UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENAFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

TECNICAS PSICOLOGICAS EN EL AMBITO FORENSE

Autor (a):Crismari Mogollon

Tutor Académico: Williams Lattuf.Jefe de la Línea de Investigación.

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INTRODUCCION

La psicología y el derecho tienen en común su "objeto de intervención", que no es

otro que la "conducta de la persona". La práctica de la psicología forense está regida

por conceptualizaciones que provienen del derecho y no de la psicopatología, y se

encuentra al servicio de la justicia antes que del valor de la salud. Esta diferenciación

requiere adecuaciones teóricas y técnicas. La intervención no podrá circunscribirse a

una cuestión diagnóstica o de tratamiento, sino que debe construir la información que

se solicita (puntos de pericia).

Algunos psicólogos, como Marbe, en la historia de la psicología forense afirmaron

que una acción sólo resulta juzgable y sancionable si se ha cometido la misma en

conocimiento de las consecuencias que provocaría, que el sujeto quería provocar

estas consecuencias y, por último, sabía que su conducta era delictiva.

Así parece claro que desde el juzgado se ha reclamado clásicamente la intervención

de expertos, justamente para determinar la responsabilidad del acusado en los actos

cometidos. Estos expertos han provenido inicialmente del campo de la Medicina

Legal –los famosos médicos-forenses, que no sólo han realizado autopsias somáticas,

para determinar las causas de los fallecimientos, sino que también, en discusión con

los psiquiatras, han realizado dictámenes psicológicos. Otros especialistas y

cultivadores (juristas, criminólogos, educadores), en ausencia del rol del psicólogo,

han intervenido en los procesos judiciales aunque, en general, fueron personas que

ahora no podríamos etiquetar como psicólogos, o, mejor dicho, eran personas que no

habían recibido una preparación profesional para el ejercicio de esta labor. Mediante

este ensayo de investigación se profundizara acerca de las técnicas de evaluación que

utiliza la psicología forense.

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TECNICAS PSICOLOGICAS EN EL AMBITO FORENSE

La psicología forense es la intersección entre dos ciencias: la psicología y el derecho.

Que si bien tratan el mismo objeto de estudio (la persona); sus enfoques y sus

métodos son diferentes; ergo sus conclusiones también. La psicología no puede

juzgar, demandar o defender y el derecho no puede dar explicaciones a las

motivaciones de la conducta.

La psicología estudia la conducta iluminada por sus vivencias; el derecho tipifica una

conducta estimada socialmente como delito. En psicología cuanto más inconsciente

es la conducta, “más patológica será”, en derecho cuanto más inconsciente es la

conducta, “más inimputable será”. Respecto al concepto de enfermedad previa: en

psicología se explica la patología como “series complementarias”, la combinación de

factores previos con un factor desencadenante; en derecho lo necesario es saber

cuánto de esa patología (Ej.: stress postraumático), fue “previo al hecho ventilado en

autos y/o cuanto posterior”.

Para la psicología daño moral y daño psicológico son conceptos similares; para el

derecho no. Para el derecho es importante debatir si la función de una multa es

compensar en alguna manera a la víctima o castigar el delito, mientras que en

psicología éste es un tema menor. La Psicología forense es una especialidad del

campo de la Psicología. Se trata de una praxis que involucra dos vertientes: una

práctica, en lo que hace a la respuesta puntual que se espera de la psicología cuando

es interrogada desde el Todo Legal, es decir la pericia propiamente dicha, y una

crítica en tanto reflexión, que involucra tanto al demandante cuanto al demandado, de

no existir tal dimensión crítica, quien ejerce lo hace en calidad de esclavo, por más

eficacia y perfeccionamiento que exhiba en su tarea profesional.

Esta actividad requiere de una formación específica que permita un mutuo

aprovechamiento del Derecho y la Psicología. Sin embargo, en muchas ocasiones se

produce yuxtaposición o subordinación del ámbito psicológico al jurídico. Las

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diferencias de método, objeto de estudio y objetivos han sido utilizados para

promover la idea de una convivencia imposible.

Según Lugo y Rivas (2003), refiere que la Psicología Jurídica Penal Forense:

“Es aquella disciplina que conjuga los planteamientos y hallazgos

teórico - experimentales propios de la Psicología con las exigencias del

quehacer teórico- práctico de las Ciencias Jurídicas; es la integración de

dos subsistemas: el jurídico y el psicológico; por lo tanto, podemos

afirmar que la Psicología Jurídica es un espacio interdisciplinario,

donde se utilizan y combinan conocimientos y metodologías que le son

propios”.

La Psicología Jurídica sería, entonces, el campo de investigación de la relación

existente entre el Estado, el sujeto y la Ley.

La psicología jurídica al servicio de la administración de justicia y su buen

funcionamiento se apoya en diversas direcciones, según Mira y López (1954), “dentro

del campo de la psicología que aportan elementos importantes para su

fundamentación y desarrollo”. Tales direcciones son, por ejemplo: el conductismo

que basado en el estímulo-respuesta con el propósito de predecir y valorar la conducta

permite obtener datos y juicios de forma objetiva sin la necesidad de recurrir a

testimonios subjetivos que pueden tergiversar los hechos; el psicoanálisis que por

medio de sus interpretaciones permite comprender ciertos aspectos de la conducta

delictiva, de la psicología del testimonio y de ciertos errores cometidos por jueces en

sus veredictos; entre otras direcciones de la psicología que se han convertido en

auxiliares muy eficientes en la investigación y desarrollo de la psicología jurídica.

Ahora bien, en esta ampliación de lo que es la psicología jurídica cabe hablar sobre la

concepción psicológica de la conducta delictiva. Tanto filósofos como juristas se han

encargado de definir de diversas formas el acto delictivo y han llegado a la

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conclusión de que es toda acción que no se ajusta a los principios de la ética, sin

embargo, los psicólogos que se dedican a lo jurídico no se han preocupado por definir

dicho concepto sino se han inclinado más bien a comprender los delitos

constituyendo el mismo como un episodio accesorio en la vida psíquica del individuo.

Para comprender un delito es necesario conocer los antecedentes de la situación y el

valor de los factores determinantes de la reacción del sujeto como son

la constitución corporal, el temperamento, la inteligencia, el carácter, la previa

experiencia, la constelación, la situación externa desencadenante, el tipo medio de

reacción colectiva aplicable a la situación y el modo de percepción de la situación por

parte del delincuente, dichos factores forman lo que se llama según Mira y López,

(1954), “complejos determinantes de la acción delictiva”.

