SUPUESTO N.º 1 DERECHO ADMINISTRATIVO - …aprendoyo.com/ccoo/TEST Y CASOS PRACTICOS PARA MANDAR...

1

SUPUESTO N.º 1 DERECHO ADMINISTRATIVO

La Comisión Provincial de Urbanismo de una Provincia de la Comunidad Autónoma, el 27 de mayo de 1999, aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias del Planea-miento Urbanístico del Municipio de X, perteneciente a la misma, introduciendo en las mismas una serie de modificaciones con el fin de salvaguardar la tipología arqui-tectónica de la población de que se trataba, así como para ampliar la delimitación del suelo urbano contenido en dichas Normas.

El Ayuntamiento de X, del citado Municipio, disconforme con estas modificaciones presentó recurso contra las mismas en vía administrativa, en el que hizo notar que:

a) La Comisión Provincial de Urbanismo se reunió sin convocatoria previa.

b) A la misma solo asistió un tercio de sus miembros.

c) Entre ellos se encontraba y votó un natural de este Municipio, propietario, jus-tamente, de parte de los terrenos que pasaron a incrementar el suelo urbano.

Por su parte, el Sr. Y, vecino del Municipio de X, presentó recurso, también en vía administrativa, contra esta aprobación, alegando que:

a) Al contener necesariamente las Normas Subsidiarias unas Normas Urbanísti-cas, no se había llevado a efecto el trámite de información pública legalmente previsto en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales, habiéndose abierto solo la información pública que prevé la legislación urba-nística en el procedimiento de aprobación de los Planes.

b) En las Normas Subsidiarias aprobadas, como hizo notar en ese período de in-formación pública, se alteró la clasificación de unos terrenos de su propiedad que pasaron de considerarse como urbanos, al contar, como señala la Ley para ello, con todos los servicios urbanísticos y radicar en una zona consolidada por la edificación, a aptos para urbanizar, habiéndosele señalado al resolver las alegaciones que el Ayuntamiento tiene potestad discrecional para efectuar esta alteración.

c) El Alcalde y dos miembros de la Corporación Municipal, que constituyen un tercio del número legal de miembros de la misma, fueron objeto de una quere-lla criminal interpuesta por él mismo, meses antes, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en este mismo tema, estando pendiente de sentencia, debiendo haberse abstenido en la votación de que se trata, por lo que los acuerdos de aprobación inicial y provisional de las Normas, adoptados por el Ayuntamiento, no son válidos, al haber votado en contra de los mismos tres Concejales del grupo político de la oposición, es decir, un tercio del número legal de miembros de la misma, exigiendo la legislación vigente para esta aprobación mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corpora-ción, de lo que se deriva, también, la nulidad del acuerdo de la propia Comi-sión Provincial de Urbanismo.

2

Nota: Téngase en cuenta que el procedimiento para aprobar el instrumento de pla-neamiento en un Municipio de las características de las expuestas, es, en síntesis:

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento.

b) Información pública.

c) Aprobación provisional por el Ayuntamiento.

d) Aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Asimismo, que, por remisión de su normativa específica, el régimen de funciona-miento de esta Comisión se regula por las normas del Procedimiento Administrativo Común.

Cuestiones

1. El recurso que presentaron el Ayuntamiento y el Sr. Y contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo, partiendo de que esta actúa en este tema por delegación del Consejero, es el siguiente:

a) Revisión.

b) Reposición.

c) Contencioso–administrativo.

d) Alzada.

2. Dicho recurso se presentó ante el/la:

a) Propia Comisión Provincial de Urbanismo.

b) Consejero competente en materia de Urbanismo.

c) Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

d) Comisión de Urbanismo de la Comunidad Autónoma.

3. Y el plazo para interponerlo es de:

a) Cuatro años.

b) Un mes.

c) Dos meses.

d) Quince días.

4. En la Administración Local, las resoluciones de autoridades y órganos infe-riores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa:

a) Nunca ponen fin a la vía administrativa.

b) Ponen fin a la vía administrativa.

c) Solo podrán ser recurridos mediante recurso extraordinario de revisión.

d) Solo podrán ser recurridos en alzada.

5. Cuando un órgano colegiado se reúne sin previa convocatoria y sin asisten-cia de la totalidad de sus miembros, los acuerdos que adopte son:

a) Válidos.

b) Anulables.

3

c) Irregulares.

d) Nulos de pleno derecho.

6. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados son:

a) Anulables, de conformidad con el art. 48 de la LPACAP

b) Irregulares, de conformidad con el art. 48.3 de la LPACAP

c) Nulos de pleno derecho, de conformidad con el art. 47 de la LPACAP.

d) Anulables, siempre que sea posible la conversión del acto viciado, de confor-midad con el art. 50 de la LPACAP

7. El procedimiento para la revisión de oficio de disposiciones y los actos nulos se encuentra regulado en:

a) Los artículos 48 a 52 LPACAP.

b) Los artículos 50 a 52 LPACAP.

c) Los artículos 106 a 111 LPACAP.

d) Los artículos 112 a 126 LPACAP.

8. A los efectos de interposición del recurso y de resolución, el Sr. Y debe con-siderarse como:

a) Titular de un simple interés.

b) Interesado propiamente dicho.

c) No interesado.

d) Falto de legitimación.

9. El hecho de efectuar alegaciones en la fase de información pública, a efectos de conceder la condición de interesado al que las efectúe:

a) No tiene trascendencia alguna, dado que la comparecencia en el trámite de in-formación pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.

b) Confiere, por sí misma, dicha condición.

c) Solo la concede cuando se admitan las alegaciones efectuadas.

d) Nada de lo anterior es cierto, puesto que la condición de interesado ha de re-unirse para poder hacer las alegaciones.

10. La incomparecencia de los interesados en un trámite de información públi-ca:

a) Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la reso-lución definitiva del procedimiento, de conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) No impedirá a los interesados interponer recurso contencioso–administrativo, de conformidad con el art. 83 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

c) Impedirá a los interesados interponer recurso contencioso–administrativo, de conformidad con el art. 82 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

d) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento, de conformidad con el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4

11. La respuesta del Ayuntamiento a las alegaciones del Sr. Y cuando indica que la alteración de la clasificación de los terrenos se produjo por tener la entidad potestad discrecional, debe reputarse:

a) Falta de motivación.

b) Nula de pleno derecho.

c) Anulable

d) Solamente irregular.

12. Los acuerdos del Ayuntamiento, sobre aprobación inicial y provisional de las Normas, deben reputarse:

a) Válidos.

b) Anulables.

c) Nulos de pleno derecho.

d) Solo irregulares.

13. La causa de ello radica en que:

a) Había quórum suficiente para adoptarlos.

b) Solo se ha cometido una infracción del ordenamiento jurídico al conculcarse el deber de abstención.

c) Al no reunirse quórum, dado que no pueden computarse los votos del Alcalde y de los dos miembros de la Corporación procesados, se han violado las nor-mas de formación de la voluntad de un órgano colegiado.

d) No tiene mayor importancia la intervención del Alcalde y los dos citados miembros.

14. Las causas de abstención de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas en los procedimientos se encuentran enumera-das en:

a) El art. 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) El art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

c) El art. 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

d) El art. 21 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

15. ¿Qué recurso es admisible en relación con las disposiciones de carácter ge-neral y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos provocan un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos?

a) El recurso de alzada.

b) El recurso potestativo de reposición.

c) El recurso extraordinario de revisión.

d) El recurso contencioso–administrativo.

5


El Sr. X, propietario de un establecimiento de hostelería, fue denunciado, el día 14 de junio de 1999, por un cliente del mismo –el Sr. Y– ante la Consejería competente en materia de Sanidad, por una presunta infracción en materia de consumo.

Iniciado expediente sancionador, se le dio plazo de alegaciones al Sr. X, tras lo cual, sin llegar a efectuarlas, se procedió a realizar propuesta de resolución, que adoptó el Director General de Consumo de la citada Consejería, imponiendo al Sr. X una multa de 18.030,36 euros.

Contra esta resolución, notificada por Anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, al no hallarse el Sr. X en el establecimiento el día en que se le intentó notificar perso-nalmente, sin que ninguno de sus empleados, incluido su representante legal, se hicie-re cargo de la misma, interpuso el recurso pertinente, alegando indefensión y la nuli-dad de pleno derecho por haberse dictado el acto por órgano manifiestamente incom-petente, dado que las multas de esta cuantía solo puede imponerlas el Consejero.

La Administración autonómica no resolvió expresamente este recurso, por lo que el Sr. X, a los cinco meses de interpuesto, planteó recurso contencioso–administrativo, en cuya tramitación, al ser emplazada aquella para contestar la demanda, alegó –esta– la inadmisibilidad del recurso por presentación extemporánea.

Cuestiones

1. La LPACAP deroga entre otras normas, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regulaba el procedimiento para el ejercicio de la potestad san-cionadora. Con la entrada en vigor de la LPACAP, ¿dónde queda regulado el procedimiento sancionador?

a) En el Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, integrando como especialida-des del mismo los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial de la Administración y en cuanto a los principios de la potestad sancionadora en los art. 60 a 64 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-tubre.

b) En el Título IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a las disposicio-nes sobre el procedimiento administrativo común.

c) En el Título V de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, integrando como especialida-des del mismo los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial de la Administración y en cuanto a los principios de la potestad sancionadora en los art. 25 a 31 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-tubre.

6

d) En el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a las disposicio-nes sobre el procedimiento administrativo común, integrando como especiali-dades del mismo los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial de la Administración y en cuanto a los principios de la potestad sancionadora en los art. 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-tubre.

2. Los expedientes incoados tras denuncia de un particular se entienden ini-ciados:

a) De oficio.

b) A instancia de parte.

c) En virtud de acción pública.

d) De cualquiera de estas formas.

3. La resolución de un procedimiento sancionador será:

a) Inmediatamente ejecutiva, siempre.

b) Inmediatamente ejecutiva, salvo que contra la resolución quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

c) Inmediatamente ejecutiva, cuando así se disponga expresamente en la resolu-ción.

d) No será inmediatamente ejecutiva.

4. Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi-duales son:

a) Anulables.

b) Irregulares.

c) No ejecutivas.

d) Nulas de pleno derecho.

5. Si, como alega el Sr. X, la competencia para imponer la multa es del Conse-jero y no del Director General, se ha incurrido en una incompetencia:

a) Funcional.

b) Territorial.

c) Jerárquica.

d) De los tres tipos anteriores.

6. Como consecuencia de lo respondido en la pregunta anterior, el acto admi-nistrativo es:

a) Nulo de pleno derecho.

b) Irregular.

c) Anulable.

d) Inexistente.

7. En este caso, puede subsanarse este vicio a través de:

a) Ningún mecanismo legal.

b) La conversión.

7

c) La conservación del acto.

d) La convalidación del mismo.

8. El recurso que presentó el Sr. X es el:

a) De alzada.

b) De protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.


d) De revisión.

9. Y el plazo para hacerlo es de:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Un año.

d) Quince días.

10. Si no se resuelve en plazo el recurso en este caso:

a) Recae silencio administrativo positivo.

b) Se entiende desestimado.

c) El Sr. X puede denunciar la mora.

d) Automáticamente se convalida el acto dictado.

11. El plazo para dictar y notificar la resolución de este recurso es de:

a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Un año.

d) Dos meses.

12. La notificación del acto a través de Anuncio en el Boletín Oficial corres-pondiente en este caso:

I

a) Es obligatoria, tras la negativa a recibirla personalmente.

b) Exime a la Administración de hacerla personalmente, siendo opcional en ella la utilización de esta u otra vía.

c) Improcedente, al deberla efectuar al representante legal del Sr. X.

d) Voluntaria, como la propia notificación personal.

13. Como consecuencia de la negativa del representante legal a recibir la notifi-cación, se entiende legalmente:

a) Que esta no se ha efectuado.

b) Que se ha efectuado este trámite.

c) Que procede la paralización del procedimiento hasta que se consiga efectuar-la.

d) Nada de lo anterior es cierto.

14. El plazo de interposición del recurso contencioso–administrativo contra un acto administrativo expreso es de:

a) Un año.

b) Dos meses.

8

c) Veinte días.

d) Un mes.

15. Si, por el contrario, se recurre un acto presunto, el plazo para dicha inter-posición:

a) Es similar al del recurso contra actos expresos.

b) Se amplía a un año.

c) Es de seis meses.

d) Corre en favor de la Administración.

9


El Sr. X, que había presentado una solicitud a la Administración, se vio en la necesi-dad de ausentarse de la localidad durante varios meses, para realizar un curso de for-mación profesional en el extranjero.

Por ello, en previsión de las incidencias que pudieran suceder en la tramitación de su solicitud, antes de su marcha, se personó ante el funcionario responsable del expe-diente con un familiar, el Sr. Y, con el fin de solicitar que, mientras durara su ausen-cia, con este se entendiera la Administración en el asunto de que se trataba.

Por la Administración, pese a tomar nota de las instrucciones del Sr. X y los datos personales del Sr. Y, cuando hubo que requerirle al primero para que actuara en cier-to sentido en la tramitación del procedimiento, se remitió el requerimiento al mismo Sr. X, concediéndole, al efecto, un plazo de quince días, bajo advertencia de caduci-dad del expediente.

Como quiera que el Sr. X no se hallaba presente en España en esos momentos, al no atenderse este requerimiento, la Administración archivó el expediente, lo que comu-nicó al Sr. Y cuando, días después, se presentó ante la Oficina administrativa para in-dagar el estado de tramitación en que se encontraba.

Cuestiones

1. ¿Qué título y norma regula los interesados en el procedimiento administra-tivo?

a) El Título 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) El Título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

c) El Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

d) El Título 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. ¿Qué virtualidad jurídico–administrativa tiene la comparecencia del Sr. X y del Sr. Y, así como la encomienda a este de la responsabilidad del segui-miento del expediente?

a) Se otorga la representación del primero al segundo a los efectos del expedien-te de que se trata.

b) Ninguna, por cuanto este tipo de apoderamiento debe efectuarse a través de poder notarial.

c) Que el Sr. X renuncia al procedimiento.

d) Que desiste de dicho procedimiento.

3. En materia de representación, la LPACAP incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, y entre ellos se puede citar:

a) El envío de un correo electrónico.

10

b) La acreditación de su inscripción mediante un archivo electrónico de apode-ramientos.

c) La acreditación de su inscripción en el registro físico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente.

d) El apoderamiento apud acta, presencial o electrónico.

4. Cada Administración Pública debe contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicación del principio de:

a) Solidaridad, reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

b) Eficiencia, reconocido en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) Eficiencia, reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

d) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públi-cas, de

acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5. ¿Cuándo se exigirá la firma electrónica del interesado en un procedimiento administrativo?

a) Siempre.

b) Solo cuando lo establece la Ley.

c) Solo, en asuntos de interés público.

d) Cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

6. ¿Actuó correctamente la Administración al efectuar al Sr. X el requeri-miento?

a) Sí, al poderse entender con cualquiera de los comparecientes en el expediente.

b) No, dado que debía haber requerido al representante.

c) Sí, puesto que en primer lugar debe dirigirse al interesado.

d) No, puesto que debería haber hecho público el requerimiento.

7. A salvo de que se establezca, como en el caso que nos ocupa, un plazo espe-cial, el plazo general para que se entienda producida la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo es de:

a) Tres meses.

b) Un mes.

c) Un año.

d) Seis meses.

8. Los requisitos y efectos de la caducidad se encuentran regulados en:

a) El artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) El artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) El artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

d) El artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

11

9. Consumido el plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará:

a) El archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

b) La prescripción de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

c) La nulidad de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

d) El anulación de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

10. Contra la resolución que declare la caducidad:

a) No cabe recurso alguno.

b) Procederán los recursos pertinentes.

c) Solo se podrá exigir responsabilidad patrimonial.

d) Solo se podrá instar el recurso de amparo.

11. Si el requerimiento que efectuó la Administración se hubiera efectuado co-rrectamente, sin haberse cumplido por el particular, y se refiriera al cum-plimiento de trámites que no son indispensables para dictar la resolución:

a) Procedería la declaración de caducidad.

b) No tendría derecho la Administración a declarar la caducidad.

c) No hubiera sido necesario ni siquiera esta declaración.

d) Debería haberse efectuado un nuevo requerimiento.

12. La inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al trámite, de conformidad con:

a) El artículo 53 de esta LPACAP

b) El artículo 63 de esta LPACAP

c) El artículo 73 de esta LPACAP

d) El artículo 83 de esta LPACAR

13. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no in-terrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la pres-cripción:

a) Podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones y audiencia al interesado.

b) Podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

c) No podrán incorporarse ninguno de los actos y trámites realizados antes haberse producido la caducidad.

12

d) Podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido pueda conside-rarse similar a los efectuados antes de producirse la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse, obligatoriamente, la au-diencia al interesado.

14. Pese a que haya motivo para declarar la caducidad, podrá continuarse el procedimiento y por tanto, no será aplicable la caducidad:

a) En ningún caso.

b) Cuando se recurra la caducidad por el particular exclusivamente. c) Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general.

d) Las respuestas b y c son ciertas.

15. Los procedimientos caducados, a efectos de la prescripción de las acciones:

a) La interrumpen.

b) No interrumpen el plazo de la misma.

c) Provocan que se entienda vencido el plazo de prescripción.

d) Nada de lo expuesto es cierto.

13

SUPUESTO N.º 4

DERECHO ADMINISTRATIVO

El Sr. X efectuó, el 2 de agosto de 1999, una solicitud a la Administración en un asunto de su competencia, presentando para ello la documentación requerida por la normativa general aplicable al caso.

Al transcurrir el plazo legal previsto para resolver dicha solicitud –estipulado en un mes–, sin que por la Administración se resolviera la misma, el Sr. X solicitó el perti-nente certificado del silencio administrativo, que le fue expedido por la Administra-ción en el plazo de veinticinco días, haciéndole notar que había recaído silencio ad-ministrativo positivo, por lo que debía entender concedido lo solicitado.

Al ir a ejercer el Sr. X su derecho ante la propia Administración, se le indicó que, pe-se al certificado en su día expedido, el órgano competente para resolver la solicitud había resuelto expresamente este expediente diez días después de aquella expedición, denegando la solicitud por entender que podría contravenir la legislación vigente, de todo lo cual se le iba a dar cuenta a través de la pertinente notificación.

Por ello, debía entender denegada su solicitud, absteniéndose de realizar cualquier conducta en ejercicio de su pretendido derecho.

Cuestiones

1. El interesado podrá pedir el certificado del silencio administrativo en cual-quier momento. El plazo legal para expedir el certificado del silencio admi-nistrativo se computa:

a) Desde que se produjo el silencio administrativo.

b) Desde el momento en que se solicita cualquier persona.

c) Desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

d) Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al in-teresado para entender la solicitud:

a) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

b) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuan-do el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la

14

ley que disponga el carácter estimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

c) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma, con independencia del rango o un Tratado Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestima-torio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

d) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuan-do el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

3. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución ex-presa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración:

a) Concediendo lo solicitado por el particular. b) Confirmando la desestimación en todo caso.

c) Sin vinculación alguna al sentido del silencio.

d) Cometiendo una ilegalidad, pues no debe resolver.

4. Si no se expide, dentro de plazo, el certificado del silencio administrativo:

a) Se incurre en irregularidad.

b) El silencio administrativo, si era negativo, se reconvierte en positivo.

c) El particular deberá denunciar la mora y solicitar un nuevo certificado.

d) Nada de lo expuesto es correcto.

