha vulnerado por estar
constituido como una garantía Constitucional, recurrimos al Amparo, y cuando
se está vulnerando este principio y ha llegado al grado de privarse de la libertad
ambulatoria del que ya ha sido juzgado en un proceso por la misma causa,
podemos recurrir al habeas corpus.
CONCLUSIÓN
• El principio de ne bis in idem, es no solo una regulación legal que se
encuentra en la Ley secundaria, sino también en la Constitución de El
Salvador, y que consiste en la prohibición de enjuiciar a una persona dos
veces por la misma causa, en el entendido de que se conjugan las
identidades para que opere el ne bis in idem, misma persona, misma
pretensión, de la cual ya existe cosa juzgada.
• Luego de haber hecho una pequeña investigación del principio de ne bis
in idem, podemos afirmar que en nuestro país existe la prohibición de
violentarlo, no solo a nivel nacional, sino también a internacional, tanto
así, que países como España y Argentina, lo tienen regulado en sus
respectivas Leyes primarias, y que son las principales fuentes que ha
utilizado el Derecho salvadoreño para aplicarlo.
• Según un autor salvadoreño, no existe violación al principio de ne bis in
idem, al hacerse un proceso penal y uno administrativo, por el mismo
hecho, aunque para un tratadista argentino, si lo existe, debido a que
ambos llevan como fin una sanción.
• Por último nos encontramos que este principio, es nuevo de nuestra
legislación penal salvadoreña, pero de trascendental importancia, ya que
instituciones nuevas a escala internacional como la Corte Penal
Internacional, lo ha reconocido como uno de los principios universales del
Derecho.
RECOMENDACIONES
• En la actualidad, estudios referentes al principio de ne bis in idem, no se
encuentran en nuestro paìs, por lo que se recomienda que las
instituciones y juristas salvadoreños conocedores del Derecho, abonen
màs en el tema.
BIBLIOGRAFÍA
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Salvador, 1997.
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González Bonilla y Otros, Primera Edición, El Salvador 1998.
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Edición, Dirección Editorial: Dr. Rubén Villela, Argentina, 1993.
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Membreño, Dirección Editorial Doctor Rubén O. Villela, Buenos Aires,
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• Manual de Derecho Procesal Penal, Arcenio Ore Guardia, 2ª. Edición
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• Recopilación de Leyes Penales, Ricardo Mendoza Orantes, Editorial
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• Reflexiones Sobre el Nuevo Proceso Penal Costarricense, Luis Paulino Mora
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