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Derecho Administrativo General 1

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Cuerpo de Gestión Procesal de la Administración del Estado

TEMA 1.– Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. TEMA 2.– La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: Decreto–ley y Decreto Legislativo. TEMA 3.– El Reglamento: Concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los Tratados Internacionales. El Derecho de la Unión Europea. TEMA 4.– El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y re-vocación. TEMA 5.– Los contratos del Sector Público: Concepto y clases. Estudio de sus ele-mentos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del Sector Público. TEMA 6.– Tipos de contratos: obras, gestión de servicios públicos, suministro, ser-vicios, concesión de obras públicas y colaboración entre el sector público y el sector privado. TEMA 7.– Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los ser-vicios públicos. Ayudas y subvenciones Públicas. TEMA 8.– La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos. Procedimien-to general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. Idea general de los procedi-mientos especiales. El procedimiento de urgencia. TEMA 9.– El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. El dominio pú-blico. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes co-munales. TEMA 10.– La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Pro-cedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad. TEMA 11.– El procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza y caracteriza-ción. Procedimiento Administrativo Común y su alcance: iniciación, ordenación, ins-trucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.


TEMA 12.– Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. Reclamación administrativa previa a las vías civil y laboral. TEMA 13.– La jurisdicción contencioso–administrativa: Funciones y organización. Evolución histórica. Organización jurisdiccional. El recurso contencioso–administrativo: las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia.


TEST N.º 1

Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes

1. El Derecho Administrativo se considera Derecho:

a) Constitucional. b) Público. c) Privado. d) Común.

2. Entre los principios garantizados por el art. 9.3.º de la Constitución no se encuen-tra el de: a) Seguridad jurídica.

b) Publicidad normativa.

c) Responsabilidad de los poderes públicos. d) Pluralismo político.

3. Por su parte, entre los principios recogidos en el art. 103,1.º del texto constitucio-nal, no está el de: a) Delegación.

b) Desconcentración. c) Descentralización. d) Están todos ellos.

4. El control de la potestad reglamentaria se reserva, según nuestra Constitución, al/a la/a los: a) Tribunales. b) Tribunal Constitucional. c) Propia Administración. d) Jurisdicción penal.

5. El principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables:

a) Permite que se apliquen a supuestos ocurridos con anterioridad a la promulgación de la corma de que se trate.

b) Se recoge en el art. 9,10 de la Constitución.

c) No existe en nuestro Derecho.

d) Las respuestas a y b son ciertas. 6. De acuerdo con nuestra Constitución, la Administración Pública, respecto a los

intereses generales:

a) Ha de ser eficaz.

b) Los sirve con objetividad.

c) Está sometida a la Ley y al Derecho. d) Ha de declararlos.

7. El llamado Estado de Derecho tuvo su punto de partida:

a) Tras la Segunda Guerra Mundial.

b) A raíz de que se promulgó la Constitución.


c) Tras la Revolución Francesa. d) En los regímenes dictatoriales.

8. El Derecho Administrativo, según nuestra Doctrina Científica, dentro de los tipos de Derecho, debe considerarse como:

a) Común para todos los ciudadanos y Administraciones. b) Especial. c) Común de las Administraciones Públicas. d) Constitucional.

9. Dentro de este Derecho, la situación de la Administración:

a) Es de privilegio. b) Es similar y correlativa a la que se reconoce a los ciudadanos. c) De sumisión a los ciudadanos. d) Nada de lo anterior es cierto.

10. La Administración queda sometida al Derecho Privado: a) En todo caso.

b) Nunca. c) Cuando ejerza sus poderes exorbitantes.

d) Cuando actúe como un particular, sin hacer uso de las prerrogativas que tiene reco-nocidas.

11. No es fuente de nuestro Derecho Administrativo la/los: a) Costumbre.

b) Ley. c) Reglamentos.

d) Lo son todos ellos.

12. Dentro de su respectivo ámbito competencial vale más un: a) Decreto del Consejo de Ministros que una Ley.

b) Decreto del Consejo de Ministros que un Decreto de un Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

c) Orden Ministerial que una Orden de un Consejero de una Comunidad Autónoma.

d) Nada de lo anterior, al tratarse del desarrollo de la potestad dentro del ámbito com-petencia) propio, por lo que no debe ser invadido por otra norma aun de rango su-perior.

13. La infracción del principio de jerarquía normativa supone: a) Que las Cortes invaden la potestad reglamentaria de la Administración.

b) Que el Tribunal Constitucional ha de entender del asunto a través del recurso de in-constitucionalidad.

c) No existir legalmente y carecer de efectos la norma que la efectúe.

d) Que la Administración Pública atenta contra las fuentes supletorias del ordenamien-to jurídico.

14. Un reglamento de un Consejero de la Comunidad Autónoma se aprueba a través de: a) Decreto. b) Real Decreto.


c) Orden del mismo.

d) No pueden promulgar reglamentos los Consejeros.

15. Los reglamentos emanados del Consejo de Ministros adoptan la forma de: a) Resoluciones del mismo.

b) Reales Decretos–Leyes.

c) Reales Decretos Legislativos. d) Reales Decretos.

16. Cuando exista una Costumbre (como las que rigen las actuaciones del Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana):

a) Debe aplicarse preferentemente a la Ley.

b) Es norma de inmediata aplicación, al carecerse de fuente escrita.

c) Debe entenderse subordinada a las Leyes que rijan en esta materia. d) Está subordinada a los Principios Generales del Derecho.

17. Para aplicar una Costumbre en defecto de un Principio General del Derecho: a) Ha de ser probada.

b) No puede atentar contra la moral.

c) No puede ir contra el orden público.

d) Nada de lo anterior es correcto, pues se aplica siempre antes que dicho Principio General del Derecho.

18. Una Costumbre que vaya contra un Principio General del Derecho: a) No se aplica.

b) Tiene carácter subsidiario de este. c) No debería aplicarse. d) Nada de lo anterior es cierto.

19. Los Principios Generales del Derecho:

a) Son de directa aplicación.

b) Solo se pueden aplicar en defecto de Ley.

c) Informan el ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre las demás fuentes. d) Solo se aplican en defecto de Ley y de Costumbre.

20. La Jurisprudencia, a efectos de la teoría de las fuentes del Derecho y por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, proviene de las sentencias del/de la/de los: a) Tribunal Constitucional. b) Audiencia Nacional. c) Tribunales en general. d) Tribunal Supremo.


TEST N.º 2 La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: Decreto–Ley y Decreto Legislativo

1. Desde el punto de vista material la Ley es:

a) Una norma de carácter general y obligatorio.

b) Una fuente indirecta de nuestro ordenamiento jurídico. c) Una norma dispositiva.

d) Un acto del Poder Legislativo.

2. Las Leyes ordinarias de las Cortes Generales pueden modificarse por: a) Una Costumbre.

b) Un Principio General del Derecho. c) La Jurisprudencia.

d) Un Decreto–Ley del Gobierno de la Nación.

3. El Rey, respecto de la publicación de las Leyes de las Cortes Generales:

a) Ordena la misma.

b) No tiene nada que ver. c) La efectúa directamente.

d) Nada de lo expuesto es cierto.

4. Las Leyes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas son san-cionadas y promulgadas por el: a) Rey, a tenor del art. 62 de la Constitución.

b) Presidente de la respectiva Asamblea. c) Presidente del Gobierno de la Nación.

d) Presidente de la Comunidad Autónoma de que se trate.

5. Los Decretos–Leyes del Gobierno de la Nación pueden regular materias relacio-nadas con: a) El Derecho electoral.

b) Los derechos y deberes fundamentales de los españoles. c) El Derecho Tributario.

d) Las instituciones básicas del Estado.

6. Los Decretos–Leyes del Gobierno de la Nación se convalidan por el/las: a) Senado.

b) Congreso de los Diputados. c) Gobierno. d) Cortes Generales.

7. Los Decretos–Leyes del Gobierno de la Nación:

a) No pueden contradecir una Ley anterior.

b) No pueden derogar una Ley anterior.

c) Pueden modificar y derogar una Ley anterior.

d) Solo pueden modificar y derogar una Ley anterior cuando haya una autorización expresa de la Constitución, según la materia regulada.


8. El procedimiento de convalidación o derogación de un Decreto–Ley del Gobierno de la Nación es: a) Anterior a su promulgación.

b) Similar al de los Decretos Legislativos. c) El ordinario de aprobación de una Ley. d) Sumario.

9. Y el plazo para hacerlo es de:

a) Dos meses. b) Sesenta días. c) Treinta días. d) Quince días.

10. Un Decreto–Ley del Gobierno de la Nación puede regular, entre otras materias: a) El Derecho electoral general.

b) Un derecho fundamental de un español. c) El régimen de una Comunidad Autónoma. d) La organización de un Ministerio.

11. La delegación de las Cortes en el Gobierno de la Nación para regular el derecho de expresión ha de hacerse por:

a) Ley Orgánica.

b) Ley ordinaria. c) Decreto Legislativo. d) No puede hacerse.

12. Un Decreto Legislativo del Gobierno de la Nación sí puede regular: a) Una libertad pública.

b) Un Estatuto de Autonomía.

c) La materia de una Ley ordinaria. d) El régimen electoral general.

13. La posibilidad de regularizar, aclarar y armonizarlos textos legales por el Go-bierno de la Nación la puede tener cuando dicte:

a) Textos Articulados. b) Textos Refundidos. c) Reales Decretos. d) Reglamentos.

14. La autorización al Gobierno de la Nación para dictar un Texto Articulado se efectúa a través de: a) Ley de Bases.

b) Ley ordinaria. c) Decreto Legislativo. d) Decreto–Ley.

15. El plazo que tiene el Rey para sancionar las Leyes de las Comunidades Autóno-mas: a) Depende de cuándo se les presente a sanción. b) Es de quince días.


c) Cuenta a partir de que se le sometan por el Presidente del Gobierno de la Nación. d) No existe, al no ejercer esta competencia.

16. La regulación del derecho a la vivienda requiere:

a) Ley ordinaria. b) Ley Orgánica. c) Decreto–Ley. d) Decreto Legislativo.

17. Requiere Ley Orgánica: a) La regulación del Tribunal de Cuentas.

b) La ordenación de un impuesto estatal.

c) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. d) Ninguna de las anteriores materias.

18. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas pueden remitir a la Mesa del Congreso de los Diputados:

a) Proyectos de Ley.

b) Decretos Legislativos. c) Decretos–Leyes. d) Proposiciones de Ley.

19. Un Decreto–Ley del Gobierno de la Nación no puede afectar al/a los: a) Régimen de derechos y deberes del Título 1 de la Constitución. b) Presupuestos Generales del Estado. c) Sistema tributario.

d) Las respuestas a y b son ciertas.

20. La no convalidación por el Congreso de los Diputados de un Decreto–Ley del Go-bierno de la Nación implica que: a) Debe tramitarse como Ley por el procedimiento de urgencia. b) No surte efectos desde que se dictó. c) Automáticamente deja de surtir efectos. d) Debe aprobarse como Decreto Legislativo.

21. La convalidación de un Decreto Legislativo del Gobierno de la Nación es compe-tencia del/de las: a) Cortes Generales.

b) Congreso de los Diputados. c) Gobierno de la Nación. d) Ninguno de ellos.

22. Cuando el Gobierno de la Nación desarrolla una Ley de Bases, aprueba un:

a) Texto Refundido. b) Real Decreto. c) Texto Articulado. d) Decreto–Ley.


23. La autorización al Gobierno de la Nación para dictar un Texto Refundido ha de efectuarse a través de:

a) Decreto–Ley. b) Ley Orgánica. c) Decreto Legislativo. d) Ley ordinaria.

24. Como consecuencia de la promulgación de dicho Texto Refundido, las normas que en el mismo se refunden:

a) Adquieren rango reglamentario. b) Se aplican supletoria mente. c) Quedan derogadas. d) Mantienen plena vigencia.

25. La delegación por parte del Gobierno de la Nación de esta competencia delegada por las Cortes Generales: a) Convierte en Reglamento la norma que se dicte.

b) Requiere previa autorización de las Cortes Generales. c) Está permitida con carácter general, siempre que "a posteriori" se pronuncien las

Cortes Generales. d) Está expresamente prohibida.


TEST N.º 3 El Reglamento: Concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los Tratados Internacionales. El Derecho de la Unión Europea

1. El principio de reserva de Ley significa que: a) Los Reglamentos ejecutivos pueden desarrollar una Ley. b) Estos no pueden ir contra una Ley.

c) Los Reglamentos no pueden regular determinadas materias. d) Los Reglamentos no pueden ser derogados por actos singulares.

2. La potestad reglamentaria de la Administración Pública significa que esta puede dictar:

a) Todo tipo de normas.

b) Normas, con sujeción a la Ley.

c) Solo las normas que expresamente le autorice una Ley previa. d) Normas aun en contra de una Ley.

3. Los Reglamentos: a) No son actos administrativos.

b) Son actos administrativos de carácter general que se integran en el sistema de fuen-tes del Derecho Público.

c) Son normas y no actos administrativos.

d) Deben ser fiscalizados por el Tribunal Constitucional.

4. Al dictar un Reglamento, la Administración: a) Suele limitar sus potestades discrecionales.

b) Desarrolla y, en su caso, modifica lo dispuesto en una Ley. c) Amplía su esfera discrecional. d) No se somete al principio de legalidad.

5. Un Reglamento independiente:

a) Puede ir contra una Ley.

b) Regula supuestos no contemplados en la Ley. c) Complementa a una Ley previa. d) Solo se dicta para desarrollar una Ley.

6. Un Reglamento Ejecutivo es el:

a) Dictado exclusivamente por el Gobierno de la Nación. b) Que desarrolla una Ley previa. c) Que se dicta al margen de Ley previa. d) Que regula materia organizativa.

7. Un Reglamento organizativo tiene carácter:

a) Secundum legem. b) Contra legem. c) Praeter legem.

d) No jurídico.


8. Un Reglamento organizativo: a) Puede afectar a derechos de los particulares.

b) Regula las relaciones entre la Administración Pública y los interesados. c) No es norma jurídica.

d) Se circunscribe al ámbito interno de la Administración Pública.

9. Un Reglamento Independiente puede regular nuestro sistema: a) Tributario. b) Sancionador.

c) De autonomía.

d) De potestades discrecionales administrativas.

10. Un Reglamento puede establecer una prestación pecuniaria: a) En cualquier caso.

b) Solo si se lo permite una Ley. c) Al desarrollar una Ley al efecto. d) En ningún caso.

11. Un Reglamento puede:

a) Crear un tributo.

b) Establecer penas.

c) Imponer una prestación personal.

d) Desarrollar materias reservadas a una Ley previamente dictada.

12. El control de legalidad de los Reglamentos compete: a) Al Tribunal Constitucional.

b) Al Gobierno de la Nación exclusivamente.

c) A la Administración Pública en cualquier caso. d) A los Tribunales.

13. Si un Juez, al resolver un caso, observa que un Reglamento va en contra de una Ley: a) No lo aplicará. b) Planteará el recurso de inconstitucionalidad.

c) Planteará la cuestión de inconstitucionalidad.

d) Resolverá el caso, sin cuestionarse la validez del Reglamento.

14. Se consideran Reglamentos secundum legem los:

a) Ejecutivos. b) Independientes. c) De necesidad.

d) Que vayan en contra de una Ley.

15. Los Reglamentos praeter legem son los:

a) Independientes.

b) Ejecutivos. c) Que atentan contra una Ley previa. d) Ninguno de los anteriores lo es.


16. Tienen la potestad de dictar Reglamentos que excepcionen la aplicación de una Ley en un momento determinado el/los:

a) Presidentes de cualquier Corporación Local. b) Gobierno de la Nación. c) Congreso de los Diputados. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo.

17. La impugnación directa de un Reglamento en vía administrativa:

a) Es trámite previo para recurrirlo en vía jurisdiccional. b) Se admite sin límite alguno.

c) Solo se permite cuando incurra en nulidad de pleno derecho. d) Ha desaparecido en la actualidad.

18. La nulidad de las resoluciones administrativas dictadas por un órgano superior que vulneren lo establecido en un reglamento aprobado por un órgano inferior:

a) No se admite en nuestro Derecho.

b) Deriva del principio de reserva de Ley.

c) Es susceptible de convalidación por el inferior.

d) Deriva del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.

19. La pena de prisión en que puede incurrir un funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, suspendiere la ejecución de un reglamento es de:

a) Veinte años.

b) Tres a seis meses.

c) Uno a tres años.

d) Ninguna, al castigarse solo con inhabilitación.

20. El recurso contra un acto que se funde únicamente en la nulidad de una disposi-ción administrativa de carácter general: a) Ha de presentarse ante el órgano que dictó dicha disposición. b) No se admite en nuestro Derecho. c) Puede presentarse ante el órgano que la dictó. d) Solo se permite en vía jurisdiccional.

21. En el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general, cuando estas afecten a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos:

a) Debe oírse al Defensor del Pueblo.

b) Se les dará audiencia siempre directamente.

c) Habrá de abrirse un período de información pública. d) Nada de lo anterior es correcto por sí mismo.

22. Como regla general, el período mínimo de información pública en el procedi-miento de elaboración de disposiciones de carácter general, cuando proceda este trámite, es de: a) Quince días hábiles. b) Veinte días hábiles. c) Un mes. d) Treinta días hábiles.


23. Este trámite de información pública puede ser abreviado, cuando razones debi-damente motivadas así lo justifiquen hasta un mínimo de: a) Quince días hábiles.

b) Siete días hábiles. c) Medio mes. d) Nunca puede abreviarse.

24. Los proyectos de Reglamentos han de ser informados siempre por el/la: a) Secretaría General Técnica. b) Consejo de Estado

c) Ministerio de la Presidencia. d) Todos los anteriores.

25. La tipificación de infracciones administrativas por los Reglamentos: a) Ha de basarse en la que previamente haya efectuado una Ley. b) No requiere Ley previa, pudiendo hacerlo por sí mismos. c) No puede hacerse en caso alguno, ni aún desarrollando una Ley que las contemple. d) Nada de lo expuesto es correcto.

26. Informa el ordenamiento jurídico, aparte de ser fuente del mismo, un/una: a) Costumbre.

b) Ley. c) Principio General del Derecho. d) Reglamento.

