UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE VERACRUZ

TEMA:

La cuestión Nacional en el origen de la seguridad nacional

MATERIA:

SEGURIDAD NACIONAL

DOCENTE:

Lic. Héctor Zapata Franco

ALUMNO:

MANUEL BUSTAMANTE MORA

Coatzacoalcos, Ver. 25 Junio del 2013

INDICE

PAG

INTRODUCCION 3

I.LA CUESTIÓN NACIONAL EN EL ORIGEN DE LA SEGURIDAD NACIONAL 4

II. NACIONES TEMPRANAS Y TARDÍAS 12

III. PACTO SOCIAL 13

SEGURIDAD NACIONAL

III.I El pacto social y la soberanía popular

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IV. MERCADO Y CONTEXTO INTERNACIONAL 17

CONCLUSIONES 22

BIBLIOGRAFIA 23

INTRODUCCION

Según el experto en materia de Seguridad Nacional Alejandro Martínez Serrano la definición planteada para dicho concepto es: La Seguridad Nacional de todo Estado define una serie de valores y propósitos fundamentales que pretende alcanzar y mantener, y que se consideran esenciales para su desarrollo y hacia donde se orientan los esfuerzos, las energías y todos los recursos disponibles…”

En base a este concepto se pueden clasificar los valores y propósitos en primer lugar como las pretensiones o deseos de una comunidad o nación con el propósito de lograr su bienestar y seguridad, en segundo lugar como los deseos y pretensiones del gobierno, que sirven de guía en un Estado, para determinar la política nacional, donde se incluyen la auto conservación, la independencia, la integridad territorial, seguridad militar y bienestar económico. El último recurso lo marcan los objetivos nacionales establecidos por la política de un país, incluyendo en si postulados o principios básicos permanentes, que

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definen modos de vida y cuyo logro implica un beneficio para los intereses de la nación.

En general se conoce como Seguridad Nacional a la condición permanente de soberanía, libertad, paz y justicia social que dentro de un marco institucional y de derecho procuran en nuestro país los poderes de la Federación mediante acción armónica, coordinada y dinámica de los campos del poder político, económico, social y militar, con el fin de alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales y preservarlos tanto de las amenazas en el ámbito interno como de las procedentes del exterior.

I. LA CUESTIÓN NACIONAL EN EL ORIGEN DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

En las llamadas democracias liberales o Democracias de Libre Mercado, según el eufemismo con el que se nombran hoy en día a los países desarrollados en el marco del Nuevo Orden Mundial, se considera que las fuerzas armadas deben estar bajo el control civil.

La contribución múltiple de las Fuerzas Armadas Mexicanas a la gobernabilidad y, en particular, a la seguridad tanto pública como nacional data de décadas. Sin embargo, la participación militar en ambas seguridades se ha ampliado a lo largo de los últimos 15 años debido a la sucesión de crisis económicas y políticas, y sus impactos sociales negativos; la menor capacidad de mediación de las instituciones del Estado mexicano; el fortalecimiento de distintos actores no estatales (el crimen organizado y en

particular el narcotráfico, comandos guerrilleros y movimientos sociales antisistémicos), y la recomposición de la cúspide de la clase gobernante y de la clase empresarial a causa de la transición “democrática” dirían algunos analistas, oligárquica, señalaríamos otros.

El termino militarización se ha vuelto de uso común y cotidiano en nuestro país, significando que la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas se van haciendo cada vez más conspicua en diferentes

