Trayectoria y tendencias contemporáneas del desarrollo de la

asociatividad en América Latina desde la perspectiva de las cooperativas

en materias de integración territorial y desarrollo sustentable

En esta primera parte de este estudio, se revisa la discusión sobre diferentes enfoques con que ha sido abordada la asociatividad en América Latina.Luego se describe como estos se ha hecho carne el políticas y legislaciones en los diferentes países que permite una primera agrupación, donde emergen tendencias estilizadas.Posteriormente se justifica la opción metodológica de tomar a las organizaciones cooperativas como modelo de análisis comparado de la asociatividad en la región, describiendo los parámetros con que se define desde las instancias internacionales a las cooperativas.La descripción de las trayectorias históricas, basada en su articulación con los modelos de desarrollo en la región, permite analizar el espacio entre el Estado y el Mercado por donde ha transitado el movimiento asociativo, dando luces respecto de su grado de autonomía y dependencia.Finalmente, basado en los desafíos de futuro del movimiento cooperativo, se plantea el análisis de casos exitosos en materia de cuidado medioambiental y de integración territorial.

Felipe Rivera PoloSección de EstudiosDepartamento de Estudios, Extensión y PublicacionesEmail: frivera@bcn.cl, Anexo: 270-1779. 20-10-2014Serie Estudios Nº 06-14.

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Tabla de Contenido

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................1

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES......................................................................2

2.1. Enfoque de la Economía Social....................................................................................................3

2.2. El enfoque del sector no lucrativo................................................................................................4

2.3. El enfoque de la economía solidaria.............................................................................................6

III. IMPACTO DE ESTOS ENFOQUES EN AMÉRICA LATINA..............................8

IV. EL COOPERATIVISMO....................................................................................11

4.1. Relación Cooperativas-Estado....................................................................................................14

V. TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA ASOCIATIVIDAD EN AMÉRICA LATINA

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5.1. Autonomía....................................................................................................................................17

5.2. Regulación....................................................................................................................................18

5.3. Promoción.....................................................................................................................................20

5.4. Represión......................................................................................................................................21

5.5. Asimilación...................................................................................................................................22

5.6. Reinvención..................................................................................................................................24

VI. DESAFÍOS DE FUTURO DEL COOPERATIVISMO........................................25

6.1. Desafío cooperativo de cuidado del medioambiente.................................................................28

6.2. Desafío cooperativo de integración territorial..........................................................................31

VII. CONCLUSIONES.............................................................................................34

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I. Introducción

Antes de comenzar cualquier análisis y descripción de tendencias regionales en materia de economía social, economía solidaria, de sector no lucrativo o tercer sector —u otras denominaciones circundantes—, valga una nota de cautela. Esta advertencia responde a determinadas dificultades prácticas y teóricas, para conformar una panorámica regional respecto de este sector.

La primera dificultad, se expresa en que no existe un consenso regional respecto a cual enfoque es el predominante, y cada uno de ellos contempla determinadas variables que no son homogéneas. A este respecto, tres son los principales acercamientos al fenómeno de tercer sector en América Latina: a) Economía Social; b) Economía Solidaria; y c) Sector No Lucrativo. No obstante todas tener vasos comunicantes, existen matices en su manera de abordar el fenómeno del tercer sector, que tiene implicancias directas en las posibilidades de comparación y determinación de tendencias estilizadas a escala regional.

Un segundo elemento, es que el desarrollo del tercer sector en América Latina no ha manifestado un comportamiento homogéneo a nivel de países, resultando más diverso que el europeo, que se explica por efecto de los diversos orígenes y contextos. Por otra parte, ha tendido a verse desarrollado por influencias exógenas más que por intereses endógenos, excluyendo en la mayoría de los casos a los pueblos originarios1, no diferenciándose mayormente de otros procesos de desarrollo de América Latina. Ello se ha manifestado en diversas evoluciones históricas: “la herencia ibérica se mezcló con tradiciones indígenas y con la cultura de emigrantes de Italia, Francia, Alemania, Japón... Más tarde, la influencia de Estados Unidos durante el siglo XX ha sido determinante”2, lo que se manifiesta en un proceso que no ha sido lineal ni homogéneo.

Por otra parte, se observa una gran heterogeneidad en las características de las organizaciones del tercer sector tanto dentro como entre los países, que dificulta llegar a generalizaciones que comprendan a esta gran diversidad de expresiones concretas de asociatividad. “Hoy día, comparten espacio grandes cooperativas desmutualizadas con pequeños bancos rurales de ámbito local y las más variadas experiencias informales de Economía Popular. Esta realidad ha sido creada por muchos factores que deben contemplarse en forma evolutiva hasta llegar al contexto actual”3, lo cual dificulta tanto las respuestas generalistas —tanto desde la teoría como desde las políticas públicas—, pues las características resultan muchas veces incompatibles o dicotómicas entre miembros de una misma categoría conceptual.

Esta imposibilidad de generalización, se expresa, por tomar un ejemplo, en la preocupación por la eficiencia económica, la cual no opera como único orientador de los objetivos asociativos, en tanto no es el único respecto del cual organizan su quehacer en América Latina. Así, muchas de estas organizaciones son vistas en primer término, como “el instrumento organizativo apropiado para el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, incluida su participación. La segunda, (…) se expresa en preocupaciones (…) [por vincularlas] con el desarrollo, la

1 OCA (Organización de las Cooperativas de América); FAO (Organización Internacional de Agricultura y Alimentación); ACI (Asociación Cooperativa Internacional), “Las cooperativas agrosilvopecuarias en América Latina”, OCA-FAO-ACI, Bogotá, 1994, p. 14.2 Martínez, Jorge Coque, “Las cooperativas en América Latina: visión histórica general y comentario de algunos países tipo”, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 43, CIRIEC-España, 2002, pp. 145-172, p. 147.3 Ibíd., p. 147.

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profundización de la participación, la ampliación de los márgenes democráticos, el fomento de reformas estructurales y la justa distribución de la riqueza social”4.

Como se aprecia, esta diversidad de experiencias asociativas al interior de los países se explica, en primer lugar, por la inserción diferenciada de la asociatividad (mutualista, cooperativista, asociaciones, etc.) en los distintos grupos socioeconómicos, que se expresan en objetivos de clases diversos. En segundo término, que determinados grupos de interés ven en la asociatividad una herramienta de cambio social y político, lo que se expresa en objetivos más amplios a la eficiencia económica, sino que se levantan expectativas de equidad, democratización, participación ciudadana, e inclusive de cuidado y protección del medio ambiente y desarrollo local. Un tercer aspecto, que resulta crucial en el desarrollo del tercer sector en América Latina, es la relación que se ha tenido históricamente con el Estado, que en gran medida han marcado el origen, la evolución y el desarrollo de este sector: “La relación entre (…) [el tercer sector] y el Estado es compleja y al parecer es el campo en que se presenta la mayor cantidad de diferencias ideológicas y de controversias (…); como, asimismo, aquel en que registra la más amplia variedad de posiciones de un país a otro. Esta diversidad abarca desde aquellos países en que las (…) [organizaciones] se ven relativamente libres del control estatal y de la interferencia política, hasta otros en que están totalmente dirigidas por el gobierno”5.

Otro elemento que dificulta la comparabilidad, es de origen técnico, como es la ausencia de estadísticas confiables y actualizadas, o en el mejor de los casos, el registro no estandarizado de estos6. Esta dificultad se muestra insalvable cuando se trata de establecer el impacto específico del cooperativismo rural, entendiendo que las cooperativas rurales son uno de los sectores de mayor influencia en la región, por ejemplo, no se las aísla dentro de las cuentas nacionales, pues se reduce su información a cooperativas agropecuarias —o equivalentes—, el resto aparece diluido con el urbano en las categorías de ahorro y crédito, consumo, producción, educación, servicios, vivienda, salud7.

A continuación se realizará primero una discusión respecto a las diferencias conceptuales entre los diferentes enfoques asociativos: Economía Social, Economía Solidaria y Sector No Lucrativo. Para luego tomar ciertas definiciones que permita entregar una mirada general de la región, reconociendo sus tendencias históricas y sus desafíos futuros, para finalmente describir algunas experiencias exitosas en materia regional vinculadas a temas de desarrollo sustentable e integración territorial.

II. Definiciones Conceptuales

Diversos enfoques conceptuales han abordado en América Latina el tema de las organizaciones asociativas, que busca describir a aquel sector socioeconómico ubicado entre el sector público y la economía capitalista —empresa privada—, que se ha manifestado en diversos corpus científicos de análisis8, que han tenido diferentes grados de aceptación y legitimidad en los diferentes países de la región, lo que se ha manifestado en diversos enfoques en las normas y políticas de promoción de la asociatividad.

4 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes y perspectivas”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1989, p. 33.5 Ibíd.6 Navas, D., “Aporte de las cooperativas a un proceso de desarrollo con equidad en América Latina”, OIT (Organización Internacional del Trabajo) y ALCECOOP (Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa), Turín, 1995, p. 31.7 OCA (Organización de las Cooperativas de América), “Cooperativismo latinoamericano en cifras”, Consultamérica, Bogotá, 1995, p. 32.55.8 Chaves, R., “La Economía Social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina científica”, Revista de economía pública, social y cooperativa, nº 33, Ciriec-España, 1999, p. 115–140.

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Cada uno de estos organismos responde a tradiciones científicas e intelectuales diferentes. Las tres principales, y que analizaremos a continuación, son la Economía Social, la Economía Solidaria, y el Sector No Lucrativo (nonprofit organizations), pero existen muchas otras tradiciones9.

2.1. Enfoque de la Economía Social

La economía social progresivamente ha venido convirtiéndose en uno de los enfoques más aceptados, en especial en los países mediterráneos, que se manifiesta en la progresiva atención y citación que se hace de ésta por parte de la comunidad científica, la sociedad civil, la agenda política de muchos gobiernos, como de organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, la OEA, la OCDE, la OIT, y la Comisión Europea10.

Como elementos constitutivos, que dicen relación con aquellos elementos identitario de las entidades de la economía social, pueden mencionarse: “a) Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital; b) Adhesión voluntaria y abierta; c) Control democrático por parte de los miembros o socios; d) Conjunción de los intereses de los miembros y del interés general; e) Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; f) Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos; g) Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general”11. Es interesante constatar, que autores chilenos han citado estos principios de la economía social, pero han eliminado el punto g), el cual ha sido reemplazado por: “la creación de empleo estable y de calidad; la aproximación de los trabajadores al núcleo de decisión de la empresa; la formación de una conciencia de autorresponsabilidad de los propios trabajadores”12, una posible explicación es que en Chile la legislación de las cooperativas permite la distribución de excedentes entre sus socios, lo que iría en contra sentido.

Esta delimitación de sus rasgos identitario y la atención progresiva que ha recibido internacionalmente, se ha expresado en intentos de operativización, que han decantado en definiciones institucionales de la economía social, como es el intento del Comité Económico y Social Europeo, el cual ha formulado una definición operativa que ha dejado de manifiesto sus principales características:

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian”13.

9 Es posible identificar para referirse a este tercer sector en su sentido más amplio, diferentes denominaciones: Economía social, Economía de entidades de participación, Sector no lucrativo, Empresas sociales, Tercer Sector, Sector voluntario, Sector filantrópico, Sector caritativo, Sector Cooperativo, Sector autogestionario, Economía solidaria, Economía Popular y Solidaria, Sector asociativo, Sector social, ONG’s, Empresas socialmente responsables, ‘Empresas B’, entre otras.10 Chaves, R. y Demoustier, D., “The emergence of social economy in public policy. An international perspective”, Peterlang publishers, Bruxelles, 2013.11 Monzón, J. L., “Informe para la elaboración de una Ley de fomento de la economía social en España”, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009, p. 147.12 Radrigán, Mario, Ana María Dávila y Francesco Penaglia, “Emprendimientos sociales y liderazgo en el sector no lucrativo chileno. Modelos de gestión y buenas prácticas”, en línea en: http://cies2011.unisangil.edu.co/ponencias/2.pdf13 Chaves, R. y Monzón, J.L., “The Social Economy in the European Union, European Economic and Social Committee”, EESC / CIRIEC, Bruxelles, 2008.

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Diseccionado esta definición, aparecen una serie de distinciones relevantes. Primero, reconoce dos grandes subsectores: “Otra clasificación de la Economía Social se relaciona con la participación en el mercado. En esta línea, dentro de la Economía Social existe un subsector de mercado, con distribución democrática de los beneficios (ej. Cooperativas); y un subsector de no mercado o no lucrativo, al servicio de los hogares (ej. Organizaciones comunitarias) (…). En este escenario, el Sector No Lucrativo, como parte de la Economía Social, está destinado a producir servicios no destinados a la venta”14.

Otro elemento clave en esta definición, es la importancia que se le otorga al componente democrático y de participación en la toma de decisiones. “De esta forma la relevancia de analizar y modelar este tipo de organizaciones está dada porque en ellas las relaciones sociales de intercambio trascienden la esfera económica, contribuyendo a la formación de capital social y a la consolidación de los valores democráticos, lo que a su vez reditúa en sociedades con mayores niveles de inclusión y ciudadanía”15.

Es importante destacar, además, que “el concepto de economía social no es una definición por formas jurídicas (…) sino que es una definición de carácter estructural, es decir, una definición que establece características objetivas cuyo cumplimiento por parte de las diversas formas jurídicas les haría acreedoras de tal condición de entidad de economía social”16. Es decir, permite que diferentes realidades jurídicas puedan adaptarse a la definición de economía social, en tanto respeten sus principios.

Por otra parte, desde un punto de vista de la gestión financiera, reconoce que la generación de riqueza es un elemento central de toda empresa económica, pero establece que su obtención no se orienta a la reinversión capitalista, sino al mejoramiento del bienestar de sus miembros.

Otro elemento de distinción lo ha aportado Benedetto Gui, el cual reconoce dentro de las entidades de la economía, donde distingue “entre organizaciones de interés general (donde los beneficiarios de la actividad empresarial son diferentes del grupo de personas que la controlan) y organizaciones de interés mutualístico (donde los beneficiarios de la actividad son el mismo grupo de personas que la dirigen). Así, serían organizaciones de interés general las fundaciones y las asociaciones (corporaciones, organizaciones comunitarias), y serían organizaciones de interés mutualista las cooperativas, sociedades anónimas laborales y mutualidades”17.

2.2. El enfoque del sector no lucrativo

Este enfoque proviene de la tradición anglosajona, especialmente en Estados Unidos, por lo que ha logrado su expansión en base a una profusa literatura e investigación y literatura científica. “La idea principal que caracteriza a las entidades no lucrativas es la forma de distribución de los excedentes o beneficios, basada en el Principio de no distribución de beneficios a las personas que las han creado o que las controlan o financian”18.