27. La atribución a una Organización Internacional del ejercicio de competencias de-rivadas de la Constitución se efectuará, según esta, por:

a) Tratado Internacional. b) Ley Orgánica. c) Referéndum. d) Ley ordinaria.

28. En las materias que se transfieran sobre la base de lo señalado en la pregunta an-terior:

a) Los órganos nacionales actúan por delegación de la Organización Internacional.

b) Ha de efectuarse una conversión interna de las normas dictadas por dicha Organiza-ción.

c) Se produce un desapoderamiento de los órganos nacionales. d) Nada de lo expuesto es cierto.

29. Además de las Cortes Generales, puede celebrar Tratados Internacionales el: a) Parlamento autonómico. b) Rey. c) Gobierno de la Nación. d) Defensor del Pueblo.


30. No requieren publicación en el Boletín Oficial del Estado, para su entrada en vi-gor, los/las: a) Tratados Internacionales.

b) Normas de la Unión Europea. c) Reglamentos. d) Decretos–Leyes.

31. La Jurisprudencia: a) No es fuente del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico. b) Solo lo es cuando lo diga el Tribunal Supremo.

c) Lo es siempre.

d) Lo es con la doctrina emanada del Tribunal Supremo, al aplicar la Ley, la Costum-bre y los Principios Generales del Derecho.

32. Los Tratados Internacionales que no sean de la Unión Europea: a) Son fuente directa de nuestro ordenamiento.

b) Tras su ratificación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, son fuente dire-cta.

c) Son fuente indirecta del ordenamiento.

d) No son fuente del mismo.

33. La norma creada por un repetido hacer jurídico, según la Doctrina científica, constituye la/los: a) Principios Generales del Derecho. b) Ley. c) Costumbre. d) Jurisprudencia.

34. La Costumbre que regula hechos no previstos en las Leyes es la: a) Secundum legem. b) Praeter legem. c) Contra legem.

d) Interpretativa.

35. Por su parte, la que completa lo dispuesto en un texto legal es la: a) Secundum legem. b) Praeter legem. c) Contra legem. d) Extra legem.

36. En nuestro ordenamiento jurídico el tipo de Costumbre que se admite legalmente como fuente del Derecho es la:

a) Contra legem.

b) Praeter legem.

c) Secundum legem.

d) Todas ellas se admiten.


37. Un requisito que ha de reunir la Costumbre para actuar como fuente del Derecho es que: a) Sea un uso jurídico de cualquier tipo.

b) Sea reconocida por los Jueces como tal.

c) Se pruebe su existencia por quien la invoca.

d) Haya sido refrendada por una norma jurídica posterior.

38. Hay referencia o remisión a la Costumbre en las normas que regulan el/la/los: a) Funcionamiento de los Plenos de los Ayuntamientos. b) Espacio aéreo.

c) Aprovechamientos de las aguas.

d) Aprovechamientos de los bienes patrimoniales de las Entidades Locales.

39. Para que una Costumbre sea aplicable como fuente del Derecho, no puede ser: a) Contraria al orden político.

b) Praeter legem. c) Extra legem. d) Contraria a la moral.

40. La legislación de Régimen Local remite a la Costumbre en cuanto al funciona-miento de los: a) Entidades Locales de ámbito territorial inferior al Municipio. b) Plenos de los Ayuntamientos. c) Concejos Abiertos.

d) Grupos políticos.

41. Federico de Castro, en relación con los Principios Generales del Derecho, se inte-gró en la concepción: a) Positivista. b) Integradora. c) Iusnaturalista.

d) Constitucionalista.

42. Los Principios que históricamente delinean la típica fisonomía de nuestro orde-namiento jurídico son los: a) Positivos. b) De Derecho Natural. c) Políticos. d) Todos ellos lo son.

43. Requiere la previa autorización de las Cortes Generales la celebración de un Tra-tado Internacional: a) De carácter político.

b) De carácter cultural.

c) Que comporte la modificación de normas reglamentarias. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.


44. Respecto de los Tratados que no deban ser autorizados por las Cortes Generales, estas: a) Los ratifican. b) Han de informarlos previamente.

c) Los tramitan como proposición no de Ley. d) Solo son informadas de su celebración.

45. Una norma dictada por un órgano de la Unión Europea: a) Ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor en España. b) No puede contradecir a las Leyes españolas.

c) Se aplica con rango de reglamento en España. d) Nada de lo expuesto es correcto.


TEST N.º 4 El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación

1. El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad: a) Siempre. b) Cuando se trate de actos reglados. c) Según los casos. d) No necesariamente.

2. Cuando la Administración Pública actúa como persona de Derecho Privado: a) Solo puede ser controlada por los Tribunales contencioso–administrativos. b) No dicta actos administrativos.

c) Su actividad es puramente discrecional.

d) Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.

3. Un acto complejo es aquel:

a) En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos ór-ganos administrativos.

b) Que se adopta por un órgano colegiado.

c) En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano consulti-vo.

d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos adminis-trativos.

4. El interés público convierte a los actos administrativos en: a) Susceptibles de impugnación directa. b) Reglados, en parte. c) Discrecionales.

d) Nada de lo anterior.

5. El contenido eventual del acto supone:

a) Que este puede estar condicionado.

b) Que se presume en todos los actos del mismo tipo. c) Que es connatural con el acto de que se trate. d) Su carácter reglado.

6. Un acto general debe:

a) Publicarse.

b) Notificarse a los interesados.

c) Tener un contenido normativo.

d) Elaborarse por un órgano colegiado.

7. La compulsión sobre las personas:

a) Deriva de la propia esencia del acto administrativo. b) Deriva del principio de ejecutividad de los actos administrativos.

c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzo-samente algunos actos administrativos.

d) Es similar al lanzamiento administrativo.


8. El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: a) Propuesta.

b) Acto definitivo. c) Informe con propuesta de resolución. d) Acto trámite.

9. Un ejemplo de acto de trámite es un/una:

a) Decisión con que concluye el procedimiento. b) Renuncia. c) Informe emitido en un procedimiento. d) Ninguno de ellos lo es.

10. Las competencias administrativas hacen referencia a/al/a las: a) Ente administrativo de que se trate.

b) Atribuciones que por Ley se conceden a una Administración Pública. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. d) Nada de lo anterior.

11. El contenido de un acto administrativo ha de ser:

a) Ilícito y determinado.

b) Posible y lícito. c) Determinado o determinable e ilícito. d) Imposible y lícito.

12. Las cláusulas accesorias de un acto administrativo forman parte del contenido: a) Natural del acto.

b) Implícito del mismo. c) Legal del acto. d) Eventual del acto.

13. Cuando algo necesariamente forma parte de un acto, hablamos de contenido: a) Natural. b) Legal. c) Eventual. d) Implícito.

14. Los actos deben motivarse:

a) Siempre. b) Nunca. c) Cuando decidan un procedimiento. d) Cuando la Ley lo prescriba.

15. No tienen por qué motivarse los actos que:

a) Resuelvan recursos.

b) Limiten derechos subjetivos.

c) Se separen del dictamen de órganos consultivos. d) Todos los anteriores deben motivarse.


16. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre:

a) Su texto íntegro.

b) Los recursos que contra el mismo procedan. c) Los motivos en que se basa la decisión. d) El plazo de interposición de los recursos.

17. Para que surta efecto una notificación defectuosa: a) Basta con que transcurra el plazo de recurso del acto a que se refiere.

b) El particular ha de actuar de forma que se deduzca el conocimiento del contenido de la resolución.

c) La Administración Pública ha de demostrar que se hizo. d) En ninguno de los tres casos anteriores se subsana.

18. Una notificación por vía telemática: a) No se admite en nuestro ordenamiento jurídico.

b) Requiere previo consentimiento del interesado para hacerse de esta forma. c) Es la regla general.

d) Se deja al arbitrio de la Administración Pública.

19. La formalización de documentos que contengan un acto administrativo de mero trámite:

a) No es necesaria.

b) Solo se exige para aquellos que tengan incidencia en derechos de los interesados. c) Debe efectuarse en los que tenga contenido informativo. d) Se exige siempre.

20. Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que: a) Limite derechos de los particulares.

b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. c) Imponga deberes u obligaciones. d) No se lesionen derechos de otras personas.

21. La presunción de legitimidad de los actos administrativos:

a) No admite prueba en contrario.

b) Dependerá de lo que el propio acto establezca.

c) Puede ser objeto de impugnación por el particular. d) Solo se da cuando la Ley expresamente lo diga.

22. Entre los medios de ejecución forzosa del art. 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no se encuentra el/la: a) Desahucio administrativo.

b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre la persona.


23. Cuando se interpone un recurso contra un acto administrativo:

a) Se suspende la eficacia de este.

b) No se suspende en ningún caso la eficacia de este. c) Cuando lo diga una Ley, o así lo acuerde el órgano encargado de resolverlo, se sus-

penderá la eficacia del acto.

d) Cuando no se trate de una nulidad de pleno derecho, se suspende la eficacia.

24. Cuando la Administración Pública efectúa una actuación material que no limita derechos subjetivos de los particulares:

a) Debe haber sido adoptado antes el oportuno acto administrativo. b) No puede hacerlo.

c) No es necesario un previo acto administrativo. d) Debe oírse al Consejo de Estado.

25. La vigente Ley General Tributaria es de: a) 1958. b) 1963. c) 2003. d) 2004.

26. Cuando el Delegado Provincial de una Consejería de una Comunidad Autónoma de una Provincia concreta resuelve un recurso administrativo en materia propia de la Delegación Provincial de otra Consejería de distinta Provincia, incurre en una incompetencia: a) Funcional y jerárquica. b) Territorial y jerárquica.

c) Funcional y territorial. d) Territorial exclusivamente.

27. La incompetencia a que se refiere la pregunta anterior es de carácter: a) Absoluto y relativo. b) Absoluto. c) Relativo. d) Jerárquico.

28. Para que pueda plantearse un recurso por desviación de poder: a) Es necesario que se atente contra la causa inmediata del acto. b) Ha de atentarse contra el interés público, como causa inmediata de todo acto admi-

nistrativo. c) Ha de atentarse contra la causa mediata del acto administrativo. d) Nada de lo anterior es correcto.

29. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen vinculante de un órgano consultivo: a) Vicia el acto de que se trate.

b) Debe motivar el acto. c) No puede hacerlo.

d) Debe justificar porqué lo hace.


30. En cambio, si se separa de un dictamen facultativo:

a) Vicia el acto. b) Debe motivarlo. c) No puede hacerlo.

d) Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto.

31. La notificación de un acto administrativo: a) Suspende su eficacia hasta que se efectúe tratándose de actos generales. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada. c) Suspende su eficacia una vez realizada. d) Ha de hacerse con todo tipo de actos.

32. Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos:

a) Debe existir una norma que se lo permita.

b) Lo puede hacer en cualquier caso.

c) Basta con un reglamento que se lo permita.

d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.

33. La compulsión sobre las personas no procede en los que: a) Comporten una obligación no personalísima de hacer. b) Esta obligación sea personalísima de no hacer.

c) Esta obligación sea personalísima de soportar.

d) Se dé cualquiera de las circunstancias anteriores.

34. Los supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos:

a) Son la regla general en nuestro Derecho.

b) Son los recogidos en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exclusivamente.

c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas. d) Son solo los del art. 62 citado y de otras Leyes formales.

35. Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde:

a) Que se notifica el acto anulatorio.

b) El momento de la declaración de la nulidad.

c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos. d) Se dictó el acto anulado.

36. Los defectos formales en un acto, según reconoce expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: a) Lo vician con nulidad absoluta.

b) Lo vician con anulabilidad en todo caso.

c) Pueden dar lugar a la nulidad absoluta si producen indefensión. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso.

37. La Administración Pública podrá convalidar un acto: a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica. b) Si el vicio consiste en incompetencia funcional. c) Si el vicio consiste en incompetencia territorial. d) En ninguno de los anteriores casos.


38. Y no podrá hacerlo si el vicio consiste en:

a) Incompetencia jerárquica.

b) La falta de una autorización. c) Incompetencia funcional.

d) La omisión de un informe facultativo.

39. Si, al efectuar una notificación en el domicilio del interesado, no se hallare este ni su representante, sino un familiar y no quiere hacerse cargo de la notificación: a) Se entiende efectuada la notificación.

b) Debe intentarse de nuevo la notificación a los primeros. c) Se publica directamente el acto. d) Se obligará a dicho familiar a recibirla.

40. Si, efectuada una publicación de un acto, los interesados no se dan por enterados:

a) Se intentará notificárselo individualmente. b) El procedimiento seguirá su curso. c) Se hará una nueva publicación. d) El acto no surte efectos.

41. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gra-vamen o no declarativo de derechos:

a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares. b) Está prohibida.

c) Se puede efectuar en cualquier momento, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al in-terés público o al ordenamiento jurídico.

d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado.

42. En la Administración Local (en concreto, en un Ayuntamiento), la declaración de lesividad de un acto se efectúa a través del/de la:

a) Presidente de la Corporación Local. b) Junta de Gobierno Local. c) Pleno. d) Cualquiera de los anteriores.

43. Un acto anulable puede ser revisado de oficio por la Administración Pública, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó:

a) Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado. b) No. c) Sí, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de Es-

tado. d) Sí, cuando la ilegalidad sea manifiesta y así lo dictamine el Consejo de Estado.

44. Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra: a) La prescripción de la acción.

b) Su ilegalidad manifiesta.

c) Que atente a derechos subjetivos.

d) Que incurra en nulidad de pleno derecho.


45. El dictamen del Consejo de Estado, respecto a la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho es:

a) Facultativo y no vinculante. b) Preceptivo y vinculante. c) Preceptivo y no vinculante. d) Facultativo y vinculante.


TEST N.º 5 Los contratos del Sector Público: concepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del Sector Público

1. Las Comunidades Autónomas, en materia de contratación administrativa:

a) Tienen su legislación específica, que excluye al Texto Refundido de la Ley de Con-tratos del Sector Público (TR–LCSP).

b) No se rigen por este TR–LCSP

c) Solo pueden desarrollar el TR–LCSP

d) Se rigen por este TR–LCSP en lo que del mismo se considera legislación básica, a tenor de su disposición final segunda.

2. No se consideran contratos administrativos los de: a) Suministro. b) Concesión de obras públicas.

c) Servicios. d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística.

3. Los Organismos Autónomos, en cuanto al TR–LCSP:

a) No están sujetos.

b) Se sujetan en su integridad.

c) Solo se rigen por el mismo cuando hayan sido creados para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil.

d) Se rigen solo con carácter supletorio.

4. Por su parte, una entidad pública con personalidad jurídica propia:

a) Está plenamente sujeta.

b) No se rige por el TR–LCSP en ningún caso.

c) Se rige por el TR–LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o va-rios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su activi-dad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

d) Nada de lo expuesto es cierto. 5. La relación de servicio de los funcionarios públicos:

a) Se rige por lo dispuesto por el contrato de prestación de servicios.

b) Está sujeta, supletoria mente, al TR–LCSP

c) Se rige por lo establecido para el contrato de consultoría y asistencia. d) No se sujeta al TR–LCSP

6. Un contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación: a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR–LCSP. b) Está plenamente sujeto al TR–LCSP. c) Se considera administrativo típico. d) Nada de lo expuesto es cierto.


7. Un contrato privado de la Administración se rige por el TR–LCSP, en defecto de normas específicas, en lo relativo a la:

a) Preparación del contrato.

b) Ejecución del mismo.

c) Adjudicación del contrato.

d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

8. Como consecuencia de lo anterior, dicho contrato, en las materias en que se rige por el TR–LCSP, se impugnará a través de/ante:

a) Mecanismos de arbitraje o conciliación.

b) La Jurisdicción Civil. c) La Jurisdicción Contencioso–Administrativa. d) Tribunales Económico–Administrativos.

9. Los contratos que tengan por objeto la creación literaria:

a) Se consideran administrativos típicos.

b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración. c) Son administrativos innominados. d) Nada de lo anterior es correcto.

10. Entre las menciones que deben incluir, necesariamente, los contratos de un ente del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, no se en-cuentra la siguiente: a) Consentimiento de los contratantes.

b) Referencia a la legislación aplicable al contrato. c) Precio cierto o modo de determinarlo. d) Definición del objeto del contrato.

11. La perfección de los contratos se efectúa a través de la: a) Formalización. b) Prestación de la garantía definitiva. c) Adjudicación provisional. d) Licitación.

12. Existe obligación de remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscaliza-ción de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado un contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda, tratándose de un contratos de obras, de la siguiente, cantidad:

a) 600.000 euros. b) 450.000 euros. c) 300.000 euros. d) 150.000 euros.

13. Si se trata de un contrato de suministros, debe remitirse la documentación a que se refiere la pregunta anterior al citado Tribunal cuando su cuantía exceda de:

a) 150.000 euros.

b) 200.000 euros. c) 450.000 euros.

d) Debe remitirse en todo caso.


14. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en cuanto al contrato de gestión de servicios públicos:

a) Solo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. b) Pueden celebrarlo sin límite alguno.

c) Están expresamente excluidas de su celebración. d) Nada de lo expuesto es correcto.

15. Los contratos administrativos que tengan por objeto el arrendamiento de siste-mas para el tratamiento de la información que no hayan sido desarrollados a me-dida de la Administración contratante se consideran:

a) De servicios.

b) De gestión de servicios públicos.

c) De colaboración entre el sector público y el sector privado. d) De suministro.

16. Los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas se consideran: a) Contratos mixtos.

b) Contratos sujetos a una regulación armonizada. c) Contratos privados.

d) Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

17. Los contratos administrativos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad se consideran:

a) De servicios.

b) De gestión de servicios públicos. c) De obras. d) Mixtos.

18. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de dis-tinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que de-ban observarse en su adjudicación:

a) A lo que disponga en cada caso la Administración contratante. b) A lo que derive del mutuo acuerdo de las partes contratantes.

c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista eco-nómico.

d) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista ad-ministrativo.

19. Los contratos menores definidos en el art. 138.3 TR–LCSP, por ejemplo un con-trato de obras con un importe inferior a 50.000 euros: a) No podrán tener una duración superior a un año.

b) No se podrá adjudicar directamente a un empresario con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria.

c) No puede ser objeto de prórroga.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.


20. Como regla general, los contratos del sector público se entenderán celebrados:

a) En el lugar donde tenga su domicilio oficial el contratista. b) En el lugar en el que se llevará a efecto el objeto del contrato.

c) En el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. d) En el lugar donde se lleve a efecto su formalización.

