TENENCIA DE ARMAS EN LA POBLACION CIVIL INTRODUCCION
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TENENCIA DE ARMAS EN LA POBLACION CIVIL INTRODUCCION La presente memoria busca investigar si la tenencia de armas por parte de la población civil constituye o no una medida eficaz para la prevención del delito o, si en su defecto, intensifica el problema de inseguridad que pareciera afectar a la población de nuestro país en los últimos tiempos. Con este propósito, se analizará la incidencia de diversos factores en los índices de la delincuencia y su efecto en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Se intentará mostrar cómo este fenómeno ha provocado deliberaciones acerca de si debe o no flexibilizar el acceso de la población civil a las armas de fuego; y cómo una eventual liberalización del régimen jurídico relativo a la tenencia de armas dentro de la sociedad chilena intensificaría una tendencia antiestatal. Asimismo, se intentará precisar el rol que les corresponde a los organismos del Estado y se evaluará el papel que le corresponde asumir a la comunidad para enfrentar el problema de la delincuencia a través de diversas formas de organización local, vecinal o comunal. Se abordará primeramente la evolución institucional del Estado de Chile y la relevancia de un poder político concentrado en el proceso de formación de la identidad chilena y su influencia en la legislación penal especial sobre armas. Se analizará luego la evolución económica, en conjunto con la distribución del ingreso, la pobreza, la desigualdad social y económica existente dentro de esta misma sociedad, las que han generado la exclusión de ciertos sectores de la población con un consiguiente sentimiento de
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TENENCIA DE ARMAS EN LA POBLACION CIVIL INTRODUCCION
La presente memoria busca investigar si la tenencia de armas por parte
de la población civil constituye o no una medida eficaz para la prevención del
delito o, si en su defecto, intensifica el problema de inseguridad que
pareciera afectar a la población de nuestro país en los últimos tiempos.
Con este propósito, se analizará la incidencia de diversos factores en los
índices de la delincuencia y su efecto en la percepción de inseguridad de la
ciudadanía. Se intentará mostrar cómo este fenómeno ha provocado
deliberaciones acerca de si debe o no flexibilizar el acceso de la población
civil a las armas de fuego; y cómo una eventual liberalización del régimen
jurídico relativo a la tenencia de armas dentro de la sociedad chilena
intensificaría una tendencia antiestatal.
Asimismo, se intentará precisar el rol que les corresponde a los
organismos del Estado y se evaluará el papel que le corresponde asumir a la
comunidad para enfrentar el problema de la delincuencia a través de
diversas formas de organización local, vecinal o comunal.
Se abordará primeramente la evolución institucional del Estado de Chile y
la relevancia de un poder político concentrado en el proceso de formación de
la identidad chilena y su influencia en la legislación penal especial sobre
armas. Se analizará luego la evolución económica, en conjunto con la
distribución del ingreso, la pobreza, la desigualdad social y económica
existente dentro de esta misma sociedad, las que han generado la exclusión
de ciertos sectores de la población con un consiguiente sentimiento de
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marginación, frustración y un clima de violencia social e inseguridad en la
población.
Se analizarán las medidas adoptadas por la autoridad para responder,
por una parte, a la intranquilidad de la población frente al aumento de la
criminalidad, y por otra parte, para fiscalizar el uso de armas de fuego,
creando organismos contralores a través de la recientemente promulgada
Ley Nº 20.014 sobre Control de Armas. Se expondrán las diferentes
posturas surgidas a raíz del debate previo a la promulgación de esta ley.
Y, finalmente, nuestras conclusiones, sosteniendo que frente al aumento
creciente y violento de la delincuencia, no es conveniente que la población
civil acceda a la tenencia de armas como método de prevención del delito y
de protección de la tranquilidad ciudadana sino que debe adoptarse un
enfoque global a esta problemática.
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CONCEPTOS OPERACIONALES
Armas: Se les puede definir como todo objeto mecánico creado para lanzar
proyectiles al espacio mediante la fuerza de expansión de los gases de la
pólvora.
De todas las armas conocidas, esta memoria se concentra en las armas de
fuego, especialmente revólveres y pistolas, descartándose las armas
deportivas y de caza, además de las automáticas y semiautomáticas, las que
están prohibidas para la población civil.
Calidad de Vida: Si bien es un concepto difícil de definir ya que abarca gran
cantidad de aspectos, podemos, a modo general, decir que es la percepción
personal de un individuo sobre su situación en la vida, dentro del contexto
cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos,
expectativas, valores e intereses.1
Campaña para generar percepción de inseguridad: Todo el conjunto de
actos o conductas provenientes, directa o indirectamente, de un sujeto o
grupos, realizado con la intención de crear en la conciencia ciudadana una
imagen alterada de la realidad delictual y con el propósito de servir a
objetivos específicos y determinados.
Control social: Es el control o influencia que se ejerce sobre la sociedad
desde una posición de poder. Influjo del poder político sobre la sociedad civil
a través del Derecho positivo.
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1994. Vease www.Psicomundo.com/tiempo/cuepe/clase3.htmo <www.separ.es/areas/Enfermería/Inspiracio%F3n4/IVparte1.htm>
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Desarrollo Humano: Este concepto se refiere a la ampliación de opciones y
oportunidades que disponen las personas. Si bien éstas pueden ser infinitas
y cambiar con el tiempo, podemos señalar que las tres opciones más
esenciales serían: tener una larga vida y saludable, adquirir conocimientos
que desarrollen en cada ser humano adecuadas potencialidades y
habilidades en relación con las necesidades y tener acceso a los ingresos y
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso en libertad y
con respeto a los derechos humanos.
Desconfianza: Sentir por el cual, de antemano, se percibe al otro como un
agresor, lo cual provocaría en la sociedad un deterioro de las relaciones
humanas, lo que llevaría fundamentalmente a una falta de cohesión social y
a una pérdida de la identidad nacional.
Estado: La nación jurídicamente organizada en un territorio propio. La suma
del elemento poder, el elemento territorio y la población.
Estado de derecho: Es aquél que tiene por finalidad establecer las
garantías suficientes a los ciudadanos, cualesquiera sean estos, para lograr
su mayor realización espiritual y material posible, dentro de los marcos de
legalidad que establecen la Constitución y las leyes. Esto último dice
especial relación con los derechos y deberes que establece la
Constitucionalidad de la norma.
Estigma: Rasgo, característica o cualidad de una persona que la marca
socialmente en forma negativa.
Estigmatización : Acción de considerar que una persona, por el solo hecho
de presentar ciertos rasgos, posee una serie de características accesorias.
Homicidio : Consiste en matar a alguien sin que concurran las circunstancias
de alevosía, precio o ensañamiento.
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Hurto : Apropiación de una cosa mueble ajena, sin voluntad de su dueño,
realizada sin uso de maltrato físico, amenazas ni fuerza. También se
considera hurto si se usa fuerza en un grado muy menor, por ejemplo, al
rasgar la cartera o bolsa de la víctima, pero no es ése el medio central para
cometer el delito.
Indice de Desarrollo Humano: Indice elaborado por el programa de
Naciones Unidas para medir el nivel de oportunidades de desarrollo que
ofrece una determinada nación a sus habitantes.
Inseguridad: Temor o incertidumbre respecto de la no afectación de los
derechos que se tienen respecto de la propia persona y de los bienes, tanto
respecto de nosotros mismos como de los cercanos.
Legitimidad: Aceptación libre, espontánea de la masa popular o de la
sociedad civil al poder establecido. Este concepto dentro de la evolución
institucional del Estado de Chile ha supuesto justificar el ejercicio del poder
de acuerdo a determinados referentes de legitimación, a saber, la fórmula
aristocrática y religiosa y luego - a medida que la política tribunicia da paso
durante la primera mitad del siglo XX a una democracia de masas - el
sufragio universal para todos los varones mayores de 21 años que sepan
leer y escribir, junto a un democratismo de clase media.
Lesiones : Herir, golpear o maltratar intencionalmente a otra persona,
produciéndole daño en su integridad física. Esto puede ser mediante golpes
o administrándole sustancias o bebidas nocivas deliberadamente.
Medidas de Seguridad: Todas aquellas medidas adoptadas, ya sea por
particulares u organismos estatales, destinadas a fortalecer las defensas en
el hogar, espacios públicos o en la ciudad, con el fin de dar protección ante
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el delito a las personas que componen un núcleo familiar o una determinada
agrupación humana.
Al hablar de medidas de seguridad nos referimos a aquellas medidas
adoptadas en un espacio o por una agrupación relativamente reducida (Ej.
Uso de alarmas, vigilantes particulares, etc.)
Cuando nos referimos a medidas preventivas hacemos alusión a aquellas
medidas que se toman a nivel de país, es decir, acciones de impacto social
promovidas por particulares o el Estado, cuyo objetivo sea la prevención de
inseguridad y obviamente, la prevención de la comisión de delitos a nivel de
política criminal.
Nivel de ingresos: Parámetro de medición para establecer la situación
económica de las personas según las entradas que reporten. En este
sentido, se habla de deciles y quintiles.
En Chile el nivel de ingresos se mide por hogares, dividiendo a la
población en 10 grupos de igual tamaño, es decir, los deciles, o 5 iguales, o
sea, los quintiles. El primer decil representa al 10% más rico; lo mismo en el
caso del primer quintil, que representa al 20% de la población con mayores
ingresos.
Oligarquía: Grupo predominante, social y económicamente, que además
influye en el poder político. Históricamente, se ha identificado como
“oligarquía” a la fusión de la aristocracia tradicional con la burguesía
compuesta de los “nuevos ricos” surgidos a partir de actividades comerciales
e industriales, especialmente con el mercantilismo y, posteriormente, el
capitalismo.
Opinión pública : expresión pública de consenso o disenso frente a las
instituciones, transmitida mediante la prensa.
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Percepción: Sentido de interpretación o significación que se le da a una
experiencia. Son las representaciones mentales que, latente o
manifiestamente, se tienen sobre una persona, objeto o hecho. Requiriendo
un cierto proceso racional, no es mera intuición, implica algún grado de
elaboración intelectual que provoca en el individuo actitudes, opiniones o
reacciones con relación a un hecho, persona o cosa.
Percepción de Inseguridad: Estado psicológico de la población en el cual
las personas de la comunidad sienten que pueden ser fácilmente víctimas de
algún delito y que los autores no serán sancionados adecuadamente.
Robo con fuerza : apropiación indebida usando o aplicando la fuerza sobre
los medios de resguardo de la cosa que se roba, tales como las puertas,
llaves o cerraduras, ya sea que las destruya o dañe (escalamiento) o que
use llaves falsas o verdaderas sustraídas previamente.
Robo con intimidación : corresponde a los delitos de robo de bienes
muebles utilizando como medio de apropiación la amenaza en contra de
quien es dueño o custodio de estos, o bien en contra de alguna persona que
tiene importancia para la víctima.
Robo con violencia : corresponde a los delitos de robo de bienes muebles
utilizando como medio de apropiación la violencia o fuerza en contra de
quien es dueño o custodio de estos.
Robo por sorpresa : corresponde a la apropiación de alguna cosa que la
víctima lleva consigo en un ataque rápido e inesperado, sin usar violencia o
intimidación.
Seguridad Ciudadana : Podría ser definida como una condición de
resguardo que debe caracterizar a toda comunidad democrática. Debe
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entenderse relacionada con el conjunto de sistemas de protección de la vida
y los bienes de los ciudadanos ante diferentes factores de riesgo o amenaza.
Está vinculada tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integridad
física y patrimonio de los otros, como con el libre ejercicio de las libertades
económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal
funcionamiento de la comunidad.
Sociedad civil : El llamado “bajo pueblo”, la masa popular, históricamente
excluida del poder, en el cual se incluye a trabajadores de distintos rubros y
desempleados o subempleados.
Ambito de las relaciones sociales no reguladas por el Estado, visto éste
como órgano de poder coativo.
Autores como Marx y Hegel la han definido como todo lo que queda fuera
de las relaciones reguladas por el Estado. En tanto otros autores la han
definido como el lugar en el cual surgen y se desarrollan los conflictos
económicos, sociales, ideológicos, religiosos que el Estado debe resolver o
reprimir.
Teoría de la Estigmatización: Las campañas comunicacionales señalan
que estamos viviendo en una ciudad con niveles de delincuencia creciente y
la estigmatización de las personas que presentarían las características
externas del tipo ideal de gente sindicada por las distintas instancias de
control, como posibles autores de delitos.
Violencia : Existe cierto consenso en definir la violencia como el uso de
amenaza de uso, de la fuerza física o psicológica, con intención de hacer
daño en forma recurrente como una forma de resolver conflictos.
Violencia Intrafamiliar : Se entiende como todo maltrato que afecte la salud
física o psíquica de quien, siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor
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la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente, siendo menor de edad o
discapacitado, tenga a su respecto la calidad descendiente, adoptado,
pupilo, colateral sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el
cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar
que vive bajo el mismo techo. Este hecho puede o no llegar a constituir un
delito y para esto se establece un procedimiento breve y especial ante los
Juzgados Civiles.
Zonas de riesgo : lugares de ordinaria comisión de delitos.
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CAPITULO I
EVOLUCION INSTITUCIONAL Y ECONOMICA DEL ESTADO DE CHILE
1. GENERALIDADES
La ley Nº 17.798 Sobre Control de Armas, y su actual modificación, la ley
No. 20.014, como todo texto legal, deben ser entendidas como producto de
un proceso político, en que las instituciones del Estado inducen o padecen el
cambio social, se resisten, sucumben o se adaptan a él. En razón a lo
anterior, adquiere vital importancia el analizar su contexto histórico para
determinar su gestación, como también analizar la idea de autoridad y el
tipo de política criminal que el legislador busca realizar a través de ella.
Resulta bastante claro, que cuando una legislación regula materias como
la tenencia de armas, evidencia con ello la cultura de solución de conflictos
existente dentro de una sociedad y, por ende, tanto sus ideas acerca de la
política como la manera de abordar la problemática de la delincuencia
armada. En consecuencia, la legislación que una sociedad pone en vigor
respecto a materias como la tenencia de armas pone de manifiesto el grado
de participación del Estado en diferentes ámbitos de la vida nacional.
En el presente capítulo se abordará, en consecuencia, la evolución
institucional del Estado de Chile y la relevancia de un poder político
concentrado en el proceso de formación de la identidad chilena intentando
demostrar cómo una eventual liberalización del régimen jurídico relativo a la
tenencia de armas dentro de la sociedad chilena intensificaría una tendencia
antiestatal ajena a nuestra tradición histórica.
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Posteriormente, se hará un análisis de la evolución económica del país,
en conjunto con un estudio de la distribución del ingreso de la población,
señalando los índices de pobreza existentes en el país, la desigualdad social
y económica de nuestra sociedad, factores que han generado la exclusión
de ciertos sectores de la población con un consiguiente sentimiento de
marginación, frustración y un clima de violencia por una parte, y un
sentimiento de inseguridad, por otra, situación que ha llevado a plantearse la
necesidad de buscar medidas de protección, entre las cuales estaría la
utilización de armas por parte de la población civil.
Iniciaremos nuestro análisis diciendo que el proceso de formación del
Estado Nación, hacia finales de la Edad Media en Europa, claramente
demandó como una condición previa, un fortalecimiento de la autoridad
central de los monarcas, en lo que sería conocido por los historiadores,
como el proceso de formación de las grandes monarquías nacionales. Tal
proceso de fortalecimiento de la autoridad y de sustitución de un poder
político disperso, que caracterizó al feudalismo como orden político, social y
económico durante el medioevo, supuso la formación de una burocracia
estatal, entre cuyos elementos constitutivos, cabe distinguir estructuras
organizadas en torno a múltiples necesidades del quehacer público, tales
como la burguesía mercantil, la diplomacia y organismos militares.
En efecto, al finalizar el siglo IX en Europa occidental, los reyes ya habían
comenzado a cimentar las bases de los primeros Estados Nacionales2.
2 Así sucedió en Francia, luego que la dinastía carolingia fuera sustituida por la casa reinante fundada por el duque Hugo Capeto. Si bien este monarca fue elegido por señores feudales altivos y autocráticos y su poder se circunscribía tan sólo a la llamada Isla de Francia o zona central del país, esta dinastía lograría fortalecer la autoridad del monarca, a través del reemplazo de la elección de éste por la afirmación de derechos de herencia frente a la sucesión en el poder. También, bajo esta dinastía se lograría fortalecer la autoridad monárquica a través de la hábil política de generar lazos de parentesco, entre Capetos y los señores feudales más influyentes, junto a la sumisión de los señores feudales menos influyentes a vínculos de vasallaje. En el caso de la Península Ibérica, la restauración de un poder político concentrado se aprecia con nitidez hacia la segunda mitad del siglo XV, al emparentarse a través del matrimonio, las casas reales de los dos reinos más poderosos de la península (Castilla y Aragón), así como al ser unificado este territorio a través de la religión.
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Sin embargo, la idea de Estado Nación ha sido relacionada más
estrechamente, con una visión acerca del poder político, la que sería
sistemáticamente desarrollada por Thomas Hobbes durante el siglo XVII,
antes que con los ideales libertarios de la Ilustración. Para este profesor
inglés temeroso de las revoluciones, siguiendo la explicación proporcionada
por Alejandro Silva Bascuñán3, "La sociedad política nace, en su opinión, de
un pacto que para hacer posible la convivencia pacífica, celebran los
hombres con el objeto de transferir a un tercero, el poder que cada cual
tiene: la voluntad de este tercero representa la voluntad de todos. Ese
tercero, beneficiado del pacto incondicionado de unión y sumisión, es el
Estado, constituido por la renuncia completa e irrevocable del poder de los
súbditos, hecha para evitar la guerra entre ellos, y que queda, por lo tanto,
habilitado para ejercer un derecho absoluto e ilimitado".
De este pensamiento se concluye que la consolidación de un poder
político concentrado, es entendida como una condición irrenunciable para
que el Derecho Objetivo y con éste, la noción de derechos subjetivos, sean
jurídicamente eficaces y por ende, más que un impracticable concepto.
Lo dicho anteriormente, ha tenido su expresión en Chile, en el Estado
Portaliano, cuyo argumento central ha sido la idea de un gobierno fuerte y
centralizador, cuya noción de autoridad se legitima a través de una fórmula
religiosa y aristocrática.
Si bien la evolución institucional del Estado de Chile ha determinado la
sustitución de dicha fórmula por el sufragio universal y el democratismo de
clase media, como referentes de legitimación de la autoridad, resulta
bastante notorio que la premisa más característica del discurso institucional
ha sido siempre la existencia de un poder político concentrado.
3 SILVA BASCUÑAN, Alejandro. “Tratado de Derecho Constitucional”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 1997, p.45.
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Una evidente manifestación de ello, está constituida por la legislación
chilena existente en materia de control de armas, y más específicamente
aún, su normativa respecto a la tenencia de armas de fuego por la población
civil que, claramente, se ha hecho más restrictiva a través del tiempo.
Como se intentará demostrar en esta memoria, la tradición estatista de
Chile ha sido determinante al momento de decidir el debate sobre una
posible liberalización del régimen jurídico de esta normativa, toda vez que
sería incompatible con la identidad nacional chilena.
2. EL ACERVO JURIDICO CULTURAL DE CHILE
Dentro de la evolución jurídico institucional del Estado de Chile se puede
apreciar que se ha recogido una influencia de prácticamente todos los
elementos formativos que han condicionado la evolución de la familia jurídica
del derecho occidental.
En efecto, se ha recogido claramente una influencia del elemento
románico, lo que se aprecia con una prístina nitidez en instituciones jurídicas
de nuestro Código Civil, tal como sucede con los derechos reales y
personales, teniendo presente que el Código Civil de Andrés Bello constituye
una fuente formal de "derecho privado común y general" dentro de nuestro
ordenamiento jurídico.
Asimismo, se puede apreciar claramente una influencia de la concepción
católica sobre el derecho natural, especialmente, si se considera la
presencia del concepto de persona en el derecho positivo chileno.
Finalmente, también se distingue una influencia de la concepción
racionalista sobre el derecho natural, la que se desarrolla básicamente a
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través de las técnicas de formulación normativa del constitucionalismo y la
codificación.
Según Enrique Cury4, existe poca información acerca de las prácticas
penales vigentes al inicio de la conquista. Se tiene conocimiento de que en
lugar de auténticos sistemas normativos legalmente formalizados existían
costumbres más o menos arraigadas, que incluso era complejo calificar de
derecho consuetudinario.
Existían sistemas de composición pecuniaria aplicables incluso a
conductas tales como el homicidio, pero no, a conductas que atentaran
contra la honra de las personas. En defecto de la composición se recurría a
la venganza individual o colectivamente ejecutada. Así, por ejemplo, entre
los fueguinos se recurría al duelo cuando se lesionaba la honra de las
personas y la composición era menos admitida que entre los mapuches.
Existía, además, al inicio de la conquista, una noción de responsabilidad de
carácter objetivo – sin culpa ni dolo.
En el derecho español vigente en Chile desde la conquista hasta el inicio
de nuestra vida independiente, se recoge una influencia más compleja que
en el derecho de otras naciones europeas. En efecto, se recogen influencias
autóctonas, románicas, germánicas y canónicas. En consecuencia:
a) En el Fuero Juzgo se aprecia una tendencia a la personalización de la
responsabilidad penal o al establecimiento de una responsabilidad
subjetiva.
b) En el Fuero Real (1255) y en el Código de las Siete Partidas (1256-
1265), claramente, se acogen instituciones canónicas tales como la
idea de que los meros pensamientos o intenciones no justifican la
4 CURY URZUA, Enrique. "Derecho Penal. Parte general". Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 1999, pp. 126-130.
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aplicación de una pena. Aquí está presente la noción de tentativa de
delito.
Lo anterior, teniendo presente que en Chile el Código de las Siete
Partidas, incluso luego de iniciada la independencia, tuvo una aplicación
preferente por los tribunales de justicia, a pesar de estar situado en el último
lugar del sistema de prelación de fuentes del derecho, establecido en la
Recopilación de Leyes de Indias de 1680.
Entonces, si bien en la segunda mitad del siglo XIX, la comisión redactora
del Código Penal se basó en el Código Penal Español de 1848, muy influido
por el Código Penal francés de 1810, se desconoce la medida exacta en que
las modificaciones introducidas al modelo de este último cuerpo legal,
correspondan a una influencia del Código de las Siete Partidas.
3. EL CONTROL Y EL CAMBIO SOCIAL
No obstante la referida influencia, en cierto modo, la evolución jurídico
institucional del Estado de Chile se ha desarrollado más bien a pesar de ella,
constituyéndose en un modelo cuyas motivaciones inmediatas han sido
inspiradas por consideraciones más pragmáticas que doctrinarias, y cuyos
límites sean quizás los que hayan guardado relación con la axiología propia
del mencionado acervo jurídico cultural.
Podría incluso llegar a sostenerse que, de manera inconsciente, la
evolución jurídico institucional del Estado de Chile ha estado inspirada por
una noción de Derecho, que muchos años después tendría como uno de sus
principales exponentes en la doctrina chilena, a Eduardo Novoa Monreal. En
efecto, si bien Novoa Monreal 5 consideraba el derecho como un obstáculo
para el cambio social, a diferencia de don Diego Portales que lo consideraba
5 NOVOA MONREAL, Eduardo. "El Derecho como Obstáculo al Cambio Social". Siglo XXI Editores. S.A. Méjico. 1975, p.81
16
un agente de tal cambio, llegó a enunciar como características del Derecho
lo siguiente:
a) El Derecho tiene por objeto esencial imponer en la sociedad un
régimen determinado de ordenación; el derecho es en sí mismo un
conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad y de
sus miembros.
b) El conjunto sistemático de reglas jurídicas obligatorias que el Derecho
aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un
determinado orden social. El Derecho, por consiguiente, es
puramente instrumental y, por sí mismo, no se integra con ni
comprende los fines o las ideas sustanciales que inspiran la
ordenación que está encargado de sostener bajo amenaza de
coacción.
c) Es la política, como ciencia y práctica del gobierno de la sociedad,
que en esto obra auxiliada por la economía y la sociología, la que
señala las ideas, directrices y lineamientos que aspiran a conformar
de una manera dada a la sociedad. El Derecho solamente opera
como un apoyo formal de esas ideas y cumple la función de obtener
que los hombres observen una conducta que permita hacerlas
realidad.
d) Debido a lo anterior, al Derecho no le toca decidir sobre el sentido de
las normas que la política le pide elaborar con el fin de realizar cierta
concepción de lo que debe ser el gobierno, estructura y disposición
interna de la sociedad y sus miembros.
e) Siendo así, no puede decirse que el Derecho se rija por principios
absolutos; como instrumento formal es eminentemente relativo y por
hallarse al servicio de directivas ajenas, su función la sirve obteniendo
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que esas directivas sean efectivamente cumplidas en la vida social.
Para ello se pueden utilizar variados mecanismos, que serán
correctos en cuanto sean aptos para lograr ese obedecimiento.
Claramente, la evolución de las instituciones en el Chile independiente
luego de la década de 1820, estuvo orientada a generar un poder ejecutivo
que fuera capaz de imponer un vigoroso desempeño de los poderes
públicos. La opción de Diego Portales a favor de un inmaculado
republicanismo, sacrificando libertad política y profundización democrática,
para satisfacer su predilección por el orden, junto a la constante amenaza
militar al que se ve enfrentado el país durante el siglo XIX, seguramente
dieron paso a una intuición colectiva acerca de las atribuciones del ejecutivo,
más allá de la rigurosidad cartesiana, liberal, ilustrada y racionalista.
Si se plantea en términos más francos y más sencillos, quizás la
evolución institucional del Estado de Chile sea abiertamente más espartana
que ateniense. Esto, naturalmente, tiene una repercusión sobre la legislación
penal, que de manera indudable se hace notar, tratándose de conductas
tales como las de porte y tenencia de armas de fuego por la población civil,
las cuales pueden originar dentro del cuerpo social una tendencia a la
autotutela, que a su vez amenace el concepto de jurisdicción, concebido
como una irreductible manifestación de la soberanía en cuanto cualidad
esencial del poder del Estado, como también, el monopolio que el Estado ha
de detentar sobre el empleo de la fuerza. Así podría concluirse cuando
Diego Portales emprendió rápidamente una represión del bandolerismo que
se había extendido por el valle central y la frontera del país aprovechándose
de la debilidad de los gobiernos anteriores
Ya a principios del siglo XVII, pero mucho antes de que entrara en
vigencia la Constitución de 1833, existían ya en el territorio de Chile,
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rigurosos mecanismos de control social6. En efecto, una vez creado el
ejército permanente durante la gestión del gobernador Alonso de Rivera,
Chile se divide en:
a) Una zona Norte y Central. Esta zona corresponde a la región pacificada
de la Capitanía General de Chile y produce riqueza minera, agrícola y
ganadera.
Existe en ella una sociedad no estamental que se divide en cuatro grupos
sociales sometidos a un estatuto jurídico propio:
1) El Grupo Español Americano, que se rige por el derecho indiano
suplido por el derecho castellano establecido en las Leyes de Toro de 1505.
2) El Grupo Indígena, que cuenta con una copiosa legislación protectora
de su condición, a partir del decreto de Isabel de Castilla de 1501. La
Ordenanza de Burgos de 1515 y las tasaciones que se ponen en vigencia al
no poder aplicarse las disposiciones de las Leyes Nuevas, relativas a
encomiendas particulares.
3) El Grupo mestizo, que a diferencia del indígena, se le considera con
plena capacidad de actuar en la vida jurídica.
4) El Grupo Esclavo. A medida que transcurre el siglo XVII, se irán
configurando otros elementos sociales como el español reducido a condición
servil, el zambo y el mulato. De esta manera surgirá, paulatinamente, la capa
popular de la sociedad chilena. Se trata entonces de una sociedad no
estamental, pero aristocrática porque los símbolos con que se identifica la
clase alta generan la sumisión de las clases inferiores.
6 GONGORA, Mario. "Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX". Editorial Universitaria. Santiago. Chile, 1998, pp. 63-66
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b) Una zona Sur, cuya capital es Concepción, caracterizada por la
existencia de una línea de fuertes que se prolonga desde el Maule. Aquí tuvo
su asiento el ejército profesional y permanente creado por el gobernador
Alonso de Ribera. En esta zona se puede apreciar con nitidez los efectos de
la política de militarización del territorio americano aplicada por los
Borbones, la que, entre otras cosas, implicaba reparar fuertes e intensificar
la disciplina militar en las milicias vecinales.
c) Zona de Valdivia y Chiloé. Aquí existía una sociedad arcaica y pobre,
separada de las zonas norte y sur.
En lo religioso, existía un régimen de patronato que durante el siglo XVIII
dará paso a uno de regalismo borbónico.
Durante el siglo XIX la seguridad del país claramente demanda la
anulación de los personalismos, lo que evidencia las aprehensiones del
poder político respecto del caudillismo y su relación con la estabilidad
institucional.
Diego Portales, luego de ser nombrado Ministro del Interior, Guerra y
Marina y Relaciones Exteriores por el Vicepresidente, Sr. José Tomás Ovalle
en 1830, se abocó a restaurar, en cuanto le fue posible, el orden y el respeto
de la autoridad, lo que era una condición previa para realizar cualquier
proyecto político.
Portales aspiraba a generar un cambio social, si se considera que entre
los diferentes tipos de cambio legal que caracterizan la relación entre el
derecho y el cambio social, se puede distinguir al cambio legal que conduce
a un cambio social.
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Como posteriormente lo expresaría Yehezkel Dror7, "el uso creciente del
derecho como un instrumento de acción social organizada, orientada al logro
de un cambio social parece ser una de las características de la sociedad
moderna y uno de los fenómenos que requiere un estudio en profundidad. La
novedad relativa del uso consciente y sistemático del derecho como
instrumento de acción social y la aparente contradicción y tensión efectiva
existente entre la ideología, que ve en el derecho el fundamento más estable
del orden social, y la orientación instrumental, que ve en el derecho un
recurso utilizado como medio para la acción social, puede dar una
explicación parcial de la falta de atención prestada a esa evolución crucial en
el derecho y de la actividad creadora del derecho en la sociedad
moderna"…"Un análisis más de cerca del papel del derecho frente al cambio
social nos lleva a distinguir aspectos directos e indirectos en ese papel social
del derecho"…"El derecho desempeña un papel indirecto con respecto al
cambio social, al dar forma a diversas instituciones sociales que, a su vez
tienen un impacto directo en la sociedad. Así, la ley que establece un
sistema de educación obligatoria tiene un papel indirecto muy importante al
permitir el funcionamiento de instituciones pedagógicas que desempeñan un
papel directo en el cambio social".
Portales, claramente creía en el cambio social por la fuerza, mediante la
instauración de una escala institucional de sanciones coercitivas y premiales,
destinada a generar cambios de comportamiento.
Cuando Portales habla de "un gobierno fuerte que pueda enderezar a los
ciudadanos por el camino de las virtudes" pone en evidencia su
desconfianza respecto del compromiso de los gobernados con la estabilidad
institucional. En consecuencia:
7 DROR, Yehezkel. Citado por Aubert, Vilhelm. "Sociología del Derecho". Editorial Nuevo Tiempo. Caracas. Venezuela. 1971, pp. 95-96
21
1) Da de baja al general Ramón Freire y a los oficiales y tropas que se
hallaban bajo su autoridad8. Lo anterior, entendiendo que según la doctrina
de Francisco Cumplido9 se pueden distinguir, entre otros tipos de cambio
social, el cambio social que sustituye valores y estructuras existentes en la
comunidad y que se efectúa contra la voluntad del poder político.
Este se produce cuando fuerzas ajenas al poder oficial, como ocurre en
Chile con el alzamiento de las tropas de Joaquín Prieto contra Francisco
Antonio Pinto y la Constitución de 1828, rompen el sistema actuando al
margen de la institucionalidad jurídica y proceden a asumir el poder e iniciar
una reforma total del sistema existente.
Aquí el derecho no genera las condiciones para que se produzca el
cambio social, pero es un elemento coadyuvante según las características
de cada situación histórica. En efecto, cuando la situación es la ruptura del
sistema institucional, como es en el caso de Chile, se requiere de un
esfuerzo de creación jurídica y política para institucionalizar el nuevo poder.
2) La Constitución de 1833 otorgó al ejecutivo con las facultades
extraordinarias y el estado de sitio, los medios indispensables para imponer
la normalidad institucional.
En efecto, desde 1833 a 1861, se decretó estado de sitio en los años
1840, 1846, 1858 y las facultades extraordinarias en los años 1833, 1836,
1837, 1838, 1851 a 1853 y 1859 a 1861.
8 Esto, luego de que Freire enfrentara al Ejército de Joaquín Prieto, quien no admitió el resultado adverso para los conservadores, en las elecciones de Presidente, Vicepresidente y diputados realizadas al entrar en vigencia la Constitución de 1828. De hecho, el Congreso de Plenipotenciarios autorizó al gobierno para desterrar dentro o fuera del país, a "cualesquiera individuos que fuera necesario para conservar el orden y la tranquilidad pública”. Así ocurrió con José Joaquín de Mora (padre de la Constitución liberal de 1828) y con José Miguel Infante (líder de los federalistas). 9 CUMPLIDO, Francisco. Citado por Máximo Pacheco. "Introducción al Derecho". Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 1993. p. 539.
22
3) Durante la vigencia de la mencionada Constitución, el Presidente de
la República gobernaba por un período de cinco años, pudiendo ser
reelegido por otro período igual.
El Congreso Nacional tenía un período de cesiones extraordinarias
especialmente breve (de junio a septiembre) y no existía autoconvocatoria.
El Presidente de la República podía anular el trabajo de los legisladores
mediante el veto suspensivo sobre los proyectos de ley que fueran
aprobados por el Congreso. Cuando este veto se ejercía, la materia en
cuestión no podía volver discutirse antes de un año y se requería un quórum
de 2/3 para ese efecto. Además, el gobierno intervenía en el nombramiento
de los magistrados de los tribunales superiores de justicia.
No resulta extraño, entonces, que a pesar del transcurso de más de un
siglo de evolución constitucional desde Portales hasta la dictación de la Ley
Nº 17.798 sobre Control de Armas en 1972, en dicho texto legal se haya
incorporado, como principio cardinal, el principio de la obligatoriedad de
registrar toda arma de fuego a nombre de su tenedor . Lo anterior,
entendiendo que dicho principio tiene un carácter ejecutivo y no solo
declarativo y que apunta a la necesidad de constituir un banco de datos
completos y suficiente, que permita al Estado el rastreo de las armas de
fuego que se vean involucradas en hechos ilícitos y el conocimiento exacto
de la ubicación de aquéllas que pertenecen a personas particulares.
A este respecto, el artículo 5º de la Ley Nº 17.798, y así también la nueva
Ley Nº 20.014, dispone que toda arma que no sea de las que se encuentren
entre las armas prohibidas, deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o
tenedor ante las autoridades que tienen a su cargo el control de las armas.
Entre éstas, tiene un carácter crucial, la Dirección General de Reclutamiento
y Movilización Nacional, la que llevará un Registro Nacional de Inscripciones
de Armas.
23
Además de lo anterior, ambas leyes recogen el principio de que todo acto
vinculado a armas de fuego y demás materiales controlados, requiere una
autorización expresa del órgano de aplicación, lo que asegura una constante
actualización del banco de datos antes mencionado, así como el continuo
ejercicio de mecanismos de control respecto de los objetos y de las
personas comprendidos en el ámbito de aplicación de la referida normativa.
En efecto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la inscripción de un arma
solamente autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el arma dentro
del bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo
o al lugar que se pretende proteger.
Recientemente, en virtud de la Ley Nº 20.014, que ha introducido
modificaciones a la Ley Nº 17.798, se ha incorporado a la ley sobre control
de armas, la disposición de que "ninguna persona podrá poseer o tener
armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de su
condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización
Nacional". Esta disposición constituye una modificación al artículo 3º.
Esta clase de disposiciones claramente apunta a evitar el acaecimiento
de actos lesivos de bienes jurídicos como la tranquilidad pública, teniendo
presente, además, la necesidad del Estado de consolidar tanto su seguridad
exterior, como interior.
Si como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, entendemos la
legislación relativa a la tenencia de armas como un importantísimo
instrumento de control social detentado por el Estado y si corresponde a esta
memoria desarrollar una postura sobre el particular, conviene destacar que
el liberalizar el acceso de la población a las armas dentro del actual
ordenamiento jurídico chileno supondría profundizar una tendencia
abiertamente antiestatal desarrollada a partir de la década de 1970;
tendencia que se ha expresado, entre otras cosas, en una privatización de
24
empresas públicas, así como en un retroceso de la normativa constitucional
garantista en lo relativo a los derechos fundamentales de segunda
generación provocando, en el largo plazo, un debilitamiento de la idea de
nacionalidad que, en Chile ha sido forjada, precisamente por el Estado.
Liberalizar el acceso de la población civil a las armas, dentro de este
contexto histórico caracterizado por la paulatina anulación del papel
desempeñado por el Estado en la vida nacional y, dentro de un grupo
humano cuyo fenómeno cultural más relevante ha sido dicho complejo
institucional (todo lo cual redunda en una atomización de la sociedad),
generaría tendencias centrífugas y disgregadoras en el cuerpo social.
Se podría generar una cultura de solución de problemas, en la que cada
persona particular podría sentirse investida de la atribución de efectuar
supuestos actos de defensa de derechos subjetivos, del orden público o de
las buenas costumbres, como por ejemplo: atacar a los homosexuales
porque "ofenden el pudor"; a los judíos porque "traicionaron a Cristo"; al
padre de familia que no paga las imposiciones de su asesora del hogar; al
mendigo que estando en manifiesto estado de ebriedad, "le dijo una grosería
a mi hermana"; al agricultor que perjudica el derecho real de
aprovechamiento de aguas de vecino; etc.
De esta forma, sería difícil determinar a quién se le debe temer más: a
quienes hacen del delito una forma de vida, o a la gente buena y decente.
4. HACIA LA INDEPENDENCIA: LA GUERRA COMO UN ELEMENTO
FORMATIVO DEL SENTIMIENTO PATRIO Y LA NOCIÓN DE
ESTADO
Factores tales como los siguientes hacen que, exceptuando los períodos
de crisis institucionales, probablemente sea la fuerza o poder concentrado,
25
pero sometido a ciertos límites, la premisa que de manera más notoria haya
caracterizado el discurso de las instituciones en Chile:
- El conflicto en la frontera del Bío-Bío, visto como una constante en la
historia de la zona sur de nuestro país,
- La guerra, que constituye un elemento transversal a las generaciones
del siglo XIX y
- La riberaneidad de Chile con el Océano Pacífico a lo largo de todo el
territorio nacional, el que comprende, con sus cuatro mil trescientos
kilómetros de costa, aproximadamente el 30% del arco del Pacífico
Sur y que ha determinado una extrema vulnerabilidad del país a un
ataque naval,
De esta manera, conductas tales como el porte o la tenencia de armas de
fuego por parte de la población civil, pueden llegar a poner en jaque a una
noción más intuitiva que metódicamente acuñada acerca del orden
institucional y la tranquilidad pública, que ha atravesado prácticamente toda
nuestra historia nacional.
A principios del siglo XIX, después de que a partir de 1808 comenzara a
materializarse un movimiento juntista en todo el territorio americano,
movimiento que argumentaba constituir juntas de gobierno en
representación del rey cautivo Fernando VII, se constituye en la Capitanía
General de Chile una Junta de Gobierno en el año 1810.
Posteriormente, en el año 1811, se constituye un Congreso Nacional el
que se aboca a la tarea de redactar una Constitución. Este hecho es un
testimonio de que hacia el año 1811 se recepciona la concepción
racionalista sobre el derecho natural; particularmente, la técnica de
formulación normativa del constitucionalismo y que, entre los criollos que
formaban parte del grupo español americano, prevalecía un pensamiento
independentista por sobre un predicamento juntista.
26
De esta manera, a principios del siglo XIX, el territorio de Chile deja de
ser una Capitanía General dentro de la organización política, jurídica y
administrativa de un territorio americano que se incorpora al patrimonio de la
Corona de Castilla en virtud de las Bulas Alejandrinas de 1493.
Entonces, durante el siglo XIX, la guerra se constituye en un factor
histórico común a todas las generaciones en el territorio de Chile. En efecto:
1) Hacia el año 1813 se desarrolla una guerra para hacer frente a la
ofensiva que emprende el Virrey del Perú debido a que entre los criollos que
forman parte del grupo español americano donde prevalece un pensamiento
independentista.
2) Hacia el año 1818 y hasta los primeros años de la década de 1820, se
desarrolla una guerra para hacer frente a los elementos realistas que se
encuentran en la zona de Valdivia y Chiloé.
3) Durante esos mismos años se desarrolla una guerra para consolidar
la independencia del Perú, bajo el mando de José de San Martín. Para tales
efectos, se forma la Primera Escuadra Nacional, con barcos adquiridos en
Valparaíso, Buenos Aires, Estados Unidos e Inglaterra, la que estaba
encabezada por Lord Cochrane y se forma, además, el Ejército de los
Andes, fundamentalmente constituido por cuadros chilenos, el que realiza la
ocupación de la ciudad de Lima en el año 1820.
4) Durante la década de 1830 se desarrolla una guerra en contra de la
Confederación Perú-Boliviana. Esta guerra aparece condicionada por una
visión elevada de Portales acerca de lo adverso de la existencia de dicha
confederación debido a que estaba encabezada por Andrés de Santa Cruz,
de intenciones expansionistas, y porque ella reunía más poder económico y
militar que la República de Chile. De esta manera, la guerra contra la
27
Confederación Perú-Boliviana tendrá un carácter popular sólo con
posterioridad a la batalla de Yungay.
5) Hacia el año 1865 se desarrolla una guerra en contra de España,
debido a la generación de un conflicto entre Perú y España. Chile solidariza
con Perú, declarando la guerra a España. Esto determina que España
ataque el puerto de Valparaíso.
6) Hacia 1874 y hasta 1883, se desarrolla la Guerra del Pacífico. Esta
guerra finaliza con la celebración del tratado de Ancón en 1883 y el Pacto de
Tregua de 1884.
7) Durante el año 1891 se desarrolla una guerra civil, a partir de la cual
comienza a desdibujarse el Estado Portaliano, configurado en la
Constitución de 1833, y la guerra deja de ser un factor histórico común a las
diferentes generaciones de chilenos.
Si bien existen diferencias entre el ordenamiento jurídico de las guerras y
el de las revoluciones (toda vez que la guerra es una institución que
encuentra en el Derecho Internacional normas válidas para todas las
guerras, a diferencia de la revolución que genera su propio ordenamiento, el
cual es original y se concreta en su organización misma), en cuanto hechos
generadores de Derecho, se puede advertir que ambas tienen
características en común.
Siguiendo al célebre jurista italiano Santi Romano10 "Una guerra es una
revolución, incluso si no asume las proporciones y la forma de la guerra civil,
es una guerra de la comunidad estatal. Y quizás, ambas son indicios de una
análoga patología"….."tanto a la guerra como la revolución, cuando no son
impuestas por una necesidad ineludible, recurren con mayor frecuencia los
10 PACHECO, Máximo. “Introducción al Derecho”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 1993, pp. 565 - 566.
28
pueblos que no se sienten capaces de construir su historia con la tranquila
paciencia que sólo da la fe en la propia perennidad y en los propios destinos
y que se ilusionan pensando que las improvisaciones más o menos efímeras
de los movimientos violentos pueden sustituir la solidez de una evolución
gradual y natural. Sin embargo, dado que esos fenómenos existen y son tan
frecuentes, es necesario que encuentren en el sistema de Derecho una
adecuada consideración".
Si se considera a las revoluciones como procesos que implican generar
un cambio social que sustituye valores y estructuras existentes en la
colectividad y que se efectúa contra la voluntad del poder político, entonces
la ruptura o la precariedad institucional, generada por una revolución o una
guerra, demanda un esfuerzo creativo de carácter jurídico político para
institucionalizar la forma de manifestación del poder político.
De esta forma durante el siglo XIX, la guerra, la unidad administrativa que
se consolida en el territorio de Chile, con la formación de símbolos patrios, la
educación de la juventud, determinan que se constituya primeramente el
Estado de Chile antes que la nacionalidad chilena. En efecto, el Estado se
constituye hacia 1818. A diferencia de lo que sucede en otros territorios
americanos durante el siglo XIX, como, por ejemplo, en Perú donde existe
una identidad nacional antes de que se consolide la noción de Estado. En
Chile, antes del año 1813, no existe una nacionalidad chilena sino un
regionalismo criollo que no conlleva un cuestionamiento público de la
fidelidad al monarca de Castilla.
Cabe preguntarse, entonces, cuáles son los órganos contralores que
luego de una dilatada evolución institucional, establece durante la segunda
mitad del siglo XX, la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y las
modificaciones introducidas por la nueva Ley Nº 20.014.
29
A este respecto, el artículo 1º de ambos cuerpos normativos han sido
bastante claro al señalar que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional,
a través de la Dirección General de Movilización Nacional, organismo
dependiente del Ejército de Chile, la vigilancia y control de las armas,
explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos
similares de que trata la ley en cuestión y sus modificaciones. Lo dicho,
teniendo presente, además, que con la Dirección General de Movilización
Nacional colaboran como autoridades ejecutoras, contraloras o asesoras, las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, las autoridades de
Carabineros de Chile, el Banco de Pruebas de Chile y los servicios
especializados de las Fuerzas Armadas.
De esta manera podría considerarse como un hecho bastante notorio la
vocación del legislador de no convertir lo relativo al control del armamento
dentro del territorio nacional, en una materia de carácter meramente policial.
El legislador ha optado, en cambio, por considerar esta materia como un
asunto de seguridad nacional, incluso tratándose de la tenencia de armas
por parte de particulares que buscan proteger su integridad física o su
propiedad, frente a la comisión de hechos ilícitos.
La nueva Ley Nº 20.014 promulgada recientemente y que ha introducido
modificaciones a la Ley Nº 17.798, no ha modificado los órganos contralores,
ejecutores o asesores en materia de control de armas, pero al otorgar
mayores atribuciones a la Dirección General de Movilización Nacional, sólo
ha hecho aún más evidente la tendencia del legislador a considerar esta
materia, como un asunto de seguridad nacional.
5. EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILE
5.1 El Estado Portaliano: ¿Autoritarismo Aristocrático o Impersonal?
30
El Estado Portaliano se constituye a partir de la década de 1830 y surge
como un producto de la intuición personal de don Diego Portales, quien
piensa que "La República es el sistema que hay que adoptar- como escribía
a uno de sus amigos- pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países?
Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos
de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del
orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno
completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los
ciudadanos"11.
Características del Estado Portaliano
Si para fines intelectivos resultara necesario reducir la noción de Estado
Portaliano a variables precisas, podría decirse que se caracteriza porque:
1) Recoge nociones del Estado tradicional europeo, el cual se constituye
luego de desarrollarse un proceso de despersonalización de la
administración pública, de burocratización, de fortalecimiento de la
autoridad del monarca frente a las autonomías municipales y frente al
estamento nobiliario, así como un proceso de reestructuración de la
administración pública.
2) El Estado Portaliano se caracteriza también porque recoge nociones
del movimiento de la Ilustración.12 Así por ejemplo, se entiende que el
Estado debe propender al bien común, pero en lugar de hablar de bien
común, se habla de felicidad de las personas. O sea, los elementos del
11 VILLALOBOS, Sergio, SILVA, Osvaldo, SILVA, Fernando y ESTELLE, Patricio. "Historia de Chile" . Editorial Universitaria. Santiago. Chile. 1996, p.521 “ El cónsul Rouse al conde de Aberdeen, en un informe sobre la situación chilena de 1830, se refiere a Portales diciendo "el jefe del partido pelucón es don Diego Portales, caballero de buena familia y de principios liberales. Esto se explica porque el término "liberal", tenía además de la clara connotación doctrinaria que se le conoce, el sentido más general de partidario del nuevo orden y respetuoso de las leyes”. 12 Movimiento que tiene un carácter difusor del pensamiento filosófico racionalista, que se vale del método apriorístico para determinar los derechos que son connaturales a la condición del ser humano.
31
Estado tradicional europeo se expresan en el lenguaje de la Ilustración. Sin
embargo, como lo expone Heise13, los institutos de enseñanza heredados
de la época colonial, seguirán impartiendo una formación escolástica a las
generaciones de criollos que intervinieron en política durante las primeras
décadas de vida independiente.
En efecto, en los estudios primarios y secundarios se seguirá confiriendo
una notoria importancia al estudio del latín, junto a la lectura de autores
como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y los pensadores de la Patrística,
como San Agustín. Además, se debe advertir que la influencia del empirismo
inglés, que es importada por pensadores tales como Andrés Bello, conocido
por su realismo sajón, también tiende a separar la noción de Estado
Portaliano de la "ortodoxia" filosófica racionalista, europea- continental. Así,
poco importa que el gobierno sacrifique la libertad, si con ello se asegura el
más importante de aquellos bienes valorados por la institucionalidad política,
que es el orden14.
3) El Estado Portaliano conserva el régimen jurídico de patronato en
materia eclesiástica por cuanto lo considera atributo fundamental del
Estado. Este régimen jurídico de patronato en materia eclesiástica se
conservó más en la práctica que en el plano dogmático porque la autoridad
pontificia no le reconoció a las repúblicas sucesoras de la Corona de
Castilla, facultades respecto de la iglesia católica. Esta situación determina
13 HEISE, Julio. "150 Años de Evolución Institucional". Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile. 1996, p.58. 14 CHURCHILL, Winston. “Obras Escogidas”. Editorial Aguilar. Madrid. España. 1957, p.813. “Esta manera de entender las cosas, parece imbuida del mismo pragmatismo presente en la explicación desarrollada por Churchill acerca de por qué razón en Inglaterra existe un régimen parlamentario de cámara oblonga y no semicircular como ocurre en los parlamentos europeos continentales: porque en un régimen de cámara oblonga los parlamentarios suelen clasificarse en tories o whigs, liberales o conservadores, según su posición en la cámara oblonga. En el régimen de cámara semicircular existen además los llamados centristas, centro-derechistas, centro-izquierdistas, extrema derecha y extrema izquierda. El régimen de cámara semicircular permite a los individuos moverse unas bancas a la derecha o a la izquierda, adoptando diversos matices según los tiempos. Pero "el acto de cruzar el pavimento, es decir, el pasillo que separa los escaños de la mayoría de los de la oposición, que están al frente, requiere consideración. Estoy bien informado al respecto porque he ejecutado ese difícil proceso, no una sino dos veces".
32
que durante el siglo XIX se produzcan enfrentamientos entre regalistas y
ultramontanos; estos últimos, defendiendo la posición de la autoridad
pontificia.
4) El Estado Portaliano es una creación carente de ideas y marcada por
el escepticismo. En consecuencia, no se cuestiona la formación de una
sociedad política republicana y democrática, pero posterga la formación de
ésta porque se plantea que los gobernados carecen de una virtud
republicana que implica el preferir el orden público al caos.
El Presidente de la República es así una autoridad que debe situarse por
encima de la coyuntura política, que debe ostentar con celo su autoridad y
debe ejercerla sin ninguna vacilación. Por lo tanto, se requiere un gobierno
fuerte y centralizador que pueda actuar discrecionalmente cuando lo
requiera el bien común. En consecuencia, la constitución y las leyes
solamente deben ser obligatorias para los funcionarios de la administración
pública, los funcionarios del poder judicial y los gobernados y se debe
recurrir a la intervención electoral a través de intendentes y gobernadores.
El nombramiento de intendentes y gobernadores pasó a ser, de esta
manera, una de las herramientas más eficaces de la política centralizadora
del ministro Portales, a partir de octubre de 1831, en las provincias de
Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción y Chiloé,
entendiéndose que las funciones y atribuciones de estas autoridades fueron
sistematizadas durante el gobierno de Manuel Bulnes por la Ley de Régimen
Interior de 1844.
Los intentos de organización, luego de la caída del gobierno de Bernardo
O´Higgins generaron como resultado el fraccionamiento del grupo social.
Para generar unidad en la sociedad y fortalecer el sentimiento de grupo
era fundamental reestablecer la disciplina. La lucha por la emancipación
33
generó una pérdida de los consensos básicos que durante siglos habían
existido en la sociedad que poblaba la Capitanía General de Chile.
Siguiendo al historiador Sergio Villalobos "la dualidad entre altar y trono
aglutinadora de la sociedad colonial no logró ser reemplazada por aquella
otra de libertad y voluntad soberana y, muy al contrario, esos conceptos
contribuyeron a reforzar las tendencias disgregadoras y centrífugas"15.
5) El Estado Portaliano se caracteriza porque está impregnado de un
conservadurismo no tan religioso como marcado por un positivismo jurídico
político. Entonces, se exige a los gobernados, a los funcionarios de la
administración y del Poder Judicial un respeto por la Constitución, las leyes y
la autoridad.
Así, en julio de 1830 se dicta un decreto en virtud del cual todo
funcionario cuya conducta en el ejercicio de su cargo sea atacada por la
prensa tiene la obligación de llevar el caso ante tribunal competente.
Se emprende, además, una purga de facciosos en el Ejército junto a una
reorganización de la Academia Militar. Para ello, Portales se apoya en las
milicias integradas por la población civil, cuya existencia estaba contemplada
en la Constitución de 1828 (la Guardia Cívica).
Junto a lo anterior, se emprende una represión del bandolerismo, que se
había extendido por el valle central y la frontera aprovechándose de la
debilidad de los gobiernos anteriores. En 1830 se aprueba la creación de
Comisiones Ambulantes de Justicia y en 1832 una operación a cargo de
Manuel Bulnes conduce a derrotar definitivamente a los Pincheira.
6) El Estado Portaliano se caracteriza por no ser un Estado impersonal
sino un Estado aristocrático. La aristocracia está conformada por un grupo
15 VILLALOBOS, S., SILVA, O., SILVA, F. y ESTELLE, P. ob.cit. 1996, p.523.
34
de terratenientes, de altos funcionarios de gobierno provenientes de un
estrato medio culto y por un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
Se entiende que solamente esta clase social está dotada de una virtud
republicana.
7) En la práctica, el poder se concentra en las manos de Diego Portales,
que no se convierte en un caudillo, sino que oculta su poder detrás del
Presidente Joaquín Prieto, general victorioso, cuyo gobierno Portales
asegura en dos períodos presidenciales consecutivos.
En torno a la autoridad de Portales, se constituyó una casta sacerdotal
que custodiaba al Estado Portaliano. Dentro de esta casta sacerdotal
heterogénea, a cuya formación contribuyó el hecho de que se tratara de una
concepción desprovista de teorías y verbalismos, se destacan Manuel Montt,
Domingo Santa María, Federico Errázuriz Echaurren y Antonio Varas.
Benjamin Vicuña Mackenna señaló que "entre sus amigos había hombres
adelantados y casi revolucionarios". Pero también podía distinguirse a
pelucones como Mariano Egaña o Joaquín Tocornal. También, en un
principio, lo apoyó la fracción del O’Higginismo encabezada por Rodríguez
Aldea. Pero el Estado Portaliano era una creación frágil que
permanentemente debía ser corregida.
5.2 Antecedentes de la Constitución de 1925
5.2.1 Desmoronamiento del Estado Portaliano
Al iniciarse la década de 1860 comienza a producirse una transformación
de la aristocracia.16 Hasta entonces, la aristocracia había estado formada
16 La aristocracia fue uno de los principales soportes del Estado Portaliano, siendo éste una concepción más aristocrática que estrictamente impersonal acerca del desempeño de los poderes públicos.
35
por terratenientes, altos funcionarios de gobierno provenientes de un estrato
medio culto y por altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
A partir de 1860 se incorporan a la aristocracia un grupo de empresarios
de la minería del cobre y de la plata, como son los Gallo, los Goyenechea y
los Cousiño, un grupo de empresarios de la banca de Santiago y Valparaíso,
como son los Edwards y los Besa, así como también un grupo de
descendientes de extranjeros, que ascienden socialmente a través de la
política, como ocurre con los Walker y los Mac-Iver.
A partir de esta década, entonces:
a) Comienza a desarrollarse un pensamiento anticlerical dentro de la
aristocracia, el cual es aportado por los empresarios de la minería, alejados
de la tradición católica santiaguina.
Se rompe, así, la dualidad entre altar y trono. En consecuencia, dentro de
la aristocracia comienza a desarrollarse un liberalismo ideológico de origen
francés que generará las condiciones para un proceso de laicización del
Estado.
De este liberalismo ideológico de origen francés participarán,
fundamentalmente, liberales, nacionales y radicales tales como Antonio
Varas, José M. Balmaceda y Domingo Santa María, mientras son
parlamentarios, no así cuando son elegidos presidentes17.
17 SANTA MARIA, Domingo, “Diccionario Biográfico de Chile”. En su autorretrato, escrito a petición de Pedro Pablo Figueroa, responde a las acusaciones de autoritarismo diciendo que "entregar las urnas al rotaje y las pasiones insensatas de los partidos políticos, es el suicidio de un gobernante" y a las acusaciones de intervención electoral responde que "no se puede permitir a los teorizantes, destruir la obra de Portales". También adscriben a esta tendencia, algunos conservadores que se abocan a la defensa de la Iglesia, pero dentro de Reformas políticamente liberales, como Abdón Cifuentes.
36
Como consecuencia de este proceso, se sustituye el sufragio censitario
por un sufragio universal para todos los varones mayores de 21 años que
sepan leer y escribir. Se tiende a restar atribuciones al poder ejecutivo. Los
parlamentarios permanentemente acusan al gobierno de nepotismo,
intervención electoral y mala práctica financiera.
b) Se desarrolla un espíritu especulativo, aportado fundamentalmente
por los empresarios de la banca de Santiago y Valparaíso. Esto hace mella
en los mecanismos de control social existentes dentro de una sociedad que
hasta entonces había mantenido una economía agraria, prácticamente sin
capitales extranjeros.
5.2.2 El régimen pseudoparlamentario
Con la desintegración del Estado Portaliano, se inicia un período de tres
décadas de desempeño errático de los poderes públicos. Solamente la
política exterior será estable.
El sistema político se hará ineficaz para el desarrollo de políticas de
mediano y largo plazo. Lo anterior, debido a una estrecha relación entre
dinero y política, la que se manifiesta, entre otras cosas, en que dentro de
cada comuna los mayores contribuyentes suelen desempeñar un papel de
enlace entre la comuna y el respectivo diputado o senador. Esto
desencadena un presentimiento generalizado de males futuros, que
originará una crítica de la intelectualidad de una clase media
económicamente postrada, con una dinámica de protestas y represión,
como ocurrirá en la Huelga de la Carne de 1905, la matanza de la Escuela
Santa María de Iquique en 1907 y en manifestaciones de descontento en las
Fuerzas Armadas, fundamentalmente en el Ejército.
La desaparición de los mecanismos de control social del Estado
Portaliano origina una demanda de los diferentes sectores de la sociedad
37
por una restauración de la autoridad presidencial, lo que conduce a la
elección de Arturo Alessandri P., a la Constitución de 1925 y a la primera
legislación social.
Si bien el régimen pseudoparlamentario se caracterizó por la paz interior
de que gozó el país, sin embargo, el orden interno se vio alterado por
motines y masacres obreras que ciertamente marcaron de manera
imborrable esa época.
Episodios de protesta obrera serían ahogados en sangre, recurriendo
para ello, a la declaración de Estado de Sitio (tal como había sucedido
durante el siglo XIX, período durante el cual se decretó estado de sitio en los
años 1840, 1846, 1858) y aplicando la Ley de Régimen Interior de 1885,
herramientas jurídicas que serían empleadas por la autoridad con más o
menos frecuencia en la medida que no se disponía de otras tales como la
Ley de Seguridad del Estado, la que sólo se pone en vigencia durante el
segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
Tampoco se vio turbada la paz exterior y Chile conservó su soberanía en
medio del respeto de la comunidad internacional.
5.3 Tiempo de Caudillos: Hacia la Constitución de 1 925.
5.3.1 Alessandri y la Constitución de 1925.
Luego de que el caudillismo militar, del que participan generales
libertadores del territorio de Chile, se ve desplazado, como forma de
manifestación del poder político, por la noción de un Estado fuerte y
centralizador, de carácter aristocrático, e impregnado de un
conservadurismo positivista como fue el denominado Estado Portaliano. Y,
luego de que dicha creación histórico-política se debilitara paulatinamente
hacia el año 1891 dando paso al caudillismo tribunicio de presidentes como
38
Domingo Santa María y José M. Balmaceda (toda vez que se dependía de
un sufragio universal más que de una legitimación religiosa o aristocrática),
los años del régimen Pseudoparlamentario, cuando los Presidentes de la
República "no son una amenaza para nadie", deteriorarán de manera
profunda tanto la autoridad del Poder Ejecutivo como, en general, toda forma
de liderazgo que libere al país de la inercia política administrativa.
Sin embargo, el caudillismo tribunicio de dirigentes políticos que intentan
sustituir la legitimación religiosa o aristocrática propia de la creación de
Portales por una legitimación conseguida a través del sufragio universal y el
democratismo de clase media, reaparece hacia la década de 1920, cuando
Arturo Alessandri Palma se presenta como candidato a la Presidencia de la
República y resulta elegido presidente.
En efecto,
a) Hacia el año 1920, Arturo Alessandri Palma se había hecho conocido
como dirigente del Partido Liberal Doctrinario. Era masón y por ende,
partidario de la separación entre la Iglesia y el Estado, así como de la
secularización de la sociedad. Su elección para la Presidencia de la
República, significaría asestar un nuevo golpe a la ya mencionada dualidad
entre altar y trono, concebida como el principal de los mecanismos de
legitimación del poder en el Estado Portaliano.
b) Siendo Alessandri un candidato presidencial que pertenecía a la
mesocracia, aspiraba a ser respaldado por la clase media, conformada por
un sector de profesionales, por empleados particulares y por empleados de
la burocracia estatal.
Luego de que resultara electo, será la primera vez en la historia de Chile,
que representantes de la clase media como el ministro Pedro Aguirre Cerda,
asumirán altos cargos de gobierno. Dicha clase media comenzará a
39
convertirse, a partir de entonces, en un actor cada vez más relevante dentro
del proceso político chileno. En consecuencia, se abandona el carácter
aristocrático de un Estado fuerte y centralizador, que fue otro de los
mecanismos de legitimación del poder en la creación política de Portales.
c) Sin embargo, la candidatura presidencial de Alessandri erige, como
punto central de su programa, la restauración de la idea de un gobierno
fuerte y centralizador, elemento esencial del concepto de Estado Portaliano,
evocado con nostalgia por un vasto sector de la población.
En consecuencia, Alessandri propone la redacción de una nueva
Constitución que ponga fin al régimen pseudoparlamentario.
d) Consecuencialmente con lo anterior, Alessandri se muestra partidario
de políticas públicas inspiradas en un socialismo de Estado de corte
populista, concebido éste como una intervención estatal de corte legislativo a
favor de los más perjudicados por la distribución del ingreso.
Al término del gobierno de Alessandri se llegará a plebiscitar una
constitución que, nuevamente, fortalecerá al poder ejecutivo, gracias a que:
a) Suprimió la atribución del Parlamento de dictar leyes periódicas para
el cobro de contribuciones y la mantención de las Fuerzas Armadas.
b) Estableció que tratándose de la Ley de Presupuestos, de no haber
sido ésta aprobada el día 31 de diciembre, regiría el proyecto presentado por
el Poder Ejecutivo.
c) Suprimió las facultades fiscalizadoras de la Cámara del Senado y
limitó significativamente las de la Cámara de Diputados, llegando el
Congreso Nacional a disponer casi únicamente de la facultad legislativa y la
de juicio político.
40
d) Estableció la incompatibilidad del cargo de senador con los de
ministro, intendente, gobernador o magistrado judicial. La incompatibilidad
de los diputados ya existía.
e) Alargó el período presidencial a seis años y
f) Para sustituir la legitimación aristocrática del gobierno fuerte y
centralizador, por una legitimidad granjeada a través del sufragio universal,
sustituyó el sistema de votación indirecta, por uno de votación directa.
Muchos años después, se volverá a fortalecer la noción de autoridad, al
entrar en vigencia la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y al consagrar
ésta, disposiciones como el artículo 1º que indica que el Ministerio de
Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, se
ocupará de la supervigilancia y control de las armas, explosivos, fuegos
artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares de que trata
esta ley, así como los artículos 10º al 13º, que establecen, el régimen de
sanciones previsto por la Ley Nº. 17.798.
En la actualidad, a su vez, la Ley Nº 20.014 ratifica lo anterior y,
asimismo, propende a un mayor fortalecimiento de la autoridad al incorporar
nuevos requisitos para que un peticionario pueda inscribir la tenencia de un
arma de fuego. Estas nuevas restricciones impuestas por la Ley Nº 20.014
tienden a desincentivar su tenencia.
5.3.2 Ibáñez y la influencia de los militares en el proceso político
chileno.
Durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, el Poder Ejecutivo se
verá impedido de realizar, de manera resuelta y vigorosa, el programa de
gobierno que el propio Alessandri se había planteado durante su campaña
presidencial de 1920 debido a que el Senado tiene una mayoría opositora.
41
Durante su gobierno, surgirá el liderazgo de Carlos Ibáñez del Campo,
quien pertenecía a una oficialidad del Ejército que se encontraba
descontenta por los bajos salarios y la intervención política en materia de
ascensos y retiros.
El día 8 de septiembre de 1924 será esta oficialidad descontenta la que
obligue al Parlamento a despachar la primera legislación social.
En esta legislación social se podía distinguir la Ley de Cooperativas, la
Ley de Accidentes del Trabajo, la Ley que crea los Tribunales de
Conciliación y Arbitraje, la Ley de Organizaciones Sindicales, la Ley de la
Caja de Empleados Particulares y la Ley que aumenta el salario de
suboficiales del Ejército y la Armada.
Su aprobación permitirá que se cumpla la mayor parte del programa
presidencial de Alessandri, además, de implicar un avance en la
consagración de los derechos fundamentales de segunda generación. Sin
embargo, también pone en evidencia que, a pesar de los esfuerzos por
restaurar la noción de un gobierno fuerte y centralizador, la autoridad
presidencial sigue siendo débil. De hecho, Alessandri se ve obligado a
renunciar a la Presidencia de la República tres días después por presión de
los militares, los que continúan reuniéndose. Desde este momento en
adelante, los militares, aunque de manera más entrecortada que la clase
media, serán un actor más dentro del proceso político chileno.
De esta forma, la idea de un gobierno fuerte, centralizador e impersonal,
(luego de que se abandona el elemento aristocrático como parte del "resorte
de la máquina") legitimado a través del democratismo de clase media y del
sufragio universal para todos los varones mayores de 21 años que supieran
leer y escribir, experimentará un breve traspié durante la segunda mitad de
42
la década de 1920, para finalmente consolidarse desde mediados de la
década de 1930, en adelante.
Una vez finalizados los gobiernos de Arturo Alessandri P. y de Emiliano
Figueroa L., asume Carlos Ibáñez del Campo, quien, una vez en la
Presidencia de la República, rescata nuevamente la idea de un gobierno
fuerte y centralizador, pero a diferencia de Alessandri se preocupará más por
fortalecer la autoridad presidencial, que por conferirle a ésta una legitimación
a través del sufragio universal y el democratismo de clase media. En
consecuencia, durante este gobierno el Presidente de la República se
encargará de que no exista política, sino solamente administración18.
Pero, además, se puede sostener que durante este gobierno no existe
política, si se considera que con Ibáñez en la Presidencia de la República:
a) Serán expulsados del país dirigentes políticos opositores a su
gobierno tales como Arturo Alessandri P. y Pedro Aguirre Cerda.
b) Serán neutralizados los dirigentes sindicales comunistas para que los
sindicatos se integren a la Confederación Republicana de Acción Cívica, que
tiene una clara orientación oficialista.
c) En las elecciones parlamentarias de 1930, Ibáñez será quien
determine las cuotas de parlamentarios que corresponderán a cada partido
político.
18 En efecto, existe una preocupación por la administración si se considera que durante este gobierno: (a) Se crean la Tesorería General de la República y la Contraloría General de la República. (b) Se crea la Línea Aérea Nacional (LAN). (c) Se crea la COSACH, que adquiere las oficinas salitreras particulares, luego que la depresión de 1929 hiciera colapsar la gran minería del salitre. (d) Se ponen en vigencia el Estatuto Administrativo, el Estatuto de Autonomía de la Universidad de Chile y el primer Código del Trabajo. Y (e) Se crea la Superintendencia de Educación, que depende del ministerio del ramo y que sustituirá la tutela ejercida por la Universidad de Chile, sobre la educación primaria y secundaria (lo que determinará que en adelante los planes y programas sean confeccionados por personas del Ministerio de Educación y no, por académicos de la universidad, constituyéndose un potencial mecanismo de control social detentado por el gobierno).
43
Este gobierno de Ibáñez se preocupó más de sostener la noción de un
poder ejecutivo vigoroso y centralizador a través del ejercicio de la fuerza,
antes que de legitimarlo de acuerdo a los mecanismos de legitimación que
habían sustituido a la fórmula religiosa y aristocrática.
Ahora bien, a pesar de haber neutralizado a la oposición, en 1931 Ibáñez
se vio obligado a renunciar a la Presidencia de la República frente a las
innumerables manifestaciones de descontento popular generadas por la
Gran Depresión de 1929. De esta forma queda en evidencia que el caos
institucional, la agitación política que muchas veces sobrepasa a los
dirigentes políticos, la desintegración política y el proselitismo sedicioso,
constituyen problemas que requieren mucho más que una solución de facto
proporcionada por una autoridad personal.
Sin embargo, luego de la renuncia de Ibáñez, continuará desarrollándose
una intervención de los militares en la política. En efecto, el 4 de julio de
1932, luego de que el año anterior hubiera asumido constitucionalmente la
Presidencia de la República, Juan Esteban Montero, se realiza un golpe de
Estado.
Se constituye, de esta manera, un nuevo gobierno de facto, La República
Socialista, encabezada por Carlos Dávila, Marmaduque Grove y por
Eugenio Matte Hurtado.
Este gobierno, al igual que el gobierno de Ibáñez, pretende rescatar la
idea de un gobierno fuerte y centralizador, con una tendencia hacia un
socialismo de Estado de corte nacionalista. En consecuencia, muestra una
44
clara vocación de avanzar en al proceso de consolidación de los derechos
fundamentales de segunda generación19.
Sin embargo, este gobierno fracasa en su idea de restaurar un poder
ejecutivo fuerte. En efecto,
a) En junio de 1932, luego que se hacen irreductibles las diferencias
entre Marmaduque Grove y Carlos Dávila, y en que el primero acusa al
segundo de favorecer a inversionistas extranjeros, los militares encabezados
por Arturo Merino Benítez, encarcelan a Marmaduque Grove y a Eugenio
Matte Hurtado, temiendo que la agitación política conduzca a la formación de
una dictadura comunista.
b) Dávila permanecerá en el poder respaldado por los militares hasta
Septiembre de 1932, abandonando el populismo y adoptando una
orientación planificacionista y técnica que será uno de los antecedentes de
las planificaciones globales de la década de 1960 (política ésta de la que
formara parte la creación de un Comisariato de Precios y Subsistencias a
iniciativa de Juan Bautista Rossetti). Pero Dávila será depuesto en
Septiembre de 1932, asumiendo como Vicepresidente de la República,
Abraham Oyadenel, Presidente de la Corte Suprema y como Ministro del
Interior, Javier Ángel Figueroa.
En lo que al respeto de los supuestos básicos del Estado de Derecho se
refiere, durante este período existen:
- Claras deficiencias en materia de la afirmación de los derechos
fundamentales de las personas, si se toma en consideración la
19 Lo anterior se manifiesta en que se llevará a la práctica un programa económico elaborado por el matemático Lagarrigue, el que, entre otras medidas, contemplará la suspensión de los lanzamientos de arrendatarios, la devolución de artículos esenciales que han sido empeñados en la Caja de Crédito Prendario, la aplicación de gravámenes sobre las herencias y fortunas que excedan del millón de pesos, y la concentración en manos del Estado de la importación y distribución de bienes de primera necesidad.
45
persecución desarrollada en contra de la disidencia política durante el
gobierno de Ibáñez y durante el gobierno de Dávila.
- Además, existen carencias en lo relativo a la existencia de un sistema
de responsabilidad de la administración, si se considera la tendencia a
hegemonizar el poder público desarrollada durante el gobierno de
Ibánez, tendencia que naturalmente daña la independencia de los
Tribunales de Justicia.
Lo anterior ocurre a pesar de la vigencia del artículo 10º de la
Constitución de 1925, que consagra las garantías constitucionales.
Durante este período, especialmente, durante los gobiernos que
fortalecen la autoridad presidencial hasta el extremo de no legitimarla,
resulta bastante notorio que se concibe al derecho como un elemento
coadyuvante en el proceso de cambio social.
Puede apreciarse también la irrupción de fuerzas ajenas al poder político
oficial, que luego efectúan un esfuerzo de carácter jurídico político para
institucionalizar un nuevo poder.
Curiosamente, será durante el gobierno constitucional de uno de los
protagonistas de esta etapa, el general Carlos Ibáñez Del Campo, que se
pondrá en vigencia la Ley Sobre Seguridad del Estado , la que constituirá
una herramienta jurídica para contrarrestar, precisamente, esta clase de
situaciones. En efecto, cuando dicha ley se pone en vigencia en el año 1958,
contempla entre los delitos contra el orden público la conducta de “inducir o
incitar a la subversión del orden público, o a la revuelta, resistencia o
derrocamiento del gobierno constituido”.
Como si lo antes dicho fuera poco, será un gobierno integrado por
actores que pretenden desempeñar el mismo papel que Ibáñez frente al
cambio social, el que ponga en vigencia el Decreto Supremo Nº 400 de
1978, que fija el texto refundido, con las modificaciones introducidas por la
46
Junta Militar a de la Ley Nº 17.798 de 1972; lo que constituye una parte
fundamental del esfuerzo jurídico político de dicho poder, para consolidarse
a sí mismo.
5.4 El Régimen Presidencial con Alianza de Partidos (1932-1964)
Entre 1932 y 1964, la idea de un gobierno fuerte y legitimado a través del
democratismo de clase media y del sufragio universal se consolidará
paulatinamente, luego de un breve período de caos institucional y abierta
intervención de los militares en el proceso político chileno.
La política tribunicia, caracterizada básicamente por una sistemática
adulación de las masas, debido a que se depende políticamente de un
sufragio universal para todos los hombres mayores de 21 años que sepan
leer y escribir, y que tiende a desaparecer con los años de régimen
pseudoparlamentario, reaparecerá con la promoción de un democratismo de
clase media en la elección de 1920, y luego será desplazada por una
democracia de masas, que no resultará incompatible con la idea de un
gobierno fuerte y centralizador.
En efecto, la democracia de masas desplazará a la política tribunicia a
medida que:
1) En 1874 se establece el sufragio universal en las condiciones
precedentemente descritas.
2) En 1949 se establece el sufragio femenino.
3) En 1948 se realiza una reforma electoral que permite hacer frente a la
intervención electoral y al cohecho, porque establece una lista única, de
manera que todos los sufragios tienen el mismo tamaño y color.
47
4) Los Presidentes de la República se ven en la necesidad de recurrir a
alianzas políticas que les permitan gobernar, cobrando importancia de esta
manera, el Partido Comunista y el Partido Socialista.
