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Universidad Nacional de Entre Ríos Facultad de Ciencias de la Educación Licenciatura en Comunicación Social Orientación en Periodismo Cátedra: Políticas de la Comunicación Trabajo Práctico Final Tema: La situación comunicacional en Paraná Docentes: Lic. Alejandro Ramírez Lic. Camila Fernández Alumnos: Andrés Battistella Diego Ciorciari Gonzalo Gadea Britos Gonzalo Schmidt Mauro Götte Fecha de entrega: miércoles 19 de junio de 2013

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Universidad Nacional de Entre Ríos

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciatura en Comunicación Social

Orientación en Periodismo

Cátedra: Políticas de la Comunicación

Trabajo Práctico Final

Tema: La situación comunicacional en Paraná

Docentes:

Lic. Alejandro Ramírez

Lic. Camila Fernández

Alumnos:

Andrés Battistella

Diego Ciorciari

Gonzalo Gadea Britos

Gonzalo Schmidt

Mauro Götte

Fecha de entrega: miércoles 19 de junio de 2013

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Índice

1. Introducción………………………………………………………………………...2

2. Democratización/Concentración. Análisis del mapa de medios en Paraná….....4

3. Políticas de Comunicación en la Provincia de Entre Ríos……………….……..11

4. Cómo debería quedar el mapa de medios en la ciudad de Paraná según la Ley

26.522………………………………………………………………………………..…13

5. a. Situación de las FM en Paraná…………………………………………..……18

b. Los casos de Efecinco y el Centro Radial y Televisivo de Entre Ríos………19

6. Pauta oficial.............................................................................................................23

7. Conclusión………………………………………………………………………...25

Bibliografía…………………………………………………………………………… 27

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1. Introducción

Los medios de comunicación son actores fundamentales en la relación entre el Estado y

los ciudadanos, ya que generalmente actúan como mediadores. Son, además, quienes

marcan la agenda informativa afectando así la opinión pública. Es por ello que desde los

distintos gobiernos se aplican políticas en el campo comunicacional, las cuales

dependiendo el punto de vista ideológico pueden ir dirigidas a una democratización,

esto es, al acceso libre e igualitario al orden de la información y la comunicación, o bien

(como sucede en muchos casos) el caso contrario, apuntando a la concentración, la

comunicación vertical y la univocidad. En América Latina, las políticas dictatoriales

primero y las neoliberales después han llevado a la desregulación salvaje del mercado y

a la explotación desmesurada en cuanto a concentración de medios, beneficiando a

reducidos grupos mediáticos y relegando el acceso a la mayoría de la población,

dejando al campo comunicacional en situación de inequidad.

Si bien en el presente trabajo nos centraremos en el análisis del mapa de medios de la

cuidad de Paraná, Entre Ríos y dos casos excepcionales más, a modo de adelanto

podemos sostener que la realidad no varía mucho en relación a la situación del resto del

país o Latinoamérica.

Como es de público conocimiento, luego de distintos debates a lo largo y ancho del

país que incluyeron la participación de diversos actores sociales, el 10 de octubre de

2009 fue sancionada y promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

N° 26.522. Esta Ley, llegó para reemplazar a la Ley Nacional de Radiodifusión N°

22.285 proveniente de la última dictadura militar. Esta última, había prevalecido

durante sucesivos gobiernos democráticos y a pesar de varios intentos para crear una

nueva Ley, no se logró ningún resultado hasta 2009.

Sin dudas, que la Ley 26.522 con el sólo hecho de haber sido sancionada y promulgada

en democracia representa un avance, aunque no debemos conformarnos con ello. El eje

de discusión debe estar centrado en que si con su efectiva aplicación se logran revertir

las problemáticas que vive el país en cuanto a los medios de comunicación.

En lo que respecta a Paraná, podemos decir que hasta el momento la Ley de Servicios

de Comunicación Audiovisual no ha representado un avance significativo, ya que en

gran medida no se ha aplicado en forma definitiva. En la capital entrerriana existe una

importante proliferación de radios de frecuencia modulada. Con alrededor de 64 radios

se ve saturado el espacio radioeléctrico, pero a ello se suman algunos monopolios en las

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emisoras más conocidas, y la falta de licencias para transmitir es un tema que las

incluye a casi todas.

Desde el lado gubernamental hay escases de información sobre el tema, básicamente

por la falta de trabajo mancomunado entre la delegación local del AFSCA (Autoridad

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el Ministerio de Comunicación y

Cultura. Este último también es el encargado de distribuir la pauta oficial, la cual se

maneja bajo el máximo secreto, ya que los ciudadanos no tienen la posibilidad de

acceder a los números.

A lo largo del presente escrito, en base al trabajo de campo realizado y al apoyo

teórico de reconocidos autores de la materia como Guillermo Mastrini, Sean Mac Bride,

Alejandro Ramírez y Bernardette Califano, entre otros, trataremos de deslindar las

cuestiones planteadas.

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2. Democratización/Concentración. Análisis del mapa de medios en Paraná.

“La comunicación es el proceso de interacción social

democrática que se basa sobre el intercambio de

símbolos por los cuales los seres humanos comparten

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de

acceso libre e igualitario, diálogo y participación”1

Luis Ramiro Beltrán

La comunicación resulta esencial para la vida en sociedad. Desde el comienzo mismo

de la humanidad es la herramienta que integra a los seres humanos, les permite vivir en

comunidad, integrarse, crear objetivos comunes o valerse de ella para la resolución de

tensiones y conflictos, entre tantas otras funciones básicas para la humanidad, como

educar y entretener. Retomando a Sean MacBride, en el informe elaborado por la

comisión que él presidió por encargo de la UNESCO a fines de la década del ‘70, en la

actualidad hemos llegado a un punto en que la importancia de la comunicación atraviesa

todos los planos posibles, económicos, políticos y sociales, así como también en forma

local, nacional e internacional traspasando cualquier tipo de frontera física. Lo que esta

innegable interdependencia entre actores también manifiesta (aunque a veces, más bien

se oculta) son amplios problemas suscitados en el orden de la comunicación y la

información, avizorándose crecientes desigualdades entre las distintas partes, resultado

de la persecución de intereses y la tendencia dominante-avasallante de los sectores

poderosos, ya sea política o económicamente, quienes se han alzado con los más

importantes medios en todos los niveles mencionados, creando verdaderas usinas de

comunicación e información en forma vertical. Así, el acceso “libre e igualitario”

resulta más una demanda que una realidad.