De esta idea principal que define al sector no lucrativo, se desprenden los cinco criterios o rasgos de identidad de estas organizaciones, las cuales ha sido elaborada por Salamon y Anheier19:

14 Radrigán, Mario, et al, “Emprendimientos sociales y…”, Op. Cit.15 Ibíd.16 Chaves Ávila, Rafael; José Luis Monzón Campos, José María Pérez de Ugalde y Mario Radrigán, “La economía social en clave internacional. Cuantificación, reconocimiento institucional y visibilidad social en Europa, Iberoamérica y norte de África”, disponible en línea en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20112.5%20Rafael%20CHAVES,%20Jose%20Luis%20MONZON,%20Jose%20Maria%20PEREZ%20y%20Mario%20RADRIGAN.htm17 Radrigán, Mario, et al, “Emprendimientos sociales y…”, Op. Cit.18 Chaves Ávila, Rafael; et al, “La economía social en clave…”, Op. Cit.19 Salamon, Lester M. and Helmut K. Anheier, "The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1, 1996", Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 19, Baltimore, 1996.

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1) Organizado: que muestre algún grado de institucionalización, ya sea mediante una constitución legal —personalidad jurídica—, o en su defecto, cierto grado de organización interna, persistencia relativa en sus objetivos, estructura y actividades, y límites organizacionales significativos, es decir, diferencia reconocida entre miembros y no miembros.

2) Privada: se refiere a que institucionalmente deben estar separadas del poder público, pues es importante que las organizaciones no lucrativas no sean parte del aparato de gobierno. Esto no significa que no pueden recibir apoyo de éste o incluso que funcionarios gubernamentales sean miembros de sus juntas directivas. Lo que es importante, es que la organización tenga una identidad institucional independiente del estado.

3) Autónoma: las organizaciones deben estar en condiciones de controlar su propia agenda y actividades en un grado significativo. Esto implica que deben tener procedimientos de gobierno interno propios y disfrutar de un grado significativo de autonomía, para, de esa forma, minimizar la injerencia de las empresas privadas y del Estado en su funcionamiento y objetivos.

4) Sin distribución de excedentes: los beneficios que genera no se distribuyen a los propietarios, socios, fundadores de las organizaciones o junta directivas. Las organizaciones no lucrativas pueden acumular ganancias en un año determinado, pero los beneficios deben ser reinvertidos en la misión básica de la organización. En este sentido, las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones privadas que no tienen como misión generar ganancias, directa o indirectamente, y que, por lo tanto, no se guían por objetivos o consideraciones comerciales.

5) Voluntaria: “significa, en primer lugar, que la pertenencia a ellas no es obligatoria ni está legalmente impuesta y, en segundo lugar, que deben contar con la participación de voluntarios en sus actividades u órganos de gestión”20, ya sea que ello comprometa aportes en tiempo (voluntariado) y/o dinero (donaciones).

En función de estos cinco criterios, los autores construyeron una taxonomía de organizaciones del sector no lucrativo, las cuales se dividen en doce grupos, muchos de los cuales presentan subdivisiones internas21:

Grupo 1: Cultura y recreación:

• 1 100 Cultura y arte

• 1 200 Deportes

• 1 300 Clubs sociales y otras recreaciones

Grupo 2: Educación e investigación

• 2 100 Educación primaria y secundaria

• 2 200 Educación superior

• 2 300 Otro tipo de educación

• 2 400 Investigación

Grupo 3: Salud

• 3 100 Hospitales y rehabilitación

• 3 200 Casas de cuidado

• 3 300 Salud Mental e intervención en crisis

20 Chaves Ávila, Rafael; et al, “La economía social en clave…”, Op. Cit.21 Salamon, Lester M. y Helmut K. Anheier, "The International Classification…”, Op. Cit.

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• 3 400 Otros servicios de salud

Grupo 4: Servicios sociales

• 4 100 Servicios sociales

• 4 200 Emergencia y socorro

• 4 300 Ingresos para el soporte y mantenimiento

Grupo 5: Medio ambiente

• 5 100 Medio ambiente

• 5 200 Protección animal

Grupo 6: Desarrollo y vivienda

• 6 100 Desarrollo económico, social y comunitario

• 6 200 Vivienda

• 6 300 Empleo y formación

Grupo 7: Derecho, defensa legal y política

• 7 100 Organizaciones civiles y de derechos

• 7 200 Servicios en derecho y legales

• 7 300 Organizaciones políticas

Grupo 8: Intermediarios filantrópicos y promoción del voluntariado

Grupo 9: Internacional

Grupo 10: Religión

Grupo 11: Negocios, gremios profesionales, sindicatos

Grupo 12: [No clasificado en otra parte]

Grosso modo, se aprecia en este tipo de definiciones y taxonomías, el desarrollo de elementos prácticos, pero se dejan de lado cualquier elemento de vinculación con la sociedad o el carácter más político que contemplan las organizaciones del tercer sector. Por el contrario, ni siquiera repara sobre los elementos democráticos o participativos de la gestión de dichos organismos, ni su vinculación con el entorno directo (tanto territorial como humano) en la cual está inserta dicha organización.

2.3. El enfoque de la economía solidaria

En sentido inverso al enfoque antes descrito, éste apunta preferentemente al carácter político y transformador de las organizaciones asociativas, inclusive por sobre su estructura y funcionamiento. Tomando el análisis que hace Monzón y Chaves22, bajo la nomenclatura de economía solidaria se constelan dos perspectivas: una de matriz europea, y, otra, iberoamericana, que evidencian tanto puntos de convergencia como ciertas particularidades. Dentro de los elementos comunes, ambas plantean como objetivo la producción de bienes sociales o aquellos bienes donde existe consenso social y político de su importancia para una vida digna, por lo que deben estar a disposición de la sociedad en su conjunto. Cuando el Estado es incapaz de proveer a toda la población de estos bienes o servicios prioritarios, son las personas las que deben organizarse para proveerse de éstos. En un contexto de desmantelamiento de los estados de

22 Chaves, R. y Monzón, J.L., “The Social Economy in…”, Op. Cit.

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bienestar, y por lo tanto de déficit en la provisión, surgen una serie de nuevas organizaciones sociales de base solidaria que se expresa en una serie de iniciativas comunitarias de hacer economía en todas sus expresiones (producción, consumo, distribución, ahorro)23.

Por su parte, el enfoque francés plantea que para la economía solidaria tres elementos les serían característicos: “a) las demandas sociales a las que pretende dar respuesta, b) los actores que promueven estas iniciativas y c) el deseo explícito de un cambio social”24. Resulta evidente que bajo dichos parámetros las estructuras jurídicas y económicas (como en los dos enfoques anteriores) resultan irrelevantes. Se plantea así un posicionamiento económico híbrido que se transita tanto en la redistribución (Estado), el mercado y la reciprocidad25. Este movimiento se entiende en tanto lo relevante para este enfoque es la transformación social y no un modelo de económico o una estructura normativa determinada.

En el caso iberoamericano, el enfoque de la economía solidaria está vinculado con las estrategias económicas de los sectores populares, “y hace mayor hincapié a la idea de constituir una fuerza de transformación social portadora de un proyecto de sociedad alternativa a la globalización neoliberal, respondiendo además en mayor medida a los problemas de pobreza, subdesarrollo y exclusión social”26. Es decir, es su componente político su principal eje de identidad.

Esta vertiente Iberoamérica ha sido impulsada por autores como Razeto, Singer y Coraggio quienes han relevado “la importancia de la solidaridad, de lo colectivo y de la racionalidad anclada en la búsqueda del bienestar en los emprendimientos asociativos populares”27. En el caso de Razeto, este plantea que la economía de la solidaridad no es una economía de la beneficencia, sino del cambio social, organizada en sistemas de ayuda mutua, de una nueva forma de producción y redistribución de los excedentes28. Singer, por su parte, postula que la economía solidaria es un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, que es generado por aquellos marginados del mercado de trabajo29. En el caso de Coraggio, este plantea que la economía solidaria se orienta hacia la reproducción de la vida, admitiendo diversas formas organizacionales, como cooperativas, redes solidarias, microemprendimientos, asociaciones sindicales, barriales, en red, grupos de ayuda mutua, u otra forma equivalente30.

Este carácter transformador de la economía solidaria, según Guerra31, se expresaría en tres dimensiones: 1) como un movimiento de ideas, 2) como un nuevo paradigma científico, y 3) como un tercer sector activo como actor económico. En el primer caso, en América Latina la economía solidaria ha sido uno de los pilares de las ideas promovidas por el Foro Social Mundial, en tanto modelo alternativo al orden socioeconómico actual, “que ha dado lugar a la creación de redes locales, nacionales, regionales y continentales para fortalecer el movimiento”32.

Representa como nuevo paradigma científico, una crítica a como se han constituido en la reflexión intelectual la noción de solidaridad dentro del pensamiento económico y del desarrollo, en tanto el

23 Guerra, P., “¿Cómo denominar a las experiencias económicas solidarias basadas en el trabajo? Diálogo entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual”, Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria, vol. 1, núm. 1, 2º semestre, 2007.24 Chaves Ávila, Rafael; et al, “La economía social en clave…”, Op. Cit.25 Laville, J.L. , “L´Économie solidaire. Une perspective internationale”, Desclée de Brouwer, Paris, 1994.26 Coraggio, J.L., “Alternativas para o desenvolvimiento humano em um mundo globalizado”, Revista Proposta, nº 72, 1997, p.. 30-38.27 Marañón-Pimentel, Boris; Pablo Quintero y Dania López, “Introducción”, en Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina: una perspectiva descolonial, Boris Marañon Pimentel (coordinador), CLACSO, Buenos Aires, 2012, p. 11.28 Mamani Ramírez, Pablo, “Economía Otras: Ni capitalista ni socialista”, en Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina: una perspectiva descolonial, Boris Marañon Pimentel (coordinador), CLACSO, Buenos Aires, 2012, p. 86.29 Singer, P., “Economia Solidaria” en D. Cattani (org.), A outra economia, Veraz, Porto Alegre, 2003, pp. 116-125.30 Coraggio, J. L., “Economia do Trabalho”, en D. Cattani (org.), A outra economia, Veraz, Porto Alegre, 2003, pp. 88-95.31 Guerra, Pablo, “La economía solidaria en Latinoamérica”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 110, 2010, pp. 67-76.32 Ibíd., pp. 67-68.

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pensamiento hegemónico no considera aquellas manifestaciones de solidaridad como hechos económicos: “Ni el liberalismo ni el marxismo, por ejemplo, son suficientes para la comprensión de muchos comportamientos económicos basados en la solidaridad, la reciprocidad o el trabajo asociativo animados no por la maximización de las ganancias sino por la satisfacción de necesidades humanas”33.

Por ultimo, la economía solidaria se ha constituido como un tercer sector de la economía . “Esta idea de un tercer sector es quizá la más conocida, pues presenta antecedentes en Europa, con la importante institucionalización que ha logrado la denominada economía social. Desde este punto de vista, el sector solidario de la economía reúne distintas expresiones económicas basadas en el asociacionismo y la cooperación”34. Es decir, la economía social sería una dimensión de la economía solidaria bajo este prisma.

La importancia de estas tres dimensiones, es que la ausencia de una de ellas aumenta el riesgo de cooptación, ya sea mediante el vaciamiento de su carácter transformador social, quedando reducida a una estrategia de inclusión o de lucha contra la pobreza; o en su defecto, la instrumentalización de la solidaridad como un atributo de marketing social de las empresas capitalistas, sin un cuestionamiento de los mecanismos de explotación.

III. Impacto de estos enfoques en América Latina

La heterogeneidad latinoamericana se manifiesta también en la integración diferencial de los enfoques vinculados a la economía social, sector no lucrativo y economía social. Ello se explica tanto por la idiosincrasia y evolución histórica de los países, que se expresa en un mayor reconocimiento social, jurídico y académico de alguna de estas corrientes de pensamiento. En sentido inverso, los países que no tienen mayor reflexión sobre las formas de asociatividad y sus enfoques afines son desconocidos, el grado de reconocimiento jurídico e institucional de este tipo de organizaciones es escaso, lo que se manifiesta en un desarrollo del tercer sector menor a otros países de la región —con un menor peso en áreas claves de la economía como el empleo, por ejemplo— y una baja valoración y reconocimiento social, que debilita las potencialidades de desarrollo de este sector y de la sociedad en su conjunto.

Bajo esta perspectiva, la mayoría de los países de América Latina y El Caribe muestra que las reflexiones respecto a los diferentes enfoques vinculados a la economía social, el sector no lucrativo, la economía solidaria, no las han permeado, operando con relativo desconocimiento respecto de estas materias, tanto en el aparato público, la sociedad civil y los académicos. “En contraposición, en los países iberoamericanos se constata una amplia aceptación social del concepto de ‘cooperativas’”35.

No obstante este panorama poco alentador, existen países donde la reflexión sobre estas materias a comenzado a instalarse. En el caso del enfoque de la economía social, un grupo de países muestra una penetración interesante en la región, son los casos de Colombia, Argentina y Honduras, muchos de los cuales cuentan con normativas legales inspiradas en los principios de la economía social. Los países que componen este grupo “presentan generalmente tasas de penetración societaria o de empleo en la economía social sobre el total del empleo nacional muy superiores, de media, al resto de países analizados”36. En un nivel intermedio de aceptación de la noción de economía solidaria se encuentra México, que muestra, en contraste, una baja aceptación “de los conceptos de ‘cooperativas’ (…), de ‘sector no lucrativo’ y de ‘tercer sector’ y en cambio el alto nivel de reputación de las ‘empresas sociales y asociativas’”37.

33 Ibíd., p. 69.34 Ibíd., p. 70.35 Chaves Ávila, Rafael; et al, “La economía social en clave…”, Op. Cit.36 Ibíd.37 Ibíd.

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En el caso de Colombia, que fue el primer país en América en tener una normativa inspirada en una reflexión amplia sobre la asociatividad, que se expresó en la promulgación de la Ley 454 del año 1998, que define la economía social como: “un “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas con prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas…”. Es así que el Dansocial opera como esfera del Estado a cargo de la promoción y desarrollo de todas las expresiones de la economía solidaria (cooperativas, precooperativas, mutuales, fondos de empleados, etc.)”38.

El caso Argentino también resulta de interés, pues mediante la promulgación de la Ley 20.337 del año 1973, establecía la creación del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que en el año 2000 mediante la promulgación del decreto 721/00 “pasaría a denominarse Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAIS) dando cuenta, como puede observarse, de un profundo cambio en su campo de acción. En 2008, además, recibió el rango de Secretaría de Estado”39.