5) Paulatinamente, disciplinas tales como la psicología social, empleada
en la propaganda electoral, y la economía junto a la sociología, empleadas
en el diseño de las políticas públicas, desplazarán a la simple adulación de
las masas. Lo anterior, entendiendo que entre 1932 y 1964 la población
nacional aumenta vertiginosamente y se produce una intensa migración
campo ciudad, lo que determina que proliferen las "poblaciones callampas",
lo cual hará necesaria la sustitución del populismo por un carácter
planificacionista y técnico en el desempeño de sector público. Este se
expresará, entre otras cosas, en la creación de la Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO) y de empresas públicas como la Compañía de
Acero del Pacífico (CAP).
Pero la consolidación de una democracia de masas, no será un óbice
para la existencia de un gobierno fuerte y centralizador. De hecho, durante
este período, en Agosto de 1958, el gobierno de Carlos Ibáñez Del Campo
pone en vigencia la Ley de Seguridad del Estado - Ley Nº 12.927. Lo
anterior, entendiendo que esta ley, de manera bastante clara, propende a un
fortalecimiento de la autoridad presidencial como una actitud de los poderes
públicos que permita enfrentar la amenaza a la seguridad exterior del país y
la sedición, la agitación y la desintegración políticas, como condicionantes
del proceso político chileno.
En consecuencia, nuevamente la autoridad pública concibe al orden
como una condición irreductible para realizar cualquier proyecto político. En
efecto, esta ley distingue:
1) Los Delitos contra la Soberanía Nacional y la Seguridad Exterior del
Estado.
48
Delitos que se traducen en conductas tales como:
- Ofender gravemente y de hecho el sentimiento patrio o el de
independencia política de la nación;
- Propiciar de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, la
incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado
extranjero;
- Prestar ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer el
principio de autodeterminación del pueblo chileno;
- Mantener relaciones con gobiernos, entidades u organizaciones
extranjeras o recibir de ellos auxilios materiales para ejecutar hechos
que esta ley pena como delitos;
- Colocarse al servicio de una potencia extranjera o agruparse en
organizaciones políticas, para perpetrar cualquiera de las conductas
precedentemente señaladas.
2) Delitos contra la Seguridad Interior del Estado.
Entre estos delitos se puede distinguir entre otras, conductas como:
- Inducir o incitar a la subversión del orden público o a la revuelta,
resistencia o derrocamiento del gobierno constituido;
- Incitar o inducir de palabra o por escrito, o valiéndose de cualquier
otro medio, a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería o
policías, o individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina;
- Reunirse o facilitar reuniones destinadas a proponer el derrocamiento
del gobierno constituido; incitar o ayudar a la organización de milicias
privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes,
para alzarse contra los poderes del Estado, sustituir a la fuerza
pública, atacarla o interferir en su desempeño;
- En el caso de los funcionarios del orden militar, policías o gendarmes,
no cumplir las órdenes que en el ejercicio legítimo de la autoridad les
imparta el gobierno constituido, o retardar su cumplimiento;
49
- Propagar o fomentar de palabra o por escrito o por cualquier otro
medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el
orden social o la forma republicana y democrática de gobierno;
3) Delitos contra el Orden Público.
Entre estos delitos se puede entre otras, distinguir conductas como:
- Provocar desórdenes o cualquier otro acto de violencia para alterar la
tranquilidad pública; difamar, injuriar o calumniar al Presidente de la
República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de
los Tribunales Superiores de justicia, Contralor General de la
República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, o al
General Director de Carabineros;
- Incitar, promover o fomentar, o de hecho destruir o inutilizar
instalaciones, medios empleados para el funcionamiento de los
servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales,
mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de
distribución;
- Introducir al país, fabricar, almacenar o entregar a cualquier título y
sin previa autorización escrita de la autoridad competente, armas,
municiones, explosivos, gases asfixiantes, venenosos, o
lacrimógenos, aparatos o elementos para su proyección y
fabricación.20
- Además, se incluyen otras conductas tales como destruir o inutilizar
el acceso a caminos, puentes y otros bienes de uso público, y
envenenar alimentos, agua u otros fluidos destinados al uso o
consumo públicos.
Claramente los delitos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado
propenden a un fortalecimiento de la autoridad del gobierno constitucional,
20 Ministerio del Interior. "Orden Público y Seguridad del Estado". Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 1993. pp. 171-178
50
no sólo en el ámbito de las relaciones cívico militares, sino además en la
relación de los poderes del Estado con la sociedad civil.
Por lo demás, es evidente que la Ley de Seguridad del Estado constituye
un paso en la misma dirección que la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas,
que se pone en vigencia años después, durante la década de 1970 y la
nueva Ley Nº 20.014 de reciente promulgación.
En efecto, es innegable que conductas como introducir al país, fabricar,
almacenar o entregar a cualquier título y sin previa autorización escrita de la
autoridad competente, armas, municiones, explosivos, gases asfixiantes,
venenosos, o lacrimógenos, aparatos o elementos para su proyección o
fabricación, estarán comprendidas luego, en el ámbito de aplicación de estos
últimos cuerpos legales. Lo dicho encuentra fundamento en la lectura del
artículo 2º de la Ley Nº 17.798 y Ley Nº 20.014, toda vez que entre el
material comprendido por esta normativa se puede distinguir entre otros:
a) Material de uso bélico (armas confeccionadas para uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas).
b) Armas de fuego, sea cual fuere su calibre, sus partes y piezas.
c) Municiones y cartuchos.
d) Explosivos, bombas, incluidas las incendiarias, y otros artefactos de
similar naturaleza, sus partes y piezas.
e) Sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación
de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de
municiones, proyectiles, cohetes, etc.
51
Además, cuando la Ley de Seguridad del Estado contempla, entre los
delitos contra el orden público, la conducta de provocar desórdenes o
cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública,
pone en evidencia otro punto en común con la Ley Nº 17.798 y su actual
modificación, la Ley Nº 20.014, que también propende a la protección de
dicho bien jurídico.
La idea de un gobierno fuerte y centralizador también puede apreciarse al
analizar la publicación en el Diario Oficial, el 19 de diciembre de 1959, del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 22, Ley Orgánica sobre Servicio de Gobierno
Interior de la República, de acuerdo con la cual "Teniendo Presente":…"3º.
Que a fin de cumplir con el mandato del artículo 60º de la Constitución
Política del Estado y ejercer de manera efectiva el Gobierno Interior, es
indispensable determinar los deberes y atribuciones de Intendentes,
Gobernadores, Subdelegados e Inspectores y REFORZAR SU
AUTORIDAD, a fin de que puedan desempeñar convenientemente las
funciones que les señala la Carta Fundamental"21.
Durante este período, si bien en general, se tiende a cumplir los
supuestos del Estado de Derecho, como sucede con la primacía de la norma
general de ley y la existencia de un fuero de la personalidad jurídica, se
producen, sin embargo, carencias en lo relativo a la afirmación de los
derechos fundamentales, como en el caso del segundo gobierno de
Alessandri, con la ocurrencia de episodios como la "Matanza del Seguro
Obrero" y durante el gobierno de Gabriel González Videla, con la
promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
5.5 Época de Planificaciones Globales
21 Ministerio del Interior. ob.cit.1993, pp. 149-150.
52
Al iniciarse esta etapa, el carácter planificacionista y técnico que ha
desplazado al discurso populista en el proceso de consolidación de la
democracia de masas, determina que la acción gubernamental recoja la
influencia de una generación de sociólogos y economistas vinculados al
Consejo Económico para América Latina (CEPAL).
Así se generaliza la idea de que en las economías latinoamericanas
existen deficiencias estructurales, como sucede con la coexistencia de
estructuras sociales tradicionales en el sector agrícola, junto a estructuras
más modernas en el sector industrial y el comercio internacional.
Se plantea que, para solucionar los problemas de inflación no basta con
buenas decisiones de política monetaria, sino que se requiere una acción
planificada entre el Estado y empresarios innovadores, que permita
racionalizar la producción.
En consecuencia, se tiende a generalizar la idea de que para solucionar
la debilidad estructural de las economías del tercer mundo se requiere una
actitud dirigista del Poder Ejecutivo en lo económico. Por lo tanto, al iniciarse
este período de la historia nacional, se tiende nuevamente a robustecer la
idea de un gobierno fuerte.
Sin embargo, la existencia de un sistema de partidos dividido en tres
tercios, el creciente influjo de la revolución cubana en el proceso político
chileno y la significativa pérdida de popularidad del gobierno, acabarán
debilitando profundamente la autoridad presidencial.
Lo anterior se explica si se considera que:
(a) Si bien el gobierno de Eduardo Frei M. puso en práctica, con el
respaldo del gobierno estadounidense, una política de reforma agraria que
implicó expropiar alrededor de tres millones de hectáreas de suelo cultivable,
53
lo que superaba con creces al medio millón expropiado por el gobierno de
Arbenz en Guatemala hacia 1954, su decisión de reducir, a partir de 1967, el
presupuesto destinado a financiar créditos para la obtención de insumos y la
asistencia técnica a los nuevos propietarios, determinó que se
desaprovechara el potencial económico y social de esta reforma, generando
un doble efecto de irritar al sector social de los terratenientes, sin satisfacer
tampoco al sector de los nuevos propietarios.
b) A lo anterior se debe agregar la mala relación que el gobierno
demócratacristiano sostuvo con las organizaciones sindicales,
especialmente, con la Central Unica de Trabajadores (CUT), donde la
representación democratacristiana apenas alcanzaba el 15%. Esta mala
relación alcanza su punto de culminación con la represión de los obreros del
mineral El Teniente, así como con la designación como Ministro del Trabajo,
de William Thayer, abogado laboralista y conocido partidario de una política
de sindicalismo paralelo.
c) A su vez, la política de la administración de Eduardo Frei dirigida a los
pobladores marginales se astilló en mil pedazos al rechazarse en el
Congreso el presupuesto destinado por el gobierno a financiar la Promoción
Popular, la que generaba una profunda desconfianza en la izquierda, toda
vez que ésta la veía como un intento de crear escuelas de cuadro
democratacristianas.
El debilitamiento de la autoridad presidencial así como el creciente
descontento social repercutieron hacia finales del gobierno de Frei, dando
origen a un endurecimiento de la actitud del gobierno respecto de la
oposición. La manifestación política de ello, fue la sustitución en 1968, del
Ministro del Interior, Bernardo Leighton, por el empresario y ex Ministro de
Obras Públicas de Frei, Edmundo Pérez Zújovic, conocido por su actitud
hostil tanto hacia los ideólogos del partido, como hacia la izquierda.
54
Desde un punto de vista legislativo, en cambio, la debilidad del gobierno
quedó de manifiesto cuando el oficialista proyecto de reforma constitucional,
que confería al Presidente de la República la facultad de disolver el
Congreso y llamar a nuevas elecciones, fue aprobado en diciembre de 1969,
bajo la condición de que no se hiciera efectiva hasta diciembre de 1970, es
decir, una vez finalizado el gobierno de Eduardo Frei..
En una segunda etapa dentro de este mismo período continuó
debilitándose la autoridad presidencial. En efecto,
a) Se desarrolla un proceso de izquierdización general en que se
cuestiona incluso el modelo imperialista de la Unión Soviética, desde la
perspectiva del neomarxismo francés, así como desde el punto de vista de
un maoísmo occidentalizado y del modelo cubano.
Así, nacen nuevas organizaciones políticas como el MAPU, el MIR, y la
Izquierda Cristiana. Lo anterior redunda en una tendencia a la desintegración
política, con una multiplicación de los partidos políticos, y en un incremento
del caos callejero e institucional. En consecuencia, hacia el año 1973 se
desarrolla en Chile, una guerra civil sin armas y una lucha de pasiones más
que un enfrentamiento de clases.
b) Cuando Salvador Allende es elegido presidente en las elecciones de
1970, plantea un programa económico basado en la legalidad, el que es
visto como un recurso táctico para aprovechar normas jurídicas vigentes
desde el período de la República Socialista, entre las cuales se puede
distinguir el D.L. 520, que fue aprovechado para la creación del Area de
Propiedad Social.
Plantear un programa económico que se apoyara en la legalidad era una
idea defendida por el Partido Comunista y por el Partido Radical, pero
cuestionada profundamente por el resto de la Unidad Popular. En
consecuencia, este sector de la propia coalición de gobierno se opone al
55
programa presidencial sumándose a la irreductible oposición de la derecha
liberal y conservadora, a la oposición del centro político reformista católico,
el que se distancia drásticamente del gobierno luego del asesinato del ex
Ministro del Interior del presidente Eduardo Frei M, Edmundo Pérez Z.
c) El gobierno del Presidente Salvador Allende no fue capaz de
conseguir el respaldo de la clase media, lo que constituyó una de sus
principales flaquezas si se considera que uno de los principales referentes
de legitimación del gobierno fuerte y centralizador al consolidarse una
democracia de masas en Chile, fue el democratismo de clase media.
En efecto, actores sociales como los gremios profesionales y los
empleados de la banca asumirán un predicamento abiertamente opositor,
entre otras razones, debido a la inflación descontrolada que estalla como
consecuencia de la baja en el producto agrícola e industrial.
d) Existía la idea generalizada dentro de la coalición de gobierno de que
siendo el gobierno de la Unidad Popular un "gobierno de las masas", los
actos de desafío a la legalidad que el propio Presidente se había
comprometido a respetar, no debían generar una reacción enérgica de parte
del Ejecutivo, sino por el contrario, una reacción condescendiente.
e) Como si lo anterior fuera poco, desde que se inició el gobierno de la
Unidad Popular, existió un propósito conspirativo de parte de las agencias de
inteligencia estadounidenses y de un sector de las Fuerzas Armadas
chilenas, lo que encuentra un testimonio bastante claro en el asesinato del
Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider.
La consecuencia de carácter legislativo, que de manera más evidente,
tuvo la debilidad presidencial durante el gobierno de la Unidad Popular, fue
sin duda la promulgación de la Ley Nº 17.798, Sobre Control de Armas, en
1972. Este hecho, claramente respondió a la voluntad del gobierno
56
constitucional, de generar condiciones políticas que motivaran la confianza
de un sector de la oposición, para evitar el colapso institucional.
No obstante el deterioro de la autoridad presidencial dentro de este
período de las planificaciones globales, hasta el año 1973 se había cumplido
la mayoría de los supuestos básicos del Estado de Derecho. En efecto, es
bastante claro que hasta ese momento la generalidad fue lo que caracterizó
a la legislatura y al proceder de los órganos de la administración del Estado.
Al mismo tiempo, se puede sostener que hasta el año 1973, el artículo 10º
de la Constitución de 1925, que consagra las garantías constitucionales, se
mantuvo vigente. Claramente, existió una libertad jurídica positiva que
permitió a las personas obrar con eficacia jurídica, ya sea en el ámbito de las
relaciones jurídicas con agentes privados, como, por ejemplo, en lo relativo a
las contrataciones, o en el ámbito de las relaciones jurídicas con agentes
públicos, aunque este supuesto tiende a deteriorarse, junto a la garantía
constitucional del derecho de propiedad, durante los últimos años anteriores
a 1973. Además, si bien permanece pendiente la creación de tribunales para
lo contencioso administrativo, los tribunales ordinarios de justicia pueden
conocer causas que tengan ese carácter.
En una tercera etapa de esta época de planificaciones globales, tras
realizarse un violento golpe de Estado, se aprecia un fortalecimiento de la
autoridad del gobierno, que llega al extremo de absorber el ámbito de
atribuciones del Poder Legislativo y de condicionar de manera notoria las
decisiones del Poder Judicial.
Se forma un nuevo gobierno fuerte y centralizador, pero que carece
completamente de una legitimación conseguida a través del democratismo
de clase media y del sufragio universal. Al respecto, si se sigue a Wolfgang
57
Friedmann22 se podría sostener que "La moderna dictadura se parece a las
antiguas formas de absolutismo en la hostilidad contra toda forma de
separación de poderes y en la concentración del mayor número posible de
funciones gubernativas en el menor número posible de manos. Se diferencia
de las antiguas formas de absolutismo por la complicación y refinamiento de
las técnicas legislativas, administrativas y judiciales desarrolladas en los
siglos intermedios.
Un sistema de gobierno que controla, directamente o mediante servidores
fieles, la maquinaria y todas las esferas del poder ejecutivo no sujetas a la
vigilancia judicial, y que, mediante una combinación de nombramientos
políticos, de inseguridad en los cargos y de instrucciones directas, domina
también la administración de justicia, indudablemente tiene un poder
ilimitado para hacer todas las leyes que el grupo gobernante estime
necesarias."….."Indudablemente un gobierno totalitario puede usar su
monopolio de los poderes legislativo y ejecutivo para reformar el Derecho,
con menosprecio de los procedimientos democráticos de la opinión pública,
en medida mucho mayor que otros sistemas". En efecto:
1) En esta etapa del período de las planificaciones globales, se produce
un fortalecimiento de la autoridad del Poder Ejecutivo, toda vez que se
desarrolla una “revolución desde arriba”, en que se reacciona inicialmente en
contra del internacionalismo marxista leninista y luego, en contra de todo
estatismo en general.
Los aspectos más característicos de esta “revolución desde arriba” son:
a) Una exaltación de la tradición católica apostólica y romana de origen
hispánico, como un elemento doctrinario que le confiere un contenido
22 FRIEDMANN, Wolfgang. "El Derecho en una Sociedad en Transformación". Fondo de Cultura Económica. Méjico. 1966, pp. 25-27
58
axiológico a la clara vocación política con que las Fuerzas Armadas derrocan
al gobierno izquierdista en 1973.
b) Una exaltación de un sentimiento nacionalista en cuanto actitud con
que se enfrenta la influencia del internacionalismo marxista leninista, que
habría supuesto la aplicación fallida de "ideas foráneas", más que como una
ideología.
c) Una conducta del Poder Ejecutivo, al margen de la legalidad. En
efecto, entre 1973 y 1981, la vigencia de la Constitución de 1925 se
encuentra parcialmente suspendida, debido a la dictación de actas
constitucionales, y luego, si bien la Constitución de 1980 admite en su
articulado relativo a las garantías constitucionales, que los derechos que son
connaturales a la condición del ser humano son anteriores al Estado, se
cometieron permanentes actos de contravención de tales derechos como ya
había sucedido antes de que este texto constitucional entrara en vigencia.
d) Se recoge el principio de la subsidiaridad del Estado, que constituye
un aporte de los discípulos de la escuela de Milton Friedmann. Será el
ideario que Friedmann heredara de Von Hayek, (derrotado en el debate
macroeconómico posterior a 1929 por Keynes) el dogma que, de manera
bastante clara, inspirará el cesarismo neoliberal de los llamados Chicago
Boys.
2) Pero como ya se señaló anteriormente, en esta etapa la autoridad del
gobierno fuerte y centralizador carece de una legitimación democrática si se
considera que los militares se constituyen en el principal y único agente del
proceso político oficial. Por lo tanto, más que legitimar el ejercicio de su
autoridad, el gobierno de la junta militar, se preocupó por sostener dicha
59
autoridad a través de la fuerza23. Además, la “revolución desde arriba”
emprendida por este gobierno se desarrolló sin guardar el menor respeto por
la idiosincracia del país si se considera que:
a) En Chile se constituye primero el Estado y luego, la nacionalidad
chilena a expensas del Estado.
b) El neoliberalismo es un ideario que quizás se relacione bastante con
la tradición política y cultural, de sociedades cuya evolución histórica ha
estado marcada por el desarrollo del comercio y la profesión de credos
protestantes, como ocurre con la sociedad inglesa o la estadounidense.
Pero este acervo ideológico se relaciona bastante poco con la tradición
de una sociedad en cuya evolución histórica han influido fundamentalmente:
- Agricultores católicos y campesinos, siendo la agricultura un sector de
actividad que permanentemente demanda subsidios y medidas
proteccionistas;
- Oficiales de Ejército fuertemente vinculados a la masonería;
- Burócratas;
- Profesores normalistas, sobre todo, luego de la promulgación de la
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, el "gobernar es educar" de
Pedro Aguirre Cerda y la Campaña Nacional de Alfabetización de
Gabriel González Videla.
- Y mineros, de manera que el debate relativo a si la titularidad de la
riqueza minera ha de pertenecer al Estado o a particulares, ha estado
siempre presente.
23 Anteriormente, se habían producido asonadas cívico militares tales como el llamado Complot de las Patitas de Chancho, durante el gobierno de González Videla, y el Tacnazo hacia finales del gobierno de Frei, pero estos movimientos fueron rápidamente reducidos y sus protagonistas fueron marginados de la vida pública (como sucedió, por ejemplo, con el general Roberto Viaux Marambio, quien fue privado de libertad, y luego vivió desterrado fuera de Chile).
60
Por lo tanto, además de un gobierno que carece de una legitimidad
democrática, se puede apreciar la aplicación de un proyecto político que
genera fuertes revanchas culturales.
3) Inicialmente la intervención de los militares en la escena política se
desarrolla con un aparente propósito institucionalizador más que enfatizando
el liderazgo de un caudillo en particular. Pero luego, a medida que
desaparecen convenientemente las amenazas al liderazgo personal del
general Augusto Pinochet, esa aparente vocación institucionalizadora se irá
disipando y se consolidará claramente la existencia de un gobierno con
nombre y apellido.
Será durante esta tercera etapa del período de las planificaciones
globales, cuando se ponga en vigencia, el decreto Supremo Nº 400 de 1978,
que fija el texto refundido de la Ley Nº 17.798, con modificaciones
posteriores a 1972.
Lo anterior, claramente, evidencia la voluntad política del régimen de
neutralizar a una oposición, que carecía completamente de la posibilidad de
participar en el proceso político oficial. Por lo tanto, la dictación de este texto
normativo, respondería a objetivos más políticos, que estrictamente
relacionados con el propósito, de fortalecer una cultura de solución de
conflictos, en que la autotutela no tuviera cabida.
En consecuencia, durante esta etapa en Chile, claramente, no existe
Estado de Derecho. Lo anterior, si se tiene presente que siguiendo al filósofo
de Derecho español, Luis Legaz y Lacambra24, la existencia de un Estado de
Derecho supone:
a) "Afirmación de que el ordenamiento jurídico constituye un todo
jerárquicamente estructurado, al que corresponde una primacía de la norma
24 LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. "Humanismo, Estado y Derecho". Bosch Casa Editorial. Barcelona. España. 1960, pp. 77-83.
61
general de la ley. La norma general realiza justicia, porque la generalidad - el
tratar igualmente lo igual - es de esencia de la justicia. La generalidad crea
además seguridad. Porque por la norma general la persona sabe a qué
atenerse en su obrar y las consecuencias de éste no dependen del azar o
del capricho". Cabe entonces preguntarse qué clase de generalidad existe
dentro del ordenamiento jurídico chileno, cuando la jefatura del gobierno y la
persona que la detenta se identifican simétricamente, y qué clase de
seguridad puede existir cuando por efecto de lo anterior, el proceder de la
autoridad pública responde, más que a procedimientos o consideraciones de
carácter objetivo, a las ocurrencias personales del dictador.
b) "Afirmación de los derechos humanos fundamentales. Se trata aquí
acerca de "si es posible o no imponer coactivamente al hombre un contenido
religioso, filosófico, etc., y sobre todo, si es lícita la imposición de una
consecuencia jurídica desfavorable por el hecho de que se profesa tal
religión o filosofía". Resulta más que evidente que en Chile durante esta
tercera etapa del período de las planificaciones globales no existió una
afirmación efectiva de los derechos fundamentales, si se considera que se
desarrolló una persecución sistemática, en general, en contra de toda la
disidencia política.
c) "Existencia de un fuero de la personalidad jurídica. A imagen y
semejanza que es de la personalidad humana, la personalidad jurídica
implica su propia libertad y dignidad; ya no es sólo el imperio de su radical
libertad en el orden social - la no impedibilidad de ciertas manifestaciones
suyas (de conciencia, religión, etc.), sino de una libertad jurídica positiva,
esto es, de posibilidad de obrar con eficacia jurídica. La vida social, vista sub
specie iuris, es una trama de relaciones jurídicas. Estas relaciones las
mantiene el sujeto de Derecho con otros sujetos, pero también con órganos
del Estado". Cabe preguntarse entonces, qué clase de eficacia dentro de la
relación jurídico procesal entre recurrente, tribunal y recurrido podía existir
cuando los tribunales de justicia resolvían las causas sometidas a su
62
conocimiento, de acuerdo a la conveniencia política del gobierno, como
sucedió, por ejemplo, con los recursos de amparo.
d) "Un sistema de responsabilidad de la administración y de recursos
contencioso administrativos es esencial a la existencia del Estado de
Derecho". Esta condición de existencia del Estado de Derecho tampoco se
cumplía, si se atiende a que la creación de tribunales contencioso
administrativos se hallaba pendiente desde la entrada en vigencia de la
Constitución de 1925 y la competencia de los tribunales ordinarios de justicia
para conocer asuntos que tuvieran este carácter fue suprimida durante el
gobierno militar.
e) "Por último, aunque esto no constituye una nota esencial sino más
bien contingente, el Estado de Derecho tiende hacia lo que puede llamarse
el control jurisdiccional de la legislación. Sería desorbitado plantear esta
exigencia como un a priori respecto de cualquier forma de Estado de
Derecho, porque las garantías políticas o sociales del sentido constitucional
de la legislación pueden suplir, quien sabe si incluso con ventaja en cuanto a
la eficacia, a las garantías jurídicas, pero es evidente que, para ciertas
situaciones políticas, esa garantía jurídica es tal vez la única que existe".
Resulta evidente, al analizar los acontecimientos ocurridos en Chile
desde 1973 en adelante, que ni siquiera esta condición de naturaleza
contingente se verificaba en Chile. En efecto, no se podría sostener que la
dictación de decretos leyes por el gobierno de entonces haya tenido una
naturaleza constitucional ni bajo el imperio de la Constitución de 1925 ni bajo
el imperio de la Constitución de 1980. Sin embargo, no hubo un órgano
contralor que denunciara la antijuridicidad de tales conductas.
El hecho de que no se respetara ninguno de los supuestos del Estado de
Derecho, nuevamente pone de manifiesto que, el Decreto Supremo Nº 400
de 1978, respondió más que al propósito del régimen militar de preservar la
63
juridicidad o el Derecho Objetivo, a una voluntad estrictamente político
contingente.
5.6 Época de la Transición Democrática (1990 hasta nuestros días)
Durante este período, el ejercicio del poder público vuelve a legitimarse a
través del sufragio universal y del democratismo de la clase media. En
efecto, hacia el año 1990, el bloque electoral llamado Concertación de
Partidos por la Democracia, ya había conseguido imponerse electoralmente
sobre el régimen militar en el plebiscito de 1988, efectuado para decidir
acerca de la permanencia de Augusto Pinochet en el poder, y en las
elecciones presidenciales de 1989, en las cuales el candidato oficialista y ex
Ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Büchi, acabó siendo
derrotado por el candidato opositor, Patricio Aylwin Azócar.
Sin embargo, durante la transición democrática, seguirá verificándose
una tendencia antiestatal, iniciada durante el régimen militar, y expresada en
la privatización de empresas públicas, junto a una reducción de los
cometidos del Estado.
Se desarrollará un paulatino y, no exento de convulsiones, proceso de
recuperación de la autoridad presidencial. En efecto, los gobiernos civiles
deberán enfrentar, a partir de entonces, una precaria relación cívico militar,
que de manera latente, amenazará la estabilidad institucional y la
tranquilidad pública. Episodios como la condena a presidio del ex director de
la DINA, general Manuel Contreras Sepúlveda, el retiro de Augusto Pinochet
de la Comandancia en Jefe del Ejército para asumir el cargo de senador
vitalicio, generan una notoria intranquilidad pública.
De esta forma, el fortalecimiento de la autoridad presidencial demandará
la materialización de condiciones previas, como el advenimiento de una
nueva generación de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; la
64
gradual convicción de la opinión pública, de que una coalición política,
integrada por opositores al régimen militar, puede gobernar el país sin que
se produzca el caos callejero e institucional, de principios de la década de
1970; la aceptación por el establishment25 político, de la idea de que los
gobiernos deben ser estables, para no perjudicar la captación de aportes
provenientes de la inversión extranjera; y la elección de Ricardo Lagos
Escobar, como Presidente de la República en 1999, siendo éste, el primer
presidente socialdemócrata después de Salvador Allende, sin que se
perjudique la estabilidad institucional, ni la tranquilidad pública del país.
El evidente cambio en las condiciones políticas, repercute en el hecho de
que la Ley Nº 17.798 Sobre Control de Armas deja de ser un instrumento
utilizado para reprimir a la disidencia política. En efecto, la violencia política
es erradicada del proceso político chileno a principios de la década de 1990
y prevalece junto con ello, el respeto de los supuestos básicos del Estado de
Derecho.
Así ocurre con la generalidad de la norma jurídica (como propósito de la
actividad legislativa), la afirmación de los derechos fundamentales (por lo
menos, tratándose de los derechos de primera generación), la existencia de
un fuero de la personalidad jurídica (aunque la igualación de las
oportunidades de acceso a la justicia, ha sido un proceso lento y complejo) y
la existencia de un mecanismo institucional, que permita juzgar los actos de
la administración (si bien, aún sigue pendiente la creación de tribunales para
lo contencioso administrativo, hoy en día los tribunales ordinarios de justicia,
pueden conocer acerca de actos de la administración).
El régimen jurídico a que se somete la tenencia de armas por la
población civil, se ha hecho más estricto, frente a la sensación generalizada
25 Establishment es el conjunto de agentes e instituciones políticas en torno a los cuales se desarrolla el proceso político oficial.
65
en la opinión pública, de que se ha producido un significativo incremento, en
los índices de criminalidad. El endurecimiento de dicho régimen jurídico, de
manera bastante notoria, ha respondido al propósito de impedir el desarrollo
de tendencias disgregadoras, dentro del cuerpo social, expresadas a través
de la justicia por mano propia. Ha respondido, a la tradición histórica
analizada de mantener el control en manos de autoridades del Estado.
6. EVOLUCION ECONOMICA DEL ESTADO DE CHILE.
Tal como mencionamos al comienzo de este capítulo, analizaremos
ahora la evolución económica del país, la distribución del ingreso, los índices
de pobreza, la marcada desigualdad social y económica existente, factores
que, a nuestro juicio, han generado la exclusión de ciertos sectores de la
población con un consiguiente sentimiento de marginación, frustración y un
clima de violencia social e inseguridad, que ha llevado a las autoridades a
adoptar medidas para responder, por una parte, a la intranquilidad de la
población frente a al aumento de la criminalidad, y por otra parte, para
fiscalizar el uso de armas de fuego, creando organismos contralores a través
de la recientemente promulgada Ley Nº 20.014 sobre Control de Armas,
según se revisará en los capítulos siguientes.
Haciendo un análisis retrospectivo de las estrategias económicas del
país, podemos decir que la Primera Guerra Mundial encontró a Chile en una
situación de gran holgura económica, la que se manifestó en un progreso
material a la vez que en una fuerte diversificación del consumo de las élites
económicas. En parte, ello se debió al estímulo creado para el sector
exportador, pero también contribuyó una conciencia política temprana, de
que el Estado debía asumir responsabilidades en la promoción del progreso
económico, no obstante los apasionados debates al respecto.
Al momento de ocurrir la Gran Depresión en el año 1929, la economía
chilena era una de las más desarrolladas de la región de América del Sur,
66
tanto en términos de su ingreso per cápita como de la transformación
productiva y social que estaba experimentando. A ello debía agregarse una
participación más activa de los sectores medios y populares, siguiendo el
patrón de varios países europeos por esos mismos años.
Sin embargo, la Gran Depresión de 1929 afectó duramente a la
economía chilena. La depresión de los términos de intercambio se prolongó
por décadas, hasta los años sesenta. El derrumbe del sector exportador fue
estrepitoso. Posteriormente, la economía chilena logró una recuperación
significativa y hasta comienzos de los años cincuenta, un ritmo sostenido de
crecimiento industrial que permitió paliar las restricciones impuestas por el
quiebre del comercio exterior. En gran medida ello fue el resultado de
políticas económicas que reaccionaron activamente frente a la crisis,
impulsando nuevas estrategias de industrialización.
La emergencia creada por la Gran Depresión obligó al Estado a asumir
algunas tareas paliativas. Un gobierno conservador, como fue la segunda
administración del Presidente Arturo Alessandri Palma (1932-1938) y con la
cual se iniciara el ya mencionado Régimen Presidencial con Alianza de
Partidos (1932-1964), emprendió una serie de medidas fiscales
compensatorias de los efectos recesivos y un control muy discrecional del
comercio exterior. Tal como se mencionara en nuestro análisis de la
evolución histórica, se intensificó una acción intervencionista del Estado que
ya se venía insinuando desde la década anterior. Ello culminó con la
elección del gobierno del Frente Popular en 1938, el cual consagró
definitivamente el papel rector del Estado en la conducción del desarrollo
económico y de la industrialización.
Se hizo evidente que ante la crisis del comercio exterior de los años
treinta, la necesidad de sustituir importaciones de manufacturas requería un
enorme esfuerzo y la movilización de recursos internos y externos. Se
requería financiamiento, nuevas instalaciones industriales, especialmente en
67
sectores básicos y de infraestructura, tales como la energía eléctrica,
combustibles, bienes intermedios y de capital; y capacidades empresariales
y técnicas, que también eran escasas. La Segunda Guerra Mundial
contribuyó a intensificar dicha escasez.
No debe extrañar, entonces, el alto nivel de consenso político que se
logró para que el Estado ampliara su esfera de responsabilidades al fomento
de la producción y de la actividad empresarial, a través de la anteriormente
mencionada, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) creada en
1939. Se activó el desarrollo industrial, que alcanzó ritmos importantes
durante los años cuarenta, se redujo el desempleo masivo del decenio
precedente y se dio un salto adelante en la organización institucional y
tecnológica.
Pero durante los años cincuenta, el modelo de desarrollo comenzó a
experimentar nuevos problemas. Muchas de las deficiencias del proceso de
industrialización utilizado se dejaron sentir; en particular, el estancamiento
de la agricultura. Por otra parte, el énfasis en la sustitución de importaciones
descuidó el desarrollo de nuevas exportaciones, limitándose así,
severamente, los grados de libertad del comercio exterior y el manejo de la
balanza de pagos. Las orientaciones populistas de algunos períodos
intensificaron esos desequilibrios. La inestabilidad de los precios de las
exportaciones tradicionales se transmitió a la economía interna, afectando su
balanza de pagos. Las presiones inflacionarias se intensificaron,
movilizando a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales
ante el deterioro de su calidad de vida.
a) Expansión populista y estabilización ortodoxa, 1952 -1958.
La aceleración inflacionaria de 1952-1955, en que el aumento anual de
los precios al consumidor pasó de 12% a 86% fue el detonante para inducir
a las autoridades responsables a buscar nuevas estrategias económicas. Se
68
aplicaron políticas internas expansivas, mejoras salariales y una apreciación
cambiaria. Luego de dos años de expansión de la demanda, a un ritmo que
duplicó la creación de capacidad, ésta se copó. Con ello se logró una mayor
tasa de uso de los recursos, pero en un contexto de desequilibrios de otros
balances básicos en el sector externo y fiscal.
Al poco tiempo de aplicado este esquema, el gobierno del Presidente
Carlos Ibáñez perdió popularidad, enfrentando una creciente inquietud social
que culminó con la aplicación de un programa ortodoxo de estabilización.
Se restringió severamente la oferta monetaria y el gasto fiscal, y se inició
la reducción del complejo sistema de regulaciones y políticas
discriminatorias que se había instaurado en los años de la gran crisis y de la
Segunda Guerra Mundial. Pero los efectos recesivos que se generaron
llevaron rápidamente al rechazo político de las propuestas.
b) Un intento frustrado de modernización capitalista, 1958-1964.
El gobierno del Presidente Jorge Alessandri asumió en forma más
comprensiva las reformas del sistema económico, aunque con un programa
de estabilización más simple. Como genuino exponente de la dirigencia
empresarial y depositario de una tradición política liberal-conservadora,
consideró que el país necesitaba reformas sustantivas, tanto en su
institucionalidad, para dotar al Poder Ejecutivo de mayor capacidad de
acción, como en sus políticas económicas, para constituir al sector
empresarial privado en el motor del desarrollo, con el apoyo de una política
fiscal activa. Dadas las condiciones de alta inflación que prevalecían, el
Presidente Alessandri le atribuyó gran importancia al logro de la
estabilización a corto plazo. Sólo con estabilidad pensaba que podría
lograrse un clima de estímulo a la inversión privada de largo plazo. En
consecuencia, se formuló un programa de estabilización cambiaria con el
apoyo de abundantes créditos externos al gobierno. Estos créditos deberían
69
financiar tanto el desequilibrio de la balanza de pagos así como el déficit
fiscal.
Este programa tuvo un éxito transitorio, ya que efectivamente logró
reducir sustancialmente la inflación en 1960-1961, pero los desequilibrios de
la balanza de pagos fueron de tal magnitud, que las reservas internacionales
se agotaron. Fue necesario devaluar la moneda en 1962, se incrementaron
las restricciones a las importaciones, y la inflación recobró su virulencia. Con
todo, la tasa de inversión se incrementó y el ritmo del crecimiento industrial
se aceleró; en cambio, el aumento de las exportaciones fue insuficiente
frente a una gran expansión de las importaciones y la agricultura quedó
estancada.
Mirada en perspectiva, la experiencia del gobierno del Presidente
Alessandri aparece como un primer intento serio en la posguerra para
modernizar la economía mixta y el régimen de Estado interventor. Se buscó
limitar el papel directamente empresarial del Estado, para que el sector
privado asumiera una responsabilidad mayor, pero no se propuso un
enfoque pasivo del Estado, sino más bien un modelo clásico keynesiano, en
el cual el Estado actúa principalmente a través de la política fiscal,
estimulando la inversión privada mediante el gasto público y procurando un
clima de confianza, estabilidad y de expectativas favorables a mediano
plazo. Ello se complementó con una apertura moderada de las
importaciones y diversos incentivos a las exportaciones. 26
c) Estabilización gradual y reformas estructurales, 1964-1970
Tal como mencionamos anteriormente en la evolución institucional del
Estado de Chile, en este período se da inicio a la época de las
planificaciones globales y la acción gubernamental recoge la influencia de
26 FFRENCH-DAVIS, Ricardo. “Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad.” Dolmen Ediciones. Chile. 1999, pp.15 y ss.
70
sociólogos y economistas vinculados al Consejo Económico para América
Latina (CEPAL).
La estrategia del gobierno de la Democracia Cristiana se basó en una
triple plataforma de sustentación: un programa de estabilización gradual, no
recesivo, que debía aprovechar la capacidad instalada ociosa para
compatibilizar el crecimiento de la productividad, la mejora de los salarios
reales y la disminución de la inflación; un programa de modernización
industrial, reactivando el papel del Estado como generador de iniciativas de
inversión, la introducción de nuevos sectores como telecomunicaciones y la
industria petroquímica; y un programa de reformas estructurales y sociales,
que contemplaban, en lo sustantivo, la reforma agraria, el comienzo de la
nacionalización de la gran minería del cobre y el desarrollo de
organizaciones sociales de base comunal y laboral, que estimularan la
participación ciudadana en una efectiva democratización política.
Examinado a la distancia, sin una alianza política amplia y sólida, las
probabilidades de éxito de esta estrategia eran bajas. Una gran mayoría
favorable a los cambios no logró articularse por celos hegemónicos y
diferencias respecto del carácter e intensidad de los cambios.
Sin embargo, a pesar de haber terminado en un fracaso relativo, al no
haberse podido proyectar políticamente y no haberse cumplido todas las
metas, en balance, la estrategia tuvo más bien éxito en relación con la
magnitud del desafío. El gobierno de Eduardo Frei Montalva fue acertado en
su diagnóstico y en la puesta en marcha del programa de cambios. Si bien
no logró dinamizar la tasa de crecimiento de la capacidad productiva,
manteniéndose en un 4,3% anual, logró aminorar el ritmo inflacionario e
inducir una redistribución del ingreso significativa: la participación relativa de
los ingresos del trabajo en el ingreso geográfico aumentó de 45% en 1964 a
52% en 1970. Se efectuó una significativa reforma del sistema tributario y se
logró el control del 51% de la gran minería del cobre. Se inició la puesta en
71
marcha de reformas estructurales, tales como la reforma agraria, y al mismo
tiempo se modernizó el sector industrial. Se diversificaron las exportaciones,
contribuyéndose al fortalecimiento de la integración latinoamericana. Se
modernizó el aparato estatal, al mismo tiempo que se tecnificó el sistema de
formulación de la política económica, reconociéndose el papel de los precios
y de los equilibrios macroeconómicos básicos y estableciéndose una política
cambiaria real estable.
d) Profundización de las reformas y desequilibrios macroeconómicos,
1970-1973.
El gobierno de la Unidad Popular priorizó la intensificación de los cambios
de estructura, en particular en lo referente a la propiedad, sin tomar en
consideración los equilibrios macroeconómicos.
El inicio del gobierno del Presidente Salvador Allende contó, a fines de
1970, con un exceso de capacidad instalada y reservas internacionales
altas, lo que permitió aplicar una política expansiva con las remuneraciones
y el gasto público creciendo aceleradamente. Hubo una respuesta positiva
de la actividad económica con un aumento del 8% del PIB, sin presiones
inflacionarias ni una brecha externa apreciable en 1971, lo que fortaleció la
confianza del Ejecutivo en su estrategia. Sin embargo, la expansión se
efectuó con pérdidas de ingresos fiscales, debilitamiento de la inversión
pública y privada, y gran expansión monetaria. Mientras tanto, entre otros
cambios estructurales, se había completado la nacionalización de la gran
minería del cobre, se había estatizado el sistema bancario y muchas otras
empresas. Adicionalmente, proliferaban las tomas arbitrarias de empresas.
El incremento de la demanda agregada resultó entonces incompatible
con el ritmo de creación de nueva capacidad productiva, en tanto que los
desequilibrios macroeconómicos del sector externo, fiscal y monetario se
deterioraron aceleradamente.
72
En definitiva, se sobrestimó la capacidad productiva ociosa y la
capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los
desajustes, tanto de precios como de balanza de pagos. Los desequilibrios
macroeconómicos se expresaron con toda virulencia en el segundo año de
gobierno y de ahí en adelante la lucha por el poder concentró todos los
esfuerzos y energías del gobierno y de gobernados. De hecho, la creciente
incapacidad de lograr acuerdos políticos llevó a que finalmente se
impusieran grupos golpistas opositores.
e) La estrategia neoliberal, 1973-1990
Las preocupaciones iniciales del gobierno militar de Augusto Pinochet se
encaminaron a controlar los desequilibrios macroeconómicos y en particular,
la hiperinflación heredada.27
Por lo tanto, la argumentación se trasladó al terreno de las ineficiencias
del sistema económico imperante, de acuerdo al discurso neoliberal que en
los años siguientes se popularizó internacionalmente. A medida que un
grupo ultra-neoliberal ampliaba su poder, hasta hegemonizar la conducta de
la política pública, se fue extremando la gama y profundidad de los cambios.
Las principales reformas fueron: eliminación de los controles de precios;
apertura indiscriminada de las importaciones; liberalización del mercado
financiero; reducción del tamaño del sector público y restricciones del
accionar de empresas del sector; devolución a sus antiguos propietarios de
empresas y tierras expropiadas; privatización de empresas públicas
tradicionales; supresión de la mayoría de los derechos sindicales; una
reforma tributaria que junto con eliminar algunas distorsiones, redujo
27 El año 1973 mostró una inflación anual de 600% en tanto que la tasa anualizada alcanzó a 700% en los cuatro últimos meses del gobierno de la Unidad Popular.
73
fuertemente la participación de los tributos directos y de mayor
progresividad.
El papel tradicional del Estado como empresario, promotor de la inversión
y la industrialización, debía reducirse en el más breve plazo posible para que
estos procesos resultaran exclusivamente de las decisiones tomadas por los
agentes privados en mercados liberalizados y abiertos al exterior.
La aplicación de esta estrategia se vio perturbada por dos factores
fuertemente gravitantes en la economía chilena durante la mayor parte de la
década de los 70: una inflación altísima, que una política de estabilización
monetarista tuvo grandes dificultades para controlar; y el primer impacto del
petróleo, que junto con el fuerte deterioro del precio del cobre en 1975
generó condiciones muy adversas de la balanza de pagos.
Si bien se generó un gran movimiento exportador y una modernización de
una fracción del sector productor, en lo distributivo siguió predominando una
situación de desigualdades sociales mucho más intensa que la que había
dos décadas antes. En el plano político, los movimientos sociales y partidos
democráticos pudieron conquistar el retorno a la democracia.
f) Democracia, reforma a las reformas, 1990-1998
La década de los 90 está marcada por las administraciones de la
Concertación de Partidos por la Democracia, que asumieron la conducción
del país en 1990 con los sucesivos gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo
Frei Ruiz Tagle. Durante sus gobiernos Chile tuvo una tasa de crecimiento
anual superior al 7%, la que se sostuvo durante todo este período.
Ambas administraciones se concentraron en lograr un crecimiento más
vigoroso, estable y sostenible del PIB. Ello requirió, entre otros esfuerzos,
incrementar la tasa de inversión, aplicar un manejo macroeconómico que
74
lograse equilibrios sostenibles y reducir la vulnerabilidad ante shocks
externos y dar respuesta a las demandas sociales más urgentes,
permitiendo que un mayor sector de la población se beneficiara del proceso
de modernización económica. Se procuraba conciliar los equilibrios
macrosociales y macroeconómicos.
Durante este período se lograron importantes avances en la distribución
del ingreso y en la lucha contra la pobreza en los primeros años de los
noventa. Desde 1993 en adelante aparece una cierta congelación de los
logros en equidad; sin embargo, la pobreza continuó en descenso,
alcanzando al 22% de la población.
Este mayor esfuerzo se consiguió en paralelo con una gran
responsabilidad fiscal. Los ingresos del Estado aumentaron
significativamente como resultado de la reforma tributaria de 1990, de una
fuerte expansión de la actividad económica y de las importaciones, de un
precio del cobre más alto de lo esperado y una reducción en la evasión
tributaria. Esto permitió a los gobiernos de la Concertación aumentar el gasto
público y, en particular, el social y, a la vez, elevar el ahorro del gobierno
central.
Los gobiernos de la Concertación se comparan favorablemente en
términos de expansión del PIB, inflación, nivel de los salarios reales y
superávit fiscal. Asimismo, en lo referente a la inversión, el ahorro y la
generación de nueva capacidad productiva. Sin embargo, en lo que respecta
a la tasa de desempleo, no lograron recuperar los niveles de los años
sesenta.
A modo de conclusión de lo ocurrido en la economía chilena en los
últimos decenios, se puede decir:
- El desafío de compatibilizar el crecimiento con la equidad distributiva
sigue más vigente que nunca, sobre todo después del deterioro
75
ostensible en el nivel de vida de una amplia proporción de la
población en los años setenta y ochenta y, de gobiernos democráticos
que han cubierto sólo parcialmente las expectativas generadas.
Esta compatibilización requiere acuerdos políticos sustantivos entre
los principales sectores sociales y políticos, que permitan concertar
una secuencia temporal más equitativa de la distribución de los costos
y beneficios del crecimiento económico, con un progresivo
mejoramiento de la distribución de oportunidades y el ingreso. Se
requiere que crecimiento y equidad avancen en forma paralela.
- Los equilibrios macroeconómicos tienen una importancia crucial para
el éxito de cualquier estrategia de desarrollo. Y un componente
importante para este equilibrio es la relación entre la creación de
nueva capacidad productiva y los aumentos de producción efectiva (o
uso de capacidad).
- En estas últimas décadas se han producido diversas modernizaciones
en la organización económica, que, sin duda, son logros permanentes
y válidos para futuras estrategias de desarrollo. Entre ellas pueden
destacarse el significativo crecimiento y diversificación de las
exportaciones; el ordenamiento del presupuesto fiscal, y el desarrollo
de una nueva generación empresarial con características más
dinámicas y modernas que las tradicionales clases empresarias.
- Se ha incorporado una gran preocupación por disminuir la
vulnerabilidad de la economía frente a un entorno globalizado y de
creciente volatilidad, junto con avanzar en políticas que favorezcan
una mayor equidad interna en la distribución del ingreso y las
oportunidades.
- Este análisis de lo ocurrido en Chile permite plantearse diversos
desafíos para lograr un crecimiento vigoroso y un avance en equidad,
entre los cuales cabe mencionar:
- Recuperar una macroeconomía que logre operar con una demanda
cercana a la capacidad productiva; mantener un tipo de cambio
76
competitivo; conseguir que las tasas de interés fluctúen en rangos
menores.
- El esfuerzo exportador es determinante en la capacidad para crecer.
Debemos desarrollar nuevos rubros exportables porque los mercados
se saturan o los recursos se agotan. A los recursos naturales
debemos adicionarles valor y tecnología. Un apoyo importante para
las exportaciones son los esfuerzos de integración. Accesos
negociados a los mercados de América Latina son vitales.
- Inversión en capital humano y capacitación laboral. La reforma
educacional es un gran paso, pero los frutos de la educación operan a
largo plazo.
- El tema del medio ambiente es también protagonista significativo.
Chile debe recuperarse de su atraso en este tema. Se deben elaborar
programas que concilien el desarrollo productivo hoy con prevención y
sustentabilidad en el tiempo.
- La distribución del ingreso es muy desigual. Chile debe acentuar los
esfuerzos en gasto social. Para ello debe reforzar el combate a la
evasión tributaria porque provee financiamiento y contribuye a la
equidad.
- Reforma del Estado, que pasa por profesionalizar la administración
pública, perfeccionar los indicadores de productividad y de buen
servicio público, transparencia, y progresivamente, en paralelo con
mejoras perceptibles, elevar las remuneraciones a niveles
consistentes con trabajos equivalentes en el sector privado.
- Chile tiene que repensar urgentemente cómo hace su globalización
para avanzar mejor hacia un crecimiento sostenido con equidad y
actuar en consecuencia.
EL EXPERIMENTO NEOLIBERAL EN CHILE: UNA SINTESIS CRITICA.
El modelo neoliberal se inicia en Chile en 1973 y concluye en 1982.
Puede sostenerse que el gobierno militar de 1973, enfrentado a una
77
situación de crisis económica internacional y otra aguda crisis interna,
institucionaliza un orden económico liberal que tiene sus orígenes más
remotos en los viejos mercados de las postrimerías del medioevo europeo.
La aparente contradicción entre este modelo y una democracia liberal en lo
político se salva con su implantación forzosa, como ya lo fue con la
imposición del capitalismo mercantilista durante el periodo de Portales y
luego en el año 1973 con la manu militari, de acuerdo a Gabriel Salazar.28
Este modelo económico neoliberal, surgido en las aulas de la Universidad
de Chicago e implementado en Chile por sus seguidores de la Universidad
Católica de Chile, tuvo como consecuencias el cambio del modelo
económico desarrollista de corte populista y nacionalista de sustitución de
importaciones, por otro exportador de recursos naturales y abierto a la
inversión extranjera, además de la exaltación de un individualismo extremo y
una desconfianza hacia la acción del Estado y los gremios, según Víctor
Muñoz Tamayo. 29
Este modelo neoliberal reviste gran significación por las siguientes
razones:
- Chile se ha caracterizado por su larga tradición democrática y el
amplio pluralismo prevaleciente en sus instituciones y en el
comportamiento de sus ciudadanos. En Septiembre de 1973 se
establece un régimen militar, a cuyo amparo se desarrolla un modelo
neoliberal. Y bajo ese régimen, los ejecutores del modelo económico
dispusieron de una autonomía excepcional para diseñar, poner en
práctica y ajustar su acción.
- Se trata del principal caso de aplicación moderna de ortodoxia
monetaria, por su pureza, profundidad y extensión de su cobertura.
28 SALAZAR G., MANCILLA A., et. al. “Historia Contemporánea de Chile”. Volumen I, Editorial LOM. 1999, pp. 34 - 36 y 99 - 101 29 MUÑOZ TAMAYO, Víctor. “Juventud: Violentos, vándalos, criminales, desalmados”.Revista Pluma y Pincel. Nº 183. 2005, p. 33
78
- Su prolongada vigencia (1973-1982) ofrece un terreno amplio para la
evaluación de sus efectos. El caso fue profusamente publicitado como
un éxito, con el apoyo de personeros de ciertos medios financieros,
algunas instituciones internacionales, y círculos que parecían priorizar
la libertad económica a cualquier precio, por sobre otras dimensiones
de la actividad humana. 30
Rasgos centrales del modelo neoliberal.
Es indiscutible que hacia 1973, prevalecían en Chile sustanciales
desequilibrios macroeconómicos que era indispensable corregir. Asimismo,
la economía estaba sobre intervenida, con excesivos controles
macroeconómicos sobre empresas privadas y públicas.
La magnitud de los desequilibrios y la inorganicidad del intervencionismo
público facilitó que el enfoque neoliberal ortodoxo se abriese camino
después de Septiembre de 1973. El modelo impuesto constituyó un caso
extremo por la amplitud del papel asignado al mercado, por la privatización
profunda de la propiedad de los medios de producción y por el cambio
impuesto sobre la organización social del país. Diversos canales de
participación y desarrollo social, surgidos en el continuo proceso de
democratización registrado en Chile en los decenios precedentes fueron
suprimidos, controlados o desarticulados después de 1973.
Con la aplicación del modelo se registraron cambios sustanciales en el
papel desempeñado por el sector público en la actividad económica. Se
postuló su retiro generalizado, abrupto o paulatino, del amplio campo que
cubría.
30 FFRENCH DAVIS, R. ob.cit. 1999, p.57
79
Las principales transformaciones económicas se localizaron en los
campos fiscal, financiero, laboral, relaciones económicas con el exterior y
propiedad de los medios de producción en poder del sector público, además
de una profunda reforma previsional.
Sin embargo, la gran mayoría de los indicadores muestra un deterioro de
la distribución del ingreso y del patrimonio. Las remuneraciones, en el
período 1974-1981, promediaron apenas tres cuartos del nivel logrado en
1970. Luego de un violento descenso en 1973 y 1974, las remuneraciones
reales iniciaron cierta recuperación en 1977, sin haber recobrado aún en
1981 el nivel alcanzado once años antes.31
Factores determinantes, aunque no exclusivos del deterioro de los
salarios, fueron la represión sindical, las políticas oficiales de reajustes
ligadas al índice oficial de inflación subestimada sistemáticamente, y la baja
inversión productiva; los ingresos mermaron mucho más intensamente
debido al alto nivel de desocupación. Las pensiones y asignaciones
familiares también experimentaron un deterioro pronunciado.
Por último, la situación de empleo también muestra un deterioro notable.
A pesar de cierta mejora registrada entre 1976 y 1981, en este último año el
desempleo abierto duplicaba la tasa de 1970. Como paliativo de la
expansión de la cesantía, el gobierno estableció en 1975 un programa de
emergencia, llamado empleo mínimo (PEM) cuyos miembros desempeñaban
labores principalmente en municipalidades e instituciones públicas. En 1981
31 MORA GUTIERREZ, Tania y MONASTERIO CALDERON, Marta del Tránsito. “Distribución del Ingreso en Chile. Una visión del año 70 en adelante”. Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Derecho. Universidad Central. 1999, pp. 142 y ss. “En 1980, tras la recuperación de la profunda depresión que significó un PIB per cápita superior en apenas un 6% al de 1970, se puso en práctica un programa radical de liberalización comercial, revirtiendo la reforma agraria e implantando reformas institucionales que permitieron una mayor flexibilidad en el mercado laboral chileno, pero también originaron una represión laboral… Los salarios reales eran aún 10% menores que en 1970 y el 17% de la fuerza laboral estaba cesante, con un 28% dedicándose a actividades informales. La pobreza absoluta aumentó en las áreas rurales y urbanas, pasando en estas últimas del 12% en 1970 a cerca del 28% en 1980…”
80
representaban cerca de un 5% de la población ocupada y su remuneración
era equivalente a un tercio del salario mínimo vigente en 1970.
La distribución de los activos y del patrimonio también experimentó una
aguda concentración. Este fenómeno estuvo asociado a: a) los cambios
registrados en las remuneraciones, b) a la privatización de las empresas
públicas, c) al impacto de la recesión sobre los empresarios independientes
de los principales grupos económicos.
Es indudable que el deterioro ocurrido en el empleo y en los ingresos de
los trabajadores impactó en la distribución del gasto y del patrimonio.
Adicionalmente, los trabajadores de mayores ingresos experimentaron un
espectacular mejoramiento, incrementándose la dispersión entre ingresos
altos y los medios y bajos. Pero la concentración también fue alimentada por
otros componentes del modelo económico. Numerosas empresas del sector
público fueron privatizadas en forma apresurada. Ello se realizó en una
economía en recesión y con altas tasas de interés. Sólo un reducido
segmento del sector privado pudo acceder a su propiedad, y a precios muy
favorables para los adquirientes. Por último, la situación de recesión también
golpeó a numerosos empresarios privados, que no tenían un acceso
privilegiado al crédito interno o externo. Así, muchos de estos empresarios
se vieron obligados a vender sus empresas o derechos en ellas a los
mismos grupos económicos que adquirieron las empresas públicas
privatizadas. A fines de 1978, dos grupos económicos principales
controlaban empresas que representaban alrededor de 50% del patrimonio
de las sociedades anónimas registradas en las bolsas de comercio de
Santiago y Valparaíso, cifra notablemente mayor que en 1970. Antecedentes
sobre las 250 empresas privadas nacionales y extranjeras más grandes de
Chile indican que esos dos grupos controlaban a lo menos un 37% del
patrimonio de éstas en 1978. Y este proceso de concentración continuó
aceleradamente en los años siguientes.
81
En síntesis, el modelo neoliberal generó una sociedad con una
acrecentada desigualdad en numerosos frentes y un predominio del
economicismo. Profundizó el problema del desempleo en forma notable,
desestimuló la inversión y, en general, privilegió las tendencias especulativas
y financieristas en desmedro de las actividades proclives al incremento de la
productividad y de la capitalización nacional.
DISTRIBUCION DEL INGRESO Y POBREZA EN CHILE
Al margen de los esfuerzos realizados en los años noventa para corregir
el deterioro registrado en los años setenta y ochenta, la pobreza es aún una
realidad para uno de cada cinco chilenos y subsiste una manifiesta
desigualdad de oportunidades e ingresos. Predomina una evidente falta de
equidad en la economía y en la sociedad chilena.
Según estudios de la Fundación Terram, el 20% más acaudalado de la
población de Chile percibe un ingreso 35 veces superior en relación al más
pobre, convirtiendo a esta economía en una de las diez de peor distribución
del ingreso en el mundo.32
Si analizamos los rasgos sobresalientes de la evolución distributiva en los
últimos decenios, debemos poner énfasis en tres dimensiones: Dos
estructurales que son la necesidad de profundizar en la cantidad y calidad de
la inversión en la gente, o capital humano, y fortalecer la inversión productiva
y su asociación con el empleo productivo; ambos contribuyen a difundir la
productividad a través de la sociedad, y así ampliar las oportunidades a
segmentos más amplios de la fuerza laboral. La tercera dimensión, a la que
damos una enorme importancia, es el logro de equilibrios macroeconómicos
sostenibles. Enfatizamos, con fuerza, que los más grandes deterioros
distributivos así como la expansión de la pobreza han estado asociados a
32 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FUNDACION TERRAM.”Mano Dura con la Injusticia Social”, en Análisis de la Coyuntura Social, Nº 21.2004, pp.5-7
82
desequilibrios macroeconómicos críticos: la hiperinflación de 1973, y las
recesiones de 1975 y 1982. A ellos se adicionan los casos de “equilibrios”
macroeconómicos logrados a expensas de otros equilibrios, como los
desajustes macrosociales, en 1985 y 1987 y externo, en 1997.
Tendencias de la distribución del ingreso y la pobreza.
Medir bien es importante porque aporta información respecto de cuán
eficaces resultan las políticas socioeconómicas dirigidas a reducir las
desigualdades y la pobreza características del subdesarrollo.
La definición de pobreza es convencional. Se ha generalizado la
definición de pobres como “aquellos con un ingreso per cápita inferior al
costo de dos canastas de alimentos y necesidades básicas no alimentarias”. 33
Existen, por su parte, diversas fuentes de información sobre distribución
en Chile. La de más larga data es la encuesta de empleo de la Universidad
de Chile que una vez al año, desde 1957, recolecta información sobre
ingresos en el Gran Santiago. MIDEPLAN realiza en todo Chile la encuesta
CASEN, disponible para 1987 y cada dos años, desde 1990; la cobertura y
la encuesta se han perfeccionado en los noventa, de manera que la
comparabilidad con la del año 1987 es limitada.
Algunas de las variables que determinan la distribución son:
a) El nivel de ingresos está relacionado muy positivamente con los años
de escolaridad. Pero hay dos implicancias importantes para la política
pública en esta área específica. Por una parte, la calidad de la
educación y la adecuación de la oferta a la demanda por capacidades.
33 FFRENCH-DAVIS, R. ob.cit., 1999, pp. 266-267
83
También la capacitación es esencial para poder fortalecer la
productividad de los trabajadores con baja escolaridad o de una
calidad disfuncional para la actual demanda de trabajo.
b) La participación de la mujer en la fuerza laboral es muy determinante
en la pobreza familiar. Por lo tanto, mejorar las oportunidades y
facilidades (tales como salas cunas, por ejemplo) para el trabajo de
las mujeres es decisivo para aumentar la equidad.
c) El desempleo es otra variable muy influyente, siendo éste
notablemente mayor entre los jóvenes y en la población con menor
escolaridad. En consecuencia, las políticas que fortalezcan la
demanda por trabajo y que generen una oferta más flexible, capaz de
adecuarse a los cambios tecnológicos juegan un papel muy
significativo para mejorar la distribución de oportunidades: la
estabilidad macroeconómica sostenible, la formación vigorosa de
capital físico y la inversión creciente en la gente.
Las reformas económicas aplicadas en Chile en las últimas décadas han
tenido repercusiones notables en el campo social. El cambio de las
condiciones estructurales, que significó un giro desde una economía con
fuerte presencia estatal a una liderada por la libre acción de los mercados,
implicó muchas alteraciones en la distribución del bienestar de la población.
Por una parte, hubo fuertes efectos directos negativos sobre diversos
indicadores sociales, producto del paso de un modelo que consideraba a la
distribución del ingreso y a la lucha contra la pobreza como objetivos de
primer orden, a uno que concentró sus metas en la neutralidad de sus
políticas. Por otra, la aplicación extrema de los principios neoliberales y la
omisión de consideraciones sobre la heterogeneidad de los agentes, la
segmentación y fallas de los mercados, se tradujeron en costosos procesos
de ajuste y severas recesiones, en un marco caracterizado por una escasa
84
inversión productiva y un alto desempleo. Así estas políticas tuvieron un
impacto negativo sobre una población desprotegida. Por esto, no son
extraños el empeoramiento de la distribución del ingreso y los altos niveles
de pobreza que predominaron durante el gobierno militar de Augusto
Pinochet.
Dentro del marco de las reformas cabe destacar la reforma tributaria que
incluyó la eliminación de gravámenes sobre la riqueza y las ganancias de
capital y una reducción substancial de la carga tributaria sobre las utilidades.
Por otro lado, se adoptó el IVA (impuesto al valor agregado), suprimiéndose
las exenciones existentes sobre los bienes de consumo básico.
El gasto público, como porcentaje del PIB, fue reducido en más de un
cuarto con relación a fines de los sesenta, luego de haber crecido
exageradamente entre 1970 y 1979.
A mediados de los setenta, se produjo la privatización de gran parte de
los medios de producción poseídos por el Estado. El proceso fue conducido
en medio de una recesión interna y tasas de interés internas
extremadamente altas. Por este motivo, pocos grupos, dentro del sector
privado, tuvieron acceso a su compra, en particular aquéllos con mayor
disponibilidad de créditos externos, reforzándose los privilegios de una
minoría y la concentración de la propiedad.
La legislación laboral experimentó grandes cambios que impactaron
negativamente a los trabajadores. La cobertura del salario mínimo fue
reducida. Los sindicatos fueron suspendidos en septiembre de 1973; más
tarde, en 1979, fueron autorizados nuevamente, pero con atribuciones
limitadas que impedían la negociación colectiva con sindicatos de otras
empresas, restringían los derechos de los líderes sindicales. Junto con la
represión política y la depresión económica, la legislación fue efectiva en
reducir el poder de las organizaciones sociales y sus posibilidades para
85
defender sus derechos. Estos factores institucionales aparecen como una
importante causa de la informatización y del deterioro absoluto, por largos
períodos, de las condiciones salariales de los sectores de menores ingresos,
que caracterizaron el gobierno militar.
En los inicios de los años ochenta hubo dos reformas estructurales de
gran significación, que tuvieron un fuerte impacto sobre el presupuesto fiscal,
con evidentes efectos distributivos en el momento de activación de las
reformas.
a) Los cambios estructurales en la salud culminaron con la conformación
de un sistema dual, con una parte pública que actúa mediante un
fondo solidario (FONASA), y una parte privada, conformada por una
red de instituciones de salud provisional (ISAPRES) que compiten
entre sí, funcionando como compañías aseguradoras.
b) En el año 1981 inician sus actividades las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFPS), en lo que marcó el tránsito desde un sistema
de reparto a uno de capitalización individual, con claras
consecuencias distributivas.
Por último, las reformas comerciales impulsadas desde mediados de los
setenta, aparecen como un agente clave en la explicación de la evolución
factorial del ingreso. Por una parte, significaron un gran impacto en la
estructura productiva nacional, lo que se tradujo en una apreciable
disminución relativa del empleo en algunos sectores (particularmente intensa
en la industria) acompañada de un dinamismo en los sectores en expansión.
La mejora distributiva estructural es una tarea de largo plazo, que
precisa, entre otros aspectos, de:
86
a) Perfeccionar el manejo macroeconómico, para disminuir la
vulnerabilidad de la economía ante los shocks externos, cuyos efectos
son siempre regresivos.
b) Continuar reduciendo las evasiones tributarias.
c) Implementar sistemáticamente la reforma educacional, mejorando y
homogeneizando su calidad, con el correspondiente financiamiento.
d) Dar un gran salto en la cantidad, funcionalidad y eficiencia de la
capacitación laboral.
e) Elevar significativamente las oportunidades de acceso de las PYMES
al financiamiento, a la tecnología y a los mercados.
Cualquier política distributiva que busque ser efectiva, tampoco debe
ignorar la estratificación ya existente al interior del grupo de los asalariados,
trabajadores independientes, profesionales y pequeños empresarios. 34
RELACION ENTRE POBREZA, MARGINACION, VIOLENCIA,
DELINCUENCIA.
Según las ciencias sociales existen dos teorías básicas para el estudio de
la violencia y de la conducta delictiva, las que se presentan en diversas
combinaciones: la teoría de la ruptura o de la anomia y la teoría de las
formas de socialización.
34 MORA GUTIERREZ, T. y MONASTERIO CALDERON, M. ob.cit.1999, pp.82 y ss. “En Chile, los primeros trabajadores en organizarse fueron los de la minería, que aunque cuantitativamente fueron escasos y muy localizados geográficamente, su aporte fue significativo para la formación de organizaciones sindicales y la radicalización que indujeron a otros grupos laborales cercanos regionalmente a las industrias mineras. Pero, claramente, el mayor aporte al proceso de organización del proletariado proviene del sector industrial, en especial desde la década de los 40, cuando su fuerza de trabajo creció significativamente, disminuyendo en las décadas posteriores, en que aumentó la fuerza laboral identificada con las actividades terciarias. Todo ello originó un conjunto de sectores laborales decrecientes y conflictiva gravitación, dentro del cual destaca un sector de trabajadores no organizados, asalariados o no, subempleados y de baja productividad, que viven en condiciones muy precarias y tienen escaso acceso a los beneficios del sistema económico social, no sólo los que entrega el mercado, sino los distribuidos a través del aparato estatal. Aparece, además, otro sector de empleados, profesionales, pequeños y medianos empresarios, con ingresos medios y altos, que aunque están fuera de las grandes propiedades rurales e industriales y de las grandes empresas, han logrado una ocupación estable, protegida por las garantías que otorga el acceso a las profesiones, a la administración del Estado y a la industria.”
87
En el primer caso, se privilegian como factores explicativos las
dimensiones estructurales y sociales. Así, en este enfoque, la violencia
surgiría de la ruptura o desajuste de orden social, es decir, de cambios
sociales acelerados como efecto de la industrialización o la urbanización
que, por ejemplo, disuelven los mecanismos tradicionales de control social y
generan una brecha entre aspiraciones y los medios social y culturalmente
aceptados para hacer realidad esas aspiraciones. En esa línea, la conducta
delictiva dependería de la capacidad de los individuos para alcanzar las
metas-éxitos de acuerdo a su entorno social y a la importancia asignada al
éxito económico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, existiría una
correlación importante entre la falta de mecanismos para conseguir los
objetivos socialmente valorados y delincuencia.
En el segundo caso, el énfasis se coloca en la socialización, es decir, la
violencia comprendería dimensiones organizativas, institucionales y
culturales que pueden conducir a la selección de estrategias violentas por
parte de ciertos actores sociales. En esta línea, las causas primarias del
delito se derivarían de la existencia de grupos subculturales de delincuentes
(grupos de amigos, familia, cárcel), que traspasan los conocimientos
delictuales.35
Existe cierto consenso en definir la violencia como el uso o amenaza de
uso, de la fuerza física o psicológica, con intención de hacer daño en forma
recurrente como una forma de resolver los conflictos. La violencia tiene
relación con la agresividad, pero no equivale solo a una agresión puesto que
debe ser recurrente y ser parte de un proceso. A su vez, la agresión tiene
una base psicológica en la frustración, pero para que ésta induzca a actos
agresivos tiene que combinarse con ciertas características como bloquear la
35 ARRIAGADA, Irma y GODOY, Lorena. “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina: Diagnóstico y Políticas en los años noventa”. División de Desarrollo Social. Naciones Unidad. CEPAL. 1999, pp.8 y ss.
88
obtención de un objetivo ya anticipado; provocar ira o afectar a individuos
que han aprendido a responder agresivamente. En otros términos, la
violencia y los aspectos relacionados con la agresión y la frustración
obedecen a un complejo conjunto de elementos psicológicos, sociales y
culturales.
Esta complejidad se expresa en la gran diversidad de tipos y niveles de
violencia. Esta puede ser de tipo instrumental o proactiva, es decir, ejercida
para obtener una meta diferente de la violencia misma. Por ejemplo,
violencia política, o violencia del narcotráfico. O puede ser de tipo emocional
o reactiva, que es una respuesta agresiva cuya meta final no persigue otro
fin que el causar daño.
En vista de la naturaleza del fenómeno de la violencia, es conveniente
identificar los factores que inciden en ella o que se asocian a ella con mayor
frecuencia y que habitualmente actúan de manera simultánea.
Los factores de riesgo pueden ser clasificados en tres grandes conjuntos:
a) Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de
las personas: sexo, edad, educación, socialización, consumo de
alcohol y drogas.
Sexo y edad son categorías individuales relevantes ya que hay una
incidencia mucho mayor tanto de víctimas, como agresores entre
hombres jóvenes, con formas de violencia específica contra las
mujeres. Junto con estos factores, los bajos niveles educacionales y
el haber sido víctimas o testigos de abuso físico en sus hogares,
también contribuyen a mayores niveles de violencia.
Jóvenes que abandonan tempranamente la escuela o que ven
limitadas sus oportunidades laborales y educacionales tienen una
mayor probabilidad de comprometerse en actividades de violencia.
89
b) Factores sociales, económicos y culturales: el desempleo, la pobreza,
el hacinamiento, la desigualdad social atentan contra la integración
social y generan marginalidad. Y más que la pobreza, es la marcada
desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales,
psicológicos la que genera mayor violencia.
La violencia en los medios de comunicación, la cultura de la
violencia juega un rol importante no sólo por el lugar
sobredimensionado que otorgan los medios de comunicación a los
hechos violentos, sino también por la transmisión de modelos de
resolución de conflictos.
Por otra parte, el despliegue de productos y servicios que a diario
se presentan en los medios de comunicación, los que parecen
disponibles, pero que están fuera del alcance de muchos, generan
elevadas expectativas que pueden ser fuente importante de
frustración, factor que tiende a asociarse a la violencia.
c) Factores contextuales e institucionales: guerras, tráfico de drogas,
corrupción, disponibilidad de armas de fuego, etc. Es el caso de
sociedades que han emergido de conflictos civiles, las que son más
proclives a patrones de violencia y con consecuencias más graves.
RESEÑA HISTORICA DE LA VIOLENCIA Y SU RELACION CON EL
ORDENAMIENTO JURIDICO.
Es conocida y celebrada dentro y fuera del país la casi mítica estabilidad
institucional chilena. Dicha característica ha sido atribuida a una serie de
factores, como el carácter cívico de su elite, o al “peso de la noche”36, o sea,
la tendencia de las masas populares al reposo, a la obediencia hacia las
36 JOCELYN-HOLT LETELIER, Alfredo. “El Peso de la Noche”. Editorial Planeta/Ariel, 1997, p.182
90
clases dirigentes. No han faltado tampoco quienes han destacado las
virtudes de las leyes y diversas constituciones, generando respeto y
observancia de la mayoría de los chilenos.
Antes de tratar este tema, es pertinente referirse, al menos brevemente, a
la historia de la violencia, a cómo ésta es entendida, principalmente, en
Occidente, a cuyos valores culturales Chile adhiere. Esto, considerando que
la mencionada estabilidad institucional chilena, a lo largo de su historia, ha
sido, frecuentemente, sacudida por episodios de violencia que la “versión
oficial” ha tachado de excepcionales.37
En opinión del autor Julio Aróstegui, la identificación de la violencia como
un fenómeno específico de las relaciones humanas y su categorización es
algo más bien reciente. De hecho, sería en las sociedades capitalistas
donde se identifica el acto de violencia38 .
Según el mismo autor, todo proceso de vertebración o reproducción
social lleva consigo la violencia, entendida ésta como un “proceso de
resolución no pautada de conflictos”39. De esta manera, la violencia sería
vista como una forma de relación social inserta dentro de cualquier
conformación social de carácter particular y por ende, toda sociedad
presentaría relaciones que pueden calificarse de violentas. La
criminalización de la violencia corresponde según esta concepción, a un
proceso histórico definido, identificable con los Tiempos Modernos. La
violencia correspondería a un acto que proviene del poder o que se efectúa
en contra de éste. Lo anterior, entendiendo que el poder es detentado por el
Estado40.
37 JOCELYN-HOLT LETELIER, A. ob.cit. 1997, p. 183 38 ARÓSTEGUI, Julio. “La Especificación de lo Genérico: La Violencia Política en perspectiva histórica”, en Violencia política , monográfico, Revista Sistema Nº 132-133. 1996, p. 11 39 ARÓSTEGUI, J. ob.cit. 1996, p. 12 40 ARÓSTEGUI, J. ob.cit. 1996, p. 14
91
Entonces, al verificarse un proceso modernizador de tipo capitalista e
industrial resultaría posible categorizar a la violencia y diferenciarla de las
manifestaciones anteriores a dicho proceso modernizador. Así, sería hacia la
época barroca, al consolidarse el absolutismo, cuando se identificaría el
crimen de la violencia, toda vez que en dicho momento histórico, se afianza
el poder del Estado para vigilar y castigar. Lo hasta aquí dicho, según
Aróstegui, redunda en que la violencia constituye un elemento de control
social instrumentalizado por la autoridad.41
La expansión del capitalismo llevaría, consecuencialmente con lo
anterior, a que las diferentes formas de violencia puedan identificarse dentro
de los procesos de cambio social. En efecto, dichos procesos albergarían el
choque de fuerzas que abogan por el cambio social y las que se resisten a
tales cambios.