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regiones, ámbitos sociales y espacios públicos, manifestándose la mayor de las veces con acciones de tipo coercitivas. Otro elemento que acompaña a esta concepción es que la relación entre militares y sociedad, y en particular el poder civil, se ha ido modificando aceleradamente. Las relaciones militares-civiles han estado marcadas por la existencia de un pacto cívico-militar vigente desde los cuarenta, en el cual los militares respetarían a capa y espada al poder civil y éste le correspondería igual. Este pacto ha llevado inclusive a la inhibición del conocimiento en la opinión pública de las fuerzas armadas por parte del estado mismo. Los cambios políticos sufridos por el Estado mexicano en la última década no han ido acompañados por la necesaria adaptación de las instituciones dedicadas a la seguridad nacional y la defensa, las cuales “no han atravesado por la necesaria adaptación a nuevas circunstancias”. Algunos expertos consideran que la mayoría de los controles civiles objetivos y subjetivos se encuentran en crisis parcial en nuestro país debido a que la transición política y los conflictos político-militares ponen en cuestionamiento al poder presidencial y al partido de Estado en sus anteriores usos y costumbres políticas, no sólo con los militares, sino con amplios sectores de la sociedad. En esta perspectiva, dada la situación actual de la realidad mexicana, es difícil que se dé un regreso rápido a las formas de control civil objetivo, así como el regreso de los militares a los cuarteles.

Algunos analistas estadounidenses varios de ellos militares, también enfatizan el creciente papel de los militares mexicanos en la ecuación de seguridad nacional a partir de 1968, la nuevas orientación de seguridad nacional, en la práctica implico un creciente involucramiento de los militares en la recolección de información política de inteligencia en contra de grupos subversivos existentes y de otros percibidos como tales, e inclusive la participación de elementos militares en grupos paramilitares para acabar con “grupos extremistas”; se hizo norma una cooperación conjunta entre la policía, especialmente agentes federales y los militares.

Cuando se habla de seguridad nacional de un Estado es importante tener en cuenta las características geopolíticas de ese Estado, así como la naturaleza de las amenazas a esa seguridad. En el caso de México, la vecindad con Estados Unidos le plantea dos escenarios en torno a su seguridad nacional. Por un lado, la contigüidad geográfica con la primer potencia militar del mundo nos inserta de facto en su perímetro de defensa y seguridad nacional, alejando cualquier

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posibilidad de un ataque convencional a nuestro país, entendiendo por convencional el ataque militar de un Estado a otro. Por otro lado, la cercanía inmediata con el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, así como el principal productor y vendedor de armas pequeñas al público en general, coloca a México en el centro de las operaciones del crimen organizado que tiene como principales negocios el tráfico de drogas y de armas. Con acceso por el Océano Pacífico y el Golfo de México, así como una infraestructura carretera producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México presenta importantes ventajas geográficas para las operaciones del crimen organizado. La poca capacidad del país para resguardar sus fronteras políticas y la nula existencia de fronteras geopolíticas que potencien la acción del Estado para enfrentar las operaciones del crimen organizado en Centro y Sudamérica, han vuelto sumamente vulnerable al país. Asimismo, la naturaleza empresarial y trasnacional del crimen organizado lo convierte en un actor con gran capacidad económica, movilidad a través de las fronteras y determinado a realizar cualquier actividad ilegal para sostener su estructura operativa, valiéndose de la corrupción el asesinato y potencialmente el uso de tácticas terroristas. En la medida que esa estructura operativa permea las estructuras tanto del gobierno como de la sociedad a través de su capacidad económica y de violencia, entonces estamos frente a un nuevo paradigma de amenazas a la seguridad nacional.

En retrospectiva, podemos afirmar que de 1994 a 2000 los cambios internos en las respondieron a la conflictividad política de manera inocultable. Así por ejemplo, en 1995, las repercusiones del conflicto guerrillero en Chiapas en las fam fueron múltiples en varios aspectos: en cuanto a la organización se crearon numerosos comandos de fuerzas especiales y transportados por el aire, crecieron las unidades encargadas de la logística, del transporte terrestre y aéreo, y de inteligencia; se adquirió o se produjo más equipo y armamento y se compraron vehículos terrestres y aéreos livianos; se aumentó la estructura educativa con la fundación de las escuelas militar de inteligencia y la de operaciones especiales; se modificó el funcionamiento interno al organizarse maniobras conjuntas del Ejército y la Fuerza Aérea con la Marina, una jefatura autónoma de la aviación y un comando conjunto de las tres fuerzas armadas, se reestructuró la labor de comunicación social por la vía de organismos responsables o de diputados y senadores militares con licencia, y por medio de planeación

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estratégica, se utilizaron dispositivos de acción principalmente de carácter contraguerrillero y antinarcotráfico.