5. El plazo fijado por la Ley para la expedición del certificado del silencio ad-ministrativo es de:

a) Dos meses.

b) Veinte días.

c) Quince días.

d) Igual al que tuvo la Administración para concluir el expediente.

6. El órgano administrativo, una vez producido el silencio administrativo, de-be resolver la primitiva solicitud del particular:

a) Hasta que expire el plazo para emitir el certificado del silencio administrativo.

b) Hasta el momento en que el particular pida esta expedición.

c) Hasta que el particular haga valer el certificado ante la Administración o ante una instancia jurisdiccional.

d) Siempre.

15

7. ¿Puede el órgano resolver el expediente tras la expedición de este certifica-do basándose en la obligación legal de resolver todo expediente?

a) Sí.

b) Nunca.

c) Solo cuando se vaya a acceder a la primitiva solicitud del particular.

d) Exclusivamente, cuanto así se le inste por una instancia judicial.

8. La resolución posterior a la expedición del certificado, en el supuesto que tratamos, comporta, en principio:

a) El cumplimiento de una obligación legal.

b) Su nulidad absoluta.

c) Una mera irregularidad.

d) Una simple infracción administrativa.

9. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto:

a) Solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silen-cio.

c) Solo podrá dictarse de ser desestimatoria del silencio administrativo.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

10. En este supuesto, al resolver en sentido negativo a lo que previamente había estimado concedido por silencio administrativo positivo, la Administración ha incurrido en:

a) Un supuesto de nulidad de pleno derecho.

b) Un claro vicio de anulabilidad.

c) Desviación de poder.

d) Nada de lo anterior.

11. Y, además, ha efectuado:

a) Una revocación de un acto no declarativo de derechos.

b) La subsanación de un simple error formal.

c) Una conversión del acto presunto.

d) Una revisión de oficio de un acto declarativo de derechos sin seguir el proce-dimiento legalmente previsto al efecto.

12. Los efectos de un acto nulo, cuando se inste y se resuelve la nulidad, se pro-ducen:

a) Desde el momento mismo en que se dictó, al tratarse de una nulidad absoluta o de pleno derecho.

b) Desde que se acuerde la anulación del acto viciado.

c) Desde que se notifique el acuerdo a que se refiere el apartado anterior.

d) Desde el momento que se señale en el acuerdo de anulación del acto.

16

13. La Administración fundamenta el acto en que la primitiva solicitud del Sr. X «podría contravenir la legislación vigente». De esta forma, se omite la preceptiva motivación del acto. El acto expreso que omite la motivación es:

a) Anulable.

b) Nulo de pleno derecho.

c) Solo irregular.

d) Perfectamente justificado.

14. Si el órgano que dictó el acto es de los que agotan la vía administrativa, al Sr. X solo le queda, para hacer valer su derecho:

a) Ejercerlo por sí mismo, ante la nulidad manifiesta del acto.

b) Recurrir al Defensor del Pueblo.

c) Interponer recurso de reposición.

d) Reclamar directa y exclusivamente ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

15. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser objeto de recurso contencioso–administrativo:

a) Cuando se haya resuelto expresamente el recurso de alzada o se haya produ-cido la desestimación presunta del recurso de alzada.

b) Solo cuando se haya resuelto expresamente el recurso de alzada.

c) Cuando se haya resuelto expresamente el recurso potestativo de reposición o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-puesto.

d) Solo cuando se haya resuelto expresamente el recurso potestativo de reposi-ción.

17

SUPUESTO N.º 5


Sr. X presentó, el día 2 de julio de 1999, en la Oficina de Correos de su localidad de residencia, un recurso administrativo de alzada contra la resolución de un Delegado Provincial de una Consejería de su Comunidad Autónoma.

Transcurridos cuatro meses desde la presentación de este recurso, sin obtener res-puesta al mismo, el Sr. X solicitó del órgano ante el que interpuso el recurso la expe-dición del pertinente certificado del silencio administrativo, contestándosele que no había recaído resolución por cuanto el recurso se había presentado fuera de plazo, da-do que su escrito se recibió en el citado órgano el día 4 de julio y el plazo de interpo-sición finalizó el día 3 de julio.

Cuestiones

1. El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que:

a) Agotan la vía administrativa.

b) No agotan esta vía.

c) Dicta la Administración actuando como persona de Derecho Privado.

d) Son firmes.

2. El plazo para presentarlo es de:

a) Dos meses.

b) Cuatro años desde que se notificó el acto recurrido.

c) Un mes, si el acto es expreso.

d) Quince días.

3. La presentación de este recurso puede efectuarse ante:

a) El mismo órgano que dictó el acto.

b) El superior jerárquico del anterior.

c) La jurisdicción contencioso–administrativa.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4. En el caso de que este recurso se presente ante el mismo órgano que dictó el acto, este debe:

a) Resolverlo.

b) Desestimarlo por indebida interposición.

c) Remitirlo, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente, al superior jerárquico que debe resolverlo.

d) No admitir esta presentación, remitiendo al interesado al superior jerárquico.

5. La resolución de este recurso compete, como regla general, al/a la:

a) Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

b) Superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.

c) Propio órgano que dictó el acto.

d) Indistintamente, a los dos últimos.

18

6. Si el órgano que dictó el acto hubiere sido un Tribunal de Oposiciones, a efectos de este recurso:

a) No cabe interponerlo, al agotar con sus resoluciones la vía administrativa.

b) Debe resolverlo el Presidente del mismo.

c) Puede interponerse este recurso.


7. En el caso de que sea cierta la respuesta del apartado c) de la pregunta an-terior, el recurso de alzada debe resolverlo:

a) El Presidente del Tribunal, como se expuso.

b) La Autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

c) El propio Tribunal, colegiadamente.

d) Nadie, pues no es cierta dicha respuesta.

8. El recurso de alzada puede basarse:

a) En nulidad absoluta del acto dictado.

b) Solo en motivos tasados señalados por el ordenamiento.

c) En la anulabilidad del acto.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

9. Si el recurrente alega un vicio del acto motivado por su propia conducta:

a) Debe tenerse en cuenta y anular el acto al resolverlo.

b) Al resolver el recurso se ponderará este pormenor.

c) No puede hacerlo por prescripción legal.

d) Nada de lo expuesto es correcto.

10. El plazo para resolver este recurso es de:

a) Dos meses.

b) Un mes.

c) Un año.

d) Tres meses.

11. Si no se resuelve en dicho plazo, se entiende, como regla general, que:

a) Se ha desestimado el mismo.

b) Recae silencio positivo.

c) Debe esperar el particular a la resolución para acudir a la vía contencioso–administrativa.

d) Se convalida por el superior el acto impugnado.

12. Se prevé que el silencio en la resolución del recurso sea positivo:

a) Cuando la impugnación se dirija contra un acto presunto.

b) En todo caso.

c) En ningún caso.

d) Si la impugnación se basa en un supuesto de nulidad de pleno derecho.

19

13. ¿Es correcta la afirmación de que no se había contestado por haberse pre-sentado fuera de plazo?

a) No, porque la Administración, al margen de la presentación extemporánea, está obligada a resolver, aunque sea desestimando el recurso por extemporá-neo.

b) Sí, sin necesidad de que la Administración resuelva el recurso.

c) Sí, pero debería haber resuelto expresamente.

d) Nada de lo expuesto es cierto.

14. ¿Realmente se presentó fuera de plazo este recurso?

a) Sí, al computarse el plazo desde el momento en que llega el escrito de recurso a la Administración.

b) Sí, al deberse entender que el recurso debería haber llegado a la Administra-ción el mismo día 2 de julio.

c) No, dado que la presentación del escrito en Correos, a los efectos administra-tivos, vale como si se hubiera presentado en la misma Administración.

d) Sí, porque la presentación en Correos debería haberse efectuado en una Esta-feta de Correos del lugar de destino del recurso.

15. En el caso propuesto, y como regla general, tratándose de un recurso contra un acto de un Delegado Provincial de una Consejería, debe resolverse por el:

a) Correspondiente Delegado Provincial que coordine a la Administración Peri-férica de la Comunidad Autónoma en la Provincia.

b) Director General competente en la materia. c) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

d) Consejero correspondiente.

20

SUPUESTO N.º 6


El Sr. X dirigió, el 7 de junio de 1999, una solicitud a la Consejería de su Comunidad Autónoma competente en materia de Urbanismo, presentándola de manera presencial en la oficina de asistencia en materia de registro más próxima a su domicilio.

Tras transcurrir cuatro meses sin recibir contestación a la misma, el Sr. X solicitó de la Consejería la expedición de una certificación sobre el silencio producido, ante lo que la citada Consejería le remitió un escrito firmado por el Consejero en el que le hacía notar que:

a) No había tenido entrada en dicha Consejería la solicitud referenciada.

b) Aun cuando la hubiera tenido, no sería admisible, por cuanto el plazo para presentar solicitudes como la suya concluyó el mismo día 7 de junio de 1999, por lo que hubiera llegado fuera de plazo a la Consejería.

c) Por otra parte, al tratarse de una cuestión en la que se ejerce una potestad dis-crecional, la Administración no está obligada a contestar a la solicitud, que-dando solo impelida a acusar recibo de la petición del particular.

d) Contra este escrito de la Consejería, se faculta al Sr. X a interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno y posterior recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos meses desde la resolución expresa del de al-zada o de su resolución presunta.

Cuestiones

1. ¿Es correcta la presentación de la solicitud en la oficina de asistencia en materia de registro?

a) No, al tratarse de un Organismo distinto al que se dirige el escrito.

b) Solo en el supuesto de que hubiera mediado Convenio entre la Consejería y la oficina de asistencia en materia de registro.

c) Sí, dado que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse, entre otros registros y oficinas, en las oficinas de asistencia en materia de registro.

d) No, dado que la única función de las oficinas de asistencia en materia de re-gistro es otorgar el apoderamiento apud acta, mediante comparecencia elec-trónica o personal.

2. La oficina de asistencia en materia de registro, ante esta solicitud, debió:

a) Entrar a conocer del asunto.

b) Cursarla a través de correo certificado, sin registrarla.

c) Digitalizar la solicitud, registrarla y cursar sin dilación la solicitud a su desti-natario.

d) No admitirla, derivando al Sr. X al órgano correspondiente de la Administra-ción Autónoma.

21

3. ¿Qué artículo hace referencia a los registros y a la posibilidad de presentar los documentos en las oficinas de asistencia en materia de registro?

a) El 12 de la LPACAP.

b) El 14 de la LPACAP.

c) El 16 de la LPACAP.

d) El 18 de la LPACAP.

4. ¿Tiene razón el Consejero en cuanto a la presentación extemporánea?

a) No, al estimarse que la solicitud tiene entrada en la Consejería el mismo día en que se presentó en la oficina de asistencia en materia de registros.

b) Sí, puesto que, de haberse remitido por la oficina de asistencia en materia de registros y recibido en la Consejería, se hubiera sobrepasado el plazo de pre-sentación de la misma.

c) Sí, porque la solicitud, al concluir el plazo el día 7, debió presentarse antes de que llegara dicho día.

d) Sí, dado que se debió presentar un día antes en la oficina de asistencia en ma-teria de registro, para que la oficina hubiese tenido 24 horas para remitir la so-licitud, en plazo, a la Consejería.

5. ¿Se ajusta a Derecho lo señalado por la Consejería en el apartado c) de su escrito?

a) Sí, al tratarse de una potestad discrecional. b) Sí, puesto que la Administración solo está impelida a acusar recibo de las so-

licitudes.

c) No, puesto que hay obligación de tramitar la solicitud. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimien-tos cualquiera que sea su forma de iniciación.


6. ¿Obró correctamente el Sr. X. al solicitar el certificado del silencio adminis-trativo?

a) Sí, puesto que no se resolvió su solicitud en plazo.

b) No, puesto que debería haber esperado a la resolución de la solicitud.

c) Para hacer valer sus derechos es indiferente que se recabe o no este certifica-do.

d) No, porque el certificado debería haberlo pedido a la oficina de asistencia en materia de registro.

7. A falta de previsión legal en contrario, el plazo máximo para resolver los procedimientos es de:

a) Seis meses.

b) Un año.

c) Tres meses.

d) Un mes.

22

8. La regla general en nuestro Derecho respecto a los efectos de la no resolu-ción dentro de plazo es el/la:

a) Caducidad del expediente.

b) Silencio negativo o desestimatorio.

c) Silencio positivo o estimatorio.

d) Perecimiento del derecho de que se trate.

9. ¿Para qué sirve el certificado del silencio administrativo?

a) Para la validez del acto. El certificado acreditativo del silencio es el único medio para acreditar el silencio producido.

b) Para acreditar la existencia del silencio. En todo caso, la existencia del silen-cio puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido.

c) Para exigir responsabilidad a la Administración.

d) Para todo lo anterior.

10. El certificado del silencio administrativo debe emitirse en el plazo máximo de:

a) Un mes.

b) Veinte días hábiles.

c) Veinte días naturales.

d) Quince días hábiles.

11. Contra los actos de los Consejeros, como el que nos ocupa, a salvo de previ-sión legal especial, el recurso procedente en vía administrativa es el:

a) De alzada ante el Consejo de Gobierno.

b) De revisión en cualquier caso.


d) De reposición.

12. Si en la notificación del acto se indica como recurso posible a interponer un recurso que no procede y el particular lo presenta:

a) Se le desestimará.

b) Al ser el error imputable a la Administración, el particular no puede ver per-judicados sus derechos. El error en la calificación del recurso por parte del re-currente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su ver-dadero carácter.

c) Deberá entrarse a resolver el recurso propuesto, dado que, el error en la califi-cación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramita-ción.

d) Nada de lo anterior es correcto.

23

13. El plazo establecido para la interposición del recurso contencioso–administrativo en caso de resolución presunta del previo recurso adminis-trativo, es de:

a) Un año.

b) Seis meses desde que se produjo el silencio administrativo.

c) Dos meses desde que se debió resolver el recurso de alzada.

d) Ninguno, pues hay que esperar a la resolución expresa.

14. La notificación del Consejero adolece del siguiente defecto formal:

a) No indica correctamente qué recurso es posible contra el acto resolutorio del recurso de alzada.

b) Omite el órgano ante el que debe interponerse el recurso contencioso–administrativo.

c) No indica el lugar al que hay que dirigir el recurso.

d) Todos los anteriores son defectos formales.

15. La notificación defectuosa se subsana automáticamente y surtirá efectos:

a) Cuando el interesado deja transcurrir seis meses sin protestarla. b) Al notificarse personalmente al interesado. c) Cuando el interesado efectúa actuaciones que supongan el conocimiento del

contenido de la resolución, siempre que la notificación contenga el texto ínte-gro del acto, aunque omitiese alguno los demás requisitos previstos en el art. 40 de la LPACAP

d) En todos los casos anteriores.

24

SUPUESTO N.º 7


El Ayuntamiento de X, de un Municipio de régimen común, realizó una contratación directa, a través del procedimiento negociado, para adquirir unas colecciones biblio-gráficas para los Colegios Públicos de EGB del Municipio, por importe de 60.000 eu-ros, adjudicando el contrato a la Editorial X, en cuyo fondo bibliográfico se encontra-ban, en exclusiva, los títulos que deseaba adquirir.

La Editorial Y, por su parte, conocedora de esta contratación, impugnó el acuerdo de adjudicación, alegando que:

a) Por razón de la cuantía no es posible esta contratación directa.

b) Debería haberse seguido un mecanismo de licitación pública o de consulta, al menos, a tres Editoriales.

c) La Editorial X no se encontraba al corriente de pagos con la Tesorería Gene-ral de la Seguridad Social, según acreditaba con certificación al efecto.

d) Como consecuencia de lo anterior, el contrato adolecía de vicios de anulabili-dad y de nulidad de pleno derecho.

Cuestiones

1. La competencia originaria para contratar la ostenta en un Ayuntamiento de un Municipio de régimen común el/la:

a) Presidente.

b) Junta de Gobierno Local.

c) Pleno.

d) Presidente o Pleno, en función de la cuantía.

2. ¿Es delegable esta competencia?

a) Sí, con autorización del propio Pleno.

b) No. Los órganos de contratación no podrán delegar o desconcentrar sus com-petencias y facultades en esta materia, salvo en casos de extraordinaria nece-sidad.

c) Sí. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus compe-tencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y forma-lidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias.

d) Solo en órganos colegiados.

3. ¿Qué tipo de contrato es el celebrado con la Editorial X?

a) De suministro.

b) De obras.

c) De servicio público.

d) Innominado.

25

4. Este contrato se considera de carácter:

a) Administrativo.

b) Privado.

c) Mixto.

d) Especial.

5. Los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el procedimiento negociado cuando su valor estimado sea:

a) Inferior a 30.050,61 euros.

b) Inferior a 60.101,21 euros.

c) Inferior a 48.080,97 euros.

d) Inferior a 100.000 euros.

6. Se consideran contratos menores:

a) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

b) Los contratos de importe inferior a 100.000 euros, cuando se trate de contra-tos de obras, o a 30.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

c) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

d) Los contratos de importe inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios, o a 30.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

7. La celebración de un contrato con quien no esté al corriente de pagos con la Seguridad Social provoca que:

a) El contrato celebrado sea nulo de pleno derecho.

b) Se incurra en una causa de anulabilidad.

c) Deba exigirse, con posterioridad, al contratista la normalización de su situa-ción deudora.

d) La Administración asuma las deudas del contratista.

8. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes:

a) Es un vicio que podrá convalidarse.

b) A efectos del contrato, es irrelevante.

c) Es una de las prohibiciones de contratación, por lo que los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar con personas en dichas cir-cunstancias.

d) Es un vicio subsanable con posterioridad.

26

9. En el marco de la contratación con el sector público, se considerará que las empresas se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social:

a) Solo cuando las deudas se encuentran pagadas en plazo y forma.

b) Cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

c) Desde el momento en que se presenten los documentos de liquidación de las citadas obligaciones, aun cuando no se hubiera procedido al pago.

d) Desde el momento que se hubiese solicitado el aplazamiento o fraccionamien-to de tales deudas.

10. Si la adjudicación del contrato se efectuó por el órgano del Ayuntamiento que tiene atribuida originariamente la competencia, la Editorial Y pudo presentar el siguiente recurso en vía administrativa:

a) De revisión.

b) De reposición.

c) De alzada.

d) Contencioso–administrativo.

11. El plazo para interponer dicho recurso es de:

a) Dos meses.

b) Un año.

c) Un mes.

d) Quince días.

12. Si, por el contrario, el contrato se adjudicó por otro órgano del Ayunta-miento actuando por delegación del anterior, el recurso a presentar hubiera sido el/el de:

a) De reposición.

b) De alzada.


d) Revisión.

13. Como regla general, los contratos administrativos deben formalizarse en:

a) Documento privado.

b) Escritura pública.

c) Documento administrativo.

d) Papel de pagos al Estado.

14. Los entes, organismos y entidades del sector público:

a) Podrán contratar verbalmente o por escrito. b) Solo podrán contratar verbalmente, en caso de contratos menores.

c) No podrán contratar verbalmente, salvo en casos de interés general.

d) No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

27

15. Entre las causas de resolución de los contratos del sector público podemos citar:

a) La decisión unilateral de la Administración, por razones motivadas.

b) El incumplimiento de cualquier obligación contractual establecida en los plie-gos o en el contrato.

c) La posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.

d) Las que se señalen específicamente y reglamentariamente para cada categoría de contrato.