1 BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de

medio siglo; página 21. Documento presentado en el III Congreso Panamericano de la Comunicación,

Buenos Aires, 2005.

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El sector privado en el mundo de la comunicación tiene un poder comparable al de los

gobiernos, incluso a veces mayor, con una cuantiosa cantidad de recursos financieros.

Como expresa MacBride, “las empresas privadas que explotan medios de comunicación

social en los países industrializados tienen características comunes: expansión,

concentración o integración horizontal y vertical (…) creación de grandes compañías

que persiguen múltiples objetivos y concentración de la distribución” (p.211). A su vez,

los gobiernos también participan con sus políticas en diversos sentidos, que pueden ir

desde la intervención para evitar el monopolio y estimular el equilibrio entre los

distintos actores o, por el contrario, hacia políticas de libertad de mercado que aprueba

sin ningún tipo de restricción la concentración de medios en unas pocas manos,

provocando una desigualdad en el acceso a las oportunidades de comunicar e informar.

Se avizora, en este último sentido, un gran problema. La concentración lleva en la

mayor parte de los casos a la posibilidad de que unos pocos grupos de poder manejen

todo el campo, sobre todo si no existieran en los distintos territorios donde se

desenvuelvan normas legales que aplaquen los efectos mono u oligopólicos suscitados.

El agrupamiento de medios conlleva el dominio de la formación de opinión y la

construcción de la agenda mediática por parte de unos escasos y poderosos actores.

La otra cara de la situación es la propuesta realizada ya desde los años ‘70 por distintos

intelectuales (con gran participación de académicos de los “países en desarrollo”) y

condensada en el informe MacBride. Se trata de la democratización en el orden de la

comunicación y la información. Si se aplicara, permitiría un acceso mayor del público a

los medios, además de mayores posibilidades para el intercambio de informaciones en

un plano de igualdad, donde no existiría la dominación vertical. Las fuentes deberían ser

plural y la circulación recíproca, esto quiere decir, con participación del público,

construyendo entre todos el circuito comunicacional. Para que esto sea posible, las

políticas de comunicación de las distintas naciones deberían dar un giro casi

copernicano e instaurar leyes que propendan al no monopolio, ya sea estatal o privado, y

que abra el juego para la participación de minorías y sectores que históricamente fueron

excluídos. Concentración y democratización son, entonces, dos polos opuestos de una

misma situación: la construcción de los mapas mediáticos tanto locales como nacionales

y globales.

Lo que nos compete en esta exposición es un relevamiento del mapa mediático de la

ciudad de Paraná y sus alrededores, en la provincia de Entre Ríos. Con los términos

“concentración” y “democratización” intentaremos avizorar la existencia o no de ambos

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modos de actuar en el campo comunicacional, o cuál prevalece. Como referencia, dada

la escasez de información brindada por los organismos estatales (lo cual será analizado

posteriormente) tomaremos el relevamiento realizado por Alejandro Ramírez y Camila

Fernández sobre el panorama de medios en la región Paraná – Santa Fe entre 2006 y

2009, habiendo actualizando cada uno de los datos mediante averiguaciones personales.

Comencemos por el sector de las radios: solo una AM radicada en territorio

paranaense, LT 14 Radio General Urquiza (AM 1260) lo cual parece muy poco para

una ciudad de 247.863 habitantes según el censo realizado en el año 2010, incluso

llegando a mayor cantidad de población por su potencia y teniendo en cuenta además a

las ciudades y comunas cercanas a la capital entrerriana. En el rango de las FM,

podemos adelantar que se produce la concentración de frecuencias en manos de algunos

empresarios (punto que detallaremos en profundidad posteriormente) y cabe destacar

que una sola es del tipo comunitaria, Radio Cualquiera en el 94.3 del dial. Sin dudas

en este aspecto es imposible hablar de democratización cuando la gran cantidad (por no

decir la casi totalidad) de las radios funcionan en forma comercial desplazando a

amplios sectores de la sociedad de la participación en el uso del espacio radioeléctrico.

En el campo de la televisión abierta, en Paraná funcionan dos canales. Uno de ellos es

Canal 9 Litoral. La cobertura de este medio, perteneciente a la empresa NEOMEDIA

S.A. y cuyo director es el Dr. Ignacio Delatorre, abarca tanto a la ciudad de Paraná

como la vecina Santa Fe, llegando también a localidades como Colón, Concordia,

Victoria, Gualeguaychú, Nogoyá, Feliciano, Villaguay y Concepción del Uruguay, entre

otras, cubriendo un importante área de influencia. Si bien la mayor parte de sus

contenidos son retransmisiones de lo puesto en aire por ARTEAR S.A. en El Trece de

Buenos Aires, algunos contenidos locales forman parte de su programación, como los

noticieros del mediodía y la medianoche de lunes a viernes, más un programa deportivo

los domingos (“En El Área”), algunos magazines matutinos (“Todo Lo Que Pasa”, “El

Explorador”) entre otros. Muchos de estos contenidos fueron puestos al aire

recientemente, con lo cual podría estimarse que se trata de una adecuación a la Ley de

Servicios de Comunicación Audiovisual vigente. Por otra parte, cabe destacar que la

empresa NEOMEDIA S.A. tiene su sede en Capital Federal y es además dueña de Canal

10 de Mar del Plata. Admitiendo que han incorporado segmentos de programación

local, la predominancia y la prioridad sigue siendo retransmitir en cadena lo que pone al

aire El Trece de Buenos Aires, perteneciente al Grupo Clarín. Por tratarse del más

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grande multimedios del país, es imposible no mencionar al 9 del Litoral como un

eslabón más en el proceso de concentración de este grupo.

El otro canal radicado y transmitiendo actualmente en la capital entrerriana es el canal

11 “El Once TV”. Pertenece a un empresario local, llamado Edgardo Sánchez. Si bien

funciona desde 1992 sin autorización legal, cabe destacar en este caso la completa

programación local que genera importantes fuentes de trabajo y funciona como un

interesante medio que se centra específicamente en lo que ocurre en Paraná, a diferencia

de Canal 9 Litoral que tiene el foco puesto en lo emitido por ARTEAR. Si se acoplara a

los estatutos legales, estaríamos hablando de un buen caso de generación de producción

propia, que debería expandirse a otros sectores en pos de una televisión abierta más

democrática, por ejemplo si se incorporaran más canales locales con diverso contenido,

situación que podría propiciarse con las posibilidades que brinda la Televisión Digital

Terrestre (si es que se producen políticas tendientes a explotar democráticamente esta

nueva tecnología).