En el caso de la economía social, este concepto ha sido más fuerte en Europa que en América Latina, donde el enfoque de la economía solidaria ha sido más fuerte, en especial considerando que cuenta con una masa crítica de intelectuales e investigadores que ha realizado importantes aportes a la consolidación de este enfoque a nivel internacional. “Mientras que el paradigma europeo pone acento en las formas organizacionales (cooperativas, mutuales, asociaciones), el paradigma latinoamericano pone acento en lo sustantivo, esto es, en cómo se practica la economía por parte de los distintos sujetos. Es así que se comprende a la economía solidaria como una forma alternativa de hacer economía y por lo tanto con un discurso y una práctica fuertemente asociada al cambio social. Esta particular mirada ha tenido una especial proyección con la asunción de Gobiernos de izquierda en nuestros países, aunque con mayor notoriedad para el caso de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela”40.

El país que ha llevado la vanguardia en esta materia ha sido Brasil. Este reconocimiento se expresa en la creación en el año 2004 de la Secretaría de la Economía Solidaria dependiente del Ministerio del Trabajo en el gobierno de Lula, siendo nombrado Paul Singer —intelectual brasilero vinculado al desarrollo de este enfoque— como Secretario de dicha cartera, que habla de un doble reconocimiento: por un lado institucional mediante la creación de un aparato público especializado y, en segundo término, a la comunidad intelectual que impulsó una agenda en esta materia, simbolizado en la figura de Singer. Dicha Secretaría, ha institucionalizado una definición de economía solidaria: “La economía solidaria es una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que es necesario para vivir. Sin explotar a nadie, sin querer llevar ventaja, sin destruir el medioambiente. Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien de todos y no en su propio bien”41. Como se aprecia, la economía solidaria apunta a la autogestión, como una estrategia para encarar la pobreza y exclusión que sufren los sectores populares.

Dentro de los objetivos que manifiesta esta Secretaría están: “promover el fortalecimiento y la divulgación de la economía solidaria, mediante políticas integradas, persiguiendo la generación de empleo y renta, la inclusión social y la promoción del desarrollo justo y solidario”. Su trabajo está dirigido especialmente a emprendimientos autogestionarios, ferias de emprendimientos asociativos, redes de distribución solidaria y experiencias de comercio justo. Se estima en más de 1 millón de trabajadores los que se ocupan en las diversas empresas autogestionadas”42.

En el caso de Brasil, también hay que referirse a la importancia del Sistema Nacional de Comercio Justo y Solidario, que representa un esfuerzo serio para promover el comercio justo, mediante parámetros, criterios, principios, gestión, articulación de actores y mecanismos de control. “Se

38 Guerra, Pablo, “La economía solidaria en…”, Op. Cit., p. 75.39 Ibíd., p. 75.40 Ibíd., p. 73.41 SENAES, “Economía Solidaria. Outra economía acontece”, Brasil, folleto institucional de divulgación, citado en: Guerra, Pablo, “La economía solidaria en Latinoamérica”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 110, 2010, pp. 67-76, p. 68.42 Guerra, Pablo, “La economía solidaria en…”, Op. Cit., pp. 73-74.

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trata, en definitiva, de una política pública que vincula a la economía solidaria con el comercio justo, en circunstancias donde los productores precisamente observan que es en la fase de comercialización donde encuentran sus principales obstáculos para el desarrollo de sus emprendimientos”43.

Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador también se observan progresivos pasos de instauración de una mirada inspirada en la economía solidaria, que se vincula también a una crítica a la economía neoliberal, que en los tres casos se ha expresado en cuerpos constitucionales que reconocen el componente solidario.

En el caso de Venezuela, la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce nuevas formas de asociatividad socioproductivas que surjan de manera comunitaria, que responde al modelo de autogestión popular solidaria. Por otra parte, hay una institucionalidad pública vinculada a este sector, como es el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunitaria, que tiene como objeto trabajar con “cooperativas y otros emprendimientos de la economía popular”44. Además, en el año 2007, “fue dictado un decreto Ley para el fomento y desarrollo de la economía popular donde se destaca la presencia de nuevas figuras jurídicas como empresas de autogestión o de propiedad social además de las experiencias basadas en el trueque”45.

En el caso de Bolivia, la nueva Constitución de la República, dictada durante el mandato de Evo Morales, incluye elementos de la economía comunitaria que reconoce en las formas económicas tradicionales indígenas, un modelo alternativo a los principios neoliberales. De esta manera, en su articulado promueve una serie de valores alternativos coincidentes con los valores de la economía solidaria, a decir: “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”46. Además, el Gobierno de Bolivia estudia la creación de un vice Ministerio de Economía Solidaria y Comercio Justo, que habla del avance de este enfoque en el país altiplánico.

Finalmente, en el caso de Ecuador, la Constitución de la República del año 2008, contempla una definición de su sistema económico, al cual define como “social y solidario”, en búsqueda de una clara contraposición a los principios neoliberales, donde al igual que Bolivia, busca articularse “con las tradiciones nativas, al instalar como central la categoría sumak kawsay, o buen vivir”47.

El enfoque vinculado al sector no lucrativo, responde a una mirada eminentemente pragmática o tradicional, que se caracteriza por hacer referencia preferentemente al sector cooperativo como elemento totalizador de la experiencia asociativa. Es el caso de Chile, y en cierta medida, también de Uruguay y Paraguay, el cual se expresa en los alcances de sus legislaciones. “En todos estos casos, aunque más acentuado en Chile, las políticas públicas responden a modelos legislativos donde no aparecen los enunciados de la economía social o solidaria. Por lo general se basan en una Ley General del Cooperativismo que incluye institutos específicos para estas formas jurídicas”48.

En el caso de Uruguay, recientemente ha dado un giro sutil a su modelo, al incorporar dentro de su nueva Ley General de Cooperativismo, una breve, pero significativa, mención a la economía solidaria. No obstante, hay que ver como se hace operativa dicha mención.

El caso de Paraguay hay una declaración de intención que no se materializa, sino que se mantiene en el campo restringido de las cooperativas. En su Constitución de la República establece que “el Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y 43 Ibíd., p. 76.44 Ibíd., p. 75.45 Ibíd., p. 75.46 Tribunal Supremo de Justicia, “Valores y principios”, disponible en línea en: http://tsj.bo/valores-y-principios/47 Coordinadora Andina de Organizaciones Nativas: Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Mamani, Lima, 2010.48 Guerra, Pablo, “La economía solidaria en…”, Op. Cit., p. 74.

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servicios basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y autonomía”49. No obstante esta declaración de principios, la Ley 2157/03 que establece la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), ha redundado que en la práctica se trabaje solo con las cooperativas.

Una conclusión que salta a la vista ante estos antecedentes, es que no existe consenso regional, ni al interior de los mismos países, de un canon respecto a aquel campo que se encuentra entre el sector público y la empresa capitalista, existiendo diversos límites, orientaciones, estructuras y funcionamientos. Un elemento que resulta relevante, y que permite justificar un decisión metodológica en este estudio, es que “en todos los países, dada su larga tradición histórica, las cooperativas gozan de un amplio reconocimiento social”50 —situación que homóloga para las ONG’s, pero con una trayectoria histórica mucho menor, pues emergen en la década de los 80 como una respuesta a los gobiernos autoritarios—. Es por ello que lo que sigue del presente estudio, centrará su análisis en la trayectoria, características y desafíos en la región de las cooperativas, lo que no responde a la adopción del enfoque del sector no lucrativo, sino a una decisión práctica, en tanto los límites de los otros enfoques todavía no son generalizados en América Latina, y bajo el estudio de las cooperativas existe la suficiente evidencia y masa crítica de conocimiento para avanzar en un análisis comparado.

IV. El Cooperativismo

Los límites del cooperativismo han sido resultado de una potente agenda internacional, que mediante acuerdos y consensos ha logrado decantar en una serie de principios y definiciones que le dan a las cooperativas márgenes claros de acción e identidad.

Fruto del trabajo de décadas, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha decantado en siete principios básicos cooperativos, que son los que actualmente se encuentran vigentes y que orientan la acción cooperativa en el mundo:

1. Membresía abierta y voluntaria.

2. Control democrático de los miembros.

3. Participación Económica de los miembros.

4. Autonomía e independencia.

5. Educación, formación e información.

6. Cooperación entre cooperativas.

7. Compromiso con la comunidad51.

Por su parte, organismos como la Organización Internacional del Trabajo es quién ha provisto de la definición más canónica de cooperativa en su Recomendación Nº 193, donde sostiene que el término cooperativa “designa una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática”52. De igual manera este organismo llama a los gobiernos a promover los principios cooperativos de la ACI, pero, además, agrega “ los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás”53.

49 Constitución del Paraguay, disponible en línea en: http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm50 Chávez Ávila, Rafael; et al, “La economía social en clave…”, Op. Cit.51 Coopesanramon, “Los siete principios cooperativos”, disponible en línea en:http://www.coopesanramon.fi.cr/index.php/noticias/9-principios-cooperativos52 OIT, Recomendación nº 193, artículo 2, disponible en línea en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R19353 Ibíd.

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La importancia de las cooperativas a nivel internacional, también se ha visto graficado en Naciones Unidas. Expresión de ello ha sido la declaración del año 2012 como el año internacional de las cooperativas, que bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”54, se ha planteado tres objetivos principales:

1. “Crear mayor conciencia pública sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

2. Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar sus necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena participación económica y social.

3. Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las cooperativas”55.

Esta importancia del cooperativismo, también ha sido reconocida por los gobiernos, como es el caso de la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado realizada en Montevideo, Uruguay. En la Declaración de Montevideo, los jefes de Estado reconocieron “el papel fundamental, en el desarrollo integral de nuestras naciones, de las cooperativas y demás organizaciones de la economía social, cuyos principios de productividad, competitividad, complementariedad, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad social, fortalecen el carácter participativo de nuestras democracias, impulsan la generación de empleos, apoyan el combate a la pobreza, convocan la integración y cohesión social —en particular de las mujeres, los jóvenes, las personas adultas y con discapacidad— generando condiciones de desarrollo”56.

Dos elementos resultan relevantes para este estudio, pues sobre estos se analizarán casos regionales, como es la integración territorial y el cuidado del medio ambiente, las cuales se imbrican dentro del concepto de desarrollo sostenible.

Volviendo a la Recomendación Nº 193, que constituye el principal instrumento internacional del Sistema de Naciones Unidas, en diferentes artículos se hace mención a la importancia del desarrollo local, reconociendo las sinergias que se puede lograr con el cooperativismo en función del desarrollo de las comunidades donde estas organizaciones se insertan: “Los gobiernos deberían adoptar, cuando proceda, medidas apropiadas de apoyo a las actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de política social y pública, como la promoción del empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos”57. Y exhorta, además, a los gobiernos a darle un trato preferencial, sino igualitario, que cualquier otro tipo de empresa u organización social.

Por su parte, la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional es clara en su declaración de 1995, respecto a los principios de identidad cooperativa, la importancia del “Interés por la comunidad” que “Por su naturaleza, valores, principios y características, el cooperativismo es una alternativa eficaz para el desarrollo sostenible de muchas comunidades de América y contribuye en forma directa al mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos”58.

Esta orientación hacia sus comunidades por parte de las cooperativas, encuentra su vía de materialización no sólo mediante el desarrollo económico y calidad de vida, sino que otra vía concreta de materializar esta preocupación por la comunidad es el cuidado del medio ambiente.

A este respecto, el instrumento regional más importante tendiente al cuidado del medio ambiente por parte del sector cooperativo, lo constituye el “Pacto Verde Cooperativo: Un compromiso con la

54 FAO, “Cooperativas campesinas y seguridad alimentaria: un modelo vigente”, FAO, Roma, 2012, p. 7.

55 Ibíd., p. 7.56 XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Montevideo, Declaración de Montevideo, Uruguay, 3, 4 y 5 de noviembre de 2006, disponible en línea en: http://www.oei.es/xvicumbredec.htm57 Ibíd.58 Cooperativas para las Américas / ACI, “Red de Parlamentarios de las Américas para el Sector Cooperativo”, disponible en línea en: http://www.aciamericas.coop/Red-de-Parlamentarios

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tierra”. En este pacto, de plantean una serie de medidas para mejorar la relación de las cooperativas con el medio ambiente, llamando a estas asociaciones a adoptar prácticas ecológicas, generar información y certificar a las cooperativas que cumplan con dicho mandato.

Los principios del Pacto Verde Cooperativo son:

• “Adoptar acciones y procedimientos, tanto internos como externos, orientados a la conservación del medio ambiente más allá de lo previsto en las disposiciones legales, ejerciendo así una genuina responsabilidad social cooperativa.

• Involucrar el tema medioambiental como una norma de conducta de la organización y como parte de la estrategia de competitividad empresarial.

• Dar apoyo institucional, dentro de las posibilidades de ACI-Américas, a las organizaciones miembros que trabajen el tema.

• Difundir información de eventos relacionados con la conservación del medio ambiente y sus recursos.

• Adoptar el distintivo, símbolo del Pacto verde de CONFECOOP, Colombia, el cual será utilizado por las cooperativas en cada una de las acciones que emprendan para el cumplimiento del presente pacto”59.

Estos principios generales del Pacto Verde Cooperativo, encontraron un cauce práctico en la I Cumbre Cooperativa de las Américas, donde en su Declaración de Guadalajara planteaba una serie de acciones concretas para materializar un compromiso con el medio ambiente.

En el punto de la declaración relativa a la “Sostenibilidad ambiental” establecía una serie de compromisos específicos que dieren cuenta de la intención real de llevarlos a la práctica:

• “Elevar la conciencia de nuestros/as asociados/as y de la comunidad, acerca de las medidas para evitar el deterioro ambiental, instrumentando campañas tales como el reciclado de residuos, el empleo de combustibles renovables (energía eólica, fotovoltaica, etcétera).

• Implementar acciones desde el movimiento cooperativo para diseñar e instrumentar procesos productivos limpios, tanto en el ámbito agropecuario como en el industrial.

• Promocionar y asumir el Pacto Verde Cooperativo que forma parte de la presente Declaración (…)

• Incidir sobre los respectivos gobiernos nacionales para que adopten políticas públicas de impulso a la innovación tecnológica, para la preservación ambiental, producción limpia y otras similares.

• Fomentar una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente en el sector cooperativo.

• Integrar una comisión especial de la ACI-Américas para que estudie y analice la posibilidad de proponer ante la ACI la incorporación de un octavo principio cooperativo sobre el ambiente”60.