21. La contratación verbal por parte los entes, organismos y entidades del sector pú-blico: a) Se admite en casos de urgencia.

b) Está expresamente prohibida.

c) Solo se permite para los contratos menores. d) Nada de lo expuesto es cierto.

22. La remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Co-munidad Autónoma de una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado un contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, deberá realizarse en siguiente plazo, a contar desde la formalización del contrato::

a) Un mes. b) Seis meses. c) Tres meses. d) Un año.

23. Un contrato administrativo de obras estará sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a:

a) 5.225.000 euros. b) 209.000 euros. c) 134.000 euros.

d) 80.000 euros.

24. Entre los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada no figu-ran los de: a) Obras. b) Servicios. c) Suministros. d) Puede serlo todos los anteriores.

25. En el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la con-traprestación a percibir por el contratista colaborador consiste en: a) La concesión del servicio público de que se trate. b) Un precio que se le satisfará durante toda la duración del contrato.

c) Adquirir la condición de contratista preferente para la Administración, con exención de la prestación de garantías.

d) La dirección de las obras que sean precisas.


26. La adjudicación de un contrato a una persona incursa en causa de incompatibili-dad: a) No comporta por sí sola la nulidad del mismo. b) Provoca su irregularidad. c) Es causa de anulabilidad. d) Supone su nulidad absoluta.

27. Pueden remitir a un arbitraje la solución de las diferencias que surjan sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren: a) Las Administraciones Públicas en general.

b) Las anteriores y los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas.

c) Solo los entes, organismos y entidades del sector privado. d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Ad-

ministraciones Públicas.

28. La insuficiencia de crédito presupuestario respecto de un contrato celebrado por la Administración, salvo los supuestos de emergencia, provoca su: a) Nulidad. b) Irregularidad. c) Anulabilidad. d) Suspensión.

29. La nulidad de los actos que no sean preparatorios del contrato en un expediente de contratación: a) Provoca la nulidad del propio contrato.

b) Comporta la adopción de medidas provisionales, mientras se declara.

c) Se subsana, previo acuerdo de continuación de los efectos del contrato, cuando pue-da causar un grave trastorno al servicio público.

d) Nada de lo expuesto es correcto.

30. El recurso administrativo especial regulado en los arts. 40 a 49 del TR–LCSP:

a) Es preceptivo.

b) Es posterior a otros recursos administrativos en la contratación de que se trate. c) Tiene carácter potestativo.

d) Nada de lo anterior es cierto.

31. En la Administración General del Estado, el Presidente y los Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se designa por el: a) Consejo General del Poder Judicial.

b) Consejo de Ministros.

c) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Ministro de Justicia.

32. El Tribunal a que se refiere la pregunta anterior está adscrito al: a) Ministerio de Justicia.

b) Ministerio de la Presidencia.

c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Consejo General del Poder Judicial.


33. Queda suspendida la tramitación del expediente de contratación en el supuesto de que se use este recurso administrativo especial contra el acto de: a) Clasificación. b) Adjudicación. c) Aprobación de los Pliegos que rijan el contrato.

d) En ningún supuesto se suspende dicha tramitación.

34. Contra la resolución de los órganos competentes para decidir este recurso admi-nistrativo especial: a) Puede instarse la revisión de oficio.

b) Se puede interponer recurso administrativo de alzada. c) Solo es posible la interposición de recurso contencioso–administrativo.

d) Se permite excepcionalmente que sea revisable por los órganos de control financie-ro de la Administración correspondiente.

35. La duración del nombramiento del Presidente del Tribunal Administrativo Cen-tral de Recursos Contractuales es:

a) De seis años. b) Prorrogable. c) Indefinida. d) De tres años.

36. La declaración de nulidad de los actos preparatorios y de los actos de adjudica-ción de los contratos de las Administraciones Públicas se efectúa, como regla ge-neral, por el/la: a) Jurisdicción contencioso–administrativa en todo caso. b) Órgano de contratación y el contratista, de mutuo acuerdo. c) Órgano de contratación.

d) Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

37. El procedimiento que se sigue en dicha declaración es el de: a) Revisión de oficio de actos administrativos irregulares. b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho. c) Contencioso–administrativo.

d) Ninguno de los anteriores, sino uno específico previsto en el TR–LCSP

38. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con efica-cia general frente a todos los órganos de contratación, por:

a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administra-tiva del Estado.

b) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) El órgano de contratación competente en cada caso. d) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con dicha eficacia gene-

ral.


39. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con efica-cia general frente a todos los órganos de contratación, a que se refiere la pregunta anterior son susceptibles de recurso:

a) De reposición ante el órgano que los adoptó.

b) Contencioso–administrativo exclusivamente.

c) De alzada ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) En ningún caso.

40. El hecho de que un contratista haya sido declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, le hace incurrir, respecto de la contrata-ción administrativa, en: a) Una causa de incompatibilidad. b) Una prohibición de contratar. c) Falsedad.

d) Causa de anulabilidad del contrato que se celebre.

41. La solvencia económica y financiera y profesional o técnica del contratista puede sustituirse, en determinados supuestos por:

a) Un aval bancario.

b) La prestación de la garantía legalmente prevista. c) La clasificación. d) Nada.

42. Se exige la clasificación del empresario en los contratos de obras que tengan un presupuesto igual o superior a: a) 200.000 euros. b) 185.000 euros. c) 500.000 euros. d) 209.000 euros.

43. La formalización en escritura pública de una unión temporal de empresarios

constituida para contratar con la Administración se requiere: a) Para poder licitar.

b) Con carácter previo a la adjudicación definitiva del contrato. c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. d) Al inicio del cumplimiento del contrato.

44. Los empresarios que concurran agrupados en una unión temporal quedan obli-gados: a) Individualmente. b) Mancomunadamente. c) Solidariamente. d) Depende de los casos.


45. Como regla general y en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó la concesión, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia: a) De nueve años.

b) Indefinida. c) Circunscrita al contrato de que se trate. d) De cinco años.

46. Para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vigencia, el em-presario deberá justificar el mantenimiento de la solvencia económica y financie-ra:

a) Anualmente. b) Cada dos años. c) Cada cinco años. d) Cada tres años.

47. Por su parte, para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vi-gencia, el empresario deberá justificar el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional: a) En ningún momento. b) Cada dos años. c) Anualmente. d) Cada tres años.

48. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: a) Es obligatoria.

b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de aptitud del empresario.

c) Acredita la clasificación solo ante los órganos de contratación de la Administración General del Estado.

d) Se acredita mediante declaración responsable del empresario.

49. Las empresas no comunitarias, para celebrar contratos de obrasen España, debe-rán justificar:

a) La reciprocidad por parte de su país de origen en la admisión de empresas españolas en la contratación con su respectiva Administración.

b) Su inscripción en el Registro Mercantil español.

c) Que tienen abierta sucursal en España. d) Todo lo anterior.

50. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la competen-cia para declarar la prohibición de contratar de un empresario en el siguiente su-puesto: a) Cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario. b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de discipli-

na de mercado.

c) Cuando no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. d) En todos los anteriores supuestos.


51. La Junta de Gobierno Local, en un Municipio de gran población, en materia de contratación administrativa:

a) No puede tener competencia alguna.

b) Puede contratar por delegación del Pleno y del Presidente de la Corporación. c) Tiene competencia originaria y plena.

d) Se limita a intervenir previamente al acuerdo o resolución del Pleno o del Presiden-te, respectivamente.

52. El perfil del contratante se difunde a través de/del/de la: a) Boletín Oficial del Estado.

b) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según proceda. c) Prensa de mayor tirada de la localidad de que se trate. d) Internet.

53. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse: a) En las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público. b) La Plataforma de Contratación del Sector Público. c) En los pliegos y anuncios de licitación.

d) En todo lo anterior.

54. Es inexcusable publicar en el perfil del contratante el/la/las: a) Adjudicación de los contratos.

b) Anuncio de información previa contemplado en el artículo 141 TR–LCSP. c) Licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas. d) Todo lo anterior.

55. La existencia de Juntas de Contratación, como órganos de contratación, en las Entidades Locales: a) Está expresamente prohibida. b) Es inexcusable.

c) Es potestativa.

d) Debe aprobarse por la Comunidad Autónoma respectiva.

56. El acuerdo de constitución de la Junta de Contratación en una Entidad Local compete al/a la: a) Comunidad Autónoma que apruebe su existencia. b) Junta de Gobierno Local.

c) Presidente de la Corporación Local de que se trate. d) Pleno de la Corporación Local.

57. La Mesa de Contratación, cuando exista Junta de Contratación en una Entidad Local: a) No es necesaria.

b) Se incorpora a la propia Junta de Contratación.

c) Se constituye como tal Junta de Contratación.

d) Es el órgano que fiscaliza la actuación de la Junta de Contratación.


58. La duración de las uniones temporales de empresarios: a) Es indefinida. b) Coincide con la del contrato hasta su extinción.

c) Se prolonga hasta el vencimiento del plazo de garantía definitiva del contrato. d) Se deja a la voluntad de los empresarios que la constituyen.

59. Los derechos y obligaciones del contratista suelen incorporarse a/al: a) Pliego de prescripciones técnicas.

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Proyecto Técnico de la obra de que se trate. d) Todo lo anterior.

60. En las tramitaciones urgentes de un expediente de contratación, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a los siguientes días hábiles contados desde la formalización:

a) 5. b) 10. c) 15. d) No hay previsión legal al respecto.

61. Queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores en el procedimiento: a) Abierto. b) Restringido. c) De diálogo competitivo.

d) En todos los anteriores se admite la negociación.

62. Se adjudica un contrato al empresario elegido por la Administración, previa con-sulta con uno o varios empresarios candidatos, en el procedimiento: a) Abierto. b) Negociado. c) Restringido. d) De cualquier tipo.

63. La subasta electrónica, en materia de contratación, no puede emplearse en el si-guiente procedimiento: a) Restringido. b) Negociado. c) De diálogo competitivo.

d) Se puede usar en cualquiera de ellos.

64. La presentación por los licitadores de variantes o mejoras: a) Está taxativamente prohibida.

b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato. c) Requiere previo acuerdo al efecto entre las partes contratantes. d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo.


65. En el procedimiento restringido, el número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar no podrá ser inferior a:

a) Cinco. b) Diez. c) Veinte. d) Veinticinco.

66. Puede acudirse al procedimiento negociado en los contratos de obras cuando su valor estimado sea inferior a la siguiente cuantía:

a) Diez millones de euros. b) Dos millones de euros. c) Un millón de euros. d) Seis millones de euros.

67. El procedimiento ordinario de adjudicación de los contratos es el: a) Abierto. b) Restringido. c) De diálogo competitivo.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

68. Se puede usar el procedimiento negociado en un contrato de suministros, en todo caso, cuando su valor estimado se inferior, como máximo, a: a) 200.000 euros. b) 100.000 euros. c) 350.000 euros. d) 150.000 euros.

69. La selección en los concursos de proyectos se efectúa por:

a) El órgano de contratación.

b) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa. c) Un Jurado. d) Indistintamente, por cualquiera de los anteriores.

70. Como regla general, a salvo de los contratos de obras, se consideran menores los contratos de importe inferior, como máximo, a: a) 207.000 euros. b) 80.000 euros. c) 50.000 euros. d) 18.000 euros.

71. En la contratación administrativa, se considera confidencial la información facili-tada por los licitadores: a) Sobre su identidad.

b) Respecto a su clasificación. c) Sobre secretos comerciales.

d) Las respuestas b) y c) son ciertas.


72. A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado la-boral, está prevista la determinación de los contratos de la Administración Gene-ral del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, con carácter: a) Bianual. b) Semestral. c) Anual. d) Mensual.

73. la determinación a que se refiere la pregunta anterior debe efectuarse por el/la: a) Consejo de Ministros.

b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Plataforma de Contratación del Sector Público. d) Junta Consultiva de Contratación.

74. La incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de traba-jadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cum-plimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la decla-ración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medi-das a tal efecto aplicadas:

a) Es inexcusable en todo contrato administrativo.

b) Deriva de la obligación impuesta al efecto por la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad.

c) Es potestativa para los órganos de contratación. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

75. En el supuesto de que varias empresas licitadoras empaten en cuanto a la propo-sición más ventajosa y acrediten tener relación laboral con personas con discapa-cidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudica-ción del contrato el licitador que: a) Disponga del mayor porcentaje de trabajadoras fijas con discapacidad en su planti-

lla. b) Disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su planti-

lla, sin distinción entre sexos.

c) Se comprometa a genera empleo para personas discapacitadas en la ejecución del contrato de que se trate.

d) Mayor tiempo haya contratado a personas con discapacidad.

76. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán susti-tuidos por el documento descriptivo regulado en el art. 181 del TR–LCSP en el siguiente expediente de contratación:

a) Negociado.

b) Restringido. c) De diálogo competitivo. d) Abierto.


77. Como regla general, la aprobación del gasto en un expediente de contratación se realiza: a) Con la resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente

de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

b) Al inicio del expediente de contratación, como requisito inexcusable. c) Una vez adjudicado el contrato y conocido su precio definitivo. d) Tras la ejecución del contrato, a la vista del coste efectivo del mismo.

78. Se exime del requisito de la existencia de crédito suficiente para contratar, en: a) Ningún caso.

b) La contratación urgente.

c) La contratación de emergencia.

d) Todo tipo de expediente de contratación, siempre que se acompañe al acuerdo co-rrespondiente la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito.

79. En la Administración General del Estado, respecto a los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales: a) Debe informar obligatoriamente y con carácter previo la Junta Consultiva de Con-

tratación Administrativa del Estado.

b) Debe recabarse dictamen vinculante del Consejo de Estado. c) Se consideran nulos de pleno derecho.

d) Han de ser sometidos a ratificación del Consejo de Ministros.

80. El establecimiento de pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, enti-dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades pú-blicas estatales es una atribución del/de la:

a) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. b) Consejo de Ministros.

c) Ministro correspondiente.

d) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

81. Las especificaciones técnicas podrán mencionar una fabricación o una proceden-cia determinada o un procedimiento concreto, o hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la fina-lidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos: a) Cuando lo justifique el objeto del contrato.

b) Previa autorización de carácter excepcional.

c) Acompañándola de la mención «o equivalente».

d) Las tres respuestas anteriores son ciertas y concurrentes.


82. La imposición al adjudicatario en algunos contratos de la obligación de subrogar-se como empleador en determinadas relaciones laborales

a) No está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. b) Ha de ir acompañada, en el pliego o en la documentación complementaria, de la in-

formación sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes labo-rales que implicará tal medida.

c) Debe ir precedida por el consentimiento expreso de la empresa que viniese efec-tuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de em-pleadora de los trabajadores afectados.

d) Las respuestas b y c son correctas.

83. Cuando los contratos a celebrar por Comunidades Autónomas o Entidades Loca-les estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse en: a) El «Diario Oficial de la Unión Europea».

b) Los diarios oficiales autonómicos o provinciales. c) El «Boletín Oficial del Estado». d) Todos los anteriores necesariamente.

84. Está especialmente prevista la posible exención de la constitución de la garantía en los contratos: a) De obras.

b) De concesión de obras públicas.

c) De suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse an-tes del pago del precio.

d) En ninguno de los anteriores puede eximirse de dicha constitución.

85. La garantía provisional es devuelta a los licitadores no seleccionados tras la:

a) Adjudicación del contrato.

b) Constitución de la garantía definitiva. c) Formalización del contrato.

d) En ningún de los supuestos anteriores.

86. El porcentaje sobre el importe de adjudicación del contrato en que se fija la ga-rantía definitiva, como regla general, excluido el Importe sobre el Valor Añadido, es del: a) Dos por ciento. b) Cinco por ciento. c) Seis por ciento.

d) Diez por ciento.

87. La alegación del beneficio de excusión por parte de los terceros que presten ga-rantías a favor de un contratista: a) Les exime de responder en primera instancia con sus bienes.

b) Ha de estar prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas del contrato. c) Requiere la previa aceptación de la Administración. d) Está expresamente declarada inadmisible.


88. El privilegio de interpretar unilateralmente los contratos administrativos lo os-tenta el/la: a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante.

b) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Au-tónoma.

c) Particular que contrate con la Corporación.

d) órgano de contratación.

89. Y el privilegio de interpretación unilateral de un contrato privado de la Adminis-tración se reserva a/al: a) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Au-

tónoma. b) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante. c) órgano de contratación.

d) Nadie.

90. El plazo que tiene la Administración para abonar el precio, a contar desde la fe-cha de aprobación de la certificación de obras, como regla general, es de:

a) Treinta días.

b) Cuatro meses. c) Tres meses. d) Seis meses.

91. En caso de demora en el pago por la Administración, cuando sea superior a cua-tro meses e inferior a ocho, el contratista tiene derecho a: a) Resolver el contrato.

b) Revisar el precio del contrato.

c) Suspender el cumplimiento del contrato. d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

92. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora res-pecto al cumplimiento del plazo total de un contrato, la Administración: a) Rescindirá el contrato.

b) Denunciará el mismo.

c) Puede resolverlo o imponer penalidades.

d) Le exigirá el abono de los daños y perjuicios.

93. Si la demora se produce por causas no imputables al contratista y este ofrece cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado:

a) La Administración se la concederá.

b) La Administración podrá concedérsela.

c) Deberá el contratista prestar garantía específica. d) Las respuestas a y c son ciertas.

94. Si fuera factible la concesión de la prórroga a que se refiere la pregunta anterior, el plazo de la misma: a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido.

b) Se fijará discrecional mente por la Administración. c) Ha de ser superior al inicialmente concedido.

d) Como mucho, será de la mitad del inicialmente concedido.


95. Como regla general, la indemnización de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del con-trato corresponde al/a la/a las: a) Administración contratante.

b) Contratista. c) Dos partes contratantes, por mitad.

d) Dos partes contratantes, en función de la responsabilidad de cada una en cada su-puesto concreto.

96. El interés de demora, en relación con el pago a los contratistas, cuando se pro-duzca una demora en este:

a) Está expresamente prohibido.

b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuar-lo.

c) Ha de abonarse a partir de los cuatro meses de demora, exclusivamente. d) Lo fija la propia Administración contratante.