Así pues, es importante que el psicólogo jurídico en sus análisis tenga en cuenta estos

factores para permitir comprender el delito y propiciar la información necesaria a

diversas dependencias (fiscales, jueces, etc.) para que ellos, con base en esto puedan

tomar la determinación más adecuada con respecto a dicho delito.

De esta forma, culmina este breve esbozo sobre lo que es la psicología jurídica como

parte de la psicología aplicada y como auxiliar de la ciencia del Derecho, pudiendo

afirmar de la misma que contiene elementos importantes que permiten identificar de

manera eficaz y verídica el móvil, antecedentes y futuros desencadenamientos de

un delito determinado y su influencia en todos aquellos individuos implicados en el

mismo.

Podemos delimitar el campo de acción de la siguiente manera:

Criminal: estudia al delincuente, la víctima, la situación criminal y los procesos de

victimización; Judicial: explora al imputado de un hecho punible y a otros actores del

proceso penal (testigos, jueces y abogados); Legal: coordina las acciones psicológicas

útiles para la aplicación de las normas penales y civiles; Forense: se ocupa de los

factores psicológicos relevantes con el fin de la valoración judicial; Reeducativa:

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estudia el significado, el valor, la utilidad y el efecto sobre el individuo de la pena o

de otro tratamiento; Legislativa: contribuye a la producción y al mejoramiento de la

norma jurídica.

Entre las funciones del psicólogo forense, podemos destacar; diseñar perfiles

psicológicos de agresores desconocidos con base en la escena del crimen; evaluar la

credibilidad del testimonio a través de técnicas psicológicas como el análisis de

contenido basado en criterios y los indicadores conductuales de la mentira; asesorar y

capacitar a policías judiciales en técnicas de entrevista, toma de declaraciones de

testigos, ruedas de reconocimiento, detección de la mentira, memoria de testigos,

confesiones falsas, etc.; mejorar técnicas de investigación criminal; capacitar en la

conducción de interrogatorios; realizar peritajes sobre peligrosidad y reincidencia.

Aparte de estas también encontramos, todo lo referente a la evaluación del estado

psicológico de los implicados en un hecho delictivo bajo el consumo de sustancias

psicoactivas, realizar valoración y tratamiento de abuso sexual, diseñar programas de

prevención para posibles transgresores, asesorar en tribunales a jueces y jurados sobre

posibles sesgos en decisiones judiciales, brindar asistencia y mediación psicológica

(prevención y tratamiento) a víctimas y agresores, funcionarios, policías, etc.,

testificar en Juicios Orales.

En otro orden de ideas, la presente investigación tiene como objetivo principal, el

análisis de la intervención del Psicólogo Forense en la Administración de Justicia, y

más específicamente en la jurisdicción penal; a través del estudio de determinados

artículos consagrados en la legislación penal vigente, que establecen y definen la

participación de dicho profesional. Autores sostienen que la psicología moderna,

posee una competencia específica para asesorar a la Administración de Justicia, pues

son conocimientos de los que carecen los operadores jurídicos.

Bien es sabido que con la reforma de la normativa procesal en nuestro país y la

implementación de un nuevo sistema acusatorio, se inicia una reformulación de las

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instituciones involucradas en materia penal, y se reafirma el sentido garantista del

nuevo modelo de justicia. Este modelo de justicia penal, profundiza entonces en las

garantías procesales, asegurando a los ciudadanos el Derecho a la defensa, una vez

involucrados éstos en algún proceso legal y a hacer uso de cualquier medio necesario

para dicha defensa. Es entonces, cuando el ya mencionado sistema penal se ve

obligado a conocer de otras ciencias, que van a colaborar y complementar el nuevo

sistema de aplicar justicia, permitiéndoles a los ciudadanos el uso de otros medios de

defensa y resolución de conflictos, para dar cabal cumplimiento a uno de los

objetivos del sistema.

De esta forma, los diferentes operadores jurídicos (jueces, fiscales del ministerio

público, defensores, abogados, entre otros), reclaman la intervención de diferentes

profesionales, de cuyos conocimientos carecen.

En nuestra sociedad actual, es el Estado, en la persona del legislador; quién elabora y

define qué conductas son las que violan la ley. De allí que la persona, a través, de su

conducta pueda estar en un momento determinado involucrada en algún proceso

legal, cuando ha violado la ley del Estado. Es cuando la psicología en su interés por

responder a esa sociedad que evoluciona y que demanda diferentes tipos de análisis

desde áreas diversas, se une al Derecho e intenta realizar evaluaciones psicológicas,

tomando en cuenta, la ciencia del derecho.

Es allí, cuando tanto el Derecho como la Psicología se encuentran en un mismo

camino, con la necesidad de compartir, contrastar, evaluar e investigar sobre los

mismos eventos para una mejor y más satisfactoria impartición de la justicia, pues es

el Juez quién requiere la colaboración de la psicología y, en consecuencia del

profesional de ésta área, para que a través de la elaboración y aportación de dicho

informe psicológico, que más adelante se llamará peritaje, pueda interpretar de forma

más justa su sentencia.

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Dicha relación entre psicología y Derecho ha sido llamada de múltiples formas:

psicología jurídica, psicología criminal, psicología del Derecho, psicología en el

Derecho, psicología para el Derecho, psicología forense, etc.

El profesor Muñoz Sabaté citado en Esbec y Otros (2000, pag. 19) diferenció una

psicología del Derecho, que vendría a explicar la esencia jurídica; “la Psicología en el

Derecho, referida al hecho de que las leyes están impregnadas de comportamientos

psicológicos; y la psicología para el Derecho, que tendría que ver con la intervención

del experto asesorando al Juez”.

Otros autores, definen la psicología forense como aquella aplicada a los tribunales;

pero autores como Mira y López citados por Esbec y Otros, (2000 pag. 20) se refieren

a la psicología jurídica como “aquella aplicada al mejor ejercicio del Derecho”.

Es importante aclarar a este respecto, que en frecuentes ocasiones, la psicología

forense es también llamada “psicología criminal”. Sin embargo este término limita en

gran medida el estudio de la psicología forense, pues se cree que define mejor aquella

psicología que estudia los elementos psicológicos específicos que están presentes

exclusivamente en la conducta y el comportamiento antisocial.