Como se observa en los párrafos precedentes, existe un marco internacional maduro respecto a las cooperativas y su importancia para el desarrollo sostenible y sustentable de los países de la región. Pero la concreción de estos principios, en especial en el caso Latinoamericano, pasa por una pregunta de cómo se ha relacionado el mundo cooperativo con los Estados, pues pareciera que es el elemento sensible para la concreción de dichos propósitos antes expuestos.

59 Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, “Pacto verde cooperativo. Un Compromiso con la Tierra”, disponible en línea en: http://www.aciamericas.coop/Texto-del-Pacto-Verde-Cooperativo60 I Cumbre Cooperativa de las Américas, “Declaración de Guadalajara”, Guadalajara, Jalisco, México, septiembre 21-25, 2009, p. 3, disponible en línea en: http://www.aciamericas.coop/cumbre2009/IMG/pdf/DeclaracionGuadalajara-2.pdf

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4.1. Relación Cooperativas-Estado

Diversos autores y fuentes plantean que en América Latina la relación entre el Estado y el cooperativismo ha sido un elemento determinante en el desarrollo de sus potencialidades de transformación social y crecimiento económico. Como se verá más adelante, la historia del desarrollo del cooperativismo en la región ha estado vinculada estrechamente al tipo de relación que ha construido con el Estado el movimiento cooperativo, y como en los enfoques antes reseñados, el tratamiento al sector cooperativo ha estado lejos de ser homogéneo en la región, pasando de manera no lineal ni continua entre el fomento, la regulación y la indiferencia. Es por ello que CEPAL plantea que “debería indagarse en cada uno de los países a qué grupos de interés representa el Estado en un determinado momento, qué grupos representa el cooperativismo, y cuál es la articulación entre ellos. Ese análisis permitiría comprender si el cooperativismo es en un momento dado un sector importante en la estructura del poder, de la economía, o si representa la perspectiva de una política social orientada a sectores desfavorecidos; si se impulsan programas de desarrollo local, regional o nacional, o si los fenómenos son marginales dentro del quehacer estatal”61. Bajo este marco, es que se puede llegar a comprender el nivel de articulación entre el fenómeno cooperativo y la sociedad, evidenciando su grado real de autonomía y dependencia.

No obstante esta relación crítica de las cooperativas con el Estado, hay que tener presente que “Uno de los aspectos que ha favorecido la generalización del cooperativismo es, precisamente, el que estas organizaciones puedan funcionar (…) en cualquier sistema económico y en cualquier régimen político, siempre que su existencia no se prohíba expresamente. Aunque su funcionamiento, su eficiencia y los beneficios que puedan ofrecer a los socios estén condicionados por los sistemas en que operan, no hay ninguna relación definida entre el tipo de sistema social y el número y la importancia de las cooperativas”62. Que demuestra un grado alto de resiliencia. Esta misma adaptabilidad a situaciones cambiantes, tiene como contrapartida que no ha existido una continuidad en las relaciones que permita extraer consecuencias de largo plazo respecto de los contextos donde ha desarrollado mejor sus potencialidades, ya sea con o sin el apoyo del Estado. En palabras de CEPAL: “…el cooperativismo en los países de la región constituye ya un proceso complejo (…), y pese a que lleva ya cerca de 100 años de vigencia en la región, su desarrollo no ha tenido la continuidad necesaria para permitir una evaluación real”63.

Este carácter discontinuo, fragmentario y heterogéneo del cooperativismo en América Latina, hace difícil sostener cuál enfoque, modelo o tesis es la más apropiada para potenciar la acción del movimiento asociativo a nivel nacional y latinoamericano. “Si bien es cierto que las políticas de promoción han sido numerosísimas, el cooperativismo ha disminuido al desaparecer dichas políticas, aunque muchas veces ha desarrollado nuevos cauces de gestión”64.

Estas precisiones no nublan que en la creación de un entorno potenciador de las cooperativas el Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional y local) tiene un rol fundamental que cumplir, que no pasa por el impulso artificial de la asociatividad, sino “de generar las condiciones para que las cooperativas puedan participar más activamente en la economía y la sociedad. La democracia y la participación de los pobres en la gestión política de sus comunidades y ciudades, contribuye a generar cambios importantes y les abre mejores posibilidades de integración en lo económico y en lo social”65. El desarrollo de políticas de apoyo y soporte no pasan necesariamente por la cooptación o el control estatal, sino del entendimiento del rendimiento que tienen para la sociedad el desarrollo del capital social que significa el modelo cooperativo.

61 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes y perspectivas”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1989, p. 34.62 Roberto Guimaraes, "Cooperativismo y participación popular: nuevas consideraciones respecto de un viejo tema", Revista de la CEPAL, N° 28 ( L C / G . 1932), Santiago de Chile, abril de 1986, pp. 181 y 182.63 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, p. 36.64 Ibíd.65

FAO, “Cooperativas campesinas y seguridad alimentaria: un modelo vigente”, FAO, Roma, 2012, p. 46.

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En este sentido, la cooperación internacional también tiene una enorme importancia, en especial la cooperación Sur-Sur y Triangular, mediante los intercambios de experiencias exitosas que permiten a los países del sur beneficiarse de las soluciones desarrolladas en contextos similares, y por lo tanto, mejor adaptadas a sus realidades66.

V. Trayectoria histórica de la asociatividad en América Latina

La descripción del desarrollo de la asociatividad en Latinoamérica, puede hacerse desde diversos puntos de vista, y en todos ellos quedará constancia de la dificultad de la tarea, en tanto dentro de esta categoría existe tal heterogeneidad y diversidad en el tamaño de las organizaciones, los intereses tan distintos de los sectores asociados, las diferencias de poder económico y de inserción social, la diversidad de áreas económicas en que se desenvuelven (crédito, ahorro, compra, comerciales, mejoramiento, adelanto, rurales, urbanas, etc.), el origen étnico o nacional de los socios, el grado de dependencia o autonomía respecto del Estado o la empresa capitalista, las múltiples formas de funcionamiento, estructura y marcos normativos que las regulan, entre otros factores de las realidades económicas, políticas, sociales, culturales e institucionales de los países, “entregan un perfil sumamente fragmentado del proceso, que difícilmente podría englobarse en una experiencia general”67.

Como ya ha sido señalado, se privilegiará en la descripción histórica del movimiento asociativo al cooperativismo, pues es el que presenta mayor continuidad, y su evolución evidencia de mejor manera las tensiones e influencia de los contextos sociales, económicos y políticos. Aun cuando este será el eje de análisis, se hará mención a otras formas de asociatividad, como son las mutuales, fundaciones y asociaciones.

No obstante la dificultad antes descrita, en América Latina existen algunas tendencias generales, que por lo general, no representan a cabalidad ninguna experiencia nacional, pero describen determinadas trayectorias o hechos estilizados, las que muchas veces no se muestran tan lineales o secuenciales en la realidad, pero sirven para describir un proceso.

Una aproximación novedosa a la trayectoria histórica de las cooperativas u organizaciones asociativas en América Latina, la hace CEPAL, que desde una mirada global al fenómeno, plantea la existencia de tres momentos en el desarrollo del movimiento asociativo. Para configurar dichos tres momentos, se basa en el análisis de las crisis que ha debido enfrentar la asociatividad regional: “La primera fue una crisis de credibilidad. Al principio, pocas personas creían en las cooperativas o tenían mucha confianza en ellas... Se presentó entonces una segunda crisis que se puede denominar la crisis administrativa... por una o dos generaciones, en muchos países, las cooperativas fueron sinónimo de fracaso empresarial y muchos centenares se derrumbaron y desaparecieron... ahora... deben afrontar una nueva crisis, a la cual le cabe el calificativo de crisis ideológica. Es la que surge por las dudas angustiosas acerca del verdadero propósito de las cooperativas y de la inquietud sobre si están desempeñando un papel claro y preciso como clase diferente de empresa”68.

Es evidente que las cooperativas y las organizaciones asociativas enfrentan, ya pasados más de 100 años de sus experiencias pioneras, preguntas cruciales respecto de su pertinencia como

66 Pereira Morais, Leandro, “Cooperaça o Sul-Sul e triangular e Economia Social e Solida ria: possí veis conexo es e contribuiço es para o desenvolvimento sustenta vel inclusivo”, disponible en línea en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/genericdocument/wcms_23666 1.pdf67 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes y perspectivas”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1989, p. 32.68 Ibíd., p. 31.

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alternativa económica y social viable en un continente donde la desigualdad y la inequidad son una realidad creciente y sin signos claros de decaer, que se enfrenta a un mundo donde los desafíos son globales y las demandas locales crecientes.

En una mirada más tradicional e historiográfica, Martínez69 propone una secuencia en el desarrollo de las organizaciones asociativas, que distinguen seis períodos, que se condicen con períodos sociopolíticos de América Latina, los que define como:

1. Comienzo tímido: que comprendería desde principios del siglo XX hasta, aproximadamente, la década de 1930. Primeras experiencias aisladas impulsadas preferentemente por migrantes europeos.

2. Etapa fundacional: entre los años cuarenta y cincuenta. Etapa de expansión y regulación estatal.

3. Enorme auge: comprendida entre la década de los sesenta y setenta. Apoyo y promoción estatal, internacional y eclesiástica de las cooperativas.

4. Dictaduras militares: mediados de la década de setenta y segunda mitad de la década de los ochenta. Represión a movimientos populares y decaimiento por falta de apoyo estatal de las cooperativas.

5. Programas de ajuste estructural: mediados de los años ochenta y primera mitad de los noventa. Crisis del modelo cooperativo tradicional, adaptación del modelo de asociatividad en una sociedad de mercado.

6. Mantenimiento: mitad de la década de los noventa hasta la actualidad. Nuevos enfoques teóricos que han revitalizado el debate, en un contexto de crítica al consenso de Washington y una articulación internacional de las cooperativas.

Lo interesante del modelo de Martínez, es que hace una vinculación entre los modelos de desarrollo y su impacto en las organizaciones asociativas. Esta vinculación no parece artificiosa si se la observa desde el punto de vista de la identidad estructural que le cabe a las organizaciones asociativas, en tanto ocuparían un espacio entre las políticas Estatales y los emprendimientos de la empresa capitalista. Las fronteras entre estas dimensiones no son hechos naturales (por más que algunas teorías económicas tengan dichas pretensiones), sino que son la resultante de diferentes situaciones históricas y equilibrios de poder respecto de los espacios que le caben a cada una.

Tomando como referencia la secuencia de Martínez, pero poniendo en acento en los modelos de desarrollo, se tratará de organizar las etapas del movimiento en tanto el espacio social, económico, político o cultural que le cabe al movimiento asociativo en la historia Latinoamericana: “El desarrollo del cooperativismo está sin duda estrechamente vinculado con las transformaciones estructurales que modifican el perfil latinoamericano. La acelerada urbanización, la modernización, el éxodo del campo a la ciudad y los cambios sociopolíticos, son algunos de los fenómenos centrales en el cambio del cooperativismo de las últimas décadas”70.

Para tal efecto, se propone una nueva conceptualización que procederemos a describir con mayor detalle.

1) Autonomía.

2) Regulación.

3) Promoción.

4) Represión.

69 Martínez, Jorge Coque, “Las cooperativas en…”, Op. Cit., p. 155.70 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 31.

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5) Asimilación.

6) Reinvención.

5.1. Autonomía

Esta etapa comienza con los procesos de independencia, y la formación de Estados soberanos en América Latina y se extiende hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando comienza a asentarse y expandirse el Estado social, que fue concomitante con el ingreso de los sectores medios y populares a la arena política.

Se observa el carácter auxiliar del movimiento asociativo respecto de la función social del Estado71, expresado en la ausencia de políticas de resguardo de los sectores más carenciados, lo que eran sujetos de la caridad y beneficencia. La llegada de migrantes europeos en especial italianos, españoles, alemanes y franceses, vino aparejado con la propagación de modelos mutuales y cooperativos.

Como puede resultar evidente, la llegada a un país extraño y carente de políticas de protección y resguardo ante riesgos, decantó en la organización “desde abajo” de las colonias de migrantes para prodigarse ayuda y socorro en momentos críticos (como era la salud, la muerte, el desempleo, el retiro, etc.).

Las organizaciones que crearon estos migrantes, fueron de dos tipos: a) en función de su origen nacional (colonias); y b) como expresión de su inserción laboral (de base sindical). Por tal motivo, estas asociaciones pioneras se congregaron preferentemente en zonas urbanas y en zonas periféricas (alejadas de los centros urbanos) pero insertas en el comercio mundial a través de economía de enclaves o procesos de colonización de zonas apartadas (zonas agrícolas de exportación, zonas mineras, etc.). “La composición del cooperativismo, el que aparece constituido por los migrantes que crearon cooperativas que se expandieron en el sector urbano vinculadas al consumo, ahorro y crédito insertándose en la población del país, o bien constituyeron verdaderas islas, normalmente agrícolas o agropecuarias, en comunidades cerradas, culturalmente y étnicamente diferentes con poco relación con la sociedad nacional”72.

Bajo estos parámetros, el mutualismo, el cooperativismo y el sindicalismo transitaron por una misma vereda durante el siglo XIX y principios del veinte, por lo que no era de extrañar la influencia del pensamiento socialista y anarquista en los primeros idearios mutualistas y cooperativistas. Por lo mismo, la idea de la autonomía, de la autogestión y de la crítica capitalista, resultaban recurrentes en su accionar e ideario político-económico. “En líneas generales, se puede sostener que ‘los precursores del cooperativismo enfrentaron en su tiempo el proceso de desarrollo naciente del capitalismo, su actitud crítica hacia ese proceso surgía de una concepción de posiciones específicas del desarrollo, de lucha de clases, que se expresaba en la constitución del sindicalismo y del cooperativismo como formas concretas que asumía la lucha en aquella etapa”73.

Ejemplos de lo antes descrito, es que los países con mayor presencia de migrantes, como fueron Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, es donde surgió con mayor fuerza y penetración el mutualismo, el cooperativismo y las asociaciones sindicales. Apoyando lo anterior, también en Chile como Perú, las primeras expresiones de asociatividad desde abajo se dieron en los puertos

71 Mario Radrigán (Coordinador) et al, “Informe diagnóstico nacional de Chile: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina – el caso de Chile”, en Economía social y su impacto en la generación de empleo: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina. Estudios referidos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, José Luis Monzón Campos (Director), Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), Madrid, 2010, p. 183.72 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 29.73 Ibíd., p. 25.

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de Valparaíso y Callao, que eran justamente los puntos de contacto de dichos países con el comercio mundial.

Para el caso de Argentina: “La historia de las cooperativas en Argentina se remonta al último tercio del siglo XIX y se vincula a la necesidad de los inmigrantes europeos de adaptarse a su nueva realidad. En las primeras décadas del siglo XX tienen un fuerte desarrollo, copiando las experiencias conocidas en Europa, originándose en el seno de agrupaciones socialistas y sindicales de obreros inmigrantes”74.