En el rubro de la televisión por cable, como ocurre en casi todo el territorio nacional,

el amplio dominante en cantidad de abonos es Cablevisión, perteneciente al Grupo

Clarín y fusionado con Multicanal desde el año 2007 con la aprobación, entonces, del

gobierno kirchnerista. Como ocurre en la mayoría de las provincias, esta empresa

condensa en forma mono u oligopólica el mercado, acomoda la grilla a su antojo e

incluso, en Paraná, recibió un revés jurídico a fines de 2012 cuando la Fiscalía Federal

de esta ciudad pidió la instrucción de la causa iniciada por la intendenta local, Blanca

Osuna, para que la empresa cobre a los abonados la tarifa que fija la normativa

establecida por la Secretaría de Comercio de la Nación. Situaciones como esta se

pueden seguir dando en otras partes del país a raíz del sobreprecio en el abono cobrado

por Cablevisión, exceptuando aquellas localidades o provincias donde se encuentra en

connivencia con el poder gubernamental autóctono. De cualquier manera, si Cablevisión

no es un monopolio “con todas las letras” en Paraná es porque también hay otra

empresa brindando el servicio, Gigared, creada en 2001 por profesionales argentinos y

compuesta de capitales mixtos, integrado por Gigared S.A. y Gigacable S.A. con el

inversor extranjero Madison Dearborn Partners. Ofrece lo que se conoce como “Triple

Play”: televisión por cable, internet y telefonía. Cablevisión, por su parte, no ha podido

penetrar con importancia en el campo de servicios telefónicos, si bien tiene Fibertel

Telefonía como extensión de su servicio de internet asociado, este no ha logrado revestir

gran cobertura, además de haber recibido algunos reveses legales cuando intentó

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ampliarse en este sentido. Por el lado de Gigared, ha encontrado trabas legales cuando

quiso expanderse a mercados como el de Capital Federal, sobre todo por parte de

Cablevisión quien no quiere desprenderse de un porcentaje de abonados y presentó

recusaciones que le fueron otorgadas.

Tenemos, por otra parte, el rubro de la televisión satelital, donde DirecTV es el único

que ofrece el servicio. es una marca registrada de DIRECTV Latin America, LCC, una

división de The DIRECTV Group Inc. (NASDAQ:DTV). Tiene la tranquilidad de no

poseer competidores siendo realmente un monopolio que posiblemente se haya

generado ante el poco interés de otras empresas en instalarse en ese mercado, aunque

hacia principios del presente siglo la empresa SkyTV había presentado batalla,

perdiendo claramente en cantidad de abonados y yéndose del país ante la crisis desatada

a fines de 2001. Algo para destacar de DirecTV es que, en el caso de zonas rurales

lejanas a cualquier centro urbano importante, funciona como el único modo de acceder a

canales de televisión, situación que podría cambiar con la instalación de mayor cantidad

de antenas de televisión digital terrestre, o la promoción de la satelización de la

televisión digital abierta.

En cuanto a, precisamente, la televisión digital terrestre o televisión digital abierta

por tierra, el servicio gratuito reglamentado y promovido estatalmente intenta garantizar

el acceso a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Es sintonizable en Paraná gracias

a una antena colocada en esta ciudad que, según la página gubernamental

www.tda.gov.ar permite cubrir una población de 301.000 personas, siendo el alcance de

la antena entre 45 y 55 km. Por el momento no está previsto colocar una antena en el

margen esteño de la provincia, lo cual sería importante para llegar a más localidades. Se

pueden ver las señales Encuentro, Incaa TV, TV Pública HD, Paka Paka, DeporTV

entre otras, constituyéndose en un verdadero servicio público al que se puede acceder

con solo una antena y un decodificador (aunque los televisores nuevos ya lo traen

incorporado). Sería interesante que los canales tradicionales de capital privado se

incorporen a esta grilla para enriquecerla, así como también promover el ingreso de

sectores que no tienen actualmente acceso a los medios como los pueblos originarios.

De actuar en forma correcta y reglamentaria, podría transformarse esta nueva tecnología

en un claro ejemplo de democratización en la comunicación.

Por último, nos queda analizar los medios gráficos de la ciudad de Paraná.

Actualmente, podemos encontrar tres publicaciones, dos de ellas diarias. El Diario es

un matutino de mayor distribución a nivel regional y el más longevo en la localidad.

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Fue fundado el 15 de mayo de 1914 por el abogado Luis L. Etchevehere, quien fuera

gobernador entrerriano entre los años 1931 y 1935 y tuviera una fuerte impronta

editorial aliada a la Unión Cívica Radical. En 2010 la familia Etchevehere decidió

vender el 60% de las acciones de El Diario a Walter Grenón, empresario santafesino

titular de Red Mutual, entidad con desarrollo en Entre Ríos, Misiones, Corrientes,

Chaco, Santa Fe y Mendoza. En tanto, los familiares quedaron en su poder con el 40%

restante. La nueva conducción tuvo un importante giro editorial, acompañando al actual

gobernador de la Provincia de Entre Ríos Sergio Urribarri, peronista afín al gobierno

nacional y al liderazgo ejercido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La

pauta oficial es uno de sus principales sostenes junto a la publicidad privada, y pese al

cambio de mando, no sigue sosteniéndose como uno de los principales marcadores de

agenda en la región. Por otra parte, Diario Uno, el otro matutino, pertenece en un 95%

al mendocino Daniel Vila y en un 5% a José Luis Manzano. Funciona como una

verdadera red de periódicos, incluyendo entre sus publicaciones al importante La

Capital de Rosario. Diario Uno también acompaña actualmente la política del

gobernador Sergio Urribarri, lo cual llama la atención debido a que sus principales

accionar no son por lo general afines al gobierno nacional. De hecho, basta comparar la

línea editorial del vecino Diario Uno de Santa Fe para visualizar la diferencia entre

ambas. Este acompañamiento puede deberse (si se nos permite teorizar) a arreglos con

respecto a la pauta oficial, si bien no pudimos obtener los datos concretos. Por otro lado,

nos encontramos como único caso de una voz diferente al semanario Análisis Digital,

cuya versión impresa es publicada actualmente cada 15 días y suele tener notas en

profundidad con críticas a distintos poderes. Si bien resulta un caso interesante,

podemos concluir en que tanto Diario Uno como El Diario, actualmente alineados a la

conducción política provincial, generan una suerte de univocidad en la información,

siendo además uno de ellos (Uno) parte de un grupo favorable a la concentración como

es el Vila-Manzano.