28

SUPUESTO N.º 8


El Sr. X solicitó, el 2 de junio de 2002, del Ayuntamiento de Z una subvención para desarrollar una actividad cultural, remitiéndose este escrito a la Concejalía–Delegada de Cultura, que se declaró incompetente, devolviendo el escrito al Registro General del Ayuntamiento.

Por el Registro, a la vista de lo anterior, se envió la solicitud a la Concejalía–Delegada de Turismo, también del Ayuntamiento, que, asimismo, se declaró incom-petente, devolviendo el escrito al citado Registro, cuyo responsable, ante ello, lo re-mitió directamente al Alcalde, quien resolvió sobre estos pormenores.

Al tramitarse la solicitud, se abrió un período de información pública de diez días, dado el interés general de la actividad a desarrollar, presentándose una alegación de la Asociación Cultural W, de la ciudad, oponiéndose a la concesión de la misma, toda vez que a ella se le había negado en otra ocasión para una actividad similar.

El órgano competente, sometió esta alegación a informe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento, que lo evacuó en el plazo de tres meses, proponiendo la estimación de la alegación, pese a lo cual el citado órgano concedió lo solicitado, comunicándolo así al interesado y archivando el expediente. Al tener conocimiento de esta concesión, con motivo de desarrollo de la actividad, en cuyos carteles anunciados se indicaba el patrocinio del Ayuntamiento, la Asociación Cultural W recurrió el acto, notificándo-sele la inadmisibilidad del mismo por no ser parte interesada, sin especificación de qué otro recurso era posible presentar contra esta desestimación.

Cuestiones

1. La apertura de información pública en la tramitación de un procedimiento administrativo:

a) Debe instarse por el particular interesado.

b) Es obligatoria para la Administración.

c) No procede en caso alguno.


2. ¿Qué órgano puede acordar el período de información pública en un pro-cedimiento administrativo?

a) El órgano inferior al que corresponda la resolución del procedimiento.

b) El órgano que instruye el procedimiento, que será siempre distinto al que co-rresponda la resolución del procedimiento.

c) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.

d) El órgano encargado, exclusivamente, de evacuar el trámite de audiencia.

29

3. Cuando se acuerde su apertura del trámite de información pública, el plazo para formular alegaciones en ningún caso podrá ser inferior a:

a) Veinte días.

b) Un mes.

c) Diez días.

d) Quince días.

4. En el caso que comentamos, la concesión de diez días como plazo de infor-mación pública:

a) Comporta un vicio de nulidad de pleno derecho.

b) Solo puede dar lugar a la anulabilidad del acto.

c) Supone una mera irregularidad.

d) Está correctamente hecha.

5. Si un particular efectúa alegaciones en un período de información pública:

a) Automáticamente ha de ser considerado como interesado en el expediente de que se trate.

b) Solo se le serán tenidas en cuenta cuando previamente ostente la condición de interesado.

c) No tiene derecho a respuesta alguna por la Administración.

d) No adquiere por este mero hecho la condición de interesado.

6. El informe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento es:

a) Preceptivo y no vinculante, dado que salvo disposición expresa en contrario, los informes en un procedimiento administrativo serán preceptivos y no vin-culantes.

b) Facultativo y vinculante, dado que los informes que se soliciten en un proce-dimiento administrativo serán facultativos y vinculantes.

c) Facultativo y no vinculante, dado que salvo disposición expresa en contrario, los informes en un procedimiento administrativo serán facultativos y no vin-culantes.

d) Preceptivo y vinculante, dado que los informes que se soliciten en un proce-dimiento administrativo serán preceptivos y vinculantes.

7. En el marco de la instrucción del procedimiento, la LPACAP regula los in-formes en:

a) Los artículos 75 y 76 de la LPACAP b) Los artículos 77 y 78 de la LPACAP c) Los artículos 79 a 81 de la LPACAR d) Los artículos 82 y 83 de la LPA-CAP.

8. Cuando se recabe un informe de un órgano consultivo y no esté establecido otro plazo por disposición expresa, deberá evacuarse en el plazo máximo de:

a) Dos meses.

b) Ocho días.

30

c) Diez días.

d) Un mes.

9. Si no se evacua en dicho plazo, y el dictamen tampoco es determinante para la resolución del procedimiento, la Administración:

a) Paralizará el procedimiento hasta que lo reciba.

b) Podrá continuar el procedimiento, pero sin resolver hasta que le llegue dicho informe.

c) Podrá proseguir las actuaciones, al margen del informe.

d) Dará cuenta al Ministerio Fiscal por si esta conducta fuere constitutiva de de-lito.

10. El informe emitido fuera de plazo:

a) No será tenido en cuenta a la hora de adoptar la correspondiente resolución.

b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

c) Supondrá la paralización del procedimiento en la fase que se encuentra, para pro

ceder a su estudio.

d) Debe ser tenido en cuenta, siempre que no se haya resuelto el procedimiento.

11. En el caso de procedimientos de responsabilidad patrimonial, la solicitud del informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta le-sión indemnizable:

a) Será preceptiva, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

b) Será facultativa, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.

c) Será preceptiva, no pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión.

d) Será facultativa, no pudiendo exceder de treinta días el plazo de su emisión.

12. En relación con el precedente administrativo, nos preguntamos qué ocurre cuando se presente un supuesto similar a aquel en que se decidió en un sen-tido determinado, ejerciendo una potestad discrecional:

a) Que vincula a la Administración.

b) Que solo obliga a la Administración, como regla general, a motivar el acto cuando se aparte de dicho precedente, dado que los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consul-tivos deben ser motivados.

c) Que si la Administración se aparta del mismo, en cualquier caso, incurre en nulidad absoluta.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

13. En el caso propuesto, a efectos notificatorios de la concesión de la subven-ción al Sr. X, respecto de la Asociación Cultural W:

a) No era necesario notificársela.

b) Bastaba con la publicación de dicha concesión.

c) Era preceptiva para la Administración.

d) Debería haberse efectuado con carácter previo a la concesión.

31

14. Si la subvención se concedió por una de las Concejalías–Delegadas señala-das, el recurso que podía presentar la Asociación Cultural contra el acto de concesión era el:

a) Contencioso–administrativo.

b) Económico–administrativo.

c) De reposición.

d) De alzada.

15. En los procedimientos administrativos, ¿se podrá prescindir del trámite de audiencia?

a) Nunca.

b) Sí, cuando lo considere oportuno el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.

c) No, salvo en casos de urgencia en la resolución del procedimiento y siempre motivadamente por el órgano al que corresponda la resolución del procedi-miento.

d) Sí, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

32

SUPUESTO N.º 9


D. Canuto García Pintor, con DNI 27.497.746, natural de Olula del Río, de Almería, de profesión transportista, posee una flota de vehículos dedicados al transporte nacio-nal e internacional de mercancías.

En abril de 2016, D. Canuto adquiere una nueva cabeza tractora con matrícula AL–7433–AC y un semirremolque matrícula AL–0036–R. Antes de iniciar la actividad con el citado vehículo, D. Canuto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, y el Real Decreto 121111990, de 28 de septiembre, presentó el día 2 de mayo, en la Subdelegación del Gobierno de Almería, una solicitud de autorización administrativa para poder realizar transporte internacional de mercancías y ser inscrito en la Subsección de Empresas de Transporte Internacional de Mercancías del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte (RETIM) de la Dirección General de Trasportes Terrestre del Ministerio de Fomento.

Al respecto de este procedimiento debe tenerse presente que, aunque la competencia corresponde, conforme al Decreto que regula la estructura y competencias del Minis-terio de Fomento, al Director General de Transporte Terrestre, dicha competencia se encuentra delegada en los Subdelegados del Gobierno de las provincias, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado, sin que se haya revocado tal delegación.

Tres días después de haber presentado la solicitud, D. Canuto se personó ante el Jefe de Sección de Concesiones y Autorizaciones de la Dependencia de Transportes de la citada Subdelegación, acompañado por un amigo, para informar al funcionario que, debido a que en el mes de mayo se desarrollaría la campaña internacional del trans-porte de la fresa (en la actualidad es trabajador por cuenta ajena en la empresa CA-RRION), se ausentaría de su domicilio habitual, por lo que solicitaba que, durante su ausencia, la Subdelegación del Gobierno de Almería tratara con el amigo acompañan-te, Pedro Capote Cañabel, cualquier problema que pudiera acaecer durante la tramita-ción de la solicitud de autorización.

El Jefe de Sección de Concesiones y Autorizaciones, pese a tomar nota de las instruc-ciones de D. Canuto García Pintor y los datos personales de D. Pedro Capote Caña-bel, requirió al primero para que, en un plazo de diez días, presentase nueva docu-mentación necesaria (Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos correspondiente a la cabeza tractora y el seguro del semirremolque) para llevar a cabo la tramitación de su solicitud, indicando que, en caso de no hacerlo, daría lugar a la desestimación de la misma.

Como D. Canuto García Pintor no se encontraba en su domicilio habitual, la Admi-nistración, al no atenderse al requerimiento de subsanación de la solicitud, desestimó la misma. Lo que comunicó a D. Pedro Capote Cañabel cuando se presentó 25 días después, ante la Subdelegación del Gobierno de Almería, para indagar sobre la trami-tación del expediente.

33

D. Pedro Capote comunicó lo ocurrido al solicitante, que se encontraba en ruta en la ciudad de Valencia. D. Canuto, al conocer tales circunstancias, presentó un recurso administrativo de alzada el día 2 de junio de 2016, en la Oficina de Correos de Va-lencia, contra la desestimación de su solicitud por el Subdelegado del Gobierno de Almería.

Transcurridos tres meses y un día desde la presentación del recurso sin obtener res-puesta del mismo, D. Canuto García Pintor solicitó, al órgano ante el que se interpuso el recurso, la expedición de la pertinente certificación de acto presunto. El citado ór-gano contestó que no había recaído la correspondiente resolución porque el recurso se había presentado fuera de plazo, dado que su escrito se recibió el día 3 de junio, y el plazo de interposición del mismo finalizó el día 2 de julio.

Cuestiones

1. ¿Qué efecto jurídico–administrativo tiene la comparecencia de D. Canuto García Pintor y de D. Pedro Capote Cañabel y la encomienda a este último de la responsabilidad del seguimiento del expediente?

a) Ninguna, por cuanto este tipo de apoderamiento debe efectuarse a través de poder notarial.

b) Que D. Canuto García Pintor renuncia al procedimiento.

c) Se otorga la representación del primero al segundo a los efectos del expedien-te de que se trata.

d) Que D. Canuto García Pintor desiste del procedimiento.

2. ¿Actuó correctamente la Administración al efectuar el requerimiento a D. Canuto García Pintor?

a) No, dado que debía haber requerido al representante.

b) No, puesto que debería haber hecho público el requerimiento.

c) Sí, puesto que en primer lugar debe dirigirse al interesado.

d) Sí, ya que no había ningún documento público.

3. Hay obligación de acreditar la representación cuando se actúa ante la Ad-ministración en nombre de otro en el siguiente caso:

a) Cuando se desiste de una acción.

b) Al presentar la solicitud.

c) Al interponer un recurso.

d) Las opciones a, b y c son correctas.

4. Para los actos y gestiones de mero trámite, la representación:

a) Debe acreditarse en documento público.

b) Debe acreditarse en documento privado.

c) No es un mecanismo válido.

d) Se presume.

34

5. El denominado «poder apud acta», a efectos de representación, en un pro-cedimiento administrativo, es el que:

a) Se otorga ante Notario.

b) Se realiza en documento privado.

c) Se efectúa ante el funcionario actuante, mediante comparecencia personal del representante y representado.

d) Se realiza ante el Registrador de la Propiedad.

6. Este poder debe quedar reflejado en un/a:

a) Acta notarial.

b) Documento privado.

c) Diligencia administrativa.

d) Registro público.

7. El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que:

a) Agotan la vía administrativa.

b) No agotan la vía administrativa.

c) Dicta la Administración actuando como Persona de Derecho Privado.

d) Causan firmeza en vía administrativa.

8. El plazo para presentarlo es de:

a) Dos meses desde que se notificó el acto recurrido.

b) Cuatro años desde que se notificó el acto recurrido.

c) Un mes desde que se notificó el acto recurrido.

d) Tres meses desde que se notificó el acto recurrido.

9. La presentación de este recurso puede efectuarse ante:

a) El mismo órgano que dictó el acto.

b) El órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

c) Necesariamente el órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

d) Las opciones a y b son correctas.

10. En el caso de que este recurso se presente ante el mismo órgano que dictó el acto, este debe:

a) Resolverlo.

b) Desestimarlo por indebida interposición.

c) Remitirlo, con su informe y una copia del expediente, al superior jerárquico que debe resolverlo.

d) Remitirlo, con su informe y una copia del expediente, al superior jerárquico para que le mande una propuesta de resolución.

11. La resolución de este recurso compete, como regla general, al/a la:

a) Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

b) Superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.

c) Propio órgano que dictó el acto.


35

12. El recurso de alzada podrá fundarse:

a) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en el artículo 62 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, a partir de 1 de octubre de 2016, en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimien-to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En cualquiera de los motivos de anulabilidad previstos en el artículo 63 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, a partir de 1 de octu-bre de 2016, en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedi-miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en el artículo 63 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, a partir de 1 de octubre de 2016, en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimien-to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Las opciones a y b son ciertas.

13. Si el recurrente alega un vicio del acto motivado por su propia conducta:

a) Debe tenerse en cuenta y anular el acto al resolverlo.

b) Al resolver el recurso se ponderará este pormenor.

c) No puede hacerlo por prescripción legal.

d) Se dará un trámite de audiencia al recurrente.

14. El plazo para resolver este recurso, cuando el acto fuera expreso, es de:

a) Dos meses.

b) Un mes.

c) Tres meses.

d) Seis meses.

15. Si no se resuelve en dicho plazo se entiende, como regla general, que:

a) Se ha desestimado el mismo.

b) Recae silencio positivo.

c) Debe esperar el particular a la resolución para acudir a la vía contencioso–administrativa.

d) Se ha producido la caducidad.

36

SUPUESTO N.º 10


El Boletín Oficial del Estado publica, el 21 de marzo de 2016, el decreto 16/2016, de 23 de enero, por el que se aprueba el VI Plan Estatal de Vivienda y Suelo para el cua-trienio 2016–2020.

En desarrollo de la citada normativa se publica, en el mismo Boletín Oficial y en la misma fecha, el Real Decreto 51 /2016, de 6 de febrero, por el que se regulan las ac-tuaciones con tenidas en el VI Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2016–2020 y, con fe-cha 31 de agosto de 2016, la orden de 2 de agosto de 2016, sobre Desarrollo y Trami-tación de los distintos programas de vivienda del IV Plan Estatal de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 2016–2020.

Dentro de los citados programas se encuentra el correspondiente a «Adquisición Pro-tegida de Viviendas a Precio Tasado», es decir, de viviendas que no superen un pre-cio previamente previsto por el Ministerio de Fomento. De acuerdo con la referida normativa:

El Decreto y la norma de desarrollo será de aplicación a las Comunidades Autónomas que no haya asumido competencias en su Estatutos de Autonomía y normativa de de-sarrollo en materia de vivienda y suelo.

Las solicitudes de visados de los contratos de compraventa correspondientes a Adqui-sición Protegida de Vivienda a Precio Tasado, y las solicitudes de ayudas económicas directas a los adquirentes de dichas viviendas, se presentarán conjuntamente, y se di-rigirán a las Subdelegaciones del Gobierno acompañadas de la siguiente documenta-ción:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante o, en su caso, de la representación que ostente.

b) Cinco ejemplares del contrato de compraventa.

c) Copia completa de la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físi-cas.

d) Certificado de la Delegación de Hacienda que acredite la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

e) Si se trata de vivienda libre, certificado expedido por técnico competente visado por el colegio profesional.

f) Nota simple del Registro de la Propiedad.

g) Declaración responsable de no ser titular del dominio o derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda de VPO ni, en su caso, sobre una vivienda libre en la misma localidad en que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegi-ble, cuando el valor de mercado de dicha vivienda libre exceda del 20 % del precio de la vivienda que se financia.

37

h) En el caso de financiación para el primer acceso ala vivienda en propiedad, de-claración responsable de no haber tenido vivienda en propiedad y certificación de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-taria.

i) Documentación acreditativa, en su caso, de la titularidad de la cuenta ahorro vi-vienda.

j) Certificado municipal de residencia o compromiso de destinarla vivienda a resi-dencia habitual.

La competencia para resolver el visado de los contratos, la concesión de la subsidia-ción del tipo de interés de los préstamos hipotecarios y las subvenciones personales solicitadas corresponden a los Subdelegados del Gobierno, siendo recurribles tales re-soluciones ante el Ministro de Fomento.

El Real Decreto 136/2014, de 7 de septiembre, establece que el plazo máximo para resolver las solicitudes de ayudas a los adquirentes de viviendas a precio tasado es de tres meses, y el efecto del silencio administrativo será desestimatorio.

D.° Concha Lucas Gracia y D. Francisco José Marín Lindón, adquieren una vivienda libre dentro del precio previsto en la normativa vigente para acogerse a las ayudas previstas en el programa de «Adquisición Protegida de Viviendas a Precio Tasado». Adquieren la vivienda con fecha 3 de enero de 2016, presentando la documentación requerida junto con la solicitud el 11 de enero de 2016. El matrimonio, tres años antes de la compra de la vivienda, había abierto en una entidad bancaria una «Cuenta Aho-rro Vivienda», por lo que, junto con la documentación exigida, aportó el certificado bancario que recogía la existencia de dicha cuenta y del dinero depositado en la mis-ma, lo que permitiría al matrimonio obtener un incremento de un 5 % de su subven-ción.

Al examinarse la solicitud de D. a Concha y de D. Francisco José se comprueba que no aportan:

– Certificado de la Delegación de Hacienda de la base imponible.

– Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Coope-ración Tributaria.

– El compromiso de destinarla vivienda a residencia habitual.

El funcionario encargado de la tramitación del expediente solicita informe de los dos organismos citados (Delegación de Hacienda y Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral de Almería), y requiere al interesado para que aporte la declaración de destinar la vivienda a residencia habitual.

La documentación requerida a D. a Concha y a D. Francisco José la presentan en el Ayuntamiento X de su provincia, Administración en la que presta servicios D.° Con-cha, y ello dentro del plazo requerido.

38

Una vez aportada la documentación requerida y solicitada a los Organismos citados, se dicta la Resolución del Subdelegado del Gobierno, la cuales notificada a D. Fran-cisco José, en la Diputación Provincial Y, lugar de trabajo de D. Francisco José, si bien, de la notificación se hizo cargo un compañero, al estar ausente D. Francisco Jo-sé de su puesto de trabajo, ya que el día de la notificación, el día 4 de abril, gozaba de un permiso por asuntos particulares.

Cuando se incorporó a su puesto de trabajo, el compañero le entregó la notificación de la resolución, en la que se le concedía la subsidiación de tipo de interés del prés-tamo cualificado y una subvención del 10 % del precio de la venta de la vivienda.

D.° Concha y D. Francisco José, no estando de acuerdo con la Resolución del Subde-legado del Gobierno, interponen el correspondiente recurso, al entender que la sub-vención debía de ser del 15 % del precio de venta, al haber sido titulares de una cuen-ta ahorro vivienda.

Cuestiones

1. Si la competencia para dictar las Resoluciones de ayudas a los adquirentes de viviendas a precio tasado corresponde a los Subdelegados del Gobierno, para que pueda dictar tales Resoluciones el Jefe de Servicio de Arquitectu-ra y Vivienda de la Subdelegación del Gobierno, será preciso que opere una:

a) Avocación.

b) Desconcentración.

c) Delegación.

d) Concentración.