En el caso de Uruguay, sucede un proceso homólogo al argentino, respecto de la influencia europea y las ideas de avanzada social: “Los orígenes de las cooperativas de trabajo en el Uruguay se remontan a fines del siglo XIX y están asociados a trabajadores provenientes del movimiento sindical europeo que traían modelos y propuestas que poco a poco se fueron enraizando en la sociedad uruguaya”75.

El caso brasilero, presenta cierta peculiaridad, por su vasto territorio, la presencia estatal era más débil. De esta forma “La emergencia de las cooperativas en Rio Grande do Sul comienza con Theodor Amstadt76 en las regiones de colonización como consecuencia de la ausencia del Estado”77.

El resto de América Latina, con menor presencia migrante europea y menor inserción en el comercio mundial y desarrollo urbano, seguía funcionando principalmente bajo el modelo de la hacienda, es decir, la estructura de prestaciones y contraprestaciones basado en la propiedad de la tierra, donde el inquilino tiene acceso a ésta mediante la entrega de servicios (trabajo) al señor hacendal, lo que es un modelo pre-moderno, a diferencia de los países antes descritos, que apuntan al establecimiento de relaciones laborales y sociales modernas, basada en la solidaridad de clase y la acción mancomunada como estrategia de protección y progreso social.

5.2. Regulación

Como se ha señalado, el mutualismo y cooperativismo fueron compañeras de trayecto con el sindicalismo y las luchas sociales, expresado en una acción política y económica. Esta lucha rindió frutos, que en materia política se expresó en el ingreso de los sectores medios y populares a la disputa del poder. Ejemplo de ello son los gobiernos de Irigoyen en Argentina, Batlle y Ordóñez en Uruguay y Alessandri en Chile en el primer cuarto del siglo XX. Desde el punto de vista del movimiento asociativo, esta mayor influencia de los sectores medios y populares en la primera etapa, redundó en una generalización del mutualismo, cooperativismo y las asociaciones gremiales y sindicales, que rebasó las fronteras nacionales de los países del Cono Sur, expandiéndose a toda América Latina. Igualmente, aquellos países que tenían un desarrollo temprano, se observa que comienzan a organizarse grandes federaciones mutuales y cooperativas, conformándose como actores relevantes.

Para el caso Argentino: “El proceso de consolidación del Estado, a principios del siglo XX, en el marco de la inserción del país en el mercado mundial y del auge del sistema agroexportador, el

74 FAO, “Cooperativas campesinas y seguridad alimentaria: un modelo vigente”, FAO, Roma, 2012, p. 60.

75 Juan Pablo Martí, “Informe diagnóstico nacional de Uruguay: La economía social en Uruguay y su impacto en el empleo” , en Economía social y su impacto en la generación de empleo: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina. Estudios referidos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, José Luis Monzón Campos (Director), Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), Madrid, 2010, pp. 379-380.76 Theodor Amstad, es un religioso que se estableció en Rio Grande do Sul quien fundó en 12/28/1902 una cooperativa de crédito en la zona del asentamiento alemán que dio origen al Sistema Sicredi.77 Peixoto de Albuquerque, Paulo, “Informe diagnóstico nacional de brasil”, en Economía social y su impacto en la generación de empleo: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina. Estudios referidos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, José Luis Monzón Campos (Director), Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), Madrid, 2010, p. 113.

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crecimiento económico y la modernización social impulsaron el desarrollo de asociaciones profesionales, cámaras patronales, uniones empresarias, sindicatos obreros y organizaciones de base territorial (clubes barriales, sociedades de fomento, etc.). En una sociedad civil sólida y con mayor autonomía, el movimiento asociativo continuó creciendo, al tiempo que acentuó su diversidad y complejidad, definiéndose con más precisión los intereses corporativos, de clase, de identidad y de grupo. Las asociaciones continuaron poniendo atención a las formas, estatutos y reglamentos…”78.

Esta influencia, se expresó en una serie de leyes sociales promulgadas por los Estados en la primera mitad del siglo XX, que buscaban enfrentar aquellas mayores injusticias y vulnerabilidades sociales que más afligían a los grupos más postergados. Lo anterior se da también, en la consolidación de un modelo de sustitución de importaciones que fortalecía la acción estatal sobre la economía.

Ejemplo de ello son las primeras leyes laborales, los intentos de políticas de bienestar en materias de salud, educación, pensiones, entre otras medidas, y el desarrollo de instrumentos de fomento de la industrialización. Ello implicó un proceso de racionalización del Estado y sus recursos, que llevó a regular en sentido amplio la economía, que implicó, en el caso del accionar de mutuales y cooperativas sancionando, la sanción de marcos regulatorios.

Para el caso argentino: “En la década de 1930, en un ambiente ideológico propenso al corporativismo, el Estado realizó permanentes esfuerzos por regular y controlar a las organizaciones sociales y en esa dirección se deben señalar los intentos para inventariar el número de organizaciones existentes, la creación de un registro nacional y en 1937 la primera iniciativa para definir las condiciones de las instituciones sin fines de lucro bajo una nueva ley fiscal. La primera mitad del siglo veinte se puede caracterizar como un período de crecimiento excepcional de las organizaciones sociales en un contexto de importantísimos cambios sociales con esfuerzos del Estado para establecer algún tipo de ordenamiento legal y operativo sobre el sector”79.

La primera ley cooperativa aparece en Colombia en 1931, ello implicó que “el cooperativismo fue creado principalmente por el Estado, la Iglesia Católica, los partidos políticos y los sindicatos. A partir de la crisis de 1929, se instauró el sistema, se diseñó su estructura legal y el cooperativismo comenzó a ser fomentado con visión pragmática y localista en una primera etapa —como correspondía a un país de estructura artesanal y campesina, predominantemente— y en una segunda fase, con visión desarrollista, vinculada a los planes de desarrollo del Estado”80.

En Uruguay, “Las primeras experiencias de cooperativas agrarias fueron impulsadas e inspiradas en la mutualidad y en promover el desarrollo de manera justa y solidaria. La Ley Nº 6.192 del 16 de julio de 1918, da origen a las “Sociedades de Fomento Rural”, uno de los dos pilares del cooperativismo agrario en Uruguay”81 “Las primeras experiencias de cooperativas de consumo datan de la última década del siglo XIX. Se consolidan a partir de la legislación específica, la Ley Nº 10.761 de 1946”82.

En cambio, el cooperativismo presenta en este período un crecimiento significativo, que lleva al Estado a regularlo y promover su crecimiento en base a parámetros legales estándares, que permita un tratamiento homogéneo a una infinidad de figuras que no se adscribían necesariamente a los principios internacionales del cooperativismo. Pero como contra cara, el cooperativismo

78 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional de la República Argentina. Claves para un desarrollo con equidad en América Latina - República Argentina”, en Economía social y su impacto en la generación de empleo: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina. Estudios referidos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, José Luis Monzón Campos (Director), Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), Madrid, 2010, pp. 48-49.79 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 49.80 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 29.81 Juan Pablo Martí, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., pp. 412-413.82 Ibíd., p. 379.

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pierde autonomía y comienza a hipotecar su capacidad de maniobra a la relación que establezca con el Estado.

En el caso de Brasil, esto se manifiesta, en que “las cooperativa de producción (el sector económico más importante) encontraron un ambiente favorable para crecer y multiplicarse en bases ambiguas, porque al mismo tiempo que se manifiesta un aumento importante de unidades productivas, estas se tornan cada vez más dependiente de las políticas gubernamentales: la política de crédito, subsidios fiscales, etc.”83.

En el caso de las mutuales, al estar orientadas preferentemente a los riesgos sociales a que estaban expuestos los trabajadores y la población en general, la expansión del Estado a este campo del bienestar y leyes laborales, redundó en una pérdida progresiva de protagonismo del mutualismo, en especial comparada con su influencia en el siglo XIX y principios del XX. Desde este momento, el mutualismo será un movimiento de menor proyección en la región.

5.3. Promoción

El inicio de esta etapa está dado por la creación de la CEPAL y la influencia de la guerra fría en la región (expresada en la Alianza para el Progreso), por lo que su comienzo estaría dado para la segunda mitad del siglo XX. Lo anterior se expresa en este período está marcado desde el punto de vista de los modelos de desarrollo, por el avance del desarrollismo y la promulgación de políticas de bienestar universales, que vinieron aparejadas con el crecimiento del Estado y la centralidad de éste como agente del cambio estructural.

En esta etapa, las cooperativas fueron vistas como el modelo organizativo para implementar grandes transformaciones, como fueron los procesos de reformas agrarias llevados a cabo en la región durante la década de los sesenta y setenta. La reforma agraria tuvo el apoyo de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso (USAID), que veía en esta estrategia una medida eficaz para reducir la influencia de la Revolución Cubana en el continente. De manera homóloga, la Iglesia Católica impulsó la reforma de sus campos, inspirada en la doctrina social de la iglesia. En ambos casos, la figura de la cooperativa para la entrega de tierras fue el modelo elegido, tanto por un tema de escala productiva, como por un tema de gestión.

Como plantea Martínez, para describir la influencia de “la promoción externa procedente de Estados Unidos y conducida por los gobiernos nacionales o la iglesia católica. Estos fenómenos alcanzaron máxima importancia durante la década de 1960, caracterizada por una gran efervescencia política e ideológica y la confianza generalizada en que el desarrollo podría impulsarse mediante cambios sociales fundamentales. La eficiencia y la tecnología se consideraban secundarias. Además, muchos de esos agentes promotores deseaban ofrecer alternativas a las amplias capas sociales desfavorecidas con el fin de frenar la influencia de la revolución cubana”84.

Esto tuvo como consecuencia directa, el estímulo estatal en la creación de cooperativas, integrando especialmente a población rural a este modelo organizacional. Por otra parte, vinculó de manera irreversible las posibilidades de mantención y crecimiento cooperativo a su relación con el Estado, lo que redundó en la perdida total de autonomía y la disolución de una agenda y proyecto propio.

En el caso de Colombia: “Comenzado la década de los años sesenta, el país tenía ya un relativo desarrollo del movimiento cooperativo, conformado por ideólogos, directivos, gerentes y entidades, que habían iniciado ya un proceso de formación de las primeras entidades nacionales de segundo grado, articuladas con las organizaciones latinoamericanas que integraban las cooperativas del continente y preocupado por los desarrollos teóricos y doctrinarios de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI. Con base en este incipiente desarrollo y frente al impulso de un programa

83 Peixoto de Albuquerque, Paulo, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 114.84 Martínez, Jorge Coque, “Las cooperativas en…”, Op. Cit., p. 154.

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regional impulsado por el gobierno de los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, que buscaba modernizar el campo dando un papel importante a las cooperativas en ese proceso, llevaron a buscar la modificación de la ley de cooperativas (…). Se expidieron así los decretos con fuerza de ley números 1587, 1598 y 1630 de 1963, que hicieron posible respectivamente, la citada reforma y la creación de las entidades mencionadas”85.

Caso similar es el de Ecuador: “la evolución en el país fue lenta; desde 1919, año en que se fundó la primera cooperativa, hasta 1937, en que se dictó una ley, sólo se crearon cuatro cooperativas más. El auge se produjo en los años sesenta y fue impulsado por la Alianza para el Progreso”86.

Para el caso de Chile: Esta etapa tiene sus orígenes pocos años antes de la II Guerra Mundial, y tiene entre sus principales características la consolidación de un Estado fuertemente organizado, y cada vez con mayores atribuciones y realizaciones, que asume a la vez un rol central en el proceso final de industrialización del país (…). Durante este periodo, el Estado toma un rol protagónico en el quehacer de las organizaciones relacionadas a la Economía Social, existiendo por un lado un marco de promoción desde su legalidad, con reconocimiento jurídico de ellas, como también, supervisando su acción, lo cual pudiese traducirse a que las organizaciones pertenecientes a éste sector pasaron a funcionar como una institución estatal más”87.

Lo que se hay que reconocer, es que la reforma agraria en la región no sólo fue un cambio en la estructura de propiedad rural, sino, quizás aún más relevante, fue la integración a una ciudadanía plena de la población campesina, y dentro de ésta, el fortalecimiento de las herramientas asociativas, como es la sindicalización campesina y las organizaciones cooperativas.

No obstante este proceso de reforma agraria impulsado en la región, hay que tener presente que las dos más grandes economías de Sudamérica no experimentaron cambios en la estructura de propiedad agrícola, como son los casos de Brasil y Argentina; y en el caso de México, este proceso se había llevado a cabo con antelación en la Revolución Mexicana de 1910.

5.4. Represión

El proyecto desarrollista y de cambio estructural basado en la participación y en la justicia social, se vio tempranamente truncado en la región. Ya en la década de los cincuenta y sesenta, una serie de gobiernos civiles fueron reemplazados por gobiernos de facto o dictaduras militares, situación que se transformó en generalizada en la década de los setenta.

En este contexto de pérdida de las libertades civiles, las organizaciones asociativas eran vistas con recelo y desconfianza por su estructura participativa y democrática, al tiempo que habían sido una aliada en los procesos de transformación social impulsados en la etapa anterior.

Este manto de sospecha decantó en una política sistemática de represión. Ello redundó en el fin del financiamiento y apoyo estatal, que como antes se señaló, al haber crecido de manera inorgánica promovida por el Estado, al ver truncado su financiamiento, vio limitadas severamente su sostenibilidad. Por otra parte, esta vinculación al cambio estructural y fuerzas progresistas, se expresó en la represión de las organizaciones existentes (muchas veces mediante violencia) y limitaciones para la creación de nuevas cooperativas; promoviendo la atomización de las personas. Por ejemplo, en el caso de Chile, la tierra cooperativizada mediante reforma agraria, pasó a constituir propiedad individual.

El tipo de organizaciones asociativas que proliferó en este período, fueron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que fue la estructura que tomó la cooperación internacional para

85 Dávila Ricardo y Felipe Medina, “Informe diagnóstico nacional de Colombia””, en Economía social y su impacto en la generación de empleo: Claves para un desarrollo con equidad en América Latina. Estudios referidos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, José Luis Monzón Campos (Director), Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), Madrid, 2010, pp. 278-279.86 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 29.87 Mario Radrigán (Coordinador) et al, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., pp. 183-184.

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luchar por el respeto a los derechos humanos en este contexto socio-político. Dentro de esta labor, estas organizaciones desarrollaron programas de apoyo a sectores carenciados o perseguidos políticamente, algunos inclusive de economía solidaria, pero su foco fueron los derechos humanos.