Cuando se habla de psicología forense, es necesario analizar el origen etimológico del

vocablo “Forense” que proviene del latín “Forenses” (fórum de la corte imperial de

Roma) y que se refiere en la actualidad, a todo aquel profesional, en este caso un

psicólogo (oficial o privado) que interviene en el foro o sala de justicia.

Al respecto, Urra, Javier (1993) define la Psicología Forense como “la ciencia que

enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas

de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administración de Justicia,

actuando en el foro (tribunal), mejorando el ejercicio del Derecho”.

Por todo lo antes mencionado, a partir de este momento, cuando se haga referencia a

la psicología forense, se estará haciendo referencia a aquella rama de la psicología

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aplicada a la búsqueda, examen y presentación de pruebas psicológicas con

propósitos judiciales.

En la actualidad el papel del Psicólogo Forense en nuestro país se encuentra limitado

a realizar pruebas complementarias demandadas por el médico o psiquiatra forense,

pues hasta ahora no contamos con profesionales especializados en el área forense; es

decir, en el país aún no contamos con Psicólogos Forenses. Mientras ésta es la

realidad, la experiencia nos dice que la labor del Psicólogo Forense, es independiente

a la de la psiquiatría y que son muchos los campos y las jurisdicciones donde el

Psicólogo Forense puede aportar sus conocimientos específicos.

Sin embargo, para conocer como se encuentra establecida la intervención del

Psicólogo Forense en nuestro país, podemos dar el ejemplo de la Medicatura Forense

del Estado Zulia, ubicada en la ciudad de Maracaibo, la cual funciona como un

departamento de la Coordinación nacional de Ciencias Forenses, dependiente del

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. A su vez, está

formada por cinco departamentos, conformados por expertos universitarios en cada

una de las ciencias y con postgrados en el área forense específicamente.

Los departamentos son: Clínica-Forense, compuesto por 10 expertos clínicos que se

encargan de realizar experticias médico-legales con respecto a los lesionados;

levantamientos de cadáveres, entre otros, que son solicitados por los diferentes

organismos de investigación. Otro departamento es el de Psicología y Psiquiatría

Forense, conformado por cuatro expertos, dos por cada rama. En la mayoría de los

casos trabajan de forma conjunta. Se encargan de realizar peritajes psicológicos y

psiquiátricos para determinar si una persona presenta enfermedad mental ó Trastorno

de Personalidad y/o Conducta.

El siguiente departamento es el de Sociología Forense, con un experto que realiza

estudios socio-económicos de las personas que son enviadas por los diferentes

organismos. Su finalidad es la de conocer e informar sobre las condiciones sociales y

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económicas en que se encuentran las personas involucradas. El departamento

de Patología Forense, con seis expertos encargados de realizar las autopsias médico-

legales, para determinar las causas de la muerte. Y por último está el departamento

de Odontología Forense, que cuenta con tres expertos encargados de practicar el

examen odontológico tanto a personas vivas como muertas en los términos que sean

requeridos por los diferentes organismos.

Todo lo anterior se encuentra establecido, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en

su artículo 84:

“En las ciudades importantes de la República donde no existiere

servicio de Medicatura Forense podrá crearlo el Ejecutivo Nacional;

estará constituido por un Médico-Jefe, los Médicos Forenses,

Médicos Autopsiantes, Expertos Químicos y demás empleados que

se juzguen necesarios.

Cuando no sea posible organizar el Servicio de Medicatura Forense,

podrá el Ejecutivo Nacional mantener los Médicos Forenses

actualmente en servicio en los Estados y crear y dotar nuevos cargos

de esta naturaleza para las localidades que a su juicio así lo

requieran.”

En consecuencia, el servicio de Medicatura Forense, de cada Estado, estará

conformado por expertos en las diferentes ramas del saber que se estimen necesarias

para una satisfactoria ayuda a la Administración de Justicia.

En algunos asuntos la psicología forense ha conseguido abarcar la misión pericial, por

ejemplo los análisis sobre la credibilidad del testimonio en menores que han sido

víctimas de abuso sexual; asesoramiento sobre custodia y régimen de visitas en

procesos de separación o divorcio, o de menores infractores.

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Por todo lo anterior, compartiendo la metodología clínica y en general los métodos

científicos inductivo e hipotético-deductivo con otros profesionales afines, el

Psicólogo Forense va a abordar una extensa misión como asesor y perito de la

Administración de Justicia. Su intervención abarca todos los procedimientos: penal,

civil, niños y adolescentes, laboral, y militar.

Respecto al asunto epistemológico, el modelo médico es diferente al modelo

psicológico, ante los tribunales de Justicia. El primero tiende a ser dicotómico y que

se fundamenta preferentemente en la biología y el concepto de enfermedad, entendido

como un sistema de causalidad lineal, utilizando con preferencia la entrevista no

estructurada como método evaluador. Por otro lado, el segundo tiende a una

evaluación continua, dimensional, y con un sistema de causalidad circular o

relaciones de concomitancia. Concede además; más relevancia a la observación, test

mentales y escalas de evaluación. Es en consecuencia, más riguroso.

En este orden de ideas el profesor Esbec en clase magistral, explica las diferencias

entre la Psicología y la Psiquiatría Forense; ésta última tiene como propósitos:

diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades mentales; mientras que la Psicología

Forense, tiene la misión de explorar, evaluar y diagnosticar: relaciones individuales y

pautas de interacción, aspectos de la personalidad, inteligencia, aptitudes y actitudes

de las personas implicadas en procesos judiciales; es decir, comprender el

comportamiento humano en general.

A continuación se describen las distintas funciones del Psicólogo forense, por

procedimiento o Jurisdicción:

En el Ámbito Penal; La imputabilidad: valoración del estado de salud mental del

procesado, valoración de la personalidad del procesado; Victimología: valoración de

secuelas psíquicas en víctimas de delitos, fiabilidad y validez del testimonio

(especialmente en menores que denuncian abuso sexual), evaluación de elementos

victimológicos (factores de riesgo vulnerabilidad); Niños y Adolescentes:

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(refiriéndose a delitos e infracciones cometidos por éstos o en los cuales se presume

su autoría), medidas a adoptar y evaluación de factores de riesgo, valoración del daño

psíquico, valoración de la aptitud para comparecer en juicio.