Según Aróstegui, la historia moderna muestra el cambio desde lo rural a
lo urbano así como la gestación, dirección y resolución de grandes
movimientos de protesta y violencia. Frente a lo anterior, el monopolio de la
violencia en manos del Estado, luego que al consolidarse el absolutismo se
afianzara el poder del Estado para vigilar y castigar, redunda en la creación
de un nuevo orden de relaciones sociales, en el cual las clases dominantes
controlan al capital y el Estado mantienen bajo control el orden público, lo
que implica el sometimiento de las clases subordinadas. 42
Desde luego, es opinable que el acto de violencia responda nada más
que a la identificación que se le confiere en las sociedades capitalistas, toda
vez que ella ha sido desde siempre parte fundamental de la naturaleza del
poder, que a su vez responde a la naturaleza humana, así como un
fenómeno que en su expresión concentrada hace posible la idea de
sociedad.
41 ARÓSTEGUI, J. ob.cit. 1996, p. 21 42 ARÓSTEGUI, J. ob.cit. 1996, p. 25
92
Aún aceptando el criterio de Aróstegui, que anatematiza de manera
bastante clara la noción de Estado, en el sentido de que la violencia es un
acto que proviene del poder o que se efectúa en contra de éste, convendría
observar que el poder debe responder a referentes de legitimación.
En Chile, al consolidarse una democracia de masas a partir de la década
de 1920, como ya se ha explicado anteriormente, tales referentes de
legitimación de la autoridad serán, básicamente, el sufragio universal así
como la incorporación de la clase media como un actor relevante en el
proceso político.
Lo que cabe preguntarse entonces, es si la promulgación de la Ley Nº
17.798 sobre Control de Armas en 1972, al encontrarse el país gobernado
por una autoridad de investidura constitucional, contaba o no con la
legitimidad necesaria de acuerdo a su contexto histórico y político, para
instaurar en el ordenamiento jurídico, criterios como la noción de que debe
registrarse las armas a nombre del respectivo tenedor y ante una
determinada autoridad competente.
Parece bastante claro, que a pesar de la situación interna de creciente
actividad de la oposición de distintos sectores, el gobierno de Salvador
Allende respondió de modo incuestionable a los ya mencionados referentes
de legitimación del poder. En consecuencia, el monopolio de la violencia que
pretendió garantizar jurídicamente también se encontraba legitimado. Sin
embargo dicha legitimación se esfuma cuando, con posterioridad al golpe de
Estado, se pone en vigencia el Decreto Supremo Nº 400 de 1978, que fija el
texto refundido de la citada ley, con modificaciones introducidas por el
gobierno militar.
CARACTERIZACION DE LA VIOLENCIA SEGÚN JUAN BUSTOS
RAMIREZ.
93
Para el profesor Juan Bustos Ramírez, dentro de la sociedad, la fuerza
física, esto es, la violencia, al tener un carácter ilegítimo, puede ser ejercida
tanto por personas como por el Estado.
Cuando la violencia ilegítima es ejercida por el Estado, ésta puede ser
puntual o institucionalizada.
Cuando la violencia ilegítima es puntual, sea ésta ejercida por personas
particulares como por el Estado, no peligra la democracia a menos que el
sistema social no sea capaz de solucionar sus conflictos, cuestión que
sucede en aquellos casos en que un grupo social domina a otro43.
En opinión de Juan Bustos Ramírez, un caso extremo de violencia lo
constituye la violencia ilegítima institucional, que implica claramente un
dominio de un grupo sobre otro. Esta violencia puede ser:
a) Indirecta, de acuerdo con las características mismas de las
instituciones, como por ejemplo la falta de garantías procesales.
b) Directa, cuando las mismas instituciones tienen por finalidad la
violencia ilegítima, como ocurre con la desaparición forzada de
personas, lo que constituye un grado superior de dominación44.
La violencia, asimismo, tiene un carácter estructural cuando hay una
mayoría nacional excluida y una minoría privilegiada y dominante. Los
síntomas de esta violencia estructural se manifiestan a través del
desempleo, la vagancia, la prostitución, las enfermedades o el hambre, en
tanto que los bienes son detentados por unos pocos.
43 BUSTOS RAMIREZ, Juan. “Control Social y Sistema Penal”. Editorial Promociones Publicación Universitaria. 1987, p. 514 44 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 515
94
La sociedad se dividiría en clases contradictorias, dentro de las cuales se
carece de movilidad social: por una parte hay opulencia, alta calidad de
vida, educación y poder, y por la otra, hay hambre, explotación, cesantía,
enfermedad e ignorancia45.
Los sectores marginados no gozan o apenas cuentan con la cobertura de
los servicios básicos como salud, educación o vivienda.
La violencia estructural, al igual que la violencia institucional, puede ser
directa o indirecta. La distinción radica en que la violencia institucional puede
ser, en algunos casos, legítima al defender intereses y derechos de las
personas, en tanto que la violencia estructural es siempre ilegítima por haber
en ella un afán de dominación de unos sobre otros.
Según el profesor Juan Bustos Ramírez, en Chile, por lo pronto, la ley no
proviene de un diálogo ciudadano transparente, sino que de la imposición de
un grupo sobre otro46, toda vez que desde que fue conseguida la
independencia nacional, fue la elite económica y política la que lideró dicho
proceso y no, la sociedad civil, lo que explicaría los periódicos episodios
violentos registrados en nuestra historia nacional.
Al aplicar el enfoque del profesor Juan Bustos, resulta claro que en Chile
ha existido una violencia estructural. Si se somete a un escepticismo
sistemático la fórmula religiosa y aristocrática con que se legitimaba la
autoridad en los años del Estado Portaliano, la conclusión a que
inexorablemente se llega es que en Chile gobernaba la aristocracia, la que
constituía una minoría dentro del país y que favorecía sus intereses de
grupo. Sin embargo, esta concepción no cuestionó la consolidación de una
sociedad además de republicana, democrática, sino que la pospuso.
45 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 516 46 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p.535
95
Los episodios de violencia en contra del poder serán protagonizados,
fundamentalmente, por integrantes de la propia aristocracia - entendiendo a
la aristocracia, prácticamente, como un cuerpo colegiado, en la visión
intuitiva de Portales. Y esta base aristocrática de legitimación del Estado
Portaliano se debilitará no porque "el pueblo organizado recurra a las armas
para enfrentar a la tiranía", sino por los cambios ocurridos dentro de la
propia aristocracia, los que se cristalizan en la instauración del sufragio
universal para todos los varones mayores de 21 años que supieran leer y
escribir, ocurrida en el año 1874. Lo anterior, será el germen de la
democracia de masas que se consolida a partir de la década de 1920.
Durante el siglo XX, existirá una clara tendencia a enfrentar la violencia
estructural existente en lo económico, recurriendo a la violencia institucional
legítima, lo que se expresará en la entrada en vigencia de la primera
legislación social y la Constitución de 1925, la dictación del Decreto Ley Nº
520, que servirá de base para la creación del Área de Propiedad Social, así
como la Ley de Reforma Agraria, todo lo cual implica un claro avance en
cuanto a los derechos fundamentales de segunda generación. Sin embargo,
es indiscutible la práctica de una violencia institucional ilegítima durante
gobiernos como el de Carlos Ibáñez del Campo y el de Augusto Pinochet.
El Decreto Supremo Nº 400 de 1978 fue un instrumento útil para aplastar
una violencia en contra del poder oficial, que era políticamente
desaconsejable y culturalmente ajeno a Chile, pero respecto de cuya
legitimidad el debate aún se mantiene vigente.
SOCIEDAD CIVIL, ESTADO Y DERECHO PENAL.
A) EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Hemos querido referirnos primeramente a la sociedad civil y su relación
con el poder público como antecedente para referirnos posteriormente al
96
ámbito del Derecho Penal, el cual, por su carácter represivo y castigador,
tiene especial relevancia al momento de analizar las políticas de control
social practicadas por parte del Estado.
Siendo la elite dominante quien ha detentado el poder y controlado al
Estado, este último ha respondido a sus intereses, desplazando a la
sociedad civil del ejercicio de la soberanía, la cual, progresivamente, ha
ganado ciertos espacios dentro de una política de cooptación, entendiendo
también que la propia evolución histórica ha llevado a cambios en la
mentalidad de las clases dominantes.
En esta memoria se entenderá por “sociedad civil”, el ámbito de las
relaciones sociales no reguladas por el Estado, visto éste como el aparato u
órgano del poder coactivo.
Estos conceptos son propios del orden implantado por la burguesía tras
la Revolución Francesa, en el cual las relaciones económicas no necesitan
regulación pública porque se supone que tales relaciones se autorregulan,
forman parte del ámbito de las relaciones privadas, tal como está, en gran
medida, consagrado en la Constitución de 1980, la que resalta enormemente
la protección a la propiedad privada.
Autores como Marx y Hegel distinguieron lo que es sociedad civil del
ámbito de las relaciones políticas. La definición es negativa, de manera que
abarca todo lo que queda fuera de las relaciones reguladas por el Estado47.
Lo que difiere en distintos matices respecto a esta definición dice relación
con el evento de que tenga un carácter pre-estatal, anti-estatal o post-
estatal.
47 HART, H.L.A.”El Concepto del Derecho”. Editorial Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 1977, pp. 40-41
97
En el primer caso, pre-estatal, corresponde a una visión iusnaturalista, en
la cual antes del Estado existe una serie de asociaciones, en torno a
intereses que luego el Estado debe proteger y garantizar, sin obstaculizarlos.
En el segundo caso, anti-estatal, se la ve como la instancia de cambio en
las relaciones de poder, como una lucha en contra del poder político, visto
negativamente como opresor, y
La tercera acepción, post-estatal, corresponde a la visión marxista de una
sociedad en la cual el Estado se ha suprimido; cuando se ha alcanzado el
ideal de una sociedad sin clases. Respecto a lo último, Gramsci habló de la
absorción de la sociedad política en la civil48.
En definitiva, la sociedad civil puede visualizarse como el lugar en el cual
surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos,
religiosos que el Estado debe resolver o reprimir. Los sujetos de estos
conflictos son los individuos, o más bien, los grupos, movimientos,
organizaciones que los representan. Los partidos políticos están, en un
sentido, dentro de la sociedad civil y en otro, fuera, por su cercanía o
aspiración al poder institucional49.
Las aspiraciones y demandas que se manifiestan en la sociedad civil, no
siempre pueden ser satisfechas por el poder institucional. Entonces, el
agudo contraste entre dichas demandas y la capacidad de respuesta del
poder político, provoca las crisis de gobernabilidad, lo que lleva a plantear el
tema de la legitimidad del poder público.
Las instituciones detentan un “poder legítimo” como señala Weber,
cuando dicho poder toma decisiones que son aceptadas y realizadas, ya que
emanan de autoridades a las que se les reconoce el derecho a tomar
48 HART, H.L.A. ob.cit. 1977, pp. 41-42 49 HART, H.L.A. ob.cit. 1977, p. 43
98
decisiones válidas para toda la comunidad. En consecuencia, durante las
épocas de crisis institucional, es en la sociedad civil donde los poderes
tienden a buscar su legitimación, incluso en detrimento del poder legal50.
Cabe preguntarse entonces, si en la evolución institucional de Chile, las
decisiones adoptadas por el poder oficial han sido aceptadas en ese
escenario de aspiraciones y demandas que se denomina sociedad civil y así,
si la falta de capacidad de respuesta del poder estatal ha generado períodos
de crisis de gobernabilidad.
Resulta notorio, como ya se ha explicado anteriormente, que la evolución
institucional de Chile ha avanzado desde una legitimación aristocrática del
poder hacia una legitimación granjeada a través del sufragio universal y la
incorporación de la clase media al proceso político. Se ha explicado,
también, la clara orientación de la legislatura durante el siglo XX (hasta el
año 1973) hacia la consagración de derechos fundamentales de segunda
generación, lo que apunta a la satisfacción de las aspiraciones y demandas
de la sociedad civil.
Es innegable que en el transcurso de nuestra historia se han producido
situaciones de protesta y cruenta represión; sin embargo, conviene analizar
si dichos episodios caracterizan simplemente un período dentro de la historia
nacional, como sucedió durante los últimos años del régimen
pseudoparlamentario, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y
durante el gobierno militar, o si constituyen acontecimientos condenables
que no caracterizan, de modo prevalente, la relación del poder público con la
sociedad civil, tal como sucedió durante el gobierno del Presidente Eduardo
Frei Montalva, período durante el cual, pese al creciente descontento hacia
el gobierno, la cruenta represión de la disidencia política no se
50 HART, H.L.A. ob.cit. 1977, p. 44
99
institucionalizó, el parlamento continuó funcionando normalmente y no se
prohibieron los partidos políticos ni las organizaciones sindicales.
Hecha esta distinción, no parece descabellado sostener que la
promulgación de la Ley Nº 17.798 en 1972 responde, más que al propósito
de reprimir las aspiraciones y demandas de la sociedad civil, a la intención
de conferirle a éstas una solución política (que no implicara la consideración
del conflicto, más allá del escepticismo sistemático, como un recurso
supuestamente útil para el desarrollo social). Sin embargo, es bastante claro
que luego de 1973, el propósito del gobierno militar, al poner en vigencia el
Decreto Supremo Nº 400 de 1978, fue marginar a la sociedad civil del
proceso político oficial.
Si se asume que en la esfera de la sociedad civil se ubica la opinión
pública, entendida ésta como la expresión pública de consenso o disenso
frente a las instituciones, transmitida mediante la prensa, entonces, sin
opinión pública la sociedad civil desaparece. Así sucede en los Estados
totalitarios, donde sólo cabe la opinión oficial51.
En la realidad nacional actual cabe preguntarse, consecuencialmente con
lo dicho, si con los principales medios de comunicación controlados por
grandes conglomerados empresariales, que defienden el modelo económico
y social imperante, la población resulta distraída de los problemas que tal
modelo presenta y con ello la opinión pública termina siendo dirigida hacia
un apoyo más o menos directo al mismo.
No es en lo absoluto descabellado sostener que los medios de
comunicación propenden en Chile al apaciguamiento de la opinión pública;
sin embargo, conviene observar que desde la recuperación de la democracia
en 1990, los medios de comunicación, que han pretendido apelar a la
51 HART, H.L.A. ob.cit.1977, p. 45
100
conciencia crítica de la sociedad chilena, han terminado desapareciendo
porque la gente no los consulta.
No resulta insustentable, entonces, la afirmación de que la sociedad
chilena es un grupo predominantemente oficialista y conservador. Así, las
transformaciones sociales no son imposibles, pero son lentas. Por lo demás,
no es un hecho poco importante la circunstancia de que la prensa,
paulatinamente, se ha fortalecido como grupo de interés dentro de la
sociedad chilena y que la clase política en razón de ello, cultiva una relación
cada día más condescendiente con ella. Así, perfectamente, podría
argumentarse que la prensa ha ido adquiriendo una identidad propia frente al
poder.
En Chile, la Constitución de 1980 reconoce que la soberanía reside en la
nación y que su ejercicio es efectuado por el pueblo, mediante las elecciones
y plebiscitos52. Sobre el particular cabría preguntarse por qué la soberanía,
entendida ésta como aquel atributo del poder estatal que determina que no
exista otro poder que se alce sobre él, no se encuentra radicada en el
pueblo.
Antiguamente, como es sabido, la soberanía fue detentada por los
monarcas, lo que cambió a partir de la Revolución Francesa, que en un
principio hizo residir la soberanía en el pueblo, como era el ideal russoniano.
Pero el posterior curso de los acontecimientos dejó a la nación, entendida
ésta como la sociedad políticamente organizada, como depositaria de la
soberanía. Esto, siguiendo a determinados autores habría permitido que
conforme al sistema capitalista imperante, pudiera aplicarse la discriminación
52 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, Artículo 5º, inciso 1º
101
electoral entre el sector propietario y el proletario53, algo conocido en Chile
hasta las primeras décadas del siglo XX.
Hoy en día, producto de la evolución histórico-institucional, parece
predominar la ideología del consenso social y ello implica un gran énfasis
puesto por el Estado en la seguridad y el orden público, antes que en el
respeto a los derechos fundamentales; pero la estabilidad de un régimen no
se relaciona con la legalidad o formalidad que cubren las actuaciones de las
instituciones jurídicas estatales, sino con la aceptación de las masas a las
mismas.54
De lo anterior resultaría que en la historia nacional podría entenderse
que la violencia, (que se ha hecho presente con más frecuencia de la que se
piensa), podría caracterizarse como la expresión de fuertes sentimientos de
frustración de parte de sectores populares, los grandes e históricos ausentes
en el proceso político nacional55. Pero no sería menos cierto que la violencia,
en muchos casos, habría sido la consecuencia del accionar del Estado al
respaldar los intereses de la elite en contra de las demandas pacíficas del
proletariado (de lo que constituirían ejemplo, las masacres obreras de
principios del siglo XX56 y aún el golpe militar de 1973, que puede
caracterizarse como el caso de represión más extremo ejercido desde la
oligarquía aliada, con las Fuerzas Armadas en contra de las masas).
53 VILLEGAS DIAZ, Myrna. “Terrorismo, un problema de Estado. Tratamiento Jurídico en la Legislación Comparada. Especial Referencia a los Delitos de Terrorismo en las legislaciones de Chile y España”, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. España. 2001, p. 30 54 VILLEGAS DIAZ, M. ob.cit. 2001, p.100. “Si un sistema tiene en el ejercicio del poder uno de los principales fundamentos de legitimidad, entonces dicha legitimidad dependerá en gran medida del reconocimiento que tenga de los gobernados y de que oriente su accionar hacia el interés general. En un sistema democrático debería poder disentirse sin que ello ponga en cuestión la continuidad del sistema imperante, pero en cambio en democracias con ciertas carencias o debilidades como las latinoamericanas, el conflicto social es visto como un factor de deslegitimación a partir de la inestabilidad que provoca”. 55 JOCELYN-HOLT LETELIER, Alfredo y CORREA, Sofía, et. al. “Historia del Siglo XX chileno: Balance Paradojal”. Editorial Sudamericana. 2001, pp. 15-16 y 61 56 GREZ TOSO, Sergio. “Escuela Santa María de Iquique. Las razones del poder”. Pluma y Pincel, Nº 183. 2005, pp. 30 - 32
102
B) EL CONTROL SOCIAL DE LA VIOLENCIA A TRAVES DEL
DERECHO PENAL.
Cualquier tipo de sociedad, desde las más primitivas, cuenta con reglas
sociales para sancionar los ataques contra la convivencia. Al ser tales reglas
insuficientes para garantizar dicha convivencia, nacen las normas jurídicas
que, mediante la imposición de la sanción jurídica buscan, según un cierto
plan, dirigir, desarrollar o modificar el orden social, como expresión de un
grado de organización y regulación de las conductas humanas más precisa y
vigorosa. El conjunto de dichas normas constituye el orden jurídico y el titular
de éste es el Estado, titular del orden social, de la propia sociedad. Tanto el
orden social como el orden jurídico se presentan como medios represivos
contra el individuo, o sea, como medios violentos, justificados para
garantizar la convivencia.
El orden jurídico y el Estado son la superestructura de un orden social
incapaz, por sí mismo, de regular la convivencia de un modo organizado y
pacífico. Teóricamente, si el orden social fuera autosuficiente, podría
pensarse en prescindir del orden jurídico y del Estado. Pero hoy debe
aceptarse al orden jurídico garantizado por el Estado como un instrumento
imprescindible para regular la convivencia social, según señala el autor
Francisco Muñoz Conde.57
Una parte de las normas jurídicas se refieren a aquellas conductas que
más gravemente atentan contra la convivencia social, por lo cual se
sancionan con el medio más duro contemplado en el ordenamiento jurídico:
la pena. La norma jurídico - penal es también un sistema de expectativas, ya
que las normas penales buscan que la conducta por ella prevista no se
realice. La realización de la conducta implica frustrar la expectativa de la
norma, y la respuesta a tal frustración es la aplicación de la pena.
57 MUÑOZ CONDE, Francisco. “Derecho Penal, Parte General”. Editorial Tirant Lo Blanch. 1998, pp. 30-31
103
Se ha aludido en los párrafos anteriores a la violencia y a cómo ésta
puede ser definida. Al respecto, habría que añadir que al hablar del Derecho
Penal, también se está hablando, en gran medida, de la violencia, pues
violentos son muchos de los casos contemplados en el Derecho Penal, tales
como robos, asesinatos o terrorismo, y violenta es también la forma de la
respuesta del Derecho Penal ante estos hechos, como son las cárceles o las
suspensiones de derechos. La violencia está presente en todas las
instituciones básicas que rigen al mundo, incluyendo al Derecho Penal.
Más allá de los deseos de que la violencia dejara de regir en las
relaciones sociales, la violencia siempre estará presente, practicada por
todos, por quienes delinquen y por quienes definen y sancionan a la
delincuencia, por el individuo y por el Estado, por los pobres y por los ricos.
Pero no toda violencia es valorada y tratada por igual. No es lo mismo matar
para comer que hacerlo para que otros no coman. Pero no siempre ella
aparece de forma tal que se la pueda tratar de un modo concluyente, porque
adopta modos y formas de expresión mucho más complejas y sutiles.58
La violencia es un problema social, pero también semántico, ya que sólo
a partir de un cierto contexto social, económico o político es posible
valorarla, explicarla, condenarla o definirla. No puede, por tanto, darse un
concepto unívoco de violencia sin considerar el contexto social en el que
ésta se produce. Eso lleva, por ejemplo, a que sujetos considerados en un
tiempo y lugar como héroes, en otro contexto sean definidos como
criminales de guerra y viceversa. Los juicios de valor que se emitan siempre
estarán limitados por la subjetividad, ya que somos hijos de nuestro tiempo,
sin podernos sustraer a nuestro propio contexto, a nuestras propias
limitaciones.
58 MUÑOZ CONDE, F. ob.cit.1998, pp. 29-30
104
El Derecho Penal, tanto en los casos que sanciona como en la forma de
sancionar es violencia, pero no toda la violencia es Derecho Penal. La
violencia caracteriza a todas las instituciones sociales creadas para la
defensa o protección de ciertos intereses, legítimos o no. La violencia es, por
tanto, consustancial a toda institución de control social. Lo que diferencia al
Derecho Penal de otras instituciones de control social es la “formalización”
del control, liberándolo hasta donde es posible, del coyunturalismo y la
subjetividad propios de otros sistemas de control social. El control social de
tipo jurídico- penal, es, además, un control normativo, o sea, ejercido a
través de un conjunto de normas creadas previamente al efecto.
El Derecho Penal es parte de un sistema de control social mucho más
amplio, al que es inherente el ejercicio de la violencia para proteger ciertos
intereses.59
En este marco, la imposición de la pena puede ser vista como la
autoconstatación o autoconfirmación del poder del Estado, ya que mediante
ella éste confirma su propio sistema60, de acuerdo al profesor Juan Bustos
Ramírez. Según su parecer, esta autoconstatación estaría dirigida hacia un
sector social, que serían los marginales y los estratos sociales más bajos,
porque a ellos se los tiende a identificar con el delito.
El Derecho Penal latinoamericano sería una expresión del colonialismo
en cuanto a su conceptualización ético - filosófica en relación a la norma y al
sujeto pues la ley es visualizada como el espíritu legislativo en la cabeza del
legislador, o sea, una abstracción fuera de la realidad. De allí que las
legislaciones de Europa y Latinoamérica sean similares, en circunstancias
de que las sociedades a las cuales rigen registran importantes diferencias.
59 MUÑOZ CONDE, F. ob.cit. 1998, p. 30 60 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 529
105
En el caso del sujeto responsable, se le visualiza como éticamente
perfecto, que actúa movido por el libre albedrío, lo que sirve de fundamento
al principio de igualdad ante la ley61, sin considerar las diferencias sociales y
económicas que terminan convirtiendo al sistema judicial en una justicia de
clase, favorable a las elites pero implacable con los desposeídos.
En el tema que nos ocupa, que es la tenencia de armas por parte de la
población civil y junto con ello, el monopolio de la fuerza por parte de la
autoridad pública, se destaca que como en toda figura penal, lo que se
defiende son bienes jurídicos, es decir, intereses socialmente relevantes.
Pero, según este enfoque, en el caso de Chile, lo que parece protegerse
realmente es el sistema imperante, mediante la legitimación otorgada por los
bienes jurídicos.
En las sociedades capitalistas como la chilena, el Estado se confunde
con el propio sistema imperante; no se separa de las relaciones sociales y
productivas.
En este plano surge la defensa social ante el delito, el cual es visto como
un daño y el delincuente, como un enemigo social62. En Chile existió la figura
del gañán, el malentretenido, el bandolero, personajes ajenos a la sociedad
regida por la ley. Hoy, tal individuo se repite a través del marginal, el
desadaptado o el simple delincuente, aquél que hace del delito su forma de
vida.
El capitalismo requiere lo que se llama “consenso social” en torno a su
modelo económico, para lo cual recurre a figuras como la antes señalada
“defensa social” ante el delincuente o enemigo social, retomando conceptos
de corte positivista que señalan a ciertos sujetos como desadaptados, los
que deben ser “reeducados” para reinsertarse en la sociedad63.
61 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 535 62 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, pp. 61-62 63 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 65
106
Se presenta la dificultad de que un Estado democrático dice representar
a todos o a la mayoría, pero en la realidad social y económica, ciertas
minorías constituyen grupos dominantes y hegemónicos64. Por lo tanto,
debe abrirse hacia otros sectores excluidos, como ocurrió en Chile a través
de las leyes sociales, a principios del siglo XX.
.
Por otra parte, en el Derecho Penal hay una función simbólica y otra
instrumental. En la primera, se trata del mensaje que es lanzado a la
sociedad por los controladores del proceso de criminalización y en la
segunda, de las finalidades de la pena, como pueden ser la defensa social
ya señalada o la prevención general o la especial, que serán explicadas
posteriormente.65.
Hay eficacia en la protección de los bienes jurídicos cuando la escala
axiológica que convierte ciertas conductas en ilícitas es reforzada con la
conminación de la pena.66
Puede ocurrir también que la función simbólica se utilice para crear y
reforzar representaciones ideológicas en un ámbito más amplio que el de la
función instrumental. La tutela de bienes jurídicos sería, en estos casos, el
64 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 72 65TERRADILLOS BASOCO, Juan. “Función Simbólica y Objeto de Protección del Derecho Penal” en Pena y Estado. Editorial Jurídica Cono Sur Ltda.1995, pp.10 y 30. Durkheim, citado por Juan Terradillos, dice que: “ en el Derecho Penal las funciones instrumental y simbólica están estrechamente unidas, ya que si la aptitud de la función instrumental reside en evitar la realización de ciertos ilícitos, la función simbólica será considerada apta cuando induce a representaciones individuales o colectivas, ya que todas las acciones humanas en contextos sociales buscan comunicar significados a los demás. Según Winfried Hassemer, el simbolismo del Derecho Penal encierra funciones manifiestas y otras latentes. Las primeras dicen relación con la consabida protección de los bienes jurídicos, en tanto que las latentes pueden ser múltiples, como el apaciguamiento de la población, la “necesidad de actuar”, hasta la demostración de un Estado fuerte”. 66TERRADILLOS BASOCO, J. ob.cit. 1995, pp. 10-11. “Pero esto trae el riesgo de que sólo se busque potenciar la función simbólica, sin atender a una real eficacia, cuando las normas legales y conminaciones penales no tienen operatividad frente al delito. Puede haber muchas normas, cubriendo los objetivos simbólicos, pero pocos o nulos medios para ponerlas en práctica”.
107
objeto de la función instrumental, y el reforzamiento de valores, el de la
función simbólica.67
La función simbólica, al buscar transmitir la sensación de eficacia del
sistema normativo, induce al aumento de la represión, porque esto se ve
precisamente como la confirmación de esa eficacia68.
Esto se refleja en Chile, en una creciente sensación de miedo en la
ciudadanía y una apuesta por endurecer las penalidades, sin considerar el
factor social en la producción del delito y en la falsa sensación de
inseguridad. Pero, en concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, el
objetivo último del sistema penal no sería evitar la comisión de los delitos
que lesionan a los bienes jurídicos protegidos, sino que aniquilar a los
enemigos sociales, reforzando el consenso social y confirmando
simbólicamente la vigencia de las normas. Juan Bustos Ramírez plantea
que esto se aleja de la base garantista y simbólica del bien jurídico69. O sea,
que en un sistema democrático la idea de proteger penalmente bienes
67TERRADILLOS BASOCO, J. ob.cit. 1995, pp. 11-14. “La función simbólica entonces puede llevar, como sostiene Hassemer, citado por el mismo autor, a que la aparente eficacia del Derecho se vea a través del refuerzo de los mecanismos represivos. Así, se producen otros efectos, consciente o inconscientemente buscados, por los cuales se da la falsa imagen de que reforzar la represión es la respuesta adecuada al delito, porque el crimen no es el resultado de factores sociales a los cuales hacer frente, sino que de la decisión de los delincuentes, por lo que sólo cabe endurecer la reacción social- institucional. La autoafirmación del Estado requiere de un consenso conservador, basado en el apego a lo propio, que identifique ideológicamente con el poder y la consideración de que todos los que discrepan son los “otros”. Las capas populares con trabajo pueden aferrarse a una situación material que se reputa superior a etapas anteriores y se produzca un mayor consenso en torno a los valores burgueses predominantes, enalteciendo enormemente al patrimonio, que sea el elemento del consenso de las mayorías. Al ser los preceptos penales, teóricamente encaminados a defender bienes jurídicos en los cuales la mayoría está de acuerdo, utilizados para defender el status quo, se sobrepasan los objetivos de la función simbólica, por lo que entonces se habla de la función ideológica del Derecho Penal, lo que es un término amplio que puede abarcar lo que Lenk llama las representaciones conscientes de lo intereses dominantes, representados como intereses generales. Hormazábal denuncia que las fórmula ideológicas pueden manifestarse en los bienes jurídicos, encubriendo la verdadera naturaleza de las relaciones sociales concretas que se protegen en el Derecho Penal, con lo que el objetivo protegido corresponderá, en forma encubierta, a los intereses de las clases hegemónicas, lo que objetivará una determinada visión del mundo a través de la norma penal que fijará pautas de conducta social. El Derecho Penal no buscaría prioritariamente la protección de los bienes jurídicos (no es allí donde debe evaluarse su eventual fracaso), sino la aniquilación de lo enemigos sociales, según W. Paul.” 68 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, pp. 13-14 69 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p. 16
108
jurídicos busca garantizar ciertos derechos de los ciudadanos en primer
lugar y no, proteger la vigencia de un sistema por sobre los intereses de las
personas.
.
En este marco, la protección de bienes jurídicos pasa a ser una tapadera
de otros fines, relacionados con la protección de ciertos modos de
producción en el marco de una sociedad capitalista.
En el sistema alemán, perfectamente aplicable a Chile en el discurso
oficial, se habla de la sociedad como una comunidad homogénea de
intereses y valores comunes que se defiende de una minoría de desviados o
antisociales; la polaridad se coloca entre ciertos individuos y estos y la
sociedad, pero no, en las contradicciones estructurales de la misma
sociedad y entre los distintos grupos sociales.
Mediante el endurecimiento de las penas se buscaría el control de las
conductas, pero ante todo, asegurar la lealtad de los sujetos al Estado, al
propio sistema. Habría un desplazamiento desde un concepto liberal del
Derecho Penal orientado al ciudadano, hacia otro autoritario del Derecho,
orientado al enemigo. La imputación de la responsabilidad penal no va hacia
el ciudadano libre y con derechos, sino que va a los sujetos como un peligro
para los bienes jurídicos protegidos, según plantea Jakobs.70.
Como se ha mencionado, existen las funciones de prevención general y
especial de las penas. La prevención general positiva busca la
resocialización del infractor de la ley, tendencia ésta que ha sido aplicada en
América del Norte y Europa en los años 70. Pero, los programas de
rehabilitación pueden ser vistos más bien como hipótesis falsificadas por
programas investigativos de control social.
70 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p.46
109
La función preventiva general negativa es aquélla que busca la disuasión
de potenciales infractores a través de la amenaza de castigo, lo que tiene
amplia aceptación social, pero poca efectividad real71, como ocurre en Chile,
ya que la teoría de la intimidación general se basa en el miedo que inspiraría
la amenaza del castigo penal, el espectáculo de la aplicación de las penas a
potenciales infractores de la ley, lo que no ocurre en la realidad, a la luz de
las estadísticas que se señalan en este mismo trabajo, sobre el aumento del
número de aprehendidos por ciertos delitos, especialmente aquellos contra
la propiedad.
Una nueva tendencia sostiene que la pena no va dirigida contra los
infractores actuales o potenciales de la ley, sino hacia los ciudadanos
respetuosos de la misma, para reforzar su confianza en el sistema, en la
institucionalidad, que se ve quebrantada por la comisión de delitos. De esta
forma, la función de prevención general del sistema se identifica con la
función simbólica del Derecho Penal; se trata de una confirmación simbólica,
no empírica, de las normas, reforzando la confianza en el sistema, más que
proteger los bienes jurídicos72.
La democracia está sustituida por la comunicación entre los políticos y su
público, por una verdadera tecnocracia, lo que lleva a concebir a la política
como un espectáculo de masas, de marketing, como de hecho ocurre en la
realidad nacional, en la cual predominan las imágenes, en que se busca no
modificar la realidad, sino la percepción del público sobre la realidad73. En
consecuencia, según Bustos, los débiles debieran poder asociarse para
enfrentar efectivamente a todos aquellos que por su ocupación, prestigio,
riqueza, etnia o religión, tienen posiciones de poder social. Lo anterior,
entendiendo que los débiles son las principales víctimas del delito.
71 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p.49 72 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, pp. 52-53 73 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, p.53
110
La solución de los conflictos sociales se ha orientado a la represión antes
que a otras vías de solución; como se ha señalado, el Derecho Penal cumple
ante todo una función simbólica, que da la impresión de que actúa y protege
a los bienes jurídicos, pero realmente pocos delitos caen en la esfera de
actuación del Derecho Penal, a lo que se agrega su claro sesgo clasista
pues, mayoritariamente, sujetos del estrato social bajo caen en prisión y esta
última no combate, sino que reproduce la criminalidad74.
En la práctica, no se combate el delito, sino que se organiza la
trasgresión a la ley. A este respecto, debe hacerse un distingo según el tipo
de delito, ya que el hecho que mayoritariamente sean pobres quienes caen
en prisión, indicaría que los delitos cometidos por estos son los más
intolerados, como aquellos contra la propiedad. Pero habría mayor tolerancia
cuando el delito lo cometen sujetos de una clase similar a la de las víctimas,
como los “lanzasos” (robo con sorpresa), con bajos índices de denuncia y
condena. Pero hay un límite a esa tolerancia ya que cuando los delitos
contra la propiedad afectan al sistema económico, éste endurece su
actuación.
Según este enfoque, la reducción radical de los delitos de poca monta
sería catastrófica para un segmento de la población que hace de tales actos
su modo de supervivencia, e incrementaría la población penal hasta un
punto de ser insuficiente la capacidad del sistema carcelario.
Por otra parte, los ilícitos contra el patrimonio que afecten al gran
comercio, la banca o la industria, afectan claramente al sistema económico
si alteran los procesos productivos, lo que lleva a la movilización de todo el
sistema penal, es decir, el aparataje judicial y policial en su persecución. Sin
embargo, habría que preguntarse, qué tan representativo es el porcentaje de
la población que sobrevive mediante la comisión de delitos menores; pues
74 BUSTOS RAMIREZ, J. ob.cit. 1987, pp. 70-71
111
quizás, como se afirma, colapsaría el sistema penal si todos fueran
encarcelados en prisión, pero no por eso dejarían de ser minoritarios los
hechores de tales delitos dentro del sector más pobre de la sociedad.
Constituye un aserto de carácter casi auto evidente, el hecho de que
dentro de la sociedad chilena existe una injusta distribución del ingreso. Pero
la idea de que, a través del monopolio de la fuerza por parte del Estado, lo
que se pretende es proteger el sistema imperante no es excluyente de la
protección de bienes jurídicos o de derechos de las personas, toda vez que
la eficacia práctica de dichas categorías jurídicas depende de la existencia
de una autoridad que pueda coaccionar para garantizar dicha eficacia
(aserto que se relaciona de modo irreductible, con el concepto de norma
jurídica, a diferencia de las normas morales y las normas de trato social). Sin
embargo, recurrir al enfoque de la prevención general negativa no constituye
una alternativa de solución seria frente al problema de la criminalidad,
mientras no se apliquen políticas públicas orientadas a redistribuir el ingreso
y a generar una sociedad más integrada (invirtiendo por ejemplo, en una
infraestructura que elimine los ghetos urbanos).
En síntesis, podemos concluir que la pobreza, la falta de oportunidades,
el desempleo, el hambre, la represión política, la desigualdad económica y
social, la marginación, la violencia, la criminalidad, constituyen amenazas
para la seguridad de la población.
En el próximo capítulo abordaremos el tema de la “seguridad ciudadana”,
definido de manera amplia como la preocupación por la calidad de vida y la
dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y
oportunidades sociales; fenómeno de la sociedad actual que se caracteriza
especialmente por su carácter subjetivo y su intangibilidad. Y analizaremos
cómo, para enfrentar la creciente sensación de miedo de la ciudadanía, no
basta sólo con aumentar las restricciones a través de una ley, endurecer las
penas, sino que también es importante considerar todos los factores sociales
112
en la producción del delito. Las medidas que se adopten deben considerar
un enfoque global de esta temática y deben ser emprendidas no sólo por la
autoridad sino que por la sociedad en su conjunto.
113
CAPITULO II
SEGURIDAD CIUDADANA
1. GENERALIDADES
Terminada la guerra fría y el conflicto entre los bloques del Este y Oeste
con la caída del muro de Berlín y la caída de los socialismos reales, se baten
en retirada los temas que durante gran parte del siglo resultaron vitales en la
articulación de los discursos sociales de la época. Se introducen en el
mundo una serie de cambios estructurales que afectan no sólo el campo
político sino también aspectos económicos, culturales, sociales de la
población, los que de alguna u otra manera van a redundar en la
idiosincrasia y la vida cotidiana de millones de seres humanos, que se van a
ver enfrentados a un nuevo campo de exigencias sociales en el mundo de
hoy como son el sobrevivir en una sociedad tremendamente competitiva y
exitista, en la cual predomina el modelo de la economía de mercado con
algunos rasgos de control por parte del Estado en aquellas materias que
suelen ser de mucha sensibilidad para la sociedad. 75
Las principales potencias mundiales cambian sus prioridades. El
mercado libre, las privatizaciones, la reducción del aparato estatal, la
globalización económica, comunicacional y cultural, el avance vertiginoso de
nuevas tecnologías y los espacios virtuales de interacción, emergen como
los ejes sobre los cuales giran los principales debates académicos, políticos,
empresariales, educativos e incluso religiosos.
En este nuevo contexto, surgen con fuerza nuevos temas públicos, los
cuales no son ajenos a los procesos globales, pero que adquieren la 75 TORRES ROJAS, Emilio y DE LA PUENTE LAFOY, Patricio. “Modelos Internacionales y Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana durante la Ultima Década”. Revista MAD. Nº 4. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. Mayo 2001, pp.1-2.
114
complejidad propia de los particularismos locales en los cuales se insertan,
generando cambios sustantivos en las corrientes sociales que marcaban
hasta hace poco los cursos de movimientos sociales y conflictos sociales en
el interior de los estados nacionales.
La preocupación por la seguridad ciudadana sólo encuentra un campo
verdaderamente fértil al concluir el siglo veinte, con un neo-liberalismo cuasi-
globalizado y una cohesión social notablemente debilitada por un
individualismo valórico.
La instalación durante los últimos años en muchos países de un discurso
centrado en la inseguridad y en Chile, particularmente, durante la última
década, legitimado por los medios de comunicación de masas, ha implicado
entender el tema como un problema social de primera importancia en la
agenda nacional y por tanto, de implicación política.
Así, los Estados modernos actuales han debido asumir y establecer
competencias frente a tres tipos de seguridad: la seguridad externa, la
seguridad interna o pública y la seguridad ciudadana.
La seguridad externa.
Constituye la primera y más antigua instancia que debió resguardar el
Estado, vinculándose a la defensa de la soberanía territorial de la nación de
posibles fuentes de amenaza provenientes del exterior. En esta esfera son
las Fuerzas Armadas de un país las instituciones en las cuales recae dicha
responsabilidad.
La seguridad interna o pública.
Se refiere a la necesidad de mantener el orden público y el imperio de las
leyes en el territorio de un Estado-Nación y su cumplimiento ha sido
115
habitualmente encargado a las fuerzas policiales en la mayor parte de las
democracias modernas.
La seguridad ciudadana
Si bien este tema no es completamente nuevo, tiene menos tradición que
los anteriores. Al menos desde los años cincuenta se viene manifestando y
no son pocos los que afirman que se instala hacia finales de los años
noventa, como una de las principales prioridades sociales del Manhattan
Institute, organización americana de orientación neoconservadora, que
considera que la guerra contra el comunismo ha concluido y que la nueva
prioridad debe dirigirse al resguardo de las personas y su calidad de vida,
bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos
resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden genera
delincuencia. 76
Esta doctrina constituye la base de la conocida teoría de las “ ventanas
rotas “ elaborada por James Q. Wilson y George Kelling, y que inspiró la
famosa política de Tolerancia Cero, encabezada por el alcalde de Nueva
York, Rudolph Giulliani.77
SEGURIDAD CIUDADANA podría ser definida como una condición de
resguardo que debe caracterizar a toda comunidad democrática, marcando
así la diferencia con los regímenes de excepción, en los cuales ésta pasa a
un segundo plano, dejando de estar en el tapete de las discusiones. Se ha
llegado a afirmar que la doctrina de seguridad ciudadana ha venido a
reemplazar a la doctrina de la seguridad nacional.
En consecuencia, debe entenderse la Seguridad Nacional desde una
perspectiva amplia, relacionada con el conjunto de sistemas de protección
76 TORRES ROJAS, E. y DE LA PUENTE LAFOY, P. ob.cit. 2001, p.2 77 TORRES ROJAS, E. y DE LA PUENTE LAFOY, P. ob.cit. 2001, p.2
116
de la vida y los bienes de los ciudadanos ante diferentes factores de riesgo o
amenaza. 78
La seguridad ciudadana está vinculada tanto a valores sociales de
respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como con el
libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales necesarias
para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad.
Ahora bien, para tratar de comprender mejor la relación que existe entre
seguridad ciudadana y tenencia de armas en nuestro país, debemos
remontarnos, por un lado, a la situación global que afectaba al mundo en la
década del 50 y luego situarnos en el contexto del gobierno militar del año
1973 y el posterior advenimiento de la democracia.
Una vez terminada la segunda guerra mundial, comienza en el mundo
una confrontación Este - Oeste conocida como la “Guerra Fría”. Se trataba
de una confrontación ideológica más que militar, de dos grandes
superpotencias: La Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambas se
enfrentaban en una lucha sin cuartel por lograr la hegemonía en el mundo, y
por crear, a su vez, áreas de influencia económica y política. Era una lucha
entre marxismo y capitalismo.
Estados Unidos, trataba de adoctrinar a los países del hemisferio Sur
bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, alentando a los países
subdesarrollados a combatir al marxismo.
El gobierno militar, instaurado en nuestro país en el año 1973, se alineó
con Estados Unidos, iniciando una guerra contra un enemigo interno, el
marxismo, en pos del principio de defensa de la seguridad nacional.
78 Documento “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”. Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. División Seguridad Ciudadana. Octubre 2004, p.9. www.segurridadciudadana.gob.cl
117
Este régimen militar reafirmó en nuestro país la idea que el monopolio de
las armas debía quedar en manos del Estado, y muy especialmente, en
manos de las Fuerzas Armadas.
La Ley Nº 17.798 sobre armas y explosivos, promulgada en el año 1972,
que había surgido como una reacción a los grupos armados revolucionarios
de la época y no, para reprimir la acción de delincuentes comunes, fue
modificada, a través del texto refundido de la Ley Nº 17.798, conforme el
Decreto Ley Nº 400 del 13 de abril de 1978, y adaptada a la nueva realidad
existente en el país, estableciéndose mayores requisitos y exigencias para la
adquisición de armas durante el gobierno militar.
Se estableció un control sobre las armas de fuego y se crearon
organismos de seguridad, los que cumplían la función de policía política,
usando y abusando de prácticas discrecionales e ilegales con toda
impunidad.
Con la llegada de la democracia, algunos de estos grupos encargados de
reprimir a la oposición política en tiempos del gobierno militar, así como
opositores al régimen con preparación militar (grupos paramilitares), al no
ser integrados al nuevo sistema político, se transformaron en un recurso
ocioso especializado que pasó a engrosar las filas de quienes delinquían.79
A esto se sumó un inadecuado manejo de la seguridad interna por parte
del gobierno civil en los primeros años de la democracia, debido a la
dificultad de actuar en un contexto caracterizado por la deslegitimación de
los organismos de seguridad y a la ausencia de estadísticas consolidadas
que permitieran dimensionar el fenómeno de la violencia de forma objetiva.
79 OVIEDO, Enrique. “Democracia y Seguridad Ciudadana en Chile”. Artículo escrito a partir de estudios realizados en el marco del Programa de Pobreza y Exclusión Social Sur. Centro de Estudios Sociales y Educación. 1998/1999, p.6
118
Asimismo, si durante el período autoritario, los medios de comunicación
habían puesto el acento en lo político, antes que en las acciones delictuales,
con la llegada de la democracia, los medios de comunicación – prensa
escrita y televisión – comienzan a jugar un papel trascendente, colocando la
violencia como un problema central en la transición política hacia la
democracia y poniendo a la seguridad ciudadana en el debate público.
La calidad del tratamiento que otorgan los medios de comunicación al
fenómeno criminal plantea un conjunto de problemas en la población,
referidos básicamente al impacto que tienen los medios respecto de la
opinión pública en materia de percepciones, actitudes y posición respecto
del fenómeno delictual en el país.
Algunas prácticas de los medios de comunicación enfatizan el enfoque
emotivo y en ocasiones desvinculado socialmente de los acontecimientos,
con lo cual contribuyen a exacerbar el temor ciudadano, quizás en forma
desproporcionada en relación con el riesgo objetivo que enfrentan las
personas en su vida cotidiana.
La violencia de los medios de comunicación juega un papel importante no
sólo por el lugar sobredimensionado que otorga a los hechos violentos, sino
también por la transmisión de modelos de resolución de conflictos. Más que
cumplir una función de drenaje de la energía agresiva, la violencia tendería a
instigar el comportamiento violento produciendo un efecto de imitación en la
audiencia. De manera que el aumento de la inseguridad como percepción
creciente entre la población se ve incentivado por la amplia cobertura y el
tipo de tratamiento que los medios de comunicación otorgan a los hechos de
carácter delictual y violento. 80
80 ARRIAGADA, I. y GODOY, L. ob.cit.1999, pp.9 y ss.
119
El tratamiento, muchas veces, sensacionalista de hechos de violencia y
delincuencia tienden a generar un clima de temor y una fuerte sensación de
vulnerabilidad en la población, no siempre real o correspondiente al nivel
observado de violencia.
Así, en la población comienza entonces a gestarse una gran sensación
de inseguridad debido a un supuesto aumento de la delincuencia. Las
personas empiezan a vivir con un marcado temor a verse víctimas de delitos,
tanto en sus bienes como en su persona, pero sin que exista en el
ciudadano medio un cuestionamiento y reflexión sobre la efectiva realidad
delictiva del país, sobre sus causas y sus modos de solución.
Esta falta de reflexión o análisis de la información de la situación real
respecto de la delincuencia, trae aparejada, como consecuencia, que las
personas, en forma privada, así como también las autoridades públicas
adopten soluciones que pueden cuestionarse tanto en su efectividad para
evitar este sentimiento de inseguridad como en su efectividad para prevenir
realmente el ser víctimas de un delito.
El creciente miedo al delito motiva conductas y excesivas medidas de
seguridad doméstica. Las medidas adoptadas, especialmente las que se
toman a nivel de particulares, como expresión del natural instinto de
autodefensa, no sólo no contribuyen a disminuir esta acentuada percepción
de inseguridad, sino que por el contrario, la acrecientan.
Por otra parte, en lo político, el ambiente público está impregnado de
“nuevas demandas”. Existe erosión en la confianza en las autoridades. El
temor y la angustia cotidiana ante una delincuencia que pareciera ir en
aumento y que no pareciera ser controlable por las instituciones encargadas
de mantener la paz social, pasan a ser el gérmen óptimo para el brote de
reacciones de autotutela.
120
En su afán de buscar seguridad y protección, la población adopta
medidas particulares de seguridad en sus hogares, tales como sistemas de
vigilancia privada, guardias de seguridad, sistemas de alarma, etc.
Asimismo, parte de la población se convence que el uso de las armas es
necesario para la autodefensa contra la delincuencia.
Sin embargo, la tenencia de armas de fuego en los hogares es un riesgo
por la eventualidad de ser causa de accidentes para sus habitantes, como
también por la posibilidad de proveer de ellas a los delincuentes que las
roban desde su interior, incrementando así el mercado ilícito de armas.
En definitiva, existe una percepción de inseguridad provocada por una
multiplicidad de factores, y en forma muy particular, por la influencia de los
medios de comunicación a través de la publicación de noticias referidas a la
comisión de delitos en particular o al temor de la población en general.
Ante esta situación de inseguridad y temor de la población debido a un
incremento de la violencia fomentada, en parte, por los medios de
comunicación, ante el incremento de hechos delictivos planteados por
diversos estudios y encuestas de opinión realizadas por instituciones
privadas, ante mayores demandas de la ciudadanía respecto de un control
más efectivo de la delincuencia, ante el crecimiento de medidas de
autoprotección de la población, y ante la ausencia de cifras estadísticas que
permitan tener una visión de conjunto de la problemática, la autoridad
democrática se ha visto enfrentada a buscar una solución conjunta con la
comunidad para resolver los problemas que les aquejan.
Surge entonces la evidente necesidad de adoptar soluciones integrales
que combinen tanto la prevención como el control en el tratamiento de la
violencia delictual para enfrentar la inseguridad ciudadana.
121
Así, una de las medidas de control adoptadas por el Estado es la
modificación de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, a través de la Ley
Nº 20.014, promulgada el 13 de mayo del 2005, la que ha buscado hacer
más restrictivo el acceso legal a las armas por parte de particulares, imponer
mayores exigencias al porte de armas y una mejor fiscalización de las
mismas.
Y entre los modelos de prevención se ha planteado la necesidad de
crear modelos alternativos a la tenencia de armas por parte de la población
civil, con el propósito de generar conciencia colectiva de que existen otros
métodos para defenderse de la violencia.
Dichos métodos alternativos, apuntan a una participación activa de la
comunidad en el resguardo de su propiedad y sus bienes. Aparece así la
seguridad comunitaria donde la población y la policía toman resguardos en
conjunto, para prevenir el delito. Aparecen nuevos modelos de participación
comunitaria (plan cuadrante, plan comuna segura), todos los cuales apuntan
a demostrar que el monopolio de las armas debe quedar en manos de la
autoridad y de la policía, que junto a los medios del estado de derecho,
resulta ser mucho más eficaz en la persecución y condena del delito.
En síntesis, tendríamos que decir que el concepto de seguridad
ciudadana apunta necesariamente a que la justicia eficaz y justa llega de la
mano del accionar de un estado de derecho, donde la policía debe enmarcar
su acción a las leyes y donde la comunidad puede hacer su aporte dentro
del marco que la autoridad le asigna. Se trata de forjar junto a la
democracia, a un estado que dé las garantías suficientes a los ciudadanos
para solucionarle sus problemas y que esté al servicio de la comunidad, pero
de tal manera que el bienestar no sólo provenga de la autoridad central,
sino, que el ciudadano también se convierta en un ser participativo de su
destino y de su vida.
122
En definitiva, el peso de la historia se vuelve a repetir. Volvemos a la idea
del Estado Portaliano, de un gobierno fuerte y centralizador, donde los
gobernantes sean modelos de virtud (demócratas), donde el estado sigue
quedando en manos de unos pocos, (la clase política), con un ligero matiz
del autoritarismo anterior, que es la participación ciudadana en el plano
político y de la seguridad personal. Pero el monopolio de la fuerza y de las
armas continúa quedando en manos del Estado como ente regulador de
situaciones extremas.
1.1 De la Seguridad Nacional a la Seguridad Ciudadana e n Chile
Hasta 1990 la seguridad y el orden público se fundaban en la doctrina de
la Seguridad Nacional, que privilegiaba la defensa del sistema político
institucional de amenazas externas e internas y miraban al ciudadano como
un elemento más que debe subordinarse a este fin.
Es decir, el concepto de seguridad obedecía a los requerimientos de un
estado autoritario y a la protección de una institucionalidad ad-hoc que
garantizaba su existencia y la seguridad interior con valores centrales como
el orden y el disciplinamiento social.81
A partir de 1990, y con la llegada de la democracia, se acuña
definitivamente en Chile el término seguridad ciudadana. Se introduce este
término en el vocabulario chileno y se comienza a hablar ya no del aumento
de la delincuencia simplemente, sino que de una carencia en materias de
Seguridad Ciudadana. Se empieza a considerar este término como un valor
dentro de nuestra sociedad, el que debe ser protegido en todos sus
aspectos. En una sociedad democrática, la seguridad de la nación es la
81 CANALES, Patricia y LOISEAU, Virginie. “Visiones acerca de la Seguridad Ciudadana en Chile.” DEPESES/BCN/SERIE ESTUDIOS, Año XIII, Nº 283. Santiago. Chile. Octubre 2003, pp.2 y ss. Biblioteca del Congreso Nacional
123
seguridad de los hombres y mujeres que la componen e implica, además de
la ausencia de riesgos o amenazas físicas, la existencia de condiciones
mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y otros.
Por qué en Chile comienza a hablarse de Seguridad o Inseguridad
Ciudadana en el año 1992 especialmente y no con anterioridad? Ello podría
derivarse de la modificación en la estructura política de nuestro país. Con el
nuevo gobierno democrático se produjo un CAMBIO que remeció a nuestra
sociedad, la que repentinamente sintió la inseguridad que significa el convivir
en libertad.
Ahora bien, el tema de la Seguridad Ciudadana plantea una serie de
interrogantes que hacen necesario estudiar este tema en profundidad,
analizar sus causas y orígenes para plantear soluciones que no provoquen
alarma pública a nuestra comunidad.
Esto es de suma importancia por cuanto en los últimos años se ha
hablado indiscriminadamente sobre el tema sin hacer un análisis profundo,
provocando confusión en la población e influyendo principalmente en la
creación y aumento de una percepción de inseguridad, vale decir, un estado
psicológico de la población en la cual las personas de la comunidad sienten
que pueden ser fácilmente víctimas de algún delito y que los autores no
serán sancionados adecuadamente. Frente al tema ha existido alarmismo
en su tratamiento por parte de diversos entes de la comunidad chilena, lo
cual se ha proyectado a la comunidad chilena, provocando un fuerte
sentimiento de inseguridad y de alarma pública.
Esta percepción de inseguridad habría acarreado alteraciones, tanto a
nivel interno subjetivo como en uno externo subjetivo.82
82 ROJAS GONZALEZ, Felipe Humberto.”La Percepción de Inseguridad y sus Efectos en el Alma Nacional”. Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2001, pp. 4 y ss.
124
Interno, en cuanto a la persona misma, provocando cambios psicológicos
y sociológicos de diversa magnitud, que irían desde la desconfianza,
carencia de solidaridad, hasta manifestaciones patológicas. Relacionado
íntimamente con el nivel interno se encontrarían las alteraciones externas
como por ejemplo, el aumento de las medidas de seguridad, mayores
resguardos de la propiedad a través de sistemas de alarmas y protección,
menor uso de calles y lugares públicos, etc..
Todo lo anterior desembocaría en modificaciones del alma nacional,
creando un menoscabo de nuestras raíces, una pérdida de tradiciones
solidarias y una generalizada desconfianza.
Habría en el país un nivel de inseguridad subjetiva que no sería acorde
con la realidad objetiva. Y tal percepción de inseguridad subjetiva frente a los
delitos ha ido modificando las conductas y actitudes de las personas e
incluso los sentimientos, causando transformaciones negativas en las
características nacionales, en las tradiciones y costumbres populares que le
otorgan su propia identidad y que han sido forjadas a través de la historia de
la nación.
La noción de seguridad ciudadana, se remite a la idea de ciudadanía, de
la cual se desprende una capacidad de los ciudadanos como agentes
activos, y no, como una masa relativamente pasiva, la cual demanda
seguridad de una instancia superior. Este concepto se vincula con la
seguridad pública, principio rector de los Estados democráticos que deben
ejercer seguridad interior.
De allí que se entienda que para la consecución de la seguridad
ciudadana se requiera de la responsabilidad tanto del Estado y de sus
diversos organismos como de la ciudadanía en general. Por ello, las
acciones en materia de seguridad ciudadana puedan ejercerse en diversos
125
ámbitos: metropolitano, local, vecinal, etc., puesto que este problema se
presenta en cualquier escala territorial y la participación activa de la
ciudadanía en la superación del problema a través de sus organizaciones
comunitarias se torna indispensable para incrementar los niveles de
prevención.
Diversos han sido los actores involucrados en los procesos de prevención
de la actividad delictual en las sociedades contemporáneas. Entre ellos
destacan en primer término el Estado a quien le compete la responsabilidad
predominante de protección del ciudadano. Para ello acude a sus diversos
organismos tales como los tribunales de justicia, la policía y las instituciones
carcelarias. Por otra parte, se encuentra la sociedad civil tanto organizada
mediante partidos políticos, corporaciones y organizaciones no
gubernamentales, como aquella que expresa los intereses particulares de
las personas individuales.
En el nivel local ha sido frecuente la incorporación de organismos
descentralizados del Estado como los municipios y la comunidad mediante la
participación en juntas de vecinos, comités de seguridad, agrupaciones de
jóvenes, clubes deportivos y entidades como bomberos y guardias civiles.
Cada uno de ellos se incorpora a los procesos de articulación de la
prevención con su propia carga valórica, su particular modo de ver e
interpretar el mundo y las posibilidades de acción que le permite su esfera
de atribuciones.
Existe consenso en que la Seguridad Ciudadana es una condición
esencial para el desarrollo de las personas y de sus instituciones, aunque
pueden existir diferencias en cuanto a las formas y medios para alcanzarla.83
83 LOPEZ REGONESI, Eduardo. “Reflexiones acerca de la seguridad ciudadana en Chile: visiones y propuestas para el diseño de una política”. División de Desarrollo Social. Publicación de Naciones Unidas, CEPAL.2000, pp. 7 y ss.
126
Si bien la preocupación y demanda social por mayor seguridad ciudadana
son relativamente nuevas en Chile, en buena parte de los países
industrializados se remonta al menos tres décadas y está correlacionada con
altos índices de delincuencia.
El aumento de la delincuencia y el temor de la ciudadanía de ser víctima
de un delito son fenómenos que, al parecer, se dan en todas las sociedades
contemporáneas, aún cuando las posibilidades, frecuencia y violencia que
tienen sus habitantes de ser víctimas de un delito son distintas en los
diferentes países.
1.2 Características de la Seguridad Ciudadana
- La seguridad ciudadana, supone que las personas, individual y
colectivamente, se encuentran en situación de convivir disponiendo de
la protección necesaria que les permita superar los peligros propios
del entorno social. Este deber de protección le corresponde al Estado,
actuando con pleno derecho y garantías que el sistema político mismo
reconoce a las personas.84
- Se relaciona con la calidad de vida. La persona debe ser el centro de
la acción del Estado y sus órganos y su seguridad está vinculada con
los factores de riesgo para la vida, la integridad física y los bienes,
además con el ejercicio de sus derechos y libertades económicas,
civiles, políticas, sociales y culturales.
- Debe ser entendida como un bien público y como el resultado de la
acción de distintos órganos del Estado y de los diversos sectores de
la sociedad, en el marco de una política pública que incluya la
participación ciudadana.
- Es necesario que aborde la prevención, las acciones en el ámbito
administrativo local, policial, legal, social y económico de forma
84 CANALES, P. y LOISEAU, V. ob.cit. 2003, p.3
127
integral, considerando la violencia y la delincuencia como un
fenómeno multidimensional: psicosocial, político y cultural.
- La política de seguridad ciudadana debe estar orientada y focalizada
a situaciones concretas en comunas y barrios, siendo fundamental la
concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo a variables
espaciales y socio-ambientales, como la pobreza, la cesantía, la falta
de oportunidades y la marginalidad, entre otros, que pueden contribuir
a la aparición de conductas criminales y violentas tanto dentro como
fuera del ámbito público.
- Las acciones deben ser sistemáticas, es decir, permanentes y a su
vez sujetas a un seguimiento y evaluación constante por parte de los
organismos gubernamentales y de la comunidad.
1.3 La Institucionalidad de las Políticas Públicas en Seguridad
Ciudadana.
En Chile las políticas públicas sobre seguridad ciudadana no están
radicadas en un ente público que las planifique, coordine, ejecute y evalúe.
Las policías, Carabineros e Investigaciones, dependen operativamente del
Ministerio del Interior y financiera y administrativamente del Ministerio de
Defensa. 85
Carabineros de Chile es una institución de carácter militar por el cual se
rige su disciplina y formación. Sus funciones tradicionales han sido las de
policía de seguridad con competencia especialmente preventiva, mantención
del orden público y de control y regulación del tránsito vehicular. Sólo
investigaba delitos en aquellos lugares donde no existía Policía de
Investigaciones. En años más recientes, se ampliaron sus atribuciones a la
investigación de delitos a través de su Servicio de Investigaciones policiales.
85 CANALES, P. y LOISEAU, V. ob.cit. 2003, p.6
128
La Policía de Investigaciones constituye un cuerpo civil al que
corresponden las investigaciones policiales. Su función principal es la
investigación de delitos, aunque también tiene a su cargo el control del
ingreso y salida de personas del territorio nacional.
La duplicación de funciones entre ambas policías y su distinta cultura
institucional han impedido su correcta coordinación en ciertas ocasiones.
Posiblemente, uno de los grandes temas de la seguridad ciudadana en
Chile es la transferencia de las policías – Carabineros e Investigaciones –
desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, situación aún no
concretada. Desde el inicio del gobierno militar las instituciones policiales
pasaron a depender administrativamente del Ministerio de Defensa. En la
práctica, para la actuación en asuntos de orden y seguridad pública, las
policías son coordinadas desde el Ministerio del Interior (lo que no implica
mando), pero desde el Ministerio de Defensa se negocia su presupuesto y
se deciden materias como ascensos, traslados, etc.
El Ministerio del Interior establece las políticas públicas en la materia,
pero no cuenta con una unidad especializada que centralice estas políticas.
Este Ministerio cuenta con dos subsecretarías, la de Desarrollo Regional y
Administrativo y la Subsecretaría del Interior. Esta última se ha encargado de
los planes de seguridad ciudadana en los últimos años, así como la
coordinación con las policías. De este Ministerio también dependen la
seguridad interior y la Oficina Nacional de Emergencias, así como otros
programas sociales, tales como Integra.
Por su parte, al Ministerio de Justicia le corresponde la política carcelaria
de adultos y menores. Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores
dependen presupuestariamente de esta Cartera.
129
A nivel regional, el aporte a los temas de seguridad ciudadana se hace a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como proyectos de
infraestructura, que refuerzan las condiciones de seguridad tales como
alumbrado público y habilitamiento de espacios cerrados.
El rol de las municipalidades es principalmente financiero, entregando
recursos físicos a Carabineros y/o infraestructura que refuerce la seguridad y
contando con departamentos o servicios dedicados especialmente al tema.
1.4 Los actores en el proceso de Seguridad Ciudadan a.
La seguridad ciudadana es multidimensional y en ella intervienen una
serie de factores y actores de diferente índole. En Chile se vinculan el
Estado y sus instituciones, particularmente, las de Orden, Seguridad,
Defensa e Inteligencia; otras instituciones públicas como el Poder Judicial y
los Ministerios del Interior, Justicia y Salud; participan los intendentes,
autoridades municipales y policías. E intervienen instituciones privadas como
la Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios del Desarrollo CED, el
Instituto Libertad y Desarrollo y la Corporación Tiempo 2000, entre otras.86
A nivel político, los partidos toman parte a través del proceso legislativo y
como representantes de las demandas de los ciudadanos por mayor
seguridad, especialmente, los partidos de oposición, los cuales exigen un
enfoque centrado en una mayor represión del delito y en una justicia más
eficaz.
A nivel local han intervenido alcaldes y vecinos de las distintas comunas
con propuestas relacionadas con la labor policial y la prevención.
86 LOPEZ REGONESI, E. ob.cit.2000, pp.5 y ss.
130
En el sector privado, las agrupaciones ligadas al sector financiero, la
Asociación de Empresas de Seguridad Privada y la Cámara de Comercio
han polemizado acerca de los límites de la seguridad privada y del control
que debe ejercer el Estado en esta actividad.
1.5 Indicadores Objetivos y Subjetivos de Percepció n de
Inseguridad.
A) Los indicadores objetivos son aquellos que se pueden medir
concretamente y no dependen de la apreciación de alguna persona. Nos
revelan datos a través de hechos concretos, es decir, situaciones que se
traducen en instrumentos en la práctica y cuya permanencia en el tiempo no
depende de la voluntad arbitraria de persona o entidad alguna. En el fondo,
tienen una existencia independiente; se bastan a sí mismos para prestar la
información requerida.87
Para ejemplificar:
a) Medidas que ha adoptado la población frente a problemas de
inseguridad.
Medidas de protección destinadas al resguardo de quienes las han
implementado. La población ha podido acceder a un mercado en donde se
ofrecen innumerables alternativas, cada una de ellas capaces de ajustarse a
las necesidades de quienes las requieran. Aún cuando las más efectivas
(sistemas de seguridad) sólo se encuentran al alcance de algunos pocos.
Parte de la población también ha recurrido a la tenencia ilegal de armas para
su defensa personal.88
b) Actitud del Estado frente al tema de la Seguridad Ciudadana.
87 FUENTES CASTILLO, Daniela y MEDINA PARRA, Carmen. “Seguridad Ciudadana”. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 1994, pp.9 y ss. 88 Ver Anexo II
131
Este es un indicador que proporciona bastante información. Si nos
remitimos a la Constitución Política del Estado, ésta en su Art.1º, inciso 3º,
señala: “Es deber del estado resguardar la seguridad nacional, dar
protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta,
promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y
asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional.”
c) Preocupación de los Medios de Comunicación Social. Manipulación de
los Medios.
Los medios de comunicación social ejercen una influencia en el receptor
de la información. Son capaces de modificar en distintos sentidos la opinión
de la población frente a cualquier tema, pero también son capaces de
insertar un tema de discusión en un momento determinado sin que éste
tenga necesariamente relevancia objetiva para ser planteado, lo que nos
parece más peligroso aún.
Si bien los medios de comunicación son muy variados, creemos que el
periódico es el medio de comunicación escrito por excelencia ya que ofrece
información todos los días desde muy temprano, es decir, tiene una
cobertura respecto del receptor de un 100% ya que aún cuando no sea
comprado, sus titulares que aparecen en los quioscos dan indicio de la
información que se plasma en las mentes de todos los chilenos que transitan
por la calle. Y podríamos decir que ésta es la información más peligrosa ya
que no se encuentra dentro de un contexto, pudiendo dar origen a
tergiversaciones respecto de la noticia original.
d) Información estadística relativa a la variación de los índices de
delincuencia en el país y en la Región Metropolitana. (Anexo – Cifras
Estadísticas)
132
B) Los indicadores subjetivos son aquellos que sí dependen de la
apreciación y percepción. Estos indicadores se traducen en elementos
sicológicos y culturales que se encuentran plasmados, básicamente, en la
opinión pública y ella es nuestro principal indicador subjetivo.
Nuestra opinión es que son los medios de comunicación social los que
más han contribuido en la creación de una corriente de opinión orientada
hacia el tema de Seguridad Ciudadana y por ello lo analizamos con mayor
profundidad en el punto 3 de este mismo capítulo.
1.6 Políticas de Estado y Participación Ciudadana p ara prevenir el
delito.
En la actualidad pareciera existir un amplio consenso de que prevenir el
delito es mejor que reprimirlo, y que la represión es una función del Estado,
que dispone del Cuerpo de Carabineros para hacerlo con mayor eficiencia y
menor costo. 89
La prevención requiere acciones específicas para:
- Identificar las condiciones físicas y sociales que facilitan la
comisión de delitos y adoptar las medidas de seguridad para
reducir las oportunidades de cometerlos.
- Identificar grupos de riesgo y desarrollar acciones que impidan su
conversión en delincuentes: educación, trabajo, recreación y salud.
- Reforzar la convivencia y resolver los problemas que inciden en la
delincuencia.
- Controlar a los delincuentes que ya han cometido delitos para
evitar su reincidencia.
El Estado puede contribuir a la prevención a través de:
89 LOPEZ REGONESI, E. ob.cit.2000, pp. 20 y ss.
133
- Reforzar la acción policial preventiva y su presencia física en los
lugares de riesgo.
- Determinar un rol complementario de ambas policías. En la
actualidad no están bien definidas, a veces se confunden o sus
funciones se duplican. El rol preventivo corresponde a Carabineros
y el rol de investigación corresponde a la Policía de
Investigaciones.
- Fortalecer las relaciones entre Carabineros y la comunidad.
- Mejorar la infraestructura: mejor iluminación, eliminación de sitios
eriazos, creación de lugares de recreación y espacios colectivos
que faciliten la convivencia comunitaria, y el control informal de
conductas individuales.
Por último, debe señalarse que la delincuencia es un fenómeno social,
sobre todo urbano, donde la desigualdad social, la marginalidad, la pobreza,
el entorno familiar y comunitario tienen una gran incidencia en sus índices.
La prevención, por lo tanto, debe apuntar a erradicar las causas sociales,
con programas públicos de educación, vivienda, salud y recreación, entre
otros.
Todos los sectores sociales y políticos están de acuerdo y coinciden en
señalar que la seguridad ciudadana es una tarea del Estado y de toda la
sociedad, aunque existen discrepancias acerca de las formas de
participación que se pueden implementar. La mejor perspectiva parece ser
la que propone la participación ciudadana en la prevención del delito y la
colaboración de toda la comunidad con las fuerzas de orden y seguridad.
1.7 Medidas de la población para enfrentar el tema de la inseguridad
ciudadana.
Considerando que el problema de la Seguridad Ciudadana no sólo se da
en la medida que exista mayor delincuencia, sino que también en la medida
134
que la población sienta mayor inseguridad, haya o no sido víctima directa de
un delito, hemos querido indagar respecto de qué medidas concretas ha
adoptado la población en orden a resguardos y defensas.90
No es extraño que en estos últimos años hayamos escuchado con mayor
frecuencia las palabras robo, alarma, asalto, vigilante, guardia de seguridad.
Son palabras que claramente se han hecho recurrentes. Incluso, atendido el
grado de importancia que la población está otorgando a la seguridad se ha
ido creando en forma rápida un Mercado de Seguridad.
Este mercado presenta una gran diversidad en lo que a demandantes se
refiere. Esto por el distinto nivel social que pueden tener las personas que de
un modo u otro desean proteger su propiedad. Hoy en día, cualquier chileno
interesado en defender su patrimonio e integridad física, puede acceder,
siempre y cuando pague, al completo sistema de seguridad que el mercado
ofrece.
La explicación para este notorio aumento de ofertas de sistemas de
seguridad va íntimamente ligado con un cambio en el modo de comisión de
los delitos contra la propiedad, ya que si bien es cierto que sostenemos que
la delincuencia no ha aumentado de la manera que parece, lo que sí ha
hecho más sensible a la población es la espectacularidad de los fenómenos
delictivos, como algunos asaltos a domicilios particulares o a personas, que
denominamos de “gran connotación social”, así como la audacia que han
desplegado los delincuentes en sus atracos y la publicidad de los medios de
comunicación masiva..
1.8 Medidas de Seguridad específicas adoptadas por la
población.
90 FUENTES CASTILLO, D. y MEDINA PARRA, C. ob.cit.1994, pp.41 y ss.
135
En la Región Metropolitana, tanto la gente de modestos recursos como la
más adinerada ha tomado medidas de resguardo de sus bienes, que si bien
difieren unas de otras, cumplen de todos modos el objetivo propuesto, esto
es, el intentar PREVENIR los hechos delictuales en su sector, y
principalmente en sus hogares.
En primer lugar, nos referiremos a lo que la gente ha hecho en orden a
resguardar los bienes lo que, como expresamos, difiere en los distintos
sectores sociales. Hecho este análisis, nos referiremos a las medidas de
resguardo de la integridad de las personas que no difiere en forma tan
marcada como cuando se defienden las cosas materiales.
a) Personas de Altos Ingresos:
Las comunas que han registrado aumentos considerables de
delincuencia en la Región Metropolitana son aquellas ubicadas en el sector
Oriente de la capital y coinciden con las de mayores ingresos. Por lo
anterior, en las comunas como Vitacura y Las Condes las medidas
implementadas al respecto son las siguientes:
1. La primera medida adoptada por la población de esos sectores es
INSTITUCIONAL. Estas comunas se han organizado a nivel
municipal y poseen un complejo sistema de protección a los vecinos.
(patrullajes permanentes por la comuna, guardias de seguridad, etc.)
2. En lo que propiamente llamaremos las medidas de propia iniciativa de
los vecinos de estas comunas encontramos las siguientes:
- Circuito cerrado de TV cerrado con portero eléctrico.
- Contacto magnético perimetral (sensores instalados en puertas de
acceso y/o ventanas).
- Pasivo Infrarrojo (rayo que detecta cualquier movimiento).
- Sensores de Ruptura de Cristal.
- Discriminador de Audio (artefacto que detecta quebrazón de cristal).
136
- Alarmas de asalto, con circuito de funcionamiento 24 horas
continuada.
3. Otra medida es la Adquisición de Armas de Fuego.
Las armas de fuego se han convertido hoy en día en un bien de uso
corriente.
Quienes las poseen aducen que les otorga seguridad. Sin embargo la
utilización de armas de fuego, por su naturaleza, debe someterse a
una regulación legal que permita que la sociedad no se transforme en
un Estado armado.
- Debido a su precio, quienes poseen armas serían particulares con
altos ingresos para el resguardo de sus hogares o dueños de locales
comerciales para defenderse.
- El trámite de obtención del permiso para tener armas es sencillo.
- Los particulares que resguardan sus hogares con armas de fuego, si
bien es cierto que al momento de comprarla y obtener el permiso
necesario lo hacen con la intención de defenderse, nunca saben
cuando llegará el momento de hacerlo, por lo que no están
preparados sicológicamente para ese evento y lo más probable es
que llegado el momento de utilizar el arma en cuestión, sean
traicionados por los nervios. En esta situación fácilmente podrían ser
doblegados por los asaltantes, o perder el control de la situación y
terminar siendo víctimas de su propia arma. La situación descrita es
bastante común, y no debe extrañar que en las casas donde exista un
arma de fuego, lo más probable es que el dueño de la misma no esté
capacitado para utilizarla.