97. Los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, podrán ser em-bargados: a) En ningún caso. b) En cualquier caso.

c) Solo por deudas personales del contratista.

d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

98. En caso de que se formule oposición a la interpretación del contrato efectuada por la Administración, debe recaer informe de/del: a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración. b) órgano de contratación.

c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. d) Todos los anteriores.

99. El informe a que se refiere la pregunta anterior debe recaer, asimismo, tratándo-se de una modificación del contrato cuya cuantía sea superiora¡ siguiente porcen-taje, como mínimo, en relación con el precio primitivo del mismo, siendo este igual o superior a 6.000.000 euros:

a) 50 por 100. b) 25 por 100. c) 20 por 100. d) 10 por] 00.

100. Los acuerdos del órgano de contratación sobre interpretación o modificación de los contratos, a efectos de ser recurridos por el contratista:

a) No son susceptibles de recurso.

b) No agotan la vía administrativa.

c) Agotan esta vía.

d) Según los casos, será válida alguna de las alternativas anteriores.


101. Una consecuencia derivada de la suspensión del contrato, cuando legalmente pro-ceda, es: a) Provocar la resolución del contrato.

b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista. c) Indemnizar los daños y perjuicios a la Administración. d) Todo lo anterior, según los casos.

102. Es obligatoria la resolución del contrato en el siguiente supuesto: a) Declaración de concurso del contratista.

b) Modificación de más del 20 por 100 del precio del contrato. c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales no esenciales. d) En todos los casos anteriores lo es.

103. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales por el contratista da lugar a la: a) Resolución. b) Denuncia. c) Anulación. d) Cesión del mismo.

104. La aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontra-tista o el suministrador debe hacerse en el plazo máximo de: a) Quince días. b) Veinte días. c) Treinta días. d) Dos meses.

105. En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios, cuando proceda la misma, podrá tener lugar transcurrido, como mínimo, el siguiente número de años, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la presta-ción. a) Dos. b) Veinte. c) Cinco. d) Diez

106. Para que proceda la revisión de precios, cuando esté prevista legalmente, ha de haberse ejecutado el contrato, al menos, en el siguiente porcentaje: a) 10 por 100. b) 20 por 100. c) 40 por 100. d) No hay límite alguno.

107. La aprobación de fórmulas de revisión de precios de los contratos, cuando proce-da dicha revisión, corresponde al/a la: a) Consejo de Ministros.

b) Órgano de contratación.

c) Administración que contrate.

d) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.


108. los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos se aprueban por el/la: a) Consejo de Ministros.

b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. d) Órgano de contratación.


TEST N.º 6 Tipos de contratos: obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios, concesión de obras públicas y colaboración entre el sector público y el sector privado 1. El replanteo de las obras, en el contrato de obras, debe tener lugar:

a) Con carácter previo a la licitación.

b) Cuando se vayan a recibir las obras, una vez ejecutadas. c) Inmediatamente antes de la iniciación de las obras, una vez adjudicadas. d) Como requisito ineludible antes de proceder al pago de las obras.

2. La ejecución del contrato de obras debe comenzar con el/la: a) Formalización del contrato.

b) Depósito de la garantía definitiva. c) Acta de replanteo.

d) Acta de comprobación del replanteo.

3. La expedición de certificaciones de obras se efectuará, como regla general, cada:

a) Mes. b) Trimestre. c) Semestre. d) Año.

4. El plazo durante el cual responde el contratista de los vicios ocultos en un contra-to de obras, a contar desde la recepción de las mismas es de: a) Seis años.

b) Cuatro años. c) Quince años. d) Diez años.

5. Puede dar lugar a la resolución del contrato de obras una suspensión de las mis-mas acordada por la Administración siempre que sea superior a: a) Dos meses.

b) Cuatro meses.

c) Un mes. d) Seis meses.

6. La financiación de las obras públicas construidas mediante el contrato de conce-sión de obras públicas corresponde:

a) Al concesionario.

b) A la Administración en todo caso.

c) En determinados supuestos, al concesionario y a la Administración conjuntamente. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

7. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras públicas se fi-jan por:

a) El órgano de contratación. b) El concesionario.

c) La Administración y el concesionario de mutuo acuerdo. d) Ley.


8. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por un plazo máximo de: a) Veinte años.

b) Cincuenta años. c) Cuarenta años. d) Quince años.

9. La comprobación del replanteo de las obras, como regla general, no debe exceder del siguiente plazo desde la fecha de formalización del contrato de obras: a) Seis meses. b) Dos meses. c) Un mes. d) Veinte días.

10. Las instrucciones de carácter verbal que se formulen por el Director facultativo de las obras o, en su caso, por el responsable del contrato:

a) No tienen validez alguna.

b) Deben ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible. c) No tienen carácter vinculante nunca. d) No requieren posterior constancia escrita para ser vinculantes.

11. El derecho a indemnización por parte del contratista por los daños y perjuicios causados por fuerza mayor: a) Exige que no haya existido actuación imprudente por su parte. b) Se le reconoce en todo caso.

c) No existe nunca.

d) Nada de lo expuesto es correcto.

12. En el sistema de retribución a tanto alzado, configurado como de precio cerrado, si se producen modificaciones para corregir deficiencias u omisiones del proyecto:

a) Estas corren a cargo del adjudicatario.

b) Estas corren a cargo de la Administración contratante. c) Estas corren a cargo de la Administración y el contratista, a partes iguales. d) Estas corren a cargo del facultativo autor del proyecto.

13. La certificación final de las obras ejecutadas se abona al contratista: a) Dentro de los tres meses contados desde su recepción. b) A cuenta de la liquidación del contrato. c) Una vez transcurrido el plazo de garantía. d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

14. Para que se considere alteración sustancial del proyecto inicial del contrato de obras, la sustitución de unidades ha de afectar, al menos, al siguiente porcentaje del precio primitivo del contrato, IVA excluido:

a) 15%. b) 20%. c) 30%. d) 10%.


15. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a una concesión de obra pública se incorporan al: a) Patrimonio privado del concesionario.

b) Patrimonio privado de la Administración concedente. c) Dominio público. d) Régimen de bienes comunales.

16. La técnica del rescate se considera como causa de resolución del siguiente tipo de contrato administrativo:

a) Obras. b) Gestión de servicios públicos. c) Suministro. d) Consultoría y asistencia.

17. Cuando, en un contrato de gestión de servicios públicos, la Administración, por razones de interés público, acuerda gestionarlo directamente, se habla de:

a) Intervención. b) Rescate. c) Supresión. d) Reversión.

18. El máximo legal de duración de un contrato de servicios, incluidas las prórrogas en su caso, es, como regla general, de:

a) Seis años.

b) Cuatro años.

c) Dos años.

d) Indeterminado, estableciéndose en función del servicio a prestar.

19. Las revisiones de tarifas a percibir del público por parte de un concesionario de un servicio público: a) Se dejan en manos del concesionario.

b) Deben estar previstas expresamente en el contrato concesional. c) Están taxativamente prohibidas. d) Son discrecionales para la Administración.

20. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios para el servicio público, la Administración podrá acordar la: a) Resolución. c) Reversión. c) Intervención del servicio.

d) Las respuestas a) y c) con correctas.

21. La modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos en la que la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación del servicio en la proporción establecida en el contrato es la: a) Gestión indiferenciada. b) Concierto. c) Gestión interesada. d) Sociedad Mercantil.


22. El Texto Refundido de La Ley de Contratos del Sector Público no recoge como forma de contrato de gestión de servicios públicos el/la: a) Gestión interesada.

b) Arrendamiento. c) Concierto. d) Sociedad de economía mixta.

23. La intervención de una concesión:

a) Supone que la Administración resuelve la misma.

b) Se establece para fiscalizar la gestión económica del concesionario.

c) Tiene su causa en un incumplimiento del contratista del que derive perturbación grave para el servicio.

d) Se produce en caso de subcontratación.

24. En un contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación: a) Es la regla general.

b) Solo se permite para prestaciones accesorias. c) Está expresamente prohibida en todo caso. d) Es una facultad del contratista.

25. La demora por parte de la Administración en entregar al contratista la contra-prestación que le corresponde puede ser causa de resolución del contrato: a) Cuando exceda de cuatro meses.

b) Si es superior a seis meses.

c) En todo caso.

d) En ningún caso, debiendo sin embargo la Administración abonar el interés legal del dinero por el tiempo de tardanza.

26. La supresión de un servicio por la Administración:

a) Ha de basarse en razones de utilidad social.

b) Debe estar basada en el interés público.

c) No comporta indemnización de daños y perjuicios al contratista. d) Es discrecional para ella, sin exigírsele ninguna contraprestación.

27. Los contratos que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios no debe exceder, como máximo, de: a) Cincuenta años. b) Treinta años.

c) Veinticinco años. d) Diez años.

28. Las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato de servicios a favor de una Administración, a la extinción de este:

a) Adquieren la condición de funcionarios públicos.

b) Se mantienen al servicio de la Administración contratante, pero como personal la-boral.

c) Siguen vinculados a la Administración como personal eventual. d) Nada de lo expuesto es correcto.


29. El pago anticipado en un contrato de servicios cuyo objeto sea la prestación de una actividad docente en un centro del sector público desarrollada en forma de cursos de formación: a) Está expresamente prohibido.

b) Es la regla general.

c) Solo puede ser parcial y requiere una previa constitución de garantía por el contra-tista.

d) Exige la puesta a disposición de la Administración del material docente.

30. La duración de un contrato de servicios para la defensa jurídica y judicial de la Administración será: a) La precisa para atender adecuadamente sus necesidades. b) Indefinida. c) De cuatro años como máximo.

d) La que acuerden expresamente las partes contratantes.

31. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a un año acordada por la Administración, la indemnización que debe percibir el contratista será, como regla general:

a) Equivalente al valor de lo que quede por suministrar. b) De un veinte por ciento del precio de la adjudicación. c) Del seis por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de be-

neficio industrial. d) La que acuerden las partes contratantes.

32. Los contratos de suministro que celebre el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras y que deban ser ejecutados fuera del territorio nacional, se rigen: a) Por Tratados Internacionales.

b) Exclusivamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. c) Solo por los pactos específicos que se celebren entre las partes contratantes d) Nada

de lo expuesto es cierto por sí mismo.

33. La prórroga tácita en el contrato de arrendamiento en un suministro: a) Está expresamente prohibida.


c) Debe estipularse expresamente en el contrato. d) Nada de lo expuesto es cierto.

34. La prórroga expresa en dicho contrato: a) No se admite.

b) No puede exceder del tiempo total del contrato inicialmente pactado, como máximo. c) No puede ser superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior. d) Se deja al libre arbitrio de las partes contratantes.

35. Dentro del contrato de arrendamiento, las cantidades que, en su caso, deba satis-facer la Administración en concepto de canon de mantenimiento: a) Se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. b) Forman parte del precio del arriendo. c) Debe descontarse del precio del arriendo. d) Nada de lo expuesto es correcto.


36. En los contratos de fabricación previstos en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se acomodarán a las normas del contrato de suministro: a) Todo. b) Las normas relativas a su publicidad. c) Nada. d) A este tipo de contratos se le aplican siempre las normas generales y especiales del

contrato de obras.

37. El adjudicatario de un contrato de suministro tiene derecho a indemnización por causa de pérdidas ocasionadas en los bienes antes de su entrega a la Administra-ción: a) En ningún caso.

b) Cuando los bienes se hayan concluido.

c) Cuando la Administración incurra en mora al recibirlos. d) En todo caso.

38. En el supuesto de que el acto formal de recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a la entrega de los propios bienes, la res-ponsabilidad de la custodia de los bienes durante el tiempo que medie entre una y otra recae en el/la: a) Contratista. b) Contratista y la Administración, a partes iguales. c) Administración. d) El tercero al que se encomiende dicha custodia.

39. El pago del precio total de los bienes a suministrar puede consistir en la entrega de bienes de la misma clase:

a) Solo parcialmente.

b) En ningún supuesto.

c) Como regla general, en aplicación de la Ley General Presupuestaria. d) Cuando así lo decida el contratista.

40. En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, si los bienes que entrega la Administración estuvieren afectados a un uso o servicio público: a) Ha de acordarse expresamente su desafectación.

b) No puede realizarse dicha entrega.

c) La desafectación de los mismos se produce automáticamente con el acuerdo del ór-gano de contratación.

d) No es necesario darles de baja en el inventario.

41. La realización por parte de la Administración de análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear el proceso de fabricación de los bienes a en-tregar a la misma: a) Solo se permite antes de que se inicie en sí dicho proceso de elaboración. b) Se deja a la voluntad del contratista.

c) No está legalmente prevista.

d) Es una facultad que tiene la Administración.


42. Como regla general, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta de/del/de la: a) Contratista. b) Administración. c) Ambas partes.

d) Administración, salvo pacto en contrario.

43. El contratista queda exento de responsabilidad por vicios o defectos en los bienes suministrados: a) Una vez entregados a la Administración.

b) Desde que los pone a disposición de la Administración aunque no se haya produci-do la recepción formal de los mismos.

c) Desde que termina el plazo de garantía.

d) A los diez años desde que se produce la recepción formal de los bienes.

44. Es causa de resolución del contrato de suministro la suspensión por causa impu-table a la Administración de la iniciación del suministro cuando, salvo que en el pliego se señale otro plazo menor, sea superior como mínimo a: a) Dos meses.

b) Tres meses.

c) Cuatro meses. d) Seis meses.

45. En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, el contratista tiene derecho a recibir una indemnización: a) Por el importe total del suministro.

b) Del tres por ciento del precio de la adjudicación. c) Del diez por ciento del precio de la adjudicación. d) En ningún caso.


TEST N.º 7 Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones Públicas

1. La incentivación a un particular para que realice una conducta que redunda en beneficio de los demás es propio de la actividad de:

a) Servicio público. b) Policía. c) Fomento. d) Coacción.

2. Una nota característica de la policía administrativa es: a) Usar la coacción.

b) Estimulara] particular.

c) Determinarse reglamentariamente. d) Las respuestas a y b son correctas.

3. Entre las formas de gestión directa de los servicios públicos se incluye el/la: a) Gestión interesada.

b) Arrendamiento. c) Concierto. d) Entidad pública empresarial local.

4. Y entre las de gestión indirecta el/la:

a) Gestión indiferenciada.

b) Concesión. c) Organismo Autónomo Local. d) Sociedad privada.

5. La Sociedad Mercantil propia como forma de gestión de un servicio público: a) Es una modalidad de gestión indirecta. b) Es gestión mixta.

c) Se utiliza exclusivamente para los servicios asistenciales. d) Nada de lo expuesto es correcto.

6. La primera forma de gestión indirecta de los servicios públicos que determina la Ley es la: a) Gestión interesada.

b) Sociedad de economía mixta. c) Concesión. d) Sociedad privada.

7. Aprovechar los servicios establecidos de antemano por un particular u otra Ad-ministración es propio del/de la: a) Gestión interesada.

b) Sociedad de economía mixta. c) Arrendamiento. d) Concierto.


8. La vigente Ley General de Subvenciones es de:

a) 2001. b) 2002. c) 2003. d) 2004.

9. No tienen el carácter de subvenciones los/las:

a) Entregas realizadas sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Beneficios en la cotización a la Seguridad Social. c) Prestaciones por razón de actos de terrorismo. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

10. Las entidades de Derecho Privado dependientes de cualquiera de las Administra-ciones Públicas, en cuanto a la Ley General de Subvenciones: a) Ha de ajustarse en su integridad.

b) No están sujetas en modo alguno.

c) Han de aplicar los principios de gestión y de información contenidos en la misma. d) Solo se sujetan cuando así lo determine la Administración de la que dependan.

11. La gestión de las subvenciones no tiene por qué realizarse de acuerdo con el prin-cipio de: a) Concurrencia.

b) Eficiencia en la asignación. c) Transparencia. d) Proporcionalidad.

12. El hecho de que se exija un importe de financiación propia por el que percibe la subvención: a) Es la regla general.

b) Debe establecerse en la normativa reguladora de la subvención. c) No está previsto en nuestro ordenamiento.

d) Se deja a la opción del propio subvencionado, como mérito para conseguir la sub-vención.

13. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financia-ción de los Partidos Políticos, a efectos de la Ley General de Subvenciones:

a) Están excluidas.

b) Se rigen en su integridad por la misma.

c) Solo se rigen por la misma con carácter supletorio. d) Se regirán por la misma cuando expresamente así se señale en los procedimientos

de concesión.

14. Respecto a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, la Ley General de Subvenciones:

a) No se aplica.

b) Se aplica en su integridad.

c) Solo se aplica con carácter supletorio.

d) Solo se aplica cuando haya una invocación directa a esta Ley.


15. En el ámbito de la Administración General del Estado, el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se realiza por el/la: a) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Intervención General del Estado. c) Ministro de la Presidencia. d) Ministro correspondiente.

16. En el ámbito de la Administración General del Estado, se requiere acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía su-perior a la siguiente cantidad como mínimo: a) Dos millones de euros. b) Cinco millones de euros. c) Diez millones de euros. d) Doce millones de euros.

17. No es necesario publicar la concesión de una subvención, individualmente consi-derada, cuya cuantía sea inferior a: a) 50.000 euros.

b) 30.000 euros. c) 10.000 euros.

d) En todos los casos anteriores debe publicarse.

18. En el supuesto de que se permita por la normativa reguladora de las subvencio-nes la sustitución de la presentación de determinados documentos por una decla-ración responsable del solicitante, deberá requerírsele que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en el siguiente momento procedi-mental: a) Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención. b) Con posterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención. c) Tras la notificación de la resolución y con un plazo de 10 días para hacerlo. d) Con un plazo de 15 días para hacerlo tras la propuesta de resolución.

19. Como regla general, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento de concurrencia competitiva es de:

a) Un año. b) Dos meses. c) Seis meses. d) Tres meses.

20. El silencio administrativo en este procedimiento:

a) No existe. b) Tiene carácter positivo.

c) Según los casos, será positivo o negativo. d) Es de carácter negativo.


21. El coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado: a) En ningún caso.

b) Solo excepcionalmente.

c) Cuando así se prevea en las bases reguladoras de la subvención. d) Siempre.

22. En el procedimiento de concurrencia competitiva, la propuesta de resolución de-finitiva crea derecho frente a la Administración a favor del beneficiario propues-to: a) Desde que se notifica la resolución de la subvención. b) Desde el momento en que se formula la propuesta. c) Al adoptarse la citada propuesta. d) Cuando se publique oficialmente.