La estrategia de seguridad pública federal antinarcóticos es de corte represivo y reactivo y, muy secundariamente preventivo de los delitos del narcotráfico y la drogadicción. Está centrada en una cadena de acciones que así lo demuestran: investigación, persecución, arresto, consignación, enjuiciamiento y encarcelamiento, aunque estos eslabones se cumplen a medias a causa de otros factores, a saber, ineficiencia, corrupción e impunidad policiaca, judicial y carcelaria. El fortalecimiento de esta estrategia descansa en el modelo incremental: si los narcotraficantes aumentan la calidad del entrenamiento y armamento de sus paramilitares y la violencia de sus acciones, así como de los pagos para la corrupción, entonces, se requiere de más policías y militares, armamento más moderno, respuestas contundentes, equipo técnico superior y mejores salarios, y así se razona sobre cualquier aspecto técnico bélico. Se tiende a sobreestimar los elementos materiales sobre los morales en la llamada guerra antinarcotrafico. Es decir, para el caso del aumento de salarios, no se reconoce que ningún Estado del mundo puede competir con el crimen organizado, pues este último puede duplicar o triplicar los pagos fácilmente. Por esto, los incentivos morales (ceremonias de reconocimiento público, acenso de rango, entrega de medallas y diplomas, etcétera) son fundamentales así como que el funcionario civil o militar posea vocación profesional. Lo anterior no supone que no tenga ingresos decorosos y prestaciones sociales atractivas.

El modelo por incremento se complementa con lo que las autoridades afirman que es una estrategia anticriminal integral: estrecha cooperación y coordinación e intercambio de inteligencia interinstitucional y entre las policías municipales, estatales y la federal para poder realizar operativos conjuntos contra el crimen profesional, así como con la contraparte del sistema judicial y penitenciario.

En consecuencia, frente al aumento exponencial de delitos de alto impacto (como secuestros, violaciones, narcoejecuciones) y comunes (como asaltos en la vía pública, robos a viviendas y de autos) se deben presentar soluciones al crimen profesional: acciones más represivas en el plano legal, las que a su vez reproducen la mirada represiva antidelincuencial del gobierno.

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Una primera visión y solución reduccionista es la de carácter jurídico. Se parte de la necesidad de tipificar nuevos delitos como rebajar la edad penal debido a que cada vez más menores de edad están implicados en la distribución de narcóticos y de armas, o bien, aplicar la pena de muerte, también aumentar las penas pecuniarias y años de encarcelamiento como factor disuasivo. Además, se afirma que se debe ofrecer capacitación legal a policías y a empleados judiciales, elaborar reglamentos de responsabilidad de servidores públicos, promulgar leyes anticrimen, etcétera. En fin, actualizar el entramado legal y capacitar a quienes van a aplicarlo.

Otra versión simple sostiene que la deficiencia básica para abatir el crimen profesional es técnica y burocrática, o sea, organizativa y logística. Esto significa que, por un lado, se requiere mayor coordinación y cooperación interinstitucional entre los organismos civiles y militares del Esta do, así como con sus contrapartes norteamericanas por el camino del intercambio de información confidencial y estadística y la planeación de acciones conjuntas y, por otro, se argumenta que se requiere de entrenamiento especializado, equipos de comunicación y armamento modernos, y transporte aéreo, terrestre y marítimo. Todo encaminado a fortalecer la profesionalización policiaca acompañada de altos salarios para atraer el reclutamiento y disuadir a los elementos de que cometan actos de corrupción. Cooperación, coordinación y profesionalismo con y entre funcionarios de carrera, son, según esta perspectiva, la clave para la batida antinarcóticos y anticriminal.