2. Si no tiene lugar la técnica citada en la pregunta anterior, y la Resolución fuese dictada por el Jefe de Servicio de Arquitectura y Vivienda, se habría incurrido en una incompetencia:

a) Territorial.

b) Funcional.

c) Jerárquica.

d) Por razón de la materia.

3. En tal caso, es decir, si la Resolución fuese dictada por el Jefe de Servicio de Arquitectura y Vivienda, esta se consideraría:

a) Nula de pleno derecho y, por tanto, produciría efectos desde que se declarase.

b) Nula de pleno derecho por vicio de incompetencia.

c) Anulable y, por tanto, convalidable por el Delegado del Gobierno de la Co-munidad Autónoma en la provincia competente por razón del territorio, supe-rior jerárquico de aquel.

d) Anulable y, por tanto, convalidable por el Subdelegado del Gobierno compe-tente por razón del territorio, superior jerárquico de aquel.

39

4. La solicitud presentada por D.ª Concha y D. Francisco José el día 11 de ene-ro de 2016, la podrán presentar:

a) Únicamente en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno compe-tente por razón del territorio.

b) En el Registro General de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Au-tónoma en la provincia competente por razón del territorio.

c) En el Registro General de la Subdelegación del Gobierno competente por ra-zón del territorio.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

5. La información administrativa de carácter general en la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio, deberá de ser facilitada por:

a) La unidad o puesto de trabajo que singularmente pueda existir o la persona que la autoridad designe.

b) El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio.

c) El Jefe de Sección de Vivienda Libre y de Vivienda de Protección Oficial.

d) El Jefe de Negociado de Tramitación de Vivienda.

6. La información administrativa de carácter particular en la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio, sobre la documentación necesaria para la presentación de la solicitud, así como los requisitos técni-cos y jurídicos será facilitada por.

a) El Jefe de Servicio de Arquitectura y Vivienda.

b) El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio.

c) El Jefe de la Sección de Vivienda Libre y de Vivienda de Protección Oficial.

d) El Jefe de Negociado de Tramitación de Vivienda.

7. Presentada la solicitud por D.ª Concha y D. Francisco José, se observa que no presentan toda la documentación con la solicitud. ¿Qué plazo se le con-cederá para la subsanación de la solicitud?

a) 20 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) Un mes.

8. En el caso de que no subsanen la solicitud D. Francisco José y D.ª Concha se considerará que:

a) Se produce la caducidad.

b) Desisten de la solicitud.

c) Se reservan la posibilidad de presentar los recursos oportunos.

d) Se subsana transcurridos los 6 meses.

40

9. El requerimiento de subsanación de la solicitud presentada corresponderá:

a) Al Jefe de Servicio de Arquitectura y Vivienda.

b) Al Jefe de Negociado de Tramitación.

c) Al Jefe de Sección de Vivienda Libre y de Vivienda de Protección Oficial.

d) Al Secretario General de la Subdelegación del Gobierno competente por ra-zón del territorio.

10. La Delegación de Hacienda y la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Almería deberá evacuar los infor-mes solicitados en el plazo de:

a) 20 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) Un mes.

11. La documentación requerida a D.ª Concha y D. Francisco José la presentan en el Ayuntamiento X; ¿es correcta tal presentación?

a) No.

b) Sí.

c) Únicamente podrá presentarse en las Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía.

d) No, ya que no existe convenio de colaboración.

12. Ante la presentación de la documentación requerida, ¿cómo debe actuar el Ayuntamiento X?

a) No admitirla.

b) Admitirla y proceder a su archivo.

c) Admitirla y trasladarla al órgano competente.

d) Resolverla en el plazo de 6 meses.

13. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué plazo tiene el Subdelegado del Gobierno competente por razón del territorio, para dictar la Resolu-ción?

a) 3 meses.

b) 6 meses.

c) 1 año.

d) Un mes.

14. La notificación efectuada en el lugar de trabajo de D. Francisco José y de la que se hizo cargo un compañero será una notificación defectuosa, pero que-dará subsanada:

a) Por el transcurso del plazo de 6 meses.

b) Las notificaciones defectuosas no pueden subsanarse.

c) Por el transcurso del plazo de 3 meses.

d) Cuando D.ª Concha y D. Francisco José interpongan el recurso procedente.

41

15. Ante la falta de Resolución por parte del Subdelegado del Gobierno compe-tente por razón del territorio, se entenderá que la solicitud es:

a) Estimada.

b) Desestimada.

c) Caducada.

d) Confirmatoria.ª Concha y D. Francisco José contra la Resolución del Subde-legado del Gobierno competente por razón del territorio?

a) Recurso de alzada.

b) Recurso contencioso–administrativo.

c) Recurso ordinario.

d) Reclamación previa a la vía administrativa.

17. ¿Qué plazo tendrán para interponer el recurso citado?

a) 30 días naturales.

b) 1 mes.

c) 30 días hábiles.

d) 3 meses.

18. Interpuesto el recurso procedente y transcurridos 3 meses sin que el Minis-tro de Fomento lo resuelva:

a) Se entenderá desestimado el recurso.

b) Deberá interponerse el recurso de reposición.

c) Se entenderá estimado el recurso.

d) Se producirá la caducidad del procedimiento.

42

SUPUESTO N.º 11


El Boletín Oficial del Estado publica el 26 de marzo de 2016, el decreto–ley 1/2015, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de impulso a la Construcción Soste-nible y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2015 y 2016.

Dentro de los citados programas se encuentra el correspondiente a los incentivos diri-gidos a promover actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en edificios ubicados en las Comunidades Autónomas que no hayan asumido competencia en ma-teria de energía sostenible, a través de la realización de obras de rehabilitación, re-forma, adecuación al uso e instalaciones eficientes.

De acuerdo con la referida normativa, el procedimiento de concesión de incentivos se iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva por orden cronológico de entrada en el Re-gistro Telemático Único de la Administración del Estado.

La tramitación de las solicitudes se realizará utilizando solo medios electrónicos, ya que la solicitud de incentivo será presentada por las empresas colaboradoras en repre-sentación de las personas o entidades beneficiarias. Por ello se prevé la presentación exclusivamente en el Registro Telemático único de la Administración del Estado, a través de la siguiente dirección electrónica:

http://www.admondeestado.es/industriaenergiayturismo.

Las solicitudes de incentivo se ajustarán al formulario incorporado en el Anexo 111 del decreto ley e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Estatal de la Energía.

1.1. Solicitudes de importe inferior a 18.000 euros:

La empresa colaboradora solicitará, previamente a la presentación de la solicitud de incentivo, la correspondiente reserva de fondos.

a) La solicitud de reserva de fondos se realizará por vía telemática en la web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la que harán constar el número de identificación de la empresa colaboradora, DNI/NIE/NIF de la persona o entidad beneficiaria y la actuación e importe para la que se solicita el incentivo.

b) La Agencia Estatal de la Energía confirmará las reservas de fondos o informará, en su caso, sobre la no disponibilidad de fondos para hacer reservas el mismo día y en la misma forma solicitada.

c) Realizada la actuación, la empresa colaboradora, en el momento de facturar el bien o servicio, aplicará una reducción en el importe total de la factura equiva-lente al importe del incentivo.

43

d) La persona o entidad beneficiaria cumplimentará el Anexo 111 por el que se confiere la representación a la empresa colaboradora, se cede, en su caso, el derecho de cobro a la misma, y se solicita el incentivo.

El citado Anexo incorporará las declaraciones responsables de la persona o entidad beneficiaria sobre los siguientes extremos:

– Sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4 para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

– Sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a la cofinanciación mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

f) La empresa colaboradora anexará a la solicitud de incentivo copia de los si-guientes documentos acreditativos de los requisitos de la persona o entidad soli-citante del incentivo y de la justificación de la actuación incentivable:

1.º En el caso de personas físicas, el DNI/NIE. La presentación de la documen-tación acreditativa de la identidad solo será necesaria en el caso de que no se haya consentido su consulta a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.

4.º En los casos en que se requiera licencia urbanística municipal, comunicación previa de la correspondiente licencia o, en su caso, de la solicitud y conce-sión de la misma.

5.º Certificados acreditativos de que la persona o entidad solicitante del incenti-vo está al corriente de las obligaciones tributarias o frente ala Seguridad So-cial impuestas por las disposiciones vigentes.

6.º Factura o documento sustitutivo en los términos de la normativa aplicable en materia de facturación.

Al amparo de lo dispuesto en la ley de creación de la Agencia Estatal de la Energía, y en el decreto por el que se aprueban sus Estatutos, el órgano competente para la ins-trucción del procedimiento será la unidad directiva competente en materia de finan-ciación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía, y para la resolución del procedimiento de concesión de incentivos, la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Estatal de la Energía.

El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes a contar desde la presenta-ción de la solicitud de incentivo. La notificación de la resolución se realizará de for-ma telemática de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley 11/2007, de 22 de junio. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publi-cado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para en-tender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión del incentivo.

La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa.

44

D.ª Mónica Leal Campos y D. Francisco José Marín Lindón, realizan una rehabilita-ción de la terraza de su casa, realizando un acristalamiento de la misma, lo que impli-cará un ahorro energético considerable ya que la terraza la tiene unida al salón, ade-más de comunicar con los tres dormitorios de la casa.

Las obras de rehabilitación se realizan el día 14 de abril por la empresa CRISTAL PURO, S.A. empresa colaboradora acreditada para la tramitación de estos incentivos por un precio de 13.545 euros.

Para realizar la rehabilitación de la terraza fue necesaria la tramitación de una licencia de obra que solicitó el 7 de abril, es decir, una semana antes de la obra, en el Ayun-tamiento X, municipio donde se encuentra la vivienda.

Con fecha 16 de abril la empresa CRISTAL PURO, S.A. presentó como representan-te de D.ª Mónica y D. Francisco José la solicitud de incentivo en el Registro Telemá-tico único de la Administración de la Administración del Estado.

Al examinarse la solicitud de D.ª Mónica y de D. Francisco José se comprueba que no aportan:

– El DNI de D.ª Mónica, sin que se haya consentido su consulta a través del Siste-ma de Verificación de datos de Identidad.

– Licencia de obras.

– Certificado acreditativo de Francisco José de estar al corriente de las obligacio-nes tributarias con la Seguridad Social.

En la solicitud consta el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o de otras Administraciones Públicas toda la información o do-cumentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en po-der de aquellas.

El órgano encargado de la tramitación del expediente solicita informe de la Agencia Tributaria y al Ayuntamiento X, y requiere a la interesada para que aporte el DNI.

La documentación requerida a D.ª Mónica la presenta en el Ayuntamiento X, admi-nistración en la que presta servicios, y ello dentro del plazo requerido.

Una vez aportada la documentación requerida y solicitada a los Organismos citados, se dicta la Resolución por el órgano competente, la cual es notificada a D. Francisco José, en la Diputación Provincial Y, lugar de trabajo de D. Francisco José; si bien, de la notificación se hizo cargo un compañero, al estar ausente D. Francisco José de su puesto de trabajo, ya que el día de la notificación, el día 28 de abril, gozaba de un permiso por asuntos particulares.

Cuando se incorporó a su puesto de trabajo, el compañero le entregó la notificación de la resolución, en la que se le concedía el incentivo subvencionando un 50 % de la inversión realizada. Con la misma fecha es notificada telemáticamente la empresa CRISTAL PURO, S.A. de la resolución del órgano competente reconociendo a D.ª Mónica y a D. Francisco José el incentivo del 50 % de la inversión realizada. No es-

45

tando de acuerdo con la Resolución del incentivo deciden recurrirla ya que entienden que le corresponden mayor porcentaje de incentivo.

Cuestiones

1. La solicitud presentada por la empresa CRISTAL PURO, S.A., en repre-sentación de D.ª Mónica y D. Francisco José el día 16 de abril de 2016, la podrán presentar:

a) Únicamente en el Registro Telemático único de la Administración del Estado, a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.admondeestado.es/industriaenergiayturismo.

b) En el Registro General de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Au-tónoma en la provincia competente por razón del territorio.

c) En el Registro General de la Subdelegación del Gobierno de Almería compe-tente por razón del territorio.


2. La información administrativa de carácter general en la Agencia Estatal de la Energía deberá ser facilitada por:

a) La unidad o puesto de trabajo que singularmente pueda existir o la persona que la autoridad designe en la Agencia Estatal de la Energía.

b) El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno de Almería compe-tente por razón del territorio.

c) La unidad directiva competente en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

d) El Jefe de Negociado en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

3. La información administrativa de carácter particular, sobre la documenta-ción necesaria para la presentación de la solicitud, así como los requisitos técnicos y jurídicos será facilitada por:

a) La unidad o puesto de trabajo que singularmente pueda existir o la persona que la autoridad designe en la Agencia Estatal de la Energía.

b) El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno de Almería compe-tente por razón del territorio.


d) El Jefe de Negociado en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

4. Según la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utili-zando medios electrónicos podrá establecerse reglamentariamente:

a) En cualquier caso.

b) Siempre que se trate de personas jurídicas.

46

c) En ningún caso.

d) Cuando los interesados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

5. Según la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-cos, la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos podrá establecerse por el del Decreto–ley 1/2015, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible:

a) En cualquier caso.

b) Siempre que se trate de personas jurídicas.

c) En ningún caso.

d) Cuando los interesados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

6. Para la presentación de la solicitud acogida al Decreto–ley 1/2015, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sos-tenible, las empresas colaboradoras deberán disponer de:

a) Certificados electrónicos reconocidos expedidos por cualquiera de los presta-dores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce la Administra-ción del Estado.

b) En el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica los certi-ficados electrónicos serán los correspondientes a dicha entidad.

c) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley 11/2007, de 22 de junio.

d) Todas las respuestas son correctas.

7. Presentada la solicitud, la empresa CRISTAL PURO, S.A., en representa-ción de D.ª Mónica y D. Francisco José el día 16 de abril de 2016, se observa que no presentan toda la documentación con la solicitud. ¿Qué plazo se le concederá para la subsanación de la solicitud?

a) 20 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) Un mes.

8. ¿A quién deberá dirigir el órgano instructor el requerimiento de subsana-ción de la solicitud del incentivo?

a) A D.ª Mónica.

b) A D. Francisco José.

c) A la empresa CRISTAL PURO, S.A.


9. El requerimiento anterior deberá notificarse:

a) En el domicilio de D.ª Mónica.

b) En el trabajo de D. Francisco José.

47

c) En el domicilio social de la empresa CRISTAL PURO, S.A.

d) Telemáticamente a la empresa CRISTAL PURO, S.A.

10. En el caso de que no se subsane la solicitud de D. Francisco José y D.ª Mó-nica, se considerará que:

a) Se produce la caducidad.

b) Desisten de la solicitud.

c) Se reservan la posibilidad de presentar los recursos oportunos.

d) Se subsana transcurridos los 6 meses.

11. El requerimiento de subsanación de la solicitud presentada corresponderá:

a) A la unidad o puesto de trabajo que singularmente pueda existir o la persona que la autoridad designe en la Agencia Estatal de la Energía.

b) Al Secretario General de la Subdelegación del Gobierno de Almería compe-tente por razón del territorio.

c) A la unidad directiva competente en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

d) Al Jefe de Negociado en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

12. Transcurrido el plazo para subsanar, sin que se aporte la documentación requerida, se dictará:

a) La resolución de desistimiento.

b) La resolución de caducidad.

c) La resolución declarando la desestimación de la solicitud.

d) La resolución declarando el archivo de la solicitud.

13. ¿A quién se le notificará la resolución anterior?

a) En el domicilio a D.ª Mónica.

b) En el trabajo a D. Francisco José.

c) En el domicilio social a la empresa CRISTAL PURO, S.A.

d) Telemáticamente a la empresa CRISTAL PURO, S.A.

14. La Agencia Tributaria y el Ayuntamiento X deberán evacuar los informes solicitados en el plazo de:

a) 20 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) Un mes.

15. La documentación requerida personalmente a D.ª Mónica es su DNI. ¿Es correcto el requerimiento efectuado a D.ª Mónica en el presente supuesto?

a) No.

b) Sí.

48

c) Únicamente podrá requerirse el DNI a D.ª Mónica, ya que es un documento personal.

d) No, ya que en la solicitud designó como representante a la empresa CRISTAL PURO, S.A.

16. La documentación requerida personalmente a D.ª Mónica, la presenta en el Ayuntamiento X. ¿Es correcta tal presentación?

a) No.

b) Sí.

c) Únicamente podrá presentarse en el Registro Telemático único de la Adminis-tración del Estado por la empresa CRISTAL PURO, S.A, mediante su firma electrónica, lo cual hace la empresa al enterarse de la presentación realizada por D.ª Mónica.

d) No, ya que no existe convenio de colaboración.

17. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-cedimiento Administrativo Común, y a partir de 1 de octubre de 2016, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la anterior, ¿qué plazo tiene el titular de la Agencia Tributaria de Andalucía para dictar la Resolución?

a) 3 meses.

b) 6 meses.

c) 1 año.

d) Un mes.

18. La notificación efectuada en el lugar de trabajo de D. Francisco José y de la que se hizo cargo un compañero será una notificación defectuosa, pero que-dará subsanada:

a) Por el transcurso del plazo de 6 meses.

b) Las notificaciones defectuosas no pueden subsanarse.

c) Por el transcurso del plazo de 3 meses.

d) Por la notificación realizada telemáticamente a la empresa CRISTAL PURO, S.A.

19. Ante la falta de Resolución por parte de la persona titular de la Agencia Es-tatal de la Energía se entenderá que la solicitud es:

a) Estimada.

b) Desestimada.

c) Caducada.

d) Confirmatoria.

49

20. En el supuesto planteado una vez subsanada la solicitud e incorporados al expediente los distintos informes de la Agencia Tributaria y del Ayunta-miento X, se dicta Resolución por el titular de la Agencia Estatal de la Energía, la cual es notificada telemáticamente a la empresa CRISTAL PU-RO, S.A, reconociendo a D.ª Mónica y a D. Francisco José el incentivo del 50 % de la inversión realizada. No estando de acuerdo con la Resolución del incentivo deciden recurrirla ya que entienden que le corresponden mayor porcentaje de incentivo. ¿Qué recurso administrativo podrán interponer D.ª Mónica y D. Francisco José contra la Resolución de la persona titular de la Agencia Tributaria Estatal?

a) Recurso de alzada.

b) Recurso contencioso–administrativo.

c) Recurso de reposición.

d) Reclamación previa a la vía administrativa.

21. ¿Qué plazo tendrán para interponer el recurso citado?


b) 1 mes.


d) 3 meses.

22. ¿Ante quién se interpondrá el recurso pertinente?

a) Ante la persona titular de la Agencia Estatal de la Energía.

b) Ante la persona titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

c) Ante la unidad directiva competente en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Estatal de la Energía.

d) Ante el Consejo de Ministros.

23. Interpuesto el recurso procedente, ¿quién lo resolverá?

a) La persona titular de la Agencia Estatal de la Energía.

b) La persona titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


d) El Consejo de Ministros.

24. ¿Qué plazo hay para resolver el recurso interpuesto?


b) 1 mes.


d) 3 meses.

25. Interpuesto el recurso procedente y transcurrido el plazo indicado en la pregunta anterior, sin que el órgano competente lo resuelva:

a) Se entenderá desestimado el recurso.

b) Deberá interponerse el recurso de reposición.

c) Se entenderá estimado el recurso.

d) Se producirá la caducidad del procedimiento.