En el Ámbito Civil: La Capacidad de obrar: autonomía, ostentación de tutela;

Familia: persona más apta para ostentar la guarda y custodia del menor,

establecimiento de un programa de visitas con el padre no custodio. Relaciones

Paterno filiales Rechazo del menor hacia un progenitor. Adopción. Conflicto

conyugal. Personalidad relaciones conyugales, separación, divorcio.

En el Laboral: La Valoración de lesiones psíquicas (incapacidad laboral transitoria) o

secuelas psíquicas (incapacidad laboral permanente, invalidez) originadas como

consecuencia del trabajo desempeñado, despido improcedente por razón de

enfermedad mental.

En cuanto al ámbito Militar: Las Exclusiones del servicio militar por enfermedad

mental, capacidad profesional y la imputabilidad.

Además cabe señalar, en el ámbito contencioso-administrativo, el Psicólogo Forense

está facultado para realizar peritaciones.

El Psicólogo Forense, para la elaboración de dichos peritajes y demás funciones, debe

poseer determinados conocimientos, que pueden ser genéricos y específicos. Cuando

se habla de conocimientos Genéricos, se hace referencia a aquellos comunes a la

ciencia de la psicología; es decir, el psicólogo que desee intervenir en el área forense

como perito debe dominar siete grupos de conocimientos.

Otro punto, importante dentro de la psicología forense, serían los parámetros que

definen la práctica profesional del psicólogo forense, y que son básicamente tres:

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La población a intervenir, se divide en dos grupos: La clínico-forense, compuesta por

individuos, que pueden presentar o no alteraciones mentales, inmersos en procesos

judiciales, y los distintos agentes jurídicos intervinientes en los procesos judiciales.

Procedimientos y técnicas utilizados, se utilizan procedimientos y técnicas validadas

científicamente. Entre los test psicométricos más utilizados destacan: El Inventario

Multifásico de Personalidad de Minnesota versión (MMPI-2), Inventario Clínico

multiaxial de Millon (MCMI-II), Listado de 90 síntomas de Derogatis et al (SCL-90-

R), Examen Internacional de Evaluación de Trastornos de la Personalidad I.P.D.E,

etc.

En Venezuela es relativamente reciente la entrada en escena del Psicólogo como

asesor y perito de la Administración de Justicia, pues ésta ha sido reclamada con

mayor énfasis en la implementación del nuevo modelo acusatorio, llegándose en la

actualidad a requerir su presencia en las salas de los tribunales, para ser preguntados

por puntos específicos de sus dictámenes. Así va cobrando más importancia y se va

requiriendo de él nuevas actuaciones, en casos de adolescentes infractores, guarda y

custodia, régimen de visitas, abuso sexual en niños y adolescentes.

En tal sentido, es de destacar que existe en los organismos de justicia de nuestro país,

una marcada tendencia a sobrestimar el dictamen médico-psiquiátrico, subestimando

en consecuencia al psicológico; razón por la que se necesita propiciar espacios que

permitan la difusión a los operadores de justicia y organismos, sobre los alcances y

limitaciones de la ciencia de la psicología.

Ámbitos de aplicación de la psicología forense en la jurisdicción penal.

Ahora bien, adentrándonos en nuestro tema, sabemos que el psicólogo forense utiliza

en su trabajo técnicas de evaluación psicológica, esforzándose en desarrollar

instrumentos de evaluación adecuados al contexto de aplicación. Es importante

remarcar que el mejor instrumento va a ser la escucha, una escucha distinta, singular,

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cuya búsqueda tendrá un objetivo diverso al del derecho, que tomará al sujeto en su

singularidad.

Dentro de cada área de trabajo del psicólogo forense, la utilización de técnicas de

evaluación, se ha convertido en una práctica necesaria. El discurso del derecho,

requiere en forma constante el uso de técnicas sistematizadas, muchas veces

solicitando en forma concreta tests específicos, en otros dejando a elección del

profesional evaluar los principales tests para analizar cada caso específico.

En cada área del campo forense existen técnicas que son muy utilizadas, de acuerdo a

la labor específica.

Intervención Pericial Psicológica.

Tenemos dos formas de acceso: la indirecta: recabamos la información sobre los

motivos de autos, establecemos hipótesis y elaboramos planes de abordaje y la

directa: utilizamos entrevistas grupales, abiertas y/o dirigidas, técnicas gráficas, tales

como el dibujo del conjunto familiar. Dibujo del personaje en interacción;

observación del álbum fotográfico familiar y hora de juego familiar; técnicas

individuales: gráficos (persona – pareja – HTP – familia); Bender; Rorschach.

En relación a “los Tests Mentales” y la “Peritación Psiquiátrica Forense” podemos

observar que:

El peritaje psiquiátrico incluye muy a menudo una cuantificación de la inteligencia

del sujeto explorado, así como una valoración de su personalidad. La utilización de

estas técnicas tiene las siguientes ventajas: Permite un descubrimiento fácil, rápido y

fiable de los rasgos de la personalidad del explorado; completa la entrevista clínica

proporcionando un mayor nivel de “objetividad” en la constatación de tales rasgos o

síntomas; hace posible una “cuantificación” de la intensidad de los rasgos de la

personalidad o de los síntomas que presenta el sujeto.

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En este Orden de ideas, podemos dar una definición más profunda a estos tipos de

Técnicas, empezando de esta manera con:

En primer lugar con Los Tests de Inteligencia; El estudio de la inteligencia resulta de

gran importancia para la Psiquiatría Forense en el ámbito de las oligofrenias 1 o

estados de retraso mental, la exploración intelectual mediante tests permite confirmar

los datos clínicos y señalar con precisión el nivel exacto de retraso que corresponde al

sujeto estudiado. También es importante para valorar la gravedad del déficit

ocasionado por los procesos demenciales.

Además los tests pueden demostrar un deterioro patológico que aún no se

corresponde con síntomas clínicos evidentes, pero que pone sobre aviso en el sentido

de que el paciente está en los comienzos de la evolución de un proceso demencial.

La forma más empleada para valorar la inteligencia es la utilización del cociente

intelectual o CI. Los tests de inteligencia más importantes para su aplicación en

psiquiatría forense son: los de tipo Weschler (Wais y Wisc) y los no verbales de

factor G, los cuales poseen un gran campo de aplicación en Psiquiatría Forense.

Los Cuestionarios de Personalidad: El resultado consiste en un perfil con un mayor o

menor número de rasgos.

Uno de los inconvenientes en estos casos, es que el individuo explorado puede mentir

deliberadamente para simular trastornos psicopatológicos o de la personalidad, o

disimular una personalidad anormal; también existen formas para identificar esta

actitud las escalas de distorsión y fiabilidad, y las escalas de sinceridad.