Resulta obvio que para poner en marcha el proceso descrito se requiere de un enorme presupuesto público anual. Es importante destacar que los argumentos mencionados responden a una visión mecanicista al considerar que no se avanza en el mejoramiento de la seguridad pública y el combate al narcotráfico porque falta mayor coordinación, mejor planeación estratégica, más policías y jueces profesionales, etcétera. O bien, se arguye, falta presupuesto adecuado.

Una tercera variante de esta índole para explicar las derrotas frente a los narcotraficantes, es de corte voluntarista. No existe, se afirma, voluntad clara del Presidente y de los altos funcionarios civiles y militares para ampliar la campaña contra el crimen transnacional. Si bien es indudable que se requiere voluntad personal o colectiva para realizar cualquier acción, se subestiman las barreras estructurales de carácter cultural y económico-social, como la extendida narcocultura entre los jóvenes, quienes forman parte del ejército de desempleados,

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además de los más de 55 millones de pobres y pobres extremos en donde el crimen organizado recluta a sus operadores. Por ejemplo, con 0.5% de esa cantidad estaríamos hablando de 275 000 personas: cifra, de hecho, muy reducida ya que solamente los narcotraficantes cuentan con un estimado de colaboradores de 500 000 personas, reportó el alto mando militar. A esta población habría que agregar un número indeterminado de bases de apoyo social de otras actividades delictivas como el tráfico ilegal de migrantes, mujeres, niños, armas, mercancías de contrabando o robadas, órganos humanos, prostitución infantil, etc.

Una cuarta explicación es la culturalista y se refiere a las características de la población, especialmente a los jóvenes. Voceros gubernamentales y religiosos dicen que éstos carecen de actitudes y valores cívicos (patriotismo, solidaridad, honestidad), religiosos (amor al prójimo, humildad, fe, servicio a la comunidad), familiares (obediencia a los padres y sus normas) y legales (respeto al Estado de derecho y a las instituciones). Esta visión no se pregunta por qué la juventud actual no cree en la patria, Dios o el Estado. Considero que ello responde no únicamente a los grandes niveles de desempleo y pobreza sino a la falta de expectativas de mejores condiciones de vida y a que forman la generación que ha vivido las crisis económicas recurrentes de las últimas dos décadas.

El quinto enfoque analítico del por qué no hay resultados positivos en seguridad pública se centra en la extendida impunidad, tanto institucional como social, que se reproduce con base en la corrupción y la ineficiencia administrativa, pero que también, se afirma, obedece al peso de la herencia priista donde los bienes y servicios públicos son vistos por los funcionarios policiacos y los jueces como patrimonio personal que se les otorga a discreción. Para erradicar la cultura de la impunidad en los servidores públicos se requiere su profesionalización, cambiar su mentalidad por una de servicio público y elaborar reglamentos que definan sus acciones de forma que policías, ministerios públicos, jueces y magistrados se guíen por criterios de imparcialidad y honestidad, y para que los criminales tengan la certeza de que van a ser arrestados, consignados y enjuiciados.

En México donde hay tantas necesidades sociales insatisfechas, el análisis del costo-beneficio sale sobrando, sobre todo en el caso de los delitos ocasionales o circunstanciales de donde se nutre el crimen profesional. Claro, esto último es válido si estamos hablando de un

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régimen político democrático (uno no dictatorial), que cuenta con un Estado de derecho mínimo, como en México.

La sexta explicación acerca del avance o del estancamiento de la guerra anticriminal es la corresponsabilidad, es decir, de forma reiterada las autoridades federales, especialmente el Poder Ejecutivo, indican que si las autoridades estatales y federales no combaten el narco con sus facultades legales en sus territorios, es imposible avanzar; lo mismo se dice del Poder Legislativo, cuando no aprueba con celeridad iniciativas presidenciales de ley para confrontar al crimen profesional.

La última explicación es de corte militarista. Debido a que las Fuerzas Armadas Mexicanas son superiores respecto a entrenamiento, armamento, organización y a que son menos corruptas e ineficientes que las policías, deben tener un rol definitivo en la batida antinarcotráfico. Por ello, se requiere una saturación total del teatro de operaciones en una ciudad o un estado mediante el despliegue de miles de soldados, acciones decisivas para arrestar capos, destruir laboratorios, confiscar dinero y drogas, patrullajes continuos, retenes móviles, etcétera. Es, supuestamente, la solución definitiva y más efectiva.