50

26. El cómputo del plazo para interponer el correspondiente recurso deberá contarse en el presente caso:

a) A partir del día de la comunicación a los beneficiarios del incentivo.

b) A partir del día de la notificación telemática a la empresa colaboradora a la que se le dio la representación, es decir, a CRISTAL PURO, S.A.

c) A partir día siguiente a la notificación telemática a la empresa colaboradora a la que se le dio la representación, es decir, a CRISTAL PURO, S.A.


27. El recurso procedente podrá fundarse:

a) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en el artículo 62 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-blicas y Procedimiento Administrativo Común y a partir de 1 de octubre de 2016 en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la an-terior.

b) En cualquiera de los motivos de anulabilidad previstos en el artículo 63 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y a partir de 1 de octubre de 2016 en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la an-terior.

c) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en el artículo 63 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-blicas y Procedimiento Administrativo Común y a partir de 1 de octubre de 2016 en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la an-terior.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

51

SUPUESTO N.º 12


Ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en representación de la empresa constructora López, S.A., acude Enrique López López, para la presentación de un escrito solicitando la iniciación de un procedimiento administrativo dirigido a la Subdirección General de Infraestructuras y Servicios Económicos del mismo.

El asunto sobre el cual se incoa dicho procedimiento trata sobre una licitación pública de la reforma de un edificio del ministerio.

Cuestiones

1. En cuanto que el Sr. López dice actuar en nombre de la citada empresa in-dica, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrati-vo Común de las Administraciones Públicas, en cuál de los siguientes casos y durante la tramitación del procedimiento, NO tendrá que acreditar dicha representación por algún medio válido en derecho que deje constancia fide-digna:

a) Para formular solicitudes.

b) Para recoger notificaciones.

c) Para entablar recursos.

d) Para renunciar a derechos.

2. En dicho escrito de inicio presenta copia de documentos privados. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán validez y eficacia, siempre que su autenticidad haya sido comprobada, exclusivamente:

a) En el ámbito de actividad de las administraciones públicas.

b) Frente a cualquier persona, pública o privada.

c) En el ámbito de la jurisdicción.

d) Entre particulares.

3. El órgano administrativo competente para la resolución del expediente está estudiando la posibilidad de declarar el procedimiento por tramitación de urgencia. A este respecto, indica cuál sería, según la Ley 39/2015 de 1 de oc-tubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la respuesta correcta:

a) No se podrá acordar de oficio.

b) Se reducirán los plazos, como máximo, a la tercera parte del plazo establecido para el procedimiento ordinario.

c) Los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos no quedarán afectados.

d) Cabrá recurso administrativo contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia.

52

4. Ante dicha solicitud, la Administración requiere al interesado para subsa-nar un defecto formal. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el interesado pa-ra ello?

a) 10 días.

b) 15 días.

c) 30 días.

d) 20 días.

5. Ante los hechos alegados en la solicitud, el órgano competente ha decidido conceder un periodo de prueba. ¿Qué plazo se le concederá a la empresa López, S.A.?

a) 30 días.

b) No inferior a 10 días ni superior a 30.

c) No superior a 20 días.

d) Superior a 10 días e inferior a 20.

6. Recibida la notificación anterior por el Sr. López, se le presenta la siguiente consideración respecto del plazo concedido. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Siempre que por ley o norma reglamentaria no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales.

b) Cuando los plazos se señalen por días hábiles se hará constar esta circunstan-cia en las correspondientes notificaciones.

c) Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán desde el mismo día que tenga lugar la notificación o publicación del acto.

d) Cuando un día fuese inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado y hábil en la sede del órgano administrativo, se consi-derará inhábil en todo caso.

7. La Mesa de Contratación ha sido constituida como órgano colegiado para el estudio de las diferentes ofertas presentadas en este procedimiento. ¿A quién corresponde visar las actas y certificaciones de los acuerdos de un ór-gano colegiado de la Administración Pública?

a) Al presidente.

b) Al secretario.

c) A los vocales.

d) Al interventor de fondos.

8. La empresa presenta escrito de recusación contra un vocal de la Mesa de Contratación por entender que concurre uno de los motivos señalados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se-gún esta norma, el recusado manifestará a sus superiores si se da o no en él la causa alegada:

a) En el plazo de tres días.

b) Al día siguiente.

53

c) En el plazo de 10 días.

d) En el mismo día.

9. Contra la resolución adoptada en esta materia (recusación):

a) Cabrá recurso de alzada.

b) Cabrá recurso potestativo de reposición, en el caso de las corporaciones loca-les.

c) Cabrá cualquier tipo de recurso administrativo.

d) No cabrá recurso administrativo.

10. La Subdirección General de Infraestructuras y Servicios Económicos, ór-gano competente para la resolución de este expediente, está preparando el oportuno acto administrativo. Indica, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué acto de entre los siguientes estará exento de la obligación de ser moti-vado:

a) Los que resuelvan procedimientos de arbitraje.

b) Los acuerdos de aplicación de la ampliación de plazos.

c) Los que sigan el criterio establecido en actuaciones precedentes. d) Los acuerdos de suspensión de actos.

11. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá quedar demorada la efi-cacia este acto administrativo?

a) Cuando esté supeditada a su publicación.

b) Cuando esté supeditada a su aprobación por un órgano inferior.

c) Cuando no lo exija el contenido del acto.

d) Cuando el interesado lo solicite al órgano que lo dicta.

12. El citado órgano administrativo acuerda solicitar un informe para la reso-lución del procedimiento. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Proce-dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicho informe, salvo disposición expresa en contrario, será:

a) Facultativo y vinculante.

b) No facultativo y vinculante.

c) No facultativo y no vinculante.

d) Facultativo y no vinculante.

13. La empresa López, S.A., podrá presentar alegaciones en cualquier momen-to anterior:

a) A la resolución del procedimiento.

b) A la apertura, en su caso, del periodo de prueba.

c) A la ejecución del procedimiento.

d) Al trámite de audiencia.

54

14. La Subdirección General de Infraestructuras y Servicios Económicos, tras las actuaciones pertinentes, resuelve el citado procedimiento administrati-vo. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál es el plazo de que disponen los interesados para la interposición de un recurso de alzada contra este ac-to expreso?

a) Tres meses.

b) Quince días.

c) Veinte días.

d) Un mes.

15. ¿De qué plazo máximo dispone la Administración para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada citado en la pregunta anterior?

a) De Diez días.

b) De veinte días.

c) De un mes.

d) De tres meses.

16. En el caso anterior, y para el caso de que hubiera procedido la interposición de un recurso de reposición, ¿de qué plazo máximo hubiera dispuesto la Administración para dictar y notificar la resolución del recurso?

a) De seis meses.

b) De veinte días.

c) De un mes.

d) De tres meses.

17. Ante el acto administrativo que resolvió el procedimiento se plantea la po-sibilidad de realizar, por parte de la Administración, una declaración de le-sividad, la cual, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá adop-tarse:

a) Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo.

b) Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo.

c) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

d) Una vez transcurrido un mes desde que se dictó el acto administrativo.

18. La Empresa López, S.A. decide presentar un escrito de interposición de un recurso contencioso–administrativo contra la resolución del procedimiento. Según la LJCA, ¿qué documentación no es preceptivo acompañar?

a) La declaración responsable sobre legitimación para recurrir.

b) El documento que acredite la representación del compareciente.

c) Copia del acto recurrido o indicación del expediente en que haya recaído el acto.

d) Documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela trasmitido otro por herencia o cualquier otro título.

55

SUPUESTO N.º 13


El Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dicta una Reso-lución con fecha 30 de septiembre de 2016, por la que se deniega una beca de inves-tigación solicitada por D. Pedro Plaza. La solicitud fue presentada el día 2 de mayo de 2016 en el Registro del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de Almería, municipio en el que reside y donde actualmente está trabajando en el Ayuntamiento de dicho municipio en la Concejalía de Cultura.

De acuerdo con la normativa que regula las becas de investigación y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 136/2013 de 7 de septiembre, el plazo máximo para resol-ver será de 6 meses y los efectos del silencio administrativo serán desestimatorios.

En la notificación de la Resolución se hace mención expresa de los recursos pertinen-tes, no agotándose con la misma la vía administrativa, siendo competente para resol-ver el recurso pertinente el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. La notificación de la Resolución la recibe el interesado el 8 de octubre de 2016.

Cuestiones

1. ¿Qué plazo tiene el Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para notificar la Resolución que ponga fin al procedimiento?

a) 6 meses desde que D. Pedro Plaza presentó su solicitud de beca en el Registro del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

b) 6 meses a partir del día de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

c) 3 meses desde que presentó la solicitud.

d) 3 meses a partir del día de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Si no se notificó la Resolución dentro del plazo referido, se entenderá que la solicitud de la subvención es:

a) Estimada.

b) Desestimada.

c) Caducada.

d) Aprobada.

3. ¿Qué plazo tendrá D. Pedro Plaza para solicitar la certificación del acto presunto?

a) No existe plazo.

b) 20 días.

c) 3 meses.

d) 15 días.

56

4. Una vez solicitada la certificación del acto presunto, deberá emitirse en el plazo de:

a) No existe plazo.

b) 15 días.

c) 3 meses.

d) 20 días.

5. Dictada por el Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ¿en qué plazo debe cursarse la notificación?

a) 10 días.

b) 15 días.

c) 20 días.

d) No existe plazo.

6. El incumplimiento del plazo indicado en la pregunta anterior determinará, respecto de la Resolución:

a) Su nulidad absoluta.

b) Su nulidad relativa o anulabilidad.

c) Su irregularidad no invalidante.

d) Su nulidad de pleno derecho.

7. Notificada la Resolución, y al no estar de acuerdo con la misma D. Pedro Plaza, ¿qué recurso podrá plantear?

a) El recurso de alzada.

b) El recurso contencioso–administrativo.

c) El recurso ordinario.

d) El recurso extraordinario de revisión.

8. El recurso indicado en la opción anterior deberá presentarse ante:

a) El Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

b) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) El Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

9. ¿Quién será el órgano competente para resolver el recurso citado?

a) El Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

b) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.


d) El Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

10. Si se presenta el recurso pertinente ante el mismo órgano que dictó la Reso-lución que se impugna, ¿cómo debe actuar este órgano?

a) Deberá remitirlo al competente.

b) Deberá resolver por delegación del órgano competente.

c) Deberá remitirlo al competente, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.


57

11. La actuación descrita en la pregunta anterior, ¿en qué plazo deberá efec-tuarse?

a) 15 días.

b) 10 días.

c) 20 días.

d) 1 mes.

12. ¿Cuál es el plazo que tiene el interesado para interponer el recurso perti-nente?

a) 15 días.

b) 30 días.

c) 1 mes.

d) 20 días.

13. El cómputo del plazo para interponer el correspondiente recurso deberá contarse:

a) A partir del día 9 de octubre de 2016.

b) A partir del día 8 de octubre de 2016.

c) A partir del día 10 de octubre de 2016.


14. Si el último día del plazo para presentar el recurso fuese inhábil en el muni-cipio de Roquetas, donde tiene fijada su residencia D. Pedro Plaza, y fuese día hábil tanto en Madrid (lugar donde tiene su sede el órgano competente para resolver el recurso):

a) Los plazos administrativos nunca pueden acabar en domingo o festivo.

b) El cómputo del plazo se ampliará, para D. Pedro Plaza, al siguiente día hábil.

c) D. Pedro Plaza tendrá que presentar su solicitud antes del último día del pla-zo, puesto que para él el día es inhábil.

d) El cómputo del plazo se ampliará, para D. Pedro Plaza, al último día del mes.

15. Interpuesto el recurso pertinente dentro del plazo reglamentario, ¿cuál será el plazo que tiene el Ministro de Educación, Cultura y Deporte para resol-ver?

a) 2 meses.

b) 1 mes.

c) 3 meses.

d) 30 días.

16. Interpuesto el recurso contra la Resolución expresa de denegación de la be-ca de investigación y transcurrido el plazo de resolución, el recurso se en-tenderá:

a) Estimado.

b) Desestimado.

c) Caducado.

d) Aprobado.

58

17. Interpuesto el recurso contra la Resolución desestimatoria en virtud de si-lencio administrativo (desestimación presunta de una solicitud por el trans-curso del plazo), si llegado el plazo de resolución del recurso no se dictase resolución expresa sobre el mismo, se entenderá:

a) Estimado.

b) Desestimado.

c) Caducado.

d) Negativo.

18. En el caso anterior, es decir, desestimación presunta de la subvención por el transcurso de 6 meses desde la iniciación del procedimiento, para que D. Pedro Plaza pueda hacer valer tal Resolución podrá:

a) Interponer el recurso pertinente.

b) Denunciar la mora.

c) Solicitar la certificación del acto presunto.


19. Una vez recibida la certificación del acto presunto, el plazo para interponer el recurso de alzada se contará:

a) A partir del día siguiente en que se produzca la desestimación por silencio administrativo.

b) A partir del día siguiente a la finalización del plazo para emitir la certificación del acto presunto.

c) A partir del día siguiente a la recepción de la certificación del acto presunto.


20. El plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto que no fuera expreso es de:

a) 1 mes.

b) 30 días.

c) 3 meses.

d) 2 meses.

21. El plazo para la notificación de la resolución de la solicitud se computa des-de:

a) El día 2 de mayo, fecha de presentación de la solicitud en el registro del Ayuntamiento de Roquetas.

b) El día en que la solicitud llegó al registro a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

c) El día en que la solicitud llegó al registro del Ministerio de Educación, Cultu-ra y Deporte.


59

22. Si la Resolución fuese dictada por el Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar la solicitud sería:

a) Anulable.

b) Nula de pleno derecho.

c) Válida.

d) Inválida.

60

SUPUESTO N.º 14


Una vez aprobada las distintas pruebas selectivas del proceso de selección del Cuerpo de Administrativos de la Administración Civil del Estado se incorpora en su puesto de destino en el Centro de Tecnología del Espectáculo, Dirección General del Institu-to Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, Organismo Autónomo con rango de Dirección General adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, su jefe di-recto le pide que tramite las siguientes solicitudes:

a) Un escrito solicitando una indemnización de D. Juan Carlos U. L., empadronado en Almería, por un importe de 252,30 euros, correspondiente a sus gafas, rotas cuando tropezó en las escaleras del Teatro de la Zarzuela (adscrito al Centro de Tecnología del Espectáculo), las cuales carecían de barandilla de seguridad, el día 11 de noviembre de 2016. Esa solicitud se presenta en el Registro de la De-legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería el 12 de enero de 2017, con entrada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música el 12 de febrero de 2017. Acompaña el escrito con una factura por dicho importe.

b) Un recurso de alzada de D.° Pepita C. A., con entrada en el registro general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música del 17 de octubre de 2016, dirigido a la Señora Directora del Centro de Tecnología del Espectáculo contra una resolución del propio Centro de Tecnología del Espectáculo por la que se le deniega el préstamo gratuito de una obra teatral del año 39 en la que se reprodu-ce escenas costumbristas de la Guerra Civil.

Por otra parte, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música tiene previsto re-habilitar un edificio histórico para albergar el Museo de las Artes Escénicas de Espa-ña. El proyecto está realizado y se quiere contratar la ejecución de las obras, con un presupuesto base de licitación de 5.632.935,92 euros. Una de las empresas que con-curre a la licitación, con domicilio social en Almería, es excluida de la licitación y re-curre ante el Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales.

Asimismo, a comienzos de noviembre del año 2016 se ha adjudicado un contrato de suministro, por un periodo de dos años, a la empresa 'Almería en Corto, S.L.°, para el suministro de diverso material al teatro La Zarzuela (adscrito al Centro de Tecnología del Espectáculo).

Cuestiones

1. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a re-clamar de D. Juan Carlos U. L. ante la Administración, prescribe, en este caso:

a) Al año de producirse el hecho.

b) A los seis meses de producirse el hecho.

61

c) A los tres meses de producirse el hecho.

d) Al mes de producirse el hecho.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si además del importe de sus gafas, D. Juan Carlos U. L. reclama-ra una indemnización por daños físicos, ¿a partir de qué fecha comenzaría el plazo de prescripción del derecho a reclamar por parte de D. Juan Car-los?

a) Desde la fecha de la curación o de la determinación del alcance de las secue-las.

b) Desde la fecha del hecho causante, independientemente de la curación o de las secuelas.

c) Desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para resolver-lo.

d) Desde la fecha de entrada en el registro de cualquier Administración, sea o no la competente para resolverlo.

3. Si el órgano instructor del procedimiento acuerda la iniciación de procedi-miento simplificado previsto en el artículo 96,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo tiene para dictar resolución expresa, alcanzar un acuerdo o levantar la suspensión del procedimiento general?

a) Quince días.

b) Un mes.

c) Dos meses.

d) Treinta días.

4. Si finaliza el plazo legalmente establecido para el procedimiento simplifica-do, y no se dicta resolución expresa, ni se formaliza acuerdo, ni se ha levan-tado la suspensión del procedimiento general, de acuerdo con el artículo 88, 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-mún de las Administraciones Públicas, deberá entenderse:

a) Que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

b) Que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

c) Que se continúa con el procedimiento general.

d) Que se suspende la instrucción del procedimiento abreviado.

5. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad pa-trimonial, cualquiera que fuere el tipo de relación de que derive, pública o privada, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-trativo Común de las Administraciones Públicas:

a) No pone fin a la vía administrativa.

b) Abre la vía económico–administrativa.

c) Abre la vía económico–jurisdiccional.

d) Pone fin a la vía administrativa.

62

6. Habiendo recibido el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música, la reclamación por responsabilidad patrimonial, y considerando el Organismo Autónomo que no es el órgano competente para resolver (considera que es el Ministro de Educación, Cultura y Deporte), deberá:

a) Comunicar a D. Juan Carlos que no es el órgano competente para resolver su reclamación y que deberá efectuar una nueva solicitud dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

b) Conforme al artículo 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Presidentes o Directores de Organismos Autónomos con rango igual o superior a Dirección General, sí son competentes para resolver reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuya cuantía sea inferior a 30.050 euros, por lo que deberá resol-ver el asunto.

c) Remitir las actuaciones directamente al órgano que considere competente, ya que este pertenece a la misma Administración Pública.

d) Comunicar a D. Juan Carlos que su solicitud no estaba bien redactada ya que no la dirigió al órgano competente para resolver e informarle de que dispone de 10 días hábiles para subsanar su solicitud o se le dará por desistido en sus pretensiones.

7. Suponiendo que el órgano responsable para resolver la reclamación de res-ponsabilidad patrimonial sea el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y que la resolución sobre el procedimiento sea desestimatoria, si D. Juan Carlos desease interponer recurso contencioso–administrativo, ¿qué órgano es el competente para conocer de su recurso?

a) Los Juzgados de lo contencioso–administrativo de Madrid (lugar donde se en-cuentra la sede del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música) o de Almería (lugar donde se encuentra su residencia), a elección del demandante.

b) Los Juzgados Centrales de lo contencioso–administrativo.

c) La Sala de lo contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (lugar donde se encuentra la sede del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música) o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (lugar de residencia de D. Ulises), a elección del demandante.

d) La Sala de lo contencioso–administrativo de la Audiencia Nacional.

8. Una vez recibido el recurso de alzada interpuesto por D.ª Pepita C. A., el Centro de Tecnología del Espectáculo deberá:

a) Estudiar el recurso y resolverlo.

b) Remitir el recurso a la Dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

c) Remitir el recurso a la Dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música en el plazo de diez días con una copia completa y ordenada del ex-pediente. En este momento no es preciso evacuar informe sobre el recurso siendo obligatorio hacerlo solo si la Dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música lo solicita expresamente.