En el caso argentino: “A la caída del peronismo, la extendida etapa de profunda conflictividad social e inestabilidad política inaugurada con el golpe militar de 1955 se prolongó hasta el reestablecimiento de la democracia en 1983. Los levantamientos militares y golpes de estado que se produjeron, se manifestaron en coyunturas de fuerte represión de las organizaciones sociales, generándose en la sociedad civil amplias divergencias y desarrollándose nuevas organizaciones culturales y científicas junto con organizaciones de defensa de los derechos humanos, que tendrían un rol fundamental en la reafirmación de ideales democráticos para el sector”88.

Para Chile: “entre 1973 y 1990, se caracteriza por la dictadura militar que aplica una política anti-organizaciones sociales, donde se disuelven organizaciones, sobre todo las de carácter reivindicativo y social, la persecución de sus dirigentes y lógicamente, la desaparición de los programas gubernamentales de apoyo al sector. La gran mayoría de organizaciones dejan de funcionar y desaparecen. La política durante la dictadura también incluyó la entrega de títulos individuales a los reformados, como una forma de minimizar la importancia de las organizaciones. Para la mitad de los años 80, (…) se empezó a abrir el país a mercados internacionales, que beneficiaban a la gran empresa”89.

En Uruguay, por su parte: “Durante la dictadura militar (1973-1984) las cooperativas de trabajo, al igual que otras expresiones del movimiento popular, fueron perseguidas y obstaculizado su desarrollo”90. Y en Argentina: “Con el Gobierno Militar (1976-1983) y las políticas neoliberales, decae el número de cooperativas y socios”91.

El Estado burocrático autoritario, como las denominó O’Donnell92 a las dictaduras latinoamericanas, por su carácter técnico-burocrático, que se evidenciaba en una orientación centrada en la eficiencia de la gestión estatal, se expresó en programas de racionalización y organización del sector público, tendiente a la reducción del Estado.

En sentido contrario, Costa Rica al tener un gobierno democrático experimenta en este período una explosión del movimiento cooperativo: “Las décadas del ‘70 y ‘80 fueron las de mayor auge del cooperativismo, por el impulso del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, llegando a 591 cooperativas en 1986. Durante ese mismo período se moderniza el INFOCOOP, y se asignan recursos materiales y económicos, al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa”93.

5.5. Asimilación

Muchos de estos regímenes militares comenzaron un proceso agresivo de reducción del Estado, que sumado a la desarticulación del tercer sector, dejó el campo abierto a la expansión del mercado como asignador de recursos y proveedor de servicios sociales. El retorno de los gobiernos democráticos a la gran mayoría de América Latina desde medidos de los años ochenta y los noventa, no vino acompañado de un cambio de giro en la política económica, sino que todo lo contrario, una agudización de las medidas tomadas en la etapa anterior, que se manifiesta en la preponderancia en el diseño de políticas públicas que tuvo el denominado Consenso de

88 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 49.89

FAO, “Cooperativas campesinas y…”, Op. Cit., p. 136.90 Juan Pablo Martí, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., pp. 379-380.91

FAO, “Cooperativas campesinas y…” Op. Cit., p. 61.92 O'Donnell, Guillermo, “Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio del Estado burocrático-autoritario”. CEDES/ G.E. CLACSO, n°1, Buenos Aires, 1975.93

FAO, “Cooperativas campesinas y…”, Op. Cit., pp. 171-172.

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Washington94, impulsado por las instituciones de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este “Consenso” estaba basado en diez reformas estándar que debían aplicar los países en vías de desarrollo, que contemplaba medidas tendientes a la estabilización macroeconómica, la liberalización económica y la expansión del mercado en la economía interna.

Bajo este escenario, las fuerzas de mercado (la empresa capitalista) expandieron su radio de acción a los campos tradicionales del Estado (como la seguridad social, la educación, la salud, los monopolios naturales, etc.) y hacia los espacios del tercer sector que habían logrado sobrevivir a las burocracias autoritarias.

Esta situación llevó a una redefinición de la identidad de las cooperativas, que para sobrevivir debieron competir en las mismas condiciones que la empresa capitalista, con la dificultad que por marcos regulatorios, tenía menos movilidad y flexibilidad, como también, menores posibilidades de utilización de los instrumentos de mercado para su expansión y consolidación (como los créditos, instrumentos de fomento, restricciones en algunas áreas de la economía, entre muchas otras).

Este abandono estatal, llevó a la búsqueda de estrategias de sobrevivencia de las cooperativas, que buscaron en la reducción de costos, la concentración, y las economías de escala poder competir y sobrellevar este duro escenario. La mayoría sucumbió, pero las que sobrevivieron, no mostraban grandes diferencias de una empresa capitalista estándar, por lo que la identidad cooperativa quedaba desdibujada.

En el caso de Brasil: “En la década del 80, las organizaciones que controlaban el cooperativismo brasileño se mantuvieron al margen de las luchas por la redemocratización política del país y de las discusiones sobre los impactos negativos generados por la adopción del modelo agrícola basado en la “Revolución Verde”. Además de transformarse en simples establecimientos comerciales, las cooperativas tradicionales dispusieron medidas de selección de asociados, priorizando la creación de sistemas productivos para exportación y la instalación de sistemas de integración y viabilizar la formación de complejos agroindustriales de mediano y gran tamaño. En muchos casos, reafirmaron un modelo de explotación predatoria cuyas consecuencias ambientales ya se están sintiendo en varias regiones. El gigantismo de estas cooperativas era reforzado por la adopción de una lógica financista, en la cual había poco espacio para la defensa del asociativismo de base, la promoción de la educación cooperativista y la participación y solidaridad con los asociados, de menor poder adquisitivo”95.

Para Chile, “el entorno político y económico de la sociedad chilena ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, ello ha repercutido profundamente en el movimiento cooperativo chileno. Muchas empresas se han transformado fuertemente, adaptándose a las condiciones de economía de mercado liberal, otras están en vías de hacerlo y otras muchas han desaparecido o desaparecerán, si no se adecuan a las nuevas condiciones”96.

En el caso de Costa Rica, que había experimentado una explosión en la etapa anterior, a contrasentido de la región, en los noventa se une a la tendencia decreciente en importancia del sector cooperativo: “… la década de los 90 fue crítica para el sector, por los efectos de los Programas de Ajuste Estructural y la crisis financiera, que afectó principalmente a las entidades de servicios (ahorro, crédito y vivienda)”97.

En este período, las Organizaciones no Gubernamentales muestran un gran dinamismo, que se expresa en una diversificación de sus temáticas y áreas de interés. A las ONG’s vinculadas a temas de derechos humanos, surgen otras orientadas a temas medio ambientales, de género, de minorías sexuales, superación de la pobreza, entre otras. Es en este sector, donde emerge un

94 Término acuñado en 1989 por el economista John Williamson.95

FAO, “Cooperativas campesinas y…”, Op. Cit., p. 98.96 Mario Radrigán (Coordinador) et al, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., 2010, p. 189.97

Ibíd., pp. 171-172.

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pensamiento crítico a los modelos de desarrollo imperantes en esta etapa, y es desde donde se articula una reflexión que revitalizará al movimiento cooperativo y las asociaciones territoriales.

Para el caso de Argentina: “La democratización política iniciada en 1983, así como las reformas económicas que se adoptaron posteriormente, dieron forma al periodo más reciente de la historia de las organizaciones ciudadanas en Argentina, quienes jugaron un papel crucial en la transición a la democracia e inmediatamente después del derrocamiento del gobierno militar. Cabe destacar el crecimiento inusitado en el número y diversidad de estas organizaciones, algunas de las cuales se abocaron a la promoción de derechos (impulsando la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos por la última dictadura de 1976-1983), mientras que otras abogaron por nuevas causas, como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la reducción de la pobreza”98.

Es desde este contexto que surgieron voces críticas, que llamaron a una redefinición de la economía social y solidaria, y del rol que le cabe en ella al tercer sector.

5.6. Reinvención

Las críticas al Estado por el abandono del tercer sector, y al cooperativismo, por la pérdida de identidad, —que se expresó, inclusive, en el uso de la figura cooperativa por parte de empresas capitalistas para aprovechar los espacios de desregulación—, decantaron en una crítica global al modelo de desarrollo imperante, que exacerbaba el individualismo: “En este sentido, el neoliberalismo no fue solamente una política o ideología, sino más bien fue una cultura que inculca los valores del individualismo, el mercado y la empresa en detrimento de los valores colectivistas y las asociaciones autónomas”99

El surgimiento de marcos conceptuales alternativos, como es la economía social y la economía solidaria, calaron hondo en las organizaciones asociativas, lo que tuvo un impacto en la ciudadanía, que vio en este nuevo cooperativismo una alternativa económica, social y política a la hegemonía “neoliberal” (como se le tendió a motear), que ha encontrado en el Foro Social Mundial, una expresión política de dichas demandas.

Este nuevo movimiento asociativo logró reinventarse desde esta crítica, planteándose con mucha mayor autonomía respecto del Estado, recuperando la independencia que mostraba en la primera mitad del siglo XX. Así, más que demandar por una agenda de fomento por parte del Estado, lo conminó a una redefinición del área social de la economía, lo que rindió frutos en muchos países, inclusive en sus ordenamientos constitucionales o una redefinición de las normas regulatorias del sector, como han sido los casos de la gran mayoría de los países de la región, con procesos más o menos profundos, como son los casos de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, y otros. La excepción ha sido Chile, que ha tendido mediante su legislación a una mayor homologación entre las empresas capitalistas y las cooperativas.

En el caso de Colombia: “En el año de 1991 se adoptó una nueva Constitución Política de Colombia, que además de consagrar la solidaridad como fundamento del Estado, estableció que las empresas asociativas y solidarias deberían ser fomentadas y apoyadas y les asignó importantes tareas tanto en el campo social como en el de servicios públicos (…). La necesidad de desarrollar la Constitución del 91 en el tema de la economía solidaria, unido a la crisis del DANCOOP y la necesidad de regular la actividad financiera de las cooperativas, condujeron a que el Congreso de la República aprobara la Ley 454 de 1998, la cual abordó los temas planteados, estableciendo un marco conceptual para la economía solidaria, la creación del Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES y del Fondo para el Fomento de la Economía Solidaria, FONES”100.

98 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., pp. 49-50.99 Peixoto de Albuquerque, Paulo, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 124.100 Dávila Ricardo y Felipe Medina, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 280.

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Otro elemento, es que abrió el área social de la economía a formas asociativas más plurales que el mero modelo de las cooperativas, entendiendo en sentido amplio la asociatividad, no reduciéndola a una fórmula organizacional. Ello ha permitido reconstruir una base social, y reconstruir confianzas en la acción colectiva como medio de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar. “En este sentido, los años 80/90 contribuyeron a un esfuerzo de relectura del movimiento cooperativo en la región Sur, donde la mutabilidad de la acción social es caracterizada por la formación de redes horizontales, favoreciendo una manera diferente de pensar sobre la economía de la cooperación”101.

En el caso argentino, “La década de 1990, signada por la importante disminución en las áreas de intervención del Estado impulsó la ampliación, diversificación e intensificación de la actividad de las organizaciones sociales. Las crecientes demandas de vastos sectores de la población sumidos en situaciones de pobreza propiciaron la creación de organizaciones de base orientadas a resolver las múltiples necesidades alimentarias, sanitarias y educativas, cobrando mayor visibilidad las organizaciones de género y las vinculadas a minorías sexuales, así como el asambleísmo informal expresado fuertemente desde la crisis de 2001, y con expresiones persistentes a través de reclamos ambientales y en un prolongado conflicto en 2008 entre las entidades agropecuarias y el gobierno en torno de un tema fiscal”102.

Este escenario ha revitalizado al mundo cooperativo y de la economía social y solidaria en la región, que muestra diversos casos exitosos, al tiempo que evidencia un nivel de organización internacional inédito, que ha posibilitado el intercambio de experiencias y una agenda regional de desarrollo de este sector, expresado en un proyecto de Ley Marco para las Cooperativas, impulsado por la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas.

VI. Desafíos de futuro del cooperativismo

Es indudable que el escenario que enfrentan las cooperativas son más complejos, y requieren una mirada estratégica. Esto debido a que dentro de la categoría de cooperativas coexisten organizaciones muy diferentes, y pensar que entre ellas hay un isomorfismo entorpece la reflexión sobre los desafíos estratégicos de las cooperativas hacia este nuevo milenio, por ejemplo, “se enfrentan situaciones de heterogeneidad que se reflejan por un lado en las grandes organizaciones de carácter empresarial y por el otro, en pequeñas agrupaciones productivas de trabajo o establecidas como estrategia de subsistencia”103.

A este respecto, el último gran estudio sobre las cooperativas realizado por CEPAL el año 1989, describía con preclara certeza, las tendencias futuras del cooperativismo en la región, destacando el carácter heterogéneo y las necesidades diferencias de las organizaciones cooperativas, vislumbrando algunas directrices principales las probables modalidades que adquirirá el sector.

• “Incremento de grandes organizaciones cooperativas, con alta inversión de capital e insertas en los sectores más importantes de la economía, probablemente cada vez más afines con las de los países desarrollados, y con tendencia a la concentración.

• Surgimiento de nuevas modalidades cooperativas en sectores medios profesionales [Dentro de este grupo, se verán fortalecidas aquellas nuevas cooperativas constituidas por grupos medios e incluso altos, que planteen alternativas innovadoras en servicios profesionales, de salud y otros afines].

• Creación de organizaciones asociativas tal vez heterodoxas, generadoras de empleo alternativo en sectores medios y medios bajos, y probablemente promoción de esa modalidad, seguramente también con diferentes expresiones, según entorno social, como parte de políticas sociales de corte más asistencial que elaborarán algunos países de la región para

101 Ibíd., p. 140.102 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 50.103 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 27.

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paliar aunque sea parcialmente los efectos de la crisis en los sectores populares. Indudablemente estas modalidades representarán intereses necesariamente distintos; seguramente mostrarán grados y tipos de participación diferentes y es difícil predecir la fuerza que tendrá el movimiento cooperativo para emprender iniciativas conjuntas de colaboración. Probablemente si se pone énfasis en la necesidad de un desarrollo con equidad, autonomía y crecimiento y se rescatan las originarias ideas de solidaridad, ayuda mutua y democracia, se logrará crear una base adecuada de consenso si es que realmente el cooperativismo busca convertirse en un actor social más fuerte y un interlocutor válido en el debate sobre el futuro latinoamericano”104.

Este modelamiento es totalmente congruente con la taxonomía propuesta por Martínez en 2002, donde destaca dos líneas maestras de evolución del movimiento cooperativo regional:

• “Por un lado, están las cooperativas rurales más grandes y rentables, con potencialidad de apertura hacia países desarrollados. De hecho, sus posibilidades competitivas dependen de que se adapten a mercados mayores mediante procesos de integración. Estas cooperativas tienden a degenerar, esto es, a parecerse a empresas de base capitalista, pues, como sucede en muchas entidades similares en los países ricos, el incremento de eficiencia se correlaciona con disminución en la participación interna.