- Hay que tener presente que en los hogares donde existen armas de
fuego hay una mayor probabilidad de que se cometan accidentes
graves ocasionados por imprudencias o simplemente por falta de
cuidado con el instrumento. Según lo establecen Wolfgang Marvin y
137
Franco Ferracuti91, hay muchos observadores que consideran que el
fácil acceso a las armas de fuego es uno de los factores que
contribuyen primordialmente a la generación de actos de violencia.
Aunque puede ser cierto que un individuo resuelto a matar no se
detendría por no encontrar un arma, es un hecho que la mayoría de
los crímenes con armas de fuego no los cometen individuos que los
han premeditado.
Una pistola en la mano ha sido, por lo general, el camino para el
impulso, el vehículo de la violencia. Las explosiones de mal genio, los
arranques, los arrebatos y los trances histéricos, todo ello contribuye a
que la presencia de armas de fuego se convierta en un peligro
adicional y posiblemente mortal. Claro que es imposible pensar que
con el solo hecho de poner las armas de fuego fuera del alcance se
pudiese prevenir la insania de muchos adultos y los ímpetus violentos
y delictivos de muchos menores, pero ciertamente lograría disminuir
muchos impulsos insensatos de apretar un gatillo.
De acuerdo a estadísticas norteamericanas, en Estados Unidos, país
cuya permisividad en la adquisición de armas de fuego ha sido conocida y
criticada, una de cuatro muertes de adolescentes es producida por armas de
fuego.92 Las nuevas legislaciones anticrímenes norteamericanas parecieran
actualmente tender a restringir poco a poco la adquisición de armas de
fuego.
Finalmente, nuestra opinión respecto del uso de armas de fuego por
particulares es que estimamos que el uso de un arma de fuego, por su
peligrosidad y alcance, solamente debiera estar entregado a personas
capacitadas para utilizarlas. Es decir, personal de las Fuerzas Armadas y de
Orden. Incluso, dentro de las personas que componen estas fuerzas debiera
91 MARVIN E., Wolfgang y FERRACUTI, Franco, “La subcultura de la violencia”. Fondo de Cultura Económica de México. 1791. Citado por FUENTES CASTILLO, Daniela y PARRA MEDINA, Carmen. ob.cit.1994, p.47 92 Revista QUE PASA, Reportaje: “Manos Arriba” 17 de Septiembre de 1994.
138
hacerse una selección ya que lamentablemente hay funcionarios que, en
servicio activo, en situaciones aisladas, han utilizado sus armas en riñas
callejeras actuando no como uniformados, sino como civiles.
4. Ante el temor por su integridad física o su vida que puede verse lesionada
por asalto, homicidio o violaciones, se han adoptados medidas de auto-
restricción. Es decir, se auto imponen normas de resguardo para preservar
su integridad. Las principales medidas son la auto restricción de la libertad
de circulación en determinados horarios o en determinados lugares que se
consideran peligrosos, de alto riesgo, sin iluminación o zonas con alto índice
de criminalidad.
b) Personas de bajos ingresos:
También han adoptado medidas similares de acuerdo a sus posibilidades
económicas.
1.9 Medidas adoptadas por las autoridades comunales .
En algunos casos estas medidas han sido consecuencia de la petición de
los vecinos; en otros casos, corresponden a medidas adoptadas
unilateralmente por alcaldes y sus respectivos consejos. Para mencionar
algunas:
1. Modificación de ordenanzas municipales para autorizar alzamiento de
panderetas, cierre de pasajes con el consentimiento de todos los
vecinos que viven en ellos.
2. Para resguardo de los hogares la contratación de “Guardias de
Seguridad” o el subsidio para la contratación de dichos guardias en
sectores populares..
Muchos alcaldes y autoridades, presionados por el temor de la
ciudadanía, han intentado dar a los guardias de seguridad facultades
que van más allá del rol de presencia que la ley les otorga.
139
Creemos que darles más facultades a los guardias de seguridad que
transitan en las calles constituye un grave error, puesto que el
principal y único objetivo que ellos cumplen en su misión de custodia
es el rol de Presencia que atiende a la prevención del delito, o más
bien dicho, a la inhibición de su ejecución, puesto que con su
presencia, un delincuente aplacaría su intento. Por lo mismo, si a
estos guardias se les dotara de armamento con el objeto de repeler a
los delincuentes, sin duda, lamentaríamos más de algún confuso
incidente con pérdida de vidas humanas. Este argumento, sin
perjuicio, del rol exclusivo y excluyente que en materias de represión
tienen Carabineros e Investigaciones, por cuanto la ley les ha
otorgado a ellos el mantenimiento del orden y seguridad en la
población. La creación de una policía paralela o privada no hace bien
a ningún Estado; es una medida peligrosa porque crea confusiones y
antagonismos, riesgos que pueden lesionar en forma radical la
institucionalidad del Estado de Derecho.
3 Otorgar subsidios de autoprotección vecinal. Las juntas de vecinos
compiten para financiar proyectos destinados optimizar las medidas
de seguridad del sector.
4. Patrullaje de vehículos – Las Condes 133, comuna pionera en adoptar
medidas de seguridad.93, los que recorren el territorio comuna durante
las 24 horas del día, efectuando una labor preventiva en lo policial.
Este servicio está apoyado por una Fiscalía Antidelincuencia, oficina
de la Municipalidad encargada de prestar asesoría jurídica gratuita a
los vecinos que hayan sido víctimas de la delincuencia en el sector.
93 http://habitat.aq.upm.es/fi/g007.html Sitio web visitado el 10 de Abril del 2005
140
En este contexto transcribimos un documento de Naciones Unidas 94 que
establece lo siguiente: “Una de las consecuencias malignas del delito es el
temor, que con frecuencia se base más en una percepción subjetiva de una
posible amenaza que en hechos concretos. El temor origina reacciones de
protección y en algunos casos, de protección exagerada que, a su vez,
pueden perpetuar el temor….”
1.10 Modelos comunitarios alternativos.
Mencionaremos a continuación algunos modelos comunitarios que han
surgido como modelos de prevención y participación ciudadana en países
extranjeros.
La inseguridad ciudadana se trata en realidad de un problema común a la
mayor parte de las sociedades latinoamericanas, y particularmente, a los
países centroamericanos.
Centroamérica parece ser una región especialmente convulsionada en
cuanto a la problemática delincuencial y de la violencia. Si bien ha habido
una regionalización de las actividades delictivas en Centroamérica en
materia de narcotráfico, de tráfico de vehículos, de armas y de ilegales,
también se está dando una regionalización de las alternativas para combatir
esta problemática.
Hay diversas experiencias disponibles a nivel latinoamericano y
centroamericano que les permiten a las autoridades públicas ir orientando de
manera más certera el diseño y la ejecución de políticas en esta materia.
“Algunas de estas experiencias han tenido lugar en algunos países del
mundo en torno al enfoque comunitario, y tal vez podemos presentar una
94 Documento de Trabajo, Secretaría de Naciones Unidas, V Congreso Mundial de Prevención del Delito, 1975.
141
experiencia más cercana al caso salvadoreño que las experiencias europeas
o norteamericanas, que es la que tuvimos en Costa Rica” 95
A nivel metodológico, la Sra. Laura Chinchilla, Ex Ministra de Seguridad
Pública de Costa Rica señala: “Se debe tener en cuenta que el modelo
comunitario no es una panacea. Es, no obstante, una de las vías de acción
contra la violencia y la delincuencia menos dogmáticas, al adscribir
experiencias, doctrinas y teorías de muchísimos modelos que a lo largo de la
historia se han venido ensayando. Sin embargo hay que destacar la
importancia del modelo social, que alude a la necesidad de la prevención
social del delito mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, y particularmente, de los sectores en riesgo social.
También hay que tener en cuenta el modelo penal, es decir, la alternativa
de intervención mediante la represión y sanción de las infracciones y los
delitos en una sociedad.
El modelo comunitario no descarta ni excluye los modelos señalados
anteriormente, sino que los complementa a través de una mayor integración
de la ciudadanía en las tareas de prevención y una mayor colaboración entre
autoridades y sociedad para la resolución de situaciones predelictivas y
delictivas. Recupera los modelos exitosos de Japón y Gran Bretaña, donde
se ha observado que la clave del éxito en dichas sociedades está
estrechamente ligado al contacto directo y constante que mantiene la policía
con la comunidad”.
Características del modelo comunitario.
Las variables sobre las que actúa el modelo comunitario son
fundamentalmente tres. 96
95 CHINCHILLA, Laura. “La Seguridad Comunitaria: proyecto alternativo a la seguridad y participación ciudadana”. San José de Costarrica, p.1 [email protected]
142
- La criminalidad.
- La sensación de inseguridad, que en sí misma se ha vuelto un
problema importante en nuestra sociedad.
- La calidad de vida de la población.
Objetivos del modelo comunitario.
- Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones
sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de problemas que se
considere pueden incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o
de problemas de orden público.
- Superar la sensación de inseguridad en la comunidad.
- Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con la
intervención policial.
- Incorporar a la comunidad activamente en la producción de seguridad,
sin sustituir a la policía, sino movilizarla en una serie de programas
que permitan prevenir más efectivamente la comisión de delitos.
- Mejorar el control social sobre la actuación policial.
Una de las diferencias entre el modelo tradicional de policía y el modelo
comunitario es que las fuentes de la autoridad no son exclusivamente las
leyes y el sentido de profesionalidad, sino que también la comunidad es una
importante fuente de autoridad para la policía. El diseño organizacional del
modelo comunitario es más plano, menos vertical y menos jerarquizado.
Las relaciones con el entorno no son distantes como con el modelo
tradicional, sino que es una relación en la que el policía vive con la
comunidad.
96 AMODIO, Marcelo. “Aportes para el Debate sobre la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de La Plata”. Revista Secundum Legem. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de La Plata. 2002, pp.3.
143
El resultado principal al que se aspira en el modelo tradicional es reducir
los índices de criminalidad, pero con el modelo comunitario se va más allá.
No necesariamente reducir los índices de criminalidad significa ser una
buena policía, porque no necesariamente lo que dicen las estadísticas
criminales es lo que ocurre en la realidad.
2. EFECTOS SUBJETIVOS DE LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD
2.1 Generalidades.
La inseguridad de la población está sometida a una doble dimensión: la
objetiva que se refiere a las acciones delictivas y a los hechos de violencia
conocidos y, la subjetiva, expresada en las vivencias y sentimientos
personales, que poseen un peso significativo en la configuración del
fenómeno perceptivo de inseguridad y de su representación social.
Los medios de comunicación de masas, el entorno social y las
transmisiones orales de las víctimas directas, llevan a que un gran número
de personas se sientan victimizadas, esto es, con la misma sensación de
desamparo de las víctimas directas. Ambos procesos son reales e influyen
en la percepción de inseguridad ciudadana. Por lo tanto, deben ser
considerados por los organismos estatales.
Entre los factores asociados a la inseguridad, se encuentran el accionar
errado y oportunista de los medios de comunicación social y la impunidad
del delito. En el discurso de la gente, la protección policial no llega aunque
se la demande, los procedimientos judiciales son insuficientes, no se protege
a la víctima y finalmente no se sanciona al victimario.
2.2 Efectos subjetivos de la percepción de inseguri dad.
2.2.1 Establecimiento de “zonas de riesgo”.
144
Entre los efectos graves de la percepción de inseguridad tenemos el
establecimiento de “zonas de riesgo”, como lugares de ordinaria comisión de
delitos. Esta definición de “zonas de riesgo”, vuelve aún más aguda la ya
existente diferenciación de clases y estratos sociales de la sociedad.
El fenómeno de la diferenciación social ha caracterizado a todas las
sociedades humanas tanto en el pasado como en el presente.
En las sociedades occidentales modernas, las jerarquías sociales se
basan fundamentalmente en la desigualdad de riquezas e ingresos. Y si bien
las clases sociales no están separadas por límites rígidos o palpables, ni
existen restricciones legales para la movilidad, ellas constituyen una realidad
concreta, que divide en forma significativa a los miembros de la sociedad.
Creemos que en nuestro país, existe una fuerte división de clases y
estratos sociales, con estilos de vida, formas de interacción e intereses
diferenciados.
En el área urbana de Santiago es posible observar una verdadera
estratificación de barrios. De esta manera encontramos sectores de barrios
populares caracterizados por una alta densidad, en donde se ha centrado la
calificación de “peligrosidad”, en gran medida debido a un predominio de
poblaciones marginales y viviendas populares. Y, por otro lado, podemos
hallar lo que comúnmente se denomina “barrios altos”, sectores
predominantemente residenciales y de altos ingresos.
Un ejemplo de estas llamadas “zonas de riesgo” es El Mapa Rojo de la
Delincuencia - estudio dado a conocer a comienzos de Abril del 2002 por la
Oficina de Fiscalización del Delito (FICED), fundada en el año 2000, por un
acuerdo entre 25 municipalidades de la Quinta Región y la Región
Metropolitana, siendo su director ejecutivo, el Senador de Renovación
Nacional por la Novena Región, Alberto Espina, y cuyo objetivo es recibir
145
denuncias, elaborar medidas de prevención del delito y realizar estudios y
estadísticas al respecto.
Este mapa de “Zonas de Riesgo” sería un eslabón más dentro del
bombardeo informativo de los medios de comunicación para hacernos creer,
en forma reiterativa, que estamos en una ciudad insegura, donde la
delincuencia va en aumento y se acerca a nuestros hogares. Se estaría
jugando con el miedo de la gente a perder lo más preciado por ellos, sus
bienes. Esto traería como consecuencia directa el temor al distinto, la
estigmatización de los barrios indicados como de alto riesgo de delincuencia,
el sentir como enemigo a una parte determinada de la población. Y por ende,
al sentirse más insegura la gente, ésta solicita más protección policial, más
control, con lo cual se restringe más la libertad ciudadana, siendo las zonas
sindicadas como riesgosas los blancos de tal represión.
2.2.2 Estigmatización.
Otro de los más serios efectos que se produce a raíz de una eventual
campaña de creación de miedo en la población es la estigmatización de las
personas que habitan en las áreas señaladas como peligrosas, siendo su
consecuencia más grave, el generar problemas psicológicos en los
pobladores, menoscabando su calidad de vida, dificultando sus
oportunidades laborales y produciendo segregación.
Un grupo que presenta determinadas características suele ser
considerado como potencial sospechoso de una conducta desviada. Esto
sucede muchas veces sin ser necesario que se encuentre acreditado que,
efectivamente, han sido autores de un delito, basándose en la sola presencia
en la persona de cualidades, que presuntivamente presentarían los
delincuentes. De esta manera, se eleva una supuesta característica del tipo
“delincuente”, desde un prejuicio, y se le transforma, a nivel de
subconsciente colectivo, como definitorio del tipo.
146
Estas campañas de categorización tienen una gravedad mayor cuando
se circunscriben en un barrio o comuna, para ser catalogada como peligrosa,
pese a que la intención pareciera ser evitar más delitos, o que las
autoridades tomen medidas al respecto en beneficio de la comunidad.
El impacto es más nocivo, pues este tipo de comunicaciones en la
medida que se vuelven reiterativas en el tiempo, tarde o temprano, detonan
un proceso de estigmatización, directa o indirectamente, afectando a todo el
habitat señalado como peligroso, quien deberá cargar con el peso de la
sospecha.
Efectos de la estigmatización en la comunidad:
- Fragmentación social debido a una división entre discriminados y
discriminadores.
- Aumento de la tensión social entre los diversos grupos sociales,
disminuyendo la paz social.
- Zonificación de la ciudad, entre áreas donde viven los discriminados,
tildadas como “zonas de riego” y los barrios de los discriminadores.
- Represión diferenciada al atentar contra la idea de igualdad en que se
funda el Orden Jurídico actual.97
Efectos de la estigmatización en los individuos que reconocen ser
discriminados:
- Se sienten víctimas de una injusticia, considerando como principal
responsable al grupo social del cual no son parte y, secundariamente, al
Estado.
- Disminuyen sus posibilidades sociales, laborales y de mejorar sus
condiciones de vida.
97 DIAZ LISBOA, Carolina de Lourdes, MARDONES ZORONDO, Andrés, SOZA MUÑOZ, Karina Judith y otros integrantes.”Percepción de Inseguridad”. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Escuela de Derecho. Universidad de Chile. Santiago. Chile. 2003, p.180
147
- Disminución de la autoestima.
- Cuestionamiento y Contravención de las Normas Sociales que los tildan
de delincuentes, tanto en el trabajo como en la conducta cotidiana. Si la
sociedad es injusta, sus normas también lo son. Por lo tanto, no existe
razón para respetarlas.
- Creación de “Ghettos” y distanciamiento social. Crean sentimientos de
pertenencia al grupo en que se encuentran, creando su propio sistema de
valores con códigos distintos y generalmente contrarios a los de la
sociedad dominante.
- Frustración ante la imposibilidad de acceder a los medios económicos de
otros sectores a través de medios legítimos.
- Reacciones violentas.
- Antagonismo respecto de los organismos de control social formal al sentir
que éstos los reprimen.98
Conclusiones
Considerando estos efectos dañinos para las personas y para la sociedad
toda, consideramos que el efecto de estigmatización debe evitarse en lo
posible y ser considerado primordial al momento de la elaboración y puesta
en práctica de la política criminal del Estado y también cuando el tema sea
tratado en los medios de comunicación masiva.
El bombardeo informativo logra influenciar la percepción de inseguridad
de la comunidad y así se juega con ésta y en especial con su temor, sin
prever los efectos de tales informaciones, sustentadas en prejuicios
ampliamente arraigados en la sociedad.
El evitar los procesos estigmatizadores podría lograrse disminuyendo el
tratamiento sensacionalista otorgado por los medios de comunicación a
98 DIAZ LISBOA, C., MARDONES ZORONDO, A., SOZA MUÑOZ, K. y otros integrantes. ob.cit.2003, pp.181-182
148
algunos eventos criminales y así evitar los efectos multiplicadores del miedo
y la inseguridad.
Los medios de comunicación masiva, al tratar el tema de la delincuencia,
no deben basarse en la búsqueda de sintonía, sino que deben tomar en
cuenta su función social cual es informar y educar.
Las políticas de prevención del delito deben fundarse en un conocimiento
de la realidad, la que debe buscarse a través de investigación científica
multidisciplinaria.
Al ser la conducta desviada un fenómeno social, debiera procurarse
abarcar todo su espectro, desde la creación de las normas y sistemas de
prevención y represión del delito, hasta la sanción de la conducta desviada y
el aparato penitenciario. Lo básico es ejercer un control social positivo donde
la política criminal sea efectiva y justa.
El problema de la delincuencia requeriría un replanteamiento en cuanto a
los medios a través de los cuales debería ser enfrentada. Debiera
fomentarse campañas que incentiven actividades preventivas tanto en el
ámbito laboral y comunal, impulsando el trabajo conjunto de los ciudadanos
en la prevención resaltando que existe una responsabilidad colectiva.
La percepción de inseguridad generada por los medios de comunicación,
de forma mediática, unida al prejuicio de la sociedad de relacionar la
marginalidad, la falta de oportunidades, la falta de recursos con el delito, no
es argumento suficiente para que la población civil tenga armas en su poder.
La criminalidad es un fenómeno heterogéneo, que responde a procesos
sociales complejos, multicausales. Por lo tanto, la tenencia de armas por
parte de la población civil no es una solución para otorgar mayores niveles
de seguridad y calidad de vida de la población. Por el contrario, urge una
149
política nacional de seguridad ciudadana que integre las actuales iniciativas
e incorpore nuevas herramientas para el quehacer preventivo y de control de
la delincuencia; que surja luego de un diagnóstico técnicamente sólido; que
especifique objetivos medibles y con plazos definidos; que establezca
responsables; que logre consensos importantes; que coordine a todos los
poderes del estado y que, finalmente, incluya a la sociedad civil como un
actor en la definición e implementación de iniciativas.99
2.2.3 Deterioro de la calidad de vida de la poblaci ón.
Otro efecto grave del paulatino incremento en la percepción de
inseguridad es el deterioro de la calidad de vida de la población.
Basta un examen sencillo para observar que las personas viven con un
marcado temor a verse víctimas de delitos, tanto en sus bienes como en su
persona, pero esto sin que exista en el ciudadano medio un cuestionamiento
y reflexión sobre la realidad delictiva del país, sobre sus causas y sus modos
de solución. Esto ha llevado a que tanto las autoridades públicas como las
personas en forma privada adopten soluciones que pueden cuestionarse
tanto en su efectividad para evitar este sentimiento de inseguridad como en
su efectividad para prevenir realmente el ser víctimas de delitos.
Esta falta de reflexión de la información de la situación real respecto de la
delincuencia, trae aparejada como consecuencia, que las medidas de
seguridad, que se nos insisten en todo momento, y que se han adoptado no
solo no contribuyen a disminuir esta acentuada percepción de inseguridad,
sino que al contrario, estas medidas, especialmente las que se toman a nivel
de los particulares, acrecientan la inseguridad y deterioran la calidad de vida.
Incluso, tenderían a la marginación de una supuesta subcultura delictual,
perjudicando a los grupos discriminados y estigmatizados, por cuanto el
99 MERTZ, Catalina. “ Las Políticas Públicas en materia de Seguridad Ciudadana en Chile”. Revista Paz Ciudadana. 2004
150
temor y la sensibilidad que origina el tema impiden la elaboración de
respuestas adecuadas, tanto por el gobierno, como por la sociedad civil.
El Problema del Temor
Respecto a este tema debemos distinguir tres aspectos:
a) Se ha construido una percepción de inseguridad que no concordaría
con la realidad.
b) Esta percepción de inseguridad contra el eventual delito, provoca un
aumento en la adopción de medidas de seguridad.
c) Este incremento deteriora la calidad de vida.
El siguiente gráfico es lo que los especialistas llaman “la gran ola del
miedo” y la curva superior refleja la importancia otorgada por las personas al
tema de la delincuencia.
0
100
200
300
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Denuncias de Robo y Hurto
Preocupación por la Delincuencia
Los datos provienen de encuestas realizadas por el Centro de Estudios
Públicos (CEP) y se usan para demostrar que si el delito ocupó un lugar
destacado en la agenda pública fue porque así lo quisieron los chilenos. La
curva inferior, en cambio, muestra la evolución real que respondieron los
encuestados de las denuncias de robo y hurto desde el año 1989. Su fuente
son los anuarios estadísticos de Carabineros de Chile y revela el ritmo con
151
que crecieron los delitos denunciados, que más preocupan a las
personas.100
Conforme este gráfico, existiría una diferencia entre la percepción de
inseguridad y la verdad estadística.
Las estadísticas registradas tanto de Carabineros como de la Policía de
Investigaciones, reflejan más la actividad policial que la realidad de la
delincuencia. Resulta entonces difícil averiguar en qué medida el miedo
responde a un aumento efectivo de la delincuencia y de la violencia. No
obstante, este temor representa una de las preocupaciones principales de la
ciudadanía.
En la población se expresan tres temores básicos: el temor al otro, el
temor a la exclusión social y el temor al sentido de pertenencia.101
El temor al otro.
Los chilenos suelen asociar espontáneamente la inseguridad con la
delincuencia. La inseguridad descansaría más allá de las tasas reales de
delitos, sobre la definición metafórica del delincuente. Es la imagen de un
delincuente omnipotente y omnipresente, al menos en parte, un “chivo
expiatorio” que oculta una realidad difícil de asir. La imagen de este “otro” es
la de un agresor potencial que amenaza en cualquier momento y en
cualquier lugar. Es el miedo a una violencia descontrolada que se condensa
en la imagen de un delincuente drogado. Él simboliza la pérdida de todo lazo
social y de toda norma moral. Este temor generalizado se refleja en
definitiva en una especie de desconfianza hacia el resto de la comunidad.
100 ROJAS GONZALEZ, F. ob.cit. 2001, pp.116 - 117 101 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. “Informe Desarrollo Humano en Chile. Las Paradojas de la Modernización”. Santiago. Chile. 1998. http://www.desarrollohumano.cl/ele98.htm
152
Las razones del miedo al otro parecen tener su origen en las grandes y
aceleradas transformaciones que vive la sociedad chilena. Estaría surgiendo
una retracción a la sociabilidad. El “nosotros” con el cual se identifica la
gente, se restringe a los círculos más íntimos de familiares y amigos. Se
hace difícil organizar a la gente para enfrentar un problema vecinal. La
gente suele confiar sólo en su propia familia y se muestra desconfiada
cuando se trata de esperar ayuda frente a una agresión en un lugar público.
En este miedo al otro resuenan otras inseguridades; aquéllas provocadas
por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y
finalmente, de la noción misma de orden.
Uno de los delitos de mayor preocupación de la ciudadanía es el robo.
Especialmente, el robo con violencia en las personas. Le sigue el robo con
fuerza en las cosas, lo que es evidente por su gran repercusión en la vida
diaria y porque se trata de un delito del cual resulta muy fácil ser víctima, a
diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con un homicidio. Esto lleva a que
la ciudadanía confunda el aumento de determinados índices de robo con un
aumento de todos los otros delitos. Mucha gente estimaría que un aumento
en los robos implica un aumento generalizado en los índices de delincuencia
y de comisión de todos los tipos penales. Muchas veces pareciera que el
robo es el único delito a considerar al ser evaluada la delincuencia por la
opinión pública.
Lo complejo al analizar la verdadera magnitud del problema del robo es
que a pesar de existir una gran percepción de inseguridad respecto de este
tipo en específico, no puede existir una medición exacta respecto de la
cantidad real de robos que se producen, debido a que la falta de denuncias
genera una gran “cifra negra”102, y por ende, una mayor percepción de
102 El concepto “Cifra Negra” se entiende como “la cantidad de delitos que no se denuncian”, en “Conceptos para la Prevención y Contención del Delito”, Nº6, año 1997, Fundación Paz Ciudadana.
153
inseguridad al no tener un parámetro real de medición ni información
fidedigna.
El Estado de la Sociabilidad en Chile.
En sus conversaciones, la gente manifiesta que “el nosotros”, es decir, la
identidad, la confianza y la sociabilidad se habría resquebrajado. El
“nosotros” con el cual se identifica la gente, en el cual deposita su confianza
y con el cual construye sus redes de relaciones, se restringe cada vez más a
los círculos íntimos de familiares y amigos. Lo público aparece como un
espacio ocupado por un “otro anónimo y, a veces, amenazador.
El “nosotros” aparece más como un refugio y una defensa que como un
espacio de encuentro. Esto en el plano del temor al delito trae
consecuencias graves ya que obviamente lleva a una falta de colaboración
de los vecinos o aquellos que conforman el entorno cercano no familiar y,
por otro lado esta noción de desconfianza acentúa el miedo a que el “otro”
que no conocemos sea un posible agresor ya que es fácil relacionar al
desconocido con el delincuente cuando existe una creencia de que las tasas
de delito son muy altas, como ocurre en nuestro país.
Otra tendencia es la debilidad del “nosotros” público, aquel que se
establece sobre lazos más distantes, menos intensos. Un aspecto
importante de esta debilidad es la percepción de falta de reconocimiento y
representación de las instituciones públicas, precisamente de aquellas
encargadas de crear los vínculos que hacen a la ciudadanía moderna. Esto
se traduce en una falta de confianza en las instituciones de orden y
seguridad.
Finalmente, el poblamiento de las comunas pobres de la capital ha sido
producto, fundamentalmente, de la implementación de programas de
vivienda social desarrollados por distintos gobiernos durante las últimas
154
décadas, los que han llevado al desplazamiento de grandes masas
poblacionales hacia áreas deprimidas de la ciudad.
Como consecuencia, existe una fuerte segregación urbana. Existen
comunas en donde viven las personas con más altos ingresos. En dichos
sectores se encuentran todos los centros de servicio, trabajo. En cambio, en
otras zonas la situación es radicalmente distinta. Las fuentes de trabajo
están lejanas, los servicios están lejanos. Todo ello contribuye a deteriorar
la convivencia entre los habitantes de la ciudad, creándose en realidad dos
ciudades. En los sectores socio-económicos bajos se genera una sensación
de ciudadanos de segunda clase, con escasas oportunidades de surgir y con
una fuerte estigmatización del resto de la sociedad por el hecho de vivir en
ciertos barrios.
En conclusión, los escasos vínculos de sociabilidad vecinal, la
desconfianza, la falta de líderes consensuados, la carencia de sentimientos
de arraigo y de pertenencia al conjunto, sólo han propiciado acciones en las
que opera de forma exclusiva la lógica inherente a los sistemas familiares,
en detrimento de soluciones colectivas que involucren la participación tanto
del vecindario como de la comunidad para afrontar el problema de la
inseguridad residencial.
Alternativas ante el temor al delito.
Ante el temor al delito, los afectados pueden asumir diversos tipos de
actitudes que no son excluyentes.
1) Extremar las medidas de seguridad evitando todas aquellas acciones
o rutinas que puedan poner en peligro la seguridad física o de los bienes o
extremar las medidas de seguridad de las casas.
155
2) Establecer redes de ayuda mutua, protección, auxilio, incluyendo
medidas que refuercen la presencia territorial de vecinos en las calles a fin
de crear un ámbito de normalidad que restrinja las conductas delictuales.
3) Recurrir a las autoridades con el fin de denunciar delitos ocurridos, o
de presionar por una mayor presencia policial.
Creemos que ha proliferado un sentimiento de desconfianza en los
mecanismos públicos tradicionales de seguridad, lo que ha dado mayor
protagonismo a los mecanismos privados. La privatización se hace visible
en la proliferación de alarmas, guardias de seguridad, en el cierre de calles,
presencia de garitas y en una gran cantidad de pequeñas y grandes
iniciativas de particulares y municipalidades.
Gasto Privado en Prevención y Disuasión.
Se han extremado las medidas de seguridad, las que pueden clasificarse
en Sistemas Disuasivos y Sistemas de Protección. Así los sistemas
disuasivos son aquellos destinados a alertar sobre cualquier movimiento
extraño producido al interior de una propiedad. En este grupo están los
sistemas de alarmas, cámaras de seguridad, guardias privados, la tenencia
de armas de fuego, etc.
Los Sistemas de Protección son aquellos mecanismos cuya finalidad es
dificultar el acceso mediante trabas, elementos y materiales especiales. En
este grupo están cerrojos, puertas especiales, cristales blindados, cajas
fuertes, etc.
Si analizamos las cifras103 que representan el gasto en seguridad en que
incurren los privados y las del gasto público, podemos observar un
incremento progresivo del gasto del sector privado. Al parecer, la percepción
103 Ver Anexos - Cifras Estadísticas. Anexo IV
156
de la población es que debe buscar formas de prevenir la ocurrencia de un
delito e invertir en ello, ya que la opinión preponderante es que el gobierno
no ha sido capaz de garantizar la seguridad. Se piensa o se “percibe” que
existe una culpa del gobierno y de las instituciones como Carabineros, Poder
Judicial, incluso del Congreso de no tener “mano dura” contra la
delincuencia. Sin embargo, si hacemos un breve análisis de la efectividad de
las medidas de seguridad nos damos cuenta que la misma gente que toma
estas medidas no se siente más segura pues dice haber sido igualmente
víctima de delitos. Por lo cual, extremar las medidas de seguridad como
opción para evitar ser víctima de un delito, si bien es un mecanismo
disuasivo, no es un mecanismo eficaz y la contribución que tiene en la
disminución de la percepción de inseguridad es mínima, pues se considera
que nada puede impedir que el delito se lleve a cabo. Es más, la misma
gente que adopta estas medidas de seguridad reconoce que las soluciones
deben ir por otros caminos.
Si bien el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas como aumento
de la dotación policial y creación de instancias especializadas en esta
problemática, no ha logrado disminuir esta percepción de inseguridad. La
comunidad se ve entonces forzada a jugar un rol más activo para enfrentar
el problema, generándose una situación de desconfianza en los mecanismos
institucionalizados. Entonces, es al interior de la familia donde se aumentan
las medidas de seguridad, lo que trae aparejado una grave disminución de la
calidad de vida de la familia, la que se encierra en su vivienda, excluyéndose
de la convivencia vecinal, rehusando actividades comunitarias y de
solidaridad entre vecinos.
Con ello se crea un entorno familiar hostil, donde todo lo exterior es
potencialmente agresor. Pueden crearse también otros riesgos al interior del
hogar al crearse una legitimación subjetiva del uso de armas de fuego, lo
que produce no sólo un riesgo de accidentes para la familia en un momento
de confrontación, sino que existe el riesgo de una mala manipulación de
ellas y sus consiguientes efectos. Es más. La inconveniencia de esta
157
medida de seguridad en particular es tal, que las estadísticas muestran que
la mayoría de las armas en poder de delincuentes han sido arrebatadas a
particulares que las han inscrito legalmente.
En suma, para superar el temor debemos entender que la seguridad es
una creación cultural que hoy implica una forma igualitaria, no jerárquica de
sociabilidad.
Tener miedo significa temer una agresión violenta, ver puesta en riesgo la
integridad física y por extensión “lo propio”. Significa no poder disfrutar de la
privacidad del hogar debido al miedo a ser asaltado y también no poder
circular libremente por las calles por temor al robo u otro tipo de agresión.
La razón del miedo al otro pareciera radicar en las grandes y aceleradas
transformaciones que vive la sociedad chilena. Ellas tienen su expresión
más notoria en el deterioro de las pautas básicas de sociabilidad; el vecino,
el prójimo aparecen como personas ajenas con las cuales se comparte poco
o nada.
Si bien la democracia puso fin a la percepción del miedo a la represión, el
objeto del temor se trasladó a la delincuencia. A partir de 1990 se afianza la
percepción de que la delincuencia ha crecido y que está fuera de control,
reemplazando los temores al “comunista”, al “subversivo” propios de los
años ochenta. Desde ahí se genera una percepción de inseguridad que se
ve reflejada en las encuestas, que señalan a la delincuencia como un
problema prioritario de los chilenos. Estas encuestas confirman día a día la
existencia de esta percepción de inseguridad y contribuyen a materializarla,
lo cual se ve reflejado en un aumento en la adopción de medidas de
seguridad.
Existen una serie de medidas de seguridad adoptadas por particulares
con el fin de evitar la sensación de inseguridad, pero estas medidas no
158
tienen efectividad al momento de la prevención del delito. El aumento de
estas medidas no ha influido en la disminución de los índices de temor al
delito ya que aparte de ser bastante ineficientes para disminuir la percepción
misma de inseguridad, producen un deterioro progresivo en la calidad de
vida.
Según un estudio de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano
(PNUD) en el año 1998, en el temor al delito operan otras inseguridades,
aquellas provocadas por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento
de comunidad y finalmente, de la noción misma del orden.
Por ello, entre las iniciativas eficaces para la disminución de esta
percepción de inseguridad, se han propuesto otras alternativas, las que no
pasan por la adopción de medidas de seguridad, sino por articular un
esfuerzo conjunto del gobierno, municipios, dirigentes sociales, Carabineros,
Investigaciones, empresarios y en general de la población.
Se trata de trabajar la temática de la seguridad ciudadana en forma
integral, de modo de invitar a la ciudadanía a renovar y refortalecer los lazos
sociales de modo de crear un sentimiento de cooperación colectiva y
replantear la realidad social y sus problemáticas actuales.
3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA
CREACION DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD.
La vida común en sociedad supone extensas formas de comunicación.
El instinto gregario del hombre hace que los seres humanos se organicen
en comunidades que les permiten desarrollarse y lograr metas en común.
Se forman vínculos entre las personas que forman parte de un mismo
colectivo, aún cuando no se establezcan encuentros cara a cara. Esto es
159
especialmente intenso en la modernidad y se logra con la globalización de
las comunicaciones, cuando las interacciones se vuelven universales y las
comunicaciones se logran en forma virtual.
Surgen, entonces, diversos planteamientos respecto de la calidad del
tratamiento que otorgan los medios de comunicación al fenómeno delictual.
Estos planteamientos se refieren básicamente al impacto que tienen los
medios respecto de la opinión pública en materia de percepciones, actitudes
y posición respecto de la delincuencia.
¿Contribuyen los medios a exacerbar el temor ciudadano de manera
desproporcionada en relación con el riesgo objetivo que enfrentan las
personas en su vida cotidiana? ¿La cobertura que se realiza de los
incidentes de criminalidad contribuye a una comprensión acabada del
contexto en que ocurren esas situaciones y de las alternativas de políticas
adecuadas para reducir los niveles delictuales? Estas son algunas de las
frecuentes interrogantes planteadas.
En consecuencia, antes de analizar la influencia de los medios de
comunicación en la creación de la percepción de inseguridad, analizaremos
el rol y las funciones que deben cumplir los medios de comunicación.
En el capítulo anterior mencionamos que el Derecho Penal, y en general
todas las leyes, tienen una función simbólica y una función instrumental.
Esto es igualmente válido para los medios de comunicación.
En el caso del Derecho Penal, su función instrumental es influir, mediante
mandatos, prohibiciones eficaces y aplicación real de las consecuencias
jurídicas de su infracción, sobre el comportamiento de sus destinatarios, a
fin de obtener el efecto deseado, vale decir, modificar la realidad.
160
Y su función simbólica se caracteriza por dar lugar, más que a la
resolución directa del problema (protección de bienes jurídicos), a la
producción en la opinión pública de la impresión tranquilizadora de un
legislador atento y decidido. Pero, la función simbólica no debe ser elevada a
la categoría de “función exclusiva”, absoluta. En cuanto un Derecho Penal
opera de modo básicamente simbólico pierde a la larga su “fiabilidad”, no
pudiendo cumplir sus funciones de protección. 104
Dada la importancia de los signos y símbolos en nuestra sociedad, el
Derecho Penal, en el corto plazo, cumple funciones educativas,
promocionales, de integración social. Así por ejemplo, agravaciones de una
pena, que desde la perspectiva intimidatoria debieran estimarse como
irracionales, sin embargo, pueden tranquilizar a la sociedad y contribuir a
establecer la confianza en el ordenamiento jurídico. También, la
promulgación de un nuevo precepto penal, por meramente simbólico que
éste sea, puede despertar en la ciudadanía la conciencia acerca de la
importancia del bien jurídico protegido, produciendo una suerte de
“asunción” del mismo. Esto es un efecto de integración.
Sin embargo, por mucha trascendencia que pueda tener lo simbólico en
nuestro entorno social, a la larga lo simbólico no es suficiente. Así, una
nueva norma o un incremento de la penalidad, que en un principio pudiese
tener importantes efectos en cuanto al establecimiento o restablecimiento de
la confianza de la población en el ordenamiento jurídico, en el largo plazo,
redunda en una pérdida de la fiabilidad en el ordenamiento en su conjunto,
con su inaplicación o ineficacia.
En el caso de los medios de comunicación, su función simbólica es el
mensaje lanzado a la sociedad por los controladores del proceso de las
104 SILVA SANCHEZ, Jesús María. “Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo”. J. M. Bosch. Editor S.A. Barcelona, España. 1992, pp.305 y ss.
161
comunicaciones y su función instrumental es la finalidad que busca la
noticia.
El mensaje proporcionado por los medios de comunicación debe ser
veraz, comprobado, contextualizado, no sesgado ni manipulado y su
finalidad última debe ser influir en el comportamiento de los individuos,
informando a la ciudadanía en forma objetiva, educando, proporcionando a
los ciudadanos los elementos para la toma de sus decisiones y la formación
de su juicio propio.
Los medios de comunicación son los actores principales en el proceso de
socialización de los valores de una comunidad y en esta dimensión pueden
contribuir a la formación de ciudadanos para que asuman su responsabilidad
social. El ideal es promover valores democráticos y el respeto a los derechos
humanos.
Con el tiempo, los medios de comunicación han asumido nuevas
funciones que han contribuido a fortalecer los sistemas democráticos,
controlar y fiscalizar a los sectores en el poder, hacer más transparentes los
procesos políticos, económicos y sociales. Asimismo, canalizar las
demandas de la ciudadanía, representar sus problemas y demandar
respuestas de las autoridades.
Sin embargo, los medios masivos de comunicación muestran la realidad
política desde su propia perspectiva. Así, seleccionan y editan la información
según su propia jerarquización. Interpretan y traducen lo que suponen son
las demandas más urgentes, crean nuevas noticias, pautean los temas de
interés e influyen en la agenda pública.
Incluso, algunos autores plantean que, principalmente la televisión,
manipula a la opinión pública respecto a lo que opinan los ciudadanos,
respecto a los temas frente a los que se pronuncian y hasta en la
162
jerarquización de sus demandas. En este sentido, los medios de
comunicación deben evitar la tentación de manipular el pensamiento y la
acción de las personas.
Si ahora analizamos desde esta perspectiva a los medios de
comunicación y su influencia en la creación de la percepción de inseguridad,
podemos comprobar que ellos, efectivamente, influirían en el “ alma nacional
“ de diversas maneras, ya que por un lado, condicionarían la integración
social mediante la conformación de lo público, pero por otro lado los medios
de comunicación masivos favorecerían o inhibirían la capacidad crítica y
reflexiva que puede desarrollar la ciudadanía, pues influirían en la
producción, distribución y consumo de información, en la creación de
símbolos y lenguajes, con los cuales la personas forman su criterio respecto
de la realidad social.
Los medios de comunicación propenden a lo que actualmente se define
como una “cultura de la imagen y el dato”, la que fomenta la inseguridad de
los individuos por diversas razones. Modifica el lenguaje en uso,
yuxtaponiendo al lenguaje verbal tradicional, un nuevo lenguaje visual,
fragmentario y monopolizado.
Esta cultura de la imagen ordena la realidad de tal manera, a través de
los medios tecnológicos de que dispone, que ésta queda menos abierta a la
intervención pública. La inseguridad proviene entonces, entre otras causas,
de ser sujeto pasivo de una realidad sobre la cual no se incide o no se tiene
influencia.
Asimismo, surgen formas nuevas de inseguridad en relación con las
noticias difundidas por los medios de comunicación de masas. Por una
parte, la mayor cantidad de datos e imágenes no asegura una mejor
información. Esta depende de la capacidad crítica para interpretar los datos.
En ausencia de marcos de interpretación compartidos que permitan traducir
163
la inmensa masa diaria de datos fragmentados entregados, ellos aumentan
las dificultades de orientación en la vida cotidiana y consecuentemente
aumentan la incertidumbre reinante.
Asimismo, la tendencia a la diferenciación y especialización de las
instituciones sociales hace que se requiera de una multitud de lenguajes
altamente especializados. La falta adecuada de información o una
información manipulada acerca del funcionamiento de estas instituciones
especializadas constituye una fuente adicional de inseguridad.
Por otra parte, el impacto de los medios de comunicación se relaciona no
sólo con el tipo de vínculos que su presencia crea y promueve. Cabe
preguntarse también por los efectos del tipo de información transmitida. Es
necesario evaluar si los medios de comunicación permiten a las personas
elaborar sus propios y adecuados códigos interpretativos de la realidad
social.
Cuando la gente acusa una carencia de información y una falta de
confianza en la información recibida, podemos concluir que ella se siente
insuficientemente habilitada para manejar las oportunidades que plantea el
actual proceso social. El sentimiento de inseguridad no provendría de una
falta de acceso a los medios de comunicación ya que existe una amplia
cobertura y una variada oferta. La inseguridad tendría que ver con el tipo de
comunicación que prevalece en la sociedad.
Si la prensa escrita ocupa preferentemente el espacio público y la radio el
espacio privado, la televisión establece un complejo puente entre ambos. El
medio audiovisual es particularmente apto para introducir en vivo, el mundo
externo en el interior del hogar y simultáneamente exponer las intimidades
del mundo privado a la luz pública. La televisión ha sido el principal medio
164
encargado de posicionar las temáticas de seguridad en el imaginario social
de los chilenos. 105
La comunicación televisiva promueve una actitud pasiva del
teleespectador. Su única capacidad de decisión podría ser el fenómeno del
“zapping”, selecciones tentativas y momentáneas impulsadas más por el
hastío que por persecución de fines. De aplicarse este hábito a toda relación
social, podríamos llegar a pensar que las personas comienzan a buscar
seguridad no a través de su capacidad para incidir en la realidad, sino a
través de su capacidad para desvincularse de ella; sería una seguridad por
desconexión.
El inmenso material informativo que acumulan los medios no presta
tampoco el servicio que debiera al conocimiento y opinión colectiva. La falta
de tiempo, característica de la forma de vida contemporánea, hace que se
desperdicie una inmensa riqueza informativa. La población se nutre de los
titulares de la prensa escrita, de noticias fuera de su contexto. La
superficialidad distorsiona el proceso de información colectiva.
Por otra parte, la competencia entre los distintos medios hace que la
información carezca de la verificación necesaria para gozar de confianza
pública. Muy pocos diarios prefieren ser los segundos en publicar una noticia
verdadera a publicar una noticia falsa y por esta vía se describe lo que se ha
visto y se opina sobre lo que aún se desconoce. Las noticias no se verifican
y los comentarios quedan reducidos a la simplificación del primer párrafo.
Es importante destacar también el efecto de la información colectiva en la
movilización hacia el consumismo y alarmismo. La información opera de tal
modo en la mente humana, en el nivel de las actitudes psicosociales, que va
105 Seminario “El Rol de los Medios de Comunicación en la difusión de las noticias de seguridad ciudadana”. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 2004, pp.1-3
165
creando necesidades, exigencias y requerimientos que se traducen en
cambios en el orden social, económico, cultural y político.
Los medios de comunicación social, conscientes de su capacidad de
influencia en los receptores de información, se ven enfrentados a una ardua
competencia con el objeto de llegar en forma rápida y entretenida a sus
receptores y así vender más, logrando más adeptos al respectivo canal de
televisión, radio, revista o diario. Es por eso que muchas veces observamos
en las noticias un claro afán sensacionalista, o un exceso en la entrega de
información ocasionando en los receptores una sobre reacción frente a
determinada noticia, lo que caso a caso y en el diario vivir podría ir
generando un “contagio de miedo”. Algunas prácticas de los medios de
comunicación social son enfatizar el enfoque emotivo y, en ocasiones,
desvinculado socialmente de los acontecimientos.
Existe, asimismo, una tendencia a reforzar la concepción de la seguridad
ciudadana, entendida ésta como de exclusiva competencia de los
representantes de los organismos de orden público, como Carabineros e
Investigaciones, lo que priva de proyección pública a otros modelos de
prevención del delito y la inseguridad, tales como el modelo comunitario.106
Es menester, aclarar que actualmente todos los medios, y en especial los
diarios, siguen una misma tendencia sensacionalista, que va creando estas
inseguridades, de manera irresponsable.
Está claro para todos que hoy en día lo que más percibimos a través de
los medios de comunicación son actitudes de violencia. Una violencia
televisiva sistemática que efectivamente resuelve los conflictos y que recibe
reconocimiento social.
106 Seminario “El Rol de los Medios de Comunicación en la difusión de las noticias de seguridad ciudadana”. ob.cit. 2004, pp.1-3
166
En conclusión, el periodismo tiene, según nuestra opinión, mucha culpa
en esto y en vez de utilizar esta gran arma para ayudar a afianzar lazos
entre la población, transmite inseguridad, lo que en el largo plazo ha
generado que nuestro mundo se convierta en una sociedad deshumanizada
y sin valores solidarios, desconfiando todos de todos.
Por tanto, el rol que cumplen los medios de comunicación en los
fenómenos de violencia y criminalidad, requiere de un análisis que articula
tres niveles 107:
- El primer nivel refiere al proceso de construcción de la noticia, donde
entran en juego las valoraciones e imágenes que tienen los periodistas y
los medios en cuestión, más las condiciones y rutinas propias de la
producción de las noticias (emisor).
- El segundo nivel enfoca las noticias y los discursos contenidos en ellas,
puesto que los medios de comunicación colaboran fuertemente a la
configuración de imaginarios sociales, símbolos, valores y tradiciones
(mensaje).
- El tercero, enfoca el proceso de recepción de la noticia por parte de las
audiencias. Aquí cobran relevancia las percepciones y expectativas de la
audiencia y los imaginarios colectivos que determinan de alguna manera
cómo los mensajes que entregan los medios de comunicación son
decodificados, reinterpretados y utilizados en la vida cotidiana.(receptor)
La triangulación de estos tres niveles es necesaria para obtener una
apreciación adecuada del rol que juegan los medios de comunicación en los
problemas asociados a la violencia y a la delincuencia.
107 DASTRES ABARCA, Cecilia; “Visiones Personales, Ideología o Mercado al momento de Informar. Un Análisis de las noticias sobre Inseguridad Ciudadana desde el emisor”. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana CESC, 2002, pp.9 y ss.
167
El primer nivel se refiere a entender el fenómeno “cobertura periodística
de la Seguridad Ciudadana” desde la propia perspectiva de sus actores –
periodistas y editores – puesto que lo que ellos dicen y hacen está
determinado por la forma en que definen su mundo.
Un rol preponderante en la forma en que ellos presentan las noticias de
seguridad ciudadana, tiene que ver con los intereses que se asume tiene el
consumidor de noticias.
Estas supuestas preferencias de la ciudadanía acarrean consecuencias
importantes como la mayor entrega de criminalidad, y un tratamiento de
éstas con un estilo morboso y sensacionalista.
Falta en la presentación de la información respecto de la delincuencia un
mayor énfasis en las políticas implementadas para proponer mayor
seguridad a la población, y ello juega en contra de la imagen de una
sociedad que tiene niveles aceptables de seguridad, pues sólo cubren
hechos policiales desprovistos del contexto que los explican. 108
Por otra parte, es interesante destacar que a pesar de considerar que la
seguridad ciudadana se lograría en un proceso de colaboración entre todos
los actores, al momento de construir noticias existe un énfasis casi exclusivo
en la responsabilidad de las autoridades del Estado.
Por razones de mercado, los medios han optado por una cobertura que
privilegia el sensacionalismo en esta materia, pues asumen que eso es lo
que desea la audiencia. Aunque no debe descartarse un posible interés
ideológico de los medios por cubrir en forma sensacionalista este tipo de
acontecimientos.
108 DIAZ LISBOA, C., MARDONES ZORONDO, A., SOZA MUÑOZ, K. y otros integrantes. ob.cit.2003, pp.104 y ss.
168
Existe una nutrida discusión en torno a si esta influencia que ejercen los
medios de comunicación en la construcción de la realidad es intencional o
responde a intereses ideológicos o es involuntaria y se produce por el sólo
hecho de existir, las características de la sociedad moderna y/o las pautas
de consumo de medios de comunicación que tiene la ciudadanía.
Por una parte, los valores, principios e intereses transmitidos por los
medios de comunicación coinciden con los que pertenecen al grupo de
poder que tiene el control económico de un determinado medio de
comunicación y es así como estos grupos son capaces de crear corrientes
de opinión dentro de una sociedad, que a la larga, son determinantes para la
creación de ciertas leyes o incluso para el equilibrio de las fuerzas políticas
que la gobiernan.
Por otra, el uso de la propaganda como fenómeno o herramienta utilizada
deliberadamente ciertamente es polémica. Los medios de comunicación
masiva cambian, manipulan de una u otra forma los procesos de opinión
pública, y este cambio puede ocurrir por lo que se hace, como por lo que no
se hace o simplemente se omite.
Respecto al tratamiento que se da a las noticias de Seguridad
Ciudadana, se pueden analizar tres aspectos relacionados:
a) Si el acontecimiento aparece o no en el universo de noticias que se da a
conocer.
b) La profundidad y análisis con que se entrega la noticia .
c) El estilo con que se entrega esta información.
Lo relevante de esto es, que cuando la cobertura noticiosa no permite
desarrollarlos adecuadamente, la información entregada no aporta los
elementos de análisis suficientes a la ciudadanía.
169
Todas estas consideraciones adquieren gran importancias ante el
aumento de informaciones delictuales, frente a las cuales la ciudadanía se
siente inmersa en una verdadera pesadilla. El temor y la angustia cotidiana
ante una delincuencia que aumenta y que no pareciera ser controlable por
las instituciones encargadas de mantener la paz social, son el germen
óptimo para el brote de reacciones de autotutela.109
Por lo tanto, es necesario considerar que una cobertura más adecuada
del fenómeno de la criminalidad pasa por la búsqueda de un modelo
periodístico específico que considere tanto las necesidades del proceso
productivo de noticias que tienen los medios de comunicación, así como sus
necesidades de mercado, las formas en que decepcionan las audiencias
este tipo de noticias y los marcos teóricos y conceptuales existentes sobre
violencia y criminalidad.
En síntesis, tras lo analizado, hemos podido mostrar que la violencia y la
delincuencia se manifiestan de manera multidimensional y se asocian
estrechamente a la subjetividad de las personas. De esta forma, en la
explicación de estos fenómenos inciden factores relacionados con la
situación social, económica y cultural de las personas así como también
factores de carácter contextual e institucional.
La percepción de inseguridad está acompañada de las impresiones de la
población que vive en un sistema que incrementa la desigualdad social.
Esta percepción de desigualdad, como vimos en el capítulo anterior,
puede obedecer a distintas razones, entre ellas:
- El debilitamiento de “principios o valores” de igualdad que
estructuran la sociedad, acompañados de una nula variación de
las desigualdades.
109 DIAZ LISBOA, C., MARDONES ZORONDO, A., SOZA MUÑOZ, K. y otros integrantes. ob cit 2003, pp.104 y ss.
170
- Un aumento de las desigualdades estructurales medidas a través
del ingreso, el acceso a la educación como un medio de ascenso
social, el acceso a la vivienda, salud, entre otros.
- El nacimiento de desigualdades producto de las evoluciones
técnicas, jurídicas, económicas, o del cambio de la relación del
individuo con el prójimo. 110
Es importante también destacar el notorio contraste entre la creciente
sensación de inseguridad de la población y la ausencia de estadísticas
consolidadas que permitan dimensionar de forma objetiva este fenómeno.
Numerosas experiencias demuestran que la sensación de inseguridad no
guarda relación estricta con las estadísticas que registran empíricamente las
probabilidades de ser víctimas de delitos. Sólo en estos últimos dos años, se
dispone de estadísticas que permitirán evaluar, elaborar diagnósticos que
orienten de manera efectiva las acciones que deban emprender las
autoridades públicas y la población.
Se ha tratado de evidenciar la necesidad de asumir perspectivas
integrales que combinen prevención y control en el tratamiento de la
violencia delictual. Es un enorme desafío, ya que junto con atender las
necesidades más urgentes de la población, deben apuntar a alcanzar
soluciones sostenibles en el largo plazo y que, efectivamente, reduzcan la
violencia y la criminalidad. Pero, además, representan un desafío porque en
muchos casos supone restituir la confianza entre autoridades policiales y la
sociedad civil como paso previo para fomentar la participación y compromiso
de la población en los planes de seguridad ciudadana; iniciar y fomentar
procesos de reforma judicial y penal que requieren de grandes consensos
políticos y sociales; y promover un cambio cultural de largo plazo como es el
paso hacia la resolución pacífica de conflictos en distintos ámbitos de la
sociedad.
110 OVIEDO, Enrique.”Democracia y Seguridad Ciudadana en Chile”. Artículo escrito en el marco del Programa de Pobreza y Exclusión Social de SUR. Proyecto Fondecyt Nº 1980712. (1998/1999).
171
Este desafío se extiende también a la consolidación de los sistemas de
estadísticas criminales de la región, con el fin de identificar los factores más
gravitantes en la violencia delictual.
Hacia algunos de estos desafíos apunta la nueva Ley Nº 20.014 que
modifica la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, la que analizaremos en
detalle en el próximo capítulo.
Esa nueva ley busca por una parte, restringir la posesión y tenencia de
armas de fuego por parte de la población civil, y por otra, establecer un
órgano central, que permita recopilar la información en forma centralizada
desde todas las instituciones contraloras.
La modificación de la ley Nº 17.798, además de reforzar la labor de la
Dirección General de Movilización Nacional ha venido a reafirmar una
tradición existente desde los inicios de la República, como pudimos apreciar
en el capítulo anterior, en el sentido que el Estado es una suerte de garante
en cuanto al monopolio y/o control de armas.
Esta modificación requirió de un gran debate político y un consenso para
su promulgación, entendiéndose que permitiría ser un primer paso en la gran
trayectoria que sólo recién se inicia para mejorar los índices de seguridad
ciudadana.
172
CAPITULO III
LA TENENCIA Y POSESION DE ARMAS EN LA LEY Nº 20.014
1. GENERALIDADES
La Ley de Control de Armas Nº 17.798 fue promulgada el 22 de Octubre
de 1972, reemplazando las normas de la Ley Nº 12.927 que regulaban hasta
esa fecha el control de las armas de fuego. La promulgación de esta ley se
produjo en un momento histórico en que la autoridad presidencial se hallaba
seriamente deteriorada debido a la extrema polarización política y a la
irrupción de organizaciones armadas que pugnaban con el gobierno
constitucional de la época para intensificar las transformaciones
contempladas en su programa de gobierno o bien, para impedir dichas
transformaciones, generándose una situación social que se caracterizaba
por pasiones exacerbadas e intranquilidad, condiciones que habrían
configurado un clima de violencia. De este modo, la legislación sobre control
de armas de 1972 fue dictada con la finalidad de desarmar grupos
violentistas de la época111.
La promulgación de la Ley Nº 17.798 en el año 1972 claramente
respondió entonces a la voluntad del gobierno constitucional, de generar
condiciones políticas que motivaran la confianza de un sector de la
oposición, para evitar el colapso institucional.
Luego de la caída del gobierno constitucional en 1973, sería el gobierno
de las Fuerzas Armadas quien se encargaría de poner en vigencia dicha
111 Artículo “Restricción a Propiedad de Armas”. Diario El Mercurio. Septiembre 2000. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
173
normativa con modificaciones refundidas en un texto único y ordenado por
Decreto Supremo No. 400, publicado en el Diario Oficial en Abril de 1978.
En Agosto de 1998, los parlamentarios Juan Bustos Ramírez. Carlos
Montes Cisternas y Juan Pablo Letelier Morel presentaron una moción ante
la Cámara de Diputados para modificar la ley Nº 17.798 sobre Control de
Armas existente en el país. (Boletín No. 2219-02)
Las ideas matrices presentadas en dicha moción fueron:112 “aumentar
las exigencias que la Ley 17.798 contempla para inscribir un arma; prohibir
el porte de ellas fuera de los lugares en los que expresamente se autorizó su
tenencia; prohibir que una persona inscriba más de un arma; aumentar las
multas, en los casos en que la ley contempla esta sanción, para quienes
posean o tengan armas sin contar con la autorización e inscripción
correspondiente, para quienes porten armas y para quienes tienen armas
inscritas y abandonen o no comuniquen a las autoridades competentes la
pérdida o extravío de la especie. Por último, contemplar la obligación de las
personas que cuentan con armas inscritas, de reinscribirlas cada cierto lapso
de tiempo y de informar a las Comisarías de Carabineros y de la Policía de
Investigaciones correspondientes a su domicilio, que cuenta con un arma
inscrita, sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Movilización
Nacional y de las autoridades fiscalizadoras que señala el Reglamento”
Dicha moción fundamentó las modificaciones que pretendía introducir a la
Ley sobre Control de Armas, en las circunstancias de que la seguridad
ciudadana y el combate a la delincuencia se habían constituido en uno de
los principales factores de preocupación de la ciudadanía y si bien no existía
un total acuerdo acerca del posible incremento de la delincuencia, sí lo había
112 BUSTOS RAMIREZ, Juan, LETELIER MOREL, Juan Pablo y MONTES CISTERNAS, Carlos. “Moción Modifica Ley No. 17.798 sobre Control de Armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones”. Agosto, 1998.
174
en el sentido de que se había producido un manifiesto aumento en los
delitos de robo con fuerza y de robo con violencia.
Dicha moción añadió que de los delitos señalados, una importante
cantidad había sido cometida mediante el uso de armas de fuego, las que
provenían de asaltos efectuados a particulares, generándose así un
verdadero círculo vicioso, por cuanto las víctimas habían adquirido
armamento para su defensa y éste había terminado incrementando el
parque en poder de los antisociales. Lo anterior quedaba demostrado con el
notorio aumento del decomiso de armas por parte de Carabineros.
De acuerdo a los registros existentes al mes de Marzo de 1998, las
armas inscritas a favor de particulares alcanzaban a 617.000, de las cuales
un 62% corresponderían a defensa personal y el resto a caza o deporte,
según los parlamentarios citados.
Asimismo, en dicha moción los patrocinantes de esta iniciativa recordaron
los desgraciados acontecimientos ocurridos en Estados Unidos y en países
de Europa, en que menores, empleando armas sustraídas de sus hogares,
habrían cometido graves delitos, incluso homicidios. A su parecer, los
países que han permitido armarse a sus poblaciones para repeler la
delincuencia, no han alcanzado resultados satisfactorios.
Todo lo anterior, los llevó a proponer formas para desincentivar la
adquisición de armas por parte de los particulares, a fin de evitar que éstas
terminen en manos de la delincuencia.
Tramitación.
A partir del año 1998, el Proyecto de Ley para modificar la Ley Nº 17.798
fue tramitado en la Cámara de Diputados y en el Senado, siendo enviado el
día 5 de Abril del 2005 al Presidente del Tribunal Constitucional, según
175
Oficio No. 5476. El día 13 de Mayo del 2005, fue finalmente promulgada la
Ley Nº 20.014 sobre Control de Armas que modifica la Ley Nº 17.798.
La Ley Nº 17.798 protege bienes jurídicos de la mayor importancia,
siendo éstos, de un lado, la seguridad del Estado, y de otro lado, la
seguridad pública. La nueva Ley Nº 20.014 busca dar mayores garantías de
protección de la seguridad pública, la que se relaciona con la seguridad
ciudadana y la tranquilidad pública, siendo este último el bien jurídico
protegido.
2. ANALISIS DE LA LEY Nº 20.014 SOBRE CONTROL DE ARMAS
Para el análisis de esta Ley Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798
sobre Control de Armas, nos referiremos exclusivamente a los artículos que
dicen relación con la tenencia de armas, objeto de nuestro estudio.
Las mayores modificaciones analizadas se refieren a:
- Establecimiento de una autoridad central coordinadora.
- Una mayor precisión en el tipo de armas restringidas.
- Ampliación de las funciones fiscalizadoras de las autoridades
indicadas para tal efecto. Obligación del poseedor o tenedor del
arma a exhibirla en caso de serle requerida.
- Permiso para transporte de armas en circunstancias especiales y
por plazos limitados.
- Establecimiento de mayores requisitos para la inscripción de
armas.
- Establecimiento de razones fundadas para la inscripción de más
de un arma.
- Establecimiento de mayores sanciones y multas por infracciones.
- Establecimiento de plazos para dar aviso de abandono o extravío
de armas a la autoridad competente.
176
- Establece que constituye circunstancia eximente, la entrega
voluntaria de armas o elementos sujetos a control de esta ley, a
las autoridades fiscalizadoras, sin que haya mediado actuación
policial, judicial o del Ministerio Público.
Artículo No.1, Ley Nº 17.798: “El Ministerio de Defensa Nacional a través de
la Dirección General de Movilización Nacional estará a cargo de la
supervigilancia y control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y
artículos pirotécnicos y otros elementos similares de que trata esta ley.
Para este efecto, se desempeñarán como autoridades ejecutoras,
contraloras o asesoras en los términos previstos en esta ley, las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, autoridades de
Carabineros de Chile, el Banco de Pruebas de Chile y los Servicios
Especializados de las Fuerzas Armadas”.
Artículo No.1, Ley Nº 20.014 : Sustitúyese el inciso segundo del artículo
1º, por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior , la Dirección General
de Movilización Nacional actuará como autoridad cen tral de
coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que
correspondan a las comandancias de guarnición de la s Fuezas
Armadas y autoridades de Carabineros de Chile y, as imismo, de las
autoridades asesoras que correspondan al Banco de P ruebas de Chile
y a los servicios especializados de las Fuerzas Arm adas, en los
términos previstos en esta ley y en su reglamento”.
Comentario: Esta modificación establece una autoridad central
coordinadora de todas las autoridades ejecutoras y contraloras, la que será
la Dirección General de Movilización Nacional, con lo cual se busca una
mejor centralización en lo relativo a la supervigilancia y control de los
organismos que están bajo su dependencia.
177
Con esta modificación, además de reforzar la labor de la Dirección
General de Movilización Nacional se viene a reafirmar una tradición existente
desde los inicios de la República, en el sentido que el Estado es una suerte
de garante en cuanto al monopolio y/o control de las armas.
Artículo No.2, Ley Nº 17.798: “Quedan sometidos a este control:
a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera
sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las
fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre, navales y
aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta
finalidad;
b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c) Las municiones y cartuchos;
d) Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus
partes y piezas;
e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser
usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven
de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o
cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de
efecto fisiológico;
f) Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría,
almacenamiento o depósito de estos elementos y
g) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de
similar naturaleza, sus partes y piezas. En este caso, no será
aplicable lo dispuesto en los artículos 8º, 14 A, 19º y 25º de esta ley”.
Artículo Nº2, LeyNº 20.014 : Modifícase el artículo 2º de la siguiente
manera:
“Quedan sometidos a este control:
a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera
sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las
178
fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre, navales y
aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta
finalidad;
b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c) Las municiones y cartuchos;
d) Los explosivos, bombas, incluidas las incendiarias , y otros
artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas;
e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser
usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven
de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o
cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de
efecto fisiológico;
f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos
de similar naturaleza, sus partes y piezas. En este caso, no será
aplicable lo dispuesto en los artículos 8º y 14 A.
g) Las instalaciones destinadas a la fabricación, a rmaduría, prueba,
almacenamiento o depósito de estos elementos.
Para los efectos de este control, las autoridades a que se refiere el
artículo 1º de esta ley podrán ingresar a los políg onos de tiro.”
Comentario: La nueva modificación aumenta los elementos o artefactos
sometidos a control, al incluir las bombas incendiarias. Además, incluye
dentro de los elementos que quedan sometidos a su control a las
instalaciones de prueba y los polígonos de tiro, lo que es adecuado por
cuanto dichos lugares tienen un grado de peligrosidad tan alto como los de
fabricación, armaduría, almacenamiento y depósito.
Para los elementos señalados en la letra f) ya no serán aplicables los
artículos 19º y 25º, derogados por la nueva ley 20.014. Con ello queda de
manifiesto que el propósito de las modificaciones que introduce la nueva ley
20.014 es proteger el bien jurídico de la tranquilidad pública, en tanto que la
ley anterior No. 17.798 surgió como una necesidad para proteger la
179
Seguridad del Estado y la seguridad pública113. Entendiéndose por
Seguridad del Estado, la estabilidad y normal funcionamiento de los órganos
del Estado, en suma, la forma de gobierno, en tanto que la seguridad pública
se refiere a la protección de personas y bienes.
Artículo No.3, Ley Nº 17.798: “ Ninguna persona podrá poseer o tener armas
largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier
calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía,
entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia
inofensiva; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera otra
arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad,
sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos
de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados
sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a
Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería
de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil estarán exceptuadas
sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y
semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o
explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de
Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas
armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el
respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
113 VILLEGAS DIAZ, M. ob.cit.2001, p.598.
180
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas
especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas y
nucleares”.
Artículo No.3, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo 3º del siguiente
modo, en su inciso primero:
“Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan
sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma
totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas
que se esconden bajo una apariencia inofensiva; armas cuyos números de
serie se encuentren adulterados o borrados ; ametralladoras,
subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma automática y
semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su
potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería”
Agrégase en el inciso segundo:
“Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados
sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación., así
como tampoco bombas o artefactos incendiarios”.
Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasand o el actual a ser
cuarto:
“Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación
artesanal ni armas transformadas respecto de su con dición original, sin
autorización de la Dirección General de Movilizació n Nacional.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a
Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería
de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil estarán exceptuadas
sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y
181
semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o
explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de
Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas
armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el
respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas
especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas y
nucleares”.
Comentario:
a) Este artículo establece una prohibición de carácter general de
posesión de armas sumamente importante para la configuración de los tipos
penales. Y se relaciona estrechamente con el tipo penal de posesión y
tenencia contenido en el artículo 9º.
b) Este artículo busca ser lo más taxativo y extensivo posible en cuanto
al tipo de armas restringidas para facilitar un mejor control y un catastro más
riguroso. No deja al azar ninguna posibilidad de hacer modificaciones o
alteraciones a dichas armas, estableciendo así un universo de éstas lo más
específico posible y condicionando su autorización a la aprobación de la
Dirección General de Movilización Nacional. Con esta disposición se otorga
amplias atribuciones a este organismo contralor.
El propósito de este artículo es restringir el acceso o uso, por parte de
delincuentes, de armas robadas (léase con el número de serie borrado),
armas de fabricación artesanal (léase hechizas) y transformadas respecto de
su condición original, para adecuarse a la realidad actual en que el uso de
este tipo de armas en hechos delictivos es cada vez más frecuente.
c) La modificación de la nueva ley Nº 20.014 al establecer “ninguna
persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas
182
transformadas respecto de su condición original” permite incluir dentro de
este último concepto, a un amplio espectro de armamento que no se
encuentra incluido en la ley Nº 17.798.
Sin embargo, el término “armas largas cuyos cañones hayan sido
recortados” restringe el tipo penal, por lo que no debió ser incluido dentro de
este artículo, ya que este término se entiende inserto dentro del concepto
“armas transformadas respecto de su condición original”.
d) No se considera acertada la indicación “ninguna persona podrá
poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas
respecto de su condición original, sin la autorización de la Dirección General
de Movilización Nacional” por cuanto en el contexto del artículo 3, no existe
la posibilidad de contar con inscripciones o autorizaciones especiales. La
prohibición es absoluta.
Esta disposición contemplaría una falla legislativa al otorgar atribuciones
a la Dirección General de Movilización Nacional para otorgar autorización
para la tenencia de armas “de fabricación artesanal o modificadas respecto
de su condición original”.
e) No nos parece adecuado que este artículo3º prohiba la tenencia de
bombas o artefactos incendiarios, pero no así, los artefactos de similar
naturaleza, sus partes y piezas, especificados en la letra d) del artículo 2º
precedente dado que:
El artículo 13º de la Ley 20.014 establece prohibiciones de carácter
aboluto y sanciones, en:
- su inciso 1º, al establecer “los que poseyeren o tuvieren alguna de
las armas o elementos señalados en los incisos 1º, 2º y 3º del
artículo 3º serán sancionados…” y en
183
- su inciso 2º, al indicar “Si dichas armas son material de uso bélico
o aquéllas señaladas en el inciso final del artículo 3º, la pena
será….”
En consecuencia,, conforme el artículo 13º, los artefactos de similar
naturaleza, sus partes y piezas, especificadas en la letra d) del artículo 2º de
la nueva ley 20.014 no estarían prohibidas y quedarían sin sanción por no
estar considerados en el artículo 3º.
Por otra parte, el artículo 9º, inciso 1º de la ley No. 17.798, modificado por
la nueva ley No. 20.014, establece prohibiciones, condicionadas a
autorización o inscripción, y sanciones de presidio menor en su grado medio
a presidio mayor en su grado mínimo para “ Los que poseyeren o tuvieren
algunas de las armas o elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del
artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la
inscripción establecida en el artículo 5º.”
Por lo tanto, la tenencia o posesión de estas armas o elementos será
considerado ilegal en ausencia de los siguientes requisitos no copulativos:
- La autorización de la Dirección General de Movilización Nacional
señalada en el artículo 4º (“Ninguna persona natural o jurídica,
podrá poseer o tener las armas, elementos o instalaciones
indicadas en el artículo 2º,….sin la autorización de la misma
Dirección…”) o
- La inscripción señalada en el artículo 5º. (“Toda arma de fuego
que no sea de las señaladas en el artículo 3º deberá ser
inscrita…”)
En consecuencia, esto significará que los artefactos de similar naturaleza,
sus partes y piezas, especificadas en la letra d) del artículo 2º de la nueva
ley 20.014, tendrán que contar con autorización de la Dirección General de
Movilización Nacional (DGMN), conforme el artículo 4º o deberán ser
184
inscritas conforme el artículo 5º para que su tenencia o posesión no sea
sancionada o considerada ilegal. Ambos requisitos muy difíciles de cumplir
en este caso específico, dada la particularidad de los artefactos y elementos
citados y, además, por la dificultad de su fiscalización y registro.
Artículo No.4, Ley Nº 17.798: “Para fabricar, armar, importar o exportar las
armas o elementos indicados en el artículo 2º y para hacer instalaciones
destinadas a su fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito, se
requerirá autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, la
que se otorgará en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
Ninguna persona natural o jurídica, podrá poseer o tener las armas y
elementos indicados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º, ni
transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichas
armas y elementos sin la autorización de la misma Dirección o de las
autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que
determina el Reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y
elementos establecidos en la letra a) del artículo 2º, esta autorización sólo
podrá ser otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional……”
Artículo No.4, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo 4º de la siguiente
manera:
“Para fabricar, armar, transformar , importar o exportar las armas o
elementos indicados en el Artículo 2 y para hacer instalaciones destinadas a
su fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito, se requerirá
autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, la que se
otorgará en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “las ar mas y elementos
indicados en las letras a), b), c), d) y e) del art ículo 2º, por la siguiente:
Ninguna persona natural o jurídica, podrá poseer o tener las armas,
elementos o instalaciones indicados en el artículo 2º, ni transportar,
185
almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichas armas y
elementos sin la autorización de la misma Dirección o de las autoridades a
que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que determina el
Reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y elementos
establecidos en la letra a) del artículo 2º, esta autorización sólo podrá ser
otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional……”
Comentario:
a) La nueva ley No. 20.014 insiste en restringir la transformación de
armas con la nueva indicación del inciso primero de este Artículo 4º, tal
como lo hiciera en el Artículo 3º anterior, y condicionándolo a la autorización
de la Dirección General de Movilización Nacional, lo que es acertado.
b) Por otra parte, en su inciso segundo, este artículo establece que
“Ninguna persona podrá poseer o tener las armas y elementos o
instalaciones indicados en el Artículo 2º” con lo cual se incluye la letra g) del
Artículo 2º, vale decir “instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría,
prueba, almacenamiento o depósito de estos elementos”. En consecuencia,
debiera haberse eliminado el verbo rector “almacenar” que se encuentra
entre los verbos rectores “ transportar” y “distribuir” porque estaría implícito
en lo anterior.
c) Finalmente, este Artículo 4º busca establecer una estricta prohibición
a las personas naturales y jurídicas sobre la fabricación, comercialización,
importación, exportación y armaduría de dichas armas, de tal manera de
dejar tal función sólo a los organismos que la propia Dirección General de
Movilización autorice previamente. Con ello busca una mayor fiscalización
desde el orígen y fabricación de las armas hasta su comercialización.
Artículo No.5, Ley Nº 17.798: “Toda arma de fuego que no sea de las
señaladas en el artículo 3º deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o
tenedor ante las autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de
186
las personas naturales, la autoridad competente será la que corresponda a
la residencia del interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del
lugar en que se guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro
Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción solo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el
arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de
trabajo o al lugar que se pretende proteger.
Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando,
a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes,
haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior”.
Artículo No.5, Ley Nº 20.014 : Agréganse en el artículo 5º los siguientes
incisos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, déc imo, undécimo y
duodécimo, nuevos:
“Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el artículo 3º deberá
ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades
indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas naturales, la
autoridad competente será la que corresponda a la residencia del
interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se
guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro
Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el
arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de
trabajo o al lugar que se pretende proteger.
187
Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando,
a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes,
haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.”
“El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso terce ro podrá ser
verificado exclusivamente por las autoridades fizca lizadoras a que se
refiere el artículo primero de esta ley, dentro de su respectiva
jurisdicción, y por los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes
deberán exhibir una orden escrita expedida por el C omisario a cuya
jurisdicción corresponda el lugar autorizado para m antener el arma.