En síntesis, tras este recorrido, podemos concluir que el mapa de medios en la capital

entrerriana y sus alrededores es favorable a la concentración y no a la democratización.

En la ciudad es fuerte la presencia del Grupo Clarín (a través de Canal 9 Litoral y

Cablevisión), de Vila-Manzano (Uno) y de empresarios ligados al poder estatal (El

Diario). El acceso “libre e igualitario” que los intelectuales de la década del ’70

solicitaban no parece tener lugar en este mercado donde el sector privado se lleva casi la

totalidad del espectro, y el Estado, en vez de regular correctamente, decide negociar con

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ellos y sacar rédito político. La única esperanza de democratización, por lo menos que

se pueda vislumbrar ahora, en un mediano plazo, sería una correcta distribución de las

licitaciones para la explotación de la televisión digital terrestre, algo que también resulta

una incógnita por el poco interés demostrado a la fecha.

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3. Políticas de Comunicación en la Provincia de Entre Ríos

Una de las herramientas fundamentales para un ciudadano es el acceso a la

información publica, constituye una instancia de participación ciudadana por la cual

toda persona puede ejercitar su derecho a requerir, consultar y recibir información por

parte de funcionarios públicos, en un acto de transparencia de las acciones de gobierno.

El Decreto 1.172/03 fue firmado el 3 de diciembre de 2003 por el Poder Ejecutivo

Nacional y contiene cinco reglamentos: 1) de audiencias públicas; 2) para la gestión de

intereses; 3) para la elaboración participativa de normas; 4) de acceso a la información

pública; 5) de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. En él, se

establece el principio de la “publicidad de los actos de gobierno” y se reconoce que la

Constitución Nacional garantiza este derecho de acceso a la información pública.

Amparándonos bajo este derecho redactamos una nota dirigida al ministro de

Comunicación y Cultura de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de recibir

información concerniente a:

* Mapa de medios de la Provincia de Entre Ríos, discriminado por categorías y dueños

de medios;

* Personas de existencia visible o ideal, titulares o participantes en sociedades titulares

de licencias de servicios de radiodifusión en la provincia de Entre Ríos;

* Cantidad de presupuesto 2010, 2011 y 2012 destinado a pauta publicitaria oficial,

discriminado por medios y/o categorías.

Transcurrido los diez días hábiles que estipula el decreto que tiene el funcionario,

como el máximo de tiempo para recabar información y responder, no recibimos ningún

tipo de devolución. Cabe destacar que en el caso de que el funcionario no logre reunir la

información a tiempo, cuenta con diez días hábiles más como prorroga, pero esto debe

notificarse de igual manera al ciudadano.

Consideramos que la negativa al pedido de información pública, es una política de la

provincia en materia comunicacional que coarta cualquier intención de democratización

de la información o participación ciudadana activa que se pueda profesar en pos de una

ley de servicios audiovisuales, que pretende pluralidad de voces.

Otro de los mecanismos que utilizamos para recabar información fue acudir a la

delegación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

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(AFSCA). En un principio se mostraron más abiertos que en el Ministerio de

Comunicación y cultura, entregando información sobre las radios registradas en la

provincia, aunque respecto a la distribución de la pauta oficial o el estado actual de la

adecuación de los medios, se encontraban desinformados o renuentes a darla. También

cabe señalar que Néstor Rodríguez, titular del AFSCA, admitió que la mayoría de las

radios FM de Paraná no cuenta con las licencias para operar y que el espacio

radioeléctrico esta sobre poblado, es decir que debería reducirse el número de radios FM

en la ciudad.

Luego de este periplo donde conseguimos muy poca información oficial, inducimos

que las políticas de comunicación en la provincia no se corresponden con la discursiva

del poder ejecutivo respecto a la democratización de la información, creemos que

cualquier truncamiento o negación del acceso a la información publica es parte de un

tipo de política comunicacional que no viene sino a acrecentar cualquier suspicacia en

torno a la discrecionalidad de la pauta oficial a favor del Diario Uno (Grupo Uno) y El

diario de Paraná, como también negar información respecto al dueño de este ultimo,

acusado por censura y promover la autocensura, como otros mecanismos de presión

(despidos, suspensión, pago mínimo y en negro).

Sostenemos que una real democratización de la información se daría cortando con

cualquiera de estas trabas burocráticas, el acceso a la información debería ser tal que

con solo un acceder a la pagina Web de la provincia o mediante un folleto podríamos

ver a la claras cual es el mapa de medios, cual es el estado de la adecuación de las

licencias y como se distribuye la pautas oficial. Así reforzaríamos el concepto de

participación ciudadanía, ya que los actuales mecanismos no hacen más que desalentar

intereses de parte de cualquier ciudadano.

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4. Cómo debería quedar el mapa de medios en la ciudad de Paraná según la Ley

26.522.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (conocida popularmente

como Ley de Medios) se encuentra vigente en la Argentina. Debieron pasar más de 25

años para que la democracia en nuestro país pudiera lograr que una norma surgida desde

la sociedad y avalada por un arco diverso y amplio de la política pudiera reemplazar a

un viejo y malgastado bando militar impuesto como Ley de Radiodifusión desde 1980.

La “Ley de Medios” no es una norma más en la Argentina. Su sola mención irrita a

algunos sectores, que piensan la comunicación como un simple negocio comercial y

pretenden mantener el control de la información en manos del poder económico

concentrado. Porque esta ley vino a democratizar bastante más que la comunicación y la

información. Su instalación en el debate de toda la sociedad logró que el pueblo

converse cotidianamente sobre la importancia de que más voces y miradas ocupen el

aire y las pantallas, para hablar de esos temas que hacen a toda la vida de un país. Es así

que no es posible mirar la realidad desde una sola perspectiva.