• Por otro, las cooperativas rurales pequeñas, donde se acumula la población socioeconómicamente media y baja, la economía campesina. Su panorama es incierto, aunque presentan potencialidades que deberían merecer una promoción adecuada, una vez se compruebe el papel de agentes de desarrollo rural que ofrecen muchas de ellas”105.

Este proceso de diferenciación ha decantado, por efecto del proceso de globalización económica, en un escenario totalmente distinto del experimentado por las cooperativas en los últimos 120 años, ya sea dentro del contexto de economías dirigidas o economías liberales. Este escenario plantea espacios globales de desenvolvimiento, donde cabe la pregunta si las cooperativas pueden integrarse de manera exitosa sin renunciar a su identidad y valores, y por contrapartida, como desde el espacio local pueden generarse estrategias y respuestas pertinentes globalmente.

Ante la primera consulta de las posibilidades de adaptación de las cooperativas a un escenario de desafíos globales, ello ha demandado una reinvención de éstas, donde existe la tensión de si las nuevas exigencias de mercados globales no implican una renuncia a los valores y principios promovidos por la ACI. Por el momento, las experiencias analizadas y los datos empíricos de las cooperativas europeas dejan en evidencia que aquellas que se han enfrentado a estos desafíos han sido capaces de salir fortalecidas tanto en su inserción de mercado, como en los principios y valores cooperativos: “la globalización económica ha generado nuevos espacios de actuación eficaz para las cooperativas que no basan su competitividad en la utilización intensiva de capital o en el desarrollo de plantas productivas con rendimientos crecientes a escala. La descentralización productiva, el desarrollo del sector terciario avanzado o cuaternario, ha propiciado nuevas oportunidades para empresas de pequeña y mediana dimensión que desarrollan ventajas competitivas basadas en el conocimiento, la tecnología y otros factores distintos de las economías de escala o de los precios”106.

El mismo estudio de la CEPAL de 1989 antes mencionado, destacaba la emergencia de nuevas formas de asociatividad, donde advierte que “Su permanencia —sin duda con magnitudes y contenidos diferentes, muchas veces sin ningún apoyo estatal— muestra la existencia de un ámbito económico y social ajeno a los tradicionales espacios entre el Estado y la empresa, que en estos momentos podrían aportar, conjuntamente con otros grupos, respuestas innovadoras destinadas a resolver algunos de los problemas que enfrentan los países”107. En estos términos, la

104 Ibíd., p. 14.105 Martínez, Jorge Coque, “Las cooperativas en…”, Op. Cit., p. 158.106 Monzón, José Luis, “El cooperativismo en…”, Op. Cit., p. 25.107 CEPAL, “Cooperativismos Latinoamericano. Antecedentes…”, Op. Cit., p. 23.

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intuición de la CEPAL resultó certera, en tanto en los últimos años, se ha visto justamente una multiplicación en América Latina de cooperativas y otras formas de asociatividad, que ha desarrollado una trabajo alejado del apoyo estatal, con completa autonomía y una ciudadanía organizada, que ha generado respuestas innovadoras a problemas tradicionales de exclusión económica, social, territorial y cultural. Ello ha dejado en evidencia, respecto de la globalización, que lo local continúa siendo relevante, en tanto, “la producción territorial, los mecanismos de gobierno territoriales, la ecología territorial y las identidades territoriales mantienen un significado importante en los comienzos del siglo XXI, siendo incontables los productos localizados que permanecen anclados a mercados territoriales particulares”108.

Uno de los alicientes a la asociatividad y la cooperación en los sectores más desposeídos de América Latina, está dado por la escasez de provisión de bienes sociales, que tradicionalmente fueron entregados por el Estado, que al verse disminuido en sus funciones la sociedad ha debido generar respuestas asociativas desde la economía social y/o el cooperativismo, lo que ha servido de caldo de cultivo para un nuevo impulso a la asociatividad, que se ha articulado con una crítica más general al modelo de desarrollo. En el caso europeo, nuevamente, se observa que “Las numerosas cooperativas sociales y otras empresas sociales109 que se están creando en toda Europa ponen de manifiesto la capacidad del cooperativismo para dar respuesta adecuada a los nuevos retos de la economía globalizada”110.

La economía social y solidaria, representa un marco conceptual que permite la articulación entre actores y organizaciones con los que comparte valores y criterios de actuación, todas las cuales están posicionando en nuestras sociedades como un polo de utilidad social entre el sector capitalista y el sector público (…). Desde esta perspectiva de la utilidad social, la Economía social se afirma a partir de un amplio y diverso conjunto de entidades microeconómicas de carácter libre y voluntario, creadas desde la sociedad civil para satisfacer y resolver las necesidades de los individuos, hogares y familias y no para retribuir o dar cobertura a inversores o a empresas capitalistas111.

Esta convergencia en la crítica a la aplicación al Consenso de Washington en la región, ha madurado en determinados lineamientos conceptuales sobre la economía social y solidaria, que ha impulsado la cooperación Sur-Sur y Triangular. Ello se debe a que son justamente los países emergentes quienes han desarrollado las respuestas mas innovadoras a los desafíos globales de pobreza y exclusión, pues las soluciones desarrolladas se encuentran en una mejor posición para ser adoptadas por provenir de realidades similares, por lo tanto, más fáciles de adaptar. Atrás de este espíritu de solidaridad, los países en desarrollo pueden ofrecer soluciones sostenibles a sus propios problemas y con un coste inferior. Por lo tanto, los esfuerzos de cooperación Sur-Sur, incluyendo la identificación de experiencias exitosas en un país y su adaptación y aplicación en otro, es un avance importante complemento para la difusión de los resultados del trabajo decente en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT112. Al mismo tiempo, permite la formación de redes entre los países en desarrollo y los donantes tradicionales en acuerdos triangulares que contribuyen a una globalización justa entre países113.

108 Monzón, José Luis, “El cooperativismo en…”, Op. Cit., p. 24.109 En los últimos años se ha desarrollado una amplia literatura sobre las empresas sociales distinguiéndose dos enfoques principales: el anglosajón y el continental europeo. El enfoque anglosajón, tiene su origen en los estudios de Leadbeater (1997) que contempla en el ámbito de la empresa social a cualquier fórmula empresarial con objetivos sociales. El enfoque continental europeo (Borzaga y Defourny, 2001) contempla a la empresa social en el seno de la economía social, como una forma de empresa organizada según los principios de la economía social cuya actividad está orientada hacia los colectivos vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión social.110 Monzón, José Luis, “El cooperativismo en…”, Op. Cit., pp. 25-26.111 Ibíd., p. 27.112 Amorim, Anita; Martinot-Lagarde, Pierre (Coord), “A Cooperação Cidade-Cidade, Sul-Sul e triangular”, OIT, Genebra, 2013, p. 8. 113 Ibíd.

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6.1. Desafío cooperativo de cuidado del medioambiente

El principio cooperativo de la ACI de “Compromiso con la comunidad”, sintetiza un valor basal del movimiento cooperativo, que es la vinculación real con los destinos de la comunidad donde se inserta la cooperativa. Ello plantea de manera automática, desafíos concretos de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad económico-social de todo proyecto que se emprenda.

Como ya se señaló en capítulos anteriores, las cooperativas dentro del marco general de la economía social y solidaria, no han quedado inmunes a este compromiso, que se ha expresado a nivel regional, en el Pacto Verde Cooperativo propiciado por la ACI para las Américas. En este contexto, “la economía social y solidaria basada en sus elementos constitutivos (cooperación, de autogestión, de solidaridad, de participación de los actores locales, el uso sostenible de los recursos, etc.), puede contribuir a repensar el modelo actual de desarrollo, en la dirección de desarrollo sostenible e incluyente, con repercusiones en el desarrollo local y territorial”114.

Dentro de las acciones emprendidas en materia de promoción y protección del medioambiente por parte de empresas cooperativas o de la economía social y/o solidaria, pueden estas agruparse en seis tipos:

a) Información: Que apuntan a la sensibilización social respecto del cuidado del medio ambiente.

b) Capacitación: Promover prácticas de cuidado medioambiental y sensibilización de los socios cooperativos sobre materias de cuidado del medio ambiente.

c) Reforestación: Acciones complementarias a las actividades cooperativas, de reforestación o cuidado del medioambiente del entorno social y local.

d) Estudios: Investigaciones que ayuden a develar el impacto de los temas medioambientales en el mundo cooperativo.

e) Incorporación de prácticas: Introducción en los procesos de las empresas cooperativas, medidas o acciones de cuidado del medio ambiente.

f) Área de negocios: Desarrollar proyectos de negocios vinculados al cuidado del medio ambiente, como empresas de reciclaje, por ejemplo.

Dentro de estas áreas de acción medioambiental, se buscarán ejemplos de diferentes países que representan buenas prácticas, para de esa manera ejemplificar posibles alternativas

a) Información:

• Crediservir (Colombia).

“La cooperativa de Ahorro y Crédito Crediservir en Colombia lidera el programa “Niños Solidarios Protegiendo el Medio Ambiente”, que se desarrolla en escuelas de enseñanza primaria. El objetivo es incentivar la cultura de la conservación ambiental, enseñando la importancia de los bosques, de la flora, la fauna y el agua, el reciclaje, promoviendo la clasificación de residuos sólidos (CRS) y compactando los desechos no biodegradables en botellas plásticas para reducir su impacto ambiental. Desde septiembre busca sumar nuevos centros educativos a los 10 que actualmente participan. Los niños y niñas adquieren el compromiso de clasificar los residuos sólidos y sembrar árboles en sus casas, con el seguimiento de los técnicos del programa Volviendo al Campo ejecutado por Crediservir”115.

114 Pereira Morais, Leandro, “Cooperaça o Sul-Sul…”, Op. Cit.115 ACI para las Américas, “Novedades ambientales de cooperativas en las Américas”, Boletín Verde Cooperativo nº 9, noviembre 2011, p. 1.

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b) Capacitación:

• Cooperativa Agroecológica del Litoral (Argentina)

“La cooperativa tiene una política ambiental de 24 disposiciones (agua y energías, materias primas e insumos, tratamiento de residuos y efluentes, higiene y seguridad laboral y otras) y un manual de buenas prácticas agroecológicas desarrollado en 13 apartados.

En el mes de marzo de este año, la cooperativa realizó un Encuentro Regional de Agroecología con más de 250 personas: mujeres y hombres del campo junto con docentes y funcionarios/as del Chaco y otras provincias argentinas. La jornada de dos días incluyó visitas a las parcelas agroecológicas e intercambio de conocimientos en el campo, exposiciones de las y los productores (sobre aspectos organizacionales, técnicos y políticos), un video-foro y trabajos en grupos. Según el reporte del Encuentro, el mejor resultado fueron las “caras de satisfacción y energías renovadas” para continuar con el compromiso con la práctica agroecológica cooperativa”116.

c) Reforestación:

• Coope-Ande No. 1 (Costa Rica)

“Coope-Ande fue fundada en el año 1965. Brinda servicios financieros y tiene una membresía de más de 39.000 personas en todo el país que son trabajadores y trabajadoras del sector educativo. Coope-Ande No. 1 también desarrolla proyectos con sus asociados/as, la población estudiantil y la comunidad en general para contribuir a la conservación del ambiente.

Coope-Ande No. 1 participa en el programa “Germinando Semillas” que promueve la conservación de árboles entre la población estudiantil. Es impulsado por los Ministerios de Educación Pública (MEP) y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y la Fundación de Parques Nacionales.

Coope-Ande No. 1 creó un mecanismo de recolección de fondos y durante el año 2010 esos fondos fueron destinados a apoyar la reforestación del río Torres en San José, donde se creará el primer jardín botánico de la ciudad, por medio de la Fundación de Parques Nacionales”117.

d) Estudios:

• Oficina Regional de la ACI para las Américas (Latinoamérica).

“Durante el año 2013, se realizó el tercer estudio anual independiente de cómo el funcionamiento normal de la Oficina Regional de Cooperativas de las Américas, contribuye a emitir gases de efecto invernadero, medidos según metodologías internacionales.

Las variables claves que miden el estudio son el consumo de combustible por transporte terrestre y aéreo, el consumo de energía eléctrica y la generación de desechos sólidos. Los datos se convierten en toneladas métricas de CO2 equivalente.

Los datos acumulados en tres años hacen ver que la Oficina Regional sostiene la tendencia a reducir el consumo de energía eléctrica, en promedio por persona”118.

116 ACI para las Américas, “Las cooperativas y las agendas locales y globales de sostenibilidad”, Boletín Verde Cooperativo nº 7, junio 2011, p. 4.117 ACI para las Américas, “Algunas iniciativas ambientales de cooperativas”, Boletín Verde Cooperativo nº 3, enero 2011, p. 2.118 ACI para las Américas, “Balance anual en materia ambiental”, Boletín Verde Cooperativo nº 15, marzo 2014, pp. 6-7.

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e) Incorporación de Prácticas:

• Cooperativa El Jordán (Honduras)

“Esta cooperativa está integrada por 19 mujeres y un hombre. Empezó sus actividades en 1998 después del paso del huracán Mitch con objetivo de limpiar y reforestar los manglares y la comunidad. Está ubicada en El Guapinol, municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca; rodeada por manglares del Golfo de Fonseca, afectados por actividades extractivas. La Cooperativa, con apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del Proyecto Global del Ambiente (conocido como GEF, por sus siglas en inglés) ejecuta un proyecto de Conservación del Bosque de Mangle para el Manejo de Moluscos, para la conservación del ecosistema de manglar y el manejo y aprovechamiento racional de moluscos”119.

• Cooperativa Obrera (Argentina)

“Basándose en el séptimo principio cooperativo: “Preocupación por la Comunidad”, la cooperativa implementa acciones tendientes a preservar el medio ambiente y capacitar a los consumidores en cuanto a la relevancia del tema. Sus acciones se basan en las propuestas realizadas en la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro (1992) adhiriendo a los informes y lineamientos definidos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC - ONU) y recuperando la experiencia de “Eroski”, “Coop-Italia” y CWS. Sus acciones se orientan a reducir al mínimo de la generación de residuos, fomentar el reciclaje y reducir de material innecesario de envases y embalajes”120.

“En este marco la CO implementó el Proyecto Medio Ambiental EcoBolsa, basado en la Ley de las 3R que plantea el objetivo de reducir el uso de bolsas de polietileno mediante la reutilización de una bolsa con mayor resistencia y durabilidad con la cualidad de ser reciclable”121.