23. La insuficiencia de crédito es una causa de:

a) Irregularidad en la concesión de una subvención. b) Nulidad de la resolución de concesión. c) Anulabilidad de dicha resolución. d) Depende de los casos.

24. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones se incrementa, respec-to del interés legal del dinero y con carácter general, en un: a) 25%. b) 15 %. c) 100 %. d) 5%.

25. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de una sub-vención, prescribe: a) En ningún momento. b) A los cuatro años.

c) A los dos años. d) A los seis meses.

26. En el caso de que el beneficiario de una subvención careciera de capacidad de obrar, responderán, en relación con el reintegro de la misma, sus representantes legales: a) En ningún caso.

b) Subsidiariamente.

c) Mancomunadamente. d) Solidariamente.

27. El control financiero de las subvenciones concedidas por la Administración Ge-neral del Estado compete, con carácter general, al/a la: a) Intervención General de la Administración del Estado. b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Tribunales del orden Contencioso–Administrativo.

d) Tribunales Económico–Administrativos.


28. Se considera infracción leve en materia de subvenciones: a) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido

el plazo establecido para su presentación.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

c) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

29. Se considera falta grave en materia de subvenciones: a) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financie-

ro. b) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su con-

cesión. c) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fi-

nes para los que la subvención fue concedida.

d) Todas las anteriores.

30. Se considera falta muy grave en materia de subvenciones: a) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido

el plazo establecido para su presentación.

b) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos re-queridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

c) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

d) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documen-tos equivalentes.

31. La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición se sancionar con multa de, como máximo, hasta: a) 900 euros. b) 6.000 euros.

c) 30.000 euros. d) 150 euros.

32. En el supuesto de las infracciones graves, se puede sancionar en determinados ca-sos con la prohibición de celebrar contratos con la Administración u otros Entes Públicos durante un plazo de, como máximo, hasta:

a) Dos años.

b) Cinco años. c) Tres años.

d) No está prevista esta sanción en este tipo de infracciones.


TEST N.º 8 La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. Idea general de los procedimientos especiales. El procedimiento de urgencia

1. Según la Constitución, para que pueda llevarse a efecto una expropiación forzosa es necesario que:

a) La consienta el particular afectado.

b) Incumpla, siempre, el anterior la función social del derecho de propiedad. c) Los bienes se afecten a una causa de interés público. d) Nada de lo anterior es correcto.

2. A través de la expropiación forzosa:

a) La Administración Pública y un particular celebran un contrato de compraventa.

b) El segundo cede temporalmente a la primera la propiedad de un bien.

c) Se produce una transferencia obligatoria del derecho de propiedad sobre un bien a la Administración Pública.

d) El particular pierde, sin compensación, un bien que le pertenecía.

3. La expropiación se diferencia de la confiscación en que: a) Ha de indemnizarse al particular expropiado.

b) La primera se aplica a los ciudadanos y la segunda a otro Ente público. c) En la confiscación la valoración del bien es superior. d) Todo lo anterior es correcto.

4. Si la Administración Pública, en vez de adquirir el bien de un particular, lo per-muta obligatoriamente por otro de su pertenencia, nos encontramos ante un/una:

a) Contrato privado.

b) Permuta propia del Derecho Civil.

c) Trueque bilateral simultáneo de carácter voluntario. d) Expropiación en toda regla.

5. Cuando la Administración Pública expropia un bien de dominio público de otra Administración:

a) No está obligada a compensarle económicamente.

b) Ha de destinarlo a similar finalidad, sin que pueda perder su condición de demanial.

c) Le abonará el valor por compensación. d) No es posible este tipo de expropiación.

6. Una característica de la expropiación forzosa es que:

a) La Administración Pública confisca un bien de un particular. b) Ha de realizarse por razones de utilidad social. c) No tiene contraprestación alguna. d) Nada de lo anterior es correcto.


7. El órgano competente de una Comunidad Autónoma que debe autorizar el ejerci-cio de la potestad expropiatoria, en caso de que se haya declarado la utilidad pú-blica o el interés social de forma genérica es el:

a) Parlamento Autonómico. b) Presidente de la misma. c) Consejo de Gobierno.

d) Consejero de que se trate.

8. Se entiende implícita la utilidad pública respecto de: a) Las expropiaciones de muebles.

b) Las expropiaciones de inmuebles, en un Plan de Obras y Servicios de una Diputa-ción Provincial.

c) Todo tipo de expropiación.

d) Ninguno de los casos anteriores.

9. En una expropiación por causa de interés social puede ser beneficiario un/una: a) Entidad pública.

b) Persona natural.

c) Concesionario de la Administración Pública. d) Todos ellos.

10. No puede ser beneficiario en una expropiación, por causa de utilidad pública, un/una: a) Concesionario de la Administración Pública. b) Persona natural o jurídica. c) Municipio. d) Lo pueden ser todos ellos.

11. Si el propietario del bien objeto de expropiación no compareciere en el expedien-te: a) Se le emplazará por edictos.

b) Se entenderán las diligencias con el familiar más directo. c) Intervendrá en su nombre el Ministerio Fiscal. d) Se archivará este, hasta que sea encontrado.

12. El beneficiario de una expropiación, por su condición de tal: a) Adquiere la propiedad de los bienes o, en su caso, derechos expropiados. b) Solo adquiere la posibilidad de su disfrute o utilización. c) No está obligado a indemnizar al expropiado.

d) Puede por sí solo emprender el expediente expropiatorio.

13. Los actos expropiatorios que sean recurribles, tratándose de un Ayuntamiento, han de adoptarse por el/la: a) Presidente.

b) Pleno. c) Junta de Gobierno Local.

d) Subdelegado del Gobierno en la provincia.


14. En caso de que la propiedad de la cosa a expropiar fuere litigiosa, las diligencias se entenderán con el/los:

a) Propietario con mejor derecho aparente.

b) Propietario que goce de presunción de titularidad registral. c) Posibles propietarios.

d) Ministerio Fiscal.

15. Existiendo una Ley previa que autorice la expropiación de un bien mueble, el acuerdo de expropiación ha de adoptarse, tratándose de la Administración Gene-ral del Estado, por el/la: a) Consejo de Ministros.

b) Ministro de que se trate.

c) Presidente del Gobierno de la Nación. d) Cualquiera de ellos.

16. No es necesaria la declaración de la necesidad de la ocupación cuando: a) Así lo estime oportuno el expropiante.

b) Se trate de un bien mueble.

c) Se declare la urgente ocupación.

d) Debe hacerse en todos los anteriores casos.

17. La causa expropiandi en la expropiación:

a) Ha de mantenerse en el tiempo, antes, en y después de la expropiación.

b) Solo debe existir antes y durante la tramitación del expediente expropiatorio. c) Es de libre apreciación por la Administración Pública. d) Ha de justificarse con posterioridad a la expropiación.

18. La concreción de los bienes específicos que se van a expropiar se produce en: a) La declaración del interés social del fin a que haya de afectarse el bien expropiado. b) La determinación del justiprecio.

c) La declaración de la necesidad de la ocupación.

d) El momento en que se conoce exactamente la identidad del expropiado.

19. El plazo de información pública para alegaciones sobre la relación de bienes y su-jetos afectados por una expropiación es de:

a) Diez días. b) Quince días. c) Veinte días. d) Treinta días.

20. Cuando al llevarse a efecto una expropiación se estime oportuno incluir más bie-nes de los estrictamente necesarios, para posibles ampliaciones de la obra de que se trate, en el caso de una Comunidad Autónoma, para hacerlo, deberá: a) Acordarse así en Ley del Parlamento Autonómico

b) Recaer acuerdo del Consejero responsable de la expropiación. c) Adoptarse acuerdo por el Consejo de Gobierno. d) Se puede hacer sin especial actuación al efecto.


21. Cuando la expropiación de parte de una finca haga inviable económicamente la explotación de la parte no expropiada: a) El expropiado tiene derecho a que se le expropie la totalidad de la finca.

b) La Administración Pública, a instancias del anterior, deberá expropiarle el todo.

c) Goza la Administración Pública de potestad discrecional respecto a la ampliación de la expropiación.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

22. El plazo para fijar el justiprecio de mutuo acuerdo es de: a) Veinte días desde que se presente la hoja de aprecio por el expropiado. b) Veinte días desde que la presente la Administración Pública. c) Diez días desde esta última presentación. d) Quince días.

23. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa tiene de plazo para decidir sobre el justiprecio: a) Quince días.

b) Veinte días. c) Ocho días.

d) No viene determinado explícitamente.

24. No hay que abonar el llamado premio de afección cuando: a) No se explote la finca expropiada.

b) Haya mutuo acuerdo en el justiprecio. c) Se expropie por vía de urgencia. d) Debe hacerse siempre.

25. Un particular puede interponer un interdicto de retener o recobrar la posesión de una cosa de su propiedad en caso de que:

a) La Administración Pública no le pague un precio justo en una expropiación. b) Sea expropiado sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

c) Existan bienes reversionables.

d) Se produzca cualquiera de las tres anteriores circunstancias.

26. Contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa es posible recurso: a) De alzada ante el Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno. b) De alzada ante el Ministro o Consejero. c) Económico–administrativo.

d) Contencioso–Administrativo.

27. La Administración Pública debe efectuar el pago de una expropiación: a) A los seis meses de la fijación del justiprecio.

b) Dentro de los seis meses desde dicha fijación. c) En el año desde que se inició el expediente.

d) A los dos meses desde la fijación del justiprecio.


28. En el supuesto de que cese la causa expropiandi se pone en marcha la: a) Resolución. b) Reversión. c) Rescisión. d) Nulidad.

29. El justiprecio corre siempre a cargo del/de la:

a) Administración Pública expropiante. b) Beneficiario de la expropiación. c) Expropiado. d) Cualquiera de ellos.

30. La motivación del justiprecio que señale el expropiado en su hoja de aprecio: a) Deberá ir avalada por perito.

b) No es necesaria en caso alguno.

c) Es la regla general, de obligado cumplimiento.

d) Ha de ser refrendada por un órgano administrativo.

31. Las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa: a) Son previas al pronunciamiento de una resolución en vía administrativa. b) No son recurribles en vía contencioso–administrativa. c) Se pueden recurrir ante el Ministro o Consejero de que se trate. d) Agotan la vía administrativa, abriendo la jurisdiccional.

32. Después del pago de la expropiación se extiende un/una: a) Acta de ocupación. b) Hoja de aprecio.

c) Consignación legal. d) Diligencia al efecto.


TEST N.º 9 El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales

1. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales es de: a) 2 de abril de 1985.

b) 11 de julio de 1986.

c) 28 de noviembre de 1986. d) 13 de junio de 1986.

2. Las calles son: a) Comunales.

b) De servicio público. c) De uso público. d) Patrimoniales.

3. La inalienabilidad predicable de los bienes de dominio público significa que: a) Solo pueden venderse con escritura pública.

b) No pueden ser utilizados por los particulares.

c) Por el transcurso del tiempo, unido a la posesión de los mismos, no se adquiere su pro piedad.

d) No son susceptibles de venta alguna.

4. El uso común general de los bienes de dominio público requiere: a) Licencia. b) Concesión. c) Simple permiso.

d) Nada de lo anterior.

5. Por su parte, el uso privativo requiere: a) Previa autorización. b) Simple permiso. c) Concesión. d) Licencia.

6. Y el uso común especial:

a) Autorización previa. b) Simple precario. c) Concesión. d) Nada en especial.

7. Para usar un ciudadano privativamente bienes de servicio público se requiere: a) Autorización. b) Licencia. c) Concesión. d) Nada de lo anterior, pues no cabe este uso.


8. La realización del comercio ambulante en las vías públicas es un ejemplo de uso:

a) Común general. b) Común especial. c) Privativo. d) Comunal.

9. Se considera anormal el siguiente uso del dominio público: a) Instalar un quiosco.

b) Una industria callejera. c) Estacionar un vehículo.

d) Una conducción subterránea de agua.

10. La enajenación de un bien de dominio público sin previa desafectación: a) Comporta un supuesto de anulabilidad.


c) Solo se permite cuando se entienda aquella producida tácitamente.

d) Supone la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico por el que se lleva a efecto.

11. A la facultad de delimitar la extensión de una propiedad de un Ente Público ejer-cida por este se le llama potestad de:

a) Deslinde. b) Recuperación de oficio. c) Investigación. d) Desahucio administrativo.

12. La Administración puede recuperar por sí misma los bienes patrimoniales usur-pados: a) Sin límite de tiempo.

b) Después de dos años de la usurpación.

c) Dentro de los cuatro años siguientes a esta. d) Dentro del primer año tras la usurpación.

13. Si un Ente no recupera de oficio en el plazo previsto en la pregunta anterior sus bienes patrimoniales usurpados: a) No puede ejercer acción alguna respecto de los mismos. b) Puede recuperarlos de oficio en cualquier momento. c) Debe acudir al desahucio.

d) Debe acudir a los Tribunales.

14. Para determinar la titularidad de los bienes presumiblemente patrimoniales de ti-tularidad de un Ente Público se acude al/a la:

a) Ejercicio de las acciones necesarias para su defensa. b) Recuperación de oficio.

c) Deslinde. d) Potestad de investigación.


15. La diferencia de valor en una permuta de bienes patrimoniales por otros no debe sobrepasar el siguiente tanto por ciento del que lo tenga mayor: a) Sesenta. b) Cincuenta. c) Cuarenta. d) Veinte.

16. La enajenación de un bien patrimonial del Estado con reserva del uso temporal del mismo: a) Es la regla general.

b) No se admite en nuestro ordenamiento.

c) Solo se permite cuando se vaya a destinar a un servicio público. d) Nada de lo expuesto es correcto.

17. La cesión gratuita de la propiedad de un bien patrimonial del Estado: a) No está contemplada en nuestro Derecho.

b) Se permite respecto de entes públicos y privados legalmente constituidos. c) Ha de condicionarse en todo caso.

d) Puede efectuarse a favor de una fundación pública.

18. El Estado es heredero legal de los ciudadanos cuando no existan parientes de es-tos hasta el siguiente grado:

a) Segundo. b) Tercero. c) Cuarto. d) Quinto.

19. La Administración General del Estado puede hacer suyos los saldos de cuentas corrientes de particulares cuando, respecto de los mismos, no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de pro-piedad en el plazo de: a) Cinco años. b) Cuatro años.

c) Veinte años.

d) Veinticinco años.

20. Como regla general, la aceptación de herencias a favor del Estado ha de realizar-se por el: a) Presidente del Gobierno de la Nación.

b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Consejo de Ministros.

d) Titular del Ministerio en favor del cual se realice.

21. Si se trata de una donación de un bien mueble en la que el donante haya señalado el fin a que debe destinarse, aceptación debe realizarla el: a) Presidente del Gobierno de la Nación.

b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Consejo de Ministros.

d) Titular del Ministerio competente.


22. El uso privativo del dominio público con una instalación desmontable: a) Está sujeto a concesión cuando exceda de cuatro años. b) Se permite con una previa autorización. c) No está previsto en nuestro ordenamiento. d) Se efectúa libremente.

23. La recuperación de oficio de un bien de dominio público puede efectuarse:

a) Ante los Tribunales ordinarios.

b) En cualquier momento.

c) Solo dentro del plazo de un año.

d) Acudiendo necesariamente ante los Tribunales Contencioso–Administrativos.

24. Los bienes integrantes del Patrimonio Nacional se consideran: a) Patrimoniales.

b) Destinados al uso público y, por ello, demaniales. c) De dominio público por su afectación singular. d) Destinados al servicio público.

25. Las vías pecuarias que sean desafectadas del dominio público se consideran: a) Bienes patrimoniales del Estado.

b) Bienes de servicio público.

c) Bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas. c) Propiedad de los Municipios por donde figure su trazado.


TEST N.º 10 La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad

1. La Administración Pública, respecto a una conducta dañosa de un funcionario, cuando no actúe como tal: a) No responderá.

b) Responderá, sin perjuicio de ejercer la acción de regreso. c) Sólo responde si la conducta es ilegal. d) Si el funcionario es insolvente, responderá por él.

2. El hecho de que la responsabilidad de la Administración Pública se haya objeti-vado significa que: a) Sólo responde cuando medie culpa de su parte.

b) Responderá en todo caso, sin límite y al margen de que el funcionario actúe como tal.

c) Basta con que se derive un daño de la actividad administrativa para que deba res-ponder.

d) Sólo se refiere a daños en cosas.

3. La Constitución de 1931 estableció el principio de responsabilidad administrati-va: a) Objetiva. b) Directa. c) Subsidiaria. d) Subjetiva.

4. Actualmente, el régimen general de la responsabilidad, aparte de en la Constitu-ción, se contiene en la Ley de:

a) Expropiación Forzosa.

b) Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común.

c) Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que permanece vigente en esta materia.

d) Régimen Local.

5. La responsabilidad por funcionamiento normal de la Administración de Justicia recaerá sobre: a) El Consejo General del Poder Judicial. b) El Ministerio de Justicia.

c) El Estado. d) Nadie.

6. El concepto de lesión resarcible se refiere a/al/a la: a) Conducta lesiva de la Administración Pública. b) Daño efectivamente causado al particular. c) Posibilidad de ejercer la acción de regreso. d) Todo lo anterior.


7. La ilicitud o culpabilidad en la conducta del autor del daño, cuando actúa como Administración Pública, en cuanto a la responsabilidad de ésta para con el terce-ro es: a) Irrelevante. b) Eximente de ella.

c) Atenuante de la misma. d) Su razón de ser.

8. En caso de que, en una relación de Derecho Privado, la Administración Pública incurra en responsabilidad patrimonial, la jurisdicción competente para exigírse-la, en su caso, es la:

a) Civil. b) Penal. c) Contencioso–administrativa. d) Constitucional.

9. En caso de actuación concurrente de varias Administraciones Públicas, produ-ciéndose responsabilidad patrimonial, ésta puede exigirse a/al: a) Cualquiera de ellas, mancomunadamente. b) Cualquiera de ellas, solidariamente. c) Estado como tal.

d) Sólo una de ellas.

10. Una característica definitoria de la fuerza mayor es su: a) Previsibilidad. b) Inevitabilidad. c) Imprevisibilidad. d) Evitabilidad.