Asimismo, Las Técnicas Proyectivas; Estas técnicas poseen la ventaja de que el

sujeto no puede distorsionarlas, bien porque no sabe cómo hacerlo o la distorsión se

1 Oligofrenias: son insuficiencias congénitas, de comienzo muy precoz, del desarrollo de la inteligencia.

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percibe de forma muy obvia. Esto es lo que les hace especialmente útiles en nuestro

ámbito. Los más utilizados son:

Rorschach; formando parte de la tríada de la “batería estándar” junto con el TAT y el

WAIS, TAT (Murray); El Test de Frustración de Rosenznwieg, posee un especial

interés por cuanto pretende estudiar la respuesta del probando ante situaciones

frustrantes, y la intensidad y dirección de la agresividad provocada por ellas. Las

respuestas del probando se clasifican: a) según la dirección de la agresión, pueden

ser: “intrapunitivas”, “extrapunitivas” y “no punitivas”; b) atendiendo a los tipos de

reacción: “obstáculo dominante”, “ergo defensiva” y de “necesidad permanente”.

Por otra parte, Las Escalas de Evaluación de la Conducta: En psiquiatría forense son

más útiles las escalas que evalúan toda la sintomatología que pueda presentar el

sujeto explorado.

En Europa se ha comenzado a aplicar una versión ampliada del denominado sistema

AMDP (López Ibor) que es el sistema más completo que existe para la

documentación psiquiátrica y ha sido desarrollado por la Asociación para la

Metodología y Documentación en Psiquiatría (AMDP).

El sistema consta de las siguientes partes:

1. Anamnesis, dividida en tres secciones

2. Escala de Evaluación Psicopatológica

3. Escala de Evaluación Somática

La adaptación del sistema AMDP a la Psiquiatría Forense ha sido denominado

Sistema de Documentación Psiquiátrico – Forense o FDPS. Consta de cuatro partes:

1- Resumen del dossier penal, el peritaje y su misión, la víctima y los hechos;

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2- El sistema AMDP: anamnesis general, antecedentes psicopatológicos,

acontecimientos patógenos, estado psíquico actual, etc.;

3- Datos anamnésicos y clínicos complementarios: estructura de la familia en la

infancia, comportamiento sexual, diagnóstico del DSM III y rasgos de personalidad.

4- Datos médico – legales: antecedentes criminales, alcoholismo y

farmacodependencia, áreas conflictivas, análisis de los hechos, estado psíquico

supuesto en el momento del hecho, etc.

Se trata de un sistema de documentación psiquiátrico – forense que pretende ser

objetivo, fiable y completo.

Así como también; La sinceridad de las confesiones y declaraciones:

Al juez le interesa, ante todo, que las confesiones y declaraciones sean sinceras y

verdaderas, ya que no puede haber justicia sin certeza en cuanto a los hechos que se

juzgan. Ello supone el empleo de unos medios complementarios del interrogatorio

que evidencien la situación psicológica del interrogado. Conociendo ésta, puede

deducirse su estado mental, afectivo, volitivo e intelectual, lo que nos pondría sobre

la pista de su veracidad: si nos dice la verdad o miente de modo consciente.

Se comprende que el juez haya de recurrir al psicólogo o al psiquiatra para que le

descubran, de una parte, las anomalías o desviaciones mentales que puedan alterar la

sinceridad y, de otra, la obtención en lo posible de la evidencia de la mentira.

Para finalizar, diremos que, por regla general, un dictamen de peritación criminal

comprende varias partes:

1- Un preámbulo: donde el perito consigna su nombre y apellido en primera persona,

mencionan la autoridad que los ha encargado o requerido, y la prestación de

juramento previo, y reproducen el texto de la misión encomendada (puntos de

pericia).

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2- Exposición de los hechos, resumida del expediente, con las razones que hayan

motivado la peritación mental.

3- El examen del inculpado: generalmente dividido en dos partes: a- sus

antecedentes; b- y su estado actual en el momento del examen, y el estado particular

al producirse los hechos. También es importante dar cuenta del comportamiento del

acusado entre su detención y el momento del examen.

4- El comentario: el perito extrae entonces de las partes de su dictamen: a- los

hechos positivos que interesa retener en el plano patológico, b- su incidencia posible

en la conducta del inculpado en el momento del acto incriminado, c- las

repercusiones sociales de ese estado patológico y la necesidad de internamiento, si se

plantea la cuestión.

5- Conclusiones: lo más concisas posibles, ciñéndose bien a las cuestiones

planteadas y sometidas a la apreciación del perito (puntos de pericia).

La Evaluación Psicológica.

En refuerzo de lo antes expresado; Weiner (2003) ha propuesto que la evaluación

psicológica comprende una variedad de procedimientos que son utilizados de

distintas formas para lograr propósitos diversos. Del mismo modo, este autor señala

que la evaluación psicológica se ha equiparado algunas veces con la aplicación de

pruebas psicológicas, sin embargo, el proceso de evaluación es algo mucho más

complejo que va mucho más allá de únicamente la administración de pruebas de este

tipo.

De esta forma, se recomienda el uso de pruebas psicológicas siempre y cuando se

realice un proceso de selección de las mismas que garantice la pertinencia de su uso

en un determinado contexto de evaluación. De forma similar, Butcher y Pope

(1993) han advertido enérgicamente sobre el efecto perjudicial de utilizar una "batería

de pruebas psicológicas estándar" con la cual el evaluador se siente confortable, sin

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haberse cuestionado antes si el uso de esa "batería" es apropiado para el caso

específico que se está evaluando. Por ejemplo un batería de pruebas psicológicas útil

en la evaluación de las capacidades mentales de un imputado a la hora de cometer un

delito, podría ser absolutamente irrelevante para la evaluación de las capacidades de

otra persona para obtener la guarda crianza de una persona menor de edad.

Estos autores insisten en que es una responsabilidad profesional y ética de quien

realiza una evaluación psicológica el asegurarse que los instrumentos que utiliza en la

misma estén adecuadamente validados para tal propósito.

La confiabilidad es uno de los aspectos más importantes a evaluar en una prueba

psicológica. Esta se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los

mismos sujetos cuando se les evalúa en distintas oportunidades con la misma prueba,

con conjuntos equivalentes de reactivos o en otras condiciones de evaluación

(Anastasi y Urbina, 1998). La confiabilidad puede ser entendida como la carencia de

distorsión o la precisión de un instrumento de medición. Tiene que ver con la

precisión con la que una prueba mide un constructo.