Pero además, el proceso de debate de una nueva ley permitió que se desnudaran los

intereses políticos de los grandes grupos mediáticos, que durante décadas sostuvieron

una imagen de sí mismos como actores neutrales en el juego de la relaciones de poder.

Un lugar que con el tiempo se pondría en cuestión frente al conjunto de la sociedad, al

darse a conocer la cantidad de licencias de ciertos grupos, su poder para difundir un

único discurso, una sola mirada de la realidad social y política. Y lograr que esta mirada

fuera la dominante, es decir, que fuera asumida como tal por la mayoría de la sociedad.

Hoy eso está claramente en cuestión, y creemos que el proceso de debate de la ley

contribuyó decididamente para que esto suceda.

La ley es fruto de una extensa lucha de un amplio grupo de actores sociales y políticos,

que logró plasmarse en un contexto específico de la historia de nuestro país. Su sanción

es producto de la acumulación de fuerzas. De un cambio en las relaciones de poder que

no se dio naturalmente sino que fue consecuencia del trabajo diario de muchos

intelectuales que, en su diversidad y con sus diferencias, pudieron concretar un objetivo

común junto con la decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de tomar

estas demandas y ponerlas en práctica, impulsando el cambio de la Ley.

Ahora bien, adentrándonos en el mapa de medios de Paraná, si bien no garantizamos

contar con todas y cada una de las radios en la ciudad debido a la escasa información

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que se puede recabar por parte de los organismos encargados de realizar dicho análisis

de medios, se podría hablar que en la ciudad sólo se cuenta con una sola radio en

Amplitud Modulada: LT 14 Radio Gral. Urquiza (AM 1.260). Así mismo, en Paraná

sólo una radio se considera a sí misma comunitaria, Radio Cualquiera.

Por su parte, en relación a las radios de Frecuencia Modulada en Paraná, según la

información recabada se puede advertir que en la ciudad existen (46) radios en

Frecuencia Modulada, de las cuales 45 son comerciales y 1 comunitaria y (19) en

Paraná Campaña.

En la actualidad la propiedad de las radios de frecuencia modulada de la ciudad de

Paraná se encuentra en su mayoría en manos privadas, la desregulación que se dio en

distintos sectores de la economía y que permitió la irrupción de otros actores, se reflejó

en el sistema de medios local desde la década de los ’90 hasta llegar al estado de

situación actual dónde frecuencias como la 90.9, 92.1 y 99.9 son especies de fantasmas,

con una agrupación tanto económica (concentración de los medios en pocas manos),

como horizontal (ya que un mismo dueño posee varias frecuencias de radio transmisión)

que retransmiten programación de emisoras de Buenos Aires a las que le agregan la

publicidad local, siendo éste el patrón comercial en el que se encuentra una explicación

a las emisoras de un mismo tipo (FM) en manos de uno solo propietario.

En Paraná (y zona de influencia), se produjo una expansión de radios FM en la ciudad,

llegando al número de 65. Así ocuparon un segmento del éter radios con contenidos

para target definidos: para jóvenes con música pop, cumbia, rock nacional, folklore,

clásica; están aquellas con perfil informativo, las de corte religioso, las de instituciones

gremiales, políticas, universitarias; las comunitarias, de deportes, las de alcance

barrial... llegando al punto de la saturación en la oferta y en la pauta publicitaria.

En este sentido, FM Mitre (92.1) y La 100 (99.9) reciben la señal de Buenos Aires vía

satélite. A su vez, FM Radio Rivadavia (97.1) y FM Radio Del Plata (98.3) poseen

producción radial propia que se transmite en el horario matutino, mientras que por la

tarde retransmite la programación de la estación de origen.

El avance de estos medios que van ganando lugar en Paraná, tienen el respaldo de un

Estado que ofrece un mínimo de apoyo económico a los productores radiales locales, lo

cual no alcanza para cubrir los gastos que acarrea la elaboración de una programación

enteramente local. De allí que estos medios se vean en la necesidad de volcarse a un

sistema comercial favoreciendo este entramado capitalista.

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A lo largo del relevamiento de campo, la palabra “franquicia” comenzó a mencionarse

con mayor asiduidad y da cuenta de lo que se observa en las programaciones de estas

radios: mayor espacio a la publicidad y menor utilización de recursos humanos e

información que proviene de la ciudad o región.

La producción local no sólo implica una infraestructura y unos materiales adecuados

para llevar a cabo la emisión sino que también requiere de un presupuesto que cubra

todas sus necesidades, como así también los gastos concernientes al personal capacitado

para llevar a cabo los roles dentro de una radio.

En este sentido, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación

Audiovisual (AFSCA), en septiembre del año pasado declaraba: “se comenzará a

inspeccionar que las radios y canales de televisión de la provincia cumplan con la

normativa para la modificación de la grilla, donde deberán tener un 70 y 80 por ciento,

respectivamente, de programación local”. Actualmente, en Entre Ríos, hay “alrededor

de 40 emisoras que tienen en un 100 por ciento programación de Buenos Aires, pero

ahora se verá que se dé cumplimiento a la normativa correspondiente”.

Según lo anterior entonces, la aplicación de la Ley Nº 26.522 según los siguientes

puntos, establecería las siguientes características para el mapa de medio local:

1. En relación a la Ampliación de la diversidad de voces. La ley de la dictadura impedía

a las organizaciones sociales acceder a licencias. La nueva ley no solo lo posibilita, sino

que reserva el 33 % del espectro de las licencias de radio y televisión para ese fin, e

incluye a los pueblos originarios entre los destinatarios. Otro 33 % queda destinado a

los prestadores de gestión privada con fines de lucro y la tercera parte de licencias

queda para el Estado.

2. Desconcentración de medios. A fin de garantizar los principios de diversidad,

pluralidad y respeto por lo local, se establecen limitaciones a la concentración de

licencias. En ese sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o

tener participación en:

a) Solo una licencia de señal satelital de alcance nacional.

b) Hasta 10 licencias de radios, o hasta 10 licencias de canales de televisión abierta.

c) Hasta 24 licencias de canales de cable.

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3. Desmonopolización. Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño

de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. La

ley también impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por

cable y establece que a ningún operador se le permitirá ofrecer servicios a más del 35 %

del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.