Esta diligencia sólo podrá realizarse entre las och o y las veintidós
horas y no requerirá de aviso previo. La fiscalizac ión referida no
facultará a quien la practique para ingresar al dom icilio del fiscalizado.
El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma,
presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en
caso de negativa de aquél a mostrarla. Si el arma n o es exhibida, se lo
denunciará, a fin de que se investigue la eventual comisión de alguno
de los delitos previstos en los artículos 11 o 14 A . Si el poseedor o
tenedor no es habido, no podrá practicarse la fisca lización.
Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tene dor se ausentare
del lugar autorizado para mantener el arma, podrá d epositarla, por
razones de seguridad, ante la autoridad contralora de su domicilio, la
que, en la forma que disponga el reglamento, emitir á una guía de libre
tránsito para su transporte, guarda y depósito.
Asimismo, el poseedor o tenedor, previa solicitud f undada, será
autorizada para transportar el arma de fuego al lug ar que indique y
mantenerla allí hasta por un plazo de sesenta días. La autorización
deberá señalar los días específicos en que el arma podrá transportarse.
188
En caso que el poseedor o tenedor, por cualquier ci rcunstancia,
requiera transportar el arma de fuego en día distin to del señalado en la
autorización, podrá solicitar, por una sola vez, un permiso especial a la
autoridad contralora correspondiente.
Las personas que al momento de inscribir un arma an te la autoridad
fiscalizadora se acrediten como deportistas o cazad ores tendrán
derecho, en el mismo acto, a obtener un permiso par a transportar las
armas que utilicen con esas finalidades. El permis o antes señalado se
otorgará por un período de dos años y no autorizará a llevar las armas
cargadas en la vía pública.
El transporte a que se refiere este artículo no con stituirá porte de
armas para los efectos del artículo 6º.
En caso de fallecimiento de un poseedor o tenedor d e arma de fuego
inscrita, el heredero o la persona que tenga la cus todia de ésta u ocupe
el inmueble en el que el causante estaba autorizado para mantenerla, o
aquél en que efectivamente ella se encuentre, deber á comunicar a la
autoridad contralora las circunstancias del falleci miento y la
individualización del heredero que, bajo su respons abilidad, tendrá la
posesión provisoria de dicha arma hasta que sea adj udicada, cedida o
transferida a una persona que cumpla con los requis itos para inscribir
el arma a su nombre. Si la adjudicación, cesión o t ransferencia no se
hubiere efectuado dentro del plazo de noventa días, contado a partir de
la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la o bligación de entregar
el arma en una Comandancia de Guarnición de las Fue rzas Armadas o
en una Comisaría, Sub Comisaría o Tenencia de Carab ineros de Chile.
La autoridad contralora procederá a efectuar la ent rega a quien exhiba
la inscripción, a su nombre, del arma de fuego depo sitada. La
infracción de lo establecido en esta norma será san cionada por la
189
autoridad contralora con multa de cinco a diez unid ades tributarias
mensuales.”
Comentario:
a) Si bien la nueva ley 20.014 establece una fiscalización estricta de lo
dispuesto en el artículo 5º, inciso tercero de la ley 17.798, sin embargo,
establece una facilidad al poseedor del arma, en su nuevo inciso 8º, al
indicar“si el poseedor o tenedor se ausentare del lugar autorizado para
mantener el arma, podrá depositarla, por razones de seguridad, ante la
autoridad contralora de su domicilio…”.
Esta disposición busca, por una parte, evitar la sustracción de armas del
domicilio de los poseedores o tenedores autorizados, en caso de ausencia
de sus dueños, y por otra parte, otorgar una facilidad para los poseedores de
armas. Pero, al indicar “podrá depositarla por razones de seguridad”,
creemos que busca establecer también una responsabilidad para los
poseedores y tenedores de armas autorizados, crear un compromiso de
parte de quienes han sido autorizados para inscribir un arma.
Para ser más taxativa aún, el verbo rector en este caso debió ser
“deberá” y no, “podrá”.
b) El nuevo inciso noveno de la ley 20.014 autoriza el porte de armas en
casos puntuales y fundados. Este nuevo inciso también otorga otra facilidad
a los poseedores de armas inscritas, como podría ser en el caso de requerir
transportar el arma desde su domicilio particular al campo o a una parcela
de veraneo.
c) Los nuevos incisos agregados al Artículo 5º, si bien otorgan nuevas
facilidades a los poseedores de armas, cumplen, asimismo, con el principio
de taxatividad en las normas penales. Es importante que las circunstancias
bajo las cuales se permite tener un arma en un bien raíz sean verificadas por
la autoridad, presumiéndose que el arma no se encuentra en el lugar
190
autorizado cuando el poseedor o tenedor se negare a exhibirla. Asimismo,
es importante esta mayor fiscalización posterior a la inscripción de un arma,
como forma de verificar que se cumpla el motivo por el cual se solicitó su
inscripción, esto es, proteger el bien raíz declarado.
d) Creemos importante la inclusión del inciso décimo en la nueva ley Nº
20.014, el que permite acreditar la condición de deportista o cazador al
momento de la inscripción de un arma, y de esta forma obtener un permiso
especial para transportar armas con esa finalidad, por un período limitado y
con determinada restricción. Sin embargo, el término “deportista” es muy
amplio. La ley no señala a qué tipo de deportistas se refiere.¿Deberemos
subentender que se trata de deportistas relacionados con actividades de
armas de tiro? La ley debió ser más específica.
El que se señale que el transporte de armas en este caso no constituye
porte de armas para los efectos del Artículo 6º es coherente, ya que tiende a
precisar el precepto, cumpliendo con el principio de taxatividad en las
normas penales.
e) El último inciso de la nueva ley Nº 20.014 busca controlar el destino
de las armas, después de la muerte del tenedor o poseedor de un arma
inscrita. Establece el procedimiento a seguir en esta situación, señalando
quien tendrá la posesión provisoria del arma hasta que ésta sea adjudicada,
cedida o transferida a una persona que cumpla con los requisitos para
inscribir un arma.
Intercálase el siguiente Artículo 5º A, nuevo:
“Artículo 5º A, Ley Nº 20.014 : “Las autoridades señaladas en el Artículo
4º sólo permitirán la inscripción de una o más arma s cuando su
poseedor o tenedor cumpla con los siguientes requis itos:
191
a) Ser mayor de edad. Se exceptúan de este requisit o los menores
de edad que se encuentren registrados como deportis tas, debidamente
autorizados por sus representantes legales, para el sólo efecto del
desarrollo de dichas actividades. En este caso, el uso y transporte de
las armas deberá ser supervisado por una persona ma yor de edad,
quien será legalmente responsable del uso y transpo rte de las mismas;
b) Tener domicilio conocido;
c) Acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre
conservación, mantenimiento y manejo del arma que p retende inscribir,
y que posee una aptitud física y psíquica compatibl e con el uso de
armas.
El reglamento determinará el modo de acreditar dich a aptitud física
y psíquica;
d) No haber sido condenado por crimen o simple deli to, lo que se
acreditará con el respectivo certificado de anteced entes. Sin embargo,
en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que
merezcan pena aflictiva, el Subsecretario de Guerra , previo informe del
Director General de Movilización Nacional, podrá au torizar se practique
la inscripción del arma por resolución fundada, la que deberá
considerar la naturaleza y gravedad del delito come tido, la pena
aplicada, el grado de participación, la condición d e reincidencia, el
tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la necesidad, uso,
tipo y características del arma cuya inscripción se requiere;
e) No haber sido dictado a su respecto auto de aper tura del juicio
oral. Para estos efectos, los jueces de garantía de berán comunicar
mensualmente a la Dirección General de Movilización Nacional las
personas respecto de las cuales se hubiera dictado dicha resolución, y
f) No haber sido sancionado en procesos relacionado s con la ley
Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.
La letra c) del inciso primero no se aplicará a los miembros del
servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública
y de Gendarmería de Chile.
192
El cumplimiento del requisito establecido en la let ra f) se acreditará
con el respectivo certificado de antecedentes emiti do por el Servicio de
Registro Civil e Identificación.
El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá ac reditar, cada
cinco años, contados desde la fecha de inscripción que cumple con el
requisito contemplado en la letra c) del inciso pri mero de este artículo.
Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un
arma inscrita pierde las aptitudes consignadas en l a letra c) o es
condenado en conformidad con la letra d), o bien sa ncionado en los
procesos a que se refiere la letra f), la Dirección General de
Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva
inscripción, reemplazándola por una nueva a nombre de la persona que
el poseedor o tenedor original señale y que cuente con autorización
para la posesión o tenencia de armas”.
Comentario:
a) La inclusión de este artículo busca restringir la inscripción
indiscriminada de armas, lo que nos parece sumamente acertado.
b) Se permitirá la inscripción de una o más armas cuando su poseedor o
tenedor cumpla el requisito de” ser mayor de edad…”
Respecto a este requisito básico de ser mayor de edad, no hay mayor
comentario porque se entiende que menores de edad no tienen la madurez
suficiente para inscribir un arma. Pero, luego el artículo 5º A agrega: “Se
exceptúan de este requisito a los menores de edad registrados como
deportistas, debidamente autorizados por sus representantes legales….” La
ley no señala qué tipo de deportistas, lo que a nuestro juicio es una omisión
de la ley. No puede presumirse que se trata de deportistas relacionados con
armas de tiro. En derecho penal no procede aplicar analogías.
Esta prohibición de inscribir armas para menores de edad es absoluta,
salvo por la excepción señalada anteriormente.
193
c) Se requiere tener domicilio conocido, requisito que no merece
mayores comentarios salvo el ser requisito indispensable para futuras
fiscalizaciones del arma.
d) Con respecto al requisito de acreditar los conocimientos necesarios
sobre conservación y mantenimiento del arma y de poseer una aptitud física
y psíquica compatible con el uso de armas, creemos que es una exigencia
muy acertada.
Creemos que sería conveniente que el tenedor de un arma, realizara
cursos de instrucción en una institución como Carabineros de Chile, la que
puede certificar que dicha persona posee los conocimientos necesarios y
está en condiciones de conservar el arma en buen estado. La ley no define
la institución, como tampoco define lo que es tener una aptitud física y
psicológica adecuada, ni cómo debiera ser dicha evaluación, aunque indica
que el Reglamento determinará el modo de acreditar dicha aptitud física y
psíquica.
Creemos que en caso de permitir que instituciones privadas otorguen
dicha certificación, debe crearse un organismo central de fiscalización, que
las controle periódicamente en su actuación.
Este artículo establece como requisito c) “acreditar los conocimientos
necesarios sobre conservación y mantenimiento del arma y de poseer una
aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas”. Y posteriormente
agrega: “La letra c) del inciso primero no se aplicará a los miembros del
servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de
Gendarmería de Chile”.
No nos parece adecuado excluir de este requisito a los miembros de las
citadas instituciones puesto que ello atenta contra el principio de igualdad.
194
Además, dichas personas, aunque tienen el conocimiento necesario sobre
manejo y conservación de armas, debieran estar sometidos a controles
físicos y psíquicos, ya que nada impide que algunas de estas personas
puedan tener, por ejemplo, sus facultades mentales perturbadas.
e) El artículo 5º A, letra d) establece, entre los requisitos para autorizar la
inscripción de una o más armas, el “no haber sido condenado por crimen o
simple delito…”. Y además, establece que en caso de haber sido
condenado en conformidad con la letra d), la Dirección General de
Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva
inscripción….”
La ley en este tema es drástica y tajante y parece fundamentarse en la
peligrosidad social del sujeto. En caso de haber sido condenado por crimen
o simple delito…, no permite la inscripción y, en caso de ser tenedor de arma
inscrita, cancela la inscripción correspondiente. Creemos que el legislador
busca evitar la reincidencia de delitos en este caso, protegiendo el bien
jurídico de la tranquilidad pública, que a nuestro juicio es la esencia de la
nueva ley Nº 20.014, pero no por ello invalida la posibilidad de reinserción
social del individuo.
f) La letra d) hace una distinción “en el caso de personas que no hayan
sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, el Subsecretario
de Guerra, previo informe del Director General de Movilización Nacional,
podrá autorizar se practique la inscripción del arma por resolución fundada,
la que deberá considerar la naturaleza y gravedad del delito cometido, la
pena aplicada…..”
Este poder de decisión propende claramente a un fortalecimiento de la
autoridad detentada por el Poder Ejecutivo. Dicha autorización debiera ser
otorgada por un órgano perteneciente al Poder Judicial, como órgano más
idóneo para conocer la naturaleza o gravedad del delito en cuestión.
195
g) El hecho de que se dicte respecto de una persona un auto de
apertura de juicio oral, no necesariamente implica que éste termine en
condena. Por lo tanto, creemos que la restricción de la letra e) “No haber
sido dictado a su respecto auto de apertura del juicio oral…”, no es acertada
ya que un auto procesamiento es sólo la investigación para determinar si el
sujeto es culpable o inocente, de tal modo que no se puede hacer alusión al
derecho penal de autor en base a la aparente peligrosidad del sujeto.
h) El artículo 5º A, letra f) establece, entre los requisitos para autorizar la
inscripción de una o más armas, el “no haber sido sancionado en procesos
relacionados con la ley Nº 19.235, sobre Violencia Intrafamiliar”. Y además,
establece que en caso de haber sido sancionado en los procesos a que se
refiere la letra f), la Dirección General de Movilización Nacional deberá
proceder a cancelar la respectiva inscripción….”
La ley en este tema es drástica y tajante. En caso de haber sido
sancionado en procesos de violencia intrafamiliar, no permite la inscripción y,
en caso de ser tenedor de arma inscrita, cancela la inscripción
correspondiente. Creemos que el legislador esencialmente busca en este
caso proteger la integridad física y psíquica de los integrantes de la familia,
dado que la violencia intrafamiliar ha dejado de ser un asunto privado,
considerándosele hoy un tema de orden público. En la práctica de la vida
cotidiana, se puede observar que los homicidios cometidos contra mujeres
por parte de sus parejas por distintos medios, entre ellos con armas de
fuego, tienen como antecedentes repetidos hechos de violencia. Si bien
consideramos que esta figura cae dentro del tipo del derecho penal de
autor, en base a la peligrosidad social del sujeto, creemos que se justifica la
cancelación de la inscripción del arma, debido a los reiterados casos de
violencia intrafamiliar que culminan muchos de ellos en el homicidio de
mujeres.
196
Esta disposición, sin embargo, no por ello invalida la posibilidad de
rehabilitación del sujeto.
i) Finalmente, nos parece correcta la acreditación, cada cinco años, de
cumplir con el requisito establecido en la letra c) del Artículo 5º A, en cuanto
permite mantener un control permanente sobre las aptitudes físicas y
psíquicas de los sujetos que inscriben armas.
Artículo No.7, Ley Nº 17.798: “Las autoridades indicadas en el inciso tercero
del Artículo 4º no podrán conceder las autorizaciones y permisos ni aceptar
las inscripciones que se establecen en los artículos 4º, 5º y 6º de más de dos
armas de fuego a nombre de una misma persona.
Sin embargo, por resolución de la Dirección General de Reclutamiento y
Movilización de las Fuerzas Armadas, se podrán otorgar las referidas
autorizaciones y los permisos de inscripciones de más de dos armas a
personas jurídicas o a personas naturales debidamente calificadas.
Se exceptúan de lo dispuesto en los incisos anteriores, las personas
naturales o jurídicas que estuvieren inscritas como coleccionistas, cazadores
o comerciantes autorizados.
Las personas autorizadas como coleccionistas quedan facultadas para
mantener sus armas declaradas, con sus características y estado original,
debiendo adoptar las medidas de seguridad que se señale en el
Reglamento.
Los cazadores podrán inscribir aquellas armas que correspondan a la
naturaleza y clase de caza que efectúen, no pudiendo sus armas ser
automáticas o semi automáticas.
197
El Reglamento establecerá las modalidades y limitaciones respecto a las
autorizaciones, permisos e inscripciones a que se refieren los tres incisos
anteriores”.
Artículo 7º, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo 7º, del siguiente modo:
“Las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo 4º no podrán
conceder las autorizaciones y permisos ni aceptar las inscripciones que se
establecen en los artículos 4º, 5º y 6º de más de dos armas de fuego a
nombre de una misma persona.
a) Intercálase, en el inciso2º,
Sin embargo, por resolución fundada de la Dirección General de
Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, se podrán otorgar las
referidas autorizaciones y los permisos de inscripciones de más de dos
armas a personas jurídicas o a personas naturales debidamente calificadas.
b) Intercálase, en el inciso 3º y agréguese antes d el punto final..,
Se exceptúan de lo dispuesto en los incisos anteriores, las personas
naturales o jurídicas que estuvieren inscritas como coleccionistas,
cazadores, deportistas o comerciantes autorizados para vender armas, y
las empresas que contraten vigilancia privada.
Las personas autorizadas como coleccionistas quedan facultadas para
mantener sus armas declaradas, con sus características y estado original,
debiendo adoptar las medidas de seguridad que se señale en el
Reglamento.
Los cazadores podrán inscribir aquellas armas que correspondan a la
naturaleza y clase de caza que efectúen, no pudiendo sus armas ser
automáticas o semi automáticas.
198
El Reglamento establecerá las modalidades y limitaciones respecto a las
autorizaciones, permisos e inscripciones a que se refieren los tres incisos
anteriores.
Comentario:
a) Es acertado que las autoridades indicadas en el inciso tercero del
Artículo 4º queden restringidas para conceder las autorizaciones y permisos
de inscripción de más de dos armas a nombre de una misma persona. Sin
embargo, por resolución fundada de la Dirección General de Reclutamiento y
Movilización de las Fuerzas Armadas, estas mismas autoridades podrán
otorgar las referidas autorizaciones y permisos de inscripción de más de dos
armas a personas jurídicas o a personas naturales debidamente calificadas.
Con esta disposición, se establece un “numerus apertus” al no indicar un
límite máximo de armas a inscribir y por otra parte, la ley no especifica los
requisitos para ser personas jurídicas o naturales “debidamente calificadas”.
Al no precisar el alcance de la expresión “debidamente calificadas”, el
otorgamiento de autorizaciones y permisos para la inscripción de más de dos
armas puede quedar sujeto a la arbitrariedad de la autoridad administrativa.
b) La nueva ley Nº 20.014, en su inciso tercero, asimismo, agrega a los
deportistas, pero no señala a qué clase de deportistas se refiere, dejando el
tipo penal abierto. Pareciera ser que se refiere a los deportistas relacionados
con armas de tiro, pero en derecho penal no procede aplicar la analogía.
c) Finalmente, no nos parece adecuado exceptuar en el inciso tercero de
este artículo a los coleccionistas, cazadores, deportistas o comerciantes
autorizados para vender armas, y las empresas que contraten vigilancia
privada ya que ellos deberían igualmente contar con autorizaciones y
permisos, para dar cumplimiento al principio de igualdad.
199
Artículo No.9º, Ley Nº 17.798: “Los que poseyeren o tuvieren alguno de los
elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las
autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida
en el artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo
a presidio mayor en su grado mínimo.
No obstante si las circunstancias o antecedentes del proceso permiten
presumir fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o
elementos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del artículo 2º no
estaban destinadas a alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas
o a las de Orden y Seguridad Pública o a perpetrar otro delito, se aplicará
únicamente la pena de multa de diez a quince ingresos mínimos. Si, además
de las circunstancias o antecedentes referidos, consta en el proceso la
conducta anterior irreprochable del inculpado, cualquier interviniente podrá
solicitar y el tribunal con competencia en lo criminal, aplicar una multa de
hasta nueve ingresos mínimos, sobreseer definitivamente o dictar sentencia
absolutoria.
En tiempo de guerra, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus
grados, siempre que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al
tribunal que la posesión o tenencia de armas, estaba destinada a alterar el
orden público o a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública o a civiles”.
Artículo 9º, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo 9º de la siguiente
manera:
a) Sustitúyese en el inciso 1º, la “frase algunos de los elementos” por
la siguiente.
b) Reemplázase, en el mismo inciso la frase “presid io menor en su
grado mínimo” por presidio menor en su grado medio.
200
“ Los que poseyeren o tuvieren algunas de las armas o elementos
señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a
que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º,
serán sancionados con presidio menor en su grado medio a presidio
mayor en su grado mínimo.
c) Sustitúyese el inciso 2º por el siguiente:
“No obstante, si de los antecedentes o circunstanci as del proceso
pudiera presumirse fundadamente que la posesión o t enencia de las
armas o elementos a que se refiere el inciso anteri or estaba destinada a
fines distintos que los de alterar el orden público , atacar a las Fuerzas
Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o a pe rpetrar otros
delitos, se aplicará únicamente la multa de once a cincuenta y siete
unidades tributarias mensuales.”
En tiempo de guerra, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus
grados, siempre que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al
tribunal que la posesión o tenencia de armas, estaba destinada a alterar el
orden público o a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública o a civiles”.
Comentario:
a) Este tipo legal está configurado esencialmente por lo dispuesto en los
Artículos 3º y 13º de la ley 20.014 que consiste en poseer o tener armas
prohibidas, artefactos construidos a base de sustancias sometidas a control
y los implementos destinados a su lanzamiento, así como bombas o
artefactos incendiarios.
Al incluir la frase “las armas o elementos“, el legislador trata de ser más
específico en cuanto a incluir como objeto de regulación no sólo las armas
propiamente tales, sino también otros elementos de carácter dañino, como
201
pueden ser las municiones, cartuchos, explosivos, bombas y otros artefactos
de similar naturaleza, sus partes y piezas, etc. De tal manera, que el
legislador trata de no dejar fuera de la regulación ningún objeto que pueda
considerarse de efectos nocivos.
La acción aludida por el legislador queda demostrada en los verbos
rectores “poseer”, “tener”, que ocupan el núcleo de la descripción. La ley
emplea estas expresiones como sinónimos114, debiendo señalarse que
poseer y tener son de aquellas palabras de significado amplio, con un vasto
alcance y que constituyen términos genéricos.115 Deben ser analizadas
desde el punto de vista del sujeto que ejecuta la acción y del objeto sobre el
cual la ejecuta.
Se posee o tiene un arma cuando ella está bajo el control del sujeto,
cuando es posible disponer de hecho de ella sin que otra persona pueda
oponerse materialmente a que se haga lo que se desee con ella. Esto
implica que el arma debe estar bajo una esfera determinada de acción en
que se puedan ejercer las respectivas potestades. Sólo interesa que la cosa
esté en poder del sujeto, lo cual no implica necesariamente que ella esté
materialmente en manos del sujeto, sino únicamente en su esfera
potestativa. Dicha esfera debe ser la de custodia, vigilancia y de actividad.
La esfera de custodia es aquélla en virtud de la cual el control se ejerce
personalmente.
La esfera de vigilancia está constituida por el control que se realiza a
través de terceros o bien gracias a medios mecánicos o físicos, y en la
esfera de actividad se mantiene subordinada la cosa a través de un complejo
114 TORAL BUSTAMANTE y PIERATTINI MIGUELES, Giovanni. “Estudio de los Delitos de Posesión y Porte de Armas de Fuego y Artefactos Explosivos en la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos”. Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 1975. p.68 115 TORAL BUSTAMANTE y PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit.1975, p.69 y pp.112-113
202
de condiciones inherentes a la persona del sujeto.116 En suma, un individuo
desarrolla la conducta de poseer o tener alguno de los elementos sujetos a
control cuando entre ambos existe una relación de disponibilidad cierta y
real, es decir, está en su poder.
Se encuentran además elementos normativos: la tenencia debe ser “sin
la autorización a que se refiere el Artículo 4º “o“sin inscripción establecida en
el Artículo 5º”.
La penalidad establecida es la de presidio menor en su grado medio a
presidio mayor en su grado mínimo.
b) El sujeto activo del delito es cualquier persona, exceptuándose del
mismo a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería
de Chile, por cuanto en estas disposiciones, por un lado se establece la
excepción señalada, y por otro para referirse al posible ejecutante de la
conducta incriminada se utilizan las expresiones genéricas de “ninguna
persona” y “los que“, sin más especificación.117 El sujeto pasivo es la
sociedad toda.
c) El objeto material está constituido por los elementos señalados en las
letras b), c), d) y e) del artículo 2, que son las llamadas armas prohibidas,
artefactos explosivos, etc. La mayoría de las expresiones que designan
estos elementos son términos técnicos, pertenecientes casi todos a la
ciencia balística, por lo que debe dárseles el significado que dicha ciencia
señala.
d) Cabe tener presente que la inscripción y la autorización tienen
finalidades diversas.
La inscripción desempeña un papel principalmente de registro, se
establece a efectos de controlar a quienes poseen armas, y a que tipo
116 TORAL BUSTAMANTE y PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit.1975, p.114. 117 PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit.1975, p.51.
203
responden. También esto permite a las autoridades saber con exactitud los
lugares precisos en los que se encuentran estas armas y las condiciones en
las que se encuentran.
En cambio, la autorización juega un papel de naturaleza diversa a la de la
inscripción. Con ello se persigue el permitir a un particular, sea éste persona
natural o jurídica, adquirir la posesión o tenencia de un arma o de
cualesquiera de los elementos permitidos dentro de los sometidos a control. 118
e) En cuanto a la clasificación del delito, se trata delitos formales y de
peligro abstracto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia:
En los delitos de peligro concreto, el tipo requiere como resultado de la
acción la proximidad de una concreta lesión, un ”estar a punto de causar la
lesión” 119, pudiendo definirse como “aquellos en los que el peligro es un
elemento del tipo de modo que, para que pueda hablarse de realización
típica, se exige la demostración de que efectivamente se produjo la situación
de riesgo”. 120
En cambio, en los delitos de peligro abstracto no se exige este resultado
de proximidad de una lesión de un concreto bien jurídico, sino que basta la
peligrosidad de la conducta. 121. Pueden definirse como “aquellos en que
sólo se exige la realización de la conducta previsto en el tipo como peligrosa
sin que sea precisa la puesta en peligro concreta del bien jurídico”.
f) La sanción establecida para el delito es demasiado alta en relación al
peligro abstracto que supone la figura in comento. Se trata de presidio menor
en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. Y se trata de la
simple posesión o tenencia de armas prohibidas, ni siquiera de su utilización. 118 PIERATTINI MIQUELES, G. ob.cit.1975, p.102. 119 MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal. Parte General”. Editorial .Tecfoto, Barcelona, 1996, p.209. 120 DE LA CUESTA AGUADO, M. “Respuesta Penal al Peligro Nuclear”. Editorial PPU, 1994, p.131. 121 MIR PUIG, S. ob.cit.1996, p.209.
204
En todo caso, la sanción debería ser la de prisión o multa que no superara
las 20 UTM.
g) La modificación introducida en el inciso segundo no varía en lo
sustancial el tipo penal, estableciendo un tipo privilegiado para cuando se
presumiera fundadamente que la posesión o tenencia de las armas estaba
destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las
Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros
delitos. El legislador emplea correctamente la técnica de tipificación al
señalar la conducta en términos positivos y no negativos, como ocurre con la
ley 17.798. La conducta descrita en la modificación se castiga con multa. No
obstante la penalidad, de un lado se eleva, ya que en lugar de la multa de 10
a 15 ingresos mínimos que establece la ley 17.798, la nueva ley 20.014
establece una multa de 11 a 57 UTM.
Si se quiere cumplir con los principios que informan un derecho penal
mínimo y de garantías, entre los cuales está la despenalización de
conductas de escasa gravedad, la multa antes citada parecería demasiado
elevada.
Artículo 9ºA, ley Nº 20.014 : Agrégase el siguiente Artículo 9ºA, nuevo.
Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, el
que, a sabiendas:
1º No siendo poseedor, tenedor o portador de un arm a de fuego
inscrita, adquiere las municiones o cartuchos a que se refiere la letra c)
del artículo 2º.
2º Siendo poseedor, tenedor o portador de un arma d e fuego
inscrita, adquiere municiones o cartuchos que no co rrespondan al
calibre de ésta.
3º Vendiere municiones o cartuchos sin contar con l a autorización
respectiva.
205
4º Estando autorizado para vender municiones o cart uchos,
omitiere registrar la venta con la individualizació n completa del
comprador y del arma respectiva.
Comentario:
Tanto la prohibición de quien,” no siendo poseedor, tenedor o portador de
un arma de fuego inscrita, adquiere las municiones o cartuchos a que se
refiere la letra c) del Artículo 2ª, adquiere las municiones o cartuchos no
correspondientes al calibre de las armas inscritas, como la de quien vendiere
municiones o cartuchos sin contar con la autorización respectiva”, creemos
que ya se encuentran contempladas en otras disposiciones de la misma ley
20.014 tales como:
a) Las disposiciones que se refieren a la adquisición con la autorización
competente del Artículo 5º y
b) la prohibición general del Artículo 3º,
Motivo por el cual creemos que este artículo es innecesario por ser
redundante.
Artículo No.13º, Ley Nº 17.798: “Los que poseyeren o tuvieren alguna de las
armas y elementos de los señalados en el artículo 3º, serán sancionados
con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico, la pena será de presidio mayor
en su grado mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a
presidio perpetuo.
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados
en la forma y para los fines establecidos en el inciso 1º del artículo 4º.
206
Artículo 13º, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo13º de la siguiente
manera:
a) Reemplázase el inciso 1º por el siguiente:
“Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos
señalados en los incisos 1º, 2º, 3º del artículo 3º serán sancionados con
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado
mínimo”.
b) Intercálase en el inciso 2º,
Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el
inciso final del artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado
mínimo a medio.
Comentario:
a) Se establece una mayor penalidad a las personas que poseen las
armas establecidas en los incisos 1, 2, 3 del Artículo3º.
b) Este precepto establecido en el Artículo 13º de la Ley de Control de
Armas que sanciona la posesión o tenencia ilegal de armas de mayor
peligrosidad, puede entrar en concurso con la Ley de Conductas Terroristas
- Ley 18.314, dado que en ésta se establece una presunción en el numeral 1
del artículo 1, en virtud de la cual se da por acreditada la finalidad terrorista,
por el hecho de emplear en la comisión de un delito determinados medios
dañosos o armas de gran poder destructivo, tal como las que se señalan en
el Artículo 3º de la Ley 20.014, sobre Control de Armas.
Se trataría de un concurso aparente, dado que la presunción que aparece
en la Ley 18.314 sobre conductas terroristas, no se puede dar por
acreditada, dado que admite prueba en contrario. Tal es, por ejemplo, el
caso de una persona a quien la policía encuentra en posesión de una
ametralladora, y ésta logra demostrar que la posesión de esta ametralladora
estaba destinada a ser usada contra pandillas de narcotraficantes y no para
fines terroristas como lo sería el derrocar al gobierno. En este caso, se le
207
debería sancionar por tenencia ilegal de armas, y no por asociación ilícita
terrorista.
Para que una asociación ilícita terrorista pueda ser calificada de tal, es
necesario que ella tenga por finalidad la comisión de delitos que deban
demostrarse como terroristas, es decir, debe perseguir la pluralidad de
objetivos dolosos de esa entidad. Además es indispensable la voluntad o
intención de asociarse y de una permanencia en el tiempo que permita a la
agrupación la posibilidad real de lograr sus objetivos.
Artículo No.14º A, Ley Nº 17.798: “Los que abandonaren armas o elementos
sujetos al control de esta ley incurrirán en la pena de multa de cinco a diez
ingresos mínimos.
Se presumirá que existe abandono cuando no se haya comunicado a
alguna de las autoridades indicadas en el artículo 4º, la pérdida o extravío de
la especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse
conocimiento de dicha pérdida o extravío”.
Artículo 14Aº, Ley Nº 20.014 : Modifícase el artículo14ºA de la siguiente
forma:
a) Reemplázase, en el inciso 1º la frase
“Los que abandonaren armas o elementos sujetos al control de esta ley
incurrirán en la pena de multa de ocho a cien unidades tributarias
mensuales.
b) Agrégase, en el inciso 2º, el siguiente párrafo segundo nuevo.
Se presumirá que existe abandono cuando no se haya comunicado a alguna
de las autoridades indicadas en el artículo 4º, la pérdida o extravío de la
especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse
conocimiento de dicha pérdida o extravío.
“Si esta comunicación se hubiere efectuado ante Car abineros de
Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, est as instituciones
208
deberán darla a conocer oportunamente a las mencion adas
autoridades”.
Comentario:
a) La modificación del inciso primero de este artículo propone elevar la
penalidad para los que abandonaren armas o elementos sujetos al control de
la Ley 20.014.
Con esta disposición, el legislador busca evitar que, por negligencia o
culpa, se extravíen armas y que, éstas, eventualmente puedan ser
adquiridas por delincuentes u otras personas. Uno de los principios que
inspira a la ley de armas es, precisamente, el control y catastro de las armas
para así evitar un tráfico indiscriminado de éstas, el que pudiera atentar
contra la tranquilidad y el orden público. Por ello creemos conveniente y
necesario aumentar las penas desde ingresos mínimos a unidades
tributarias mensuales, para el sólo efecto de hacer tomar más conciencia a
los tenedores de armas y que éstos se hagan responsables de las mismas.
(prevención general negativa).
b) El legislador, presume abandono cuando no se haya comunicado a
alguna de las autoridades establecidas en el Artículo 4º, la pérdida o extravío
de la especie dentro de los cinco días contados desde que se tuvo
conocimiento de dicha pérdida o extravío.
Pero, asimismo, indica que si esta comunicación se hubiere efectuado
ante Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, estas
instituciones deberán darla a conocer oportunamente a las mencionadas en
el artículo 4º, lo que otorga a las personas la posibilidad de efectuar
rápidamente la declaración de extravío del arma, de modo de no concretarse
dicha presunción.
c) Estimamos que más que una prevención general negativa que busca
intimidar a las personas que abandonan las armas, se debe realizar con la
209
población una tarea educativa y de enseñanza que inculque en las personas
un nivel de responsabilidad y de cuidado con la tenencia y manejo de ellas.
Si bien al delincuente no se le puede exigir este nivel de responsabilidad,
se espera que los ciudadanos comunes que tengan acceso a las armas den
el ejemplo en cuanto al cuidado de éstas frente a la autoridad.
d) El plazo de cinco días que se establece para dar cuenta del
abandono o extravío del arma se considera un plazo suficiente, incluyendo
tanto el tiempo transcurrido desde el momento de la toma de conocimiento
del abandono o extravío, como el plazo oportuno para dar aviso a
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. El plazo planteado
inicialmente en los debates era de un día, lo que hacía imposible su
cumplimiento.
Artículo No.14º C, Ley Nº 17.798: “Constituyen circunstancias eximentes de
responsabilidad penal por posesión o tenencia ilegal de las armas
prohibidas, la entrega de ellas por su poseedor o tenedor a la autoridad
competente, antes de que se inicie el procedimiento en su contra”.
Artículo 14ºC, Ley Nº 20.014 : Reemplázase el Artículo14ºC por el
siguiente:
“En los delitos previstos en los artículos 9º y 13º , constituyen
circunstancias eximentes la entrega voluntaria de l as armas o
elementos a las autoridades señaladas en el artícul o 1º, sin que haya
mediado actuación policial, judicial o del Minister io Público de ninguna
especie”.
Comentario: En esta disposición se establece una atenuante que busca
eximir de responsabilidad penal la tenencia y posesión de armas ilegales,
siempre y cuando se haga entrega de ellas a la autoridad competente. Aquí
se ve reflejado el espíritu de la ley de control de armas en cuanto trata de
incentivar en la población que cualquier arma, cualquiera sea su procedencia
210
u orígen, debe ser puesta en conocimiento de la autoridad para su entrega
inmediata y así seguir adelante con la fiscalización de ellas y su catastro. Se
trata de evitar, de esta manera, que se incremente la posesión y tenencia de
armas ilegales y su posterior tráfico entre los delincuentes.
Al mismo tiempo se fomenta en la ciudadanía una tarea de prevención y
de educación, en cuanto se trata de hacer responsables a las personas que
tengan armas, de mantenerlas bajo buen recaudo ya sea dentro de su área
potestativa, (tenencia y posesión), o bien en manos de la autoridad.
Esta eximente en materia procesal penal, debiera proceder cuando se
hiciere entrega del arma, sin que haya mediado actuación del Ministerio
Público o judicial, de ninguna especie, en contra del poseedor o tenedor.
3. ANÁLISIS SUSTANTIVO PENAL
3.1 Bien jurídico protegido.
• Concepto de bien jurídico:
El concepto de bien jurídico designa el objeto protegido por el sistema
penal como lo es, por ejemplo, la libertad, la vida, la salud individual, el
patrimonio y el medio ambiente.
Ahora bien, si se reconoce que existe una indisolubilidad entre el bien
jurídico y la norma, resulta de la máxima importancia una teoría del bien
jurídico que permita identificar materialmente lo protegido en relación a cada
norma penal.
La identificación de lo realmente protegido por una norma penal permite
el cuestionamiento de la norma.
211
La necesidad de identificar el objeto protegido por el sistema penal tiene
un claro orígen liberal y garantista. El concepto de bien jurídico nace como
un planteamiento programático cuyo objetivo es limitar el poder de definición
de conductas criminales por parte del Estado, en cuanto a la amenaza que
ellas pueden significar para los bienes jurídicos. De allí que hayan sido
numerosos los penalistas que se han esforzado por dar un concepto material
de bien jurídico entendiendo por tal uno que sirva de instrumento para limitar
el poder de definición estatal.122
Lamentablemente, los esfuerzos no se han visto compensados con
resultados. Así, por ejemplo, Von List (1888) lo definiría como “un interés
jurídicamente protegido” o Welzel (1976) como “bien vital de la comunidad o
del individuo, que por su significación social es protegido jurídicamente”123 o
bien como “todo Estado social que el derecho quiere resguardar de
lesiones”. La virtualidad práctica de estas definiciones y de otras más
recientes como “las condiciones de convivencia social” no soluciona el
problema de dar un concepto material de bien jurídico pues son formales y
tautológicas.
En efecto, según Juan Bustos Ramírez “una teoría del bien jurídico en un
Estado social y democrático de derecho ha de tomar en cuenta lo que ya
decíamos anteriormente en relación con la norma: Es decir, ella tiene su
orígen en la base social y es el producto de los procesos interactivos que
tienen lugar en su seno. Son en un Estado democrático, el producto de la
discusión participativa, donde la hegemonía alcanzada está dispuesta en el
futuro a aceptar su revisión. Los objetos de protección, los bienes jurídicos,
surgen de la base social y, por consiguiente, están también sujetos a su
122 BUSTOS RAMIREZ, Juan y HORMAZABAL MALAREE, Hernán. “Lecciones de Derecho Penal, Tomo I.” Editorial Trotta. Madrid 1997, pp.57-58. 123 WELZEL, Hans. “Derecho Penal Aleman, Parte General.” Editorial Jurídica de Chile,1997 p.15.
212
rediscusión democrática. Por eso, se dicen que tienen un carácter dinámico.
124
El derecho con la norma quiere regular comportamientos. Con las
prohibiciones y mandatos se trata de evitar situaciones lesivas de bienes
jurídicos; que las personas no los lesionen. La lesión de un bien jurídico, en
consecuencia, sólo puede provenir de una conducta humana.
Los bienes jurídicos, por tanto, son relaciones sociales concretas. La
vida, la libertad, la salud sin perjuicio de ser valores naturales, en cuanto a
bienes jurídicos son protegidos frente a conductas humanas. El
comportamiento personal del hombre en sociedad no debe lesionar bienes
jurídicos; más aún, debe abstenerse de realizar conductas que signifiquen
siquiera un peligro para los bienes jurídicos. Por eso, son relaciones sociales
concretas, esto es, relaciones entre personas que adquieren significación de
bien jurídico en cuanto son confirmadas por la norma.
Esta conceptualización de los bienes jurídicos, como relaciones sociales
concretas, implica identificar la posición de las personas dentro de la relación
social. Esta identificación permite comprobar si la penalización de una
conducta significa discriminación de personas, el favorecimiento de
situaciones de desigualdad, la protección de una determinada concepción
del mundo y su imposición mediante la conminación penal, la protección de
algún fundamentalismo.
En suma, los bienes jurídicos considerados materialmente son relaciones
sociales concretas que surgen como síntesis normativa de los procesos
interactivos de discusión y confrontación que tienen lugar dentro de una
sociedad democrática. Son dinámicos pues están en permanente revisión y
discusión
124 BUSTOS RAMIREZ, J. y HORMAZABAL MALAREE, H. ob.cit. 1997, p.67.
213
La determinación de los objetos a ser protegidos penalmente implica una
decisión política del Estado. En esa decisión el Estado no es neutral. Lo hará
respondiendo a criterios que representen los intereses estructurales de la
sociedad que organiza, que en la actualidad es la llamada sociedad de
mercado. Las relaciones sociales se organizan en función de esa economía
de mercado. Pero esta selección está condicionada en un Estado social y
democrático de derecho por el respeto de la libertad y dignidad de las
personas y de sus necesidades. Esto significa que de ningún modo por
encima del individuo puede haber otros intereses de grupo o de
conservación o funcionamiento del sistema social.
• Bien jurídico protegido por la Ley:
Como se señalara al inicio de este capítulo, la Ley de Control de Armas
Nº 17.798, promulgada el año 1972 surgió a raíz de una división entre
grupos antagónicos que dio origen a una situación de intranquilidad en el
país, configurando un clima de violencia política que hacía difícil la
convivencia nacional.
La protección democrática de la seguridad del Estado se yergue,
entonces, como la idea central de esta legislación, la que surge en estrecha
conexión con aquellas conductas calificadas como atentados a la seguridad
interior y exterior del Estado y, de terrorismo.
Como toda ley especial, buscó proteger bienes jurídicos importantes,
siendo estos, por un lado, la Seguridad del Estado, y por otro lado, la
seguridad pública, entendiéndose por seguridad del Estado la estabilidad y
normal funcionamiento de los órganos del Estado; en suma, la forma de
gobierno. Y por seguridad pública, la protección de las personas y bienes.
Esta última relacionada con la seguridad ciudadana, siendo ésta un aspecto
214
de la protección que dispensa la seguridad pública, que se identifica con
“tranquilidad en las calles.”125
Puede entonces desprenderse que con esta Ley de Control de Armas se
buscó proteger el orden público, colocándose este último como base o
fundamento del sistema político imperante, como “orden constituido”.
En general, se entiende que el concepto de orden público tiene dos
vertientes: por una parte, la protección del ordenamiento político establecido
(orden constitucional) y por otro lado, la tranquilidad o paz pública,
acepción mínima de seguridad e integridad, es decir, el Orden Público
material como condición pacífica de una convivencia inmune a la violencia.
Juan Carlos Carbonell Mateu126 señala que el orden público representa el
funcionamiento regular de la convivencia ciudadana; en cambio, “la paz, no
exige el funcionamiento ordenado de la vida pública”, definiéndose como
“tranquilidad, quietud, o sosiego y buena correspondencia de unos con otros
y se opone a la guerra, a las riñas y disensiones, pero no al desorden.
En forma similar, Juan Luzón Cuesta127 señala que “paz pública” y orden
público no son absolutamente coincidentes. La paz es, en definitiva, un
estado de tranquilidad y sosiego trascendentes, de tal manera que dentro de
la paz pueden coexistir desordenes accidentales y perturbaciones de la
tranquilidad social.
Podemos advertir que en la Ley de Control de Armas, anterior a la
modificación de la Ley Nº 20.014, el Bien Jurídico protegido por la Ley no es
sólo el Orden Público, como concepto de seguridad del Estado. Además
podríamos identificar una serie de objetos de protección de la ley como es la
125 VILLEGAS DIAZ, M. ob.cit.2001, p.598. 126 CARBONELL MATEU, Juan Carlos “Delitos contra el Orden Público”. Ed. Tirant lo Blanch, 1996, pp.792-793. 127 LUZON CUESTA, Juan “Compendio de Derecho Penal”. Ed. Dikynson, 6º edición 1996, p. 361.
215
Seguridad Pública la que se refiere a la protección de personas y bienes, la
Paz pública, entendiéndola como tranquilidad, quietud, o sosiego y buena
correspondencia de unos con otros y se opone a la guerra; concepto que no
está debidamente delimitado, apareciendo como ambiguo y vago, en cuanto
a su contenido y precisión, siendo un concepto jurídico indeterminado.
También se podría identificar la Seguridad ciudadana, entendida como
tranquilidad en las calles.
Todos estos valores identificables nos hacen suponer que existiría en la
Ley un bien jurídico protegido difuso, ya que ninguno de los objetos de
protección señalados anteriormente está claramente determinado.
Con la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798, el objeto protegido
por la ley, se especifica. El bien jurídico protegido es la Seguridad Pública, la
que se refiere a la protección de personas y bienes. Y la Seguridad
Ciudadana, como aspecto de la Seguridad Pública se identifica con la
tranquilidad en las calles.
3.2 Posesión y Tenencia de Armas.
Para poder tener un concepto más claro sobre la Ley de Control de
Armas, en relación a nuestra hipótesis de trabajo sobre si es conveniente o
no la tenencia de armas por parte de la población civil, debemos analizar los
tipos penales de posesión y tenencia ilegales, contrastando éstos con lo que
son las figuras de tenencia y posesión entendidas en materia civil.
En el Código Civil, la mera tenencia se define como “la que se ejerce
sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño…… Lo
dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo
dominio ajeno”.128
128 CODIGO CIVIL. Libro II. Título VII. De la Posesión. Artículo 714. 2005, p.193
216
En tanto, la posesión se define como “la tenencia de una cosa
determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da
por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y
a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique
serlo”.129
En otras palabras, la tenencia implica tener una cosa materialmente, pero
sin ser su dueño, pues se reconoce el dominio ajeno sobre dicha cosa, a
diferencia de la posesión, que es la tenencia material (corpus), unida al
ánimo de ser dueño de ella (aún no siéndolo).
En la Ley Nº 20.014 el tipo penal está configurado básicamente por lo
dispuesto en sus artículos 2º, 3º, 9º y 13º y consiste en poseer o tener armas
prohibidas, elementos o artefactos construidos a base de sustancias
sometidas a control e implementos destinados a su lanzamiento. Y la acción
a la que alude el legislador se demuestra con los verbos rectores “poseer” o
“tener”, que están en el núcleo de la descripción.
Así, la Ley Nº 20.014, en su artículo 9º, inciso 1º señala: “Los que
poseyeren o tuvieren algunas de las armas o elementos señalados en las
letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el
artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, será sancionados
con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado
mínimo…”.
Y la Ley Nº 20.014, en su artículo 13º, inciso 1º, señala: “Los que
poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos señalados en los
129 Artículo 700, Libro II. Título VII. De la Posesión. Código Civil. 2005, p.190
217
incisos 1º, 2º o 3º del artículo 3º serán sancionados con presidio menor en
su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.”
La Ley de Control de Armas emplea los términos poseer y tener como
sinónimos, 130 es decir de contenidos equivalentes, lo que establece una
clara diferencia con la definición del Derecho Civil de posesión y tenencia,
que separa ambos términos estableciendo una diferencia esencial entre
ambos: la posesión conduce al dominio, pero la tenencia no.
Como estas expresiones “poseer o tener” no pertenecen, además, a
ninguna ciencia o técnica, habrá que comprenderlas en su sentido natural y
obvio según su uso general. Las definiciones que existen respecto a poseer
“tener uno en su poder una cosa”131 y tener “poseer y gozar, asir o mantener
asida una cosa”132 demuestran que ambas expresiones son sinónimas, pero
a la vez son muy vagas, de significado amplio, constituyendo términos
genéricos, no aludiendo a un objeto concreto, sino que son verbos
señalando una acción, la realización de una conducta o un comportamiento
determinado frente a ciertas cosas o entes, existiendo una relación
determinada entre cosas y personas.
De esta relación podemos describir la posesión y tenencia desde tres
puntos de vista:
- Del sujeto que realiza la acción;
- Del objeto respecto del cual se ejecuta y
- Desde la perspectiva de un observador que no ejecuta la
conducta, pero la analiza y verifica, buscando con esto dar una
definición satisfactoria de estas conductas.
130 TORAL BUSTAMANTE, 1985, PP.113, y PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit.1975, p.68. 131 R. A. E., “Diccionario de la Lengua Española”, T. V, 1984, p. 204. 132 R. A. E., “Diccionario de la Lengua Española”. ob.cit. p. 354.
218
Según el primer punto de vista, el sujeto posee algo - para efectos de
esta memoria, un arma - cuando dicha arma está en su poder, bajo su
control; cuando está en condiciones de poder ejecutar ciertas acciones con
respecto al arma.
En suma, cuando es posible disponer de hecho de una cosa, sin que
nadie pueda oponerse materialmente a que se haga lo que se desee con
ella; esto implica que el arma debe encontrarse dentro del campo de acción
en que el sujeto pueda ejercer sus poderes o potestades de hecho y
mantenerlas allí; una “esfera potestativa” como lo denominaba Sergio Politoff 133 la cual se encuentra integrada por 3 ideas: la de custodia, la de vigilancia
y la de actividad, situaciones éstas que constituyen formas específicas de
ejercer el control sobre la cosa.
La custodia la podemos definir como aquélla en la cual se ejerce el
control del arma, ya sea personalmente o “por presencia”. En la vigilancia, el
poder no se hace valer directamente, sino a través de representantes o
medios mecánicos y físicos; y, por último, la actividad, en que se mantiene
subordinada la cosa a través de un complejo de condiciones
estrechamente inherentes a la persona y que se representan por símbolos o
datos prácticos y concretos que mantienen presencia de la vigencia del
poder del sujeto, de su órbita de actividad. 134
Se tiene o posee un arma cuando ésta se haya incorporada o ha
penetrado en la esfera potestativa del sujeto, sin importar si lo anterior se ha
hecho con arreglo a Derecho o en desacuerdo de éste.
Con respecto a lo anterior hay que precisar que el arma no
necesariamente debe estar materialmente en manos del sujeto, sino que
sólo se encuentre dentro de su órbita potestativa. Así, pueden existir
133 POLITOFF, Sergio. “Derecho Penal”. Editorial Jurídica ConoSur, Santiago. Chile,1997, p.76. 134 TORAL BUSTAMANTE Y PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit.1975, p.72.
219
situaciones en que el arma es sostenida por quien, sin embargo no la posea
o tenga, porque no ha salido de la esfera potestativa de quien se la entregó,
como también, a la inversa, situaciones en que el sujeto posea o tenga un
arma sin que ella esté materialmente en sus manos, sino en las manos de
otra persona, pero sin salir de su propia esfera potestativa.
Resumiendo lo anteriormente expuesto, se tiene o posee alguno de los
elementos sometidos a control en la Ley Nº 20.014, sólo cuando estos se
encuentran dentro de la esfera potestativa de custodia, vigilancia, o
actividad y puede el sujeto, en virtud de esto último, ejercer un poder de
hecho sobre ellos.
Según el punto de vista del objeto sobre el cual recae la acción del
sujeto, una cosa es poseída o tenida cuando dicha cosa está dentro de la
esfera potestativa de una persona en razón de que esa persona está en
condiciones de ejercer un control sobre ella porque la custodia, la tiene
vigilada o porque está dentro de su órbita de actividad.
Desde el punto de vista de un observador objetivo ajeno a esta relación
sujeto (poseedor), objeto (arma), no surgen problemas para definir la
posesión y tenencia. Toda persona cuenta con una esfera potestativa,
integrada por las ideas de custodia, vigilancia y actividad; y cuando alguien
posee una cosa significa que ésta ha ingresado en esa órbita.
La importancia de este enfoque es que se puede afirmar una expresión
más amplia y general que constituye su género, como sería el verbo estar o
encontrarse en, que es más extenso y de mayor alcance. “Estar o
encontrarse en poder de” demuestra una relación de subordinación entre la
persona (tenedor) y la cosa (arma) una vez incorporada en su esfera
potestativa.
220
Así, una persona debe estar en condiciones de acceso respecto del lugar
en que se encuentra el arma para efectos de disponer de ella; es decir, una
posibilidad cierta de usar o hacer lo que estime conveniente con el arma
una vez que se encuentre dentro de su esfera potestativa.
De este concepto se desprende también la existencia de un elemento
subjetivo que consistiría en el ánimo del poseedor de conservar la cosa para
sí o para otro. Es decir, que el elemento objetivo de la posibilidad real de
disposición y el elemento subjetivo del ánimo de conservación, enmarcados
dentro de la esfera potestativa, nos precisan el contenido del término poseer
o tener.
Es importante señalar además que existen diversos grados de intensidad
en la relación de disponibilidad, según sea mayor o menor la proximidad
entre sujeto y objeto, como también la inmediatez o no de la posibilidad de
uso del arma por parte de la persona. Esto último es importante ya que
constituye unos de los fundamentos que nos permite distinguir entre
posesión y porte.
El concepto de poseer o tener es muy importante ya que éste es la base
para poder comprender la Ley de Control Armas. Es el género de casi todas
las restantes conductas incriminadas, tales como portar, exportar, etc.; es
decir, existe una acción general en la ley que es la de poseer o tener y luego
vienen una serie de conductas que son especies de ésta y que la suponen o
implican necesariamente de una u otra forma. A modo de ejemplo, el porte
legal de armas supone necesariamente una tenencia.
3.3. Autorización para poseer o tener armas señalad o en la Ley de
Control de Armas.
La ley Nº 20.014, en su artículo 4º señala: “Ninguna persona natural o
jurídica, podrá poseer o tener las armas, elementos o instalaciones indicados
221
en el artículo 2º, ni transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones
sobre dichas armas y elementos sin la autorización de la misma Dirección o
de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que
establece el Reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y elementos
establecidos en la letra a) del artículo 2º, esta autorización sólo podrá ser
otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional.
La autorización que exige el inciso anterior, con la excepción señalada,
deberá otorgarse por las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas
Armadas o por la autoridad de Carabineros de Chile de mayor jerarquía,
designadas en uno o en otro caso por el Ministerio de Defensa Nacional, a
proposición del Director General de Movilización Nacional, el que podrá
también señalar para este efecto, a nivel local, y con las facultades que
indica el Reglamento, a otras autoridades militares o de Carabineros de
Chile.”
Esta citada autorización consiste en un trámite que debe realizarse a fin
de obtener el permiso necesario para adquirir la posesión o tenencia de las
armas de fuego de cualquier tipo o calibre como también de los cartuchos o
balas de cualquier calibre o tipo.
Con respecto a la solicitud de autorización, nada se dice en la Ley ni en
el Reglamento respecto ni a su contenido ni formalidades, pero por lógica
debiera ser similar a la solicitud de inscripción, entregada por la autoridad
fiscalizadora y en la cual se indica el nombre del interesado, nacionalidad,
profesión, cédula de identidad, domicilio y clase, número, calibre y lugar de
fabricación del arma que desea adquirir.
La autoridad competente en el caso de las armas, elementos o
instalaciones indicados en el artículo 2º es la autoridad fiscalizadora
correspondiente al domicilio del adquirente, es decir, las Comandancias de
Guarnición de las Fuerzas Armadas y donde éstas no existan, la autoridad
222
de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, según se establece en el
reglamento, artículo 16º, el que señala: “ Las solicitudes de particulares para
obtener autorizaciones o permisos para inscripciones relacionadas con las
actividades y especies a que se refieren la ley y este Reglamento deberán
presentarse ante la autoridad fiscalizadora correspondiente al domicilio del
recurrente….”
Este artículo del Reglamento emplea indistintamente los términos
“solicitud para obtener autorización o permisos de inscripción”, lo que
indicaría que son equivalentes y corroboraría lo anteriormente indicado en
cuanto a las formalidades requeridas para solicitar autorización.
Sin embargo, la ley Nº 17.798 se refiere a “las autorizaciones y permisos
de inscripción”, con lo cual indicaría que ambas son diferentes, no
existiendo, en consecuencia, una coincidencia de expresiones en ambos
textos legales.
Y la ley Nº 20.014 no modifica la ley Nº 17.798 en este aspecto, ya que
en su artículo 7º señala: “Las autoridades indicadas en el inciso tercero del
artículo 4º no podrán conceder autorizaciones y permisos ni aceptar las
inscripciones que se establecen en los artículos 4º, 5º y 6º de más de dos
armas de fuego a nombre de una misma persona.
Sin embargo, por resolución fundada de la Dirección General de
Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, se podrán otorgar las
referidas autorizaciones y los permisos de inscripciones de más de dos
armas de fuego a personas jurídicas o a personas naturales debidamente
calificadas”
Respecto de las autorizaciones, el Reglamento, asimismo, indica en su
artículos 5º y 6º lo siguiente:
223
Artículo 5º: “Los derechos amparados por las autorizaciones concedidas
serán instransferibles e inalienables, salvo la autorización expresa concedida
por el organismo competente.”
Artículo 6º: “Las autorizaciones concedidas caducarán por el incumplimiento
de cualquier obligación que las condiciones, sin perjuicio de la sanción que
pudiera corresponder.
3.4. Inscripciones.
La ley Nº 20.014, en su inciso primero del artículo 5º señala: “Toda arma
de fuego que no sea de las señaladas en el artículo 3º deberá estar inscrita
a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades indicadas en el
artículo anterior135.
Y en su inciso tercero, este mismo artículo 5º indica: “La inscripción sólo
autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el arma en el bien raíz
declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar
que se pretende proteger”.
Este artículo contiene una norma fundamental al preceptuar la inscripción
de determinado tipo de armas, y la autorización a los poseedores para
mantenerlas en el bien raíz declarado como correspondiente a su residencia
o lugar que se desea proteger.
135 Artículo 3:”Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquéllas que se esconden bajo una apariencia inofensiva, armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma automática o semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería. Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco bombas o artefactos incendiarios.”
224
Por lo tanto, las armas que deben inscribirse son aquellas armas de
posesión permitida para los particulares; éstas son armas de defensa
personal, de caza o de concurso136.
La modificación que introduce la nueva ley Nº 20.014 tiende a precisar el
precepto cumpliendo con el principio de taxatividad en las normas penales.
Es importante que las circunstancias bajo las cuales se permite tener un
arma en un bien raíz sean verificadas por la autoridad, presumiéndose que
el arma no se encuentra en el lugar autorizado cuando el poseedor o tenedor
se negare a exhibirla. Ello, porque el precepto, modificado en la nueva ley,
establece además una facilidad al poseedor del arma en su Artículo 5º, al
señalar en su inciso octavo: “Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o
tenedor se ausentare del lugar autorizado para mantener el arma, podrá
depositarla, por razones de seguridad, ante la autoridad contralora….”
El artículo 48 del Reglamento de la Ley dispone que: “Tramitada la
solicitud de inscripción, la Autoridad Fiscalizadora entregará al poseedor del
arma un padrón, el que sólo lo autoriza para mantener el arma en su casa,
sitio de trabajo o lugar que se desee proteger, y siempre que cualquiera de
ellos haya sido declarado en el momento de efectuar la inscripción como
domicilio o lugar donde se guardará el arma…”
136 Reglamento. De las Armas y Municiones. Capítulo I. Artículo 44 : 1. Armas de posesión prohibida. 2. Armas de posesión permitida: a) Para defensa personal: - Revólveres hasta calibre .44 o inferiores a .45 (11,43 mm.). - Pistolas hasta calibre 9 mm. o inferiores a .45 (11,43 mm.). b) De caza: - Escopetas. c) De concurso: - Escopetas. - Rifles. - Fusiles y carabinas. - Pistolas y revólveres.”
225
Es decir, dispone autorización para mantener el arma en tres lugares,
que constituyen el ámbito de validez espacial de la posesión o tenencia:
a) En su residencia, es decir en el lugar en que permanentemente se
habita, la casa (espacio físico delimitado);
b) Sitio de trabajo, lugar en que se ejerce la profesión u oficio, el recinto
concreto en que se desarrolla la actividad laboral cotidiana;
c) Lugar que se desee proteger. En lo esencial, más que el lugar
material delimitado, es la intención del poseedor de proteger aquellos
lugares que quedan fuera de las denominaciones anteriores, pero cuya
protección, según lo estimó el legislador, puede ser tanto o más importante
que los anteriormente descritos, como puede ser una casa en la playa, una
parcela o un refugio en la montaña.
En este punto, podríamos confundir el porte con la tenencia, cuando por
ejemplo, se pretende proteger, una superficie de varias hectáreas
debidamente demarcadas y delimitadas. Hay que preguntarse entonces, si la
tenencia es válida para toda la extensión de terreno, lo que se responde
afirmativamente, por lo que el poseedor o tenedor del arma podrá
desplazarse dentro de ella llevando el arma consigo. Con ello se entiende
que la autorización para proteger este terreno, lleva implícito el porte del
arma dentro de los límites del terreno.
Esta afirmación se puede sustentar en que la intención del legislador al
autorizar esta tenencia es con fines de protección y entendió que la tenencia
implicaba el porte, pero limitado a los lugares ya señalados; y mal puede
cumplirse esta finalidad si se estima que la posesión se limita solamente a
tener el arma casi como un adorno que no puede ser movido ya que, de lo
contrario, se estaría cometiendo el delito de porte ilegal de armas o bien se
226
debiera tener el permiso respectivo para tal efecto. Por lo que la situación
descrita se ajusta a derecho, amparada por la tenencia legal.
Lo mismo podría pensarse al momento de adquirir un arma. Una vez
que un comprador recibe un arma, por ejemplo, la casa comercial tiene la
obligación de dar cuenta inmediata de dicha adquisición a la autoridad
fiscalizadora y durante el tiempo que media entre la entrega y la autorización
de la entidad, el comprador llevará el arma durante ese trayecto. En este
caso no se reúnen los requisitos del porte ilegal, ya que el legislador en la
autorización incluyó implícitamente el permiso provisional para portar. Esta
solución también debería aplicarse al trayecto que el poseedor debe hacer
con el arma hasta el Banco de Pruebas.
Cualquiera de estos lugares (residencia, lugar de trabajo o lugar que se
desea proteger) debe ser declarado al momento de efectuar la inscripción
como domicilio o lugar donde se guardará el arma.
En ningún caso, este padrón constituirá permiso para portarla fuera de
alguno de dichos lugares.
Esta inscripción deberá renovarse cada cinco años, acreditándose que se
tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y
manejo del arma que se pretende inscribir, y que posee una aptitud física y
psíquica compatible con el uso de armas137. También cada cinco años se
hará la revisión del control de calidad del arma por parte del Banco de
Pruebas, el que determinará la naturaleza y condiciones de seguridad del
arma.
137 Artículo 5º A, Ley Nº 20.018 sobre Control de Armas
227
Por lo tanto, el ámbito de validez temporal de la tenencia o posesión se
inicia desde que se adquiere el arma hasta su inscripción, y desde allí hasta
la fecha en que se cumplan cinco años.
De lo anterior podría desprenderse que la inscripción y la autorización
tienen finalidades distintas. La inscripción desempeñaría un papel
principalmente de registro, para llevar el control de quienes poseen armas,
los tipos de armas que poseen y la cantidad de armas que están en poder de
particulares. Así la autoridad podrá saber el lugar donde se encuentran estas
armas, o al menos donde debieran encontrarse, como también las
condiciones en que ellas se encuentran.
Con respecto a la autorización, no se persigue, en lo principal, establecer
un catálogo o conseguir información estadística adecuada que permita un
control de armas expedito; lo que se busca es que cuando una persona
natural o jurídica adquiera la posesión o tenencia de un arma, pueda utilizar
eventualmente esta arma sin llegar a cometer un ilícito. Por este motivo, el
legislador pone exigencias al solicitante y, además, permite que la
autorización quede al libre arbitrio de la autoridad competente.
Otro punto importante es saber, con precisión, respecto a qué acto se
otorga la autorización; qué hecho es el que requiere permiso de las
autoridades para realizarse. Se podría pensar que solamente se refiere a la
compraventa ya que el Reglamento habla de comprador y vendedor
expresamente. Pero según expresa Pierattini, la autorización se refiere a
todos los actos jurídicos que pueden conducir a la posesión o tenencia legal
de armas y no, solamente, a la posesión o tenencia legal del arma.138 Nada
impide que se solicite la autorización para la ejecución de un contrato de
comodato o préstamo de uso.
138 TORAL BUSTAMANTE Y PIERATTINI MIGUELES, G. ob.cit. p.103
228
La autoridad, de acuerdo a los antecedentes que se le presenten o con
que cuente, decidirá si otorga el permiso correspondiente. Tanto en la Ley
como en el Reglamento, la posesión o tenencia no están limitados a los
actos que la pueden originar. Lo que se está autorizando no es la posesión o
tenencia, sino el acto que le da origen, cualquiera sea éste. Esto se ve
reflejado en lo señalado en los artículos 4º y 9º de la Ley que contemplan
expresamente la posibilidad de que se realice “cualquier otro acto jurídico”.
En relación al ámbito de validez personal, es importante tener en claro
respecto de qué personas es válida la tenencia. Es claro afirmar que el
comprador, es decir, quien adquiere el arma. Pero surge la duda respecto de
las personas que habitan el lugar que se pretende proteger. Por ejemplo, en
el caso de un padre de familia que adquiere un arma para proteger su hogar
y da a conocer a su familia el lugar donde la mantendrá así como también la
forma de utilizarla.
La duda de quién es en este caso el tenedor o poseedor del arma. Hay
que señalar que el arma no ha salido de la esfera potestativa del padre de
familia y no ha entrado en la esfera de ninguno de los miembros de ella. Se
mantiene en la órbita de actividad del padre que es el lugar que desea
proteger. Pero ¿que pasaría si su esposa u otro integrante de la familia
utilizara el arma, por ejemplo, en el caso de defenderse de un asalto en su
casa?, ¿Cometerían el delito de porte ilegal de armas? Si fuera así,
tendríamos que entender que la autorización es personal; para quien solicite
la autorización del uso del arma. Pero esta afirmación anterior no se
encuentra expresada o no se puede desprender de la Ley o del Reglamento.
Como señala Pierattini, la única exclusividad que se dispone se refiere al
tiempo y al lugar en que la posesión es válida, por lo que se concluye que,
ejerciéndose esta acción dentro de aquellos límites, es legal cualquiera sea
la persona que la use.
229
Sólo interesa que se efectúe dentro de algunos de los lugares
mencionados y dentro de la vigencia de la inscripción, es decir, que la
tenencia, autorización e inscripción se relacionan sólo con el lugar y el
tiempo en que se ejecuta y no, con la persona que lo hace, por lo que el
ámbito de validez personal es el más general. Se refiere a toda persona que
se encuentre en el sitio y en la época adecuada, ya que de otra manera se
haría impracticable la intención del legislador de permitir la tenencia por
razones de seguridad o protección. Si este hecho no se comprende de esta
manera, ¿cómo explicar entonces la tenencia de armas por parte de
personas jurídicas? 139
En el Título VI, Capítulo II del Reglamento, se encuentran las normas
relativas a las inscripciones, reinscripciones, posesión y extravío de armas
de fuego.
El Reglamento, en su artículo 46 señala:” Todas las armas de fuego
deberán someterse al examen del Banco de Pruebas de Chile o al de los
Delegados de éste, a fin de que se certifique sobre su naturaleza, calidad,
condiciones de seguridad y exacta identificación. Aquellas armas que
presenten anormalidades o discrepancias en su funcionamiento o
características deberán ser devueltas al tenedor o propietario para su
corrección, dejándose constancia de lo obrado. Las que a raíz de este
examen se declaren irrecuperables, serán enviadas a los Arsenales de
Guerra del Ejército para su destrucción, previa autorización de la Dirección
General.”
Y agrega en su artículo 47, el número de armas de fuego que puede
poseer cada persona natural.
“Las personas naturales podrán poseer las armas de fuego que se indican:
- Armas de Defensa Personal: hasta dos
139 TORAL BUSTAMANTE Y PIERATTINI MIGUELES, G. ob. cit., p.122.
230
- Armas de Caza, hasta seis
- Armas de Concurso: según resolución que en cada caso dicte la
Dirección General.”
3.5 Posesión o Tenencia Ilegal de las armas y eleme ntos señalados
en el Artículo 2º de la Ley.
Analizaremos sucintamente la figura delictiva de la posesión o tenencia
ilegal de armas, es decir, sin haber cumplido las autorizaciones e
inscripciones que la Ley y su Reglamento establecen, creando con esto un
alto riesgo de lesión de bienes jurídicos debido a la peligrosidad de los
elementos materiales con los cuales se comete el delito, para lo cual se
hará el análisis desde el punto de vista de los elementos del delito.
La ley Nº 20.014 en el inciso primero de su artículo 9º señala: “Los que
poseyeren o tuvieren algunos de las armas o elementos140 señalados en las
letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el
artículo 4º o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, serán
sancionados con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su
grado mínimo.”
3.5.1 Tipo Objetivo
• Sujetos:
El tipo penal supone la presencia de tres sujetos que se encuentran en
una determinada relación recíproca: el sujeto activo (quien realiza el tipo), el
sujeto pasivo (en quien recae la actuación del sujeto activo) y el Estado
(llamado a reaccionar con una pena).
140 9) Modifícase el artículo 9º de la siguiente manera: a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “algunos de los elementos" por la siguiente: "algunas de las armas o elementos", Ley 20.014
231
a) Sujeto Activo:
Se designa al sujeto activo con la expresión “los que”, fórmula que nos
indica que el sujeto activo no requiere de ninguna cualidad, calidad o
condición especial, por lo que el delito puede ser cometido por cualquier
persona, aunque ciertas personas quedan excluidas de la posibilidad de
incurrir en sanción. En efecto, el artículo 2º del Reglamento señala que
queden exceptuados del control establecido en el artículo 2º de la Ley Nº
20.014, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Investigaciones de
Chile, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y
demás organismos estatales autorizados por la ley en lo referido a las armas
y elementos que se adquieran y utilicen para sus propios fines
institucionales.
b) Sujeto Pasivo del delito:
Con respecto al sujeto pasivo, se trata de una figura con varios sujetos
pasivos, por cuanto ofende a un número indeterminado de individuos,
característica esencial de los delitos de peligro, por lo que podemos
identificarlos como la sociedad toda.
• Conducta típica (acción):
La concepción de la antijuricidad como infracción de una norma
imperativa o directiva conduce a exigir, como primer requisito de la misma,
que concurra un comportamiento humano (lo que se llama también acción).
Gramaticalmente, la conducta es aludida por el legislador mediante un
verbo rector que ocupa el núcleo de la descripción, al emplear los verbos
rectores tenencia y posesión de los elementos señalados en las letras b), c),
d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º o
sin la inscripción establecida en el artículo 5º. Como ya se dijo anteriormente
232
la ley emplea los términos posesión o tenencia como sinónimos, dejando de
lado los conceptos legales.
En consecuencia, y para no repetir lo ya analizado anteriormente,
podemos resumir que un individuo desarrolla la conducta de poseer o tener
algunos de los elementos sujetos a control cuando entre ambos existe una
relación de disponibilidad cierta y real, consecuencia del hecho consistente
que la cosa está efectivamente dentro de la esfera potestativa de custodia,
vigilancia o actividad del sujeto, esto es, está en su poder.
El tipo penal exige también que esta posesión o tenencia esté destinada
a alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y
Seguridad Pública o a perpetrar otros delitos.
• Objeto material:
En la ley Nº 20.014, el objeto material está constituido por las armas y
elementos sujetos a control que se mencionan en las letras a) b), c), d), e),
f) y g) del artículo 2º, que son las llamadas las armas prohibidas, artefactos
explosivos, etc. y que son:
a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualesquiera
sea su naturaleza, constituidas para ser utilizadas en la guerra por las
Fuerzas Armadas, y los medios de combate terrestres, navales y aéreos,
fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad.
b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c) Las municiones y cartuchos;
d) Los explosivos, bombas, incluidas las incendiarias, y otros artefactos de
similar naturaleza, y sus partes y piezas;
e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser
usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de
base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes,
bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico.
233
f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar
naturaleza, sus partes y sus piezas.
g) Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba,
almacenamiento, o depósito de estos elementos.
Para una mayor comprensión de los elementos controlados por la ley, es
necesario incluir el significado del concepto “arma de fuego”. Se le puede
definir como “todo objeto mecánico creado para lanzar proyectiles al espacio
mediante la fuerza de expansión de los gases de la pólvora”141. En esta
clase de armas, el agente impulsor del proyectil es la pólvora, que, inflamada
en el momento oportuno, se quema y se convierte en gases, cuyo enorme
volumen, elevado todavía por la enorme temperatura que se desarrolla por
efecto de la combustión, no pudiendo contenerse en el estrecho recinto de
la recámara del cañón, ejerce una enorme presión empujando el proyectil.
• Complementos de la acción:
La acción típica o conducta incriminada no se agota con el verbo rector,
sino que por el sujeto y por los complementos.
El legislador no suele tipificar toda la forma de una acción sino sólo
aquellas que reúnen ciertas características en virtud de las cuales la
conducta adquiere una significación socialmente intolerable.
La conducta aludida por el verbo rector es la posesión o tenencia de las
armas o elementos sujetos a control que menciona el artículo 2º, pero es
menester que ella reúna ciertas características que la hacen especialmente
intolerable desde el punto de vista social e incriminatoria ya que al Derecho
no solamente le importa la conducta sino el modo de la acción.
141 R. A. E., “Diccionario de la Lengua Española”, T. I, 1984, p. 201
234
En la figura analizada, la posesión o tenencia de las armas o elementos
sujetos a control debe efectuarse sin las autorizaciones a que se refiere el
artículo 4º o sin la inscripción establecida en el artículo 5º.
El inciso segundo del artículo 4º señala “Ninguna persona, natural o
jurídica, podrá poseer o tener las armas, elementos o instalaciones indicados
en el artículo 2º, ni transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones
sobre dichas armas y elementos sin la autorización de la misma Dirección o
de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que
determine el reglamento”.
Las autorizaciones a que se refiere esta norma deben ser otorgadas por
las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y donde éstas no
existan, por las autoridades de Carabineros de Chile de mayor jerarquía,
designadas en uno y otro caso por el Ministro de Defensa Nacional, el que
podrá también señalar para este efecto, a nivel local, y con las facultades
que indica el reglamento, a otras autoridades militares o de Carabineros de
Chile.
El artículo 5º señala: “Toda arma de fuego que no sea de las señaladas
en el artículo 3º deberá estar inscrita a nombre de su poseedor o tenedor
ante las autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de las
personas naturales. la autoridad competente será la que corresponda a la
residencia del interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar
en que se guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un
Registro Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción sólo autoriza a su poseedor para mantener el arma en el
bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al
lugar que se pretende proteger”.
235
Además, dichas armas o elementos deben estar destinados a alterar el
orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad
Pública o a perpetrar otros delitos.
• Elementos descriptivos y normativos:
a) Elementos descriptivos:
Son aquellos que expresan una realidad naturalística aprehensible por
los sentidos.142
En el artículo analizado el elemento descriptivo sería la palabra “armas”
entendiéndola como aquella arma que utiliza una ignición (fuego) para
provocar una explosión y de esta forma lanzar un objeto (bala, misil, etc) a
gran velocidad con el objeto de destruir o cazar.143
b) Elementos normativos:
Son elementos normativos los que aluden a una realidad determinada por
una norma jurídica o social. Según esta definición, cabe distinguir entre
elementos normativos jurídicos y elementos normativos sociales. Ambos
pueden, a su vez, subdividirse en elementos referidos a una valoración (o
valorativos) y elementos referidos a un sentido.144
El primer elemento normativo aparece en la frase “armas o elementos
señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2” de la ley No. 20.014. Esta
descripción normativa se refiere a las armas sujetas a control, es decir, al
objeto material del tipo anteriormente señalado en que éstas recaen. En
142 MIR PUIG, S. ob.cit.1996, p.210. 143 R. A. E., “Diccionario de la Lengua Española”, T. V, 1984, p. 204. 144 MIR PUIG, S. ob.cit.1996, p.210.