II. NACIONES TEMPRANAS Y TARDÍAS

El nacionalismo es un concepto moderno por el cual se considera que una nación es una comunidad de personas están unidas por un lenguaje, unas costumbres, una cultura y una historia comunes, por lo que les corresponde tener un mismo gobierno. Esta visión pretende que los limites étnicos coincidan, inquietud que en el siglo XIX creo naciones en donde antes no existían.

En diversas partes de Europa el nacionalismo se popularizo y proponía que distintas comunidades buscaran la independencia respecto de los países que los tenían sojuzgados. Sin embargo el nacionalismo promovió la unificación de pequeños territorios en un solo Estado, como en el caso de Alemania e Italia.

Surgimiento de las naciones Iberoamericanas

A mediados del siglo XIX Estado unidos de América pasó de una política exterior a una de acorazados y encañonados. Desde las primeras décadas de vida independiente, este país comenzó su expansión hacia

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el oeste de Norteamérica por medio de la compra y anexión de territorios.

En l846 el gobierno Estadounidense emprendió una guerra contra México por un problema de límites. El conflicto termino con el despojo de más de la mitad del territorio de México por parte del gobierno estadounidense. Posteriormente, Estados Unidos de América apoyo la expedición del aventurero John Walrter en Centro América. Estas intervenciones extranjeras mostraron la vulnerabilidad de Hispanoamérica frente a las potencias mundiales.

III. PACTO SOCIAL

No es fácil definir con precisión el concepto de "pacto social". El hecho de que sus raíces penetren la cultura política, económica, social y laboral de cada país hace que su forma, contenido y resultados difieran significativamente de un país a otro e incluso a lo largo del tiempo en el mismo país. No obstante, algunos de los rasgos que se repiten permiten distinguirlo de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. En primer lugar cabe destacar que en el pacto social el Estado o las autoridades públicas –nacionales, regionales o locales– participan como actores junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En segundo lugar, el pacto social por lo general se centra en torno a las políticas macroeconómicas y sociales y no en torno a las condiciones de empleo, que son ámbitos que interesan a la negociación colectiva y tiene lugar entre representantes de los empleadores y de los trabajadores. En tercer lugar, el pacto social suele representar un consenso entre los principales actores respecto de la orientación de las principales políticas económicas y sociales.

No existe un patrón normalizado para el pacto social. En el extremo de un continuo cabría citar el memorando o declaración de intenciones; en el otro extremo, alguna lista detallada de medidas políticas y métodos para abordar los problemas sociales y económicos a los que hace frente el país

Los pactos sociales han dado resultado en algunos países pues han permitido conciliar intereses diferentes, en particular en países

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donde los retos económicos y sociales son de gran importancia. Por ejemplo, muchos Estados miembros de la Unión Europea firmaron pactos sociales en el decenio de 1990 cuando preparaban la introducción de la moneda única (euro). En varios países de Europa central y oriental se firmaron pactos sociales para abordar aspectos específicos de la transición de una economía de planificación central a una economía de mercado. También se pueden citar otros ejemplos de pactos sociales en Asia, Sudamérica, América central y África, firmados en momentos en que los países en cuestión hacían frente a crisis financieras y programas de ajuste estructural, entre otros. Los pactos sociales han permitido manejar con acierto los problemas socioeconómicos al conseguir equilibrar en alguna medida las dimensiones sociales y las económicas. Pueden constituir una oportunidad interesante para impulsar una mayor participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el quehacer público.

El pacto social y la soberanía popular

El pacto social surge a partir de la necesidad de la sociedad de establecer un contrato social con sus semejantes para así formar un acuerdo común en el que todos los individuos sean iguales, la soberanía popular permite que un pueblo pueda decidir en todo momento la forma de un gobierno conveniente. La igualdad es un valor que debe buscar toda sociedad democrática, la dignidad se refiere a la cualidad de la persona humana que la hace valiosa.