4. Inclusión de mayor producción nacional. Los servicios de televisión abierta deberán

emitir un mínimo del 60 % de producción nacional; con un mínimo del 30 % de

producción propia que incluya informativos locales. En tanto, en las radios privadas, el

30 % de la música emitida deberá ser de origen nacional.

5. Creación de un órgano de aplicación democrático. El Comfer fue reemplazado por la

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), un órgano

autárquico y descentralizado, cuyo directorio deberá estar conformado por

representantes del Poder Ejecutivo nacional y de las provincias, y de la primera y

segunda minorías del Congreso.

Está claro que el espectro radioeléctrico de Paraná está lejos de mostrarse

democratizado, ya sea por la presencia de grupos que concentran grandes radios o por la

escasa participación de organizaciones y la ciudadanía en las mismas. Esta situación

comunicacional que se vive en Paraná y alrededores es sumamente grave no sólo en su

manifestación técnica (excesivo número de frecuencias ocupadas), sino también en

cuanto a que relega la comunicación al mismo nivel de comercialización que cualquier

otro objeto.

Es necesario comprender que la vinculación entre comunicación y democracia es la

clave para construir una sociedad con menos conflictos y con un mayor grado de

cooperación entre sus miembros, porque en la medida en que una comunidad participa

de sus flujos comunicacionales y genera sus propios mecanismos de participación, deja

menos espacio a las manifestaciones individualistas que hoy reflejan los medios de

comunicación en la región.

De lo que se trata es de tomar nota de estas situaciones para revertirlas a partir de una

concepción de la comunicación como derecho humano y de luchar por un marco legal

que se oriente a reordenar el espacio radioeléctrico de nuestro país para garantizar luego

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un equitativo acceso de los diversos sectores de nuestra sociedad a los medios de

comunicación.

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5. a Situación de las FM en Paraná

Actualmente en Paraná hay un total de 64 emisoras de Frecuencia Modulada, de las

cuales, 39 logran llegar a toda la ciudad, mientras que las 25 restantes no consiguen

cubrir con su alcance a la totalidad de la Capital Provincial. Esto último, es producto de

diversos factores, como por ejemplo: el corto alcance, los desniveles del terreno y los

edificios, pero básicamente por las interferencias con otras radios locales, zonales o de

la vecina ciudad de Santa Fe.

Desde un organismo que solicitó no ser mencionado, reconocieron que las radios de

Paraná están habilitadas para contar con un equipo transmisor de 300 watts, con lo cual

tendrían una cobertura aproximada de 28 km a la redonda. Sin embargo, muchas de las

emisoras instaladas cuentan con transmisores más potentes, con lo que superan

ampliamente dicho límite, llegando en algunos casos a los 50 km o más.

Cabe indicar que la norma técnica del Servicio de FM (Resolución Nº 142 SC/96)

establece una marcada diferenciación entre las estaciones de alta y mediana potencia

(categorías A, B, C y D) y las de baja potencia (E, F y G), en cuanto a la reducción del

área primaria de servicio de estas últimas con radios máximos de sólo 5, 3 y 1,5 Km,

respectivamente. Esto permite asignar mayor cantidad de estas estaciones al reducirse

notoriamente las distancias de compartición (reducción del contorno protegido y de las

relaciones de protección).

Así, el Régimen de Normalización (Decreto 310/98) contempla la adjudicación de

licencias de Servicios de FM mediante el llamado a concurso público cuando las

estaciones corresponden a las categorías A, B, C y D con radios del área primaria de

servicio de hasta 64, 50, 43 y 25 Km, respectivamente. Las estaciones que se concursan

deben estar contenidas en el Plan Técnico Básico Nacional.

Por otra parte, desde la delegación local de la Autoridad Federal de Servicios de

Comunicación Audiovisual (AFSCA), su titular Néstor Rodríguez, reveló que de las

emisoras privadas, sólo 18 cuentan con permisos precarios -ninguna con licencia- a

pesar de que algunas están al aire desde hace cerca de 30 años. Mientras que las radios

universitarias y comunitarias poseen una autorización para transmitir; ellas son: FM

Universidad 105.7 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); FM 100.3 de la

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), FM Baxada 93.1, que junto a la AM LT

14 pertenecen a las Radios Públicas; FM Corazón 104.1 perteneciente al Arzobispado,

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al igual que la 102.1, Radio María. Finalmente se encuentra la radio comunitaria “Doña

Munda” 103.7, pero actualmente no estaría al aire.

Desde el AFCA, informaron que en este momento en Paraná se pueden sintonizar 72

radios de Frecuencia Modulada, dependiendo de la zona. De las cuales, unas 64 son

locales y el resto de ciudades aledañas. Ante esta situación reconocieron que es

inadmisible esta cantidad de radios, porque el espectro radioeléctrico no es ilimitado y

muchas frecuencias se interponen. En ese sentido, el funcionario explicó que entre cada

frecuencia debería haber unos dos o tres canales libres para evitar las interferencias. Si

bien está entre sus objetivos tomar cartas en el asunto, reveló que hasta el momento no

se han realizado las correspondientes adecuaciones y no supo especificar cuándo se

llevaría a cabo.

En cuanto a Televisión, uno de los principales canales de aire de la región, no cuenta

con la autorización correspondiente, como es el caso de Canal 11 o Eloncetv. Si bien no

corre riesgo de cierre por esta situación, desde el AFSCA reconocen que está en una

situación irregular con la Ley, aunque confían en que en algún momento su situación se

podrá regularizar.

Finalmente, al ser consultado sobre la existencia de monopolios, Rodríguez sostuvo

que si bien hay casos donde un mismo empresario o Grupo cuenta con varias radios

(como el caso de Dario Buscema -retransmisión de Radio 10 y otras-), Marcelo Pereyra

(retransmisión de Radio Mitre y otras), Luís Sotera (Del Plata y otras) y Fernando Huck

(Centro Radial Crespo), desde el organismo no pueden tomar cartas en el asunto. Esto

se debe a que en los papeles figuran distintos titulares para cada frecuencia, por más que

pertenezcan al mismo empresario, por ende, para la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual estarían en regla. En caso de que el Estado vaya a la justicia por esto,

debería reunir una cantidad importante de pruebas lo cual por el momento no es posible

porque “hay otras prioridades”.

Néstor Rodríguez resaltó que para una efectiva aplicación de la Ley es fundamental

que la sociedad se involucre, porque si bien el papel del Estado es fundamental en el

tema, admitió que sólo no puede actuar.