63

d) Remitir sin más trámites el recurso a la Dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música y comunicar a D.ª Pepita este extremo.

9. Según el artículo 49, 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la resolución del recurso planteado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, será:

a) Directamente ejecutiva.

b) Directamente convalidable por el órgano de contratación.

c) Ratificada por el órgano de contratación.

d) Una recomendación.

10. Según el artículo 49, 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

a) Será recurrible ante el propio Tribunal, mediante un recurso administrativo de apelación.

b) Será recurrible mediante la interposición de un recurso contencioso–administrativo.

c) Será revisable de oficio.

d) Será recurrible mediante un recurso ante la Intervención General del Estado.

11. Según el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-tor Público, una vez interpuesto el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y reclamado el expediente de contrata-ción, el órgano encargado de tramitarlo tiene un plazo para remitirlo al Tribunal, junto con el correspondiente informe, de:

a) Veinte días hábiles.

b) Dos días hábiles.

c) Diez días naturales.

d) Quince días naturales.

12. La empresa "Almería en Corto, S.L", comunica al Centro de Tecnología del Espectáculo que debido al alza de los precios de las materias primas con los que elabora sus productos precisa de una revisión al alza de los precios del contrato. El contrato se ha ejecutado en un 30 %:

a) La revisión de precios solo será posible si esta posibilidad estaba recogida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) No es posible la revisión de precios solicitada ya que el contrato se ha ejecu-tado en cuantía inferior al 50 %.

64

c) La revisión de precios solo será posible si "Almería en Corto, S.L:'justifica adecuadamente el alza de los precios de las materias primas y alcanza un acuerdo con el Instituto nacional de las Artes Escénicas y Música. En cual-quier caso, el alza de los precios podría ser como máximo, del 10 %.

d) No es posible la revisión de precios solicitada ya que ha transcurrido menos de un año desde la adjudicación del contrato.

13. En el contrato de obras, según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incum-plimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los da-ños y perjuicios que se manifiesten por un plazo de:

a) Quince años, a contar desde la formalización del contrato.

b) Diez años, a contar desde la recepción de la obra.

c) Quince años, a contar desde la recepción de la obra.

d) Diez años, a contar desde la formalización del contrato.

14. El plazo del procedimiento general de responsabilidad patrimonial, salvo que se haya abierto un período extraordinario de prueba, para que se dicte resolución expresa, o se formalice un acuerdo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de:

a) Seis meses.

b) Cuatro meses.

c) Un año.

d) Tres meses.

15. Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comenzará con:

a) El acta de la firma del contrato.

b) El acta de la adjudicación.

c) El acta de comprobación del replanteo.

d) El acta de comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente.

65

SUPUESTO N.º 15


En fecha 14 de noviembre de 2016, el Director General del Instituto de Salud Carlos III (principal Organismo Público de Investigación (OPI), que financia, gestiona y eje-cuta la investigación biomédica en España, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad) dicta una resolución administrativa por la que se conce-de, en régimen de concurrencia competitiva, una beca de investigación biomédica de 5 años por un importe de 96.000 euros, a D. Ramón Calleja, que reunía todos los re-quisitos y condiciones establecidos en las bases de la convocatoria para su adjudica-ción. La resolución administrativa, en la que se hizo constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de noviembre de 2016.

En este supuesto el Director General actuaba ejercitando una competencia delegada por el Ministro de Economía y Competitividad por Orden de 1 de enero de 2014, sin que tuviera conocimiento de que dicha delegación había sido revocada el 15 de enero de 2016.

Posteriormente el señor Calleja presenta un escrito en el registro general de la subde-legación del Gobierno en Almería el día 16 de diciembre de 2016, solicitando sea rec-tificado un error en la cuantía de la beca consignada en la resolución del Director Ge-neral, puesto que el importe que se establecía en la convocatoria de la misma se ci-fraba en 98.000 euros.

Con motivo de la tramitación de la solicitud de D. Ramón Calleja, la Administración advierte el vicio de incompetencia de la resolución del Director General mencionada anteriormente, porto que inicia un expediente de declaración de lesividad de actos anulables de oficio el 18 de enero de 2017 y, previa audiencia a los interesados, deci-de declararla lesiva para el interés público el 18 de marzo de 2017 para, posterior-mente, impugnarla ante el orden jurisdiccional contencioso– administrativo. El Tri-bunal de instancia da traslado del escrito presentado por la Administración a D. Ra-món Calleja para que conteste al mismo, lo cual realiza el señor Calleja en plazo ale-gando, por un lado, que la resolución administrativa no era lesiva para el interés pú-blico y podría haber sido convalidada y, por otro lado, que no había sido recabado por la Administración el dictamen del Consejo de Estado.

Cuestiones

1. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿se debió publicar la revocación de la delegación de compe-tencias efectuada por el Ministro?

a) No, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-mún de las Administraciones Públicas, establece como único requisito que la competencia sea revocada por el órgano que la haya conferido.

b) Sí, en el Boletín Oficial del Estado.

66

c) Sí, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en la que residía D.ª Lui-sa Carrasco.

d) No, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige que sea publicada la delegación de competencias, pero no su revoca-ción.

2. Si en el procedimiento descrito cinco investigadores hubiesen optado a la misma beca que la concedida a D.ª Luisa Carrasco, ¿qué recurso podrían haber interpuesto contra la resolución administrativa de 14 de noviembre de 2016, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

b) Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

c) Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha en que la resolución fue dictada.

d) Recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha en que la resolución fue dictada.

3. ¿Quién es el órgano competente para resolver el recurso al que hace refe-rencia la pregunta anterior?

a) El Consejo de Ministros.

b) El Director General que dictó la resolución recurrida.

c) El Secretario General Técnico.

d) El Ministro de Economía y Competitividad.

4. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-nistrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrían los cincos in-vestigadores de las dos preguntas anteriores haber presentado un único es-crito de recurso?

a) No, cada interesado debería actuar de forma independiente.

b) Sí, pero solo si designasen un representante común con el que efectuar las po-sibles notificaciones, aunque sus pretensiones sean distintas.

c) Sí, si el contenido y fundamento de sus pretensiones fuese idéntico o sustan-cialmente similar.

d) No, salvo autorización expresa de la Administración.

5. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-tivo Común de las Administraciones Públicas ¿de qué plazo disponía D. Ramón Calleja para solicitar la rectificación de errores de la resolución administrativa?

a) Un mes desde que la resolución fue publicada.

b) Dos meses desde que la resolución le fue publicada.

c) Tres meses desde que la resolución le fue publicada.

d) Esta solicitud no está sujeta a plazo, podrá solicitarse en cualquier momento.

67

6. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-nistrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué vicio podría cons-tituir que la Resolución de 14 de noviembre de 2016 haya sido dictada por el Director General?

a) Nulidad de pleno derecho.

b) Anulabilidad.

c) Irregularidad no invalidante.

d) No constituye vicio alguno.

7. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-tivo Común de las Administraciones Públicas, si la Administración no re-suelve en el plazo máximo la solicitud de D. Ramón Calleja, presentada el 16 de diciembre de 2016:

a) El silencio administrativo tiene efecto desestimatorio.

b) El silencio administrativo produce la caducidad del procedimiento.

c) El silencio administrativo produce la prescripción del procedimiento.

d) El silencio administrativo tiene efecto estimatorio.

8. En este supuesto y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿ha adoptado la Administración la declaración de lesividad en plazo?

a) Sí, puesto que la ha adoptado antes de que hubiesen transcurrido seis meses desde que se inició el procedimiento de declaración de lesividad.

b) No, puesto que la tendría que haber adoptado antes de que hubiese transcurri-do un año desde que la resolución administrativa del Director General fuese publicada; es decir, el plazo acababa el 17 de marzo de 2012.

c) Sí, puesto que la declaración de lesividad puede adoptarla la Administración en cualquier momento.

d) Sí, puesto que la declaración de lesividad puede adoptarla la Administración antes de que transcurran cuatro años desde que el acto haya sido dictado.

9. De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa ¿de qué plazo dispone la Administración para acudir a la Jurisdicción Contencioso–Administrativa en este caso?

a) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesivi-dad.

b) Cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de le-sividad.

c) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha declaración de lesividad.

d) Podrá acudir en cualquier momento.

68

10. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿era ne-cesario recabar el dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a de-clarar la lesividad de la Resolución del Director de 14 de noviembre de 2016?

a) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y vinculante.

b) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante.

c) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y además debe ser favo-rable.

d) No, para declarar la lesividad de un acto no se exige el dictamen previo del Consejo de Estado.

11. El programa informático que utiliza el Ministerio de Economía y Competi-tividad para la tramitación del procedimiento de concesión de becas fue ad-quirido a la empresa "Almerimatik", que lo habían ya desarrollado y ven-dido a distintas Administraciones de las Comunidades Autónomas, entre ellas la Administración Autónoma de la Junta de Andalucía, para la trami-tación de las becas de investigación. Indica ante qué clase de contrato nos encontramos:

a) Contrato de colaboración.

b) Contrato de suministros.

c) Contrato de servicios. d) Contrato de gestión de servicios públicos.

12. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-trativo Común de las Administraciones Públicas, se notificarán a los intere-sados las resoluciones y actos en los términos siguientes:

a) Si bien existen registros telemáticos, la ley prohíbe las notificaciones telemá-ticas.

b) Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se intentará de nuevo hasta dos veces en horas distintas dentro de los tres días siguientes.

c) Las notificaciones deben contener, entre otros, la expresión de los recursos que procedan frente al acto que se notifica.

d) Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

13. Conforme a lo establecido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien-to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿de qué plazo dispone la Administración para resolver las solicitudes de rectificación de errores?

a) Tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órga-no competente para su tramitación.

b) Un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.

69

c) Seis meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

d) La Administración puede resolver la solicitud de rectificación de errores en cualquier momento.

14. Indica la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 29/1998, el recurso de lesividad se iniciará:

a) Por un escrito limitado a indicar la resolución que se impugna y a solicitar que se tenga por interpuesta.

b) Por demanda.

c) Con la propia declaración de lesividad.

d) Por denuncia.

15. Conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podría haber-se convalidado la resolución administrativa como alega el señor Calleja?

a) Sí, podría haberse convalidado por el Ministro de Economía y Competitivi-dad.

b) Sí, podría haberse convalidado por el propio Director General que dictó la re-solución administrativa.

c) Sí, podría haberse convalidado por el Consejo de Ministros.

d) No, puesto que la resolución administrativa adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho.

70

RESPUESTAS CASOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 b d a c b b d d c c a b b a b 2 a a a a c c c c a c a a b a b 3 b b d c d c a a d d c c a d d 4 b d c a c a a b d d d a b b c 5 d c d c b c d d c a d b a d d 6 c c b d c a a c c c d d c c b 7 c d a a b c a c b b b a a b d 8 b a c a d c c c c b c b c b a 9 a a a a c b b c d c d d b a c 10 d b b a d d b b c b b c c b d 11 a b b d a d c a b b c a b b c 12 c c c a a b a b d c d d c d b 13 c b b a a b c c c a d d a c a 14 b b c c c b d c c d b d d a b 15 d c b c d c c d a b d d c c a 16 a c b 17 b c a 18 a a c 19 a 20 c 21 c 22 b

71

SUPUESTO N.º 1

FUNCIÓN PÚBLICA

Un funcionario de carrera que presta servicios en el Ministerio de la Presidencia en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado del grupo A, subgrupo A1, es nombrado como asesor del Ministro de la Presidencia.

El nombramiento es publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Tres años más tarde el Ministro de la Presidencia cesa en su puesto y automáticamen-te el funcionario también es cesado en el puesto de asesor. El funcionario reclama una indemnización por los perjuicios que le han sido causados.

Una vez cesado el funcionario presenta la solicitud para participar en las pruebas se-lectivas para el acceso a la Carrera Diplomática del Estado alegando, entre otros mé-ritos, el tiempo trabajado como asesor del Ministro de la Presidencia.

Por otro lado, por Resolución de 21 de enero de 2015 se convocó proceso selectivo para la selección y el nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Ge-neral Auxiliar de la Administración del Estado en el ámbito de la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior.

Las bases de la convocatoria fueron anunciadas en los tablones de anuncios de la sede central del Ministerio del Interior, en los centros de trabajo donde radican los puestos de trabajo objeto de cobertura y en la página web del Ministerio del Interior.

En dicho proceso selectivo se valoran los méritos profesionales con un máximo de 70 puntos y los méritos formativos con un máximo de 30 puntos.

Don Ramiro F. G., enterado de la convocatoria decide presentar la solicitud para par-ticipar en dichas pruebas.

Cuestiones

1. El puesto de asesor ocupado por el funcionario es considerado como de na-turaleza de:

a) Funcionario de Carrera.

b) Personal interino.

c) Personal contratado.

d) Personal eventual.

2. En el caso planteado ¿a quién corresponderá el nombramiento del funcio-nario como asesor?

a) Al Director General de la Función Pública.

b) Al Subsecretario de Administraciones Públicas.

c) Al Ministro de la Presidencia.

d) Al Secretario de Estado para la Función Pública.

72

3. ¿En qué situación administrativa quedará el funcionario?

a) En Servicios especiales.

b) En Servicio activo.

c) En Expectativa de destino.

d) Se encontrará en la situación de servicios especiales, salvo que opte por per-manecer en la situación de servicio activo.

4. El nombramiento del funcionario ¿debe sujetarse a algún procedimiento es-tablecido?

a) Al concurso.

b) Al concurso–oposición.

c) A la libre designación.

d) No tendrá que someterse a ningún procedimiento establecido.

5. ¿Qué resolverá la Administración respecto a la indemnización reclamada por el funcionario?

a) Concederla ya que así está reglamentariamente establecido.

b) Concederla, por una cuantía igual a las cantidades que deja de percibir por di-cho cese.

c) Denegarla, pero concediendo al funcionario una gratificación.

d) Denegarla, ya que así está reglamentariamente establecido.

6. El tiempo que el funcionario desempeñó el puesto de asesor, ¿podrá ser considerado como mérito para acceder a la Carrera Diplomática?

a) Nunca.

b) Sí.

c) Solamente si accede a la condición de funcionario de carrera, pero no si acce-diera a la condición de personal laboral o personal funcionario interino.

d) Solamente si accede a la condición de personal laboral o personal funcionario interino, pero no a la condición de funcionario de carrera.

7. Respecto al proceso selectivo, ¿en qué plazo, desde la publicación de la con-vocatoria, deberá presentar don Ramiro F.G. la solicitud para participar en los procedimientos de ingreso?

a) En el plazo de treinta días naturales.

b) En el plazo de veinte días hábiles.

c) En el plazo de veinte días naturales.

d) En el plazo de treinta días hábiles.

8. El cese en su puesto de trabajo del funcionario interino, ¿deberá ser anota-do?

a) Sí, en el Registro Central del Personal Interino y Eventual.

b) El cese no es objeto de anotación, solo la toma de posesión.

c) Sí, en el Registro Central de Personal.

d) No ha de ser anotado, solo es necesario que conste el acta de cese en el Orga-nismo al que perteneciera.

73

9. Al funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la natu-raleza de su condición:

a) El régimen general de los funcionarios de carrera.

b) El régimen general del personal laboral.

c) El Reglamento de los Funcionarios Interinos.

d) El III Convenio Colectivo único para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

10. ¿Es conforme a derecho que, cesado el Ministro de la Presidencia, se haya cesado automáticamente al funcionario en el puesto de asesor?

a) No, en ningún caso es conforme a derecho.

b) Es una ilegalidad, que puede ser objeto de recurso contencioso–administrativo.

c) Sí, es conforme a derecho.

d) Solo es conforme a derecho si se ha estipulado en el acta de toma de posesión.

74

SUPUESTO N.º 2

FUNCIÓN PÚBLICA

Don Javier G. A. es funcionario de carrera del cuerpo general administrativo de la Administración del Estado con destino en la Dirección General para el impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia; se encuentra en la actua-lidad desempeñando una comisión de servicios en el Tribunal Constitucional.

Doña María A.L. es funcionaria de carrera del cuerpo de gestión de la Administración General del Estado con destino en el Ministerio del Interior. El 20 de noviembre de 2014 la autoridad competente acordó que fuera destinada en Comisión de Servicios a un puesto de trabajo en la localidad de Berlín, para participar en un proyecto de una organización no gubernamental en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Finali-zada la comisión de servicios, regresa a su puesto de trabajo de origen.

Doña Susana E.G., funcionaria de carrera del cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, con un grado personal consolidado 22, y con destino en el Ministerio de Fomento, se encuentra desempeñando una comisión de servicios en un puesto de trabajo en el Ministerio del Interior de nivel 24, por un año de duración.

Tres funcionarios del cuerpo de administradores civiles del Estado se encuentran en comisión de servicios en las siguientes circunstancias:

1. Don Luís A.F. con grado personal consolidado 24, se encuentra desempeñando una comisión de servicios en un puesto de nivel 26. Posteriormente obtuvo el puesto de nivel 26 por concurso.

2. Doña Sonia G.A., que posea un grado personal consolidado 24, desempeña una comisión de servicios en puesto de nivel 26. Posteriormente pasa a desempeñar una comisión de servicios en un puesto de nivel 28, puesto este último que obtu-vo posteriormente por concurso.

3. Doña Sara G. F., que posee un grado personal consolidado 24, desempeña una comisión de servicios en un puesto de nivel 26. Posteriormente pasa a desempe-ñar otra comisión de servicios en un puesto de nivel 28. No obtiene con carácter definitivo ninguno de los dos puestos desempeñados en comisión de servicios.

Don Luís F. B., funcionario de carrera del cuerpo general auxiliar de la Administra-ción del Estado ingresó en dicho cuerpo el 12 de marzo de 2014 en un puesto de tra-bajo de nivel 14. Desde el 15 de abril de 2015 desempeña una comisión de servicios en un puesto de trabajo con un nivel 12.

Don Santiago A.P., es funcionario del cuerpo general administrativo de la Adminis-tración del Estado. Presta servicios en un Organismo Autónomo dependiente del Mi-nisterio de Ciencia e Innovación con un grado personal consolidado 18. El 20 de ma-yo de 2015 fue suprimido el puesto de trabajo en el que prestaba servicios. La autori-dad competente le adscribió provisionalmente a un puesto de trabajo de nivel 15.

75

Cuestiones

1. ¿En qué situación administrativa se encuentra don Javier G.A. en su cuer-po de origen?

a) En servicios especiales.

b) En servicio activo.

c) En Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

d) En Excedencia forzosa.

2. Si a don Javier G.A. se le hubiera impuesto la comisión de servicios con ca-rácter forzoso, ¿cuál sería su duración máxima?

a) Máxima de dos años improrrogables.

b) Máxima de un año prorrogable.

c) No se puede imponer una comisión de servicios con carácter forzoso.

d) Máxima de seis meses.

3. Con carácter general, ¿cuál es el plazo máximo de la comisión de servicios que ha sido concedida a doña María A.L.?

a) Tres meses.

b) Seis meses.

c) Un año.

d) Un año prorrogable por otro más.

4. Doña Susana E.G., al finalizar la comisión de servicio que tiene concedida por un año,¿ tendrán derecho a volver a su anterior puesto de trabajo?

a) No.

b) No, ya que solo habría reserva de puesto si fuera una adscripción provisional.

c) No, ya que solo habría reserva de puesto si fuera una comisión de servicios forzosa.

d) Sí, ya que en las comisiones de servicio se les reservará el puesto de trabajo.