La libertad comprende de tres aspectos que son:

Libertad física que se refiere al derecho que tiene todo individuo para poder trasladarse de un lugar a otro.Libertad moral que se refiere al derecho de pensar libremente, tener convicciones religiosas y morales, creencias y la libertad de exteriorizarlas y poniéndolas en práctica. Libertad política que converge en los siguientes derechos ciudadanos como la libertad de reunión, libertad de asociación y el derecho de hacer la huelga.

El dialogo y el conceso nos ayuda a establecer acuerdos o consensos que contribuyen a mejorar la sociedad.

La protección de las minorías buscan mecanismos que garanticen la igualdad, la diferencia y el desarrollo de estos grupos, la igualdad que

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toda democracia debe promover el respeto a la diferencia y sancionar la discriminación.

La tolerancia es la capacidad de aceptar y entender incluso de tener ideas en desacuerdo con los demás, es un valor primordial en una sociedad democrática ya que esta promueve la igualdad y el respeto a los demás ya que nos ayuda para asegurarnos la paz en una sociedad que reconoce a la diversidad como riqueza.

Ejemplos de Pactos Sociales

Acuerdos para la Seguridad y la Justicia. El principal objetivo de la política de seguridad y justicia será

recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Para cumplir con estos objetivos se implementarán las siguientes acciones:

Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria. Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional.

Reformar los cuerpos de policías. Se aplicará un esquema de Policías Estatales Coordinadas,

en el que las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un esquema en coordinación con las autoridades municipales.

Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad.

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IV. MERCADO Y CONTEXTO INTERNACIONAL

Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines internacionales.

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de integración. La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las transacciones económicas internacionales, por ende cuando hablamos de economía internacional es vincular los factores del comercio internacional.

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países.

Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos -humanos, industriales, naturales y financieros- que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando

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esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la "ventaja comparativa" significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor.

Poco se ha relacionado la temática de la política de comercio exterior con la problemática de la seguridad nacional. El énfasis principal de los estudiosos del tema ha sido el análisis de esta política en su relación con la política industrial, y generalmente, en su relación con la vieja temática del desarrollo. Hoy en día, la discusión se centra en torno de la política de comercio exterior y su capacidad para generar divisas que solucionen los problemas asociados con la deuda externa.

Estos problemas, la generación de divisas, el desarrollo, la evolución de una política industrial, están relacionados indudablemente a cualquier discusión sobre seguridad nacional. Dichos problemas y muchos otros se pueden conceptuar como variables dependientes de un modelo en el que las variables explicativas o independientes se refieren a los costos de oportunidad de alguna negociación y aquellos costos asociados con la presencia o ausencia de México en las distintas mesas de negociación.

El problema, como es sabido, es que los países en desarrollo, en particular los de América Latina, el Caribe y África, tienen una participación cada vez más marginal en el comercio internacional y ello se traduce en que disminuye de manera considerable su poder de negociación frente a potencias económicas de la talla de Estados Unidos y la Unión Europea, responsables de alrededor de 60% del comercio mundial

El clima imperante convierte al terrorismo en una nueva barrera al comercio. A ello contribuye la prioridad que a la lucha contra ese fenómeno otorga el gobierno estadounidense, misma que queda de manifiesto en la nueva doctrina sobre seguridad nacional que el gobierno del presidente Bush dio a conocer en septiembre de 2002 y que estuvo precedida por la proclamación de la Ley contra el Bioterrorismo.

Dicha ley, establece una nueva normatividad respecto a la adquisición de alimentos dentro y fuera de ese país que entraña el establecimiento de mecanismos de certificación, mismos que

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constituyen una condicionante adicional para acceder a ese mercado. Cumplir con la certificación será indispensable para quien desee seguir vendiendo alimentos en Estados Unidos.