Se usan básicamente cuatro estrategias de cálculo de la confiabilidad: resultados

consistentes al volver a evaluar (test-retest), formas alternativas de las pruebas,

consistencia interna (Alfa de Cronbach, KR-20) y el grado de acuerdo entre dos

evaluadores (confiabilidad inter-evaluadores).

Finalmente, el aspecto más importante en la evaluación de una prueba psicológica es

su validez. Esta representa el grado en que un instrumento realmente mide lo que

pretende medir. Según criterio de Aiken, (1996): “Una prueba psicológica puede

tener muchos tipos de validez, en función de los propósitos específicos con los que se

diseñó, la población a la que se dirige y el método para determinarla”.

Asimismo, Groth-Marnat, (1999) nos aclara que: “no se puede afirmar que una

prueba psicológica es válida en un sentido abstracto o absoluto, solamente podría

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considerarse su validez en un contexto particular y para un grupo específico”. Un

elemento importante a considerar es que una prueba psicológica puede ser confiable

sin ser válida, mientras que lo opuesto no es cierto. Un requisito fundamental de la

validez es que la prueba debe haber alcanzado un nivel adecuado de confiabilidad.

El establecimiento de la validez de una prueba psicológica es algo extremadamente

difícil, especialmente si se considera que las variables psicológicas usualmente

consisten en conceptos abstractos tales como la inteligencia, la ansiedad o la

personalidad. Estos conceptos no tienen un referente empírico tangible, por lo que su

existencia debe ser inferida a través de medios indirectos.

Finalmente, se han establecido tres métodos fundamentales para establecer la validez

de una prueba: validez de contenido (se refiere a la representatividad y relevancia del

instrumento de evaluación en relación con el constructo que se está

midiendo), validez de criterio (establece la validez de un instrumento comparándolo

con algún criterio externo al mismo tiempo (validez concurrente) o el criterio se fija

en el futuro (validez predictiva)), y validez de constructo (es el grado en que puede

afirmarse que el instrumento mide un constructo o rasgo teórico).

La Evaluación Psicológica Forense.

Como se pudo observar en el apartado anterior, en el contexto clínico terapéutico, los

psicólogos cuentan con una serie de herramientas para cumplir con los propósitos de

diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos.

Probablemente el más importante de esos métodos es la entrevista clínica, la cual

consiste en un diálogo con el paciente en el cuál se explora el estado mental actual,

experiencias pasadas y metas hacia el futuro, todo esto de gran interés a la hora de

establecer la capacidad mental del individuo, ya que, no hay mejor prueba que sus

propios testimonios. Además de ello, toda la información adicional que permita

corroborar el diagnóstico, tal como la obtenida a través de pruebas psicológicas o

20

fuentes colaterales (expedientes de tratamientos anteriores, información de terceros)

puede ser muy útil para producir una imagen clínica del paciente y apoyar decisiones

sobre su tratamiento.

Es claro entonces que en el ámbito de evaluación psicológica forense, la rigurosidad

de los procedimientos de evaluación adquiere un significado aún más importante.

Conforme a lo planteado por Ackerman (1999), la recolección y análisis de datos es

quizás la responsabilidad principal del psicólogo forense.

En este sentido, recomienda el uso de los mejores métodos disponibles y de su

correcta aplicación e interpretación, reportando todos los resultados relevantes para el

propósito de la evaluación y al mismo tiempo evitando ir "más allá de los datos" al

especular sobre aspectos para los cuales no se cuenta con información que los apoye.

Debido a las evidentes limitaciones que las pruebas psicológicas tradicionales

ofrecen, si se utilizan como instrumentos únicos de evaluación en el ámbito forense,

se han desarrollado modelos alternativos que se ajusten más a las necesidades

psicolegales que plantea este contexto de evaluación.

Un segundo grupo de estrategias de evaluación forense sugeridas por Otto y Heilbrun

(2002) son los Instrumentos Forenses Relevantes (IFR), los cuales se distinguen de

los IEF"s en que no evalúan o se enfocan en estándares legales específicos y en las

capacidades funcionales asociadas de los evaluados. Más bien se centran en

constructos clínicos que son a menudo relevantes en la evaluación de una persona

dentro del sistema legal. Ejemplos de estos instrumentos y técnicas incluyen aquellos

utilizados para evaluar la simulación y el estilo general de respuesta de un sujeto,

tales como el SIRS (Rogers, 1992) y el M-FAST (2000), así como aquellos diseñados

para evaluar la reincidencia o el riesgo de violencia tales como el HCR-20 (Webster y

otros, 1997) y el SVR-20 (Boer y otros, 1997) y la psicopatía (PCL-R, 1991).

Instrumentos de este tipo bien validados proveen un buen balance entre la confianza

clínica y la relevancia legal.

21

El tercer grupo de instrumentos corresponde a las Mediciones y Técnicas de

Evaluación Clínica. Aquí se incluyen las pruebas psicológicas y las mediciones

desarrolladas para la evaluación, diagnóstico y planeamiento de tratamiento con

poblaciones clínicas en contextos terapéuticos. Aunque estos instrumentos pueden

ayudar en la comprensión del evaluado en el contexto de un asunto legal particular,

éstos típicamente evalúan constructos (tales como la inteligencia, la depresión, el

nivel de ansiedad, etc.) que se encuentran considerablemente alejadas de las

preguntas específicas del encargado de tomar las decisiones legales.

De esta manera, este tipo de instrumentos requieren del evaluador la aplicación de un

grado mayor de inferencias que le permitan moverse de los constructos evaluados

hacia los asuntos sobre los que se deben tomar decisiones legales.

Las entrevistas estructuradas usualmente formalizan la exploración de síntomas y

producen hipótesis diagnósticas en relación estrecha con categorías del Diagnostico

Estadístico de Trastornos Mentales. De esta manera podemos afirmar que la

entrevista de evaluación es probablemente el medio de recolección de información

más importante durante la evaluación psicológica. Sin la información obtenida

durante la entrevista, la mayoría de la información proporcionada por las pruebas

psicológicas no tendría sentido. Además, la entrevista proporciona información

potencialmente valiosa, que no sería accesible de otra forma, tal como la observación

conductual, aspectos idiosincrásicos del evaluado, así como su reacción a la situación

de vida presente.