5. La comisión de servicios que está desempeñando doña Susana E.G.:

a) Será anulada ya que no es posible el desempeño de una comisión de servicios en un Ministerio distinto al que esté adscrito el puesto de origen.

b) Será anulada ya que las comisiones de servicio tienen una duración máxima de 6 meses prorrogables por otros seis.

c) Será anulada ya que en ningún caso los funcionarios podrán desempeñar puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo en que figure clasificado su cuerpo o escala.

d) Se ajusta a la legalidad vigente.

6. El puesto desempeñado por don Luís A.F. en comisión de servicios en el puesto de nivel 26 ¿será computado a efectos de consolidar el grado perso-nal?

a) No, ya que el tiempo desempeñado en comisión de servicios no se computa a dichos efectos en ningún supuesto.

b) No, ya que al obtener la plaza por concurso no tiene derecho a consolidación de grado.

76

c) Sí, ya que obtuvo posteriormente la plaza por concurso.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

7. El tiempo de desempeño del puesto de nivel 28 en comisión de servicios por doña Sonia A.G. se computará para consolidar:

a) El grado personal superior como máximo en dos niveles al grado personal 24.

b) El grado personal superior como máximo en cuatro niveles al grado personal 24.

c) El grado personal superior como máximo en dos niveles al grado personal 26.

d) El grado personal superior como máximo en cuatro niveles al grado personal 26.

8. A doña Sara G.F. el tiempo de desempeño de los puestos de nivel 26 y 28 en comisión de servicios a efectos de consolidación de grado personal le será computado:

a) No, ya que el tiempo desempeñado en comisión de servicios no computa en ningún caso.

b) Solamente se le computará para consolidar el grado 26.

c) Se computará para consolidar el grado personal superior como máximo en dos niveles al grado personal 24 que ya tiene consolidado.

d) No se computará, ya que el tiempo desempeñado en los dos puestos de trabajo solo se tiene en cuenta si se obtiene con carácter definitivo el puesto desem-peñado en comisión de servicios.

9. Don Luís F.B., ¿cuándo consolidará el grado personal 14?

a) El 12 de marzo de 2015.

b) El 15 de abril de 2015.

c) A los dos años de desempeño continuado de un puesto de nivel 14 o superior.

d) El 12 de marzo de 2017.

10. ¿Quién será la autoridad competente para adscribir provisionalmente a don Santiago A.P.?

a) El Ministro de la Presidencia.

b) El Ministro de Economía y Hacienda.

c) El Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda.

d) El Presidente o Director del Organismo Autónomo.

77

SUPUESTO N.º 3

FUNCIÓN PÚBLICA

Doña Isabel R.F. funcionaria perteneciente al Cuerpo de Gestión de la Administra-ción Civil del Estado presta servicios en los servicios periféricos de ámbito regional del Ministerio de Economía y Hacienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, con-cretamente en la provincia de Zaragoza.

La funcionaria tiene una antigüedad en la Administración de 27 años.

A fecha de 3 de junio de 2015 no ha disfrutado de ningún permiso. Tiene pensados durante lo que queda de año disfrutar de los siguientes permisos y licencias:

a) Las vacaciones anuales del 30 de julio al 2 de septiembre, ambos inclusive.

b) Los días 21 a 23 de octubre de 2015 y 4 de enero de 2016 por asuntos particula-res.

c) El día 25 de septiembre de 2015 por la asistencia a un examen de un Curso de Informática no incluido en los planes de formación continua pero relacionado directamente con su puesto de trabajo y organizado por un sindicato.

d) El viernes 2 de octubre de 2015 por matrimonio del hermano de su marido en Soria.

Por otro lado dos funcionarios de carrera del Cuerpo General administrativo de la Administración del Estado y destinados respectivamente en los servicios centrales del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Cultura, contrajeron matrimonio el 22 de agosto de 1999.

En la actualidad tienen bajo guarda legal a un niño de 3 años, que se encuentra en tra-tamiento afectado de un tumor maligno, y el 13 de junio de 2015 la madre solicita al órgano competente, la disminución de la mitad de su jornada de trabajo.

Finalmente don Pedro L.E., funcionario de carrera que presta servicios en el Ministe-rio de Trabajo e Inmigración y reside en Madrid solicita los siguientes permisos y li-cencias:

a) Por enfermedad grave de su padre, que reside en Alicante, desde el día 13 de abril hasta el día 17 de abril de 2015, ambos incluidos.

b) Por razón de matrimonio, que se celebrará el 11 de julio, desde el día 6 de julio hasta el día 20 de julio de 2015, ambos inclusive.

A la vista de los antecedentes relatados responda a las Cuestiones siguientes:

78

Cuestiones

1. ¿Cuántos días tiene derecho a disfrutar por vacaciones anuales?

a) Tendrá derecho a disfrutar un mes natural.

b) Tendrá derecho a disfrutar 23 días hábiles anuales.

c) Tendrá derecho a disfrutar 24 días hábiles anuales.

d) Tendrá derecho a disfrutar 25 días hábiles anuales.

2. ¿Podría doña Isabel R.F. acumular los días de permiso por asuntos particu-lares a las vacaciones anuales?

a) Sí, siempre que sean al menos tres días de asuntos particulares.

b) Sí.

c) No.

d) Sí, siempre que sean al menos dos días de asuntos particulares.

3. Además de los solicitados, cuántos días más podrá solicitar la funcionaria por asuntos particulares:

a) Ninguno.

b) Uno.

c) Dos.

d) Tres.

4. Puede disfrutar la funcionaria del día 4 de enero de 2016 como día de asun-tos particulares:

a) No.

b) Sí, pero le computarán como días de asuntos particulares a que tiene derecho en el año 2016.

c) Sí, ya que puede disfrutar de los días de asuntos particulares hasta el 31 de enero de 2016.

d) Sí, ya que puede disfrutar de los días de asuntos particulares hasta el 30 de enero de 2016.

5. El permiso solicitado para la asistencia al examen de un curso de informáti-ca:

a) Será concedido.

b) Será concedido, pero durante dicho día no percibirá ninguna retribución.

c) Será denegado.

d) Será denegado, salvo que se trate de un examen final de una asignatura que conduzca a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

6. Por el matrimonio del hermano de su marido le será concedido el permiso:

a) Se concederá un permiso de un día.

b) Se concederá el permiso, pero podría haber solicitado dos días, ya que el ma-trimonio se celebra fuera de la localidad de residencia.

c) Se concederá el permiso, pero podría haber solicitado tres días, ya que el ma-trimonio se celebra fuera de la localidad de residencia.

d) No se concederá dicho permiso.

79

7. La reducción de jornada por razones de guarda legal, la podrá pedir el fun-cionario que tenga el cuidado directo de un menor de:

a) Doce años.

b) Dieciocho años.

c) Quince años.

d) Dieciséis años.

8. Los empleados al servicio de la Administración General del Estado que, por razón del cuidado de un hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, durante la hospitalización y tratamiento continuado del mismo, ten-drán derecho a solicitar una disminución de la jornada de trabajo:

a) De entre un cuarto y la mitad de su duración, sin recibir retribución alguna.

b) De al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras.

c) Solo tendrán derecho al permiso de tres días hábiles por enfermedad de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad.

d) De una hora de su jornada ordinaria.

9. Se concederá el permiso por enfermedad de su padre a don Pedro L.E.:

a) No, ya que no existe previsión normativa alguna al respecto.

b) No, ya que el permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad será de tres días hábiles si el suceso se produce en distinta localidad.

c) No, ya que el permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad es de cuatro días hábiles si el suceso se produce en distinta localidad.

d) Sí, ya que el permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad es de cinco días hábiles si el suceso se produce en distinta localidad.

10. Ha determinado correctamente el funcionario la duración de la licencia por matrimonio:

a) No, ya que por razón de matrimonio se conceden 10 días hábiles.

b) No, ya que por razón de matrimonio se conceden 10 días naturales.

c) No, ya que por razón de matrimonio se conceden 15 días hábiles.

d) Sí, ya que por razón de matrimonio se conceden 15 días naturales.

80

SUPUESTO N.º 4

FUNCIÓN PÚBLICA

Un funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Administración Ge-neral del Estado presta servicios en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en los servicios centrales del Ministerio de Cultura. Durante el mes de no-viembre de 2014 tuvo un incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado supuso un total de 10 horas.

E13 de enero de 2015 la Administración tuvo conocimiento de tal hecho; el día 30 de enero se incoa expediente disciplinario, que se notifica al interesado con el objeto de que proponga la práctica de las pruebas correspondientes y el 3 de marzo se formuló el correspondiente pliego de cargos.

Formulado el correspondiente pliego de cargos el 12 de marzo se notifica al inculpa-do y se le concede un plazo de 7 días para que formule las alegaciones que considere convenientes a su defensa.

Finalizada la práctica de las pruebas el 15 de marzo, el 27 de marzo el Instructor for-muló la propuesta de resolución que se notificó al interesado para que alegara cuanto considere conveniente a su defensa.


Cuestiones

1. ¿Cómo tipificaría la falta cometida por el trabajador?

a) Falta muy grave.

b) Falta grave.

c) Falta leve.

d) No es constitutiva de falta.

2. ¿Ha prescrito la falta de asistencia que cometió el trabajador?

a) Sí, ya que las faltas leves prescriben al mes.

b) No, ya que las faltas graves prescriben a los 2 años.

c) No, ya que las faltas leves prescriben a los 60 días.

d) No, ya que las faltas graves prescriben a los 6 meses.

3. ¿Es correcto el plazo en que la Administración formuló el pliego de cargos?

a) Sí, ya que se debe formular en un plazo no superior a dos meses, contados a partir de la incoación del procedimiento.

b) Sí, ya que se debe formular en un plazo no superior a 40 días, contados a par-tir de la incoación del procedimiento.

c) No, ya que se debe formular en un plazo no superior a 20 días, contados a par-tir de la incoación del procedimiento.

d) No, ya que se debe formular en un plazo no superior a un mes, contado a par-tir de la incoación del procedimiento.

81

4. ¿Qué sanción se le podría imponer al trabajador por la comisión de dicha falta?

a) Apercibimiento por escrito.

b) Suspensión de funciones de hasta 6 años.

c) Separación del servicio.

d) Traslado con cambio de residencia durante 1 año.

5. Para la práctica de las pruebas solicitadas se dispondrá de un plazo de:

a) Veinte días.

b) Un mes.

c) Dos meses.

d) Quince días.

6. Si se le impusiera la sanción de suspensión de funciones por un mes, dicha sanción prescribiría:

a) Al mes.

b) A los 6 meses.

c) Al año.

d) A los 2 años.

7. ¿Quién sería el órgano competente para ordenar la incoación del expedien-te?

a) El Ministro de Cultura.

b) El Subsecretario del Ministerio de Cultura.

c) El Secretario de Estado de Cultura.

d) Son correctas las respuestas a) y b).

8. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas:

a) Para averiguar Cuestiones que considere innecesarias.

b) Debe motivar siempre su decisión.

c) Contra la resolución de inadmisión no cabe recurso alguno.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. Es correcto el plazo concedido para contestar al pliego de cargos formula-do:

a) Sí.

b) No, ya que se debería haber concedido un plazo de 5 días.

c) No, ya que se debería haber concedido un plazo de 10 días.

d) No, ya que se debería haber concedido un plazo de 15 días.

10. Es correcta el momento procesal en que se ha notificado al inculpado que proponga las pruebas correspondientes:

a) No, ya que se debería haber realizado en la notificación del pliego de cargos.

b) No, ya que se debería haber realizado en los diez anteriores a dictar la pro-puesta de resolución.

c) No, ya que se debería haber realizado en el trámite de audiencia al inculpado.

d) Sí.

82

SUPUESTO N.º 5

FUNCIÓN PÚBLICA

Don Alejandro P.T., trabaja como personal laboral al servicio de la Administración General del Estado desde el día 1 de junio de 2014, perteneciendo al grupo profesio-nal 1, y estando incluido en el área funcional de gestión y servicios comunes.

En el desempeño de su puesto de trabajo, don Alejandro P.T tiene atribuidas funcio-nes de mando y jefatura de equipo, con una gran responsabilidad inherente al ejerci-cio de las misma, y requiriéndosele para el adecuado cumplimiento de las mismas un conocimiento específico de la lengua francesa.

Don Alejandro P.T., excepcionalmente y durante cinco días del mes de junio del 2015, ha tenido que trabajar una hora en horario comprendido entre las diez de la no-che y las seis de la mañana. El resto del año 2015, ha desarrollado su labor profesio-nal en régimen de flexibilidad horaria, de tal modo que le ha supuesto trabajar en horarios distintos a los ordinarios, afectando hasta al diez por ciento de promedio de la jornada diaria de trabajo.

Por otro lado, el trabajo que desempeña don Alejandro P.T en la Administración Ge-neral del Estado, tiene establecidos unos objetivos a conseguir, que han sido fijados por el Director de su Departamento Ministerial, lo que le ha supuesto enfrentarse a una mayor carga de trabajo.

Para el próximo año 2016, don Alejandro P.T espera que su masa salarial experimen-te un crecimiento superior al tres por ciento, según lo que estipula la Ley de Presu-puestos Generales del Estado para el año 2016.


Cuestiones

1. Don Alejandro P.T. ha realizado un escrito al órgano competente en mate-ria de personal, para que desde el día 1 de junio de 2016, se le reconozca el complemento de antigüedad, según se recoge en el III Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado. ¿Prospe-rará su petición?

a) Sí, puesto que lo ha solicitado con más de tres meses de antelación al día 1 de junio, que es el que se tiene en cuenta para el cómputo.

b) Sí, ya que para el 1 de junio de 2016 se cumplirán los dos años para el reco-nocimiento del complemento de antigüedad.

c) No, ya que para el 1 de junio de 2016 no se cumplirán los tres años para el re-conocimiento del complemento de antigüedad.

d) No, ya que se le reconocerá de oficio al llegar esa fecha, sin que las peticiones de parte se tengan en cuenta para su reconocimiento.

83

2. Don Alejandro R T, antes de ingresar en su actual puesto de trabajo, des-empeñó funciones durante tres años en una sociedad mercantil en cuyo ca-pital era mayoritaria la participación directa de las Administraciones Pú-blicas. ¿Tendría derecho a que se le computaran esos tres años de presta-ción de servicios en la sociedad mercantil, a efectos de antigüedad?

a) Sí, pues el III Convenio único para el personal laboral así lo reconoce.

b) No, puesto que requeriría que hubiera estado trabajando seis años para su re-conocimiento.

c) Sí, ya que son considerados como tiempo de servicio en una Administración Pública.

d) No, ya que expresamente lo excluye el III Convenio único para el personal la-boral.

3. ¿Tiene derecho don Alejandro PT. a algún complemento derivado de las funciones de mando y jefatura de equipo que tiene atribuidas?

a) Sí, el complemento singular de puesto A), recogido en el III Convenio único para el personal laboral.

b) No, ya que son inherentes a las funciones derivadas de su pertenencia al Gru-po profesional 1.

c) No, en ningún caso.

d) Sí, pero solo con carácter excepcional tendría reconocido el complemento singular de puesto B), según dispone el III Convenio único.

4. ¿Podrá don Alejandro P.T. solicitar algún complemento por exigírsele el conocimiento de la lengua francesa?

a) Solo excepcionalmente, si así se recoge expresamente en su contrato laboral.

b) No, nunca.

c) Podría solicitar el complemento singular de puesto «B / idiomas».

d) Podría solicitar el complemento singular de puesto «A / idiomas».

5. En la nómina de junio de 2015, don Alejandro P.T. no tiene reconocido el complemento de nocturnidad, por los cinco días que trabajó en horario noc-turno. ¿Tiene derecho a que se le compense económicamente mediante el complemento de nocturnidad?

a) Sí, ya que desempeñó su trabajo entre las diez de la noche y las seis de la ma-ñana, en esos cinco días, consolidando este complemento para meses posterio-res.

b) No, solo se le reconocería si hubiera desempeñado su trabajo entre las diez de la noche y las siete de la mañana.

c) Sí, en todo caso.

d) Fue una medida excepcional, e inferior a un tercio de su jornada en cómputo diario, por lo que la prestación de dichos servicios se compensará, preferen-temente, por tiempo de descanso.

84

6. ¿Tendrá derecho don Alejandro PT. a algún complemento salarial por tra-bajar en horarios distintos a los ordinarios, afectando hasta al diez por ciento de promedio de la jornada diaria de trabajo?

a) Sí, tendrá derecho al complemento de prolongación de jornada.

b) Sí, tendrá derecho al complemento de disponibilidad horaria A).

c) Sí, tendrá derecho al complemento singular de puesto D).

d) Sí, tendrá derecho al complemento de disponibilidad horaria B).

7. Si don Alejandro P.T. consigue cumplir los objetivos establecidos por el Di-rector de su departamento, ¿tendrá derecho a algún complemento salarial?

a) Sí, tendrá derecho al complemento de productividad o incentivo de produc-ción.

b) Sí, tendrá derecho a una indemnización o a los suplidos fijados en el III Con-venio.

c) No, solo podrá percibir las percepciones no salariales que fije el III Convenio.

d) No, en ningún caso, ya que forma parte de las funciones propias del Grupo 1.

8. En base a lo expuesto en el planteamiento de este supuesto, ¿podrá exigir don Alejandro P.T., que se le abone alguna percepción no salarial?

a) Sí, tendrá derecho a una indemnización por las funciones de responsabilidad, compatible con el complemento singular de puesto.

b) No tendría derecho a percepciones no salariales, según el planteamiento del supuesto.

c) Solo tendría derecho a suplidos, al cumplir los objetivos previstos.

d) Tendría derecho al complemento no salarial de residencia.

9. ¿Es correcta la previsión de crecimiento de su masa salarial en el 3%, que espera obtener don Alejandro PT?

a) Sí, pues así se prevé en el artículo 24 de la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2016.

b) No, ya que la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2016, prevé un aumento del 2%.

c) Sí, aunque también está previsto que desde junio del 2016, se incremente en un 3,5%.

d) No, ya que la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2016, prevé un aumento no superior al 1%.

10. Además del III Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ¿qué normativa sería aplicable a don Alejandro PT. en su relación laboral con la Administración?

a) Solo le es aplicable lo dispuesto en el III Convenio, ya que no es funcionario.

b) El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c) Lo estipulado en su contrato de trabajo y algunas normas específicas como las Leyes anuales de presupuestos generales del Estado, o la Ley de Incompatibi-lidades del personal al servicio de las Administraciones Pública.


85

SUPUESTO N.º 6

FUNCIÓN PÚBLICA

El trabajador Álvaro G.R. presta servicios como funcionario del cuerpo de Adminis-trativos en la Unidad de Personal de una Agencia pública de la Administración Gene-ral del Estado. En el desempeño de su trabajo se encuentra con las siguientes situa-ciones que debe resolver para realizar los procedimientos adecuados:

En primer lugar, el trabajador F.P.G., que desempeña funciones para la Agencia des-de hace 3 años con una relación jurídico laboral como indefinido no fijo, declarada por sentencia judicial consecuencia de la reclamación por despido realizada por el trabajador, se ve imposibilitado para desarrollar su actividad laboral debido a un esta-do de alteración de la salud, si bien dicha imposibilidad no tiene, al menos presumi-blemente, carácter definitivo. Por otra parte, F.P.G. también está interesado en cono-cer cómo funciona el permiso de paternidad porque su esposa se encuentra en un es-tado avanzado de embarazo.