Ello dificulta aún más el acceso a uno de los mercados más importantes del planeta, porque a la par de la citada ley el gobierno de Bush también desarrolló mecanismos para subsidiar la agricultura y restringir el acceso del acero a su territorio. Pese a las diversas implicaciones que el terrorismo y las normas para contrarrestarlo tienen para el comercio internacional, este tema se discute sobre todo en foros de carácter militar o en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en el caso del continente americano, en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, a la luz de la existencia de una normatividad emanada de la Ronda de Uruguay como el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias valdría la pena que la OMC analizara la compatibilidad de dicho acuerdo con la ley de marras a partir del reconocimiento de que la puesta en marcha del citado Acuerdo ha sido difícil en los países en desarrollo, sea por falta de información, por la limitada cooperación técnica de las naciones más prósperas, o por ambas razones. El escenario que se vislumbra a la luz de la entrada en vigor de la ley contra el bioterrorismo es que la certificación que supone esta norma se sumará a las numerosas medidas que impiden el ingreso de una gran cantidad de productos agropecuarios al mercado estadounidense.

Asimismo, está latente la posibilidad de que otros países desarrollados sigan los pasos de Estados Unidos en esa materia.

La cooperación internacional es, a todas luces, imperiosa en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el cuantioso monto asignado a los subsidios agrícolas, más las restricciones a la compra de acero, no le hacen ningún bien a las aspiraciones de cooperación de los socios comerciales del país septentrional.

De hecho, la posibilidad de represalias contra los productos estadounidense podría exacerbarse en estas condiciones. Uno de los ejes de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos es la guerra preventiva, la cual constituye un retroceso respecto a la diplomacia y la cooperación. Así, antes de ser atacado, Estados Unidos asestará el primer golpe, a manera de prevención. Dicha doctrina parte de la premisa de que el entorno internacional le es hostil y alberga a entidades que quieren causarle daño. La guerra se transforma, a su

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juicio, en la mejor manera de salvaguardar su seguridad nacional y ello se traslada al terreno de las relaciones comerciales.

La seguridad, sin embargo, no se puede construir única y exclusivamente vía la disuasión. El comercio ha sido considerado en términos históricos como un vehículo para la promoción del desarrollo. Por tanto, el proteccionismo opera contra la posibilidad de que las sociedades del mundo mejoren sus expectativas de vida, y ese malestar social, como se sabe, constituye una fuente de conflictos. Así, un mejor acceso a los mercados de las naciones industrializadas podría operar a favor de la paz y el desarrollo de los países pobres.

Porque si bien es cierto que en potencia la comunidad internacional es vulnerable a actos de terrorismo, ello no se traduce de manera automática en la existencia de amenazas. Por tanto, es importante que los países del mundo distingan con claridad entre las vulnerabilidades y las amenazas a su seguridad.

Ello les permitirá emplear mejor sus recursos materiales y humanos y construir relaciones más armónicas y cooperativas con otras naciones.

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V. CONCLUSIONES

El fuerte apoyo de la población a las acciones emprendidas en materia de seguridad nacional, los resultados que se ven a la vista de todos en materia del combate frontal al crimen organizado, la mayor institucionalización de las secretarías y dependencias federales que componen el sistema de seguridad nacional, deben ser incentivos suficientes para redoblar esfuerzos para defender a la nación mexicana frente a las amenazas a las cuales es objeto.

Esfuerzos de esta magnitud sólo se pueden lograr con grandes consensos nacionales, con la participación activa de la sociedad, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y medios de comunicación. Seguir debatiendo los temas de seguridad nacional e inteligencia de una manera más amplia y sin tabúes, hará más fuertes a nuestras instituciones y consolidarán la democracia mexicana.

VI. BIBLIOGRAFIA

1. Aguilar, R., y J.G. Castañeda, 2007. La diferencia. Radiografía de un sexenio. México, Grijalbo.

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4. Poder Ejecutivo Federal, 2001. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México, Presidencia de la República.

5. Gerardo Vega García, Seguridad nacional. Concepto, organización y método, México, 1998, p. 25

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