236
consecuencia, este elemento se halla constituido por la persona o cosa
sobre la que recae materialmente la acción del sujeto.
Otro elemento normativo se vislumbra en la frase “sin las autorizaciones
a que se refiere el artículo 4º o sin la inscripción establecida en el artículo 5”.
Este elemento normativo señala los requisitos y autorizaciones necesarios
comprendidos en el tipo de tenencia y posesión, para una mayor
fiscalización y control por parte de la autoridad, haciendo efectivo el
elemento descrito en la ley.
3.5.2 Tipo Subjetivo
• Dolo o Culpa:
Dolo:
El dolo consiste en el conocimiento y voluntad de la realización del tipo, el
saber y querer el acto ilícito145. Debe referirse a la realización de los
elementos del tipo, más no a la lesión del bien jurídico, ya que, ni la norma ni
el bien jurídico forman parte del tipo, sino que se anteponen al mismo146.
En la figura analizada para la realización de la parte objetiva del tipo se
requiere la ejecución de la conducta prevista en este precepto; es decir, el
dolo consistiría en la tenencia o posesión de las armas o elementos
señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a
que se refiere el artículo 4º o sin la inscripción establecida en el artículo 5º.
La conducta exige un dolo genérico cuyo elemento intelectual se integra
por el conocimiento por parte del sujeto activo acerca del ilícito que reviste la
145 WELZEL, H. “Derecho Penal Alemán”. ob.cit.1987, p.95. 146 ZAFFARONI, Eugenio “Tratado de Derecho Penal”. V. III, 1982, Edit. Gil Gil, 1999, pp. 22-223.
237
posesión o tenencia de las armas señaladas, sin las autorizaciones e
inscripciones correspondientes.
Culpa:
La culpabilidad consiste en el juicio de reproche al autor por su conducta
típica y antijurídica sobre la base de que en las circunstancias concretas en
las que se manifestó su conducta le era exigible una conducta distinta
conforme a derecho.147
El delito imprudente no requiere conocimiento ni voluntad referidos a la
situación típica objetiva, sino que exige sólo realizarla por infracción de la
norma de cuidado (por inobservancia del cuidado debido).
La culpa existiría si, involuntariamente, se diera la situación de una
tenencia ilegal, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º o sin las
inscripciones del artículo 5º.
• Elementos subjetivo en el tipo.
El elemento subjetivo del tipo se puede inferir del inciso segundo del
artículo 9º: “…la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se
refiere el inciso anterior estaba destinada a fines distintos que los de alterar
el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad
Pública o perpetrar otros delitos…”.
El elemento subjetivo del tipo consistiría en la posesión o tenencia del
arma sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º o sin las
inscripciones establecidas en el artículo 5º, con el fin de alterar el orden
público, atacar las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o
perpetrar otros delitos.
147 BUSTOS RAMIREZ, J.- HORMAZABAL MALAREE, H. ob.cit. p. 103.
238
Zaffaroni148 distingue dos clases diferentes de elementos subjetivos;
aquellos que se caracterizan por ser portadores de una intención que va
más allá de la finalidad de obtener un resultado típico llamados “elementos
subjetivos de tendencia interna trascendente”. Y aquéllos que se identifican
por una particular disposición del sujeto activo identificado como “elemento
de tendencia interna intensificada”.
En el presente tipo penal, el elemento subjetivo está constituido por una
tendencia interna trascendente, esto es, por una finalidad o motivo que va
más allá de la realización del hecho típico, lo cual da lugar a lo que es
conocido por la doctrina como delito mutilado de dos actos149. La intención
del autor al ejecutar la acción típica debe dirigirse a realizar otra actividad
posterior del mismo sujeto (alterar el orden público, atacar a las Fuerzas
Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos…).
No obstante, no es preciso que la segunda actividad pretendida llegue a
producirse (consumación formal), teniendo cabida la tentativa como forma
imperfecta de realización del delito.
Con respecto al artículo 9º inciso primero, nada se dice con respecto al
elemento subjetivo, pero éste se puede deducir a contrario sensu del inciso
segundo del mismo artículo, precedentemente analizado.
• Resultado.
No todos los delitos requieren de un resultado para estimarlos
consumados. En aquellos casos en que el tipo lo exige, se debe entender
por tal, el efecto que la actividad provoca. O sea, la modificación que se
148 ZAFFARONI, Eugenio, “Manual de Derecho Penal – Parte General”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1993, p. 423. 149 MIR PUIG, S. ob.cit.1996, p.262
239
produce en el mundo material, en el tiempo y en el espacio debe ser el
efecto precisamente considerado por el tipo penal.150
Característica del resultado es su independencia de la acción; si bien
ambos se encuentran en una relación de causa y efecto, hay resultado sin
acción.
En la figura analizada, el resultado no ha sido incorporado a la
descripción típica, por lo cual puede afirmarse que se trata de un tipo de
pura acción. El resultado puede traducirse en una lesión o puesta en peligro
del bien jurídico protegido. Con respecto a la lesión, el cambio en el mundo
exterior se traduce en el deterioro o destrucción del bien jurídico tutelado por
el derecho. En el caso del peligro, el bien permanece incólume pero su
situación se altera en perjuicio de su seguridad.
Cuando la descripción típica requiere la lesión del bien jurídico protegido,
dará lugar a un delito de lesión, mientras que si se contenta con su puesta
en peligro, constituirá un delito de peligro.151
Los delitos de peligro se dividen en delitos de peligro concreto y delitos
de peligro abstracto. En los primeros se requiere expresamente en la ley la
creación de una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), mientras
que en los delitos de peligro abstracto no es preciso que en el caso concreto
la acción cree un peligro efectivo: sólo serían delitos de peligro en el sentido
de que la razón de su castigo es que normalmente suponen un peligro.
Precisando aún mas, en los delitos de peligro concreto el tipo requiere
como resultado de la acción la proximidad de una concreta lesión (o sea,
que la acción haya estado a punto de causar una lesión a un bien jurídico
determinado), mientras que en los delitos de peligro abstracto no se exige
150 GARRIDO MONTT, Mario.”Derecho Penal”. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile, 2003, p.60. 151 MIR PUIG, S. ob. cit., p. 208
240
tal resultado de proximidad de una lesión de un concreto bien jurídico, sino
que basta la peligrosidad de la conducta, peligrosidad que se supone
inherente a la acción salvo que se pruebe que en el caso concreto quedó
excluida de antemano. Los delitos de peligro concreto son, pues, delitos de
resultado (de proximidad de la lesión), mientras que los de peligro abstracto
son delitos de mera actividad (peligrosa).152
La figura analizada es un delito de peligro abstracto, ya que no se exige
como resultado la proximidad de una concreta lesión a un bien jurídico
protegido, sino que sólo basta la peligrosidad de la conducta, es decir la
posesión o tenencia de los elementos señalados sin las autorizaciones o
inscripciones pertinentes.
Aunque en el inciso segundo del artículo 9º se señale en el caso que a
posteriori se demuestre que no resultó peligro, esto no significa que deje ser
de un delito de peligro abstracto. Admitir lo contrario borraría la diferencia
que la ley impone entre los delitos de peligro concreto y abstracto al exigir
sólo a los primeros el resultado de proximidad de una lesión. Pero sobre
todo, contradiría el fundamento político criminal de los delitos de peligro
abstracto, que ha de verse en la conveniencia de no dejar a juicio de cada
cual la estimación de la peligrosidad de acciones que normalmente lo son en
alto grado.
• Penalidad
Según lo señalado en el artículo 9º, inciso 1º de la ley Nº 20.014, se
sanciona con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor
en su grado mínimo.
152 MIR PUIG, S. ob.cit., p.210
241
El inciso segundo del artículo 9º sanciona con una multa de once a
cincuenta y siete unidades tributarias mensuales. Pero para que concurra
esta sanción, es necesario que de los antecedentes o circunstancias del
proceso pueda presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las
armas o elementos a que se refiere el artículo 9º, inciso primero esté
destinado a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las
Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros
delitos.
También el artículo 9º, en su inciso tercero, señala que en tiempos de
guerra, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados, siempre
que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al tribunal que la
posesión o tenencia de armas estaba destinada a alterar al orden público o
atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
o a civiles
Esto, en doctrina se conoce como condición objetiva de punibilidad; es
decir, una circunstancia que no forma parte de la acción, ni es consecuencia
de ella, no queda sujeta a la voluntad del actor, sino a fuerzas de la
naturaleza o a la voluntad de terceros, pero que necesariamente debe
concurrir para que pueda imponerse pena al hecho típico, antijurídico y
culpable153. A esta circunstancia la ley le subordina la imposición de una
pena, por razones de de política criminal o conveniencia práctica.
Esta condición, razón por la cual se aumenta la pena, consiste en
cometer el delito en tiempos de guerra. Según lo dispone el último inciso del
artículo 8º de la ley, el tiempo de guerra se entenderá de acuerdo a lo
establecido en el artículo 418 del Código de Justicia Militar. Esta norma
preceptúa que se entiende que hay estado de guerra o que es tiempo de
guerra no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado
153 GARRIDO MONTT, M. ob.cit. 2003, p.249.
242
de sitio en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de
hecho existiera guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma,
aunque no se haya hecho su declaración oficial.
El tiempo en que se comete el delito queda fuera de la descripción típica,
ya que ésta solamente puede referirse a un hecho humano, es decir, un
hecho voluntario; por lo que esta circunstancia, cuya realización es
independiente de la voluntad del agente, no integra la descripción. Por lo que
se trata de una circunstancia especial de agravación, criterio que se ve
confirmado por el hecho de que el tribunal tiene facultades para efectuar un
juicio valorativo de las condiciones especiales en que se comete el delito, ya
que la pena será sólo si las circunstancias o antecedentes permiten al
tribunal presumir que la posesión o tenencia de armas estaba destinada a
alterar el orden público, o atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y
Seguridad Pública o a civiles.
El artículo 15º de la ley Nº 17.798, que permanece sin modificación en la
ley Nº 20.014, señala que “sin perjuicio de la sanción corporal o pecuniaria,
la sentencia respectiva dispondrá, en todo caso, el comiso de las especies
cuyo control se dispone por la presente ley, debiendo ellas ser remitidas a
los Arsenales de Guerra. Las especies decomisadas no serán objeto de
subasta pública.”
Con respecto a la agravación de la pena por el número de armas, el
artículo 12º de la ley Nº 17.798, que permanece sin modificación en la ley Nº
20.014, dispone: “Los que cometieren los delitos sancionados en los
artículos 9º, 10º y 11º, con más de dos armas de fuego, sufrirán la pena
superior en uno o dos grados a la señalada en dichos artículos.”
De todo lo señalado anteriormente podemos observar que en las distintas
situaciones descritas, no existe una pena proporcional al delito.
243
No sólo es preciso que pueda culparse al autor de aquello que motiva la
pena, sino también que la gravedad de éste resulte proporcional al hecho
cometido (criterio que sirve de base a la graduación de las penalidades). Así
se evita que las medidas puedan resultar un medio desproporcionadamente
grave en comparación con su utilidad preventiva.
En un derecho penal democrático se debe ajustar la gravedad de las
penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se
asignan, según el grado de nocividad social del ataque al bien jurídico.
Al ser esta figura un delito de peligro abstracto, el rango que existe entre
las penas que se establecen son muy amplias por lo que se podría aplicar
una pena desproporcionada al hecho cometido, porque no siempre se pone
en peligro el bien jurídico protegido.
Es necesario incluir en este análisis el nuevo artículo 9º A introducido por
la ley Nº 20.014, el que señala:
“Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, el
que, a sabiendas:
1º No siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere las municiones o cartuchos a que se refiere la letra c) del
artículo 2º.
2º Siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere municiones o cartuchos que no correspondan al calibre de
ésta.
3º Vendiere municiones o cartuchos sin contar con la autorización
respectiva.
4º Estando autorizado para vender municiones o cartuchos, omitiere
registrar la venta con la individualización completa del comprador y
del arma respectiva".
244
El objetivo de este artículo es sancionar la posesión o tenencia de las
municiones o cartuchos señalados en la letra c) del artículo 2º, 154 siendo
estos necesarios para que un arma de fuego pueda cumplir su función:
disparar. El legislador busca sancionar todas aquellas situaciones en que la
adquisición o venta de municiones pudiese resultar un peligro, ya que
podrían ser utilizadas por personas que no tengan las aptitudes y no
cumplan con los requisitos señalados por la Ley.
• Clasificación del delito:
a) Modalidades de la Parte Objetiva:
Lo que aquí interesa es si el tipo requiere o no que la acción vaya
seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporal de la
conducta. En la figura analizada no lo es porque estamos frente a un delito
de mera actividad ya que solamente basta la realización de la conducta
típica (poseer o tener algunas de las armas o elementos señalados en las
letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el
artículo 4º o sin la inscripción establecida en el artículo 5º).
Además, la descripción típica no requiere la lesión del bien jurídico
protegido, sino que se contenta con la puesta en peligro, constituyendo un
delito de peligro (delito de peligro abstracto).
La figura utiliza los verbos poseer y tener por lo que se determina que es
un delito de acción, es decir, de aquellos en que la ley prohíbe la realización
154 Artículo 59 del Reglamento: “Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, las municiones se clasifican en la forma que a continuación se indica: 1.- Cartuchos de proyectil único: Empleados en fusiles, carabinas, pistolas, revólveres y armas especiales. 2.- Cartuchos de proyectiles múltiples: Empleados en escopetas. 3.- Cartuchos de uso industrial: Son aquellos que se emplean con herramientas especiales de disparo. 4.- Cartuchos fumígenos y luminosos: Son aquellos que emiten humo o luces de colores, y que se emplean para señalizaciones aéreas, marítimas o terrestres.”
245
de una conducta positiva. Además, es un delito de un acto, ya que el tipo
sólo describe una sola acción (poseer o tener, términos empleados como
sinónimos).
b) Relación de la parte subjetiva con la objetiva:
Si el autor ha de realizar la conducta típica, pero confiriéndole un sentido
subjetivo específico consistente en la alteración del orden público, o en
atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
o a perpetrar otros delitos, nos encontramos entonces ante un delito de tipo
incongruente por exceso subjetivo.
Según los sujetos:
Se trata de un delito común, ya que cualquier persona puede realizar la
conducta típica (“Los que…”)
3.6 Posesión o Tenencia Ilegal de las armas y elemento s señalados
en el Artículo 3º de la Ley.
El artículo 13º de la ley No. 20.014 dispone que “Los que poseyeren o
tuvieren algunas de las armas o elementos señalados en los incisos primero,
segundo o tercero del artículo 3º serán sancionados con presidio menor en
su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el
inciso final del artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado
mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a
presidio perpetuo.
246
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados
en la forma y para los fines establecidos en el inciso primero del artículo
4º”.155
3.6.1 Tipo Objetivo:
• Sujetos:
El sujeto activo no requiere de ninguna cualidad, calidad o condición
especial, por lo que el delito puede ser cometido por cualquier persona.
Con respecto al sujeto pasivo, se trata de una figura con varios sujetos
pasivos, por cuanto ofende a un número indeterminado de individuos,
característica esencial de los delitos de peligro, que podemos identificarlos
como la sociedad entera.
• Conducta típica (acción):
La conducta típica también es aludida por los verbos poseer y tener, pero
a diferencia de la figura anterior, se trata de los elementos señalados en el
artículo 3º, indicados a continuación.
• Objeto Material:
El objeto material está claramente especificado en la descripción típica.
Esta se refiere a las armas y elementos sujetos a control que se mencionan
en los incisos primero y segundo del artículo 3º.
155 Artículo 4º, inciso primero: “Para fabricar, armar, transformar, importar o exportar las armas o elementos indicados en el artículo 2º y para hacer instalaciones destinadas a su fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito, se requerirá autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, la que se otorgará en la forma y condiciones que determina el reglamento.”
247
Estas armas o elementos son:
a) Armas largas cuyos cañones hayan sido recortados; armas cortas de
cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática;
b) Armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden
bajo una apariencia inofensiva
c) Armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o borrados.
d) Ametralladoras, subametralladoras;
e) Metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de
mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el
calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería,
f) Artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes
o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la
expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos
destinados a su lanzamiento o activación.
h) Bombas o artefactos incendiarios.
i) Armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de
su condición original, sin autorización de la Dirección General de
Movilización Nacional.
Los términos señalados anteriormente son términos técnicos,
pertenecientes casi todos a la ciencia de la balística y empleados, por lo
mismo, en la balística forense. Por lo que el significado que debe dárseles
es el que les atribuyen tales ciencias.
248
También hay que señalar que las armas referidas en el artículo 3º
revisten una mayor peligrosidad que aquellas a que alude el artículo 2º,
como por ejemplo las armas automáticas que son aquellas que continúan
disparando mientras el disparador se encuentra presionado por el dedo
hasta que termina el cargador.
La ley es suficientemente amplia en su enunciado como para que queden
comprendidas en esta prohibición todas aquellas armas, creadas, en uso, o
que a futuro puedan crearse, y que participen de las características
generales enunciadas.
En cuanto a los demás elementos mencionados en el artículo 3º, se trata
de artefactos fabricados con las sustancias y gases que se especifican,
empleando el legislador expresiones bastante amplias y generales,
probablemente, con la finalidad de no dejar fuera de la protección penal
situaciones en que, por no emplearse concretamente y específicamente las
sustancias y elementos enumerados, quedarían sin sanción, no
resguardándose en forma suficiente el bien jurídico que se ha perseguido
proteger.
En el conjunto de elementos que esta disposición menciona, lo esencial
lo constituye el hecho de que debe tratarse de artefactos, entendiendo esto,
como todo objeto construido según alguna técnica y que funciona gracias a
un mecanismo. Son elementos que suponen una estructura o complejo de
partes adaptadas para producir un efecto específico; debe tratarse de
artefactos explosivos o bien, que expandan gases lacrimógenos, venenosos,
etc; además de contener un mecanismo para que el artefacto explote o
expanda gases.
Además, los implementos destinados al lanzamiento de estos artefactos
también quedan comprendidos dentro de la prohibición.
249
• Complementos de la acción:
En cuanto a los complementos de la acción, específicamente con
respecto al verbo rector, es más simple que en la figura anterior, puesto que
basta la posesión o tenencia de los elementos señalados en la ley para que
se configure la conducta incriminada; no existe aquí las posibilidad de contar
con inscripciones o autorizaciones especiales, pues la prohibición es
absoluta, salvo las excepciones ya señaladas.
• Elementos descriptivos y normativos:
a) Elementos descriptivos:
En el artículo analizado, el elemento descriptivo aparece en la frase
“material de uso bélico”, entendiéndolo, como aquellas armas que han sido
fabricadas por el hombre con miras a la búsqueda de la dominación del
enemigo, para lo cual se aumenta la potencia de fuego de las armas, para
que éstas disparen en mayor cantidad y rapidez en un momento dado.
b) Elementos normativos:
El elemento normativo se encuentra en el inciso primero del artículo 13º
de la ley Nº 20.014 que establece “….alguna de las armas o elementos
señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º”,
refiriéndose el legislador a aquellas armas o elementos cuya posesión o
tenencia está prohibida.
3.6.2 Tipo Subjetivo
• Dolo o Culpa:
250
Dolo:
En la figura analizada, para la realización de la parte objetiva del tipo se
requiere la ejecución de la conducta prevista en este precepto. El dolo
consistiría en la tenencia o posesión de las armas o elementos señalados en
el artículo 3º.
La conducta exige un dolo genérico cuyo elemento intelectual se integra
por el conocimiento por parte del sujeto activo acerca del ilícito que reviste la
posesión o tenencia de estas armas.
Culpa:
El delito imprudente no requiere conocimiento ni voluntad referidos a la
situación típica objetiva, sino que exige sólo realizarla por infracción de la
norma de cuidado (por inobservancia del cuidado debido).
La culpa existiría si, involuntariamente, se diera la situación de una
tenencia ilegal de las armas o elementos señalados en el artículo 3º, sin
tener conocimiento de la prohibición de tenencia o posesión de las mismas.
• Resultado:
La figura analizada es un delito de peligro abstracto, ya que no se exige
como resultado la proximidad de una lesión concreta a un bien jurídico
protegido, sino que sólo basta la peligrosidad de la conducta (al igual que el
artículo analizado anteriormente).
• Penalidad:
Con respecto a las armas prohibidas, el artículo 13º de la ley Nº 20.014
señala:
251
"Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos
señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán
sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico, o aquellas señaladas en el
inciso final del artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado
mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a
presidio perpetuo.
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados
en la forma y para los fines establecidos en el inciso primero del artículo 4º.”
A diferencia de lo señalado en el análisis del artículo 9º, las penas que
determinó el legislador a este tipo delictivo no serían desproporcionadas ya
que la gravedad de éste resulta proporcional al hecho cometido. La
peligrosidad de las armas que se prohíben en este artículo son mayores a
las armas señaladas en el artículo 9º, por lo que no podríamos aceptar que
una persona posea o tenga armas bélicas o elementos o artefactos
explosivos para su protección, por todo lo señalado en párrafos anteriores.
• Clasificación del delito:
a) Modalidades de la Parte Objetiva:
Al igual que en el caso del artículo 9º, se trata de un delito de mera
actividad ya que solamente basta la realización de la conducta típica. La
descripción típica no requiere la lesión del bien jurídico protegido, sino que
se contenta con la puesta en peligro, constituyendo un delito de peligro
(delito de peligro abstracto).
252
Además, la figura utiliza los verbos poseer y tener por lo que se
determina que es un delito de acción, es decir aquellos en que la ley
prohíbe la realización de una conducta positiva. Además, es un delito de un
acto ya que el tipo sólo describe una sola acción
b) Relación de la parte subjetiva con la objetiva :
Se trata de un delito de tipo congruente, en que la parte subjetiva de la
acción se corresponde con la parte objetiva.
c) Según los sujetos:
Se trata de un delito común, ya que cualquier persona puede realizar la
conducta típica.
Resumiendo:
Existiría posesión o tenencia ilegal de las armas de fuego o los
elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, cuando la
posesión o tenencia de éstos se encontrare sin las autorizaciones a que se
refiere el artículo 4º o sin las inscripciones establecidas en el artículo 5º,
Pero, según el inciso segundo del artículo 9º, es necesario, además, el
elemento subjetivo del tipo (“…con el fin de alterar el orden público, atacar a
las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros
delitos…”) para que se configure el tipo, siendo éste de aquellos que se
caracterizan por ser portadores de una intención que va más allá de la
finalidad de obtener un resultado típico, llamados “elementos subjetivos de
tendencia interna trascendente”.
Con respecto a la posesión o tenencia ilegal de las armas y elementos
señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º, o armas
253
de uso bélico, o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3º, para que
se configure el tipo bastará solamente la posesión o tenencia de los
elementos señalados en la ley para que se configure la conducta
incriminada; no existe aquí las posibilidad de contar con inscripciones o
autorizaciones especiales, pues la prohibición es absoluta, salvo las
excepciones señaladas. Se trata entonces de un delito de tipo congruente,
en que la parte subjetiva de la acción se corresponde con la parte objetiva,
ya que aquí no existen elementos subjetivos.
4. DIFERENTES POSTURAS RESPECTO DE LA LEY Nº 20.014 QUE
MODIFICA LA LEY Nº 17.798 SOBRE CONTROL DE ARMAS
ESTABLECIENDO MAYORES EXIGENCIAS PARA INSCRIBIR UN
ARMA, PROHIBIENDO EL PORTE DE LAS MISMAS Y REALIZA
OTRAS MODIFICACIONES.
Diversas son las autoridades a las que les compete el cumplimiento de
las disposiciones referidas al control de armas. Podemos mencionar entre
ellas: El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de
Movilización Nacional, las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas
Armadas, Autoridades de Carabineros de Chile, el Banco de Pruebas de
Chile, los Servicios Especializados de las Fuerzas Armadas y otros.
La misión de algunas de estas instituciones es la que se señala:
El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración
del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración
del sector de la Defensa Nacional. Este Ministerio está constituido por las
Subsecretarías de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones.
156
156 Sitio web - Ministerio de Defensa Nacional. www.defensa.cl
254
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas: La ley Nº 17.798,
modificada por la Ley Nº 20.014, establece cuáles, cómo y en qué
circunstancias se pueden tener y emplear armas de fuego, cuyo control está
en manos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)
dependiente del Ejército de Chile, y cuya inscripción realizan autoridades
fiscalizadoras: comandancias generales de Guarnición del Ejército,
comandancias de Guarnición de Ejército, unidades de la Armada, comisaría
y subcomisarías de Carabineros. 157
Carabineros de Chile se define como una unidad de doctrina de carácter
nacional, compuesta por servidores públicos no deliberantes, altamente
profesionalizados, tecnificados y evolutivos. 158
En cumplimiento de la misión encomendada en la Constitución, brinda
seguridad a la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones
prioritariamente preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la
comunidad.
Además, no sólo las autoridades que se relacionan con las Fuerzas
Armadas cumplen funciones de control. También encontramos que se le han
asignado responsabilidades, entre otros, al Servicio Nacional de Geología y
Minas, a la Dirección General del Registro Civil e Identificación, al Servicio
Nacional de Aduanas y otros.
Ahora bien, existe a nivel mundial una clara tendencia a pensar que para
prevenir la violencia se requiere controlar la tenencia y la adquisición de
armas de fuego por particulares, estableciéndose una legislación más
restrictiva en este ámbito.159
157 Sitio web - Ejército de Chile. www.ejército.cl 158 Sitio web – Carabineros de Chile. www.carabineros.cl 159 SILVA SEGOVIA, Patricia. “Adquisición, Tenencia y Uso de Armas por Particulares en la Legislación Comparada”, DEPESEX/BCN/SERIE INFORMES, AÑO VIII, Nº 41, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1998, p.1.
255
En concordancia con esta tendencia a nivel mundial, se ha modificado
recientemente la Ley de Control de Armas, con el objeto de establecer
mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de la misma
y otras modificaciones.
La moción presentada en el Senado fundamentó las modificaciones a la
Ley sobre Control de Armas, aduciendo que la seguridad ciudadana y el
combate a la delincuencia se han constituido en unos de los principales
factores de preocupación de la ciudadanía.
Se inició así un debate en la opinión pública sobre la conveniencia o no
de permitir a los particulares tener más fácil acceso a la inscripción y
tenencia de armas en sus casas para repeler a la delincuencia de que son
víctimas. Y en relación a este tema surgieron diversas posturas.
Queremos exponer, en forma tentativa, la interrogante de si es
conveniente o no que la población civil mantenga en su poder un número
determinado de armas para su defensa personal contra la delincuencia. En
el fondo buscamos contraponer diversas posiciones que existen en el ámbito
de la discusión y de esa manera llegar a una conclusión que apoye o
modifique la hipótesis de nuestro trabajo de investigación que sostiene que
no encontramos conveniente la posesión y tenencia de armas de fuego por
parte de la población civil.
4.1 Postura 1: Población Civil debe tener acceso a las armas.
Dentro de la postura de quienes alientan la facilitación de armas160, tanto
en lo que se refiere a su inscripción como a la tenencia por parte de la
población civil, destacan los siguientes argumentos esgrimidos con mayor
160 BUCHHEISTER, Axel. “El Invitado Junio 2004”. Opinión Jap, la Trinchera. www.Defensores235.cl
256
frecuencia por los detractores a la iniciativa de la nueva Ley de Control de
Armas:
1. La creciente ola de asaltos, robos, violencia ha generado un clima de
inseguridad e indefensión en la ciudadanía. Empíricamente, pareciera que la
autoridad encargada de velar por el orden público y las fuerzas policiales
encargadas de repeler el delito han sido severamente sobrepasadas en su
accionar.
2. Combatir el delito es responsabilidad de la autoridad y si ella fuera
eficaz en su tarea, disminuirían los delitos y, por ende, los robos de armas.
El Gobierno ha traspasado la responsabilidad de su propia ineficacia a
quienes debiera rendir cuentas: los ciudadanos.161
3. Las cifras de denuncias y delitos proporcionadas por los medios de
comunicación y otras instituciones dedicadas a analizar la seguridad
ciudadana, reflejan la sensación de temor con que está viviendo la
ciudadanía, las que justificarían un aumento en la expresión de su natural
instinto de autodefensa. 162
Los detractores, asimismo, hacen alusión a encuestas de la Fundación
Futuro las que revelan que entre los años 1998 y el 2003, la sensación de
temor en la población creció de un 78% a un 85%; y que el 47% de los
consultados se siente inseguro en sus casas así como también que un 61%
de los encuestados es partidario de tener armas en su hogar para
defenderse de la delincuencia.163
161 BUCHHEISTER, A. ob.cit.2004, p.3 162 BRAHM B., María Luisa. “Artículo Opinión Política – La autodefensa con un derecho fundamental”. Boletín No. 203. Instituto de Libertad y Desarrollo, 2003, p.2. www.institutolibertad.cl. 163 BRAHM B., M.L. ob.cit.2003, p.2.
257
Otro tanto aporta la Fundación Paz Ciudadana, institución que ha
señalado que el robo con violencia ha aumentado un 360% en las denuncias
entre los años 1997 y el 2003.164
4. La creciente sensación de inseguridad de la población explicaría, en parte,
el creciente aumento de armas registradas legalmente en el país.165
La inscripción legal de armas en el país, ha aumentado de unas 150 mil
armas inscritas en 1992 a unas 700 mil en la actualidad. De ellas, unas 400
mil armas son revólveres y pistolas destinados a la defensa y la seguridad.
Actualmente, en nuestro país se estima que una de cada diez personas
tiene un arma en su poder.166
5. Los ciudadanos que cumplan la ley perderán un valioso instrumento
de autodefensa contra el peligro delictivo, sobretodo frente al creciente clima
de inseguridad y temor existente en la sociedad.167
6. Prohibir la tenencia de armas a los ciudadanos que cumplen la ley no
disminuirá la cantidad de delitos, sino sólo aumentará el número de
tenencias irregulares, pues muchas personas honestas se resistirán a perder
sus últimos elementos de autodefensa contra el peligro delictivo, mientras
los sistemas estatales muestran al respecto su impotencia, incapacidad o
indiferencia.168
7. Con respecto a la Ley de Control de Armas Nº 20.014 misma, si se
revisa su texto se constata que lo que fundamentalmente hace es poner
164 MARCAZZOLO, Leo. Revista HOMBRE Nº 5, Septiembre 2004, p.94 165 BRAHM B., M.L. ob.cit.2003, p.1 166 BRAHM B., M.L. ob.cit.2003.p.1 167 BLANCO S., Javiera y VALDIVIA R., Claudio. “Comentarios al Proyecto Legislativo que modifica la Ley No. 17.798 sobre control de armas”. Fundación Paz Ciudadana, Junio 2004, p.1. 168 Artículo “Restricción……. Diario El Mercurio. ob.cit.2004.
258
mayores restricciones a los ciudadanos para que adquieran y mantengan
armas de fuego.169
En efecto, ahora para adquirir un arma las personas deberán, además de
todos los trámites existentes, probar que poseen suficiente aptitud física y
psicológica, amén de acreditar que estén capacitados para manejarlas y
darles debida conservación y mantenimiento. 170
Dicho exámen es totalmente subjetivo y arbitrario ya que lo primero que
uno debe preguntarse es quién determina quién es apto o no para adquirir la
tenencia y porte de armas de fuego: un psicólogo, un médico o una
autoridad sanitaria? La nueva ley de Control de Armas no lo fija de un modo
claro.
8. El asunto de limitar la posesión de armas de fuego en función de la
estabilidad psíquica es un asunto aleatorio en el cual inciden muchos
factores, no todos los cuales predisponen al delito y es por ende muy difícil
de predecir.
Ya antes se pretendió limitar la entrega de licencia de conducir a la
aprobación de un exámen psicológico, exigencia que terminó siendo
derogada por absurda.
9. El valor predictivo de un exámen es discutible y además los
ciudadanos no tienen por qué estar sujetos a la duda y demostrando a la
autoridad que están cuerdos, sin perjuicio del carácter privado que debe
tener un informe psicológico o médico que eventualmente pueda ser
conocido por terceros.
169 BUCHHEISTER, A. ob.cit. 2004, pp.1-2. 170 BUCHHEISTER, A. ob.cit. 2004, pp.1-2.
259
10. Con qué parámetros demuestra un sujeto que está capacitado para el
manejo y conservación de armas de fuego? La nueva ley de Control de
Armas Nº 20.014 no lo aclara, y por si fuera poco, establece una condición
aleatoria de que cada cinco años debe cumplir los mismos requisitos so
pena de caducidad del permiso 171
11. Cómo contribuye a disminuir la delincuencia el hecho de que los
ciudadanos tengan menos acceso a medios de defensa eficaces? Más bien
parece que tales restricciones pueden alentar a la delincuencia, la que se
sentirá con mayor seguridad e impunidad para actuar, a sabiendas que hay
menor posibilidad de que la víctima se defienda.172
12. Las restricciones legales para poseer y portar armas no tendrán
efecto alguno sobre la tenencia de armas por parte de los delincuentes, a
quienes por definición no les importa lo que dice la ley. Se olvida una verdad
elemental: si las armas están fuera de la ley, sólo los que están fuera de la
ley tendrán armas.173
13. Los delincuentes están, por definición, contra el derecho. El endurecer
la ley de control de armas no mejora las perspectivas de reducir la
delincuencia mientras los malhechores no perciban como más altas las
probabilidades de ser aprehendidos y sancionados en caso de infringirla. Y
eso depende de múltiples factores, comenzando por la actitud de la
autoridad frente a la infracción de la ley.
14. Con la limitación de armas por parte de los particulares, los
delincuentes igualmente accederán a armas de fuego para cometer sus
delitos. Si se les aumentan las dificultades para obtenerlas, al principio
aumentará el costo de obtenerlas, pero, con el tiempo se generará un
171 BUCHHEISTER, A. ob.cit. 2004, pp.1-2. 172 BUCHHEISTER, A. ob.cit. 2004, p.3. 173 BRAHM B., M.L. ob.cit.2003, p.1
260
mercado negro” más masivo (probablemente con armas provenientes del
extranjero) y aumentará el mercado “informal” (armas hechizas) no
lográndose el objetivo de la Ley Nº 20.014 y la delincuencia seguirá
aumentando.
15. Otro argumento esgrimido por los detractores a la nueva ley Nº
20.014 sobre Control de Armas, que modifica a la ley Nº 17.798, es que las
armas robadas a particulares son sólo una parte del armamento en poder de
delincuentes, porque otra parte proviene de armas hechizas, elaboradas
clandestinamente por personas que se han hecho expertas en su
elaboración.
16. El argumento con que se ha tratado de validar la restricción de las
armas en poder de los particulares es que ellas serían usualmente robadas
por los delincuentes y les servirían para cometer nuevos delitos. Si se
prohíben o se limitan se cortaría la espiral del delito. Ahora, si seguimos esta
misma línea argumentativa cabría sostener que si ha aumentado el robo de
televisores, el problema se solucionaría prohibiendo a la gente que tenga
televisores.
Llevando este razonamiento a sus derivaciones lógicas y extremas,
también las Fuerzas Armadas y de Orden, así como Gendarmería, tendrían
que eliminar sus armas para evitar que los criminales se las arrebaten y las
empleen para delinquir. Tan absurda es esa línea de análisis que sorprende
que se la quiera sostener seriamente.
17. El argumento de la sustracción a particulares como fuente del
armamento que usa la delincuencia, es empíricamente incorrecto. Dos son
los antecedentes que corroboran este aserto.
En primer lugar, según cifras oficiales de la Dirección General de
Movilización Nacional, que es la autoridad técnica en materia de armas de
261
fuego, sólo una parte menor de las que fueron utilizadas en actos delictivos
tienen su origen en armas inscritas.
En efecto, corresponde a esa Dirección hacerse cargo de la destrucción
de las armas de fuego que han intervenido en actos ilícitos, una vez
concluido los procesos judiciales respectivos. Y las estadísticas entregadas
sobre tal destrucción en el año 2003, indican que sólo el 23.3%
correspondían a armas inscritas, mientras que el 76.7% eran no inscritas. Es
decir menos de una de cada cuatro armas usadas por la delincuencia
proviene de armas legales en poder de los ciudadanos.
En segundo lugar, la propia encuesta de Victimización del Ministerio del
Interior (Mayo 2004), señala que del total de asaltos cometidos entre
Septiembre y Diciembre del 2003, sólo en un 75% de los casos el
delincuente exhibió un arma. De estos, en un 73% de los casos, el
delincuente mostró un cuchillo, un 16.9% un arma de fuego y un 8.9% otra
diversa, como un garrote. Es decir, en sólo un 12.7% de los asaltos se
empleó un arma de fuego.174
18. El enfrentamiento de la delincuencia exige otros instrumentos,
técnicamente concebidos, aplicados y evaluados, no medidas efectistas que
sólo acrecentarían en los delincuentes la conciencia de la impunidad con
que pueden actuar con la población, redobladamente inerme e indefensa en
virtud de semejante ley 175.
19. Aunque las armas no sean tan populares, no por ello deben ser
proscritas y hay razones de fondo para ello. La posibilidad de poseer armas
de fuego, aunque no se ejercite, constituye un medio de la libertad de las
174 www.contactoconce.cl Noticias - 28 de Mayo del 2004. 175 MERINO BRAVO, Paulina. “La Autodefensa como un Derecho Fundamental”. Instituto Libertad y Desarrollo. www.institutolibertad.cl
262
personas. En efecto a los esclavos jamás se les ha permitido tener armas,
pues de tenerlas lucharían por su libertad.
20. Por qué la insistencia en promulgar la nueva ley Nº 20.014? Lo que se
pretende es privar a los ciudadanos de su derecho a tener armas de fuego, o
al menos restringirlas severamente, y esto simplemente por razones
ideológicas, ya que tratar de apelar a la delincuencia como receptor final de
dichas armas es un burdo pretexto comunicacional y un argumento
puramente distractor.
A la luz de estos argumentos que se han esbozado, pareciera que no
existe relación relevante alguna entre armas poseídas legítimamente por los
ciudadanos y la comisión de delitos con el hurto o robo de ellas. En estos
argumentos se apoyan los detractores a la Ley de Control de Armas para no
aceptar las mayores exigencias para la adquisición y tenencia de armas que
introduce la nueva Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798.
4.2 Postura 2: No es conveniente que la población t enga acceso a las
armas.
1. Por otra parte, los partidarios de la nueva Ley de Control de Armas Nº
20.014, que modifica la Ley Nº 17.798, sostienen que el endurecimiento de
la ley favorecerá una reducción de la delincuencia.
En su postura, tienden a desmentir la necesidad de la población civil a
tener armas de fuego para aumentar su seguridad y resguardo. “La tarea de
perseguir a los delincuentes es de la policía y no, de los particulares”.176
2. Señalan que la nueva ley Nº 20.014 sobre Control de Armas permitirá
llevar una estricta vigilancia respecto de las armas de fuego, ya sea respecto
176 BURGOS, Jorge. Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados (DC). Entrevista “No Recomiendo Comprar Armas”. Radio Universidad de Chile, Septiembre 2004.
263
de la cantidad de ellas que existe en el país, ya sea respecto de sus actuales
o futuros dueños y por último permitirá saber su ubicación física. Es decir,
con esta nueva ley se logrará un mayor control y fiscalización de las armas
de fuego.
3. Señalan que uno no se defiende más armándose más; uno no es más
seguro con armas. “No hemos visto ningún estudio convincente que diga que
por tener un arma de fuego uno logra defender mejor a su familia y a su
hogar”.177
“En general, un arma produce más violencia en el atacante o más interés
en el asaltante por robarla”.178
4. Indican que si bien actualmente, el adquirir armas de fuego no
presenta mayor complejidad, existe un desconocimiento de la normativa
legal que puede agravar el panorama. La ley exige para su compra
presentar una autorización entregada por las Guarniciones del Ejército,
comisarías de Carabineros o unidades de la Armada. Pero dicha
autorización sólo permite que el arma se mantenga en el domicilio declarado
y no da la posibilidad de portar o trasladar ese elemento.
“La gente, al inscribirlas, en muchos casos se siente facultada para portar
el arma. Si esto ocurre, se vulnera la ley y eso es un ilícito, porque
contraviene el porte de armamento”.179
5. Señalan que, el Ministerio del Interior estima que el tener armas para
cometer ilícitos implica un plus para los antisociales. De allí su interés en
acceder a las armas existentes en los hogares asaltados.
177 LETELIER MOREL, Juan Pablo. Noticias Partido Socialista de Chile, Miércoles 17 de Marzo de 2004. 178 BURGOS, Jorge. Diputado Demócrata Cristiano. ob.cit. 2004. 179 TORRES, Patricio. Teniente Coronel de la Guarnición de la Tercera División de Ejército. Reportaje: “En Manos de Quién están las Armas”. Diario El Sur, Septiembre 2004.
264
“Para los delincuentes es importante obtener armamento, porque con ello
tienen mayor seguridad en la comisión de delitos, les permite tener un
accionar mas continuo. Las personas que en estos momentos tienen la
responsabilidad de estar con permiso para no portar, sino que para la
tenencia de armas de fuego, tienen que también tomar las medidas al
respecto: tenerlas en lugares muy seguros. Estas armas, en vez de
representar una seguridad para los usuarios, se transforman en peligro
cuando llegan a manos de delincuentes”. 180
6. La nueva ley Nº 20.014 sobre Control de Armas busca desincentivar
la tenencia de armas en manos de particulares, como una forma de prevenir
situaciones como las ocurridas en países como Estados Unidos, Inglaterra y
otras naciones, que han provocado conmoción mundial, donde menores de
edad han cometido graves delitos, incluyendo homicidios, con armas de
fuego que han sustraído de sus hogares.181
“La tenencia de armas en los hogares sólo sirve para causar accidentes,
como que a un menor de edad se le dispare un arma, casos de suicidio o
bien para proveer de ellas a los delincuentes que las roban desde su
interior”.182
7. Indican que “Es necesario convencer a las personas de que armarse
no es el camino correcto para defenderse”.183 “Es una realidad que la
presencia de un arma en el hogar aumenta el riesgo de que ocurran
homicidios y suicidios. Somos seres humanos y como tales debemos saber
que cuando tenemos pánico o si estamos bajo los efectos del alcohol o si no
tenemos entrenamiento, no es buena idea tener un arma cerca. Y debemos 180 JOFRE, René. Jefe de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Entrevista Radio Cooperativa. 181 Artículo “Control de armas ilegales es uno de los principales instrumentos para prevenir y combatir la delincuencia en Chile”. Prensa Noticias. Valparaíso, Agosto 2004 182 BRAHM B., M.L. ob.cit.2003, p.2. 183 PETERS, Rebecca. “Pobreza, desigualdad y armas son un cóctel Explosivo”. Publicación Diario La Nación. Buenos Aires. Argentina., Noviembre 2004, pp.1-2.
265
pensar en cómo nos sentiremos después de matar a alguien, aún si fuera en
legítima defensa”184
8. Buscan evitar la legitimización del mecanismo de la auto tutela, el que
muchas veces puede hacer incurrir en arbitrariedades o adoptar conductas
desproporcionadas, que a la larga generan actos de injusticia o bien hacen
que la víctima se trasforme en victimario. Y, de paso, dar pié para que
cualquier persona, con el pretexto de no sentirse amparada por la autoridad,
se sienta con el derecho a defenderse por sí misma frente a la delincuencia.
Esto ocasionaría un caos de proporciones en un Estado de derecho,
causando finalmente un total descontrol y dando lugar a la ley del más
fuerte.
El monopolio estatal de la fuerza y la exclusión de la auto tutela en la
solución de conflictos entre los ciudadanos forman parte de las bases
mismas de un Estado democrático de derecho, el que supone que la
persona y los bienes de los ciudadanos son protegidos por la fuerza pública
y las sanciones aplicadas por los tribunales de justicia.185
9. Ante el discurso de que es necesario armarse, tener leyes más duras
y aplicar violencia contra violencia, señalan que dichas medidas no permiten
disminuir el clima de violencia y criminalidad.
“El castigo y las penas sirven, pero hasta cierto punto. Una sociedad
basada en poner a todo el mundo en la cárcel no es sostenible ni sana. En
un país en que la gente se siente muy insegura, - y se ha armado por ello –
comenzaría el desarme de manera paralela a una profunda reforma de las
instituciones públicas”.186
184 PETERS, R. ob.cit. 2004, pp. 1-2. 185 MERINO BRAVO, Paulina. “Inseguridad y Defensa” Diario El Sur. www.elsur.cl 186 PETERS, R. ob.cit. 2004, pp.1-2.
266
10. Indican que la labor de la autoridad y de la policía debe enfocarse
primordialmente a labores de prevención del delito a través de redes
comunitarias y de vigilancia que se coordinen con municipalidades y también
a labores de educación de la población y de los participantes de los
organismos antes mencionados.
El parlamentario, Jorge Burgos, quien ha sido el impulsor del proyecto
que limita la tenencia y porte de armas, el cual culminó finalmente con la
promulgación de la ley Nº 20.014 sobre Control de Armas, considera que la
lucha contra la delincuencia debe realizarse a través de planes de seguridad,
como el Plan Estrella en temporadas de Verano, el Plan Cuadrante y
Comuna Segura, fortaleciendo la participación ciudadana.
Dentro de este ámbito, como proyectos de la agenda de Seguridad
Ciudadana se ha promulgado la ley Nº 20.014 sobre Control de Armas y se
insertan proyectos, aún en trámite legislativo, tales como la ley de drogas, la
responsabilidad penal juvenil, y el que modifica la dependencia de las
policías y otros que también tienen una incidencia relacionada con el tema
que estamos tratando.
11. Propician mantener la competencia de las fuerzas del orden, que son
los únicos encargados por ley de otorgar protección, y de los tribunales que
son en definitiva quienes deben administrar la justicia y aplicar las sanciones
correspondientes.
Las autoridades democráticamente elegidas y las fuerzas de orden y
seguridad más los tribunales de justicia, tienen un mandato de la
Constitución que es velar por la seguridad de la población civil y administrar
justicia.
Ahora, para llevar a cabo este cometido, es mucho más útil y necesario
llevar a cabo labores de prevención del delito, crear redes sociales y
267
políticas de inclusión social que tiendan a evitar la tentación del delincuente
a cometer un hecho delictual.
12. Muchos son los factores que inciden en la comisión de los delitos,
tanto de índole sociológico, criminológico, estadístico, y económico. Y
pareciera que el aspecto que más se analiza entre los expertos es el de
índole económico el cual sustenta que el caldo de cultivo que favorece la
actividad delictual es la falta de oportunidades y de expectativas laborales,
de educación y de recreación que se manifiestan en la población de escasos
recursos.
En opinión de Marcelo Contreras, 187 “hoy se debe cambiar la mentalidad
de que una normativa va detener el crimen. Este es una consecuencia
conductual y es ahí donde debe centrarse la atención. Debemos
preocuparnos de resguardos que no son necesariamente las armas. Por
ejemplo, mejorar barrios y contar con espacios públicos seguros, mayores
oportunidades de trabajo y educación de la población, etc. La idea es
organizar la sociedad civil sin armamentos, involucrarla en la teoría del
riesgo y no centrarnos sólo en optimizar leyes”.
5. COMENTARIOS
1) En líneas generales, la modificación efectuada por la Ley No. 20.014
a la Ley Nº 17.798, establece mayores exigencias para el porte y tenencia
de armas, con el objeto de generar mayores certezas en torno al adecuado
uso de objetos que pueden resultar peligrosos y atentatorios del orden
público.
A nuestro juicio, con esto se permite un mejor control y una mayor
fiscalización por parte de las autoridades porque crea una entidad
187 CONTRERAS, Marcelo; “ Inseguridad y Defensa”. Diario El Sur. www.elsur.cl
268
coordinadora de todos los organismos ejecutores y contralores, y porque
otorga mayores atribuciones a las autoridades encargadas de la
fiscalización.
2) Asimismo, la nueva ley busca establecer mayores exigencias en torno
al porte y tenencia con el objetivo de desincentivar su compra, evitando, en
la medida de lo posible, que muchas de estas armas terminen en manos de
antisociales, lo que se ha denominado como “el círculo vicioso de las
armas.” Nos parece, entonces, razonable y adecuado introducir
modificaciones que eleven los requisitos de inscripción y así evitar una
espiral de violencia.
3) Pensamos que el reducir la presencia de armas en la población busca
la prevención de consecuencias graves o fatales, tales como hemos visto a
través de la prensa de Estados Unidos, país que nos ha estremecido con
situaciones de violencia estudiantil.
4) La modificación legislativa busca generar un impacto en la seguridad
ciudadana y reducir los indicadores de temor e inseguridad de la población.
Sin embargo, los indicadores estadísticos muestran que la percepción de
inseguridad de la población, en muchos casos no está acorde con los
indicadores reales de criminalidad.
La mayor dificultad para evaluar este fenómeno reside en la forma de
conceptualizarlo y medirlo puesto que está configurado y se manifiesta de
forma multidimensional y se asocia estrechamente a la subjetividad de las
personas.
Creemos que para enfrentar la violencia, los delitos y el temor, no
debemos adoptar medidas apresuradas o desproporcionadas tales como
facilitar la tenencia de armas en la población, como un mecanismo de
autodefensa. Si por temor de la población estamos incentivando el tener
269
armas para auto protección, por otra parte, debemos tener en consideración
que esas mismas personas, enfrentadas a un delincuente, podrán no tener
una capacidad de reacción adecuada. El temor, en ocasiones paraliza, o
bien en una reacción extrema, dichas personas podrán, eventualmente, herir
o matar a un delincuente, con las consiguientes consecuencias traumáticas y
psicológicas para ellos mismos a futuro.
Por lo tanto, creemos que esta modificación legislativa no puede ser
analizada en forma aislada. Debe estar inserta en la globalidad de la
temática de la criminalidad y la violencia.
En las ciencias sociales existen dos teorías básicas para el estudio de la
violencia y de la conducta delictiva, las que se presentan en diversas
combinaciones: la teoría de la ruptura o de la anomia y la teoría de las
formas de socialización.188
En el primer caso, se privilegian como factores explicativos, las
dimensiones estructurales y sociales. Así, en este enfoque, la violencia
surgiría de la ruptura o desajuste del orden social; es decir, de cambios
sociales acelerados como efectos de la industrialización o la urbanización,
por ejemplo, que disuelven los mecanismos tradicionales de control social y
generan una brecha entre aspiraciones y los medios sociales y culturalmente
aceptados para hacer realidad esas aspiraciones. En esa línea, la conducta
delictiva dependería de la capacidad de los individuos para alcanzar las
metas-éxitos de acuerdo a su entorno social y a la importancia asignada al
éxito económico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, existiría una
correlación importante entre pobreza y delincuencia.
En el segundo caso, el énfasis se coloca en la socialización; es decir, la
violencia comprendería dimensiones organizativas y culturales que pueden
188 ARRIAGADA, I. y GODOY, L. ob.cit. 1999, p.8.
270
conducir a la selección de estrategias violentas por parte de ciertos actores
sociales. En esa línea, las causas primarias del delito se derivarían de la
existencia de grupos subculturales de delincuentes (grupos de amigos,
familia, cárcel), que traspasan conocimientos delictuales.
Asi, la criminalidad es un fenómeno heterogéneo, que responde a
procesos sociales complejos y multicausales, en el que confluyen factores
individuales, familiares, sociales y culturales y que inciden en los patrones de
conducta doméstica y social; por lo tanto, esta ley de Control de Armas
debiera estar inserta en un extenso programa para la prevención de la
delincuencia y disminución del temor en la población.
Si bien resulta difícil precisar el o los factores que inciden en el
incremento de la violencia y de la delincuencia, es posible identificar algunos
elementos que pueden estar asociados al incremento de la criminalidad en
Chile, tales como los que mencionamos en el capítulo anterior:
- El incremento en las tasas del desempleo, y particularmente en los
segmentos más jóvenes. El que los jóvenes vean limitadas sus
oportunidades laborales y educacionales o no logren estándares mínimos
educacionales, son situaciones que aumentan el factor de riesgo de este
segmento de la población. Se estima que los jóvenes en estas
situaciones, que abandonan las escuelas, que faltan a clases o que
tienen una autoimagen académica baja, tienen una mayor probabilidad
de participar en actividades de tipo delictivas. Y esta probabilidad es aún
mayor, si además de los bajos niveles educacionales, se agrega el hecho
de haber sido víctimas de abuso físico y maltrato en sus hogares.
- El nivel socioeconómico y la situación laboral también son variables
explicativas de gran importancia dado que a la tensión adicional que
causa la incertidumbre propia de quienes viven en situación de pobreza,
se unen las precarias condiciones económicas, el hacinamiento y el
271
desempleo que atentan contra la integración social y generan
marginalidad.
- El consumo de drogas ilícitas que ha experimentado un alza significativa
en los últimos años como también el excesivo consumo de alcohol.
- La aparición de grupos organizados en torno a delitos de drogas en
poblaciones populares.
- Una deficiente distribución del ingreso, pese a los indicadores positivos
de desarrollo económico y de bienestar del país. La experiencia ha
demostrado que, más que la pobreza, es la desigualdad, en conjunto con
otros factores sociales, culturales y psicológicos, la que genera mayor
violencia.
Por lo tanto, debemos ser capaces de canalizar los conflictos a través del
diseño de políticas de prevención, control e inclusión social.
A través de la prevención social, intervenir en los factores de riesgo que
se indican como precursores de un comportamiento violento o delictivo, tales
como deserción escolar, desempleo, violencia intrafamiliar, consumo
excesivo de alcohol o drogas, etc y de inclusión social integrando la
comunidad en políticas de seguridad ciudadana, de rehabilitación de
delincuentes, de reinserción de los mismos a la sociedad, etc.
Por lo tanto, nuestros objetivos debieran ser:
- Desarrollar programas educacionales más efectivos, innovadores, que
respondan de manera más adecuada a las necesidades formativas de
los jóvenes y a sus intereses, y disminuir así los altos índices de
deserción escolar.
272
- Potenciar la capacidad de la escuela para promover conductas
prosociales. Las conductas violentas se aprenden. Es en la familia y
en la escuela donde el individuo, principalmente, internaliza actitudes
y normas de comportamiento. Por lo tanto, es importante apoyar a
niños y jóvenes en situaciones de riesgo.
- Avanzar hacia una distribución más igualitaria del ingreso de la
población.
La distribución del ingreso, desde una perspectiva histórica, nunca ha
sido igualitaria en Chile ni en el resto de Latinoamérica, lo que podría
atribuirse a una herencia del sistema de colonización español.
Actualmente, los indicadores sociales siguen constituyendo una debilidad
importante de la economía chilena. El nivel de pobreza sigue siendo un
desafío para las políticas económicas mientras que la distribución del
ingreso se ha mantenido por varias décadas muy desigual. La reducción de
los niveles de pobreza ha sido importante, pero sigue siendo un tema que
afecta positivamente el proceso de crecimiento. El tema de la distribución
del ingreso es un tema más complejo de afrontar y no existe un consenso
general sobre las políticas que debieran implementarse y el grado de
igualdad deseada.
Para corregir la muy desigual distribución del ingreso, hay que acentuar
los esfuerzos en gasto social, reforzar el combate a la evasión tributaria y
contribuir a la “productividad” de los trabajadores, un ingrediente esencial
para incorporar equidad en el sistema productivo. Todo ello en un entorno
de recuperación de los equilibrios en la macro economía real.
Existe en nuestro país una marcada desigualdad en materia educacional
que favorece a quienes más tienen y atrapa en un verdadero círculo vicioso
de pobreza a los más desposeídos.
273
El capital humano y la innovación tecnológica son factores débiles en la
economía chilena al compararla con otras economías emergentes y en
términos absolutos. Si bien, el aumento de la escolaridad se destaca como
una fortaleza, la calidad de la educación es su debilidad. A esto se le suma
bajos gastos en capacitación, baja calificación laboral y bajo nivel técnico.
En la economía de mercado existente actualmente en Chile, el ingreso
está determinado por la productividad laboral, asociada a la educación y a la
experiencia de las personas. Por lo tanto, un importante énfasis debiera
darse a la oportunidad de educación de la población juvenil y no sólo
oportunidad, sino también calidad de educación. Debe buscarse un efectivo
mejoramiento en la educación como herramienta de homologación social,
promoviendo así una verdadera “igualdad de oportunidades”.
La reforma educacional ha sido un gran paso adelante, pero se requiere,
además, un ambicioso y eficaz programa nacional de capacitación laboral,
con la participación del gobierno, municipalidades, organizaciones
empresariales, sindicales y docentes.
Debemos abordar sin tapujos la tremenda desigualdad en el ingreso.
Si para esto es necesario revisar el modelo económico imperante, debemos
hacerlo sin temores ni hipocresías. No debiera haber temas tabúes en esta
materia, si realmente se quiere abordar un drama de la magnitud de la
desigualdad económica en nuestra sociedad.
Esto no significa el retorno a viejas concepciones de planificación
centralizada de la economía, pero sí reivindicar el papel del Estado como
garante del bien común y, en especial, fortalecer su accionar de apoyo a los
más desposeídos, sin perjuicio de acoger, con la mejor disposición, el aporte
del sector privado en este mismo sentido.
274
Tal como se señaló en el capítulo I, ante la disyuntiva de “crecer o
distribuir”, el abordar la igualación del ingreso haría más difícil la superación
de la pobreza y, por lo tanto, la forma más idónea de lograr mayor igualdad
en los ingresos sería a través de un mayor crecimiento económico.
En consecuencia, entre algunas medidas generales para lograr un mayor
crecimiento económico, se debiera impulsar el desarrollo de los sectores
productivos que conlleven a una mayor generación de empleo, para lo cual
se requieren políticas sectoriales y regionales, pragmáticas ya que la
incapacidad de los sectores productivos para absorber una mayor fuerza de
trabajo ha sido causal de desempleo en los grupos urbanos. Las actividades
de servicio del Estado son las que han permitido un fortalecimiento de los
sectores medios, no así, los sectores productivos. Y en el caso de los
trabajadores industriales y mineros, su fuerza puede atribuirse a la
modernización de los procesos productivos.
Debiera desarrollarse nuevos rubros de exportación que agreguen valor a
los recursos naturales. El esfuerzo exportador es determinante en la
capacidad de crecimiento del país.
Debiera impulsarse la integración regional a los mercados de América
Latina y buscar nuevos mercados en Europa y Asia, vitales para la
diversificación de las exportaciones y su vinculación al desarrollo nacional.
Debiera tratarse de lograr operar con una demanda efectiva cercana a la
capacidad productiva.
Por lo tanto, una estrategia de tipo redistributiva que pueda tener
perspectivas de éxito debe insertarse en un proceso de desarrollo que
enfrente los desequilibrios fundamentales de los principales sectores
económicos y su mutua relación, en especial, lo referente a la estructura del
empleo y el uso de técnicas de producción.
275
- Fortalecer la familia, lugar donde las personas aprenden valores y
normas de comportamiento, las que luego aplican en la convivencia
social. Así como la familia debiera ser lugar de afecto y protección,
también es un lugar donde se experimenta el abandono, el abuso y la
violencia, con lo cual se reproducen comportamientos violentos en el
futuro.
- Desarrollar comunidades fuertes. Debemos buscar la integración de
los vecinos, creando y fortaleciendo las redes sociales y fomentar los
vínculos entre la comunidad y las instituciones policiales para
enfrentar la criminalidad.
- Promover el acceso igualitario a la justicia. Una justicia ágil y próxima,
con sanciones adecuadas.
- Promover medidas de control, tales como reformas al sistema judicial,
policial, penitenciario.
- Fortalecer y modernizar la gestión policial, con un enfoque de
corresponsabilidad y participación conjunta con la comunidad.
- Fortalecer la confianza de la población en las autoridades encargadas
de velar por la seguridad ciudadana, la que deberá entregar servicios
públicos oportunos y eficaces.
- Mejorar los sistemas de estadísticas criminales, que permitan
dimensionar y caracterizar adecuadamente el fenómeno delictivo,
formular políticas y programas adecuados a la realidad, y la
evaluación de las acciones emprendidas.
276
Este es un desafío que debemos plantearnos como sociedad. Es un
desafío de largo plazo que exigirá la colaboración de todos. Sólo de esta
forma podremos lograr una sociedad más cohesionada y segura.
277
CAPITULO IV
LEGISLACION COMPARADA
1. GENERALIDADES.
Muchos son los acontecimientos en la historia del hombre que dicen
relación con el uso de las armas. Ellas han sido utilizadas en múltiples
acontecimientos tales como la colonización y conquista de territorios, en los
procesos de liberación de la esclavitud, en los sucesos de independencia,
etc.
Las armas, desde su existencia en la sociedad, han sido objeto de
estudio y discusión; se ha buscado definir por qué las armas deben estar en
manos de algunos y no de otros, cuáles son los fines que se busca con ellas.
Muchas veces éstas han sido instrumentos de abuso y de poder por quienes
han tenido el monopolio de las mismas, o bien, han servido para ser
utilizadas en procesos de liberación tales como en el caso de la revolución
francesa o de la revolución cubana con Fidel Castro o en auto defensa
personal.
Durante el período colonial y de conquista de nuevos mundos, las armas
de fuego permitieron a los países europeos ejercer su poder sobre los
países colonizados. Era entonces inconcebible que dichas armas pasaran a
manos de sociedades menos desarrolladas. De allí que el sistema
predominante en esa época fuera la dominación y la esclavitud.
Sin embargo, con el correr de los años, se iniciaron los movimientos
independentistas y las armas de fuego salieron del ámbito de la competencia
278
exclusiva de los ejércitos, pasando a ser utilizadas también por civiles,
quienes comenzaron a emplearlas como elementos deportivos, de caza, de
colección histórica, o bien, para defensa personal, del hogar o como
elementos de seguridad privada.
Esta utilización general de las armas de fuego, ha provocado
actualmente, una gran preocupación a nivel mundial por controlar y
garantizar la seguridad personal de los ciudadanos.
Esta inquietud no se limita sólo a los Estados Unidos, sino también a los
estados de la Unión Europea y a los países latinoamericanos, los que se
han visto afectados por acontecimientos de violencia de todo tipo. Y prueba
de ello son las diferentes medidas implementadas y los diversos controles
que han ido introduciendo en sus respectivas legislaciones sobre armas.
Existe actualmente una tendencia a pensar que para prevenir la violencia
se requiere controlar la tenencia y adquisición de armas de fuego por
particulares; esto es, una legislación más restrictiva en este ámbito. Y Chile
no ha sido una excepción a esta tendencia.
En Chile, el tema de la tenencia de armas por la población civil ha
adquirido una especial importancia, dada su marcada tradición estatista.
En efecto, como se ha explicado en capítulos anteriores, la evolución
institucional del Estado de Chile se ha caracterizado por la noción más
intuitiva que metódicamente acuñada, de que la realización de cualquier
proyecto político depende de la existencia de un gobierno fuerte y
centralizador. A lo largo del tiempo, se puede observar que en Chile la
matriz de la nacionalidad ha sido el Estado y, por ende, dicha creación
histórico-política ha sido el fenómeno cultural más relevante, junto con la
adopción de la lengua castellana, dentro del proceso de formación de la
identidad nacional chilena.
279
La liberalización del régimen jurídico a que se somete la tenencia de
armas por la población civil, en consecuencia, generaría un debilitamiento de
la noción de autoridad, dando paso a una nueva cultura de solución de los
conflictos dentro del cuerpo social (expresada a través de la autotutela), lo
que podría, eventualmente, ocasionar tendencias centrífugas y
disgregadoras en la colectividad.
Si bien la guerra en Chile ha sido un factor histórico común del siglo XIX,
el efecto de dicha situación histórica ha sido el fortalecimiento de la
autoridad. A pesar de que las armas durante las primeras décadas del
proceso de formación de la identidad chilena han estado en el centro de la
vida nacional, la sociedad chilena ha vivido el cambio social de manera
gradual y relativamente ajena a la conmoción, toda vez que en la concepción
de don Diego Portales, la profundización democrática del sistema político,
demanda que los gobernados hagan propia una “virtud republicana”, que les
motive a preferir el orden público al caos. Entonces, las armas han estado
ajenas a nuestra idea de la política.
Por lo tanto, el acceso de la población civil a las armas es un tema que
ha abierto una amplia discusión en diferentes ámbitos y debe ser resuelta
por el Estado de Chile y la sociedad chilena, así como ocurre en otros países
del mundo.
El presente capítulo de esta memoria busca introducirnos en diferentes
legislaciones que existen en el derecho comparado en relación a la
legislación chilena, en materias relativas a requisitos exigidos para la
tenencia de armas, definición de personas aptas para dicha tenencia, tipos
de armas y sus respectivas descripciones, instituciones facultadas para la
inscripción y fiscalización de armas, etc.
280
Con la comparación de legislaciones sobre armas de distintos países se
pretende buscar puntos de coincidencia y divergencia entre ellas, analizando
la evolución y la ideología que ha sido fuente inspiradora de cada una de
ellas. Con este propósito y con el fin de tener un contexto y una visión más
global, hemos decidido analizar la legislación de tres países diferentes, de
tres continentes distintos, como son las legislaciones de Argentina, España y
Estados Unidos y establecer así su relación con la ley de armas de Chile.
Se trata así de establecer un parámetro de referencia de nuestra ley de
armas chilena en relación a otras legislaciones de armas y verificar si los
principios rectores que la determinan son iguales o divergen en alguna
medida. Al mismo tiempo, se trata de establecer si nuestra legislación ha
evolucionado en forma similar a las otras legislaciones y analizar si estas
últimas, de alguna forma, han permitido al legislador subsanar algunas
deficiencias de nuestra legislación, modernizándola para adaptarse mejor a
la realidad actual de nuestro país.
2. ARGENTINA
Legislación de Armas – Argentina
En Argentina la adquisición, tenencia y uso de armas por particulares
está regulada por las siguientes fuentes formales189:
1. Ley Nº 20.429, del 21 de mayo de 1973. Ley de Armas.
2. Decreto Nacional Nº 395 del 20 de febrero de 1975. Decreto
Reglamentario de la Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos.
3. Decreto Nacional Nº 252 del 16 de febrero de 1994 sobre posesión y
transmisión de armas de fuego, municiones y otros.
189 SILVA SEGOVIA, P. ob.cit. 1998, pp.14 y ss.
281
4. Ley Nº 24.492 del 31 de mayo de 1995 sobre transmisión de armas
de fuego.
5. Decreto Nacional Nº 821 del 25 de junio de 1996 que establece
medidas para la adquisición o transferencia de armas de fuego.
Legislación de Armas de Argentina v/s Legislación de Armas de Chile.
Desde siempre, los gobiernos han insistido en normar y regular todo acto
vinculado a las armas, sea su tenencia, uso, comercialización, etc. Y es que
el Estado, que detenta el monopolio del uso de la fuerza pública, debe evitar
el acaecimiento de cualquier acto lesivo a la tranquilidad o seguridad pública.
Así, las legislaciones penales protegen la seguridad general y común ante la
amenaza de quien cuenta y tiene a su alcance y dominio el medio idóneo
para hacer efectivo el evento lesivo a esa seguridad. Por cierto que la
tenencia de un arma no implica, per se, tal riesgo eventual, ni ha de ser
vinculada con actos de agresión; antes bien, se relaciona con actos de
defensa, actividad deportiva, seguridad de bienes y personas.
El criterio, más o menos restrictivo de cada Estado, frente al derecho de
sus ciudadanos a tener y utilizar sus armas, sienta las bases del sistema de
identificación, rastreo y registro de las armas de fuego y demás materiales
controlados.
En el caso de las legislaciones argentina y chilena, existen varios puntos
de contacto de suma importancia, sobre las cuales se establecen los
principios particulares de cada sistema de registro.
- Sin perjuicio del más completo análisis que corresponde efectuar de
ambas legislaciones, resulta importante dejar aclarado el principio
básico sobre el que se apoyan ambas legislaciones y que consiste en
la obligatoriedad de registrar toda arma de fuego a nombre de su
tenedor, sea éste una persona física o jurídica.
282
Se trata de un principio fundamental, ejecutivo y no meramente
declarativo. Apunta a la necesidad de conformar un banco de datos
completo y suficiente que permita al Estado, el efectivo control en esta
materia, el rastreo de armas de fuego que puedan encontrarse
involucradas en hechos ilícitos y el conocimiento exacto del destino y
ubicación de aquellas armas que pertenecen al patrimonio de
particulares.
Por otra parte, y ya en el marco de la cooperación internacional, el
intercambio de información resulta, sin duda, la herramienta más
eficaz para combatir el terrorismo, delitos internacionales y el tráfico
ilícito de armas de fuego.
- El otro principio común básico de ambos sistemas legislativos
consiste en que todo acto vinculado a armas de fuego y demás
materiales controlados requiere una autorización expresa del órgano
de aplicación, lo que asegura al Estado la constante actualización del
banco de datos antes mencionado, así como el continuo ejercicio de
las facultades de contralor y fiscalizador respecto de los objetos y las
personas involucradas.
Avanzando en el análisis particular de ambos textos normativos,
corresponde enumerar, como elementos de juicio comparativos, los
siguientes:
I. Organos de Aplicación:
La Ley Nº 20.429 de Argentina otorga facultades como órgano de
aplicación en el ámbito de todo el territorio Argentino, al Ministerio de
283
Defensa, a través del Registro Nacional de Armas. Así lo establece en sus
Artículos 8º y 29º siguientes:190
Ley Nº 20.429 – Argentina
Capítulo I.
Artículo 8º: “El Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional
de Armas, podrá cuando lo considere conveniente convocar a los
particulares que tengan armas de cualquier categoría, en todo el país o parte
de él, para que las presenten a las autoridades competentes, a efectos de
realizar la inspección de aquéllas. La presentación se efectuará
acompañando la documentación que acredite la tenencia.
Para las pólvoras, explosivos y afines, la reglamentación respectiva preverá
un régimen de inspecciones de carácter permanente, que comprenderá a
todos los actos relacionados con esta ley”.
Capítulo IV
Artículo 29º: “La adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia
y portación de armas de uso civil, serán fiscalizadas en la Capital Federal y
demás lugares de jurisdicción federal, por la Policía Federal, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina dentro de sus respectivas
jurisdicciones, y en las provincias por las policías locales, sin perjuicio de la
supervisión del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 4º…”
Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798 - Chile
190 GOSENDE, Marta. “El Control de Armas en las Legislaciones Chilena y Argentina.”. Marzo, 2002. [email protected]
284
Nuestra legislación establece los órganos de aplicación en su Artículo 1º
siguiente:
Artículo 1º: “ El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección
General de Movilización Nacional estará a cargo de la supervigilancia y
control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y
otros elementos similares de que trata esta ley.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de
Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de
todas las autoridades ejecutoras, contraloras que correpondan a las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de
Carabineros de Chile y, asimismo, de las autoridades asesoras que
correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados
de las Fuerzas Armadas, en los términos previstos en esta ley y en su
reglamento”.
En consecuencia, tanto la legislación chilena como la legislación
argentina, atribuyen facultades de contralor al Ministerio de Defensa
Nacional, a través de órganos que administrativamente dependen de él.
Asimismo, ambas legislaciones atribuyen competencia a autoridades
locales de fiscalización, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Tales
autoridades locales no sólo están vinculadas con las instituciones a cargo de
la mantención del orden, la tranquilidad y la seguridad pública, sino también
vinculadas a instituciones que tienen a su cargo la seguridad nacional. Así,
ni la legislación chilena ni la argentina, entienden esta materia como un
asunto exclusivamente policial.
II. Principios rectores de los sistemas registrales: requisitos o recaudos
previos:
285
Conforme a la Ley de Control de Armas Nº 17.798, recientemente
modificada en virtud de la Ley Nº 20.014, “la Dirección General de
Movilización Nacional, actuará como autoridad central de coordinación de
todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de
Carabineros de Chile y, asimismo, de las autoridades asesoras que
correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados
de las Fuerzas Armadas” (Artículo 1º).
“Los demás actos vinculados a las armas y demás materiales controlados
que se traduzcan en conductas tales como poseer, tener, transportar,
almacenar, distribuir o celebrar convenios, serán autorizados o bien por la
Dirección General de Movilización Nacional o por las Comandancias de
Guarnición o las autoridades de Carabineros.”
En el ámbito de la legislación argentina, también se verifica este requisito
previo ineludible. Todo acto relacionado con las armas de fuego y demás
materiales controlados requiere la previa aprobación del Registro Nacional
de Armas. Ello, sin perjuicio de la actividad de contralor de las autoridades
locales de fiscalización en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Ambos ordenamientos prevén como requisito previo para la realización
de cualquier acto vinculado con los materiales objeto de reglamentación, la
autorización previa e ineludible del órgano de aplicación, atendiendo a la
naturaleza del material y el ámbito jurisdiccional correspondiente.191
Sin dudas, se trata de un elemento de fundamental importancia, ya que,
como dijéramos, hace el punto de partida de ambas legislaciones.
III. Objeto de ambas Legislaciones:
191 GOSENDE, M. ob.cit. 2002. [email protected]
286
A). Materiales comprendidos - Clasificación legal.
Legislación Argentina.
La legislación argentina, de acuerdo a los artículos 4º al 8º del Decreto
395, que reglamenta la Ley 20.429 sobre armas y explosivos, establece la
siguiente clasificación de las armas de guerra:
1. “Armas de uso exclusivo para las instituciones armadas.
Las no portátiles, las portátiles automáticas, las de lanzamiento y las
armas semi-automáticas alimentadas con cargadores de quita y pon
símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de
armas de uso militar de calibre superior al .22LR, con excepción de
las que expresamente determine el Ministerio de Defensa
Estas armas únicamente podrán ser poseídas y utilizadas por
personal de las instituciones armadas de la Nación en actos de
servicio.
Todas las restantes, que siendo de dotación actual de las instituciones
armadas de la Nación, posean escudos, punzonados o numeración
que las identifique como de pertenencia de las mismas.
2. Armas de uso para la fuerza pública.
Las adoptadas para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Policía Federal y Provinciales, Servicio Penitenciario
Federal e Institutos Penales Provinciales, que posean escudos,
punzonados o numeración que las identifique como de dotación de
dichas instituciones.
3. Armas, materiales y dispositivos de uso prohibido.
4. Materiales de uso especiales.
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Los vehículos blindados destinados a la protección de valores o
personas. Los dispositivos no portátiles o fijos destinados al
lanzamiento de agresivos químicos. Los cascos, chalecos,
vestimentas y placas de blindaje a prueba de balas cuando estén
afectados a un uso específico de protección.
5. Armas de uso civil condicional.
Las armas portátiles no pertenecientes a las categorías previstas en
los incisos precedentes.”
Legislación Chilena:
A diferencia de la legislación argentina que hace una clasificación de las
armas distinguiendo armas de uso exclusivo de las instituciones armadas,
armas de uso para la fuerza pública, materiales de uso especiales, armas de
uso civil condicional y armas, materiales, dispositivos de uso prohibido, la
legislación chilena, luego de establecer los organismos contralores, define
las armas sometidas al control de la legislación (Art.2º de la Ley 20.014 y
Artículos 1º, 11º y 44º del Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798),
las restricciones y excepciones (Art.3º de la Ley 20.014) y autorizaciones
especiales, como es el caso de coleccionistas, deportistas, cazadores (Art.7º
de la Ley 20.014 y Art.44º del Reglamento).
B) Material sujeto a control.
Armas permitidas.
