PROYECTO TIA MARIA

(PROBLEMÁTICA)

Ya han pasado semanas desde que se inició la huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú, y resulta preocupante que el Estado intente resolver este conflicto socio ambiental mediante el uso de la fuerza y a costa de la pérdida de vidas humanas. 

Los impactos ambientales del proyecto alcanzarían a cuatro distritos de la provincia de Islay. Es necesario considerar el impacto sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, los mismos que actualmente presentan serios problemas en su calidad y abastecimiento en períodos de estiaje. A ello se suma el riesgo que esto representaría en la salud de la población, pues las zonas de explotación estarán ubicadas a setecientos metros del río Tambo, cuyos canales conducen el agua para consumo humano, así como para el uso de riego de la provincia.

En el 2009, la población del distrito de Cocachacra, haciendo uso de su legítimo derecho a la participación ciudadana, realizó una consulta vecinal en la que el 93.4% rechazó el proyecto minero. Este resultado no fue recogido por el Estado, generando rechazo masivo de la población. Como consecuencia de ello, las propuestas de diálogo han perdido credibilidad por la falta de voluntad política y por la ineficacia del gobierno en la solución de los problemas planteados.

Diversos estudios han demostrado el grave impacto que generaría la instalación del proyecto minero en Islay. El más reciente, y que debe destacarse, es el informe que preparó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a solicitud del Ministerio de Energía y Minas. Según el documento, existen 138 observaciones al EIA del proyecto minero, las mismas que coinciden con las preocupaciones expresadas por la población.