5.b Los casos de Efecinco y el Centro Radial y Televisivo de Entre Ríos

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En cuanto a concentración, en Paraná hay dos casos claros, que son el de Darío

Buscema (retransmisión de Radio 10 y otras) y Marcelo Pereyra (retrasmisión de Radio

Mitre y otras). Dichos empresarios, además de contar con escasa producción local,

poseen cuatro emisoras cada uno, cuando en realidad según la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual, no podrían contar con más de dos licencias en una misma

área de servicio. La Ley sostiene textualmente en uno de los apartados del artículo 45

que se puede contar con “una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de

frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el

área primaria de servicio”. Luego aclara que “en ningún caso la suma del total de

licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se

superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias”. No

obstante, no es un dato menor aclarar que como la mayoría de las radios locales, no

cuentan con licencias, por lo que ni siquiera estarían contempladas dentro de la Ley.

En cuanto a los casos “excepcionales”, tenemos a radio F5 103.9, ubicada en calle

Santa Fe de Paraná, propiedad del empresario mediático Miguel Audicio, titular de

Libertad Productora, S.R.L. la cual casualmente dio sus primeros con el kirchnerismo,

hace 10 años, aunque recién desde el 2009 creció rápidamente. La mencionada radio es

retransmitida por ocho emisoras ubicadas en distintas localidades de la provincia, la

mayoría de las cuales en el mejor de los casos cuentan con escasa programación local.

Las frecuencias que la retransmiten son: Ramírez 98.9; Gualeguychú 98.3; La Paz 98.9;

Hernandarias 107.9; Villaguay 98.7; Concepción del Uruguay 103.1; Concordia 107.5 y

Nogoyá 103.9. El propio empresario reconoce a través de las redes sociales que la idea

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es ir sumando más emisoras a esta red de retrasmisión. En ese sentido se lo manifiesta a

sus empleados y lo hace público en las redes sociales. “Libertad Productora está a punto

de llegar con sus medios de comunicación a 1.000.000 de entrerrianos. Gracias a todos

los que han confiado en INFORME DIGITAL, SUPERDEPORTIVO Y RADIOS F5

para lograr este objetivo. Muy pronto habrá más novedades”. Publicó el propio Audicio

hace algunos días en su cuenta de Facebook. Lo paradójico es que los estudios de la

radio están ubicados frente a Casa de Gobierno, donde se encuentra el Ministerio de

Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez, quien además es el presidente del

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, dependiente del AFSCA.

El otro caso que es parte de la controversia, se encuentra apenas a 45 kilómetros de la

capital provincial, más precisamente en Crespo. Estamos hablando del Centro Radial y

Televisivo de Entre Ríos, que comenzó a formarse en la década del ’90. Sin dudas, para

una ciudad del interior provincial es un grupo de medios poco usual, en cuanto al

tamaño, el equipamiento y el alcance.

El Centro Radial y Televisivo de Entre Ríos, es propiedad del reconocido empresario

Fernando Alberto Huck, quien también posee en la misma ciudad una importante

inmobiliaria, un hotel y el recientemente inaugurado Country Golf Club de Libertador

San Martín, único de su tipo en la región.

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El ya mencionado empresario, cuenta con la mitad del total de radios de Crespo.

Conforman un grupo de cinco emisoras en un mismo edificio. Ellas son: FM Pasión

103.9, FM Libertad 98.3, FM Latina 97.5, FM Universo 105.5 y FM Crespo 101.9. Sin

embargo, un dato no menor y en todo caso podemos considerarlo como “positivo”, es

que a diferencia de la gran mayoría de las emisoras de la provincia, todas las radios de

Huck cuentan con su respectiva licencia. Desde la delegación local del AFSCA

(Paraná), reconocen que “no está bien” que un empresario tenga tantas radios, pero por

“el momento no podemos tomar medidas al respecto ya que cada emisora tiene un

licenciatario distinto”.

En el mismo sentido, se manifestaron desde la propia empresa, al sostener

textualmente que “Los medios están todos con licencia y distintos dueños”. Luego uno

de los trabajadores del grupo agregó: “Funcionan en un sólo lugar pero eso no implica

que el dueño sea uno sólo”, aunque se sabe claramente que el dueño es Huck, ya que los

licenciatarios son su esposa, hijos y una nuera.

Desde la empresa comentaron que a los medios “los nuclea el Centro Radial y

Televisivo de Entre Ríos, cuyo organismo está inscripto bajo todos los requerimientos

del AFSCA” Aclararon y fueron más allá: “Es más, ninguna persona tiene más de un

medio de comunicación”, aunque finalmente un trabajador reconoció: “Cada uno saca

sus propias conclusiones, pero a los efectos legales se cumplen todos los requerimientos

de la Ley”. Cabe destacar que en el citado Centro, también funciona Canal 6 Entre Ríos

TV (de aire), el semanario El Observador del Litoral y su respectivo sitio digital, todos

propiedad directa e indirectamente del empresario crespense.

Incluso dichos medios se auto potencian y auspician, dándole lugar a las distintas

transmisiones radiales en el espacio televisivo, para bifurcar la audiencia

subministrando las opciones de seguir un determinado programa por televisión, radio o

por internet mismo. Una estrategia que busca hacer una cadena de promoción del Centro

Radial Televisivo, para dar un lugar destacable no solo a nivel local sino a nivel

provincial, ya que tanto el Canal 6 de aire tiene un alcance que excede ampliamente la

jurisdicción local, como así también las radios que se encuentran entre las de mayor

alcance de la provincia y el semanario El Observador del Litoral, que se jacta de

extenderse en 200 localidades entrerrianas.

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6. Pauta oficial

Un tema siempre controvertido es el dinero que destina el gobierno a la publicidad en

los distintos medios de comunicación, más conocida como “pauta oficial”. Según el

sitio Puclicidadoficial.org, “se entiende por Publicidad o Pauta Oficial a todo acto de

comunicación realizado por un organismo o dependencia gubernamental a través de

espacios publicitarios, ya sean pagos o gratuitos.”

La mayor controversia generalmente se debe a que desde los organismos oficiales no se

brinda la información a los ciudadanos sobre qué cantidad de fondos públicos y a que

medios va dirigido el monto de la publicidad.

