TRABAJO DE HISTORIA REGIONALFERNANDO MURAS

JUNTA DE HACENDADOS DE 1821: Desde que asume el nuevo gobierno de la provincia Cisplatina al mando de Lecor, se inició un reconocimiento de los problemas de la campaña, con el fin de reflotar la economía y pacificar el territorio. La campaña Oriental hacia 1821, acarreaba una gran cantidad de problemas vistos anteriormente, como ser la poca definición de los límites de los campos, el contrabando, la vaquería clandestina en la cual se mataban animales jóvenes, hembras, algunas de ellas preñadas; como también ocupantes de hecho, vagabundos, robo y abigeato. Pero además había nuevos problemas que se fueron generando con el correr del tiempo y los diferentes dominadores del territorio Oriental. En la época era muy resistido, sobre todo por las élites criollas de la provincia, el gobierno artiguista, y Lecor venía con ideas muy diferentes. Por ejemplo como lo explica claramente Lucía Sala y equipo, en el libro “Después de Artigas” donde expresa “(…)Lecor y las clases criollas-cisplatinas que eran su basamento de poder necesitaban devolver a la propiedad privada el brillo y el religioso poder que había poseído antaño,(…)”; evidentemente son palabras contundentes para explicar la diferencia con el período anterior, en cuanto a lo que se refiere a la propiedad privada y con respecto a lo acontecido con los donatarios del gobierno artiguista. El gobierno cisplatino va a estar marcado por fuertes oscilaciones con respecto al manejo de la propiedad de la tierra, primero respetando el recurso de “Amparo para los pobladores de buena fe” estos ocupantes eran los donatarios del Reglamento Provisorio de Tierras de 1815, en el que se les permitía a los donatarios continuar ocupando las tierras; influido el gobierno lecorista por un evidente miedo a la revolución social. Pero con el paso del tiempo se va a amalgamar el gobierno de Lecor con las elites criollas para “devolver a la propiedad privada el brillo” y de a poco se va a ir empujando a los donatarios artiguistas fuera de la propiedad de la tierra, ya sea mediante la expulsión, como por intermedio de la sumisión. Recordemos también y que no es poca cosa que una de las ideas principales era la de pacificar el territorio y por lo tanto se quería en un principio evitar la violencia ya que muchos de los donatarios artiguistas habían pertenecido al ejército de Artigas y podía en lugar de pacificar el territorio, hacerlo más violento. Lucìa Sala y equipo hablaban en su libro, de que era necesario transformar a ese individuo “(…) Bastaba que el propio donatario y el intruso, fueran empujados indolora y objetivamente por su condición económica a transformarse en lo que el gobierno y el propietario deseaban: un hombre subordinado y un productor dependiente, para que se obtuviese el mismo fin (…)” Una medida muy importante que promueve la Junta de Hacendados con el fin de restringir la independencia del pequeño productor, donatario artiguista o intruso que fue el de eliminar las pulperías volantes, que servían de “estímulo del abigeato y la corambre clandestina” y a su vez comercializar sus producciones en las pulperías de grandes hacendados. Otras medidas a tomar por la Junta de Hacendados era la necesidad de regularizar el tema de la propiedad de la tierra, por ejemplo con la ocupación de los terrenos baldíos a manos de ocupantes de origen brasileño, sobre todo aquellos provenientes de Río Grande do Sul, había que consagrar su ocupación. La ocupación de la tierra era necesaria para poder de esta forma sanear la producción ganadera e incentivar a la industria saladera riograndense, ya que dichos saladeristas fueron quienes financiaron la campaña de Lecor en la Provincia Oriental. También fue necesario elaborar un censo para detallar información acerca de la producción de la tierra, cuanto se producía en ese