La legislación argentina hace una distinción entre armas permitidas y
armas prohibidas, señalando entre las primeras, las siguientes.
a) Armas de puño: pistolas, revólveres, pistolones de caza.
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b) Armas de hombro: carabinas, fusiles y fusiles de caza, escopetas de
carga tiro a tiro y repetición.
c) Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores,
gasificadores o análogos, que sólo producen efectos pasajeros en el
organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento
y en recipientes de hasta 500cc.
d) Las armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el
organismo humano y sin llegar a provocar la pérdida del
conocimiento.
Las armas de uso civil deportivo quedan establecidas en el Artículo 6º, el
que enuncia como tales :
a) Pistolones de caza.
b) Carabinas y fusiles de carga tiro a tiro o repetición
c) Escopetas de carga tiro a tiro, cuyos cañones posean una longitud no
inferior a los 600 mm.
El Artículo 8º establece las armas de fuego que pueden ser objeto de
colección, si bien estas armas no pueden ser utilizadas, bajo ningún
concepto, en actividades de tiro.
La legislación chilena, a través de la Ley Nº 20.014 que modifica la Ley
Nº 17.798, establece lo siguiente, en su Artículo 2º:
Artículo 2º - “Quedan sometidos a este control:
a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera
sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las
fuerzas armadas, y los medios de combates terrestre, navales y
aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta
finalidad ;
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b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c) Las municiones y cartuchos;
d) Los explosivos, bombas, incluidas las incendiarias, y otros artefactos
de similar naturaleza, y sus partes y piezas;
e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser
usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven
de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o
cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de
efecto fisiológico;
f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de
similar naturaleza, sus partes y piezas. En este caso no será aplicable
lo dispuesto en los artículos 8º y 14A.
g) Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba,
almacenamiento o depósito de estos elementos.”
Para los efectos de este control, las autoridades a que se refiere el
Artículo 1º de esta ley podrán ingresar a los polígonos de tiro”
La legislación chilena incluye en la enumeración del material sometido a
control de la autoridad fiscalizadora, a las bombas incendiarias, a los fuegos
artificiales y artefactos pirotécnicos, no mencionados en la legislación
argentina.
C). Material de uso prohibido:
290
Ambas legislaciones, basándose en criterios técnicos de seguridad,
prohíben en forma categórica la tenencia de determinados tipos de material.
Armas Prohibidas.
Legislación Argentina
La legislación argentina, a través del Decreto 395/75, Reglamentario de
la Ley Nacional de Armas y Explosivos, en su Sección III – Clasificación del
material Armas y municiones de guerra, Artículo 4º Nº 3, establece como
material prohibido el que textualmente se enumera a continuación:
Armas, Materiales y Dispositivos de Uso Prohibido.
a) “Las escopetas de calibre mayor a lo establecido en el inciso 2º,
apartado c) del artículo 5º cuya longitud de cañón sea inferior a los
380 mm.
b) Armas de fuego con silenciadores.
c) Armas de fuego o de lanzamiento disimuladas (lápices, estilográficas,
cigarreras, bastones, etc.)
d) Munición de proyectiles expansivos.
e) Munición incendiaria, con excepción de la específicamente destinada
a combatir plagas agrícolas.
f) Dispositivos adosables al arma para dirigir el tiro en la oscuridad, tales
como miras infrarrojas o análogas.
g) Proyectiles envenenados.
h) Agresivos químicos de efectos letales
i) Armas electrónicas de efectos letales.”
Legislación Chilena
291
La normativa chilena, a través de la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley
Nº 17.798, a su vez, prohíbe lo siguiente:
Artículo 3º- “ Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos
cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que
funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía,
entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia
inofensiva; armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o
borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquier otra
arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad,
sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos
de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados
sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así
como tampoco, bombas o artefactos incendiarios.
Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación
artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original, sin
autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a
Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería
de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas
sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y
semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o
explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministerio de
Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas
armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el
respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
292
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas
especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas,
nucleares”.
Es decir, que en términos generales no existe contradicción entre las
normas, sino que el criterio adoptado es similar. Quizás la ley argentina es
más precisa, con mayor número de elementos mencionados, con mayores
especificaciones técnicas, tales como la indicación del calibre máximo de
determinadas armas o cuando señala los efectos que han de producir ciertas
sustancias químicas, pero, en general, los criterios rectores de ambas
legislaciones resultan análogos.
Asimismo, ambas legislaciones, tanto la chilena como la argentina,
excluyen de su ámbito de aplicación los actos relacionados con armas,
materiales y sustancias, cuando fueren ejercitados por las Fuerzas Armadas
de la Nación.
Pero ambas legislaciones se diferencian en que la legislación argentina
excluye a las Fuerzas Armadas de la Nación en la disposición relativa al
material controlado. En cambio la legislación chilena, excluye a las Fuerzas
Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y
la Dirección Aeronáutica Civil en la disposición relativa al material prohibido.
Pero tratándose de la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la
Dirección General de Aeronáutica, la exclusión en la legislación chilena, se
aplica sólo en materia de tenencia y posesión de armas livianas y
semiautomáticas, disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o
explosivos y de granadas hasta la cantidad que autorice el Ministerio de
Defensa Nacional a proposición del Director del respectivo Servicio. En
consecuencia, la exclusión de estas últimas instituciones de la disposición
relativa a armas prohibidas no es total.
293
IV. Tenencia de Arma de fuego en la legislación argentina y en la legislación
chilena.
El alcance dado por la legislación argentina a la autorización de tenencia
(registración) de un arma es mucho más amplio, en tanto – conforme el
Artículo 57º del Decreto 395/75., Reglamentario de la Ley Nacional de
Armas y Explosivos Nº 20.429 – habilita al legítimo usuario a:
1) “Mantener el arma en su poder.
2) Usarla para los fines específicos a que se refiere la autorización en el
lugar adecuado.
3) Transportarla, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 86º de la
presente reglamentación.
4) Adiestrarse y practicar en los polígonos autorizados.
5) Adquirir y mantener munición para la misma. La venta de municiones
se hará contra la presentación del permiso de tenencia respectivo y
de acuerdo a lo especificado en la presente reglamentación.
6) Repararla o hacerla reparar, de acuerdo a lo especificado por los
Artículos 16º y 21º de la presente reglamentación.
7) Adquirir piezas sueltas, repuestos o ingredientes de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 9º de la presente reglamentación.
8) Adquirir los elementos o ingredientes necesarios para la recarga
autorizada de la munición a ser utilizada exclusivamente en el arma.
9) Recargar la munición correspondiente al arma o armas autorizadas.
10) Entrar y salir del país transportando el material autorizado.
Obviamente, todo ello en conformidad y con las limitaciones que se
desprenden de los términos de las normas y disposiciones vigentes.”
Por otro lado, la normativa chilena sostiene un criterio más restrictivo en
su Artículo 5º.
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El Artículo 5º establece: “la inscripción del arma sólo autoriza a su
poseedor o tenedor para mantener el arma en el bien raíz declarado
correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se
pretende proteger.
Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando,
a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes,
haga presumir que cumplirá lo prescrito, en el inciso anterior.”
En este punto las legislaciones parecen marcar contraposiciones más
significativas.
El Artículo 57º de la legislación argentina antes mencionado, permite la
tenencia y el porte de armas. En cambio el Artículo 5º de la legislación
chilena sólo permite la tenencia y su Artículo 6º “ prohibe portar armas de
fuego fuera de los lugares indicados en el Artículo 5º sin permiso de las
autoridades señaladas en el Artículo 4º, las que podrán otorgarlo en casos
calificados y en virtud de una resolución fundada, de acuerdo con los
requisitos y modalidades que establezca la Dirección General de
Movilización Nacional.” O sea, sólo autoriza el porte a modo de excepción,
en casos calificados y fundados.
Además,
La legislación chilena, siempre con criterio restrictivo, limita a dos, las
armas de fuego que puede registrar una misma persona.
Si bien esta misma norma habilita al organismo de aplicación a otorgar
autorizaciones más amplias a personas jurídicas o a personas naturales
debidamente calificadas, lo cierto es que ello debe ser considerado sólo por
vía de excepción. (Artículo 7º de la Ley 20.014 que modifica la ley Nº
17.798)
295
Tal limitación cuantitativa no rige en el ordenamiento de la legislación
argentina, la que pone el acento no en el arma, sino en la persona, el
legítimo usuario de un arma de fuego.
V. Requisitos exigidos para la inscripción de armas.
La legislación argentina – Decreto Nº 395 “Reglamentación de la Ley
20.429”:
Esta reglamentación establece, en la Sección II, artículos 54º, 55º, 64º y
65º, lo siguiente:
Artículo 54º: “Las autorizaciones de adquisición y tenencia para los legítimos
usuarios de “uso civil condicional” son extendidas por el Registro Nacional
de Armas y se les exigen las siguientes condiciones generales, en el Artículo
55º.”
Artículo 55º: “Se exigirán como condiciones generales, a los legítimos
usuarios comprendidos por los incisos 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º del Artículo
53º de la presente reglamentación:
1) Ser mayor de 21 años.
2) No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al
peticionante para la tenencia de armas de fuego. Cuando existieren
razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado
médico.
3) Acreditar ante la dependencia policial, con jurisdicción en el domicilio
del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos.
Esta emitirá certificación al respecto, así como la no existencia de
antecedentes policiales o penales e imprimirá un juego de fichas
dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas”.
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Artículo 64º: “La credencial de legítimo usuario tendrá validez por el término
de cinco años a contar de la fecha de su otorgamiento. Fenecido dicho plazo
sin que hubiere sido renovada, la misma caducará en forma automática y sin
necesidad de comunicación previa alguna.
La caducidad de la credencial de legítimo usuario de armas de guerra
implica la caducidad de todas las autorizaciones de tenencia del material de
que sea titular el interesado con independencia de la fecha en que estas
últimas hubieran sido acordadas, siendo de aplicación en tal caso lo
dispuesto por el Artículo 69º de la presente reglamentación.”.
Artículo 65º: “La renovación de la credencial de legítimo usuario deberá
gestionarse dentro de los 90 días anteriores a su expiración, debiendo
cumplimentarse con los recaudos de los Artículo 55º y 56º de la
reglamentación, con sujeción al procedimiento determinado por el Artículo
58º.”
Legislación Chilena – Ley 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798
Artículo 5º A: “Las autoridades señaladas en el artículo 4º, sólo permitirán la
inscripción de una o más armas cuando su poseedor o tenedor cumpla con
los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad. Se exceptúan de este requisito los menores de edad
que se encuentren registrados como deportistas, debidamente autorizados
por sus representantes legales, para el solo efecto del desarrollo de dichas
actividades. En este caso, el uso y transporte de las armas deberá ser
supervisado por una persona mayor de edad, quien será legalmente
responsable del uso y transporte de las mismas;
b) Tener domicilio conocido;
297
c) Acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación,
mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee una
aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas.
El reglamento determinará el modo de acreditar dicha aptitud física y
psíquica;
d) No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará
con el respectivo certificado de antecedentes. Sin embargo, en el caso de
personas que no hallan sido condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva, el Subsecretario de Guerra, previo informe del Director General de
Movilización Nacional, podrá autorizar se practique la inscripción del arma
por resolución fundada, la que deberá considerar la naturaleza y gravedad
del delito cometido, la pena aplicada, el grado de participación, la condición
de reincidencia, el tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la
necesidad, uso, tipo y características del arma cuya inscripción se requiere;
e) No haber sido dictado a su respecto auto apertura de juicio oral. Para
estos efectos, los jueces de garantía deberán comunicar mensualmente a la
Dirección General de Movilización Nacional las personas respectos de las
cuales se hubiera dictado dicha resolución, y
f) No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley No 19.325,
sobre Violencia Intrafamiliar.
La letra c) del inciso primero, no se aplicará a los miembros en servicio
activo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de
Gendarmería de Chile.
298
El cumplimiento del requisito establecido en la letra f) se acreditará con el
respectivo certificado de antecedentes emitidos por el Servicio de Registro
Civil e Identificación.
El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar, cada cinco
años, contados desde la fecha de la inscripción, que cumple con el requisito
contemplado en la letra c) del inciso primero de este artículo 5º A.
Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un arma
inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra c) o es condenado en
conformidad con la letra d) del Artículo 5º A, o bien sancionado en los
procesos a que se refiere la letra f), la Dirección General de Movilización
Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva inscripción,
reemplazándola por una nueva a nombre de la persona que el poseedor o
tenedor original señale y que cuente con autorización para la posesión o
tenencia de armas.”
En consecuencia, ambas legislaciones establecen requisitos similares
para la adquisición y tenencia de armas.
En lo que dice relación con la idoneidad física o psíquica del titular de la
tenencia del arma, se manifiesta una coincidencia entre ambas legislaciones
ya que ambas buscan establecer criterios que permitan otorgar la licencia a
personas que se encuentren en su sano juicio y con criterio formado y
dispongan de una capacidad adecuada que les permita hacer un uso prolijo
y meticuloso de las armas de fuego.
Ambas exigen una acreditación periódica de los requisitos exigidos por la
legislación para tenencia de armas o para ser legítimo usuario, aún cuando
son establecidos en forma distinta en cada legislación.
299
En la legislación chilena, la exigencia establece que el poseedor o
tenedor de un arma inscrita deberá acreditar, cada cinco años, contados
desde la fecha de la inscripción, que cumple con el requisito contemplado en
la letra c) del inciso primero de este artículo. Esta condición permite cautelar
las condiciones originales de exigencia de la ley. Las aptitudes originales del
sujeto que inscribió un arma cumpliendo los requisitos establecidos en la ley,
podrían, eventualmente, en el transcurso del tiempo, sufrir modificaciones, al
verificarse problemas tales como alcoholismo, drogadicción, enfermedades
de índole psiquiátrica, etc.
En la legislación argentina se plantea esta misma exigencia, pero a
través de la caducidad automática de la credencial de “legítimo usuario”
cada cinco años.
Con este requisito, ambas legislaciones buscan cautelar, que, cada cinco
años, se mantengan las condiciones que dieron origen a la autorización
primera.
Ahora bien, es importante señalar sí, que la legislación chilena establece
requisitos adicionales, no contemplados en la legislación argentina, cuales
son:
Acreditación de conocimientos necesarios sobre conservación,
mantenimiento y manejo del arma que se pretende inscribir. Esta es una
mayor exigencia por parte de la legislación chilena ya que implica un
adiestramiento previo de las personas que pretenden inscribir un arma.
Los requisitos exigidos por la legislación chilena en el Artículo 5º A, en
sus letras
d) “No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se
acreditará con el respectivo certificado de antecedentes…”
300
e) “No haber sido dictado en su respecto auto de apertura del juicio
oral…”
f) “No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley Nº
19.325 sobre Violencia Intrafamiliar”.
constituyen una mayor exigencia, por cuanto exigen una irreprochable
conducta anterior.
VI. Fiscalización:
Legislación Argentina
Se fiscaliza la adquisición o tenencia por cualquier título, el uso, tenencia
y porte de armas de uso civil. Los entes fiscalizadores son la Policía Federal
y Provincial, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, esto sin perjuicio de la supervisión del
Ministerio de Defensa por intermedio del Registro Nacional de Armas
(Artículos 4º y 29º de la Ley 20.429 y Artículos 90º al 93º del Decreto 395).
Las autoridades fiscalizadoras están a cargo de:
1. Registrar y controlar los actos y actividades previstos en la ley de
armas y su reglamento.
2. Otorgar las autorizaciones que correspondan.
3. Aplicar las sanciones previstas en el caso de infracciones.
4. Remitir trimestralmente al Registro Nacional de Armas, el detalle de
todos los actos que hayan sido objeto de control, con el fin de la
formación y actualización del “Registro de Armas de Uso Civil”.
Legislación Chilena – Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798
Artículo 5º: “Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el artículo
3º deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las
301
autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas
naturales, la autoridad competente será la que corresponda a la residencia
del interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se
guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro
Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el
arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de
trabajo o al lugar que se pretende proteger.
Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando,
a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes,
haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.
El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero podrá ser verificado
exclusivamente por las autoridades fiscalizadoras a que se refiere el artículo
1º de esta ley, dentro de su respectiva jurisdicción, y por los funcionarios de
Carabineros de Chile, quienes deberán exhibir una orden escrita expedida
por el comisario a cuya jurisdicción corresponda el lugar autorizado para
mantener el arma.
Esta diligencia sólo podrá realizarse entre las ocho y las veintidós horas y
no requerirá de aviso previo. La fiscalización referida no facultará a quien la
practique para ingresar al domicilio del fiscalizado.
El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, presumiéndose
que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de
aquél a mostrarla. Si el arma no es exhibida, se lo denunciará, a fin de que
se investigue la eventual comisión de algunos de los delitos previstos en los
302
Artículos 11º o 14A. Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá
practicarse la fiscalización.
Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tenedor se ausentare del
lugar autorizado para mantener el arma, podrá depositarla, por razones de
seguridad, ante la autoridad contralora de su domicilio, la que, en la forma
que disponga el reglamento, emitirá una guía de libre tránsito para su
transporte, guarda y depósito.
Asimismo, el poseedor o tenedor, previa solicitud fundada, será
autorizado para transportar el arma de fuego al lugar que indique y
mantenerla allí hasta por un plazo de sesenta días. La autorización deberá
señalar los días específicos en que el arma podrá transportarse. En caso de
que el poseedor o tenedor, por cualquier circunstancia, requiera transportar
el arma de fuego en día distinto del señalado en la autorización, podrá
solicitar, por una sola vez, un permiso especial a la autoridad contralora
correspondiente.
Las personas que al momento de inscribir un arma ante la autoridad
fiscalizadora, se acrediten como deportistas o cazadores tendrán derecho,
en el mismo acto, a obtener un permiso para transportar las armas que
utilicen con esas finalidades. El permiso antes señalado se otorgará por un
período de dos años y no autorizará a llevar las armas cargadas en la vía
pública.
El transporte a que se refiere este artículo no constituirá porte de armas
para los efectos del artículo 6º.
En caso de fallecimiento de un poseedor o tenedor de arma de fuego
inscrita, el heredero o la persona que tenga la custodia de ésta u ocupe el
inmueble en el que el causante estaba autorizado para mantenerla, o aquél
en que efectivamente ella se encuentre, deberá comunicar a la autoridad
303
contralora las circunstancias del fallecimiento y la individualización del
heredero que, bajo su responsabilidad, tendrá la posesión provisoria de
dicha arma hasta que sea adjudicada, cedida o transferida a una persona
que cumpla con los requisitos para inscribir el arma a su nombre. Si la
adjudicación, cesión o transferencia no se hubiere efectuado dentro del
plazo de noventa días, contado a partir de la fecha del fallecimiento, el
poseedor tendrá la obligación de entregar el arma en una Comandancia de
Guarnición de las Fuerzas Armadas o en una Comisaría, Sub Comisaría o
Tenencia de Carabineros de Chile. La autoridad contralora procederá a
efectuar la entrega a quien exhiba la inscripción, a su nombre, del arma de
fuego depositada. La infracción de lo establecido en esta norma será
sancionada por la autoridad contralora con multa de cinco a diez unidades
tributarias mensuales.”
Ambas legislaciones, han adoptado medidas similares para un eficaz
control de armas, estableciendo un Registro Nacional de Inscripción de
Armas y definiendo entidades fiscalizadoras dentro de cada jurisdicción.
Por otra parte, ambas legislaciones han establecido situaciones
eximentes de responsabilidad penal, como es el caso de la entrega
voluntaria de armas al Registro Nacional respectivo. Así se desprende de
los siguientes artículos:
Artículo 14. c) Ley Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798 – Chile.
“En los delitos previstos en los artículos 9º y 13º, constituyen circunstancias
eximentes la entrega voluntaria de las armas o elementos a las autoridades
señaladas en el artículo 1º, sin que haya mediado actuación policial, judicial
o del Ministerio Público de ninguna especie.”
Artículo 17º de la Ley 20.429 – Argentina.
“Las personas o instituciones públicas y privadas que actualmente tengan en
su poder, por cualquier título, material clasificado como armas de guerra,
304
deberán declararlo ante el Registro Nacional de Armas en el término que fije
la reglamentación. Quedan amnistiados por las infracciones penales y
administrativas todos los infractores que se presenten en el plazo a
establecer. Las actuaciones administrativas necesarias para regularizar su
situación no serán anotadas como antecedentes desfavorables en el orden
policial o administrativo.”
VII. Sanciones en ambas legislaciones
Sanciones contempladas en la Ley de Armas de Argentina
Las sanciones quedan establecidas en los Artículos 36º y siguientes de la
Ley de Armas y en los Artículos 136º a 144º del Reglamento.192
El Artículo 36º de la Ley de Armas dispone que las autoridades de
fiscalización son las encargadas de sancionar toda violación de las
prohibiciones o incumplimiento de las obligaciones que establece la ley de
armas y su reglamento. Se aplican, tratándose de particulares, las penas
que a continuación se indican separada o conjuntamente según el caso:
1.- Apercibimiento administrativo formal.
2.- Multa de cuatro mil pesos a cuatrocientos mil pesos tratándose de
particulares o responsables individuales.
3.- Suspensión temporaria en el registro o autorización concedida, entre un
mes y un año para legítimos usuarios individuales.
4.- Decomiso del material de infracción.
5.- Sanciones contempladas en el Código Penal.
El Código Penal argentino al tratar los delitos contra la seguridad pública
sanciona la tenencia de armas de guerra sin la debida autorización legal
192 SILVA SEGOVIA, P. ob.cit.1998, pp.20 y ss.
305
(Artículo 189º bis incisos 3 a 5) y textualmente señala: “Artículo 189º bis.(…)
“La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere
el primer párrafo de este artículo, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de tres a seis años.
La pena será de tres a ocho años de prisión o reclusión, en caso de
acopio de armas. Si se tratare de armas de guerra, la pena será de tres a
diez años de prisión o reclusión.
Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que tuviere o
acopiare municiones correspondientes a armas de guerra, piezas de éstas o
instrumental para producirlas.”
Sanciones contempladas en la Ley de Control de Armas de Chile
Las sanciones referidas a la posesión o tenencia de armas están
establecidas en el Título II, Artículos 9º, 9A, 12º, 13º, 14A de la Ley 20.014.
que modifica la Ley Nº 17.798.
Artículo 9º: “Los que poseyeren o tuvieren algunas de las armas o
elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del Artículo 2º, sin las
autorizaciones a que se refiere al Artículo 4º, o sin la inscripción establecida
en el Artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a
presidio mayor en su grado mínimo.
No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera
presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o
elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a fines
distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o
a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará
únicamente la multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias
mensuales.
306
En tiempos de guerra, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus
grados, siempre que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al
tribunal que la posesión o tenencia de armas, estaba destinada a alterar el
orden público o a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública o a civiles.”
Artículo 9A: “ Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado
mínimo, el que, a sabiendas:
1.- No siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere las municiones o cartuchos a que se refiere la letra c) del Artículo
2º.
2.- Siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere municiones o cartuchos que no correspondan al calibre de ésta.
3.- Vendiere municiones o cartuchos sin contar con la autorización
respectiva.
4.- Estando autorizado para vender municiones o cartuchos, omitiere
registrar la venta con la individualización completa del comprador y del arma
respectiva.”
Artículo 12º: “Los que cometieren los delitos sancionados en los Artículos
9º, 10º y 11º, con más de dos armas de fuego, sufrirán la pena superior en
uno o dos grados a la señalada en dichos artículos.”
Artículo 13º: “Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos
señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán
sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo.
307
Si dichas armas son material de uso bélico, o aquellas señaladas en el
inciso final del Artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado
mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a
presidio perpetuo.
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados
en la forma y para los fines establecidos en el inciso 1º del Artículo 4º.”
Artículo 14 A. “Los que abandonaren armas o elementos sujetos al control
de esta ley, incurrirán en la pena de multa de ocho a cien unidades
tributarias mensuales.
Se presumirá que existe abandono cuando no se haya comunicado a
alguna de las autoridades indicadas en el Artículo 4º, la pérdida o extravío
de la especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse
conocimiento de dicha pérdida o extravío.
Si esta comunicación se hubiera efectuado ante Carabineros de Chile o
la Policía de Investigaciones de Chile, estas instituciones deberán darla a
conocer oportunamente a las mencionadas autoridades.”
Lo que se entiende por armas de guerra, al igual que los requisitos y
condiciones de la autorización de tenencia aparecen tanto en la ley de armas
argentina (Ley 20.429) como en su reglamento (Decreto 395).
En la legislación chilena puede apreciarse el afán del legislador de
establecer penas privativas de libertad y la reiteración del aumento de la
penalidad en tiempos de guerra, hasta llegar a su grado máximo (presidio
perpetuo), a diferencia de la ley de armas argentina, que deja tal cometido al
Código Penal, tratándose de delitos contrarios al orden público, en cuyo
308
caso éste establece penas corporales contra el delito de tenencia de armas
no autorizada.
A diferencia de la ley de armas argentina en que sólo se sanciona la
tenencia ilegal de armas de fuego por particulares, con multas o decomiso,
separada o conjuntamente según sea el caso, en la legislación chilena
predomina la pena de presidio.
Finalmente, el Artículo 9º de la legislación chilena, en su inciso final,
establece un aumento de las penas de presidio mayor en cualquiera de sus
grados cuando estos delitos se cometan en tiempos de guerra, siempre que
las circunstancias o antecedentes permitan presumir al Tribunal que la
posesión o tenencia de armas, estaba destinada a alterar el orden público o
a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública o a civiles.
Este elemento es claramente distintivo respecto de la legislación
argentina ya que en esta última no se hace referencia a este estado de
excepción
En síntesis,
La legislación argentina, en términos generales, establece un sistema
controlado y reglamentado salvo, como ya mencionamos, en lo relativo a las
penas aplicables por infracciones y que en resumen se caracteriza por:
- Prohibir la adquisición, uso o tenencia a los menores de edad
- Requerir para la adquisición de armas la condición de “legítimo
usuario”, cumpliendo requisitos y condiciones establecidas por el
Ministerio de Defensa a través del Registro Nacional de Armas. La
condición de “legitimo usuario” se acredita por medio de una
credencial oficial que emite el Registro Nacional.
- Fiscalizar la adquisición o transmisión , el uso, la tenencia y el porte
de armas de uso civil.
309
- Requerir para la tenencia de armas la “autorización de tenencia” que
otorga la autoridad de fiscalización.
- Prohibir el porte de armas salvo las excepciones contempladas en el
Reglamento de Armas y por,
- Reglamentar y restringir el uso de armas.
3. ESPAÑA
Legislación de Armas - España
Las siguientes regulaciones de España dicen relación con la protección
de la seguridad ciudadana y la adquisición y tenencia de armas por
particulares.
1. La Constitución Española, Artículo 149.1.26 y 149.1.29
2. Ley Orgánica 1/1992, del 21 de Febrero de 1992, sobre protección de
la Seguridad Ciudadana Española.
3. Real Decreto Nº 137/1993 del 29 de Enero de 1993, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas.
Constitución Española
Artículo 149:
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.
26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y
explosivos.
29. Seguridad pública, sin perjuicio de la creación de policías por
las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en
los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga la ley.
310
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero de 1992, sobr e protección de la
Seguridad Ciudadana Española.
Generalidades:
La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades
públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son
requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática.193
La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de
competencia al Estado en materia de seguridad pública (Artículo 149.1.29) y,
específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades, así como la de garantizar la seguridad ciudadana
(Artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos
fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el
territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de
reunión.
Desde la promulgación de la Constitución, en un proceso ininterrumpido,
las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre
libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el
cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad,
mediante la aprobación de leyes Orgánicas Generales como la del 1 de
Junio de 1981, de los estados de alarma, de excepción y de sitio; la del 1 de
Julio de 1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, o la
del 13 de Marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para completar, sin embargo, las facultades o potestades de las
autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución, y con la finalidad de
193 Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
311
proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el
ámbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias
como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
La consideración de fenómenos colectivos que implican la aparición de
amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el
funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana determina, a
su vez, la necesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos
fenómenos y adaptado a las exigencias constitucionales.
Con todo ello, viene a completarse, la derogación formal de la ley de
Orden Público, tan emblemática del régimen político anterior, el franquismo,
y que ha caído prácticamente en desuso, con independencia de que en
varios aspectos de su articulado haya sido expresamente derogada.
En el Capítulo II de la nueva ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la
seguridad ciudadana, se regulan las actividades relacionadas con armas y
explosivos. Aquí se habilita la intervención del Estado en todo el proceso de
producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos,
reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para
ello y regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos
especialmente peligrosos. Además, se ha considerado como sector con
regulación específica en materia de establecimiento la fabricación, comercio
o distribución de armas o explosivos.
Asimismo, en este Capítulo, se habilita al Gobierno para llevar a cabo la
regulación de ciertas actuaciones de registro documental e información de
actividades, lo que cada vez adquiere una mayor relevancia para la
seguridad ciudadana. Entre dichas actuaciones de registro documental e
información de actividades, se incluyen la circulación de embarcaciones de
alta velocidad, así como el deber de determinadas entidades o
establecimientos, que generen riesgos directos para terceros o sean
312
especialmente vulnerables, de adoptar las medidas de seguridad que fueren
precisas.
En el Capítulo III de esta ley Orgánica 1/1992 se habilita para realizar
actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad
ciudadana, particularmente en supuestos de desórdenes colectivos o de
inseguridad pública graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el
cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en
situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible.
Además, se faculta a las autoridades para la suspensión de los
espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos
cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé
también la limitación o restricción de la circulación así como la permanencia
en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la
seguridad ciudadana.
Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las
funciones de protección de la seguridad que les corresponden, podrán
requerir la identificación de las personas. Si éstas no pudieran identificarse
por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una dependencia policial
próxima a los solos efectos de la identificación.
Se regulan, asimismo las condiciones y términos en que, conforme a lo
permitido por la Constitución y las Leyes, podrá prescindirse del
mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las
tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la
seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.
En el Capítulo IV de esta nueva Ley Orgánica 1/1992 se establece un
régimen sancionador que permite el cumplimiento de las finalidades de la ley
y de las correspondientes garantías constitucionales. De esta forma, la ley
313
tipifica las infracciones contra la seguridad ciudadana haciendo la
graduación entre infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones
leves; comprendiéndose específicamente entre las infracciones graves el
consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas o
sustancias estupefacientes, las cuales podrán ser sancionadas, además, con
la suspensión del permiso de conducir de vehículos de motor hasta 3 meses,
y con la retirada de permisos o licencias de armas.
Se estima que así puede facilitarse y orientarse la tarea de proteger un
ámbito de seguridad y convivencia en el que sea posible el ejercicio de
derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia en las
relaciones sociales y la remoción de los obstáculos que se opongan a la
plenitud de dichas libertades y derechos, todo lo cual entraña una de las
principales razones de ser de las autoridades a que se refiere la presente
Ley y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes.
A continuación, se detallan los capítulos de la Ley Orgánica 1/1992
atingentes específicamente a los temas de esta memoria; esto es, al control
y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil.
Capítulo I.
Disposiciones Generales de la ley Orgánica 1/ 1992 sobre protección de la
Seguridad Ciudadana.
Artículo 1:
1.- “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.29 y 104 de la
Constitución corresponde al Gobierno, a través de las autoridades y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la Seguridad Ciudadana, crear y
mantener las condiciones adecuadas a tal efecto, y remover los obstáculos
314
que lo impidan, sin perjuicio de las facultades y deberes de otros poderes
públicos.
2.- Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades
administrativas previstas en esta Ley, con la finalidad de asegurar la
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica
de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de
delitos y faltas.”
Artículo 2:
1.- “A los efectos de esta ley, son autoridades competentes en materia de
seguridad:
a) El Ministerio del Interior.
b) Los titulares de los Organos Superiores y Organos Directivos del
Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carácter, en virtud de
las disposiciones Legales o Reglamentarias.
c) Los Gobernadores Civiles y los delegados del Gobierno en Ceuta y en
Melilla.
d) Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la
provincia.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades
locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo
con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Legislación del
Régimen Local, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.”
315
Artículo 3.
1.- “Además de las competencias reguladas en otras leyes, corresponden al
Ministerio del Interior las competencias en materia de Armas y Explosivos;
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, documentación e
identificación personal; y prevención, mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciudadana, reguladas en la presente Ley.
2.- Corresponde, asimismo, al Ministerio del Interior la planificación,
coordinación y control generales de la seguridad de las personas, edificios,
instalaciones, actividades, y objetos de especial interés, proponiendo o
disponiendo la adopción de las medidas, o la aprobación de las normas que
sean necesarias”.
Capítulo II.
Medidas de acción preventiva y vigilancia
Sección Primera: Armas y Explosivos.
Artículo 6:
1.- “En el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149.1.26 de
la Constitución Española, la administración del Estado establecerá los
requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus
imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos,
cartuchería y artificios pirotécnicos; así como los de su circulación,
almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación; su tenencia y
utilización. Del mismo modo podrá adoptar las medidas de control
necesarias para el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones.
316
2.- Las autoridades y servicios a los que corresponda ejercer la intervención,
podrán efectuar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones
que sean necesarias en los diferentes locales de las fábricas, talleres,
depósitos, comercios y lugares de utilización de armas y explosivos.”
Artículo 7:
1.- “Se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que
se refiere el artículo anterior, en atención a las circunstancias que puedan
concurrir en los distintos supuestos:
a) Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas,
talleres, depósitos, establecimiento de venta y lugares de utilización y las
actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o
clasificación, autorización, información, inspección, vigilancia y control, así
como a requisitos especiales de habilitación para el personal encargado de
su manipulación.
b) Mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso
de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo,
especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, en relación
con las cuales la concesión de las licencias o permisos se limitará a
supuestos de estricta necesidad.
c) Mediante la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos,
especialmente peligrosos, así como el depósito de los mismos.
2.- La fabricación, comercio o distribución de armas y explosivos constituye
sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento,
en los términos del artículo 20.2 de la Ley de Inversiones Extranjeras en
España y en todo caso bajo el control de los Ministerio de Defensa y del
Interior.”
317
Capítulo III.
Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad
ciudadana.
Artículo 18:
“Los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las
comprobaciones necesarias para impedir que las vías, lugares y
establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas,
procediendo a su ocupación. Podrán proceder a la ocupación temporal,
incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros
medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la
comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las
personas o de las cosas.”
Capítulo IV
Régimen Sancionador.
Sección Primera. Infracciones.
Artículo 23:
“A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones graves:
a) La fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o
enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no
catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo
de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los límites
permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.
318
b) La omisión o insuficiencia en la adopción o eficacia de las medidas o
precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas o de los
explosivos.”
Artículo 26:
“Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana:
c) La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación
de las documentaciones de armas o explosivos, así como la falta de
denuncia de la pérdida o sustracción de tales documentaciones.”
Sección Segunda. Sanciones.
Artículo 28:
1.- “Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la
Sección anterior podrán ser corregidas por las autoridades competentes con
una o más de las sanciones siguientes:
b) Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a
las mismas.
c) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de
las infracciones, y, en especial, de las armas, y de los explosivos…”
Artículo 29:
1.- “Serán competentes para imponer las sanciones a que se refiere el
artículo anterior:
319
a) El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones
previstas en esta Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.
b) El Ministro del Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de
pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones
muy graves, graves o leves.”
Sección Tercera. Procedimiento.
Artículo 31:
1.- “No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas en
esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo
con los principios de audiencia al interesado, economía, celeridad y
sumariedad.
2.- Salvo lo dispuesto en la presente sección, el procedimiento sancionador
se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo.”
Real Decreto Nº 137/1993 del 29 de enero de 1993, p or el que se
aprueba el Reglamento de Armas.
La adquisición, tenencia y uso de armas por particulares en España está
regulada por el Real Decreto Nº 137/1993 del 29 de Enero de 1993, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas. Este Decreto deroga el de 1981 y
regula lo dispuesto en los Artículos 3º, 6º y 7º de la Ley Orgánica del 21 de
Febrero de 1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que dispone
que la administración del Estado establecerá los requisitos y condiciones de
la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas; así como la disposición
final 4ª que señala que el Gobierno dictará las normas reglamentarias que
sean precisas para establecer las medidas de seguridad y control
320
necesarias, atribuyendo al Ministerio del Interior el ejercicio de las
competencias en esta materia.194
Este Reglamento, además, incorpora al ordenamiento jurídico interno
español, la Directiva 91/477/CEE del Consejo de la Unión Europea del 18 de
Junio de 1991 sobre el control de la adquisición y tenencia de armas.
Legislación de Armas Española v/s Legislación de Armas de Chile.
I. Organos de aplicación: Principios rectores:
En la legislación de Armas Española rige el principio del registro de
armas, como lo indica el Real Decreto 137/1993 en su Artículo 29º que se
señala a continuación:
Artículo 29:
1.- “En la Dirección General de la Guardia Civil se llevará un registro de
marcas de fábrica, de contraseña de las armas y de los punzones de los
Bancos oficiales de prueba, Españoles y Extranjeros oficialmente
reconocidos, a cuyo efecto las fábricas y bancos oficiales de pruebas
deberán comunicar a aquélla la información necesaria.
2.- Dichas marcas deberán aparecer, en las pistolas y revólveres en el
armazón; en las armas largas rayadas en el cajón de mecanismos y en las
escopetas en el propio cajón de mecanismos o en la carcasa y en los
cañones.
194 SILVA SEGOVIA, P. ob.cit. 1998, p.1.
321
En los casos de armas que pudieran ofrecer dudas o dificultades de
espacio para su inserción, deberán aparecer en el lugar que decida el banco
oficial de pruebas, participándolo a la Dirección General de la Guardia Civil.
3.- Quienes se dediquen al estriado de cañones de arma larga, para
facilitarlos a las fábricas, los marcarán con una señal que pueda determinar
su orígen.”
La legislación chilena, a través de su Ley Nº 20.014, que modifica la Ley
Nº 17.798 , establece en su Artículo 1º:
Artículo 1º: “El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección
General de Movilización Nacional estará a cargo de la supervigilancia y
control de las Armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y
otros elementos similares de que trata esta ley.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de
Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de
todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de
Carabineros de Chile y, asimismo, de las autoridades asesoras que
correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados
de las Fuerzas Armadas, en los términos previstos en esta ley y en su
Reglamento.”
Como se puede apreciar, en ambas legislaciones hay coincidencias en
cuanto a que se hace necesario un organismo fiscalizador, el cual debe
llevar un registro muy acucioso del tipo de armas u otros elementos químicos
o físicos, que puedan ocasionar daños a la población, logrando con ello
tener un catastro de ellas.
322
Cabe hacer notar que la legislación española es mucho más detallista
que la chilena, en cuanto se refiere a todo el procedimiento de registro y
serie de marca de fábrica de dichas armas.
En cambio, la legislación chilena, sólo se remite a mencionar a la
Dirección General de Movilización Nacional, al Banco de Pruebas y a las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y Servicios
Especializados de esta última como los encargados de supervisar el registro
y control de dichas armas, pero no señala un procedimiento de marcas.
II. Objeto de ambas legislaciones:
Armas permitidas.
Decreto Real 137/1993 – España
La legislación española de acuerdo con el artículo 3º del Reglamento de
la Ley Orgánica 137/1993, distingue diferentes categorías dentro del
concepto de armas, las que se detallan a continuación:
Sección III. Clasificación de las Armas Reglamentadas.
Artículo 3º
1) “Se entenderá por armas y armas de fuego reglamentadas, cuya
adquisición, tenencia y uso pueden ser autorizados o permitidos con arreglo
a lo dispuesto en este Reglamento, los objetos que, teniendo en cuenta sus
características, grado de peligrosidad y destino o utilización, se numeran y
clasifican en el presente artículo en las siguientes categorías:
Armas de Primera Categoría: Armas de fuego cortas, entre las que se
comprende las pistolas y revólveres.
323
Armas de Segunda Categoría:
1. Armas de fuego largas para la vigilancia y guardería: Son las armas
largas que reglamentariamente se determinen por orden del Ministerio
del Interior, o mediante decisión adoptada a propuesta o en
conformidad con el mismo, como específicas para el desempeño de
funciones de vigilancia o guardería.
2. Armas de Fuego Largas Rayadas: Se comprenden aquellas armas
utilizables para caza mayor. También comprende los cañones
estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para
cartuchos metálicos, siempre que, en ambos supuestos no estén
clasificados como armas de guerra.
Armas de Tercera Categoría:
1. Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo de calibre 5,6
milímetros (22 americano), de percusión anular, bien sean de un
disparo, bien de repetición o semiautomáticas.
2. Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que
tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de
pruebas reconocidos hayan marcado con un punzón de escopeta de
caza, no incluidas entre las armas de guerra
3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o
rayadas, siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda
de 24,2 julios.
Armas de Cuarta Categoría:
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y
revólveres de doble acción, accionados por aire u otro gas
comprimido, no asimiladas a escopetas.
2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y
revólveres de acción simple accionados por aire u otro gas
comprimido no asimilables a escopetas.
324
Armas de Quinta Categoría:
1. Las armas blancas y en general las de hoja punzante o cortante, no
prohibidas.
2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean
imitación de los mismos.
Armas de Sexta Categoría:
1. Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y
asimiladas, conservadas en museos autorizados por el Ministerio de
Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres ejércitos, y por
el Ministerio de Interior en los casos restantes.
2. Armas de fuego cuyos modelos o cuyos años de fabricación sean
anteriores al 1 de enero de 1870, y las reproducciones o réplicas de
las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a
armas de guerra o armas prohibidas.
3. Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter
histórico o artístico, dando cumplimiento a lo prevenido en los
artículos 107 y 108 del presente reglamento.
4. En general, las armas de avancarga.
Armas de Séptima Categoría:
1. Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que
faciliten la captura o control de animales, anestesiándolos a distancia
durante algún tiempo.
2. Las ballestas.
3. Las armas para lanzar cabos.
4. Las armas del sistema Flobert.
5. Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de
pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces
para la pesca y para otros fines deportivos.
6. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas.
325
Ley de Control de Armas Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798 - Chile
Artículo 2º: “Quedan sometidos a este control:
a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera sea
su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las Fuerzas
Armadas, y los medios de combates terrestre, navales y aéreos, fabricados o
acondicionados especialmente para esta finalidad;
b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c) Las municiones y cartuchos;
d) Los explosivos, bombas, incluidas las incendiarias, y otros artefactos de
similar naturaleza, y sus partes, y piezas;
e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser
usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base
para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas,
cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico;
f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar
naturaleza, sus partes y piezas.En este caso no será aplicable lo dispuesto
en los artículos 8º y 14 A.
g) Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba,
almacenamiento o depósito de estos elementos.
Para los efectos de este control, las autoridades a que se refiere el
artículo 1º de esta ley podrán ingresar a los polígonos de tiro.”
326
En definitiva, la enumeración de armas que hace el Artículo 3º del Real
Decreto 137/1993, tiende a ser mucho más exhaustiva que el Artículo 2º de
la Ley de Control de Armas chilena No. 20.014, que modifica la Ley Nº
17.798, ya que la primera no sólo define lo que se entiende como arma, sino
que además las clasifica en diversas categorías para su uso y adquisición.
La normativa del ordenamiento jurídico español tiene un ámbito de
aplicación más amplio que la Ley Nº 20.014 en materia de control de armas,
toda vez que se aplica a armas de fuego, armas de aire y de otros gases
comprimidos, armas eléctricas, gases paralizantes, armas que disparan
flechas (como arcos y ballestas) y armas blancas, entre otras.
Sin embargo, cabe hacer presente que el Artículo 288º del Código Penal
chileno, referente a “las infracciones de las leyes y reglamentos relativos a
las armas prohibidas” establece un criterio más extensivo, en cuanto
dispone, en general, la prohibición absoluta de la fabricación,
comercialización y distribución de las armas prohibidas por la ley o por los
reglamentos generales que dicte el Presidente de la República.
Con ello existe una remisión del mandato del Presidente de la República
a la Ley Nº 20.014 y su Reglamento complementario, lo cual demuestra que
la preocupación por esta materia compete no sólo al Poder Legislativo, sino
también al Poder Ejecutivo.
Armas prohibidas.
Ambas legislaciones, tanto la chilena como la española, basándose en
criterios técnicos de seguridad, prohíben en forma categórica la tenencia de
determinados tipos de material.
Con referencia al artículo 288 del Código Penal Chileno, tendremos que
decir, que esta norma trata de establecer un criterio extensivo en su
regulación, en cuanto establece en forma general la prohibición absoluta de
327
la fabricación, comercialización y distribución de las armas prohibidas por la
Ley y el Reglamento que dicte el presidente de la República. Es decir, se
trata de infracciones de reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis
a diez unidades tributarias mensuales.
Decreto Real 137/1993 – España.
Sección IV. Armas Prohibidas.
Artículo 4º.
1. “Se prohibe la fabricación, importación, circulación, publicidad,
compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus
imitaciones:
a) Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente
las características de fabricación u origen de otras armas, sin la
reglamentaria autorización de modelo o prototipo.
b) Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata
o mecanismo, para alojar pistolas u otras armas.
c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatin.
d) Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u
otros objetos.
e) Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro
objeto.
f) Los bastones – estoques, los puñales de cualquier clase y las navajas
llamadas automáticas.
Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja
menor de 11 cms, de dos filos y puntiaguda.
g) Las armas de fuego de aire u otro gas comprimido, reales o
simuladas, combinadas con armas blancas.
328
h) Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de
pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados;
los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos
especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.
2. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en
el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a
que se refiere el Artículo 107º, con los requisitos y condiciones
determinados en él.”
La Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798 - Chile:
Artículo 3º: “ Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos
cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que
funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía,
entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia
inofensiva; armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o
borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquier otra
arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad,
sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos
de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados
sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así
como tampoco, bombas o artefactos incendiarios.
Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación
artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original, sin
autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
329
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a
Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería
de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas
sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y
semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o
explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministerio de
Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas
armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el
respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas
especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas,
nucleares.”
La legislación española enumera las armas prohibidas con mayor detalle
que la legislación chilena. En determinados numerales del mencionado
Artículo 4º, la legislación española tiende a describir con mayor precisión
técnica el armamento que dicha normativa prohibe. La normativa chilena, en
cambio, tiende a establecer una prohibición sobre la base de criterios
generales, que le confieren a la enunciación del material prohibido, un
carácter menos taxativo y más amplio.
Por otra parte, existe un punto en común entre ambas legislaciones, en lo
que se refiere a la prohibición de lo que la legislación chilena ha descrito
como “armas transformadas respecto de su condición original", y la
legislación española ha caracterizado como "armas de fuego que sean
resultado de modificar sustancialmente, las características de fabricación u
origen de otras armas" Asimismo, ambas legislaciones prohiben las armas
que se ocultan bajo una apariencia inofensiva.
También ambas legislaciones coinciden en lo que se refiere a la
prohibición de armas de fantasía. La legislación española así lo establece
330
en el Artículo 4º anterior, letra e) “Las armas de fuego simuladas bajo
apariencia de cualquier objeto”, en tanto la legislación chilena lo establece
en su Artículo 3º: “Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas
cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que
funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía,
entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia
inofensiva…”
La legislación española, por último, incluye en el material prohibido,
ciertos tipos de armas que no han sido prohibidos por la legislación chilena,
tal como ocurre con lo establecido en el Decreto Real 137/199, letra g) que
prohibe “ Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o
simuladas, combinadas con armas blancas”.
Frente a esto mismo, la Ley No. 20.014, que modifica la Ley 17.792, hace
lo propio, al incluir en su prohibición “las armas cuyos números de serie se
encuentren adulterados o borrados", lo cual no está incluido en la legislación
española.
III. Aptitudes y requisitos para la tenencia de armas:
Decreto Real 137/1993 – España
La regulación de la tenencia de armas implica las guías de pertenencia,
la revista de armas, la cesión temporal de uso de las armas de caza y el
cambio de titularidad.
A) Guías de Pertenencia.
En España, para la tenencia de las armas de las categorías 1º, 2º, 3º, 6º
y 7º, se debe documentar cada arma con su correspondiente guía de
pertenencia. (Artículo 88º del Decreto Real 137/1993)
331
Artículo 89º:
“Las guías de pertenencia son expedidas por las Intervenciones de
Armas a los titulares de las armas, excepto al personal dependiente de las
Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Servicio de
vigilancia Aduanera. Las guías de pertenencia de las armas de fuego para
lanzar cabos, las expiden las Comandancias de la Guardia Civil, previo
informe de las Comandancias de Marina.”
Conforme este mismo Artículo, en las guías de pertenencia se debe
hacer constar:
a) El número del documento nacional de identidad o documento
equivalente.
b) Los datos personales del propietario del arma y de la licencia
correspondiente.
c) Una reseña completa de las características del arma. La guía se debe
acompañar siempre en caso de uso, depósito y transporte del arma.
El ordenamiento jurídico chileno contempla algo muy similar en su
Reglamento complementario a la Ley 20.014, que modifica a la Ley 17.798,
en su Artículo 48º cuando dispone la entrega de “un padrón”:
Artículo 48º Reglamento Complementario de Ley de Armas No. 17.798 –
Chile.
Tramitada la solicitud de inscripción, la Autoridad Fizcalizadora entregará
al poseedor del arma un padrón, el que sólo lo autoriza para mantener el
arma en su casa, sitio de trabajo o lugar que se desee proteger, y siempre
que cualquiera de ellos haya sido declarado en el momento de efectuar la
inscripción como domicilio o lugar donde se guardará el arma. En ningún
caso este padrón constituirá permiso para portarla fuera de alguno de dichos
lugares.
332
B) Revista de Armas.
Artículo 90º.
“Las armas de las categorías 1ª y 2ª y las de concurso deben pasar
revista cada tres años y las demás armas que requieran guías de
pertenencia, cada cinco años.”
Según el Artículo 157º, es considerada infracción leve y sancionada la
omisión de las revistas cuando sean obligatorias. Sin perjuicio de lo
dispuesto en este artículo, el hecho de no pasar dos revistas consecutivas
es causal de anulación y retirada de la guía de pertenencia.
La legislación chilena, en su Artículo 5 A, establece lo siguiente:
El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar, cada cinco años,
contados desde la fecha de inscripción que cumple con el requisito
contemplado en la letra c) del inciso primero de este artículo. Es decir, debe
acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación,
mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee una
aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas.
El Reglamento determinará el modo de acreditar dicha aptitud física y
psíquica.
En consecuencia, ambas legislaciones contemplan la exigencia de
acreditar periódicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por
el ordenamiento jurídico para acceder a la tenencia de material comprendido
en el ámbito de aplicación de la normativa que versa sobre el control de las
armas. Mientras el artículo 5A de la Ley Nº 20.014, que modifica a la Ley Nº
17.798, plantea dicha exigencia respecto del poseedor de un arma inscrita,
el Decreto Real 137/1993 la establece en sus Artículos 90º y 157º, respecto
de aquellas armas que requieran guía de pertenencia.
333
C) Cesión Temporal de Armas
Sección III.
Artículo 91º.
“Tanto los españoles como los extranjeros residentes en España podrán
prestar sus armas de caza a quienes estén provistos de licencia de caza y
de la licencia de arma larga rayada para caza mayor o escopeta
correspondiente, según los casos, con una autorización escrita, fechada y
firmada, para su uso durante quince días como máximo y precisamente para
cazar. También se podrán prestar, con autorización escrita, pistolas,
revólveres y armas de concurso, para la práctica de tiro deportivo, a quienes
estén reglamentariamente habilitados para su uso. Las armas se prestarán
siempre con sus guías de pertenencia.”
La legislación chilena no contempla la autorización para prestar armas de
caza, siendo más restrictiva en su normativa, como lo indica el Artículo 5º de
la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798:
El Artículo 5º establece: “Las personas que al momento de inscribir un
arma ante la autoridad fizcalizadora se acrediten como deportistas o
cazadores tendrán derecho en el mismo acto, a obtener un permiso para
transportar las armas que utilicen con esas finalidades. El permiso antes
señalado se otorgará por un período de dos años y no autorizará a llevar las
armas cargadas en la vía pública.
El transporte a que se refiere este artículo no constituirá porte de armas
para los efectos del Artículo 6º.”
334
La legislación española es más liberal al autorizar el préstamo de armas
de caza, si bien con ciertas restricciones tales como la exigencia de licencia
de caza y de la licencia de arma larga rayada para una caza mayor o
escopeta correspondiente.
D) Cambio de Titularidad
Artículo 92º.
“Las armas no pueden enajenarse, prestarse ni pasar por ningún
concepto a poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia,
salvo en los casos que se regulan en los Artículos 90.4 y 91 y en los
supuestos contemplados en los Artículos siguientes con el cumplimiento de
los requisitos respectivos.”
Artículo 93º.
1. “En caso de fallecimiento del titular, los herederos o albaceas deberán
depositar las armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil,
tratándose de particulares, y en los Servicios de Armamento de sus
propios Cuerpos o Unidades, si son titulares de licencia A, donde
quedarán durante un año a su disposición por si alguno de ellos
pudiese legalmente adquirirla y quisiera hacerlo. El depósito deberán
efectuarlo tan pronto como tengan conocimiento de la obligación de
hacerlo y en cualquier caso, dentro de los 6 meses siguientes al
fallecimiento. Durante este plazo también se permite enajenar el
arma o recuperarla.”
Artículo 94º
1. “El particular que desee enajenar un arma tiene que hacer la cesión a
una persona que posea licencia o tarjeta de armas. La cesión se hace
335
con conocimiento de la Intervención de Armas, la cual recoge la guía
de pertenencia del vendedor y extiende una nueva al comprador en la
forma dispuesta y a la vista del arma.”
Artículo 95º
1. “Igualmente podrán ser enajenadas las armas de fuego por sus
titulares a comerciantes debidamente autorizados de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 46º, quienes las deberán hacer constar en el
Libro a que se refiere el Artículo 55º.”
En la legislación chilena, el Artículo 5º indica: “…..En caso de
fallecimiento de un poseedor o tenedor de una arma de fuego inscrita, el
heredero o la persona que tenga la custodia de ésta u ocupe el inmueble en
que el causante estaba autorizado para mantenerla, o aquel en que
efectivamente ella se encuentre, deberá comunicar a la autoridad contralora
las circunstancias del fallecimiento y la individualización del heredero que,
bajo su responsabilidad, tendrá la posesión provisoria de dicha arma hasta
que sea adjudicada, cedida o transferida a una persona que cumpla con los
requisitos para inscribir el arma a su nombre. Si la adjudicación o cesión o
transferencia no se hubiere efectuado dentro del plazo de 90 días, contados
a partir de la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la obligación de
entregar el arma en una Comandancia de Guarnición de las Fuerzas
Armadas o en alguna Comisaría, Subcomisaría, o Tenencia de Carabineros
de Chile. La autoridad contralora procederá a efectuar la entrega a quien
exhiba la inscripción, a su nombre, del arma de fuego depositada. La
infracción de lo establecido en esta norma será sancionada por la autoridad
contralora con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”
O sea, ambas legislaciones exigen dar aviso oportuno a las autoridades
contraloras y establecen sanciones en caso de no cumplimiento de lo
estipulado en la norma.
336
E) Documentación para el uso de armas.
Artículo 96º.
1. “Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin
disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos
administrativos a quienes este Reglamento atribuye tal competencia.
Si se tratara de personas residentes en un Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea distinto de España, la concesión de
la autorización deberá ser comunicada a la autoridad competente de
dicho Estado.
2. La tenencia y el uso de las armas de las categorías 1, 2 y 3 precisará
de licencia de armas.”
Artículo 98º.
1. “En ningún caso podrán tener ni usar armas ni ser titulares de las
licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas
condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y
especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de
armas representen un riesgo propio o ajeno.
2. Por lo tanto, al solicitar las respectivas autorizaciones deben acreditar
tener las aptitudes físicas y psíquicas adecuadas y los conocimientos
necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas
en la forma que se prescribe en el Reglamento.
3. De lo dispuesto en el apartado anterior se exceptúa el personal que
se encuentre en activo o en la situación que se estime
337
reglamentariamente como tal, de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”
Tanto la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798, en su Artículo 5A,
como el Real Decreto Nº 137/1993 de España, establecen como requisito
indispensable el manejo, conservación y tenencia de armas y el
correspondiente exámen físico y psíquico para establecer la idoneidad de la
persona.
F) Licencias.
La solicitud de expedición de las licencias de armas se debe presentar en
la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del
interesado acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado de antecedentes penales en vigor;
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o la tarjeta de
autorización de residencia.
c) Informe de las aptitudes psicofísicas.
Artículos 99º y 100º
La Ley de armas española, usa el sistema de Licencias para poder optar
a la tenencia de determinado tipo de armas y éstas son las siguientes:
1. “Licencia de armas A, para las armas de las categorías 1º, 2º, y 3º de
propiedad privada del personal de los Cuerpos Específicos de los
Ejércitos, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Servicio de Vigilancia
Aduanera.
2. Licencia de armas B para armas de fuego cortas de particulares.
3. Licencia de armas C, para armas de dotación del personal de
vigilancia y seguridad que no esté comprendido en las licencias tipo A.
338
4. Licencia de armas D para los poseedores de arma larga rayada para
caza mayor.
5. Licencia de armas E para los poseedores de armas de las categorías
3º y 7º, Nº 2 y 3.
6. Licencia de armas F para armas de concurso de tiro deportivo de
afiliados a federaciones deportivas que utilicen armas de fuego para la
práctica de la correspondiente actividad deportiva.”
Artículo 104º
“La duración de la vigencia de las licencias determinada anteriormente se
reducirá a dos años cuando sus titulares o solicitantes hayan cumplido la
edad de sesenta años, y a un año cuando haya cumplido setenta años de
edad. También podrá reducirse por la autoridad competente la duración si, al
tiempo de su concesión, por razones de edad o de posible evolución de
enfermedad o defecto físico del solicitante, susceptibles de agravarse, se
comprueba, a través del informe de aptitud o de pruebas complementarias,
que no es posible expedirlos para la totalidad del plazo normal de vigencia.”
Artículo 105º.
“Las tarjetas de armas se otorgan para poder llevar y usar armas de la
categoría cuarta. Se debe acompañar esta tarjeta para llevar y usar fuera del
domicilio.
Las tarjetas de armas son concedidas y retiradas por los alcaldes de los
municipios en que se encuentren avecindados residiendo los solicitantes,
previa consideración de la conducta y antecedentes de los mismos. Su
validez se limita a los respectivos términos municipales”.
Artículo 107º.
A. “El uso y tenencia de armas antiguas, históricas o artísticas.
339
a) No precisarán licencia las armas de avancarga ni las demás armas de
fuego antiguas, históricas o artísticas que sean inscrita en los Libros de
Registro, y que sean conservadas en museos o en armeros de los que sean
titulares los coleccionistas u organismos con finalidad cultural, reconocidos
como tales por el Ministerio del Interior.
En este punto, la legislación española tiende a ser más flexible en cuanto
a la tenencia de armas, ya que autoriza a las Instituciones Armadas a la
tenencia de armas largas a través de una licencia tipo A especial. Lo mismo
hace con las armas cortas, al autorizar su tenencia a particulares a través
de licencia tipo B y a los vigilantes privados a través de una licencia tipo C.
En cambio la legislación chilena establece una norma prohibitiva. Su
artículo 3º indica: Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas… Se
exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de
Chile…”
En este punto, la legislación española y la legislación chilena tienen una
similitud en el fondo y una diferencia en la forma. En efecto, mientras la
legislación española autoriza la tenencia de armas largas a las Instituciones
Armadas a través de una licencia tipo A especial, la legislación chilena
también autoriza la tenencia de armas largas a las Fuerzas Armadas, pero
por vía de excepción de la prohibición.
Artículo 144º
1. Tanto las personas físicas como las jurídicas que posean armas de
fuego sometidas a licencias están obligadas:
a) A guardarlas en lugar seguro y adoptar las medidas necesarias para
evitar su pérdida, robo o sustracción.
340
b) A presentar las armas a las autoridades gubernativas o a sus agentes,
siempre que les requieran para ello.
c) A declarar, inmediatamente, en la Intervención de Armas
correspondiente la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las
armas o de su documentación.
El artículo 144º del Decreto Real de Armas 137/1993, en su letra b) tiene
mucha similitud con el artículo 5º de la ley de Armas No. 20.014, que
modifica la Ley Nº 17.798, el cual indica: El poseedor o tenedor estará
obligado a exhibir el arma, presumiéndose que ésta no se encuentra en el
lugar autorizado en caso de negativa de aquél a mostrarla.
El Artículo 14 A de la legislación chilena, establece sanciones en casos
de abandono del material sometido a la regulación de este texto legal. En
efecto, esta disposición establece: “Los que abandonaren armas o
elementos sujetos al control de esta ley, incurrirán en la pena de multa de 8
a 100 unidades tributarias mensuales. Se presumirá que existe abandono
cuando no se haya comunicado a alguna de las autoridades indicadas en el
Artículo 4º, la pérdida o extravío de la especie dentro de los cinco días desde
que se tuvo o pudo tenerse conocimiento de dicha pérdida o extravío.”
Artículo 145º.
1. “En todo caso de pérdida, destrucción, robo o sustracción de armas
de las categorías 1º, 2º, 3º, el titular deberá dar cuenta inmediata por
conducto jerárquico cuando proceda a la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente con entrega de la guía de pertenencia.
2. Cuando se hubieran perdido, destruido, robado o sustraído las
licencias o las guías de pertenencia, el titular deberá, asimismo, dar
cuenta inmediata a la Intervención de Armas, que podrá extender
autorización temporal de uso de armas, válida durante la tramitación
del procedimiento o exigir el inmediato depósito de las armas. Si como
341
consecuencia del procedimiento que se instruya resulta que no existe
culpa por parte del interesado, se le expedirá nueva documentación
definitiva, procediéndose en su caso a anular la extraviada, robada o
sustraída y se le devolverán las armas si siguieran depositadas.”
En ambas legislaciones se estipula, en caso de pérdida o extravío del
arma, el dar aviso a la autoridad competente. En el caso de la ley española
se debe dar aviso a la Intervención de Armas de la Guardia Civil y en el
caso de la ley chilena, se debe dar aviso a la Dirección General de
Movilización Nacional.
Artículo 146º
1. “Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de
trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas,
cualquiera clase de armas de fuego, cortas y armas blancas,
especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en
general, armas de las categorías 5º, 6º y 7º. Queda al prudente
criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las
armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión,
momento o circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas
en licencias B, por razones de seguridad.
2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los
concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión,
concentración, recreo o esparcimiento, así como en todo caso los que
hubieran sufrido condena por delito o falta contra las personas o a la
propiedad o por uso indebido de armas o sanción por infracción a este
Reglamento.”
Tanto la legislación chilena como la legislación española tienen similitud
con respecto a los derechos que confiere la inscripción de un arma al
342
poseedor o tenedor de ésta. En efecto, ambas legislaciones recogen el
criterio de que la inscripción de un arma, solamente da derecho a
mantenerla en el lugar que se pretende proteger. El legislador chileno ha
buscado impedir o dificultar que aquellas personas que son titulares de
armas inscritas las porten o exhiban en lugares públicos y si bien la ley que
regula la materia, admite que dichas armas puedan ser transportadas de un
lugar a otro, para ello establece condiciones que deben ser cumplidas de
manera exhaustiva.
Ello se desprende de los Artículos 5º y 5A siguientes:
Ley Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798 - Chile
Artículo No.5º:
“Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el Artículo 3 deberá
ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades
indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas naturales, la
autoridad competente será la que corresponda a la residencia del
interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se
guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro
Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción solo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el
arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de
trabajo o al lugar que se pretende proteger.
Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando,
a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes,
haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.
343
El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero podrá ser verificado
exclusivamente por las autoridades fiscalizadoras a que se refiere el artículo
1º de esta ley, dentro de su respectiva jurisdicción, y por los funcionarios de
Carabineros de Chile, quienes deberán exhibir una orden escrita expedida
por el Comisario a cuya jurisdicción corresponda el lugar autorizado para
mantener el arma.
Esta diligencia sólo podrá realizarse entre las ocho y las veintidós horas y
no requerirá de aviso previo. La fiscalización referida no facultará a quien la
practique para ingresar al domicilio del fiscalizado.
El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, presumiéndose
que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de
aquél a mostrarla. Si el arma no es exhibida, se lo denunciará, a fin de que
se investigue la eventual comisión de alguno de los delitos previstos en los
artículos 11 o 14A. Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá
practicarse la fiscalización.
Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tenedor se ausentare del
lugar autorizado para mantener el arma, podrá depositarla, por razones de
seguridad, ante la autoridad contralora de su domicilio, la que, en la forma
que disponga el reglamento, emitirá una guía de libre tránsito para su
transporte, guarda y depósito.
Asimismo, el poseedor o tenedor, previa solicitud fundada, será
autorizada para transportar el arma de fuego al lugar que indique y
mantenerla allí hasta por un plazo de sesenta días. La autorización deberá
señalar los días específicos en que el arma podrá transportarse. En caso
que el poseedor o tenedor, por cualquier circunstancia, requiera transportar
el arma de fuego en día distinto del señalado en la autorización, podrá
344
solicitar, por una sola vez, un permiso especial a la autoridad contralora
correspondiente.
Las personas que al momento de inscribir un arma ante la autoridad
fiscalizadora, se acrediten como deportistas o cazadores tendrán derecho,
en el mismo acto, a obtener un permiso para transportar las armas que
utilicen con esas finalidades. El permiso antes señalado se otorgará por un
período de dos años y no autorizará a llevar las armas cargadas en la vía
pública.
El transporte a que se refiere este artículo no constituirá porte de armas
para los efectos del artículo 6º…”
Artículo 5º A:
“Las autoridades señaladas en el artículo 4º sólo permitirán la inscripción
de una o más armas cuando su poseedor o tenedor cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad. Se exceptúan de este requisito los menores de
edad que se encuentren registrados como deportistas, debidamente
autorizados por sus representantes legales, para el sólo efecto del desarrollo
de dichas actividades. En este caso, el uso y transporte de las armas deberá
ser supervisado por una persona mayor de edad, quien será legalmente
responsable del uso y transporte de las mismas
b) Tener domicilio conocido;
c) Acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación,
mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee
una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas.
345
El reglamento determinará el modo de acreditar dicha aptitud física y
psíquica;
d) No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se
acreditará con el respectivo certificado de antecedentes. Sin embargo, en el
caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan
pena aflictiva, el Subsecretario de Guerra, previo informe del Director
General de Movilización Nacional, podrá autorizar se practique la inscripción
del arma por resolución fundada, la que deberá considerar la naturaleza y
gravedad del delito cometido, la pena aplicada, el grado de participación, la
condición de reincidencia, el tiempo transcurrido desde el hecho sancionado
y la necesidad, uso, tipo y características del arma cuya inscripción se
requiere;
e) No haber sido dictado a su respecto auto de apertura del juicio oral.
Para estos efectos, los jueces de garantía deberán comunicar
mensualmente a la Dirección General de Movilización Nacional las
personas respecto de las cuales se hubiera dictado dicha resolución,
y
f) No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley
No.19.325, sobre violencia intrafamiliar.
La letra c) del inciso primero no se aplicará a los miembros del servicio
activo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de
Gendarmería de Chile.
El cumplimiento del requisito establecido en la letra f) se acreditará con el
respectivo certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro
Civil e Identificación.
346
El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar, cada cinco
años, contados desde la fecha de inscripción que cumple con el requisito
contemplado en la letra c) del inciso primero de este artículo.
Si, por circunstancias sobrevinientes, el poseedor o tenedor de un arma
inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra c) o es condenado en
conformidad con la letra d), o bien sancionado en los procesos a que se
refiere la letra f), la Dirección General de Movilización Nacional deberá
proceder a cancelar la respectiva inscripción, reemplazándola por una nueva
a nombre de la persona que el poseedor o tenedor original señale y que
cuente con autorización para la posesión o tenencia de armas.”
Ambas establecen autoridades para su fiscalización. En el caso de la
legislación chilena, la Dirección General de Movilización y Carabineros de
Chile y en el caso de la legislación española, la Guardia Civil.
IV. Sanciones
Sanciones contempladas en el Reglamento de Armas 137/1993 de España
El Reglamento de Armas regula las sanciones que pueden ser impuestas
por las autoridades competentes, por infracciones administrativas a lo
dispuesto sobre tenencia y uso de armas. Las sanciones consisten en multa
con retirada del arma y de los documentos correspondientes.
El artículo 158º del Reglamento de Armas define lo que se entiende por
retirada de las armas o de las licencias en los siguientes términos:
1. “La retirada de las armas implica la desposesión de las mismas y la
prohibición de adquisición y tenencia de otras durante un plazo que no
puede exceder de dos años.
347
2. La retirada de las licencias o autorizaciones especiales supone la
revocación de los mismos; constituirá impedimento para su
renovación durante el tiempo, no superior a dos años, por el que
hubiere sido impuesta, e implicará el depósito obligatorio de las
mismas.
3. Tanto la retirada de las armas como la de las licencias o
autorizaciones especiales será comunicada por la autoridad
sancionadora al Registro Central de Guías y de Licencias, y se
anotará en su caso en la Tarjeta Europea de Armas de Fuego.”
Artículos 155º y 156º.
“Si no constituyen delitos, las infracciones cometidas por particulares
pueden ser consideradas como muy graves, graves o leves, según el riesgo
producido y pueden ser sancionadas de acuerdo a ello. La competencia para
imponer sanciones le corresponde, según lo dispuesto por la Ley Orgánica
1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a los Gobernadores
Civiles por infracciones graves y leves y a los Alcaldes para la sanción de
infracciones leves relacionadas con armas de la categoría 4ª.
Infracciones muy graves. Son consideradas infracciones muy graves:
1. El uso de armas de fuego prohibidas. Esta infracción se sanciona con
multa de cinco a diez millones de pesetas e incautación de las armas
utilizadas y de sus municiones.
2. El uso de armas de fuego cortas, careciendo de la licencia,
autorización especial o de la guía de pertenencia. En este caso, la
sanción será multa de cinco a diez millones de pesetas e incautación
de las armas utilizadas y de sus municiones.
Infracciones graves. Son consideradas infracciones graves:
1. La omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones
obligatorias para garantizar la seguridad de las armas que posean los
348
particulares, en los domicilios o lugares de uso, o en circulación. La
multa será, según, si se trata de armas de defensa personal, de
armas de vigilancia y guardería o de armas largas rayadas, de
cincuenta mil una a quinientas mil pesetas; si se trata de armas largas
de ánima lisa, con multa de cincuenta mil una y doscientos cincuenta
mil pesetas. Si se produjera pérdida, sustracción o robo de las armas,
en el primer caso, la sanción sería de un millón de pesetas y retirada
de las licencias o permisos correspondientes por hasta seis meses; en
el segundo sería una multa de quinientas mil pesetas.
2. El impedimento o la omisión de la colaboración obligatoria para la
realización de los controles o inspecciones previstos para la tenencia
y utilización de armas. La sanción será multa de cincuenta mil una a
cinco millones de pesetas, conjunta o alternativamente con la
suspensión temporal de hasta seis meses de duración, si se trata de
armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería, de
armas largas rayadas o de armas largas de ánima lisa.
3. La adquisición, tenencia, cesión o enajenación de armas por
particulares, sin tener las autorizaciones o licencias previstas al efecto
o la alegación de datos o circunstancias falsos para su obtención. Se
penará con multa de cincuenta mil una a doscientas mil pesetas de
tratarse de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y
guardería, de armas largas rayadas o de armas de ánima lisa.
4. El uso de cualquier clase de armas de fuego reglamentadas, no
incluidas en el número 2 anteriormente señalado, careciendo de
licencia, autorización o de la guía de pertenencia. Se sanciona con
multa será de cincuenta mil una a cien mil pesetas o incautación de
las armas.
5. El uso de cualquier clase de armas de fuego reglamentarias, no
tomando las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la
seguridad de las personas y de las cosas. La sanción será multas de
cincuenta mil una a un millón de pesetas y la retirada de las armas y
municiones objeto de la infracción, así como de las licencias y guías
349
de pertenencia correspondientes a las mismas, desde seis meses y
un día hasta dos años de duración.
6. Portar armas de fuego o de cualquier otra clase en establecimientos
públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento,
salvo en los lugares habilitados para su uso. Las sanciones
consistirán, en este caso, en multas de cincuenta mil una pesetas y
cinco mil pesetas, incautación de las armas y, en su caso, retirada de
las licencias o permisos correspondientes.
7. Utilizar armas de fuego de cualquier otra clase, sin adoptar las
medidas o precauciones necesarias para no causar peligro, daños,
perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes o
contraviniendo las prohibiciones establecidas sobre utilización de
armas deportivas. Se sanciona con multas de cincuenta mil una a cien
mil pesetas, incautación de las armas y, en su caso, retirada de las
licencias o autorizaciones correspondientes.
Infracciones leves .Constituyen infracciones leves:
1. Las estipuladas en el nº 3 ya señalado en relación a las infracciones
graves, pero en lo referido a armas blancas, de aire comprimido, o a
las demás comprendidas en las categorías 4ª a 7ª. Se sanciona con
multas de hasta cincuenta mil pesetas.
2. La omisión de las revistas, de los depósitos o de la exhibición de las
armas a los agentes de la autoridad, cuando sean obligatorios. La
sanción, cuando se trata de armas de las categorías 1ª y 2ª será de
cincuenta mil pesetas y retirada de las armas; para las restantes
armas sometidas a revista, la multa será de veinticinco mil pesetas y
retirada de las armas.
3. El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de
la pérdida, destrucción, robo o sustracción de armas. La sanción,
dependiendo de si se trata de armas que precisen licencia o no, la
multa será de hasta cincuenta mil pesetas o hasta veinticinco mil
pesetas respectivamente.
350
4. El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de
la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las licencias o guías de
pertenencia, con multa de hasta veinticinco mil pesetas y retirada de
las armas.
5. La omisión de cualquiera otra clase de información, cuando se trate
de particulares, se sancionará con multa de hasta veinticinco mil
pesetas.
6. Sanciones contempladas en el Código Penal”
Sanciones contempladas en el Código Penal Español.
El Código Penal español, dentro de los delitos contra el orden público,
establece las sanciones penales en relación a la tenencia de armas por
particulares en sus Artículos 563º y siguientes y al respecto dispone
textualmente:
Artículo 563º.
“La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de
la modificación sustancial de las características de fabricación de armas
reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años.”
Artículo 564º.
1. “La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las
licencias o permisos necesarios, será castigada:1º Con la pena de
prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.2º Con la pena
de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.
2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán,
respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno
a dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
“1ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los
351
tengan alterados o borrados. 2ª Que hayan sido introducidas
ilegalmente en territorio español. 3ª Que hayan sido transformadas,
modificando sus características originales.”
Artículo 565º
“Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas
señaladas en los artículos anteriores, siempre que por las circunstancias del
hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con
fines ilícitos.”
En el Reglamento de armas español, se puede advertir la inexistencia de
penas de presidio, ya que incluso en el caso de las infracciones muy graves,
sólo se establecen fuertes multas de dinero así como la incautación de las
armas y sus municiones; tal como en la legislación argentina. Es el Código
Penal español el que establece penas de presidio para sancionar situaciones
ilegales de tenencia de armas por particulares en sus Artículos 563º y
siguientes.
De forma similar a la legislación chilena, los tribunales tienen la facultad
de rebajar, en este caso, hasta en un grado las penalidades señaladas en
los artículos anteriores, cuando se demuestre que por las circunstancias del
hecho y del culpable, éste no ha tenido la intención de usar las armas para
fines ilícitos; la distinción estaría dada porque en el caso chileno dichas
finalidades ilícitas son expresamente señaladas, dándose énfasis a la idea
de reprimir todo acto subversivo o de ataque armado contra la autoridad.