11. Si un particular sufre una merma en su patrimonio como consecuencia de la acti-vidad legal de la Administración Pública, estando obligado a soportarlo: a) Tiene derecho a ser indemnizado.

b) Se le indemnizará, pero con una moderación en la cuantía. c) Al tratarse de una actividad legal, se aplica la teoría de la indemnización. d) No tiene derecho alguno a indemnización.

12. La responsabilidad por funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públi-cos sólo se puede exigir cuando el daño provenga de:

a) Un Reglamento.

b) Un acto administrativo expreso. c) Un acto presunto. d) Cualquiera de ellos.

13. No hay obligación de indemnizar a un particular, si se le causa un daño, cuando:

a) Esté en caso de sujeción especial con la Administración Pública. b) Dicho daño se produzca por caso fortuito. c) Se efectúe por el funcionamiento de un servicio público. d) En todos los casos anteriores debe indemnizarse.


14. El daño ocasionado a un particular, para que deba ser indemnizado por la Admi-nistración Pública, ha de ser: a) Debido a una actuación de la segunda como tal y no como persona de Derecho pri-

vado. b) Individualizado en dicho particular o en un grupo de personas en el que se integre. c) Generalizado a una colectividad indeterminada de personas. d) Jurídico.

15. Para cuantificar la indemnización a abonar en esta materia, los valores predomi-nantes en el mercado: a) No se tienen en cuenta.

b) Priman sobre los demás.

c) Serán objeto de ponderación. d) Son el punto de partida.

16. El lucro cesante, a efectos de la indemnización:

a) Se abonará cuando haya mediado dolo o culpa grave exclusivamente. b) No es necesario probarlo.

c) Se incluye en cualquier caso.

d) Sólo se paga cuando sea factible la acción de regreso.

17. Para que la indemnización se abone mediante pagos periódicos es necesario que:

a) Medie acuerdo con el lesionado. b) Una Ley así lo diga. c) Sea urgente.

d) Todo lo anterior ocurra.

18. La compensación de culpas en esta materia de responsabilidad: a) Se efectúa en todo caso.

b) Sólo se produce cuando el daño es generalizado.

c) Tiene lugar cuando el perjudicado es culpable en parte del daño sufrido. d) Requiere acuerdo con el perjudicado.

19. La compensación de culpas en esta materia se produce cuando:

a) El particular le deba algo a la Administración Pública. b) El daño se produzca por causa de fuerza mayor.

c) Así lo determine la Administración Pública, según cada caso. d) Nada de lo anterior es correcto.

20. El plazo para exigir la responsabilidad es de:

a) Caducidad.

b) Seis meses, prorrogables. c) Prescripción. d) Cinco años.


21. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimo-nial, en la Administración General del Estado se adopta, como regla general, por el: a) Órgano causante de la responsabilidad. b) Consejo de Ministros. c) Ministro respectivo. d) órgano directivo que corresponda.

22. La Jurisdicción Contencioso–Administrativa, respecto a las recursos que se plan-

teen en materia de responsabilidad administrativa: a) Conocerá de aquéllos derivados de la actuación de la Administración Pública como

tal. b) No es competente en caso alguno.

c) Entiende de todo tipo de recursos, actúe como actúe la Administración Pública. d) Sólo entrará a conocer los planteados por la propia Administración Pública.

23. En el procedimiento abreviado se reconoce el derecho a la indemnización en el plazo de: a) Seis meses. b) Treinta días. c) Un año. d) Dos meses.

24. Si no recae resolución en el procedimiento abreviado, se: a) Sigue el procedimiento general. b) Entiende estimada. c) Entiende desestimada. d) Reinicia el mismo.

25. Mediante la acción de regreso:

a) La Administración Pública exige responsabilidad al particular. b) La anterior exige responsabilidad al funcionario culpable. c) El particular entabla la acción de responsabilidad contra un funcionario. d) Puede realizarse todo lo anterior.

26. Para ejercer la acción del regreso, la Administración Pública debe: a) Incoar expediente al efecto con audiencia del inculpado. b) Avalar la responsabilidad a resultas del buen fin de dicha acción. c) Sancionar previamente al funcionario.

d) Embargar los bienes del funcionario como garantía de su resarcimiento.

27. La culpabilidad del funcionario que posibilite la acción de regreso ha de ser nece-sariamente: a) Inimputable al mismo. b) Grave. c) Leve, por lo menos. d) Inexistente.


28. Si se exige responsabilidad penal a un funcionario:

a) Se paraliza el expediente de responsabilidad patrimonial hasta que decida la juris-dicción competente.

b) Se simultaneará en cualquier caso la acción penal con el expediente administrativo. c) Se interrumpe el plazo para ejercer la acción de responsabilidad. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo.

29. Esta responsabilidad penal se exige:

a) Según lo previsto en la legislación administrativa. b) Siguiendo los cauces disciplinarios. c) Por la vía jurisdiccional penal en todo caso. d) En la forma que opte el perjudicado.

30. La responsabilidad civil derivada de delito del personal al servicio de las Admi-nistraciones Públicas se exigirá de acuerdo con la:

a) Legislación administrativa.

b) Legislación correspondiente. c) Legislación disciplinaria.

d) Legislación a que opte el perjudicado.


TEST N.º 11 El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Procedimiento Administrativo Común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo 1. El procedimiento sancionador es:

a) Una subespecie del procedimiento ejecutivo. b) Una modalidad de procedimiento declarativo. c) Una clase de procedimiento de simple gestión. d) Un procedimiento sumario.

2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-to Administrativo Común es de: a) 27 de febrero de 1993.

b) 26 de noviembre de 1992. c) 17 de julio de 1958. d) 27 de agosto de 1992.

3. Sobre los interesados trata el siguiente Título de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) II. b) III. c) IV. d) Ninguno en especial.

4. En los expedientes administrativos, los documentos que figuren en ellos deben:

a) Agregarse sucesivamente.

b) Formar una parte singular de los mismos.

c) Ser de carácter oficial.

d) Ser foliados por la autoridad que resuelva en el procedimiento de que se trate.

5. Los procedimientos que se orientan a la elaboración de una decisión son los:

a) Declarativos. b) Ejecutivos. c) De simple gestión. d) De carácter especial.

6. En la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-miento Administrativo Común está previsto un trámite de inadmisión, en su caso, respecto del/de la: a) Recurso de alzada.

b) Recurso de revisión. c) Revisión de oficio. d) Las respuestas b) y c) son correctas.


7. El interesado en un procedimiento administrativo ha de comparecer: a) Representado por un Letrado.

b) Representado por un Letrado y un Procurador. c) Con poderes bastantes. d) Por sí mismo, como regla general.

8. El principio de confianza legítima es una derivación del principio de: a) Legalidad. b) Buena fe. c) Seguridad jurídica.

d) Publicidad normativa.

9. Cuando un escrito de iniciación no reúne los requisitos legales pertinentes: a) Debe advertirse en el plazo de diez días al particular para que los subsane. b) Debe pedirse al particular que los subsane en el plazo de diez días. c) Se archiva el expediente.

d) En virtud del principio in dubio pro accione, se continuará el procedimiento, sin perjuicio de subsanarlos a lo largo del mismo.

10. Contra el acuerdo de declaración de la tramitación del procedimiento de urgencia puede interponerse: a) Recurso de alzada.

b) Reclamación en queja. c) Recurso de revisión. d) Ningún recurso.

11. La tramitación de los expedientes debe acomodarse al principio de: a) Rogación. b) Cronología, salvo acuerdo expreso y motivado en contrario. c) Acumulación. d) Prescripción de seis meses.

12. La acumulación de expedientes en un procedimiento la acuerda el/la: a) Autoridad administrativa que deba resolverlo. b) Jefe del Servicio.

c) Jefe de Sección.

d) órgano administrativo que lo inicie o tramite.

13. Puede alterar el orden cronológico del despacho de un expediente: a) Cualquier funcionario.

b) El funcionario que lo tramite. c) Solo el Jefe del Servicio.

d) El titular de la Unidad administrativa.

14. El plazo general para evacuar un informe es de:

a) Diez días. b) Quince días. c) Un mes. d) Dos meses.


15. En Derecho Administrativo, los medios de prueba: a) No existen siempre.

b) Son solo los previstos en las Leyes administrativas. c) Son solo documentales. d) No son tasados.

16. El plazo mínimo del período de prueba es de:

a) Diez días. b) Quince días. c) Veinte días. d) Treinta días.

17. Las alegaciones en un procedimiento deben efectuarse: a) En el plazo establecido al efecto.

b) Inmediatamente antes de la resolución. c) En el período de información pública.

d) En cualquier momento, antes de la audiencia al interesado.

18. La información pública se consagra básicamente en el siguiente artículo de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-ministrativo Común:

a) 33. b) 86. c) 53. d) 78.

19. La información pública, para la Administración Pública, es: a) Preceptiva en todo caso.

b) Preceptiva cuando afecte a sectores profesionales, económicos o sociales.

c) Potestativa, salvo norma en contrario. d) Un trámite inexcusable.

20. Las alegaciones:

a) Obligan a la Administración Pública a pronunciarse en el sentido en ellas expuesto.

b) No vinculan a la Administración Pública, salvo que se efectúen en período de in-formación pública.

c) Pueden ser olvidadas por la Administración Pública. d) Obligan a la Administración Pública a estudiarlas y considerarlas en la resolución.

21. Como regla general, los informes son:

a) Preceptivos y vinculantes.

b) Facultativos y no vinculantes. c) Facultativos y vinculantes. d) Preceptivos y no vinculantes.

22. Los interesados pueden alegar defectos de tramitación:

a) En todo momento.

b) Solo en vía de recurso.

c) Exclusivamente en el período de alegaciones. d) En el período de prueba necesariamente.


23. Cuando la Administración Pública se aparte de un informe no vinculante: a) No debe motivar expresamente el acto.

b) El acto es convalidable.

c) Debe existir una causa legal.

d) Actúa legalmente, sin que pueda tachársele la incursión en vicio alguno, aunque de-berá motivar el acto.

24. El período de prueba durará: a) Menos de diez días.

b) Tres meses.

c) Más de diez y menos de treinta días. d) Depende de los casos.

25. Los gastos de la práctica de las pruebas corren a cargo: a) Del interesado.

b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos. c) De la Administración Pública.

d) Se reparten proporcionalmente.

26. La audiencia al interesado: a) Debe hacerse durante el plazo de diez días como máximo. b) Debe hacerse durante el plazo de quince días como mínimo. c) Obliga a la Administración Pública a resolver en el sentido en que concluya.

d) Es innecesaria cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el in-teresado.

27. La audiencia al interesado es:

a) Potestativa siempre.

b) Obligatoria en todo caso.

c) Obligatoria en ocasiones.

d) Puede no darse en determinados supuestos tasados.

28. La resolución de un procedimiento administrativo: a) Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado. b) No puede conceder más de lo pedido.

c) No puede conceder otra cosa de lo solicitado.

d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente.

29. La incomparecencia de los interesados en el trámite de información pública: a) Les hace perder su condición de tales.

b) Les impide interponer los recursos procedentes. c) Se considera un desistimiento. d) Nada de lo anterior es cierto.

30. El desistimiento podrá efectuarse apud acta:

a) Sí. b) No. c) No tiene nada que ver una cosa con la otra. d) No, por ser pleno y no condicionado.


31. Cuando recaiga una renuncia, la Administración Pública: a) Archivará el expediente.

b) Continuará el procedimiento si se inició de oficio. c) Declarará la renuncia y se archivará el expediente en todo caso.

d) Podrá continuar el procedimiento cuando no se opongan los terceros interesados.

32. La declaración de caducidad:

a) Impide al particular mantener su derecho.

b) Es automática.

c) Se da siempre que transcurran tres meses desde la paralización del expediente. d) No afecta por sí misma al derecho en sí del interesado.

33. El silencio administrativo negativo y positivo del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) Vincula a la Administración Pública en todo caso. b) Requiere la denuncia de mora.

c) Puede ser alterado legalmente según los casos.

d) Son formas anormales de terminación del procedimiento.

34. El silencio negativo: a) Afecta al derecho del particular, que se entiende perdido. b) Exime de la obligación de resolver. c) Se concede en beneficio de la Administración Pública. d) Permite al particular ejercer su derecho en otra instancia.

35. Se entiende que el silencio de la Administración Pública tiene carácter negativo en el siguiente caso:

a) Tratándose de solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación de un centro de trabajo.

b) En un procedimiento de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Cons-titución.

c) Cuando en la normativa de que se trate no se diga nada al respecto. d) En ninguno de los tres casos anteriores.

36. En el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración Pública resuelva expresamente:

a) Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio. b) Indistintamente, puede rectificar lo concedido o denegarlo. c) Necesariamente ha de confirmar lo conseguido por el silencio. d) Nada de lo expuesto es cierto.

37. En un plazo de dos meses, cumple este:

a) El último día del segundo mes.

b) El día del segundo mes equivalente al en que comenzó el plazo.

c) El día del segundo mes equivalente al siguiente en que comenzó.

d) A los dos meses justos desde el día siguiente a la notificación del acto.


38. La ampliación de los plazos establecidos puede hacerse: a) De oficio por la Administración Pública.

b) A petición de los interesados.

c) Previo mutuo acuerdo entre los dos anteriores. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

39. Cuando se conceda, a instancias de un particular, una ampliación de los plazos, esta no debe exceder de:

a) Diez días. b) La mitad del plazo.

c) Un tiempo igual al del plazo de que se trate. d) Tres meses en cualquier caso.

40. El plazo para resolver un expediente:

a) No excederá de tres meses, como regla general. b) Depende del procedimiento. c) Se deja a la voluntad del funcionario actuante. d) Es de tres meses inexorablemente.

41. Los días inhábiles a lo largo del año son:

a) Los domingos y festivos religiosos.

b) Las fiestas legalmente establecidas.

c) Los domingos y las fiestas legalmente establecidas. d) Los del apartado anterior y aquellos en que así se establezca por decisión del Go-

bierno de la Nación (por ejemplo, el día de elecciones).

42. La iniciación de los plazos se produce:

a) Al día siguiente de la notificación del acto.

b) El mismo día de la notificación o publicación del acto. c) Depende de los casos.

d) Desde el primer día hábil en que se produce la notificación.

43. Cuando el último día del plazo sea inhábil:

a) Se entenderá que el plazo expira el último día hábil. b) Se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil. c) No tiene trascendencia a efectos de cómputo. d) Podrá pedirse una prórroga del plazo.

44. Un acto dictado fuera de plazo comportará:

a) La responsabilidad del funcionario en cualquier caso. b) Su nulidad. c) La producción de sus efectos normales en todo caso. d) Su nulidad en determinados supuestos.

45. En cuanto al personal al servicio de la Administración Pública, la infracción de los plazos en un procedimiento en el que esté actuando: a) Puede suponer su responsabilidad.

b) En todo caso ha de exigírsele responsabilidad. c) No tiene trascendencia alguna. d) Nada de lo expuesto es correcto.


TEST N.º 12 Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-cas y del Procedimiento Administrativo Común. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. Reclamación administrativa previa a las vías civil y laboral 1. Suele ser normal que la Administración Pública en las relaciones jurídicas admi-

nistrativas: a) Se sujete al Derecho Privado.

b) Actúe como sujeto de las mismas.

c) Despliegue una serie de potestades legalmente reconocidas. d) Actúe representada por particulares.

2. Puede ser objeto de una relación jurídico–administrativa el/los/las: a) Dominio público. b) Potestades administrativas. c) Deberes de los ciudadanos. d) Nada de lo anterior.

3. Normalmente, la Administración Pública, en este tipo de relaciones: a) Se limita a una posición de espectadora de las mismas. b) Actúa como sujeto activo. c) Se encuentra en el lado pasivo de las mismas.

d) Está en igualdad de circunstancias que el administrado.

4. Una característica esencial de las relaciones jurídico–administrativas es: a) Su regulación por el Derecho Privado.

b) La situación de igualdad de la Administración Pública y el administrado. c) Su sujeción al Derecho Administrativo. d) Estar exenta de regulación jurídica de todo tipo.

5. La relación en la que la Administración Pública actúa como un particular y no como tal Administración Pública es de carácter: a) Privado. b) Jurídico–administrativa.

c) No jurídica. d) Semipública.

6. El contenido de la relación jurídico–administrativa se descompone en:

a) Actos humanos y cosas. b) Hechos no jurídicos.

c) Derechos y obligaciones. d) Todo lo anterior.


7. Se produce una modificación del contenido de una relación jurídico–administrativa en el siguiente supuesto:

a) La redención a metálico de una prestación personal de un vecino de un Municipio. b) El cambio de titularidad de una licencia de apertura de establecimiento.

c) El ius variandi ejercido por la Administración Pública en un contrato administrati-vo.

d) La muerte de un contratista individual.

8. Es ejemplo de administrado cualificado un: a) Ciudadano cualquiera.

b) Vendedor ambulante.

c) Concesionario de servicio público. d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

9. Un funcionario tiene la condición de: a) Persona privada de interés social. b) Autoridad. c) Administrado simple.

d) Administrado cualificado.

10. La actuación de un particular realizando una prestación personal a la Adminis-tración:

a) Le convierte en administrado simple. b) Comporta un trato de favor al mismo. c) Le exime de pagar tasas judiciales. d) Le cualifica respecto de la misma.

11. El que realice un uso común general del dominio público: a) Requiere licencia.

b) Ha de estar habilitado a través de la correspondiente concesión demanial. c) Tiene la condición de administrado cualificado. d) Nada de lo expuesto es correcto.

12. El ciudadano que regenta un quiosco en la vía pública, sin hacer por tanto un uso común general de la misma, respecto a la Administración Pública es un adminis-trado:

a) Simple. b) Cualificado, al adquirir condición de funcionario. c) Cualificado, al convertirse en un contratista. d) Cualificado.

13. En Derecho Administrativo, a diferencia del Derecho Privado, se puede reconocer a los menores de edad:

a) Capacidad jurídica. b) Ambas. c) Capacidad de obrar. d) Ninguna de ellas.


14. La edad mínima para entablar por sí solo relaciones con la Administración Pú-blica es de: a) Dieciocho años.

b) Depende de los casos.

c) Veintiún años la mujer casada. d) Nada de lo anterior es cierto.

15. Puede obtener copias de documentos contenidos en un procedimiento que se esté tramitando:

a) Solo los interesados en él. b) Cualquier ciudadano. c) Nadie. d) Solo otro órgano administrativo.