terreno y también quien ocupaba el mismo, es decir si el que ocupaba era un propietario, o un intruso, de ser un intruso cual era el origen de su intrusión, si estaba allí simplemente porque encontró ese campo para ocupar o bien era donatario de anteriores gobiernos; y siendo un intruso si había o no hecho algún convenio de arrendamiento con el propietario del mismo. De todas formas esto no fue una solución cabal para el conocimiento de los ocupantes de la campaña de la provincia, ya que en muchos casos sobre todo cuando los ocupantes de la tierra eran intrusos la información otorgada a las autoridades era muy escasa y como sucedió en el caso de Arroyo Grande en el cual no se brindó información acerca de los intrusos donatarios artiguistas, ya que el juez territorial no consideraba a estos como intrusos. Según Lucía Sala y equipo no tuvo un gran éxito este censo y lo explica de esta forma (…) Pese a las reiteradas exigencias del gobierno, las autoridades departamentales, (por lo menos a la luz de los documentos conocidos) no parecen haber colaborado con entusiasmo en la labor de exhibir públicamente la enorme masa de intrusos que poblaban la campaña. (…) Apurado Lecor por la situación de la campaña y por las elites criollo-cisplatinas Lecor lanzó su Bando sobre tierras de noviembre de 1821. CAPITULO IV LA CAIDA DE LOS VELOS: DESALOJOS O SUPEDITACIONEl bando sobre tierras del 7 de setiembre de 1821: Como bien explican Lucía Sala y equipo el Bando fue un instrumento jurídico del gobierno cisplatino en el cual se promueve la salida de la tierra pública, como también la reglamentación de la propiedad en el caso de que esta estuviera en disputa. En los artículos 1 y 2 se estipula el trámite de la compra de la tierra, en el cual la misma deberá ser denunciada y posteriormente subastada al mejor postor. En los artículos 3 y 4 se determinan algunas medidas para favorecer a las familias y habitantes menos pudientes del país. En el artículo 5 se dictamina que todo ocupante de campos habiendo sido agraciado con la donación del mismo por parte de algún gobierno anterior, o no los hubiese pagado por algún motivo debía comparecer ante la Junta de Real Hacienda, con los papeles que determinan que es el ocupante de ese lugar. Este trámite debía ser realizado para la obtención de los títulos de propiedad de los campos en cuestión. De lo contrario podían perder las tierras en caso de denuncia de las mismas. Para este trámite había apenas seis meses. En el caso de los donatarios artiguistas hubo casos en los que estos mismos fueron a pedir testimonio a los “viejos comisionados artiguistas” para poder pedir los títulos ante la Junta de Real Hacienda, haciendo uso del amparo de pobladores de buena fe. Pero también hubo caso en que los donatarios artiguistas no se vieron para nada favorecidos por el régimen cisplatino, puesto a que este último se inclinó por darle prioridad a aquellos propietarios previos al período de gobierno de Artigas. Por lo tanto a grandes hacendados a los cuales sus tierras habían sido expropiadas durante el período de gobierno anterior. Según explica Lucía Sala y equipo “(…) Aprovechando de esta nueva legislación fueron asentados el “gran libro de la propiedad cisplatina” (Libro de Tomas de Razón) una gran cantidad de títulos pertenecientes a porteños o residentes en la otra banda, y de los españoles refugiados bajo el poder cisplatino (…)”, esto significaba un duro golpe a lo que había sido anteriormente el Reglamento Provisorio de Tierras de 1815 y para lo que posteriormente fue el amparo a los pobladores de buena fe.