Sanciones contempladas en la Ley de Control de Armas de Chile
Las sanciones referidas a la posesión o tenencia de armas están
establecidas en el Título II, Artículos 9º, 9A, 12º, 13º, 14A de la Ley Nº
20.014 que modifica la Ley Nº 17.798.
352
Artículo 9º: “Los que poseyeren o tuvieren algunas de las armas o
elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, sin las
autorizaciones a que se refiere al artículo 4º, o sin la inscripción establecida
en el artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a
presidio mayor en su grado mínimo.
No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera
presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o
elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a fines
distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o
a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará
únicamente la multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias
mensuales.
En tiempos de guerra, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus
grados, siempre que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al
tribunal que la posesión o tenencia de armas, estaba destinada a alterar el
orden público o a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública o a civiles.”
Artículo 9A: “ Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado
mínimo, el que, a sabiendas:
1.- No siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere las municiones o cartuchos a que se refiere la letra c) del Artículo
2º.
2.- Siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita,
adquiere municiones o cartuchos que no correspondan al calibre de ésta.
353
3.- Vendiere municiones o cartuchos sin contar con la autorización
respectiva.
4.- Estando autorizado para vender municiones o cartuchos, omitiere
registrar la venta con la individualización completa del comprador y del arma
respectiva.”
Artículo 12º: “Los que cometieren los delitos sancionados en los artículos
9º, 10º y 11º, con más de dos armas de fuego, sufrirán la pena superior en
uno o dos grados a la señalada en dichos artículos.”
Artículo 13º: “Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos
señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán
sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico, o aquellas señaladas en el
inciso final del artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado
mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a
presidio perpetuo.
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados
en la forma y para los fines establecidos en el inciso 1º del Artículo 4º.”
Artículo 14 A. “Los que abandonaren armas o elementos sujetos al control
de esta ley, incurrirán en la pena de multa de ocho a cien unidades
tributarias mensuales.
Se presumirá que existe abandono cuando no se haya comunicado a
alguna de las autoridades indicadas en el Artículo 4º, la pérdida o extravío
354
de la especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse
conocimiento de dicha pérdida o extravío.
Si esta comunicación se hubiera efectuado ante Carabineros de Chile o
la Policía de Investigaciones de Chile, estas instituciones deberán darla a
conocer oportunamente a las mencionadas autoridades.”
En síntesis,
La actual normativa española, en materia de control de armas, se
caracteriza por ser un sistema controlado y restringido, donde se requiere
autorización de las autoridades competentes para cualquier actuación
relacionada con armas. La necesaria autorización de los órganos
contralores, para realizar cualquier actuación relacionada con el material en
cuestión es también propia de la legislación chilena.
Resumiendo, la legislación española establece lo siguiente:
- Se necesita autorización previa para adquirir armas de fuego
- Toda transferencia de la propiedad de un arma debe ser informada a
la Intervención de Armas de la Guardia Civil. La adquisición involucra
distintos trámites según sea el tipo de armas.
- Cada arma se debe documentar con las correspondientes guías de
pertenencia expedidas por las Intervenciones de Armas y deben
pasar revista periódica.
- Nadie puede poseer armas de fuego sin disponer de la
correspondiente autorización expedida por los órganos
administrativos correspondientes. Pueden ser licencias,
autorizaciones especiales o tarjetas de armas.
- El uso está reglamentado, restringido y sancionado en determinadas
circunstancias.
- Se prohíbe el porte de armas.
355
4. ESTADOS UNIDOS
Generalidades.
Estados Unidos se caracteriza por ser un país más bien permisivo en lo
que al uso de armas se refiere. Respecto a este tema, los Estados se
dividen entre aquellos que no poseen restricciones, salvo las mínimas
estipuladas en las leyes federales, y aquellos con restricciones (períodos de
espera, licencias, permisos, prohibiciones, etc.). La mayoría de los Estados
se ubican en el primer grupo.
A la luz de la legislación vigente, los Estados de Nueva York e Illinois y
las ciudades de Nueva York y Washington D.C son las que contemplan más
requisitos para el uso de armas de fuego por particulares. Para efectos de
este trabajo, se ha decidido analizar las legislaciones de las ciudades de
Nueva York y Washington D.C., por ser las más representativas del segundo
grupo. Cabe señalar que, Nueva York por ser un Estado de la costa este
norteamericana, está sometido a una mayor influencia cosmopolita y
Washington D.C., constituye el hartland;, esto es, el corazón político
administrativo de esa nación.
Marco legal
En Estados Unidos la adquisición, tenencia y uso de armas por
particulares está regulado por la legislación federal y la legislación estatal y,
en el caso de algunas ciudades y localidades, además, por ordenanzas
locales.
En relación con la legislación norteamericana, es posible señalar que la
Segunda Enmienda de la Constitución establece el derecho de las personas
a la tenencia y posesión de armas. Y a partir de este mandato
356
constitucional, existen numerosas leyes federales que regulan el comercio y
otros aspectos relacionados con las armas de fuego, entre las que se
encuentran:
1. Ley de Control de Armas de 1968. (The Gun Control Act – “GCA”) 195
2. Ley Nacional de Armas de Fuego196
3. Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas 197
4. Ley Brady sobre Prevención de Violencia Armada de 1973 (The Brady
Handgun Violence Prevention Act – “Brady Act”) 198
5. Ley de Control y Penalización del crimen violento de 1994 (The
Violent Crime Control and Law Enforcement Act).
Leyes Estatales.
La legislación estatal es abundante y depende de cada Estado la
legislación aplicable. En un estudio reciente aparecido en el American
Journal of Economics and Sociology sobre la efectividad de las leyes de
control de armas, se señala que en Estados Unidos actualmente hay casi
veinte mil leyes y regulaciones sobre uso de armas de fuego.
En cuanto a la legislación estatal, ésta, en general, prohibe la tenencia y
posesión de armas, principalmente de alto calibre, no así respecto de
armamento de mano y de bajo calibre, donde sólo algunos estados exigen
su registro y limitan adicionalmente lo establecido en la Ley de Control de
Armas de 1968 (The Gun Control Act – “GCA”) respecto a la adquisición,
transferencia, posesión y los lugares autorizados donde debe mantenerse el
arma de fuego.199
195 Gun Control Act of 1968 (18US Code) 196 National Firearms Act (26 US Code) 197 Arms Export Control (22 US Code) 198 Brady Law, 1973 (18 US Code) 199 BLANCO S., Javiera y VALDIVIA R., Claudio. “Comentarios al proyecto legislativo que modifica la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas”. Fundación Paz Ciudadana. Junio 2004, p.13
357
Cabe señalar que un aspecto prescrito en todas las leyes estatales y en
la federal, es aquél relacionado con la prohibición impuesta a ciertas
personas para poseer armas. Estas comúnmente incluyen a personas
enfermas, criminales violentos, alcohólicos y drogadictos.
Como ya precisamos anteriormente, se ha decidido analizar las
legislaciones de Nueva York y Washington D.C. por ser las más
representativas de aquéllas que contemplan mayores requisitos para el uso
de armas de fuego por parte de particulares.
Nueva York, Washington D.C. y Chicago, al igual que muchas otras
ciudades norteamericanas, se rigen por la legislación federal y estatal y por
las ordenanzas locales en materia de uso de armas de fuego.
Legislación de Armas de Estados Unidos v/s la Legislación de Armas de
Chile.
1. Ley de Control de Armas de 1968 – Estados Unidos
Esta ley dispone una serie de normas que básicamente dicen relación
con el comercio interestatal de armas de fuego y otras consideraciones que
brevemente enunciaremos a continuación:200
a) Regula el comercio y el movimiento interestatal y lo canaliza a través
de negocios con licencia federal.
b) Establece requisito de licencia Federal a los comerciantes
establecidos. El comercio entre particulares no requiere licencia y se
rige por las leyes del lugar de residencia. Los comerciantes con
200 Gun Control Act of 1968 (18 US Code, Chapter 44)
358
licencia federal no pueden transferir armas a personas que no residan
en el Estado donde se ubique su negocio.
c) Dispone que los comerciantes con licencia federal deben mantener un
registro de todas las armas transferidas, así como del nombre, edad y
lugar de residencia del comprador. Los fabricantes e importadores
deben identificar las armas mediante un número de serie. Se deberá
asimismo, informar de las ventas de más de una pistola y del cierre de
cualquier negocio.
d) Establece ciertas prohibiciones a la transferencia y tenencia de armas.
e) Establece tipo de armas prohibidas.
Ley Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798 –Chile .
La legislación chilena de Control de Armas, Ley Nº 20.014, que modifica
la Ley Nº 17.798, tiene cierta similitud con la Ley de Control de Armas de
1968 norteamericana, en lo que se refiere a la letra “c)” anteriormente
señalada, ya que igualmente establece una obligación de registro del arma y
de los antecedentes personales de su poseedor.
En la ley chilena Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798 podemos
encontrar esta similitud en los siguientes artículos:
Artículo 1º :”El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección
General de Movilización Nacional estará a cargo de la supervigilancia y
control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y
otros elementos similares de que trata esta ley.”
Artículo 5º: “Toda arma de fuego que no sea la señalada en el Artículo 3º
deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades
359
indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas naturales, la
autoridad competente será la que corresponda a la residencia del
interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se
guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un registro
nacional de las inscripciones de armas…...”
Asimismo, el Reglamento Complementario de la Ley Nº 20.014, que
modifica la Ley Nº 17.798, establece en sus Artículos No 19º y 30º.
Artículo Nº 19: “A las Autoridades Fiscalizadoras les corresponde:
a) Inscribir las armas de fuego a nombre de las personas naturales que
sean poseedoras o tenedora que residen en la zona de su
jurisdicción, y las de personas jurídicas que se guarden en dicha
zona.
b) Otorgar permiso para portar armas que estén inscritas en su
jurisdicción.
c) Inscribir a los comerciantes, importadores y exportadores de
productos y elementos sometidos a control, ya autorizados por la
Dirección General, que residan en su zona jurisdiccional…..”
Artículo Nº 30º: “Para ejercer sus actividades especificas, los comerciantes,
importadores, exportadores, fabricantes y consumidores habituales de
especies o sustancias sujetas a control, deberán requerir su inscripción ante
la Autoridad Fiscalizadora correspondiente a su domicilio comercial, para
cuyo efecto presentarán una solicitud dirigida a la Dirección General.”
2. Ley Nacional de Armas de Fuego – Estados Unidos
Esta ley regula ciertas clases de armas, tales como ametralladoras, rifles
de cañón corto, pistola de cañón corto, silenciadores y artefactos
360
destructivos y obliga a los fabricantes e importadores a registrar este tipo de
armas. Además, les obliga a pagar un impuesto respecto de cada
transacción que realicen.201
3. Ley sobre Control de Exportaciones de Armas – Es tados Unidos.
Esta ley otorga al Presidente la autoridad para controlar las importaciones
y exportaciones de los denominados “artículos de defensa” que incluyen
armas de fuego y municiones. Se requiere permiso y licencia para importar y
exportar estos artículos.202
4. Ley Brady sobre Prevención de Violencia Armada de 1 993.
Modifica la Ley de Control de Armas de Fuego de 1968. Conocida como
la “Brady Law”, esta ley dispone que para la transferencia de una pistola
entre un comerciante con licencia estatal y un particular se requiere una
espera de 5 días y su propósito es permitir a los oficiales de policía local
verificar si el comprador no registra antecedentes penales o de otra índole
que lo inhabiliten para adquirir un arma. Esta ley fue puesta en vigencia por
un período limitado de tiempo (hasta noviembre de 1998), luego de lo cual
entró en vigor, a nivel nacional, un sistema de verificación instantánea o
“Instant Check” 203
Esta ley dispone los distintos trámites que debe realizar el vendedor para
poder transferir la propiedad del arma, que son:
a) El vendedor debe hacer llenar al comprador un formulario (“Brady
Form”) donde conste su nombre, dirección y fecha de nacimiento. El
comprador debe acompañar una foto reciente y declarar no haber sido
201 National Firearms Act (26 US Code, Chapter 53) 202 Arms Export Control Act (22 US Code, Artículo 2.778) 203 Brady Law, 1973 (18 US Code, 922 (s))
361
condenado, ni procesado, ni estar sujeto a cualquier prohibición de
adquirir armas.
b) El vendedor debe verificar la identidad del comprador.
c) El vendedor debe comunicar esta información al Jefe de Policía Local.
d) El vendedor debe enviar una copia de la declaración al Jefe de Policía
Local quien debe determinar si el peticionario tiene alguna prohibición
para adquirir un arma.
e) El vendedor debe esperar 5 días contados, desde que se llenó el
formulario y se remitió a la Policía, para proceder a la venta de la
pistola. Se procede a la venta si no hay informe en contrario.
La “Ley Brady” además del período de espera de 5 días dispone otras
medidas que dicen relación con lo siguiente:
a) Los informes por ventas múltiples;
b) El transporte de armas por transportistas particulares;
c) El robo de armas en establecimientos sujetos a licencia federal y
d) Un aumento en los impuestos a licencias otorgadas a los vendedores
de armas.
A nivel federal, la autoridad encargada del control y fiscalización del uso
de armas de fuego es el Secretario del Tesoro quien delega esta facultad en
el Departamento de Alcoholes, Tabaco y Armas de Fuego.
362
En este punto existe una clara diferencia con lo dispuesto por la Ley Nº
20.014 que modifica la Ley Nº 17.798 acerca del órgano contralor, toda vez
que el Artículo 1º de este texto legal, entrega tal responsabilidad, al
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización
Nacional.
5. Ley de Control y Penalización de Crimen Violento de 1994.
Esta ley restringe la legislación federal existente en lo relativo a licencia
de armas, en materias tales como registro de armas perdidas y robadas,
fabricación, transferencia y posesión de ciertas armas automáticas y
expansión de la lista de personas que son objetos de restricciones de
tenencia y posesión de armas.
Armas Prohibidas por las Leyes Federales:
Las leyes federales prohiben la transferencia y tenencia de ciertas armas,
como por ejemplo:
1) Transferencia y posesión de metralletas.
2) Fabricación, importación, venta o tenencia de cualquier arma no
detectable por los dispositivos colocados en los aeropuertos.
3) Fabricación, transmisión o tenencia de fusiles de asalto
semiautomáticos.
4) Tenencia de un arma que no ha sido registrada de acuerdo a la Ley
Nacional de Armas.
En lo que se refiere a la prohibición de la tenencia de armas, objeto de
estudio de esta memoria, existe similitud con respecto a la Ley de Control de
363
Armas Chilenas, en cuanto a que ambas legislaciones, basándose en
criterios técnicos de seguridad, prohíben en forma categórica la tenencia de
determinados tipos de material y exigen, a su vez, el registro respectivo de
las armas.
Así la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798, en Chile, prohibe lo
siguiente:
Art 3º- “ Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones
hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en
forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales
aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; armas cuyos
números de serie se encuentren adulterados o borrados; ametralladoras,
subametralladoras; metralletas o cualquier otra arma automática y
semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su
potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados
sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias
corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así
como tampoco, bombas o artefactos incendiarios.
Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación
artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original, sin
autorización de la Dirección General de Movilización Nacional…..”
Acerca del material prohibido, puede advertirse que tanto la normativa
chilena como la normativa federal estadounidense establecen, como
condición previa para la tenencia de armas de fuego, el registro de éstas
ante los órganos contralores previstos por el ordenamiento jurídico.
364
Sin embargo, existe una diferencia entre ambas legislaciones, en cuanto
al material prohibido, dado que la legislación federal estadounidense
prohibe aquellas armas que no son detectables por los dispositivos
colocados en los aeropuertos. Esta última prohibición no está incluida en la
legislación chilena sobre la materia.
Personas a las que se les prohibe el uso de armas o la obtención de licencia
en las leyes federales.
La ley Federal de Control de Armas de 1968 dispone que a ciertas
personas, bajo determinadas circunstancias, les está prohibido transportar,
recibir o poseer armas de fuego. Los casos que establece la ley son los
siguientes 204.
1. El procesado por crimen que merezca pena superior a un año de
prisión.
2. El condenado por crimen que merezca pena superior a un año de
prisión.
3. El fugitivo de la justicia.
4. El adicto a una sustancia controlada.
5. Los extranjeros ilegales.
6. El que haya sido dado de baja deshonrosa por las Fuerzas Armadas.
7. Quien ha renunciado a la ciudadanía Norteamericana.
8. El que tenga orden judicial, en los casos de violencia intrafamiliar, de
no molestar, intimidar o seguir al cónyuge o al hijo.
9. El que halla sido condenado por delito de violencia intrafamiliar.
La Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas prohibe otorgar
licencias a personas condenadas por crímenes relacionados con la
204 SILVA SEGOVIA, P. ob.cit. 1998, p.28.
365
seguridad nacional (espionaje en relación a la defensa o información
clasificada; sabotaje; conspiración, etc.).
En estas prohibiciones establecidas por la legislación norteamericana,
existen varias concordancias con la legislación chilena. Al respecto se debe
mencionar el Artículo 5 A de la Ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº
17.798, el que en sus letras d), e) f) señala:
ARTÍCULO 5º A:
d) “ No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se
acreditará con el respectivo certificado de antecedentes. Sin embargo,
en el caso de personas que no hallan sido condenadas por delitos que
merezcan pena aflictiva, el Subsecretario de Guerra, previo informe
del Director General de Movilización Nacional, podrá autorizar se
practique la inscripción del arma por resolución fundada, la que
deberá considerar la naturaleza y gravedad del delito cometido, la
pena aplicada, el grado de participación, la condición de reincidencia,
el tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la necesidad, uso,
tipo y características del arma cuya inscripción se requiere;
e) No haber sido dictado a su respecto auto apertura de juicio oral. Para
estos efectos, los jueces de garantía deberán comunicar
mensualmente a la Dirección General de Movilización Nacional las
personas respectos de las cuales se hubiera dictado dicha resolución,
y
f) No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley No
19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.
366
El cumplimiento del requisito establecido en la letra f) se acreditará
con el respectivo certificado de antecedentes emitidos por el Servicio
de Registro Civil e Identificación.
Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un
arma inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra c) o es
condenado en conformidad con la letra d), o bien sancionado en los
procesos a que se refiere la letra f), la Dirección General de
Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva
inscripción, reemplazándola por una nueva a nombre de la persona
que el poseedor o tenedor original señale y que cuente con
autorización para la posesión o tenencia de armas.”
Dentro de las prohibiciones de la legislación norteamericana, no se hace
ninguna alusión a la mayoría de edad, como sí lo hace la legislación chilena.
A su vez, la legislación chilena no menciona a los extranjeros ilegales ni a
quienes han renunciado a la ciudadanía, como personas con impedimento
para acceder a la tenencia de un arma.
Washington D.C.
Marco legal.
Las leyes locales más importantes que regulan el uso de armas en la
ciudad de Washington D.C son, una aprobada por el Congreso del Estado, y
la otra por las autoridades locales.
La ley aprobada por el Congreso Estatal regula la adquisición, tenencia y
porte de armas.
367
La ley de 1976, aprobada por las autoridades locales dispone, a grandes
rasgos, la obligación de registrar todas las armas de fuego; a los propietarios
de armas de fuego les impone la obligación de tener licencia. Además,
prohibe la venta de pistolas, así como la entrada o el transporte de éstas en
la ciudad.205
Las regulaciones que, en forma resumida, se expondrán a continuación
obligan a los residentes de la ciudad y emanan tanto de disposiciones a nivel
federal como de las ya señaladas a nivel estatal y local.
En la ley del año 1976 aprobada por las autoridades locales
norteamericanas, se tiende a coincidir una vez más con la ley de armas
chilena (Artículo 1º de la Ley Nº 20.014 que modifica la Ley Nº 17.798) en
cuanto se insiste en el principio rector del registro de armas y en la exigencia
de la licencia para la tenencia de las mismas. La diferencia que se anota
respecto de ambas es que la ley local de Washington es más estricta y
rigurosa en cuanto prohibe la venta de pistolas o el transporte de las mismas
en la ciudad.
Asimismo, ambas legislaciones convergen en cuanto a que es necesario
prohibir la tenencia de armas automáticas y semiautomáticas y metralletas,
tal como lo menciona el Artículo 3º de la ley 17.798.
Armas prohibidas.
Las ametralladoras están prohibidas. Esta prohibición se extiende a todas
las armas semiautomáticas.
Adquisición.
205 SILVA SEGOVIA, P. ob.cit. 1998, p. 29.
368
La venta de pistolas está prohibida. Se pueden adquirir rifles o escopetas
solamente a través de comerciantes que posean licencia. Se prohibe al
vendedor hacer entrega del arma al comprador hasta que el Departamento
de Policía Metropolitano no haya aprobado el registro del arma. Se pueden
comprar municiones solamente del calibre del arma registrada.
Aquí observamos un requisito adicional, en cuanto se hace necesaria la
fiscalización y permiso de la Policía Metropolitana para la adquisición y
tenencia de armas, a través de la previa aprobación del registro de las
mismas.
Tenencia.
Todos los rifles y escopetas de caza se deben registrar en la Policía
Metropolitana. Para obtener un certificado de registro del arma se requiere
cumplir con una serie de requisitos, como son:
- Ser mayor de edad.
- Tener buena vista (haber pasado las pruebas correspondientes)
- Estar en posesión de licencia de conducir.
Y además, no haber sido:
1. Condenado por crimen de violencia.
2. Procesado por crimen de violencia.
3. Condenado por narcóticos o asalto dentro de los últimos 5 años.
4. Absuelto de un crimen por razones de salud mental o declarado
alcohólico en los últimos cinco años.
5. Recluido en una institución mental en los últimos cinco años.
6. Aquejado de un impedimento físico que dificulte el uso de armas.
7. Encontrado negligente en cualquier accidente relacionado con armas.
369
La tenencia y el porte de pistola está prohibido.
Se prohibe además, portar un arma a una distancia de 1000 pies de una
guardería infantil, escuela básica, secundaria, vocacional o universitaria o,
de una piscina, jardín, centro juvenil,etc.
En cuanto a los requisitos de la tenencia de armas en la ciudad de
Washington, estos son muy similares a los requisitos de la ley Nº 20.014,
que modifica la Ley Nº 17.798, de Chile, en cuanto a la exigencia de ser
mayor de edad, poseer aptitudes físicas y psicológicas, estar libre de
condenas y procesamientos por crimen de violencia.
La ley norteamericana especifica la condena por narcotráfico, no
mencionada en la legislación chilena, la cual, a nuestro juicio, sí debiera
incluirla ya que la tenencia ilegal de armas tiene nexos con el narcotráfico.
Es importante destacar que la legislación de Washington no contempla la
exigencia de acreditación periódica de 5 años que exige la ley chilena.
Nueva York.
Marco legal.
La legislación aplicable en materia de armas para los residentes del
estado de Nueva York es básicamente la legislación federal, estatal y la que
emana de las autoridades locales. Cabe señalar que en caso de conflicto
entre las diversas disposiciones, que muchas veces tratan los mismos
temas, la ley que se aplica en estos casos es la de la disposición más
estricta o restringida.
Armas prohibidas.
370
La legislación de Nueva York prohibe la tenencia de las armas conocidas
como “fusiles de asalto”.
Existe en las armas prohibidas una similitud con la ley Nº 20.014, que
modifica la Ley Nº 17.798 chilena, ya que restringe la tenencia de armas
automáticas con características de asalto.
El Artículo 3º de la ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798 indica:
“Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan
sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma
totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas
que se esconden bajo una apariencia inofensiva, armas cuyos números de
serie se encuentren adulterados o borrados, ametralladoras,
subametralladoras, metralletas, o cualquier otra arma automática o semi-
automática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por
el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería..”
Adquisición de armas de fuego.
Toda adquisición de pistolas, de acuerdo con la legislación del Estado de
Nueva York, debe ser aprobada por el Comisario de Policía.206
Para adquirir rifles o escopetas se requiere el mismo permiso que se
otorga para la tenencia de estas armas.
En la ley Nº 20.014, que modifica la Ley Nº 17.798 de la legislación
chilena, es la Dirección General de Reclutamiento y Movilización Nacional la
institución que llevará un Registro Nacional de las inscripciones de armas.
Tenencia de armas.
206 Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York.
371
Se requiere licencia para la tenencia de pistolas. El responsable de
otorgar las licencias es el Comisario de Policía. Existen diferentes tipos de
licencias y permiten al usuario, según el tipo de licencia, lo siguiente:
1. Adquisición y tenencia en el domicilio por el dueño de casa.
2. Adquisición y tenencia en el lugar en que se encuentre el comercio en
caso de comerciantes o guardias.
3. Adquisición y porte del arma oculta en razón del tipo de trabajo que
realiza.
4. Adquisición y porte oculto sin tener en consideración el trabajo o lugar
de tenencia.
5. Adquisición y tenencia de armas de colección.
Los requisitos que contempla la ley para obtener licencia para el uso de
pistolas son los siguientes:
1. Tener buen comportamiento.
2. No haber sido condenado por crimen.
3. No haber padecido enfermedad mental o haber sido hospitalizado por
enfermedad mental.
4. Ser una persona sobre la cual no existe un “buen motivo” para
denegarle la licencia.
La legislación aplicable al Estado de Nueva York dispone además, que la
tenencia de pistolas en el domicilio o lugar de trabajo no requiere que el
usuario demuestre su necesidad.
372
Para la tenencia de rifles y escopetas se requiere un permiso otorgado
por la Oficina de Control de Armas del Departamento de Policía.207 El
permiso es válido por 3 años y se renueva automáticamente.
Para obtener el permiso de tenencia de rifles o escopetas se requiere:
1. Cuatro fotos recientes.
2. Estampar las huellas digitales.
3. Dos declaraciones juradas de personas que den testimonio del buen
comportamiento del peticionario.
La legislación estatal y otras que se aplican en el Estado de Nueva York
disponen que a ciertas personas, bajo ciertas circunstancias les está
prohibido obtener permiso para la tenencia de rifles y escopetas y estos
casos son:
1. Menores de 18 años.
2. Condenados por crímenes o los condenados por faltas leves a menos
que puedan obtener un certificado de buena conducta.
3. Personas que no acrediten buen comportamiento.
4. Los que sufren de una enfermedad mental o que han sido recluidos
en una institución para enfermos mentales.
5. A los que tienen una razón o causal justa para que se les niegue el
permiso.
Si bien se requiere permiso para la tenencia de escopetas y rifles, a
algunas personas la ley las exime de esta obligación, como son, a los que
están haciendo el Servicio Militar, los no residentes del Estado que están en
tránsito y a los menores de 18 años siempre y cuando las usen en presencia
de un adulto portador de permiso.
207 Sección de Control de Armas de Fuego del Departamento de Licencias de la Policía de Nueva York.
373
La legislación norteamericana distingue distintos tipos de licencia para la
tenencia de armas, siendo algunas, licencias de adquisición y tenencia y
otras, licencias de adquisición y porte de armas.
En cambio, en la legislación chilena, la inscripción de armas sólo permite
la tenencia, pero no, el porte de armas. Para el porte de armas, se exige
una tramitación por separado.
La legislación chilena, en su Artículo 5º, establece la tenencia de armas y
sus limitaciones:
Artículo 5º: “Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el Artículo
3º deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las
autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas
naturales, la autoridad competente será la que corresponda a la residencia
del interesado, y en el caso de las personas jurídicas, las del lugar en que se
guarden las armas.
La Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro
Nacional de las inscripciones de armas.
La inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el
arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de
trabajo o al lugar que se pretende proteger….”
Asimismo, el Reglamento complementario de la Ley Nº 20.014, que
modifica Ley 17.798, en su Artículo 48º, indica:
Artículo 48º: “Tramitada la solicitud de inscripción, la Autoridad Fiscalizadora
entregará al poseedor del arma un padrón, el que sólo lo autoriza para
mantener el arma en su casa, sitio de trabajo o lugar que se desee proteger,
374
y siempre que cualquiera de ellos haya sido declarado en el momento de
efectuar la inscripción como domicilio o lugar donde se guardará el arma. En
ningún caso, este padrón constituirá permiso para portarla fuera de algunos
de dichos lugares.”
Para el caso de porte de armas, la legislación chilena establece, en su
Artículo 6º, lo siguiente:
Artículo 6º: “Ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera de los
lugares indicados en el Artículo 5º sin permiso de las autoridades señaladas
en el Artículo 4º, las que podrán otorgarlo en casos calificados y en virtud de
una resolución fundada, de acuerdo con los requisitos y modalidades que
establezca la Dirección General de Movilización Nacional.
El permiso durará un año como máximo y sólo autorizará al beneficiario
para portar un arma. Estas autorizaciones se inscribirán en el Registro
Nacional de Armas.”
Y el respectivo Reglamento complementario de la Ley No. 20.014, que
modifica la Ley Nº 17.798, en su Artículo 53º, establece:
Artículo 53º: “A solicitud del interesado, la Autoridad Fiscalizadora
correspondiente a su domicilio y donde el arma esté inscrita, otorgará el
correspondiente permiso para portar armas, el que tendrá validez hasta el 30
de Marzo de cada año. Dicho permiso será otorgado previo estudio de
seguridad del interesado, de acuerdo al tipo de arma, distinguiendo:
- Armas de defensa personal
- Armas de caza
- Armas de concurso.
Uso de armas.
375
Por último, en el Estado de New York está prohibido disparar cualquier
arma, excepto en los lugares señalados para tal efecto por la Policía.
En síntesis,
En general, en gran parte de los Estados de la Unión existen pocas
restricciones para la adquisición o tenencia de armas. Las restricciones
operan básicamente en relación a los comerciantes de armas que requieren
licencias para sus negocios.
Las legislaciones analizadas, Nueva York y Washington, se caracterizan
por practicar un control más estricto que el resto de las ciudades y Estados
del país, con la excepción de Chicago que también establece ciertos
controles. Es así que la legislación vigente en estas ciudades, dispone que
para la adquisición y uso de armas se requiere registro y licencia.
En general, con respecto al régimen de sanciones, éste es prácticamente
inexistente. La legislación norteamericana, en este sentido, apunta a
establecer un régimen preventivo más que sancionador, de tal manera que
se establecen una gran cantidad de requisitos, antes que una persona pueda
adquirir un arma.
Actualmente en Estados Unidos existe un gran debate en torno a la
efectividad de las leyes que controlan el uso de armas de fuego y se
cuestiona además, si realmente una legislación más restrictiva influiría en la
disminución de la violencia y los crímenes relacionados con estas armas.
Existen actualmente varios proyectos de ley en trámite en el Senado
norteamericano que dicen relación con esta materia.
Ahora bien, también es importante destacar que Naciones Unidas realizó
en 1998 un estudio de las regulaciones sobre armas de fuego en 69 países
que representan el 74% de la población mundial. Los temas tratados en
este estudio fueron una recopilación estadística de los casos criminales,
376
accidentes y suicidios en los cuales armas de fuego estaban implicadas, la
situación internacional respecto al tráfico internacional de armas de fuego,
las legislaciones nacionales y regulaciones e iniciativas relacionadas en los
niveles regionales e interregionales.
Conforme a este estudio, y respecto de los homicidios cometidos con un
arma de fuego, se puede ver, en el cuadro siguiente, que Estados Unidos
supera con creces los índices de otros países.
Indices de Mortalidad de armas de fuego:
(tasa por c/100.000 hbtes.) PAIS % de Hogares
c/arma de fuego Muertes
Accidentales Suicidios Homicidios
JAPÓN 0.57% 0,01 0,03 0,03 GRAN BRETAÑA 4.0% 0,02 0,33 0,13 ALEMANIA 10% 0,03 1,23 0,21 AUSTRALIA 16% 0,11 2,38 0,56 CANADA 26% 0,13 3,35 0,60 ESTADOS UNIDOS 41% 0,58 7,23 6,24 Fuente: Naciones Unidas. Estudio Internacional en la regulación del arma de fuego. Publicación Naciones Unidas. Nueva York. 1998
Respecto de Estados Unidos, en el año 2000, aproximadamente el 66%
de todos los homicidios, 41% de todos los robos y un 18% de todos los
asaltos agravados reportados a la Policía fueron cometidos con un arma de
fuego. En los cuadros siguientes, se presenta la evolución del conjunto de
estos crímenes.
377
Cuadro 1 Total de ofensas reportadas por la policía en las cuales se utilizaron armas
de fuego. 1994 – 2000
Tasa (c/100.000 habitantes)
0
50
100
150
200
250
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: US Department of Justice. Bureau of Justice. Statistics. www.ojp.usdoj.gov
Cuadro 2 Utilización de armas de fuego en delitos de homicidios, robos y asaltos
agravados.
1973 - 2000
Año Cantidad Tasa (tasa por
c/1000.000 hbtes.)
Año Cantidad Tasa (tasa por c/1000.000
hbtes.) 1973 361.141 172,1 1987 365.709 150,3 1974 326.235 154,3 1988 385.934 157,0 1975 342.495 160.7 1989 410.039 165,2 1976 307.252 143,1 1990 492.671 198,1 1977 301.590 139,4 1991 548.667 217,6 1978 307.603 141,1 1992 565.575 221,7 1979 340.202 154,6 1993 581.697 225,5 1980 392.083 174.0 1994 542.529 208,4 1981 396.197 172,9 1995 504.421 192,0 1982 372.477 160,9 1996 458.458 172,8 1983 330.419 141,2 1997 414.530 154,9 1984 329.232 139,4 1998 364.776 135,0 1985 340.942 142,8 1999 338.535 124,1 1986 376.064 156,0 2000 341.831 121,5
Fuente: US: Department of Justice – Bureau of Justice Statistics
Como se puede apreciar, a partir de la tasa más alta de crímenes
cometidos con un arma de fuego registrada en el año 1993, se constata una
sostenida disminución hasta el año 2000. Uno de los factores a los cuales se
atribuye esta disminución sería la Ley de Control y Penalización del Crimen
Violento (Violent Crime Control and Law Enforcement Act) de 1994,
378
legislación de carácter más restrictiva para la fabricación, posesión y
tenencia de armas de fuego.
Si bien estas cifras podrían ser indicadoras de un positivo efecto de la
legislación sobre control de armas en la incidencia de uso de ellas y reforzar
la tesis de no liberalización de armas, sin embargo no se puede afirmar que
son concluyentes, toda vez que si se analiza la legislación de otros países
como Inglaterra, que es más restrictiva que la norteamericana, sin embargo,
sus cifras delictuales han experimentado alzas de un 33% en la tasa de
ofensas reportadas por la policía, en las cuales se ha utilizado un arma.
Esto se puede visualizar en el siguiente gráfico:
Cuadro 3
Tasa c/100.000 habitatantes
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1994 1995 1996 1997 1998-99 1999-00 2000-01
Fuente: Estadísticas Home Office. 2001
Un hecho importante a destacar sí es la relevancia e impacto de
acciones no legales en relación con este tema. En países como Estados
Unidos y Canadá, que dan cuenta de la disminución de utilización de armas
durante procesos criminales, han invertido gran cantidad de recursos en la
difusión de información en torno a la peligrosidad de las armas y de los
riesgos asociados. Adicionalmente, han desarrollado campañas por el
adecuado cuidado y uso de las armas.
379
La sola existencia de procesos legales que dan cuenta de una mayor
rigurosidad en torno al porte y tenencia, no han demostrado efectos positivos
en países como Inglaterra, en el que este tipo de actividades educativas no
fue desarrollado.
En síntesis:
De las legislaciones analizadas podemos concluir que la legislación
norteamericana es la menos restrictiva en el ámbito de la adquisición,
tenencia y uso de armas por particulares, con excepción de las ciudades de
Washington y Nueva York ya mencionadas.
Y de acuerdo al estudio de Naciones Unidas realizado en 1998, Estados
Unidos presenta la más alta tasa de homicidios (tasa de 6.24 por cada
100.000 habitantes) en comparación con otros países.
380
CONCLUSIONES FINALES
La Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y su actual modificación, la Ley
Nº 20.014, como sucede con la generalidad de los cuerpos normativos que
rigen a una determinada colectividad en un momento histórico determinado,
no pueden ser entendidas como una creación ajena al proceso político de la
colectividad destinataria de dichas normas.
La regulación a que se someten materias como la tenencia de armas de
fuego por parte de la población civil, debe ser entendida como producto de
un proceso político en el cual las instituciones del Estado pueden inducir a
un cambio social, pueden adaptarse a él o bien, pueden desmoronarse y dar
paso a nuevas formas de poder político. En razón a lo anterior,
consideramos de vital importancia el analizar el contexto histórico de su
gestación, así como también analizar la idea de autoridad y el tipo de
política criminal que el legislador busca realizar a través de ella.
Resulta bastante claro, que cuando una legislación regula materias como
la tenencia de armas, evidencia con ello la cultura de solución de conflictos
existente dentro de una sociedad y, por ende, tanto sus ideas acerca de la
política como la manera de abordar la problemática de la delincuencia
armada.
En consecuencia, la legislación que una sociedad pone en vigor respecto
a materias como la tenencia de armas pone de manifiesto el grado de
participación del Estado en diferentes ámbitos de la vida nacional. Y la
evolución de las instituciones en Chile ha estado tradicionalmente orientada
a generar un poder ejecutivo capaz de imponer un vigoroso desempeño de
los poderes públicos, los cuales, a través del derecho como agente de
cambio social han permitido regular la vida de nuestra sociedad. La
381
existencia de un gobierno fuerte y centralizador ha sido el criterio en torno al
cual se han adecuado los poderes públicos a lo largo de nuestra historia.
Por esta razón, en el primer capítulo de esta memoria se ha abordado la
evolución institucional del Estado de Chile y la relevancia de un poder
político concentrado en el proceso de formación de la identidad chilena,
premisa característica del discurso institucional a lo largo de toda nuestra
historia, concluyendo que una eventual liberalización del régimen jurídico
relativo a la tenencia de armas dentro de la sociedad chilena intensificaría
una tendencia antiestatal ajena a nuestra tradición histórica, facilitando
reacciones de autotutela y profundizando tendencias centrífugas y
disgregadoras de la autoridad central del Estado que contribuirían a debilitar
nuestra identidad nacional.
Posteriormente, en este mismo capítulo primero se ha realizado un
análisis de la evolución económica del país, en conjunto con un estudio de la
distribución del ingreso de la población, destacando los índices de pobreza
existentes en el país, la marcada desigualdad social y económica de nuestra
sociedad porque, a nuestro juicio, estos factores han generado la exclusión
de ciertos sectores de la población con un consiguiente sentimiento de
marginación, frustración y un clima de violencia social e inseguridad, lo que
ha llevado a las autoridades a adoptar medidas para responder, por una
parte, a la intranquilidad de la población frente al aumento de la criminalidad,
y por otra parte, para fiscalizar el uso de armas de fuego, creando
organismos contralores a través de la recientemente promulgada Ley Nº
20.014 sobre Control de Armas.
En el afán de buscar las causales que permitan explicar esta gran
desigualdad social y económica, se han analizado las políticas y estrategias
económicas emprendidas por los distintos gobiernos de nuestro país. Se ha
destacado la vulnerabilidad de nuestra economía ante acontecimientos
externos, se han revisado los distintos modelos económicos aplicados y, en
382
particular, el modelo neoliberal, cuyas reformas económicas tuvieron
repercusiones notables en el campo social. El cambio de las condiciones
estructurales, que significó un giro desde una economía con fuerte presencia
estatal a una liderada por la libre acción de los mercados, implicó una fuerte
alteración en la distribución del bienestar de la población. Asimismo, junto
con indagar en las causales, también se han revisado las distintas
propuestas de políticas socioeconómicas dirigidas a reducir las
desigualdades y la pobreza características del subdesarrollo.
Se ha indicado que dichas propuestas ponen énfasis en la necesidad de
profundizar en la cantidad y calidad de la inversión en la gente o capital
humano, a través de la educación, la capacitación, inserción de la mujer y
los jóvenes al mundo laboral y su asociación con el empleo productivo para
contribuir a difundir la productividad a través de la sociedad y ampliar las
oportunidades a todos los sectores de la sociedad. También dichas
propuestas ponen énfasis en la enorme importancia del logro de equilibrios
macroeconómicos sostenibles ya que los mayores deterioros distributivos de
los ingresos han estado asociados a desequilibrios macroeconómicos
críticos tales como hiperinflación, recesión. Perfeccionando el manejo
macroeconómico se puede disminuir la vulnerabilidad de la economía frente
a un entorno globalizado y de creciente volatilidad.
Concluimos este capítulo señalando que la pobreza, la falta de
oportunidades, el desempleo, el hambre, la represión política, la desigualdad
económica y social, la marginación, la violencia, la criminalidad, constituyen
amenazas para la seguridad de la población. En consecuencia, se hace
necesario dar respuesta urgente a las demandas sociales, permitiendo que
un mayor sector de la población se beneficie de la modernidad económica.
Es así como en el segundo capítulo de esta memoria se ha desarrollado
el tema de la “seguridad ciudadana”, definiéndola de manera amplia como la
preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de
383
libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales y vinculada tanto a
valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los
otros, como con el libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y
sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la
sociedad.
El desarrollo de este capítulo ha tenido por objeto demostrar que existe
en la población una percepción de inseguridad provocada por una
multiplicidad de factores, pero en forma muy particular, provocada por la
influencia de los medios de comunicación. Y que esta percepción de
inseguridad de la población y su consiguiente temor han incidido en el
debate sobre la posibilidad de tenencia de armas por parte de la población
civil.
Siguiendo este planteamiento, se ha enjuiciado la calidad del tratamiento
otorgado por los medios de comunicación al fenómeno criminal, analizando
el impacto de estos en la opinión pública, especialmente, en materia de
percepciones, actitudes y posición respecto del fenómeno delictual en el
país.
Se ha señalado que algunas prácticas de los medios de comunicación
enfatizan el enfoque emotivo y en ocasiones desvinculado socialmente de
los acontecimientos, con lo cual contribuyen a exacerbar el temor ciudadano,
quizás en forma desproporcionada en relación con el riesgo objetivo que
enfrentan las personas en su vida cotidiana.
Asimismo, se ha planteado que la violencia de los medios de
comunicación juega un papel importante no sólo por el lugar
sobredimensionado que otorga a los hechos violentos, sino también por la
transmisión de modelos de resolución de conflictos.
384
El tratamiento, muchas veces, sensacionalista de hechos de violencia y
delincuencia tienden a generar un clima de temor y una fuerte sensación de
vulnerabilidad en la población, no siempre real o correspondiente al nivel
observado de violencia. Agravado todo ello por la amplia cobertura y el tipo
de tratamiento que los medios de comunicación otorgan a estos hechos de
carácter delictual y violento.
Se ha evidenciado, entonces, cómo a la luz de estos hechos, comienza a
gestarse en la población una espiral de temor, una sensación cada vez
mayor de inseguridad debido a un supuesto aumento de la delincuencia.
Cómo comienzan a manifestarse efectos subjetivos de la percepción de
inseguridad expresados en vivencias y sentimientos personales, que poseen
un peso significativo en la configuración del fenómeno perceptivo de
inseguridad y de su repercusión social. Entre estos efectos se ha
mencionado el establecimiento de zonas de riesgo, como lugares de
ordinaria comisión de delitos, las que tornan aún más aguda la ya existente
diferenciación de clases y estratos sociales. Y también se ha mencionado el
fenómeno de la estigmatización de las personas señaladas como peligrosas,
lo que menoscaba su calidad de vida y conlleva a una segregación aún
mayor.
Se expuso, también, cómo el creciente miedo al delito motiva conductas y
excesivas medidas de seguridad doméstica. Las medidas adoptadas,
especialmente las que se toman a nivel de particulares, como expresión del
natural instinto de autodefensa, no sólo no contribuyen a disminuir esta
acentuada percepción de inseguridad, sino que por el contrario, la
acrecientan.
Se puso en evidencia cómo, de esta forma, las personas empiezan a vivir
con un marcado temor a verse víctimas de delitos, tanto en sus bienes como
en su persona, pero sin que exista en el ciudadano medio un
385
cuestionamiento y reflexión sobre la efectiva realidad delictiva del país, sobre
sus causas y sus modos de solución.
Esta falta de reflexión o análisis de la información de la situación real
respecto de la delincuencia, trae aparejada, como consecuencia, que las
personas, en forma privada, así como también las autoridades públicas
adopten soluciones que pueden cuestionarse tanto en su efectividad para
evitar este sentimiento de inseguridad como en su efectividad para prevenir
realmente el ser víctimas de un delito.
Por otra parte, en lo político, el ambiente público se ve impregnado de
“nuevas demandas”. Existe erosión en la confianza en las autoridades. El
temor y la angustia cotidiana ante una delincuencia que pareciera ir en
aumento y que no pareciera ser controlada por las instituciones encargadas
de mantener la paz social, pasan a ser el gérmen óptimo para el brote de
reacciones de autotutela.
Ante estas mayores demandas de la ciudadanía respecto de un control
más efectivo de la delincuencia, ante el crecimiento de medidas de
autoprotección de la población, y ante la ausencia de cifras estadísticas que
permitan tener una visión de conjunto de la problemática, la población se ha
convencido que el uso de las armas sería un mecanismo necesario para la
autodefensa contra la delincuencia.
En vista de ello, la autoridad democrática se ha visto enfrentada a buscar
una solución conjunta con la comunidad para resolver los problemas que les
aquejan. Una solución integral que combine tanto la prevención como el
control en el tratamiento de la violencia delictual para enfrentar la
inseguridad ciudadana.
Entre las medidas de control adoptadas por el Estado surge entonces la
modificación de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, a través de la Ley
386
Nº 20.014, promulgada el 13 de mayo del 2005, la que ha buscado hacer
más restrictivo el acceso legal a las armas por parte de particulares, imponer
mayores exigencias al porte de armas y una mejor fiscalización de las
mismas.
Y entre los modelos de prevención surge la necesidad de crear modelos
alternativos a la tenencia de armas por parte de la población civil. Aparece
así la seguridad comunitaria donde la población y la policía toman
resguardos en conjunto, para prevenir el delito.
Todas estas medidas apuntan a demostrar que el monopolio de las
armas debe quedar en manos de la autoridad y de la policía, que junto a los
medios del estado de derecho, resulta ser mucho más eficaz en la
persecución y condena del delito.
Concluimos, por lo tanto, que el concepto de seguridad ciudadana debe
apuntar necesariamente a que la justicia eficaz y justa llegue de la mano del
accionar de un estado de derecho, donde la policía enmarque su acción a
las leyes y donde la comunidad puede hacer su aporte dentro del marco que
la autoridad le asigna. Se trata de forjar junto a la democracia, a un estado
que dé las garantías suficientes a los ciudadanos para solucionarle sus
problemas y que esté al servicio de la comunidad, pero de tal manera que el
bienestar no sólo provenga de la autoridad central, sino, que el ciudadano
también se convierta en un ser participativo de su destino y de su vida.
Vale decir, en este capítulo se ha tratado de evidenciar la necesidad de
asumir perspectivas integrales que combinen prevención y control en el
tratamiento de la violencia delictual. Es un enorme desafío, ya que junto con
atender las necesidades más urgentes de la población, deben apuntar a
alcanzar soluciones sostenibles en el largo plazo y que, efectivamente,
reduzcan la violencia y la criminalidad. Pero, además, representan un
desafío porque en muchos casos supone restituir la confianza entre
387
autoridades policiales y la sociedad civil como paso previo para fomentar la
participación y compromiso de la población en los planes de seguridad
ciudadana; iniciar y fomentar procesos de reforma judicial y penal que
requieren de grandes consensos políticos y sociales; y promover un cambio
cultural de largo plazo como es el paso hacia la resolución pacífica de
conflictos en distintos ámbitos de la sociedad.
Este desafío se extiende también a la consolidación de los sistemas de
estadísticas criminales de la región, con el fin de identificar los factores más
gravitantes en la violencia delictual.
Hacia algunos de estos desafíos apunta la nueva Ley Nº 20.014 que
modifica la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas.
El tercer capítulo fue dedicado, entonces, a analizar in extenso las
modificaciones introducidas a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas por
la nueva la Ley No. 20.014 con el propósito de tener una base de
argumentación frente a las distintas posturas esgrimidas en el debate sobre
esta nueva ley.
A través del análisis efectuado, se ha podido demostrar que esta nueva
ley busca por una parte, restringir la posesión y tenencia de armas de fuego
por parte de la población civil, y por otra, establecer un órgano central, que
permita recopilar la información en forma centralizada desde todas las
instituciones contraloras.
Asimismo, se ha podido corroborar que la modificación de la ley Nº
17.798, además de reforzar la labor de la Dirección General de Movilización
Nacional ha venido a reafirmar una tradición existente desde los inicios de la
República, como se ha podido apreciar en el capítulo anterior, en el sentido
que el Estado es una suerte de garante en cuanto al monopolio y/o control
de armas.
388
Esta modificación requirió de un gran debate político previo y un
consenso para su promulgación, entendiéndose que permitiría ser un primer
paso en la gran trayectoria que sólo recién se inicia para mejorar los índices
de seguridad ciudadana.
Luego, se consideró necesario hacer un análisis sustantivo penal de la
norma para una mejor comprensión de los tipos penales de la Ley No.
17.798 sobre Control de Armas, como de su modificación, la Ley No. 20.014
de reciente promulgación, los que buscan encauzar la conducta del sujeto
activo para efectos de no violentar el bien jurídico protegido por dicha ley.
Con este propósito, primeramente, se inició este capítulo con una
conceptualización del bien jurídico protegido para luego definir el bien
jurídico protegido por la Ley sobre Control de Armas ya que la identificación
de lo realmente protegido por una norma permite el cuestionamiento de la
misma. Ahora, si consideramos los bienes jurídicos como relaciones
sociales, que surgen como síntesis normativa de los procesos interactivos de
discusión y confrontación que tienen lugar dentro de una sociedad
democrática, entonces, estos son dinámicos pues están en permanente
revisión y discusión.
Este dinamismo, concluimos, ha quedado demostrado en las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.014 ya que la Ley Nº 17.798
sobre Control de Armas buscó, en su origen, proteger bienes jurídicos de la
mayor importancia como son, de un lado, la Seguridad del Estado y de otro
lado, la seguridad pública, entendiendo por Seguridad del Estado la
estabilidad y normal funcionamiento de los órganos del Estado, en tanto que
la seguridad pública se refiere a la protección de personas y bienes. Se trata
de una legislación que está en estrecha conexión con aquellas conductas
calificadas como atentados contra la seguridad interior y exterior del Estado,
y de terrorismo.
389
En cambio, la nueva Ley Nº 20.014 busca dar mayores garantías de
protección a la seguridad pública, la que se relaciona con la seguridad
ciudadana y la tranquilidad pública, siendo este último el bien jurídico
protegido.
En seguida, para tener un concepto más claro sobre la Ley de Control de
Armas en relación a nuestra hipótesis de trabajo sobre si es conveniente o
no la tenencia de armas por parte de la población civil, se analizaron los
tipos penales de posesión y tenencia, precisando al respecto que la nueva
Ley No. 20.014, para cautelar el bien jurídico protegido antes mencionado,
no hace distinción entre posesión y tenencia, logrando de esta manera
establecer un tipo penal abierto y extensivo, capaz de abarcar o subsumir
todas las conductas del sujeto activo. Este tipo penal está configurado
básicamente por lo dispuesto en los Artículos 3º, 9º y 13º de esta ley.
El concepto de poseer o tener es muy importante ya que éste es la base
para comprender la Ley sobre Control de Armas. Es el género de casi todas
las restantes conductas incriminadas, tales como portar, exportar, etc.; es
decir, existe una acción general en la ley que es la de poseer o tener y luego
vienen una serie de conductas que son especies de ésta y que la suponen o
implican necesariamente de una u otra forma.
Por esta razón, también desarrollamos la figura penal de la posesión o
tenencia ilegal de armas, es decir, sin haber cumplido las autorizaciones e
inscripciones que la Ley sobre Control de Armas y su Reglamento
establecen, haciendo un análisis desde el punto de vista de los elementos
del delito según lo estipulado en los Artículos 2º y 3º de la mencionada ley.
Dado que tales elementos del delito se configuran en elementos
objetivos, subjetivos, la conducta típica o acción, el objeto material sobre el
390
cual recae la acción típica y su resultado, hicimos una revisión de cada uno
de estos elementos según los artículos mencionados anteriormente.
Este análisis obedece fundamentalmente a tratar de dejar establecida la
manera cómo se conjugan los elementos del delito en la figura de tenencia
ilegal de armas y como pueden afectar la tranquilidad pública como bien
jurídico.
Para que se configure la figura de tenencia y posesión ilegal de armas, el
juez debe en un primer momento tratar de dilucidar el móvil o intención del
sujeto activo al momento de cometer dicho delito, centrándose para ello en
los elementos subjetivos del dolo, considerado como el conocimiento y la
voluntad de la realización del tipo penal o bien, la culpa, en tanto conducta
antijurídica por falta del debido cuidado.
Acto seguido, para encuadrar la figura de tenencia ilegal de armas, se
debe reparar en los elementos objetivos, distinguiéndose la calidad de sujeto
activo y de sujeto pasivo. En cuanto al primero, éste puede ser cualquier
persona salvo, las establecidas en el Artículo 3º de la Ley 20.014 sobre
Control de Armas y que dicen relación con las Fuerzas Armadas,
Carabineros de Chile, Investigaciones, Gendarmería y la Dirección de
Aeronáutica Civil y en cuanto al segundo, se refiere a la sociedad toda.
Luego se analiza la conducta típica o acción del sujeto activo para
determinar si esta acción recae o no en un objeto material estipulado en el
Artículo 2º de la Ley No 20.014 sobre armas prohibidas; si esta acción sí
recae y el sujeto activo no reúne las condiciones establecidas en la ley para
una tenencia legal de armas, estaríamos frente al resultado de un delito
consumado de tenencia ilegal de armas.
Pero al respecto cabe señalar que pueden presentarse distintas
situaciones, dado que también el bien jurídico puede ser afectado por los
391
delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. El primero antes
mencionado es un delito de resultado, es decir, de proximidad a la lesión, en
cambio, el delito de peligro abstracto es delito de mera actividad del cual no
se exige un resultado de proximidad de la lesión a un bien jurídico
determinado, sino, que solo basta la peligrosidad de la conducta.
De esto se desprende que la conjugación de los elementos del delito, al
momento de afectar un bien jurídico, no siempre tendrá las mismas
consecuencias, sino que dependerá de cómo se involucren los distintos
elementos del delito, lo que nos llevará a resultados diversos y, por ende, la
pena a aplicar también será diferente.
Finalmente, ante la interrogante de si es conveniente o no que la
población civil mantenga en su poder un número determinado de armas para
su defensa personal contra la delincuencia, se buscó contraponer las
diversas posiciones surgidas en el ámbito de la discusión frente a las
modificaciones introducidas por la nueva Ley Nº 20.014, de modo de buscar
planteamientos que avalasen la hipótesis de nuestra investigación que
sostiene que no encontramos conveniente la posesión y tenencia de armas
de fuego por parte de la población civil.
Así, en el marco de este análisis de la nueva legislación sobre Control de
Armas que aumenta las restricciones para el porte y tenencia de armas por
parte de la población civil, se expusieron y revisaron las distintas posturas
sostenidas previas a su promulgación, para concluir, finalmente, que no es
conveniente una flexibilización de la tenencia y porte de armas por parte de
la población civil, ya que sería una medida inmediatista que podría generar
un riesgo mayor al que se pretende evitar y por otra parte, implicaría una
ineficiencia por parte del Estado en cuanto al control de la criminalidad.
Nuestros comentarios al final de este capítulo apuntan a que si bien es
cierto que, las modificaciones introducidas por la nueva Ley Nº 20.014, en
392
general, establecen mayores exigencias para el porte y tenencia de armas,
permitiendo un mejor control y una mayor fiscalización por parte de las
autoridades designadas para estos efectos, creemos que para enfrentar los
fenómenos de violencia, delitos y el temor, no es suficiente sólo la
promulgación de este cuerpo legal y su aplicación.
Esta modificación legislativa debe estar inserta en la globalidad de la
temática de la criminalidad y la violencia.
La violencia y la criminalidad, tal como se ha analizado en este mismo
capítulo, son fenómenos heterogéneos, que responden a procesos sociales
complejos y multicausales y se asocian estrechamente a la subjetividad de
las personas. Así, en la explicación de estos fenómenos confluyen factores
relacionados con la posición y situación social y familiar de las personas, con
dimensiones sociales, económicas y culturales así como factores de carácter
contextual e institucional. Por lo tanto, esta Ley de Control de Armas debiera
estar inserta en un extenso programa para la prevención de la delincuencia y
disminución del temor en la población.
Una de las situaciones que ha surgido como evidente en relación con la
violencia delictiva, es el notorio contraste entre la creciente sensación de
inseguridad de la población y la ausencia de estadísticas consolidadas que
permitan dimensionar de manera más objetiva el fenómeno. Si bien la
percepción de la población es parte del fenómeno, la ausencia de
estadísticas continuas dificulta, por el momento, la elaboración de
diagnósticos certeros que orienten de manera efectiva las acciones que
deben emprender las autoridades públicas, el sector privado y la población.
Además, es conveniente tener presente que no siempre las bases
estadísticas reflejan la realidad ni bastan para construir conocimiento
concluyente, y se requiere avanzar en métodos apropiados para reflejar la
situación real con la información cuantitativa.
393
Asimismo, aún no existen suficientes estudios que permitan precisar la
incidencia de cada uno de los factores reconocidos internacionalmente como
gravitantes en la delincuencia.
Por ello, el capítulo cuarto de esta memoria ha buscado introducirnos en
diferentes legislaciones que existen en derecho comparado en relación a la
legislación chilena, en materias relativas a requisitos exigidos para la
tenencia de armas, definición de personas aptas para dicha tenencia, tipos
de armas y sus respectivas descripciones, instituciones facultadas para la
inscripción y fiscalización de armas.
Con la comparación de legislaciones sobre armas de distintos países,
nuestro propósito ha sido buscar puntos de coincidencia y divergencia entre
ellas, pudiendo constatar, como puntos de coincidencia, que todas las
legislaciones analizadas buscan proteger como bien jurídico la seguridad
pública, estableciendo un órgano centralizado de fiscalización de las armas.
Por otra parte, se ha querido establecer un parámetro de referencia de
nuestra ley de armas chilena en relación con otras legislaciones de armas y
comprobar si los principios rectores que la determinan son iguales o
divergen en alguna medida. Al mismo tiempo, se ha querido establecer si
nuestra legislación ha evolucionado en forma similar a las otras legislaciones
y analizar si estas últimas, de alguna forma, han permitido al legislador
subsanar algunas deficiencias de nuestra legislación, modernizándola para
adaptarse mejor a la realidad actual de nuestro país.
Finalmente, nuestro propósito ha sido, además, verificar si existe una
directa relación entre legislación más restrictiva y menores indicadores de
criminalidad, pero conforme las cifras obtenidas no podemos afirmar que son
concluyentes.
394
Así, siendo la legislación norteamericana la menos restrictiva en el ámbito
de la adquisición, tenencia y uso de armas por particulares, sin embargo, de
acuerdo a estudio realizado por Naciones Unidas en 1998, Estados Unidos
presenta la más alta tasa de homicidios en comparación con otros países.
Por otra parte, la sola existencia de legislaciones de mayor rigurosidad en
torno al porte y tenencia, como es el caso de Inglaterra tampoco ha
demostrado efectos positivos.
Lo importante a destacar, sin embargo, es que se han obtenido mejores
logros cuando adicionalmente a una legislación sobre control de armas se
desarrollan campañas de difusión en torno a la peligrosidad de las armas y
los riesgos asociados.
En síntesis, ratificamos que no basta con aumentar las restricciones a
través de una ley, endurecer las penas, sino que también es importante
considerar todos los factores sociales en la producción del delito. La
criminalidad es un fenómeno heterogéneo que responde a procesos sociales
complejos y multicausales que requieren de un análisis profundo y no, de
medidas efectistas para su solución. Las medidas que se adopten deben
considerar un enfoque global de esta temática y deben ser emprendidas no
sólo por la autoridad sino que por la sociedad en su conjunto.
395
ANEXOS
CIFRAS ESTADISTICAS
ANEXO I
A) CIFRAS ESTADISTICAS DE LA DELINCUENCIA
Generalidades.
El problema de la delincuencia se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía en Chile. De acuerdo a la última encuesta de opinión realizada por el Centro de Estudios Públicos en Diciembre de 2003, la delincuencia se ubica en el primer lugar de los temas que preocupan a la población, seguida por el empleo y la salud. 208
La principal fuente de información sobre la delincuencia es la serie
estadística de denuncias de delitos de mayor connotación social (DMCS) del Ministerio del Interior, la que incluye hurtos, robos con fuerza, robos con violencia, lesiones, violaciones y homicidios. Esta es proporcionada periódicamente desde 1997 y es elaborada a partir de los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a esta serie, las denuncias de DMCS han estado creciendo a una tasa del 12% promedio anual entre 1997 y 2003. Los delitos más frecuentes son los robos con fuerza, los hurtos y las lesiones.
El de mayor crecimiento es el robo con violencia, el que ha aumentado un 360%, seguido por el hurto y las lesiones con tasas de variación del 136% y 81% respectivamente.
Estos informes presentan estadísticas descriptivas trimestrales.209.
Se entienden por estadísticas descriptivas el proceso mediante el cual se recolectan, agrupan y presentan las denuncias por delitos de mayor connotación social y las detenciones practicadas por las policías, de manera que sea posible describir fácil y rápidamente los datos. La información presentada tiene un carácter meramente descriptivo. No permiten inferir hipótesis sobre las causas del comportamiento observado.
208 Comentarios al proyecto legislativo que modifica la ley No. 17.798 sobre control de armas. Fundación Paz Ciudadana. Junio 2004. 209 Informe Nacional. Denuncias y Detenciones por Delitos de Mayor Connotación Social y Violencia Familiar. Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana.
396
Los datos se presentan en frecuencias absolutas o número de denuncias
reportadas a las policías y detenciones practicadas por Carabineros y, en términos relativos, en tasas de cada 100.000 habitantes. Gráfico Nº 1
Denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social, 1997 - 2003
1176 1202 1349 14801762
19402321
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Ministerio del Interior. Gráfico Nº 2
Evolución Denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social, 2001 - 2003
0
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003
Robo Violencia Robo Intimidación Robo Sorpresa Robo Fuerza Hurto
Las denuncias de delitos, sin embargo, son un indicador parcial de la evolución del problema, ya que sólo una proporción de los delitos que ocurren son denunciados por la víctimas. Por lo tanto, su evolución puede ser afectada tanto por cambios en la proporción de delitos no denunciados (la denominada “cifra negra”), como también por los cambios en las políticas y sistemas de registro.
Para conocer la real magnitud y evolución de delitos, es necesario recurrir a encuestas de victimización, instrumento que permite estimar la
397
proporción de personas que ha sido víctima de un delito y si acaso éste fue denunciado o no, entre otras variables.
Gráfico Nº 3 .
Nivel de Victimización por tipo de delito. 2003
0123456789
Violación
Abuso Sexual
Corrupción
Lesiones
Robo c.viol.e int.
Robo por sorpresa
HurtoRobo c.fuerza vivienda
Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2003
398
Los siguientes gráficos muestran la distribución porcentual de denuncias por delitos y detenciones por delitos de mayor connotación social por trimestre - año 2004
Los datos de denuncias provienen de los registros de Carabineros de Chile (94,91%) y de la Policía de Investigaciones (5,09%). A su vez, los registros de detenciones provienen de Carabineros de Chile (Base SIEC) Gráfico Nº 4
Chile:Distribución % de las denuncias por delitos de mayor connotación social. 1er.Trimestre 2004
35%
23%
24%
7%5% 5%
1%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
Gráfico Nº 5
Chile:Distribución % de las detenciones por delitos de mayor connotación social. 1er. Trimestre 2004
11%
61%
18%
4% 3% 3%0%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
399
Gráfico Nº 6
Chile:Distribución % de las denuncias por delitos de mayor connotación social. 2º Trimestre 2004
38%
24%
20%
7%5% 5% 1%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
Gráfico Nº 7
Chile:Distribución % de las detenciones por delitos de mayor connotación social. 2º Trimestre 2004
11%
61%
18%
4% 3% 3%0%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
400
Gráfico Nº 8
Chile:Distribución % de las denuncias por delitos de mayor connotación social. 3º Trimestre 2004
40%
23%
20%
8%4% 4% 1%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
Gráfico Nº 9
Chile:Distribución % de las detenciones por delitos de mayor connotación social. 3erº Trimestre 2004
36%
24%
23%
7%5% 4% 1%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
401
Gráfico Nº 10
Chile:Distribución % de las denuncias por delitos de mayor connotación social. 4º Trimestre 2004
40%
23%
20%
8%4% 4% 1%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
Gráfico Nº 11
Chile:Distribución % de las detenciones por delitos de mayor connotación social. 3erº Trimestre 2004
12%
59%
19%
4% 3% 3%0%0%
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Robo con violencia
Violación
Homicidio
402
Gráfico Nº 12
PAIS: Distribución porcentual de las denuncias por delitos de mayor connotación social año 2004
Robo con fuerza38,0%
Hurto23,4%
Lesiones21,7%
Robo con intimidación7,2%
Robo por sorpresa4,5%
Robo con violencia4,5%
Violación0,6%
Homicidio0,1%
Conforme el Ministerio del Interior, División Seguridad Ciudadana, el año 2004 presenta el menor crecimiento de denuncias de los últimos cuatro años.
Respecto del año 2003, el año 2004 presenta un incremento de la tasa de DMCS de un 10%. Esto significa un incremento de 2.321,9 a 2.554,9 casos por cada cien mil habitantes. Este aumento en las denuncias es el menor registrado desde el 2000 a la fecha en un año calendario.
El incremento observado a nivel nacional en las denuncias de DMCS de un 10%, se explica en gran parte, por el impacto del inicio de la Reforma Procesal Penal en regiones.
Desde principios del año 2000, el Gobierno desarrolla y actualiza periódicamente un sistema nacional de seguimiento y monitoreo de la criminalidad a partir de las estadísticas de denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar. Los datos de denuncia provienen de los registros de Carabineros de Chile (94,91%) y de la Policía de Investigaciones (5,09%). A su vez, los registros de detenciones provienen de Carabineros de Chile (Base SIEC).
403
B) CIFRAS ESTADISTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Presentación :
Encuestas de opinión realizadas por Adimark en los años 2003 y 2004210, nos indican las siguientes cifras en relación a las medidas adoptadas por la población, como modo de prevención de la delincuencia. Antecedentes de la medición:
- Comunas Estudiadas: 40 (25 comunas de Santiago y 15 de regiones.
- Universo: Personas mayores de 18 años, que residen en hogares con teléfono, en las comunas y ciudades estudiadas.
- Muestra total: 2.400 personas - Tipo de muestra: Probabilística a nivel de hogares y personas. - Forma de contacto: Telefónico - Margen de error: Margen de error estimado es de +/- 2%, con un
nivel de confianza de un 95%. - Fechas de medición:
a) 10 de Octubre al 1º de Noviembre del 2003 b) 18 de Octubre al 7 de Noviembre del 2004.
a) Medición Noviembre 2003 .
Durante el último año. ¿Ha realizado alguna de las siguientes acciones
para prevenir la delincuencia?
63,557,5 56,3 52,3
3,9
Ha reforzado laseguridad de sucasa (seguros,
chapas, alarma)
Ha dejado de ir aciertos lugares
Ha dejado de salira ciertas horas
Se ha puesto deacuerdo con sus
vecinos paraayudarse
Ha compradoarmas de fuego
210 Estudio “Delincuencia y Opinión Pública”. Adimark Noviembre 2003 y Noviembre 2004
404
b) Medición Noviembre 2004 .
ARMAS DE FUEGO ¿Actualmente hay armas de fuego en su
hogar?
89,30%
9,80% 0,90%No
Si
Ns/Nr
Ns/Nr: No sabe / No responde
405
ANEXO II
CIFRAS ESTADISTICAS DE DELITOS
COMETIDOS CON DIVERSOS TIPOS
DE ARMAS
Las siguientes son cifras estadísticas de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y dicen relación con el tipo de armas utilizadas en distintos tipos de delitos cometidos durante los años 2001, 2002, 2003, 2004.
Gráfico 1.
Año 2001 - Uso de armas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Robo conviolencia
Robo conintimidacion
Robo porsorpresa
Robo confuerza
Hurto Lesiones Violacion ViolenciaIntrafamiliar
No hubo armas Armas de fuego Arma blanca Arma contundente Uso mixto
La mayor incidencia de uso de armas de fuego (cortas y largas) se observa en el delito de robo con intimidación. En este tipo de delito, corresponde a un 81,90%.
406
Gráfico 2.
Año 2002 - Uso de armas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Robo conviolencia
Robo conintimidacion
Robo porsorpresa
Robo confuerza
Hurto Lesiones Violacion ViolenciaIntrafamiliar
No hubo armas Armas de fuego Arma blanca Arma contundente Uso mixto
Durante el año 2002, siempre la mayor incidencia de uso de armas de
fuego se observa en el delito de robo con intimidación, si bien con un leve descenso. En este tipo de delito, durante el año 2002, corresponde a un 79,76 %.
407
Gráfico 3.
Año 2003 - Uso de armas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Robo conviolencia
Robo conintimidacion
Robo porsorpresa
Robo confuerza
Hurto Lesiones Violacion ViolenciaIntrafamiliar
No hubo armas Armas de fuego Arma blanca Arma contundente Uso mixto
Se mantiene la misma incidencia del año anterior. Esta vez, con un
79,90%
408
Gráfico 4.
Año 2004 - Uso de armas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Robo conviolencia
Robo conintimidacion
Robo porsorpresa
Robo confuerza
Hurto Lesiones Violacion ViolenciaIntrafamiliar
No hubo armas Armas de fuego Arma blanca Arma contundente Uso mixto
Durante el año 2004 hubo un leve descenso en el uso de armas de fuego
en los delitos de robo con intimidación, correspondiendo a un 78,83%
409
ANEXO III
ESTADISTICAS CRIMINALES
PAZ CIUDADANA
Las estadísticas recopiladas por Paz Ciudadana corresponden a datos
proporcionados por:
- Carabineros de Chile - Investigaciones
A) Anuario de Estadísticas Criminales – Año 2003.
RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS DE CARABINEROS DE CHILE DENUNCIAS – DATOS DEL AÑO 2002 Delitos Denuncias Aprehendidos Violación 1.402 609 Homicidio 304 732 Lesiones 66.073 30.361 Cuasidelitos de Lesiones 8.648 12.494 Cuasidelitos de Homicidio 345 734 Robos y Hurtos 208.652 95.840 Hurtos 58.271 65.392 Robo con Violencia 38.393 12.326 Robo con Fuerza 111.988 18.122 Drogas 324 17.934 Consumo drogas 8 7.204 Elaboración y cultivo de drogas 64 169 Porte de drogas 8 5.369 Tráfico de drogas 75 3.189 Otros delitos de drogas 169 2.003
410
RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS DE INVESTIGACIONES DELITOS INVESTIGADOS – DATOS DEL AÑO 2002 Tipo de Delito Nº Delitos Nº Personas Violación 1.646 373 Homicidio 728 560 Lesiones 11.876 1.517 Daños 3.439 202 Cuasidelitos de Lesiones 2.005 307 Cuasidelitos de Homicidio 390 73 Robos y Hurtos 150.612 7.176 Hurtos 37.203 2.580 Robo con Violencia 21.753 1.510 Robo con Fuerza 91.656 3.086 Drogas 3.731 4.593 Consumo drogas 462 785 Elaboración y cultivo de drogas 76 102 Porte de drogas 147 122 Tráfico de drogas 2.840 2.818 Otros delitos de drogas 206 766
411
B) Anuario de Estadísticas Criminales - Año 2004 RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS DE CARABINEROS DENUNCIAS – DATOS DEL AÑO 2003 Delitos Denuncias Aprehendidos Violación 1.399 501 Homicidio 265 592 Lesiones 76.077 32.962 Daños 85.930 10.086 Cuasidelitos de Lesiones 15.035 18.573 Cuasidelitos de Homicidio 311 777 Robos y Hurtos 258.841 111.528 Hurtos 76.127 80.516 Robo con Violencia 54.174 14.021 Robo con Fuerza 128.540 16.991 Drogas 405 19.472 Consumo drogas 20 6.699 Elaboración y cultivo de drogas 50 181 Porte de drogas 55 7.131 Tráfico de drogas 39 2.799 Otros delitos de drogas 241 2.662 RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS DE INVESTIGACIONES DELITOS INVESTIGADOS – DATOS DEL AÑO 2003
Tipos de Delito Nº Delitos Nº Personas Nº
Denuncias Violación 1.658 432 204 Homicidio 948 927 15 Lesiones 10.437 1.550 712 Daños 2.380 212 464 Cuasidelitos de Lesiones 1.724 285 7 Cuasidelitos de Homicidio 496 65 6 Robos y Hurtos 130.153 7.793 19.056 Hurtos 33.664 2.745 7.428 Robo con Violencia 20.817 1.612 1.132 Robo con Fuerza 75.672 3.436 10.496 Drogas 2.030 6.137 105 Consumo drogas 181 1.510 9 Elaboración y cultivo de drogas 63 103 7 Porte de drogas 90 269 4 Tráfico de drogas 1.292 3.378 52 Otros delitos de drogas 404 877 33
412
ANEXO IV
CIFRAS ESTADISTICAS SOBRE
COSTOS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD
Ante una creciente desconfianza de la población en los mecanismos
públicos tradicionales de seguridad, se ha incrementado la utilización de mecanismos privados de protección.
Especialmente, en Santiago está a la vista el aumento explosivo del mercado privado de seguridad. La privatización se hace visible en la proliferación de alarmas, en la presencia de guardias privados a nivel nacional, en el cierre de calles, la presencia de garitas (casetas de guardias), y en una gran cantidad de pequeñas y grandes iniciativas de los particulares y de las Municipalidades. 211 Costos de adopción de Medidas de Seguridad:
Acorde con un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, en 1994 los chilenos gastaron cerca de 100.000 millones de pesos en diversas medidas privadas de seguridad; esto es, medidas adoptadas por las personas para resguardar su propiedad y proteger a su familia y que implican costos monetarios para ellos.
GASTOS PRIVADOS EN SEGURIDAD, 1994
(en miles de millones de pesos)
Servicios Privados de Vigilancia 66,8Seguros de robo 7,7Otros Productos de Seguridad 14,4
Fuente: Paz Ciudadana 1994
211 CASTRO CARRASCO, Henry, MIRANDA PIZARRO, Gabriela. “ Percepción de Inseguridad”. Tesis para Optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago.Chile.2003. Tomo II. Capítulo V. pp.252 y ss.
413
CUADRO RESUMEN COSTOS PUBLICOS – PRIVADOS
Años 1994 1999
(en millones de $ de 1999)Costos sector Público 137.618 200.842Costos sector Privado 357.682 600.851Total 495.300 801.693
La Revista Capital, en una publicación del año 2001 señaló que, en Chile, durante el año 1999, se habrían gastado 2163 millones de dólares, lo cual representaría un aumento del 40% respecto del año 1994 y la mayor parte correspondería a gastos efectuados por privados, pues mientras el Estado invirtió 916 millones, los privados habrían gastado 1250 millones de dólares.212
212 TORRES ROJAS, E. y FUENTES LAFOY, P. ob.cit.2001, p.20
414
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