• SAGUAPAC (Bolivia).

“Experiencia cooperativa en la gestión del agua y el ambiente Pionera a nivel mundial en la materia, en marzo de 2009 la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz (SAGUAPAC) inició la quema de biogás proveniente de sus Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTARs). Con el proyecto, la cooperativa recibirá “Bonos Verdes” por cada tonelada de gas metano eliminado. SAGUAPAC destina los fondos para construir un alcantarillado sanitario en los barrios aledaños a las lagunas de tratamiento.

La quema del biogás elimina malos olores provenientes de las PTARs y la destrucción del gas metano CH4. Los gases CH4 que lanzan las aguas servidas, contribuyen mucho más al calentamiento global que el CO2 que emite la quema del gas”122.

f) Área de Negocios:

• Catando Cidadania (Brasil)

“Uno de los principales ejes de trabajo del Proyecto Esperanza / Cooesperanza y Red Esperanza es el trabajo que está realizando con los Recolectores/as de Residuos Sólidos. Cientos de

119 ACI para las Américas, “Los humedales y las cooperativas”, Boletín Verde Cooperativo nº 4, febrero 2011, p. 4.120 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 67.121 Ibíd., p. 67.122 ACI para las Américas, “Las cooperativas en la gestión forestal, hídrica y de energías limpias”, Boletín Verde Cooperativo nº 5, marzo 2011, p. 5.

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recolectores/as que trabajan de manera organizada y asociativa, tiran de sus carros de forma individual en las calles de la ciudad con la alegría, la dignidad y la promoción de la ciudadanía a través del trabajo cooperativo”123.

“El reciclaje de los residuos domésticos urbanos, hoy es una gran alternativa para muchas familias excluidas del mercado laboral. Pensando en el Desarrollo Sustentable y el reto de la sustentabilidad social, que es efectiva con las acciones conjuntas de Organización Popular. La construcción de Políticas Públicas y la sensibilización de la comunidad, el fortalecimiento de la Preservación del Medio Ambiente, Ciudadanía, inclusión social, la generación de empleos e ingresos que es una manera de fortalecer la ‘Transformación para la Solidaridad’. En Santa María, se está construyendo con el esfuerzo conjunto de muchas entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la organización de una Central de Asociaciones, que trabajan con materiales reciclados”124.

• Cooperativa Coopima (Uruguay)

“La cooperativa Coopima producirá fibra a partir de botellas pets en su planta industrial. Esto es parte de un acuerdo binacional entre Uruguay y Brasil. El acuerdo establece una inversión por parte del gobierno brasileño en dicha cooperativa industrial uruguaya. En Brasil, el banco BNDES otorga 1.1 millón de reales no reembolsables a la Cooperativa de Catadores de Materiales Re-aprovechables (Coopere) por un acuerdo de 2008 con el Banco do Brasil. Coopere, una de las 21 cooperativas de recolectores en convenio con el municipio de Sao Paulo, mejorará la capacidad de recolección y proceso que hoy tiene un máximo de 253 toneladas por mes de residuos domiciliares, aunque el barrio de la Luz, donde opera, se generan más de 9 mil toneladas mensuales”125.

6.2. Desafío cooperativo de integración territorial

Las cooperativas, por principios y modelo de inserción económica, se articulan de manera directa con su entorno tanto territorial como social, lo que permite la comunión de valores y estrategias que se expresan en conductas solidarias con su entorno, al tiempo que comprenden que comparten un destino común. Ello permite que las cooperativa internalice los costos sociales y genere externalidades positivas. “Esta solidaridad con el entorno no solo es sincrónica sino que, al acumular patrimonios irrepartibles y aplicar el principio de “puerta abierta”, las cooperativas establecen un principio de solidaridad diacrónica, a través del tiempo, facilitando a las generaciones venideras un fondo de riqueza productiva con el que puedan asegurar una senda de crecimiento sostenido y sostenible”126.

Este sentido solidario con su entorno, permite plantear que las cooperativas son un instrumento ideal de integración de zonas rurales y apartadas a los circuitos de de mercado de bienes, que posibilite la colocación y acceso de su producción a los consumidores, lo que se realiza, mucha de las veces, basado en los principios del comercio justo y el cuidado medioambiental, lo que tiene por otra parte, importantes consecuencias positivas en lo referido a la seguridad y soberanía alimentaria. “Cabe señalar que cerca del setenta y cinco por ciento de la población pobre de los países en desarrollo, vive en áreas rurales. La mayor parte son pequeños productores que dependen de la agricultura, la pesca, los bosques y el ganado para obtener alimentos e ingresos, pero carecen de acceso suficiente a recursos y oportunidades para salir de la pobreza. Las

123 Peixoto de Albuquerque, Paulo, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 147.124 Ibíd., p. 147.125 ACI para las Américas, “En Panamá, la ACI-Américas lanzó la certificación de Oficina Cooperativa Verde”, Boletín Verde Cooperativo nº 11, junio 2012, p. 8.126 Monzón, José Luis, “El cooperativismo en…”, Op. Cit., p. 26.

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cooperativas y demás organizaciones rurales son un instrumento poderoso para ayudarles a construir y fortalecer su capacidad productiva y mejorar los medios de vida”127.

Bajo estos parámetros, existen dos vías de apoyo directo de las cooperativas a sus comunidades de inserción en territorios apartados, a la que se agrega un fenómeno de larga data, pero donde existen experiencias pioneras:

a) Acceso a servicios: Las cooperativas pueden ser una instancia intermediaria poderosa con el Estado y el mercado, en especial en lo referido a la provisión de bienes o servicios sociales, que por su aislamiento, son de difícil acceso. Al mismo tiempo, puede ser un agente coordinador y/o gestor de la provisión autónoma de los mismos.

b) Acceso a mercados: Como se señaló, el acceso a mercados de la agricultura familiar atomizada es precario y/o inexistente, por ello la labor de las cooperativas en la colocación de productos es clave en el mejoramiento de los ingresos de la población más aislada o aparatada, que bajo las reglas de comercio justo, puede ser un importante impulsor de la economía social y/o solidaria.

c) Población desplazada: La violencia política, los desastres naturales —cada vez más recurrentes en la región— han generado una demanda creciente de integración de dicha población que sufre este flagelo. Dicha integración no pasa solamente por el acceso a la vivienda y tierra, sino que requiere una inserción económica, que las cooperativas pueden proveer.

a) Acceso a servicios:

• Asocición Warmis – Sayajsungo (Argentina)

“La Asociación Warmis - Sayajsungo es una organización de mujeres collas que logró conformar un grupo de empresas que les posibilitó el reconocimiento entre las líderes sociales del mundo. Fundada en 1995, la asociación tiene su sede en el Municipio de Abra Pampa (…). Las iniciativas de la asociación permitieron hacer frente a sus necesidades por medio de la creación de un verdadero modelo económico, sin descuidar sus propios valores ancestrales (…). En la actualidad integran la asociación 2.850 familias de 70 comunidades en un área de 40.000 km2 (…)”128.

“Durante los primeros años, sin contar con apoyo financiero externo se movilizaron con el objeto de generar ingresos para los hogares y buscar respuestas a la grave situación de la salud de las mujeres, especialmente las residentes en el campo. Para la generación de ingresos genuinos buscaron mejorar la calidad de las artesanías que producían y ante la necesidad de conseguir recursos y poder resolver desafíos técnicos más complejos convocaron a técnicas/os con experiencia de trabajo en la zona y profesionales en desarrollo. Junto con ellos dieron forma a algunas ideas y así pudieron presentar proyectos de mayor complejidad en distintos organismos nacionales obteniendo los primeros recursos para continuar con las campañas de salud, la capacitación y la construcción de la sede de la asociación en 1998”129.

“Al crearse la asociación, la mayoría de las mujeres de Abra Pampa no contaba en la localidad con ginecólogos ni especialistas entre los médicos del hospital público aún cuando la incidencia del cáncer de útero en el noroeste y noreste argentino era mayor a la del resto del país y en algunas provincias, el indicador duplicaba el promedio nacional. Dadas las consecuencias en la salud de la población joven, una miembro de la asociación en el año 1993 aprovechó la visita casual de un ginecólogo proveniente de la capital provincial y le propuso asistir semanalmente a las mujeres de la zona. Además de la prevención, el médico detectó otras enfermedades y recién

127 FAO, “Cooperativas campesinas y…”, Op. Cit., p. 9.

128 Vuotto, Mirta, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 77.129 Ibíd., pp. 77-78.

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cuando la acción de las warmi mereció el reconocimiento del gobierno nacional contaron con fondos para atención sanitaria y recursos que permitieron levantar consultorios equipados para intervenciones quirúrgicas capacitándose además 30 promotoras de salud entre las socias (…)”130.

En particular, promover la salud materno-infantil y detectar los casos de cáncer uterino en las mujeres en edad fértil (…).Los beneficiarios de manera directa, fueron 15.162 personas de la Puna Jujeña (…). Como parte de ese desarrollo fue creada la “Casa de la Mujer y del Niño” en Abra Pampa, habilitándose consultorios de ginecología e implementando un fondo de medicamentos para aprovisionar a las comunidades aisladas”131.

b) Acceso a mercados:

• Centros Integrado de Economía Solidaria y Cidadania Guajuvirás (Brasil)

“Un elemento clave para la consolidación de las empresas de la economía solidaria, es su actuación en el territorio, aunque esto no suele ser suficientemente integrada en la definición de las prioridades y estrategias de las incubadoras. En este sentido, la metodología [implementada por el Centros Integrado de Economía Solidaria y Cidadania Guajuvirás] presupone la articulación territorial de negocios, trabajar con dos herramientas básicas: los clubes de intercambio (que le permiten desarrollar dinámicas diferenciadas para estimular la circulación de bienes y servicios en el territorio) y los Centros para la producción y la cualificación profesional (que permiten un espacio físico para desarrollar las actividades de los grupos).

Se entiende que el Centro puede servir como elemento potenciador de la acción de grupos, tanto con respecto a sus propios resultados, como la difusión y la visibilidad de la propuesta como de sus impulsores: en la economía solidaria, la integración más efectiva en la comunidad es la construcción de iniciativas…”132.

“La inserción en las redes productivas y de comercialización es otro elemento clave para la consolidación de las empresas económica solidarias, y en este sentido, la incubadora identifica sectores económicos prioritarios, tratando de enfocar el trabajo con el fin de medir los resultados, tanto cuantitativa como cualitativamente. En este sentido, la propuesta es desarrollar un trabajo centrado en los sectores de alimentación, reciclaje y artesanía, que se refieren a las dimensiones importantes de la vida de los trabajadores, en relación con: el medio ambiente, la alimentación y la cultura”133.

c) Población desplazada:

• Programa destinado a la población reinsertada o desplazada (Colombia)

“Podrán ser beneficiarios del crédito, la población del territorio nacional, individualmente considerada y calificada como Víctimas del Conflicto Armado Interno y Desplazada, y las Asociaciones o Agremiaciones de productores, Cooperativas no financieras y las ONG, que asocien, agrupen o integren a población calificada como Víctimas del Conflicto Armado Interno y Desplazada”134.

“El programa gubernamental busca apoyar las iniciativas empresariales para actividades agropecuarias que tengan la población reinsertada o desplazada. Se financia hasta el 100% de los

130 Ibíd., p. 79.131 Ibíd., p. 79.132 Peixoto de Albuquerque, Paulo, “Informe diagnóstico nacional…”, Op. Cit., p. 150.133 Ibíd., pp. 150-151.134 Banco Agrario de Colombia, “Programa especial para la financiación de proyectos desarrollados por población víctima del conflicto armado interno y desplazada”, disponible en línea en: http://www.bancoagrario.gov.co/Agropecuario/LineasEspeciales/Paginas/FinanProyPobVictimas.aspx

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costos directos del proyecto. Se benefician las asociaciones o agremiaciones de productores, cooperativas financieras y ONG’s que desarrollen actividades productivas integrando la población vulnerable afectada por el conflicto”135.

VII. Conclusiones

Es indudable que las cooperativas y otras formas de asociatividad, se encuentran en un punto expectante de enorme crecimiento y potencial en la región. Ello representa para el Estado una oportunidad de revincularse con un sector de la economía social de enorme impacto en temas sensibles, como es la integración económica de sectores vulnerables, el impacto en la generación de empleo, la importancia en la soberanía alimentaria, su impacto en la protección del medioambiente y la integración de territorios aislados, entre muchos otras potencialidades positivas de desarrollo.

Por ello, los gobiernos de la región deberían ver al movimiento cooperativo como un aliado, para lo cual deben “tender a generar leyes y normativas que faciliten la conformación y el funcionamiento de cooperativas de manera expedita. Dichos marcos regulatorios deben garantizar instancias de apoyo a su conformación, funcionamiento en el mercado (financiamiento, asistencia técnica, acceso a mercados, y otras) y gestión (fortalecimiento institucional y profesionalización). Reglas que faciliten que las cooperativas absorban el costo de cargar una base social que, por sí sola, no tiene las condiciones de actuar en el mercado y que, de cierta manera, sería un “costo país” en el sentido que las políticas públicas deben promover procesos de movilidad social”136.

El peligro de cooptación por parte del Estado es grande, como bien da testimonio la historia de los últimos 120 años del movimiento cooperativo en América Latina, y los resultados de dicha cooptación fueron nefastos, pues si bien el movimiento cooperativo se expandió, hipotecó sus posibilidades de crecimiento orgánico, debiendo enfrentar una aguda crisis. Por ello la autonomía que evidencia actualmente, resulta un escenario favorable para una relación virtuosa con el Estado, donde exista una potenciación mutua.

Por su parte, es interesante el espacio de mercado que ha ido ganando progresiva mente el movimiento asociativo, que bajo las orientaciones de la economía social y/o solidaria ha ido instalando la idea del comercio justo y el consumo responsable. Ello plantea la importancia de marcos ideológicos y/o teóricos, pues facilita la articulación entre actores de la economía social, y la acción conjunta con la emergencia de un nuevo consumidor consciente.

Otro elemento clave, que se desprende de los casos analizados de buenas prácticas, es la progresiva articulación internacional del movimiento cooperativo, que ha permitido la concreción de acuerdos regionales que han comenzado a rendir frutos.

Finalmente, es importante destacar la articulación con el territorio que muestra el movimiento cooperativo, que ve en el progreso de su entorno el progreso propio. Esta unión de destino, transforma al cooperativismo en un actor relevante del desarrollo local, el cual tiene un espacio enorme de crecimiento.

135 Dávila Ricardo y Felipe Medina, “Informe diagnóstico nacional Ibíd., p. 222.136

FAO, “Cooperativas campesinas y…”, Op. Cit., p. 50.