Las pruebas proyectivas de personalidad, tales como el Rorschach y el TAT, no se

basan en el auto-reporte de síntomas o experiencias del sujeto. Por el contrario,

requieren que el evaluado interprete y describa estímulos complejos y ambiguos. Los

estímulos del Rorschach son manchas de tintas monocromáticas y multicolores,

mientras que los del TAT son una serie de imágenes, la mayoría de las cuales retrata

22

individuos o interacciones interpersonales acerca de las cuales el evaluado debe

desarrollar una historia.

Las pruebas neuropsicológicas, de ejecución y de inteligencia usualmente contienen

múltiples sub-pruebas que consisten en problemas a ser resueltos u otro tipo de

reactivos que tienen respuestas "correctas" establecidas a través de la construcción de

normas para una población determinada.

Es especialmente relevante que se tenga en consideración que en general, el uso de

pruebas e instrumentos psicológicos en una evaluación forense debe cumplir con una

serie de requisitos que justifiquen su aplicación de acuerdo al tipo particular de

evaluación que se está realizando. La prueba debe ser relevante para el asunto legal o

para un constructo psicológico que subyace al asunto legal. Esta justificación debe

incluirse en el informe, clarificando el razonamiento del evaluador para seleccionar

una prueba específica basándose en su relevancia para el caso en cuestión. En la

medida de lo posible, esta relevancia debe apoyarse con la disponibilidad de

investigación de validación empírica publicada en la literatura científica, sin

embargo, una justificación puede hacerse en términos teóricos.

Si no existe evidencia de investigaciones con la cual evaluar la precisión de la

fortaleza de la conexión entre el constructo psicológico y el asunto legal, entonces la

autoridad judicial debe ser informada al respecto.

De esta forma, las pruebas psicológicas deben utilizarse en la evaluación forense

únicamente cuando puedan relacionarse específicamente con el constructo legal bajo

estudio. Por ejemplo, el constructo de imputabilidad, el cual es un constructo legal,

difiere significativamente de constructos psicológicos como inteligencia,

psicopatología o personalidad.

Es importante tener claro que las mediciones de constructos psicológicos no se

traducen directamente en constructos legales, lo cual podría conducir a conclusiones

23

inválidas. Tal es el caso de una persona que puede presentar síntomas suficientes

como para ser diagnosticada con un trastorno mental severo (por ejemplo,

esquizofrenia) y al mismo tiempo cumplir con criterios suficientes como para

considerar que comprende el carácter ilícito de su comportamiento delictivo al

momento del mismo, lo cual podría llevar a una autoridad judicial a considerarlo

imputable (constructo legal).

El test debe tener un método estándar de aplicación, con las condiciones de la prueba

tan cercanas a como sea posible a un ambiente silencioso y sin distracciones. De este

modo: Groth-Marnat (1999), “ha señalado que un test bien construido debe incluir

instrucciones que les permita a los evaluadores aplicarlo de forma estructurada,

similar a la de otros evaluadores”.

El estilo de respuesta debe ser evaluado explícitamente con enfoques sensibles a la

distorsión y los resultados de las pruebas psicológicas interpretadas dentro de este

contexto del estilo de respuesta del individuo. Cuando el estilo de respuesta sugiere la

simulación, un perfil defensivo o respuestas irrelevantes más que una aproximación

honesta y confiable, podría ser que los resultados de las pruebas psicológicas se

descarten o sean ignorados y darle énfasis a otras fuentes de datos en un grado mayor.

Finalmente, es importante tener claro que en la evaluación psicológica forense la

comunicación efectiva de los resultados es un punto crucial del proceso.

Una vez que el psicólogo ha realizado una evaluación en el contexto del sistema

legal, debe tener claro que todo lo que incluya en su reporte va a ser sometido a

evaluación o cuestionamiento por parte de otros profesionales involucrados en el caso

específico (otros psicólogos, jueces, defensores, fiscales). Por otra parte, es

importante que el evaluador considere que su reporte debe centrase solamente en

aspectos de importancia para el propósito legal que se busca, lo que implica que no

todas las observaciones a nivel psicológico obtenidas durante la evaluación deben

24

incluirse en el reporte final. Lo anterior se basa en el principio de protección de la

intimidad y privacidad del evaluado.

Por otra parte, debido a que la decisión legal involucra necesariamente aspectos de

moralidad y justicia que van mucho más allá del dominio de experticia de los

profesionales de la salud mental, algunos académicos han argumentado que los

psicólogos no deben responder la pregunta legal fundamental. Sin embargo, mucho

más importante para el psicólogo forense es referirse en su informe a las capacidades

y déficits relevantes del examinado en torno al aspecto legal en cuestión (lo

psicolegal), así como las inferencias y razonamiento del evaluador en relación con las

causas de estos déficits.

De acuerdo con Skeem & Golding (1998), “el no incluir este tipo de información en

el reporte forense debe ser visto como un defecto esencial en el mismo”. Los

evaluadores tienen como obligación comunicar específicamente a la autoridad

judicial sus procesos de interpretación de datos así como documentar las bases

fácticas a través de las cuales apoyan sus conclusiones en el informe pericial forense.

Asimismo, Según, Butcher y Pope, (1993): “se deben incluir en el reporte cualquier

tipo de reservas acerca de los hallazgos y posibles factores que limiten el alcance de

las conclusiones a las que se llegó”. Esto a manera de criterio personal, lo cual el

juzgador le dará la interpretación que considere pertinente, basándose en su sana

critica y máximas de experiencias.

CONCLUSION.

La reforma de la normativa procesal penal en Venezuela, esto es, el cambio a un

sistema acusatorio y la profundización de las garantías procesales a través del derecho

a la defensa y a la utilización de cualquier medio para ejercerla, sin lugar a dudas, han

25

potenciado la intervención del profesional del Psicólogo en la Administración de

Justicia.

El creciente interés por dimensiones de la personalidad menos estudiadas

(afectividad, motivación, etc.) o por determinados procesos (socialización) de gran

importancia, y la necesidad de un análisis que integre la personalidad individual y el

comportamiento humano entendido como respuesta “normal” desde una perspectiva

“conductual”, desprovista de nosologías de corte biologicista que fragmentan la

compresión del mismo, aproximan cada vez más a la joven Psicología Forense a las

exigencias de la vida cotidiana y del Derecho.