En definitiva, en el país, no hay una ley que regule la publicidad oficial. Sólo existe

una prohibición para la publicidad de los actos de gobierno sobre las dos últimas

semanas de la campaña, pero no recae sobre la publicidad oficial sino solo

comunicaciones vinculadas a inauguración de obras públicas, lanzamiento de nuevos

programas, etc. Siendo esto perjudicial para la equidad y transparencia de la

competencia electoral.

El artículo 14 de la Constitución de Entre Ríos, establece que la publicidad oficial

comprende la realizada por la provincia, los municipios y las comunas, en todos sus

estamentos y organismos. El apartado considera que se debe garantizar el principio

republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información

pública. Haciendo hincapié en la transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad

dejando en claro que la distribución debe ser equitativa y no discriminatoria de espacios

en los medios de comunicación. La publicidad oficial no podrá incluir mensajes

discriminatorios ni contrarios a los principios constitucionales. Además, la información

de los entes y de las empresas deberá tener relación directa con el objeto social de las

instituciones.

En lo que respecta al presente trabajo, si bien realizamos las pertinentes consultas en

el Ministerio de Cultura y Comunicación, no obtuvimos respuestas positivas. Lo único

que se conoce es una denuncia presentada por el titular de la UCR provincial Jorge

D’Agostino, ante el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

En la misma, denunció presuntas violaciones a la ley de contrataciones del Estado N°

5.140, por parte del gobernador Sergio Urribarri y el ministro Pedro Báez, Según la

presentación, el gobierno provincial habría gastado más de dos millones de pesos en

poco más de 60 días sin ningún tipo de control.

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Según el texto de la denuncia presentada el jueves 2 de mayo del corriente, existen una

serie de decretos emitidos entre marzo y abril de 2012 que autorizaron la realización de

compras o contrataciones de forma directa por vía de excepción de montos muy

superiores a los $38.000 que establece como tope el decreto 1755/11 para este tipo de

adquisiciones. Además, en 12 de esos decretos, las autorizaciones han sido posteriores a

la realización del gasto –cuando el decreto 795/96 en su artículo 144 establece que las

mismas deben ser previas- o se fundamentan en “razones de urgencia” que no se

exponen ni explicitan debidamente.

Los mayores beneficiarios han sido el canal C5N, perteneciente al Grupo Indalo de

Cristóbal López, que recibió 200 mil pesos; SA de Entre Ríos, firma propietaria de El

Diario de Paraná, a cargo de Ramiro Nieto, que cobró 271 mil pesos y Diario UNO, del

grupo Vila-Manzano), con casi 800 mil pesos.

Finalmente, en la denuncia también se plantea que hay gastos por medio millón de

pesos en publicidad en un conjunto de diarios y revistas sin identificar –cuyos nombres

tampoco pueden hallarse en los decretos correspondientes- y medio millón destinado a

la empresa Global Means SA. Con domicilio legal en La Plata.

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7. Conclusión

A lo largo de la investigación realizada, con la información que pudimos recolectar de

diversas fuentes (en la totalidad de los casos, sin ningún tipo de facilitación oficial por

parte de los organismos estatales) y analizándola a partir de los textos brindados por la

cátedra, pudimos arribar a diversas conclusiones que ya han sido en su mayoría

explicitadas en el recorrido de lo expuesto, pero que trataremos de sintetizar brevemente

a modo de cierre, agregando algunas otras apreciaciones personales.

En primer lugar, las políticas de comunicación llevadas adelante por el gobierno de la

Provincia de Entre Ríos son claramente antidemocratizantes, ya desde el punto mismo

en que la información nos es denegada. Ésta tendría que ser de acceso público, como

exige la ley provincial que obliga a las instituciones gubernamentales a entregarla a

quien la solicite formalmente, y además está vigente un decreto a nivel nacional

(promulgado en el 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner) que se expresa en el

mismo sentido. La sensación que nos queda luego de esta investigación es que

claramente no hay ningún tipo de interés por parte del gobierno en entregar información

que, suponemos dada la negativa a brindarla, podría dañar su imagen de algún modo.

Además, pudimos constatar que no existe coordinación entre la Autoridad Federal de

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Ministerio de Comunicación y

Cultura, organismos que deberían estar trabajando en forma acoplada.

Por otro lado, yendo al mapa de medios brindado por la cátedra y que pudimos

actualizar en base a averiguaciones directas, notamos que la concentración de medios

sigue existiendo pese a la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación

Audiovisual con artículos que propenden a la no creación de monopolios y la regulación

de los grupos concentrados ya existentes bajo nuevas condiciones. En este sentido

vemos cómo todavía con tres años de vigencia de la nueva ley siguen existiendo casos

donde un solo propietario es dueño de varias licencias o bien, mediante trampas y

artilugios del tipo legal, esas mismas están puestas a nombre de amigos y familiares

directos, cuando en realidad quien encabeza los medios es una sola persona (caso Huck

en Crespo, por ejemplo).

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La saturación del espectro radioeléctrico sigue siendo un problema irresoluto en la

ciudad de Paraná, lo cual es claramente visible en el mapa que nos fue entregado y que

incluimos en el anexo. La entrega de licencias a radios comunitarias, otra cuestión

estipulada por la 26.522, tampoco fue reglamentada efectivamente, encontrándonos en

Paraná con solo una estación transmisora de este tipo.

En otro orden, el de la pauta oficial, que no se pueda acceder a los datos sobre la

cantidad de dinero en publicidad brindada por el Estado a los medios con fondos

públicos, genera suspicacias y dudas sobre qué esconde esta falta de transparencia en la

información. El ciudadano de esta manera no puede obtener, al igual que con los tópicos

mencionados anteriormente, a datos que deberían ser de libre acceso.

En definitiva, la situación comunicacional en la ciudad de Paraná es desprolija y el

Estado no ejecuta políticas que tiendan a democratizar el acceso a la información

pública o a ordenar los medios posibilitando el derecho a comunicar de todos los

sectores de la sociedad. Se sigue priorizando los intereses de empresarios del sector

privado, en algunos casos, aliados al poder de turno. De esta manera vemos con claridad

que no se pone en práctica lo reglamentado en la ley 26.522 ni se busca revertir la

conflictiva situación desarrollada.

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Bibliografía

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baez consultado el 16/06/2013