16. Si un interesado de una Comunidad Autónoma con lengua oficial específica se di-rige a un órgano de la Administración General del Estado sito en su Comunidad, ha de hacerlo en: a) Castellano necesariamente.

b) Su lengua oficial exclusivamente.

c) Cualquiera de las dos anteriores, a su opción.

d) La que se le indique por la citada Administración.

17. Las alegaciones y aportación de documentos por parte de un interesado en un procedimiento, que no se refieran a defectos de tramitación, pueden realizarse: a) En cualquier momento.

b) Antes del trámite de audiencia.

c) Inmediatamente antes de la prueba.

d) Solo cuando sea requerido al efecto por la Administración Pública actuante.

18. Por su parte, los defectos de tramitación pueden ser alegados: a) Antes del trámite de audiencia exclusivamente.

b) Con motivo de la interposición del pertinente recurso necesariamente. c) En cualquier momento.

d) Solo cuando vaya a exigirse responsabilidad.

19. La actuación por un funcionario que suponga discriminación de un interesado por razón de sexo le hace incurrir en responsabilidad: a) Política. b) Patrimonial. c) Disciplinaria. d) Social.

20. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-ción pública y buen gobierno (Ley 19/2013), el derecho de acceso podrá ser limi-tado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad pública.

b) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. c) La política económica y monetaria.

d) Todo lo anterior.


21. La motivación de una solicitud de acceso a la información, según la Ley 19/2013:

a) Es requisito ineludible para que se facilite la información. b) Será causa de rechazo de la solicitud. c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. d) Se deja a la decisión del solicitante.

22. Según la Ley 19/2013, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso: a) Solo podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen

Gobierno. b) Deberá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Go-

bierno. c) Solo podrá interponerse impugnación en vía contencioso–administrativa. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo.

23. Si un interesado en un procedimiento conoce datos de otros que no han compare-cido en el mismo: a) Puede dárselos a la Administración Pública actuante. b) Está obligado a proporcionárselos a la anterior. c) Para garantizar su intimidad, debe ocultarlos. d) No tiene obligación alguna al respecto.

24. El recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es: a) Extraordinario. b) La regla general. c) Especial. d) Inexistente.

25. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es: a) Ordinario. b) Extraordinario. c) Especial. d) Inexistente.

26. El recurso de alzada se presentará:

a) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. b) Ante el Tribunal contencioso competente.

c) Ante el órgano que dictó el acto.

d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.

27. La resolución presunta del recurso de alzada se dará, si no recae resolución, al/a los: a) Quince días de interponerlo.

b) Mes de su interposición.

c) Tres meses de dictarse el acto.

d) Tres meses de plantearse el recurso.


28. El silencio administrativo en el recurso de alzada puede ser positivo en el siguien-te caso: a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud

del ciudadano. b) Cuando perjudique al ciudadano.

c) Siempre que beneficie al interés público.

d) En ningún supuesto es positivo.

29. El recurso de revisión se interpone contra:

a) Cualquier acto administrativo.

b) Actos que no agotan la vía administrativa. c) Los actos que agotan la vía administrativa. d) Los actos firmes exclusivamente.

30. La terminación presunta del recurso de revisión se dará: a) A los tres meses de su interposición. b) Al mes de su interposición.

c) No cabe. d) Solo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.

31. El recurso de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse:

a) A los tres meses desde que se produjo.

b) A los cuatro años desde que se conoció.

c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. d) No puede darse nunca aisladamente.

32. La revisión de los actos por los recursos administrativos:

a) Corresponde a la propia Administración Pública.

b) Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes.

c) Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso–administrativo. d) Se da solo en supuestos tasados y límites.

33. Se han reinstaurado las reclamaciones económico–administrativas, como recurso administrativo propio, en los/las: a) Corporaciones Locales en general.

b) Municipios de régimen común.

c) Municipios de gran población.

d) Diputaciones Provinciales cuando gestionen los tributos de los Municipios de la Provincia.

34. Para plantear un recurso administrativo: a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. b) Basta con la capacidad de obrar.

c) Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre.

d) Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado.


35. Se puede sustituir en determinados supuestos por procedimientos de mediación y arbitraje el:

a) Recurso de alzada.

b) Recurso de revisión.

c) Recurso de reposición.

d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

36. Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recur-so de revisión: a) Deberá desestimarse el recurso por improcedente. b) Deberá notificársele el error para que lo subsane. c) No se admitirá el recurso.

d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter.

37. No es motivo de suspensión de un acto recurrido, según el art. 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común, que: a) Pueda causar, de ejecutarse, perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Haya sido dictado por órgano manifiestamente incompetente. c) Tenga un contenido imposible.

d) Incurra en anulabilidad.

38. Cuando existan terceros interesados en un acto recurrido:

a) Deben personarse en el expediente que se siga tras el recurso.

b) Debe enviárseles copia del recurso, conminándoles a personarse.

c) El envío de la copia se efectúa para que realicen, si lo desean, las alegaciones que estimen oportunas.

d) Al no ser los que interponen el recurso, no es necesario darles cuenta de este.

39. La resolución de un recurso: a) Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente. b) Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente. c) No es necesario que se motive.

d) Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso.

40. La reformatio in peius, en materia de recursos:

a) Se admite como regla general.

b) Solo se permite en materia sancionadora.

c) Se admite cuando el recurso está claramente infundado. d) Está expresamente prohibida.

41. El silencio administrativo en el recurso de alzada: a) Se considera siempre positivo.

b) Es negativo, como regla general. c) No puede darse en caso alguno.

d) Se produce tras la pertinente denuncia de mora.


42. Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso, la Ad-ministración Pública: a) Podrá agravar la situación inicial del recurrente. b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. c) Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo. d) Solo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras

que deriven del procedimiento.

43. Pone fin a la vía administrativa un acto de un Director General de un Ministerio en la siguiente materia en la que tenga competencia:

a) Cualquier materia.

b) Una materia que esté descentralizada. c) De personal.

d) En ningún caso sus actos ponen fin a esta vía administrativa.

44. El recurso de revisión es:

a) Unitario. b) Ordinario. c) Especial. d) Extraordinario.

45. El plazo para interponer el recurso de alzada, contra un acto presunto es de:

a) Tres meses. b) Quince días. c) Un mes. d) Dos meses.

46. Si no se recurre un acto a través del recurso de alzada en el plazo señalado:

a) El acto se convierte en eficaz.

b) Deviene firme el acto.

c) Puede solicitarse una prórroga a la Administración Pública. d) Nunca podrá recurrirse.

47. Contra los actos dictados por un Tribunal de Oposiciones: a) No cabe recurso alguno.

b) Puede presentarse recurso de alzada ante su Presidente. c) El recurso de alzada debe entablarse ante la autoridad que nombró al Presidente. d) Solo es posible el recurso de revisión.

48. No es motivo bastante para interponer un recurso de revisión que: a) Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar el acto. b) Hubiere mediado cohecho en la resolución.

c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. d) Hayan influido documentos declarados falsos por sentencia judicial firme.

49. El recurso de revisión se plantea en la Administración General del Estado ante el:

a) Órgano que dictó el acto.

b) Ministro de la Presidencia. c) Ministro correspondiente.

d) Presidente del Gobierno de la Nación.


50. Para que pueda entablarse un recurso de revisión por error de hecho, este: a) Ha de ser declarado por sentencia judicial firme. b) Ha de haberse adoptado por cohecho.

c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente. d) Nada de lo anterior es cierto.

51. La interposición de una reclamación previa al ejercicio de acciones en la vía civil o laboral: a) Es voluntaria.

b) Es obligatoria en todo caso.

c) Es la regla general.

d) Requiere previo recurso en vía administrativa.

52. Para que no sea necesario la interposición de una reclamación previa al ejercicio de una acción en la vía civil o laboral: a) Debe estar previsto en una norma con rango legal. b) Basta con que así lo disponga una norma de cualquier tipo. c) Siempre es obligatoria dicha interposición. d) Ha de interponerse recurso en vía administrativa.

53. Los plazos para el ejercicio de las acciones judiciales cuando se ha planteado una reclamación previa: a) Se interrumpirán.

b) Siguen contándose.

c) Prescriben d) Se suman a los de la reclamación previa.


TEST N.º 13 La jurisdicción contencioso–administrativa: funciones y organización. Evolución histórica. Organiza-ción jurisdiccional. El recurso contencioso administrativo: las partes, capacidad, legitimación y postu-lación. Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia

1. La cuestión de ilegalidad hace referencia a:

a) La actuación del Tribunal Constitucional.

b) El enjuiciamiento en vía administrativa de los Reglamentos. c) Un procedimiento especial en vía jurisdiccional. d) Nada de lo expuesto es cierto.

2. Las multas coercitivas por incumplimiento de los fallos judiciales en vía conten-cioso–administrativa pueden ascender como máximo, individualmente considera-das, hasta: a) 3.000,00 euros. b) 300,00 euros. c) 150,00 euros. d) 1.500,00 euros.

3. El procedimiento abreviado se sustanciará en sede de los/las: a) Juzgados de lo Contencioso–Administrativo.

b) Juzgados Centrales de lo Contencioso–Administrativo. c) Salas de lo Contencioso–Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. d) Las respuestas a) y b) son ciertas, según los casos.

4. En el supuesto de conciliación en vía judicial de las partes, ajustada a Derecho y no lesiva al interés público o de terceros, el procedimiento concluye a través de:

a) Sentencia.

b) Auto. c) Laudo. d) Contrato formalizado judicialmente.

5. El plazo previsto por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa para interponer el recurso contencioso–administrativo contra un acto presunto es de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Seis meses.

d) Ninguno, al ser imposible atacar los actos presuntos en esta vía jurisdiccional.

6. La actuación de la Administración Electoral, a efectos del recurso contencioso–administrativo:

a) Está exenta del mismo.

b) Se controla por la Jurisdicción Ordinaria.

c) En los términos de su legislación específica, es susceptible del mismo. d) Solo puede impugnarse en vía constitucional.


7. La Jurisdicción Contencioso–Administrativa, en cuanto a la responsabilidad pa-trimonial de la Administración Pública cuando esta actúe como persona de Dere-cho privado: a) Solo actúa subsidiaria mente, tras la Jurisdicción Ordinaria. b) Es plenamente competente.

c) Carece de competencia alguna.

d) Con carácter alternativo, a expensas del propio afectado, intervendrá.

8. El reconocimiento a una persona de la condición de parte en un proceso concreto deriva de/de su: a) Capacidad procesal. b) Legitimación. c) Postulación. d) Todo lo anterior.

9. La impugnación indirecta, en vía jurisdiccional, de un Reglamento, cuando pre-viamente no se ha impugnado directamente:

a) Es perfectamente válida.

b) Solo se permite cuando incurra en nulidad de pleno derecho. c) Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

d) Solo se admite cuando la efectúe la propia Administración Pública, tras declaración de lesividad.

10. La declaración de lesividad, a efectos del recurso contencioso–administrativo, se considera: a) Diligencia preliminar. b) Alegación previa. c) Recurso previo. d) Nada de lo anterior.

11. Los actos administrativos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, a efectos del recurso contencioso–administrativo:

a) No son susceptibles del mismo.

b) Son perfectamente impugnables.

c) Solo pueden impugnarse si producen indefensión. d) Nada de lo expuesto es correcto.

12. El plazo que se concede para alegaciones previas se computa desde el/la:

a) Emplazamiento de las partes.

b) Emplazamiento para contestara la demanda. c) Escrito de interposición del recurso. d) Presentación de la demanda.

13. Contra el Auto desestimatorio de las alegaciones previas, es posible recurso de:

a) Ningún tipo. b) Revisión. c) Casación. d) Súplica.


14. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia pa-ra la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los siguientes días a aquel en que se haya dado traslado de la misma:

a) Veinte días. b) Dos meses. c) Treinta días. d) Cinco días.

15. En defecto de vista, se efectúa/an:

a) Alegaciones.

b) Prueba documental. c) Conclusiones escritas. d) Todo lo anterior.

16. En el caso de que un recurso recayere sobre cosa juzgada, se: a) Declarará su inadmisibilidad. b) Reiterará la sentencia anterior. c) Estimará, en su caso. d) Desestimará.

17. La condena en costas, en caso de desistimiento:

a) Está prohibida.

b) Se impone solo a la Administración Pública.

c) Es la regla general. d) Es posible.

18. Cuando no exista crédito para hacer efectivo de cantidad líquida a que es conde-nada la Administración Pública: a) Se inejecuta la sentencia.

b) Se libra un anticipo de tesorería. c) Debe avalarse dicho pago. d) Nada de lo expuesto es cierto.

19. Respecto de los actos y disposiciones en materia de personal del Tribunal de Cuentas, la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo conoce: a) En segunda instancia.

b) En única instancia. c) Por vía de casación.

d) En ningún caso puede conocer. 20. La postulación por los funcionarios en un proceso contencioso–administrativo en

materia de personal ante órganos jurisdiccionales colegiados: a) Se puede efectuar por ellos mismos.

b) Lo anterior es cierto solo cuando los funcionarios de que se traten sean Abogados o Licenciados en Derecho.

c) Ha de encomendarse a la Junta de Personal.

d) Requiere Abogado y Procurador cuando se trate de cuestiones de personal que im-pliquen separación de empleados públicos inamovibles.


21. Como regla general, sobre los recursos contra actos de los Secretarios de Estado, es competente el/la: a) Tribunal Supremo.

b) Tribunal Superior de Justicia de Madrid. c) Audiencia Nacional.

d) Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Madrid.

22. Tras la admisión de un recurso contencioso–administrativo, el siguiente trámite es el/la: a) El requerimiento a la Administración Pública para que remita el expediente y para

que emplace a las partes.

b) Diligencias preliminares.

c) Presentación de la demanda.

d) Alegaciones previas.

23. El plazo que se concede para alegaciones previas es de: a) Quince días.

b) Diez días. c) Ocho días. d) Cinco días.

24. Por su parte para los escritos de conclusiones se conceden: a) Diez días. b) Tres días. c) Cinco días. d) Quince días.

25. En caso de que se estime un recurso contencioso–administrativo y se haya pre-tendido en la demanda el resarcimiento de daños, la sentencia: a) No se pronunciará sobre los mismos.

b) Deberá fijarlos en todo caso.

c) Los reconocerá, como regla general, postergando su determinación al período de ejecución de sentencia.

d) Nada de lo anterior es cierto.


DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL TEST N.º 1 1. b) Público. 2. d) Pluralismo político. 3. a) Delegación. 4. a) Tribunales. 5. c) No existe en nuestro Derecho.

6. b) Los sirve con objetividad.

7. c) Tras la Revolución Francesa.

8. c) Común de las Administraciones Públicas.

9. a) Es de privilegio. 10. d) Cuando actúe como un particular, sin hacer uso de las prerrogativas que tiene reco-

nocidas. 11. d) Lo son todos ellos.

12. d) Nada de lo anterior, al tratarse del desarrollo de la potestad dentro del ámbito com-petencial propio, por lo que no debe ser invadido por otra norma aun de rango supe-rior.

13. c) No existir legalmente y carecer de efectos la norma que la efectúe. 14. c) Orden del mismo.

15. d) Reales Decretos.

16. b) Es norma de inmediata aplicación, al carecerse de fuente escrita.

17. d) Nada de lo anterior es correcto, pues se aplica siempre antes que dicho Principio General del Derecho.

18. c) No debería aplicarse.

19. d) Solo se aplican en defecto de Ley y de Costumbre. 20. d) Tribunal Supremo.

TEST N.º 2 1. a) Una norma de carácter general y obligatorio.

2. d) Un Decreto–Ley del Gobierno de la Nación. 3. a) Ordena la misma.

4. d) Presidente de la Comunidad Autónoma de que se trate. 5. c) El Derecho Tributario.

6. b) Congreso de los Diputados.

7. c) Pueden modificar y derogar una Ley anterior. 8. d) Sumario. 9. c) Treinta días. 10. d) La organización de un Ministerio. 11. d) No puede hacerse. 12. c) La materia de una Ley ordinaria. 13. b) Textos Refundidos. 14. a) Ley de Bases.

15. d) No existe, al no ejercer esta competencia. 16. a) Ley ordinaria.


17. a) La regulación del Tribunal de Cuentas.

18. d) Proposiciones de Ley.

19. a) Régimen de derechos y deberes del Título I de la Constitución. 20. c) Automáticamente deja de surtir efectos.

21. d) Ninguno de ellos.

22. c) Texto Articulado. 23. d) Ley ordinaria. 24. c) Quedan derogadas.

25. d) Está expresamente prohibida.

TEST N.º 3 1. c) Los Reglamentos no pueden regular determinadas materias. 2. b) Normas, con sujeción a la Ley. 3. c) Son normas y no actos administrativos. 4. a) Suele limitar sus potestades discrecionales. 5. b) Regula supuestos no contemplados en la Ley. 6. b) Que desarrolla una ley previa.

7. c) Praeter legem.

8. d) Se circunscribe al ámbito interno de la Administración Pública. 9. d) De potestades discrecionales administrativas.

10. c) Al desarrollar una Ley al efecto.

11. d) Desarrollar materias reservadas a una Ley previamente dictada. 12. d) A los Tribunales. 13. a) No lo aplicará. 14. a) Ejecutivos. 15. a) Independientes.

16. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo. 17. d) Ha desaparecido en la actualidad.

18. d) Deriva del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.

19. c) Uno a tres años.

20. c) Puede presentarse ante el órgano que la dictó. 21. d) Nada de lo anterior es correcto por sí mismo.

22. a) Quince días hábiles.

23. b) Siete días hábiles.

24. a) Secretaría General Técnica.

25. a) Ha de basarse en la que previamente haya efectuado una Ley. 26. c) Principio General del Derecho.

27. b) Ley Orgánica. 28. c) Se produce un desapoderamiento de los órganos nacionales. 29. c) Gobierno de la Nación.

30. b) Normas de la Unión Europea.

31. a) No es fuente del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico. 32. b) Tras su ratificación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, son fuente dire-

cta. 33. c) Costumbre. 34. b) Praeter legem.

35. a) Secundum legem.


36. b) Praeter legem.

37. c) Se pruebe su existencia por quien la invoca. 38. c) Aprovechamientos de las aguas. 39. d) Contraria a la moral. 40. c) Concejos Abiertos. 41. b) Integradora. 42. a) Positivos. 43. a) De carácter político.