“El derecho de los propietarios ha prevalecido”: En este punto Lucía Sala y equipo trabajan con ejemplos para la comprensión de como afectó en la campaña el cambio en la políticas agraria del gobierno cisplatino, como se pasó del amparo de los donatarios artiguistas a prevalecer el derecho del propietario extranjero y del que pertenecía a las elites criollo-cisplatinas. Pero a todo esto la idea seguía siendo pacificar y regular Lucia Sala y equipo lo explican claramente cuando mencionan “(…) El gobierno no tenía interés en transformar la campaña en una hoguera revolucionaria (…)” es por eso que su política se acercaba cada vez más a la dicotomía desalojo o subordinación y por momentos la segunda se hacía la más factible ya que la campaña acrecía en gran número de manos laboriosas, que la trabajasen.El empuje propietarista de la provincia abrasilerada: Aquí en esta parte del capítulo IV, Lucía Sala y equipo intentan ilustrarnos las oscilaciones de la política lecorista durante su mandato en la provincia cisplatina. Mientras que a finales del año 1821, cuando decreta el Bando sobre tierras, paresia direccionarse sobre la ideologías del derecho de los propietarios, los grandes terratenientes tanto extranjeros como de la elite criollo-cisplatina, su política tuvo un quiebre importante en el año 1822, más precisamente a partir del 7 de setiembre, cuando se produce la independencia de Brasil. Es luego de ese episodio que va a transformarse en una figura a favor del gobierno brasileño de la provincia cisplatina. Evidentemente esto lo haría permanecer en el gobierno de esta provincia y para ello debía enfrentarse contra Alvaro Da Costa y su ejército leal a Portugal. Para este enfrentamiento era necesario tener al paisanaje de la provincia a su favor, para que lucharan a su lado o para que no se pasasen al otro bando. Era entonces necesario un hábil cambio en su política y por eso se ve claramente que en este período hubo un cese a los desalojos. Una vez logrado el dominio de la provincia, nuevamente vuelve a su anterior interés de proteger el derecho de los viejos propietarios y por lo tanto Lucía Sala y equipo hablan de una “oleada propietarista”, es muy interesante este episodio que va a generar un gran descontento con respecto al gobierno lecorista y va a desembocar en la revolución al mando de Lavalleja y que según los autores citados “aceleró la participación de las masas campesinas en la revolución”.Las ventajas del “Club del Barón”: En este caso los autores nos presentan el prestigio que se adquiría siendo fiel al Barón de la Laguna, ya que a su vez a este último también le era beneficioso tener de su lado gran cantidad de adeptos a su gobierno, y si estos eran acaudalados terratenientes aún mejor. En este caso los autores nos traen el ejemplo de un hábil terrateniente que compraba títulos de propiedades de gente arruinada o fallecida, llamado Francisco Juanicó. Quién luego del período artiguista reclamó tierras en lo que sería actualmente la frontera entre los departamentos de Paysandú y Salto conocidos como el Hervidero, y cómo es sabido esta era la zona donde se encontraba el campamento de Artigas, durante su gobierno. El campo le fue otorgado en el año 1822, más precisamente el 30 de enero, pero como sabemos la política de Lecor osciló durante su gobierno, y durante la independencia de Brasil y más aún durante su lucha con Da Costa necesitó de la donación de tierras a sus generales y también a los pobladores artiguistas haciendo uso del amparo, para que estos últimos lo apoyaran en su campaña militar. Por lo tanto este campo emplazado en el Hervidero se había llenado de intrusos, Juanicó a fin de “no molestar”, con una clara habilidad, hace uso de su juramento al poder imperial en el “Club del Barón” recién en el año 1824, cuando los sucesos de los años 22 y 23 habían culminado, y en los cuáles Lecor había sido un claro vencedor. Es en ese año 1824 en que este propietario le pide a

Lecor la expulsión de los intrusos en el campo del Hervidero, petición que le fue otorgada el 12 de diciembre del citado año.En vísperas de la Revolución: En este punto Lucía Sala y equipo nos traen más documentos y casos donde se manifiesta claramente el desalojo de los pobladores de la campaña sobre todo aquellos que habían sido donatarios de Artigas, era claro que el gobierno cisplatino languidecía. Por otro lado esto fortalecía a aquellos que pretendían culminar con el régimen lecorista, ya que las masas de la campaña se encontraban cada vez más desconformes con su gobierno, y era inminente su adhesión a las fuerzas revolucionarias. Bibliografía: “Después de Artigas (1820-1836)” Ediciones Pueblos Unidos, Lucía Sala, Nelson de la Torre, Julio C. Rodríguez.