El ser humano, desde luego, sigue siendo una incógnita, un enigma, un misterio para

sus semejantes. En gran medida, porque siguiendo a (García citado por Esbec y

Otros, 2000) no es una máquina de músculos y nervios, ni una sucesión de estímulos

y respuestas; sino una realidad compleja e imprescindible en la que confluyen

Experiencia, Biología, Cultura, Costumbres, Historia, Realidad Política, Social y

Económica.

Por tal motivo, cualquier análisis que se haga del ser humano y su comportamiento,

debe ser tomando en cuenta las condiciones de existencia de éste y las situaciones por

las que este atravesando cada país, para de esta forma conocer las raíces de los

conflictos de cada sociedad y en consecuencia de cada individuo.

Como se ha dicho hasta ahora, la psicología forense analiza la relación entre sujeto y

ley, siendo su función la de informar a jueces y demás operadores de justicia, sobre

los aspectos que le sean demandados, por lo menos es lo que plantea la literatura

escrita hasta ahora sobre el tema en cuestión y que fue expuesto durante el desarrollo

de el presente artículo.

26

Sin embargo, y aún cuando esto no ha sido objeto de discusión por parte de los

psicólogos especialistas en el área, por lo menos en nuestro país, se cree que la

psicología forense ir más allá de responder a dichas demandas, aportando las

necesidades de los involucrados y en especial de las víctimas, tomando en cuenta las

diferencias individuales de cada persona y la intervención que cada uno requiere para

orientar su proyecto de vida dentro de los parámetros de la ley.

Así mismo, la psicología forense, debe interesarse incluso en la manera como se

construye y se fundamenta la ley, pues como disciplina interesada en el conocimiento

del problema criminal, debe dirigir su atención a los medios que tratan de explicar,

definir y disminuir el problema de la criminalidad, siendo el punto de referencia de

éste el control social formal, es decir, la Ley.

En consecuencia, el psicólogo forense, debe dejar de ser un experto acrítico, que

posibilite la solución de un caso judicial, pero alejado de la necesidad de hacer

justicia, para ser profesionales y ciudadanos dedicados a propiciar una mejor ley, más

humana y parecida a las necesidades de quienes deben cumplirla, para junto con las

disciplinas de la : criminología y derecho, buscar y lograr no ya una mejor justicia,

que sólo atiende a los intereses de una clase, quién tiene el poder, sino una justicia

diferente: que respete los Derechos Humanos y las diferencias individuales.

Diferencias que se presentan, de acuerdo a las condiciones particulares de cada

sujeto, incluso de cada clase social, como la pobreza, miseria, hacinamiento,

desempleo, hambre. En relación con esto, en la página web

www.psicologíajurídica.org, se comenta:

“Las condiciones actuales de América Latina, no son las

mejores… la comisión de relaciones exteriores de los Estados

Unidos denominado Andes 2020, plantea la necesidad de ampliar

los espacios democráticos y participativos, la reforma judicial y la

27

aplicación de verdadera justicia, como herramientas básicas en la

transformación de la situación actual de pobreza, violencia y

criminalidad…”

Es por ello, que los psicólogos forenses en aras de colaborar con los órganos de

justicia deben ayudarlos a comprender que las anteriores diferencias determinan en

gran medida los problemas de criminalidad y que en la mayoría de los casos no son

resultado de una personalidad enferma, sino el resultado de situaciones estructurales

de la sociedad. De esta forma, el psicólogo forense estaría contribuyendo a que no se

criminalicen dichas situaciones, que indiscutiblemente generan violencia, evitando

que la concepción del criminal sea de mayor estudio y atención, que las condiciones

políticas, sociales y económicas que posibilitan la existencia del crimen.

En este sentido, dicho profesional está llamado a ver más allá de la apariencia, siendo

crítico en todos las situaciones de su quehacer profesional, ofreciendo formas

alternativas de solución de conflictos legales, que les dé primacía a las víctimas, se

aproxime a los involucrados, intentando comprender los motivos, etiologías e incluso

procesos mentales de estos. Con la finalidad última de transformar el derecho y el

sistema de justicia penal, teniendo como norte las garantías ciudadanas y efectiva

realización de los Derechos Humanos.

La importancia de la Psicología en el mundo del Derecho está fuera de toda duda. Sin

embargo, son muchos aún los que se resisten a sus experiencias y aplicaciones, nadie

puede negar lo útil y necesaria que resulta como disciplina científica aplicable al

peritaje judicial.

Se trata en consecuencia, de un conjunto de conocimientos teóricos, imprescindible

para los operadores de justicia, criminólogos y psicólogos forenses que ejercen

funciones en la Administración de Justicia. Sin que esto signifique que el juez debe

ponerse por encima del perito pretendiendo saber más que él, aunque en la práctica

28

esto suceda con no poca frecuencia. Ni un perito debe convertirse en un juez y

pretender decidir judicialmente el asunto legal en cuestión a través de un informe o

dictamen absolutamente orientado a la inimputabilidad. Siguiendo a Soria y Otros

(2002) no es un justiciero ni un detective que siembre trampas al sujeto que está

evaluando con la finalidad de reunir datos incriminatorios ni debe apreciar el carácter

desvalido del enfermo mental y erigirse como su protector. Se le ha requerido, para

encontrar la luz allí donde la ciencia jurídica no la ofrece en solitario.

Se ha entendido la importancia y la necesidad de humanizar el Derecho. Sin embargo,

para ello es necesario vencer resistencias, recelos y dudas entre ambos mundos, el

psicológico y el jurídico, y buscar los medios para que dicha cercanía se convierta en

mayor conocimiento y aceptación mutua. Siempre buscando el mayor beneficio y la

mayor felicidad a todos los miembros de la sociedad que se encuentran involucrados

en algún proceso legal, en un momento histórico, social, económico y político

determinado, y que requieren del Estado a través de la Administración de Justicia la

más satisfactoria respuesta, la garantía de sus libertades individuales y el respeto a los

Derechos Humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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LUGOS Y RIVAS (2003) Libro Psicología Jurídica: Perspectiva Latinoamericana.

PÉREZ SAMIENTO, E. (2003). Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Editores Vadell hermanos, cuarta edición. Caracas (Venezuela).

SORIA y OTROS (2002). Manual de psicología penal forense. Editorial Atelier. Barcelona (España).

www.apa.org/ethics/.

www.unl.edu/ap-ls/student/specialty%20Guidelines.pdf.

www.psicologiajurídica.org

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