44. d) Solo son informadas de su celebración. 45. d) Nada de lo expuesto es correcto.

TEST N.º 4

1. a) Siempre. 2. b) No dicta actos administrativos.

3. d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos adminis-trativos.

4. b) Reglados, en parte.

5. a) Que este puede estar condicionado.

6. a) Publicarse. 7. c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzo-

samente algunos actos administrativos.

8. b) Acto definitivo. 9. c) Informe emitido en un procedimiento.

10. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. 11. b) Posible y lícito. 12. d) Eventual del acto. 13. a) Natural. 14. d) Cuando la Ley lo prescriba.

15. d) Todos los anteriores deben motivarse. 16. c) Los motivos en que se basa la decisión.

17. b) El particular ha de actuar de forma que se deduzca el conocimiento del contenido de la resolución.

18. b) Requiere previo consentimiento del interesado para hacerse de esta forma. 19. d) Se exige siempre.

20. d) No se lesionen derechos de otras personas.

21. c) Puede ser objeto de impugnación por el particular. 22. a) Desahucio administrativo.

23. c) Cuando lo diga una Ley, o así lo acuerde el órgano encargado de resolverlo, se sus-penderá la eficacia del acto.

24. c) No es necesario un previo acto administrativo. 25. c) 2003. 26. c) Funcional y territorial. 27. b) Absoluto. 28. c) Ha de atentarse contra la causa mediata del acto administrativo. 29. a) Vicia el acto de que se trate.

30. b) Debe motivarlo. 31. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada.


32. d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.

33. a) Comporten una obligación no personalísima de hacer. 34. c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas. 35. d) Se dictó el acto anulado.

36. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso. 37. a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica. 38. c) Incompetencia funcional.

39. b) Debe intentarse de nuevo la notificación a los primeros. 40. b) El procedimiento seguirá su curso.

41. c) Se puede efectuar en cualquier momento, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al in-terés público o al ordena miento jurídico.

42. c) Pleno. 43. b) No. 44. a) La prescripción de la acción. 45. b) Preceptivo y vinculante.

TEST N.º 5 1.d) Se rigen por este TR–LCSP en lo que del mismo se considera legislación básica, a

tenor de su disposición final segunda

2. d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística. 3. b) Se sujetan en su integridad.

4. c) Se rige por el TR–LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o va-rios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su activi-dad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

5. d) No se sujeta al TR–LCSP

6. a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR–LCSP. 7. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.. 8. c) La Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

9. b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración. 10. a) Consentimiento de los contratantes.

11. a) Formalización. 12. a) 600.000 euros. 13. c) 450.000 euros.

14. a) Solo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria.

15. d) De suministro. 16. b) Contratos sujetos a una regulación armonizada. 17. a) De servicios. 18. c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista eco-

nómico. 19. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

20. c) En el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 21. d) Nada de lo expuesto es cierto. 22. c) Tres meses.

23. a) 5.186.000 euros.


24. c) Suministros. 25. b) Un precio que se le satisfará durante toda la duración del contrato. 26. d) Supone su nulidad absoluta.

27. d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Ad-ministraciones Públicas.

28. a) Nulidad. 29. d) Nada de lo expuesto es correcto. 30. c) Tiene carácter potestativo.

31. b) Consejo de Ministros.

32. c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 33. b) Adjudicación. 34. c) Solo es posible la interposición de recurso contencioso–administrativo. 35. a) De seis años.

36. c) Órgano de contratación.

37. b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho.

38. a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administra-tiva del Estado.

39. c) De alzada ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 40. b) Una prohibición de contratar.

41. c) La clasificación. 42. c) 500.000 euros.

43. c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 44. c) Solidariamente. 45. b) Indefinida. 46. a) Anualmente. 47. d) Cada tres años.

48. b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de aptitud del empresario.

49. d) Todo lo anterior. 50. b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de discipli-

na de mercado.

51. c) Tiene competencia originaria y plena.

52. d) Internet. 53. d) En todo lo anterior.

54. a) Adjudicación de los contratos. 55. c) Es potestativa.

56. d) Pleno de la Corporación Local. 57. a) No es necesaria.

58. b) Coincide con la del contrato hasta su extinción. 59. b) Pliego de cláusulas administrativas particulares. 60. c) 15. 61. b) Abierto. 62. b) Negociado. 63. c) De diálogo competitivo.

64. b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato. 65. a) Cinco. 66. c) Un millón de euros.

67. d) Las respuestas a) y b) son correctas.


68. b) 100.000 euros.

69. c) Un Jurado. 70. d) 18.000 euros.

71. c) Sobre secretos comerciales. 72. c) Anual. 73. a) Consejo de Ministros.

74. c) Es potestativa para los órganos de contratación.

75. b) Disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su planti-lla, sin distinción entre sexos.

76. c) De diálogo competitivo.

77. a) Con la resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

78. c) La contratación de emergencia.

79. a) Debe informar obligatoriamente y con carácter previo la Junta Consultiva de Con-tratación Administrativa del Estado.

80. b) Consejo de Ministros.

81. d) Las tres respuestas anteriores son ciertas y concurrentes. 82. b) Ha de ir acompañada, en el pliego o en la documentación complementaria, de la in-

formación sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes labo-rales que implicará tal medida.

83. d) Todos los anteriores necesariamente.

84. c) De suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse an-tes del pago del precio.

85. a) Adjudicación del contrato.

86. b) Cinco por ciento. 87. d) Está expresamente declarada inadmisible. 88. d) órgano de contratación. 89. d) Nadie. 90. a) Treinta días. 91. c) Suspender el cumplimiento del contrato. 92. c) Puede resolverlo o imponer penalidades. 93. a) La Administración se la concederá.

94. a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido. 95. b) Contratista. 96. b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuar-

lo. 97. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta. 98. c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

99. d) 10 por 100. 100. c) Agotan esta vía.

101. b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista. 102. a) Declaración de concurso del contratista. 103. a) Resolución. 104. c) Treinta días. 105. a) Dos. 106. b) 20 por 100. 107. a) Consejo de Ministros.


108. b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

TEST N.º 6 1. a) Con carácter previo a la licitación.

2. d) Acta de comprobación del replanteo. 3. a) Mes. 4. c) Quince años.

5. d) Seis meses.

6. d) Las respuestas a) y c) son ciertas. 7. a) El órgano de contratación. 8. c) Cuarenta años. 9. c) Un mes. 10. b) Deben ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible. 11. a) Exige que no haya existido actuación imprudente por su parte. 12. a) Estas corren a cargo del adjudicatario.

13. d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

14. c) 30 %. 15. c) Dominio público. 16. b) Gestión de servicios públicos. 17. b) Rescate. 18. a) Seis años.

19. b) Deben estar previstas expresamente en el contrato concesional. 20. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 21. c) Gestión interesada.

22. b) Arrendamiento. 23. c) Tiene su causa en un incumplimiento del contratista del que derive perturbación

grave para el servicio.

24. b) Solo se permite para prestaciones accesorias. 25. b) Si es superior a seis meses.

26. b) Debe estar basada en el interés público.

27. c) Veinticinco años. 28. d) Nada de lo expuesto es correcto.

29. c) Solo puede ser parcial y requiere una previa constitución de garantía por el contra-tista.

30. a) La precisa para atender adecuadamente sus necesidades. 31. c) Del seis por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de be-

neficio industrial. 32. d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo. 33. a) Está expresamente prohibida.

34. c) No puede ser superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior. 35. a) Se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. 36. b) Las normas relativas a su publicidad. 37. c) Cuando la Administración incurra en mora al recibirlos. 38. c) Administración. 39. a) Solo parcialmente.

40. c) La desafectación de los mismos se produce automáticamente con el acuerdo del ór-gano de contratación.


41. d) Es una facultad que tiene la Administración.

42. a) Contratista. 43. c) Desde que termina el plazo de garantía. 44. d) Seis meses.

45. b) Del tres por ciento del precio de la adjudicación.

TEST N.º 7 1. c) Fomento. 2. a) Usar la coacción.

3. d) Entidad pública empresarial local. 4. b) Concesión. 5. d) Nada de lo expuesto es correcto. 6. c) Concesión. 7. d) Concierto. 8. c) 2003. 9. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

10. c) Han de aplicar los principios de gestión y de información contenidos en la misma.

11. d) Proporcionalidad.

12. b) Debe establecerse en la normativa reguladora de la subvención. 13. a) Están excluidas.

14. c) Solo se aplica con carácter supletorio. 15. d) Ministro correspondiente. 16. d) Doce millones de euros.

17. d) En todos los casos anteriores debe publicarse.

18. a) Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención.

19. c) Seis meses.

20. d) Es de carácter negativo. 21. a) En ningún caso.

22. a) Desde que se notifica la resolución de la subvención. 23. b) Nulidad de la resolución de concesión. 24. a) 25%. 25. b) A los cuatro años.

26. d) Solidariamente.

27. a) Intervención General de la Administración del Estado. 28. c) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral. 29. c) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fi-

nes para los que la subvención fue concedida.

30. c) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

31. b) 6.000 euros. 32. c) Tres años.


TEST N.º 8 1. d) Nada de lo anterior es correcto.

2. c) Se produce una transferencia obligatoria del derecho de propiedad sobre un bien a la Administración Pública.

3. a) Ha de indemnizarse al particular expropiado. 4. d) Expropiación en toda regla. 5. d) No es posible este tipo de expropiación. 6. d) Nada de lo anterior es correcto. 7. c) Consejo de Gobierno.

8. b) Las expropiaciones de inmuebles, en un Plan de Obras y Servicios de una Diputa-ción Provincial.

9. d) Todos ellos. 10. b) Persona natural o jurídica.

11. c) Intervendrá en su nombre el Ministerio Fiscal.

12. a) Adquiere la propiedad de los bienes o, en su caso, derechos expropiados. 13. b) Pleno. 14. d) Ministerio Fiscal. 15. a) Consejo de Ministros.

16. c) Se declare la urgente ocupación.

17. a) Ha de mantenerse en el tiempo, antes, en y después de la expropiación. 18. c) La declaración de la necesidad de la ocupación. 19. b) Quince días. 20. c) Adoptarse acuerdo por el Consejo de Gobierno.

21. c) Goza la Administración Pública de potestad discrecional respecto a la ampliación de la expropiación.

22. d) Quince días. 23. d) No viene determinado explícitamente.

24. b) Haya mutuo acuerdo en el justiprecio.

25. b) Sea expropiado sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 26. d) Contencioso–Administrativo.

27. b) Dentro de los seis meses desde dicha fijación. 28. b) Reversión. 29. b) Beneficiario de la expropiación.

30. c) Es la regla general, de obligado cumplimiento.

31. d) Agotan la vía administrativa, abriendo la jurisdiccional. 32. a) Acta de ocupación.


TEST N.º 9 1. d) 13 de junio de 1986.

2. c) De uso público. 3. d) No son susceptibles de venta alguna. 4. d) Nada de lo anterior. 5. c) Concesión. 6. a) Autorización previa. 7. d) Nada de lo anterior, pues no cabe este uso. 8. b) Común especial.

9. d) Una conducción subterránea de agua.

10. d) Supone la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico por el que se lleva a efecto.

11. a) Deslinde. 12. d) Dentro del primer año tras la usurpación. 13. d) Debe acudir a los Tribunales. 14. d) Potestad de investigación. 15. b) Cincuenta. 16. d) Nada de lo expuesto es correcto.

17. d) Puede efectuarse a favor de una fundación pública. 18. c) Cuarto. 19. c) Veinte años. 20. b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

21. d) Titular del Ministerio competente.

22. a) Está sujeto a concesión cuando exceda de cuatro años. 23. b) En cualquier momento.

24. d) Destinados al servicio público.

25. c) Bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas.


TEST N.º 10 1. a) No responderá.

2. c) Basta con que se derive un daño de la actividad administrativa para que deba res-ponder.

3. c) Subsidiaria. 4. b) Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común. 5. d) Nadie. 6. b) Daño efectivamente causado al particular. 7. a) Irrelevante. 8. c) Contencioso–administrativa.

9. b) Cualquiera de ellas, solidariamente.

10. b) Inevitabilidad. 11. d) No tiene derecho alguno a indemnización. 12. d) Cualquiera de ellos.

13. d) En todos los casos anteriores debe indemnizarse.

14. b) Individualizado en dicho particular o en un grupo de personas en el que se integre. 15. c) Serán objeto de ponderación.

16. c) Se incluye en cualquier caso.

17. a) Medie acuerdo con el lesionado.

18. c) Tiene lugar cuando el perjudicado es culpable en parte del daño sufrido. 19. d) Nada de lo anterior es correcto.

20. c) Prescripción. 21. c) Ministro respectivo. 22. c) Entiende de todo tipo de recursos, actúe como actúe la Administración Pública. 23. b) Treinta días. 24. c) Entiende desestimada.

25. b) La anterior exige responsabilidad al funcionario culpable. 26. a) Incoar expediente al efecto con audiencia del inculpado. 27. b) Grave. 28. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo.

29. c) Por la vía jurisdiccional penal en todo caso.

30. b) Legislación correspondiente.


TEST N.º 11 1. b) Una modalidad de procedimiento declarativo. 2. b) 26 de noviembre de 1992. 3. b) III.

4. a) Agregarse sucesivamente.

5. a) Declarativos. 6. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

7. d) Por sí mismo, como regla general.

8. c) Seguridad jurídica.

9. b) Debe pedirse al particular que los subsane en el plazo de diez días. 10. d) Ningún recurso. 11. b) Cronología, salvo acuerdo expreso y motivado en contrario. 12. d) Órgano administrativo que lo inicie o tramite. 13. d) El titular de la Unidad administrativa. 14. a) Diez días. 15. d) No son tasados. 16. a) Diez días. 17. d) En cualquier momento, antes de la audiencia al interesado. 18. b) 86. 19. c) Potestativa, salvo norma en contrario.

20. d) Obligan a la Administración Pública a estudiarlas y considerarlas en la resolución. 21. b) Facultativos y no vinculantes.

22. a) En todo momento.

23. d) Actúa legalmente, sin que pueda tachársele la incursión en vicio alguno, aunque de-berá motivar el acto.

24. c) Más de diez y menos de treinta días.

25. b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos.

26. d) Es innecesaria cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos por el in-teresado.

27. d) Puede no darse en determinados supuestos tasados.

28. d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente. 29. d) Nada de lo anterior es cierto.

30. a) Sí. 31. b) Continuará el procedimiento si se inició de oficio.

32. d) No afecta por sí misma al derecho en sí del interesado. 33. c) Puede ser alterado legalmente según los casos.

34. d) Permite al particular ejercer su derecho en otra instancia. 35. b) En un procedimiento de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Cons-

titución. 36. c) Necesariamente ha de confirmar lo conseguido por el silencio. 37. b) El día del segundo mes equivalente al en que comenzó el plazo. 38. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

39. b) La mitad del plazo.

40. a) No excederá de tres meses, como regla general.

41. c) Los domingos y las fiestas legalmente establecidas. 42. a) Al día siguiente de la notificación del acto.


43. b) Se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil. 44. d) Su nulidad en determinados supuestos.

45. a) Puede suponer su responsabilidad.

TEST N.º 12 1. c) Despliegue una serie de potestades legalmente reconocidas. 2. a) Dominio público. 3. b) Actúa como sujeto activo.

4. c) Su sujeción al Derecho Administrativo.

5. a) Privado. 6. c) Derechos y obligaciones.

7. c) El ius variandi ejercido por la Administración Pública en un contrato administrati-vo.

8. d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

9. d) Administrado cualificado.

10. d) Le cualifica respecto de la misma. 11. d) Nada de lo expuesto es correcto. 12. d) Cualificado. 13. c) Capacidad de obrar. 14. b) Depende de los casos. 15. a) Solo los interesados en él.

16. c) Cualquiera de las dos anteriores, a su opción. 17. b) Antes del trámite de audiencia. 18. c) En cualquier momento. 19. c) Disciplinaria. 20. d) Todo lo anterior. 21. d) Se deja a la decisión del solicitante.

22. d) Nada de lo anterior es cierto por sí mismo.

23. b) Está obligado a proporcionárselos a la anterior. 24. b) La regla general.

25. d) Inexistente. 26. d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba

decidirlo. 27. d) Tres meses de plantearse el recurso.

28. a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud del ciudadano.

29. d) Los actos firmes exclusivamente.

30. a) A los tres meses de su interposición.

31. c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. 32. a) Corresponde a la propia Administración Pública. 33. c) Municipios de gran población.

34. d) Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado. 35. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

36. d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter. 37. d) Incurra en anulabilidad.

38. c) El envío de la copia se efectúa para que realicen, si lo desean, las alegaciones que estimen oportunas.


39. b) Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente. 40. d) Está expresamente prohibida. 41. b) Es negativo, como regla general. 42. b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. 43. c) De personal. 44. d) Extraordinario. 45. a) Tres meses.

46. b) Deviene firme el acto.

47. c) El recurso de alzada debe presentarse ante la autoridad que nombró al Presidente. 48. c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. 49. a) Órgano que dictó el acto.

50. c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente. 51. c) Es la regla general.

52. a) Debe estar previsto en una norma con rango legal. 53. a) Se interrumpirán.

TEST N.º 13 1. c) Un procedimiento especial en vía jurisdiccional.

2. d) 1.500,00 euros.

3. d) Las respuestas a) y b) son ciertas, según los casos. 4. b) Auto. 5. c) Seis meses.

6. c) En los términos de su legislación específica, es susceptible del mismo.

7. b) Es plenamente competente.

8. b) Legitimación. 9. a) Es perfectamente válida.

10. a) Diligencia preliminar. 11. a) No son susceptibles del mismo.

12. b) Emplazamiento para contestara la demanda. 13. a) Ningún tipo. 14. d) Cinco días. 15. c) Conclusiones escritas.

16. a) Declarará su inadmisibilidad. 17. d) Es posible. 18. d) Nada de lo expuesto es cierto. 19. b) En única instancia.

20. d) Requiere Abogado y Procurador cuando se trate de cuestiones de personal que im-pliquen separación de empleados públicos inamovibles.

21. c) Audiencia Nacional. 22. a) El requerimiento a la Administración Pública para que remita el expediente y para

que emplace a las partes.

23. d) Cinco días. 24. a) Diez días. 25. d) Nada de lo anterior es cierto.

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