En segundo lugar, su compañera de trabajo, L.C.M., que lleva dos años prestando servicios en la Agencia, contratada laboral bajo la modalidad de obra o servicio de-terminado, se encuentra embarazada a falta de una semana para el cumplimiento de la fecha prevista para el parto.

A Álvaro se le plantean las siguientes cuestiones respecto de los dos trabajadores:

Cuestiones

1. La incapacidad sufrida por el trabajador F.P.G. supone:

a) Una causa de extinción de la relación laboral, ya que se trataría de una inca-pacidad permanente.

b) Al tratarse de una incapacidad temporal, determina la extinción de la relación laboral y el percibo de la prestación vitalicia de incapacidad temporal que de-be abonar la Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

c) Una causa de suspensión del contrato de trabajo.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. La situación jurídica en que incurre el trabajador F.P G. trae consigo:

a) Una prestación o subsidio económico cuya finalidad es paliar los efectos de la ausencia de salarios por la imposibilidad de prestar el trabajo.

b) El cese de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo.

c) El derecho a la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo en cuanto cese tal situación.


86

3. En el caso de la trabajadora L.C.M., la maternidad supondrá:

a) Una causa de extinción de la relación laboral así prevista por el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.

b) Al tratarse de una modalidad de incapacidad temporal, determina la extinción de la relación laboral y el percibo de la prestación vitalicia de maternidad que debe abonar a la trabajadora el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Una causa de suspensión de la relación laboral, sin derecho de reserva de puesto de trabajo, en tanto no se produzca una nueva vacante en la empresa.

d) Una causa de suspensión del contrato de trabajo.

4. En el supuesto de parto de la trabajadora L.C.M.:

a) La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, am-pliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de L.C.M. siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

b) La suspensión tendrá una duración de seis meses, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos meses in-dependientemente de número de hijos. La suspensión se iniciará, en todo ca-so, a partir del día siguiente al alumbramiento.

c) La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán a elección de la trabajadora, y serán ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspen-sión se distribuirá a opción de L.CM. siempre que diez semanas sean inmedia-tamente posteriores al parto.

d) La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en una se-mana más por cada hijo nacido. El período de suspensión se distribuirá a op-ción de L.C.M. siempre que ocho semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

5. A la Agencia le interesa saber si sería posible el disfrute parcial de la ma-ternidad por la trabajadora L.C.M.:

a) Existe la posibilidad de disfrutar los períodos de descanso por maternidad en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. Para el disfrute a tiempo par-cial del permiso de maternidad, es imprescindible el consentimiento previo del cónyuge de la trabajadora afectada; este consentimiento puede se prestado tanto al inicio del descanso como en momento posterior, y que puede exten-derse a todo el período o a parte del mismo.

b) Existe la posibilidad de disfrutar los períodos de descanso por maternidad en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. Para el disfrute a tiempo par-cial del permiso de maternidad, es imprescindible el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador afectado; acuerdo celebrado tanto al inicio del des-canso como en momento posterior, y que puede extenderse a todo el período o a parte del mismo. El disfrute del permiso por maternidad en la modalidad parcial se ha de ajustar a ciertas reglas previstas por la normativa aplicable.

87

c) No existe la posibilidad de disfrutar los períodos de descanso por maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial.

d) No existe la posibilidad de disfrutar los períodos de descanso por maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial, salvo que exista autorización previa de los servicios sanitarios competentes. Dicha autorización debe solicitarse con anterioridad al inicio del descanso o en los diez días posteriores al mismo.

6. ¿Existiría alguna incompatibilidad del disfrute del permiso por maternidad a tiempo parcial por L.C.M.?

a) Resulta incompatible con el disfrute de cualesquiera derechos de los trabaja-dores regulados en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) El permiso por maternidad a tiempo parcial es incompatible con el disfrute simultáneo por la misma trabajadora de la excedencia por cuidado de familia-res regulado en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c) Resulta incompatible con el percibo de cualquier remuneración o prestación económica.

d) No existe incompatibilidad alguna.

7. Si la trabajadora L.C.M. disfrutara del permiso por maternidad en moda-lidad parcial, ¿qué ocurriría con el tiempo en el que desarrolla trabajos pa-ra la Agencia?

a) Se considera tiempo de trabajo efectivo, aunque se mantiene suspendida la re-lación laboral en su totalidad para poder cobrar la prestación económica por maternidad.

b) No se considera tiempo de trabajo efectivo, pues únicamente es una ficción jurídica para conseguir la modalidad parcial del disfrute del permiso por ma-ternidad.

c) La relación laboral se convierte en un contrato a tiempo parcial de los previs-tos en el artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d) Tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose sus-pendida la relación laboral durante el tiempo restante, no siendo de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el contrato a tiempo parcial en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.

8. Álvaro se plantea si tiene la misma duración el permiso de maternidad que el de paternidad:

a) Sí, tienen la misma duración, para no incurrir en desigualdades por razón de género.

b) No, el permiso por paternidad tiene una duración de cuatro semanas ininte-rrumpidas, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

88

c) No, el permiso por paternidad tiene una duración de seis semanas ininterrum-pidas.

d) No, el permiso por paternidad tiene una duración de seis semanas a disfrutar como le interese al beneficiario dentro de un período de los seis meses si-guientes al nacimiento del hijo o adopción.

9. F.P.G., una vez reincorporado a su puesto de trabajo tras la incapacidad temporal, pregunta a Álvaro a partir de qué momento podrá disfrutar su derecho a la suspensión del contrato por paternidad una vez que se produz-ca el nacimiento de su hijo:

a) La suspensión se inicia el mismo día del nacimiento de su hijo.

b) Álvaro debe responderle que en este caso no se trata de una suspensión de la relación laboral sino de un mero permiso de paternidad.

c) La suspensión se inicia desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo.

d) Ninguna de las respuestas que le ha dado Álvaro son correctas.

10. ¿Podría F.P.G disfrutar de la suspensión por paternidad a tiempo parcial?

a) No es posible. Debe disfrutarse en régimen de jornada completa.

b) Sí puede, siempre que lo preavise en la Agencia con diez días de antelación al inicio de la suspensión.

c) Puede disfrutarlo en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, siempre que lo acuerde previamente con el empresario.

d) Puede disfrutarlo en régimen de jornada parcial de un mínimo del 75 por 100, siempre que lo acuerde previamente con el empresario.

11. Si la causa del disfrute de la suspensión de la relación laboral de F.P.G. por paternidad fuera una adopción en vez de un nacimiento, ¿habría alguna di-ferencia?

a) Ninguna.

b) Sí, porque la duración de la suspensión en caso de adopción es de dos sema-nas menos.

c) Sí, porque en caso de adopción, la suspensión por paternidad debe ser acepta-da previamente por la Agencia.

d) Sí, pero únicamente porque los plazos se cuentan a partir de la resolución ju-dicial por la que se constituye la adopción en vez de hacerlo a partir del naci-miento.

12. ¿Existe alguna obligación por parte de F.P.G. para comunicar en la Agen-cia su intención de disfrutar del derecho a la suspensión por paternidad?

a) Ninguna.

b) Sí, el artículo 48.7 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores exige comuni-carlo con la debida antelación según lo establecido, en su caso, en el convenio colectivo de aplicación.

c) Sí, debe preavisar con quince días de antelación.

d) Sí, debe preavisar con veinte días de antelación.

89

SUPUESTO N.º 7

FUNCIÓN PÚBLICA

En un organismo autónomo de la Administración General del Estado surge la necesi-dad de realizar dos contrataciones en régimen laboral. La primera de ellas tiene la fi-nalidad de cubrir de forma urgente un puesto de trabajo porque no se puede esperar a que finalice el proceso de selección de personal que se prevé de una duración cercana a un año.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de contratar a un trabajador o trabajadora bajo la modalidad de obra o servicio determinado ya que se trata de cubrir un puesto de trabajo que va implícito en el desarrollo de un proyecto concreto y que tendrá una duración determinada.

Para la celebración de las dos contrataciones se plantean las siguientes Cuestiones a resolver:

Cuestiones

1. ¿Qué modalidad contractual sería la idónea para la primera de las necesi-dades que surgen en el organismo autónomo para la cobertura de un puesto de trabajo durante el proceso de selección?

a) El contrato para obra o servicio determinado.

b) El contrato eventual por circunstancias de la producción.

c) El contrato de interinidad.

d) No es posible utilizar modalidades contractuales temporales en el ámbito del sector público del Estado.

2. ¿Cuál de los siguientes requisitos no es necesario tener en cuenta para con-certar un contrato de interinidad?

a) La forma escrita.

b) Formalizar el contrato en modelo oficial.

c) Identificar el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección.

d) El trabajador o trabajadora debe estar en desempleo y ser demandante de pri-mer empleo.

3. ¿Existe alguna duración máxima para los contratos de interinidad?

a) Sí, tres meses.

b) No, su duración coincidirá siempre con la duración del proceso de selección o lo que dure la causa de sustitución.

c) En los procesos de selección llevados a cabo por las Administraciones Públi-cas para la provisión de puestos de trabajo, la duración de los contratos de in-terinidad coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos conforme a lo previsto en su normativa específica.

d) Sí, la duración máxima es de un año.

90

4. ¿Cuál de las siguientes cuestiones no es obligatorio que conste en el contrato de trabajo que se celebre por el organismo autónomo para cubrir el puesto durante el proceso de selección?

a) El carácter de la contratación.

b) La cuantía de salario bruto que tiene derecho a percibir el trabajador.

c) El tiempo de vigencia del contrato.

c) El trabajo a desarrollar.

5. ¿Existe obligación de comunicar al Servicio Público de Empleo la contrata-ción realizada?

a) Sí, en un plazo de diez días siguientes a su concertación.

b) Sí, en un plazo de quince días siguientes a su concertación.

c) Sí, en cualquier momento antes de que se extinta la relación laboral.

d) No es necesario comunicar la contratación.

6. En el contrato para la realización de obra o servicio determinado, ¿cuál es la norma general en cuanto a su duración?

a) La duración será la del tiempo exigido par la realización de la obra o servicio.

b) No hay regla alguna al respecto.

c) Nunca podrá ser superior a un año.

d) Nunca podrá ser superior a seis meses.

7. Para el contrato que quiere celebrar el organismo autónomo cuyo objeto es la realización de una obra o un servicio determinado, no es cierto afirmar que:

a) Que la obra o servicio han de tener autonomía y sustantividad propia dentro de su actividad.

b) Si el convenio colectivo ha identificado los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal, se estará a lo dispuesto en el mismo.

c) El trabajador o trabajadora a contratar tenga que haber prestado servicios pre-viamente en la Administración Pública.

d) Que se debe identificar suficientemente la obra o servicio que constituya el objeto de la contratación.

8. El organismo autónomo debe tener en cuenta que la regulación normativa de la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y sus copia bá-sicas a los Servicios Públicos de Empleo dispone que la comunicación del contenido de los contratos de trabajo o de sus prórrogas y el envío o remi-sión de las copias básicas podrá efectuarse:

a) A través del procedimiento que se regula en el capítulo II de dicha norma, re-lativo al uso de medios telemáticos.

b) Mediante la presentación en los Servicios Públicos de Empleo de copia de los contratos de trabajo o sus prórrogas.

c) Mediante la comunicación de los datos a los que hace referencia la disposi-ción final segunda del propio Real Decreto y de las propias copias básicas.


91

9. El contrato de obra o servicio determinado que rige la relación laboral en el ámbito del organismo autónomo, ¿tiene alguna limitación temporal?

a) No existe ninguna limitación temporal para esta modalidad contractual, pues-to que dura lo que dure la realización de la obra o servicio que justifica la con-tratación.

b) La duración no puede ser superior a tres años.

c) La duración máxima del contrato por obra y servicio y la norma sobre el en-cadenamiento de contratos es también de aplicación a la Administración Pú-blica y a sus organismos públicos vinculados o dependientes; no obstante, la duración máxima no será de aplicación a los contratos celebrados por la Ad-ministración Pública y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades de contrato reguladas en la Ley de Universidades u otras normas con rango de ley vinculadas a un proyecto de duración superior a 3 años.

d) Mediante la negociación colectiva, los convenios colectivos pueden establecer la duración que estimen oportuna sin limitación alguna.

10. El contrato de obra o servicio determinado, ¿tiene algún requisito en cuanto a su forma?

a) Debe formalizarse siempre por escrito, en modelo oficial, constando el carác-ter de la contratación, el tiempo de su vigencia y el trabajo a desarrollar.

b) No tiene requisito alguno, ya que puede celebrarse tanto por escrito como de forma verbal.

c) Debe formalizarse siempre por escrito, determinándose con claridad, en nú-mero de días, la duración exacta de la obra o servicio.

d) El único requisito es que se remita copia básica del contrato a los representan-tes legales de los trabajadores.

11. Si el contrato de obra o servicio determinado no se concierta por la dura-ción máxima, ¿se puede prorrogar?

a) No, en ningún caso.

b) Siempre, por el tiempo que se necesite.

c) Se podrá prorrogar automáticamente hasta el plazo máximo siempre que no medie denuncia o prórroga expresa y que el trabajador continúe prestando servicios.

d) Al trabajar en una Administración Pública, no cabe prórroga alguna.

12. Si el contrato para obra o servicio determinado celebrado por el organismo autónomo fijara una duración o un término:

a) Dicha duración o término deberá considerarse de carácter orientativo.

b) Vincula a la Administración sin posibilidad de alterarse.

c) No es susceptible de prórroga.


92

SOLUCIONES FUNCIÓN PÚBLICA

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 1. d 1. b 1. d 1. b 1. c 1. c 1. c 2. c 2. b 2. c 2. b 2. d 2. d 2. d 3. d 3. b 3. c 3. d 3. a 3. d 3. c 4. d 4. d 4. c 4. d 4. d 4. a 4. b 5. d 5. c 5. a 5. b 5. d 5. b 5. a 6. a 6. c 6. d 6. d 6. b 6. b 6. a 7. c 7. a 7. a 7. b 7. a 7. d 7. c 8. c 8. d 8. b 8. d 8. b 8. b 8. d 9. a 9. c 9. d 9. c 9. d 9. c 9. c

10. c 10. d 10. d 10. a 10. d 10. c 10. a 11. d 11. c 12. b 12. a

93

SUPUESTO N.º 1 GESTIÓN FINANCIERA

Como todos los años, va a comenzar el procedimiento para la elaboración y final aprobación de los Presupuestos Generales para el 2017. El grupo de trabajo, una vez conocidos algunos de los antecedentes más importantes a la hora de elaborar un pre-supuesto público, decide ponerse en marcha en la elaboración de los presupuestos del Ministerio.

Cuestiones

1. A la hora de elaborar los presupuestos, hay un principio que supone que en el presupuesto, la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos. ¿De qué principio hablamos?

a) Universalidad.

b) Unidad.

c) Equilibrio financiero.

d) Anualidad.

2. La estructura del presupuesto la elaborará:

a) El Ministerio de Hacienda.

b) El Departamento de Presupuestos.

c) El Consejo de Gobierno.

d) Cada Ministerio.

3. El Ministerio de Hacienda enviará como documentación anexa al Gobierno:

a) El anteproyecto de Presupuestos de la Administración de todas las Comuni-dades Autónomas.

b) Un informe sobre la situación económica y financiera.

c) En su caso, el anteproyecto de presupuesto de beneficios fiscales que afecten a los tributos propios de la Administración.

d) El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales.

4. En el proceso de elaboración, el proyecto aprobado por el Gobierno será presentado en el Parlamento para que sea aprobado antes del:

a) 31 de octubre.

b) 1 de octubre.

c) 30 de septiembre.

d) 1 de diciembre.

5. En cuanto a los estados de los ingresos, es cierto que:

a) Son vinculantes a nivel de artículo.

b) Deben estar perfectamente cuantificados.

c) Tienen carácter limitativo.

d) Tendrán valor estimativo.

94

6. Siguiendo con el proceso de aprobación del presupuesto, en el caso de que el presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente:

a) Se tendrá disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

b) Se prorrogarán totalmente los del ejercicio anterior.

c) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a progra-mas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorro-gan o para obligaciones que se extingan en el mismo.

d) Lo anterior, y además, la estructura funcional del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

7. Una vez aprobado, comienza su ejecución. El acto por el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados se llama:

a) Aprobación.

b) Autorización.

c) Compromiso.

d) Reconocimiento.

8. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas en un plazo general de rendición:

a) 2 meses.

b) 3 meses.

c) 4 meses.

d) 6 meses.

9. Si se tratara de pagos correspondientes a expropiaciones, el plazo es de:

a) 3 meses.

b) 4 meses.

c) 6 meses.

d) 12 meses.

10. En lo que se refiere al control en la ejecución llevada a cabo del presupues-to, la Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Interven-ción General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día:

a) 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.

b) 1 de octubre del año siguiente al que se refiera.

c) 30 de septiembre del año siguiente al que se refiera.

d) 1 de noviembre del año siguiente al que se refiera.

95


Cuestiones

1. Es preciso recordar que, en cuanto a los ingresos, es cierto que:

a) Son vinculantes a nivel de artículo.

b) Tendrán valor estimativo.

c) Tienen carácter limitativo.

d) Deben estar perfectamente cuantificados.

2. Elaborando la estructura contable, distinguimos entre los créditos para gas-tos corrientes y los de capital. Son corrientes:

a) Inversiones reales.

b) Gastos financieros.

c) Activos financieros.

d) Transferencias con destino a operaciones financieras.

3. Dentro de los Presupuestos, encontramos los de explotación y los de capital. Con respecto a los de explotación, no es cierto que:

a) Recoge todos los gastos e ingresos referidos al desarrollo de la actividad de cada actividad de cada entidad en el ejercicio presupuestario.

b) Los ingresos provenientes de la Administración Pública de la Comunidad Au-tónoma se presentarán desglosados.

c) Tienen carácter estimativo.

d) Se desglosan en reales y financieras.

4. Uno de los principios básicos presupuestarios es el de anualidad. Sin em-bargo, existen gastos que se han de extender más allá del ejercicio. Por ejemplo, el desdoblamiento de una carretera puede comprometer varios ejercicios hasta que finalmente concluya el proyecto. El gasto de tercer ejercicio siguiente a aquel en el que apruebe no podrá exceder del:

a) 70%.

b) 60 %.

c) 50 %.

d) 40 %.

5. Una vez aprobados los presupuestos, las diversas circunstancias que se dan en la vida misma obligan a realizar modificaciones presupuestarias que pueden afectar a los estados de gastos y a los de ingresos. ¿Qué modifica-ciones no afectan al total del presupuesto?

a) Transferencia de crédito.

b) Variación de competencias.

c) Incorporación de créditos.

d) Habilitación de créditos.

96

6. Centrándonos en las modificaciones que afectan a los estados de gastos, te-nemos las transferencias de créditos. ¿Cómo se definen?

a) Los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubiesen sido previstos en los estados de ingresos de los Presupuestos o cuya cuantía superase la prevista en los mismos.

b) Sin alterar la cuantía total de los mismos, traslada importes entre créditos co-rrespondientes a diferentes niveles de vinculación.

c) Se da cuando el crédito sea insuficiente y no ampliable.

d) Ninguna de estas respuestas es correcta.

7. En el mes de junio nos encontramos que se han de producir una serie de re-tenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o su-plementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago. Para ello acu-dimos a otra modalidad de modificación presupuestaria. ¿Cuál?

a) Generación de crédito.

b) Ampliación de créditos.

c) Incorporación de créditos.

d) Reposición de créditos.

8. Por otro lado, se han generado unos ingresos imprevistos. Con esos ingresos se podrían ejecutar más gastos. ¿Cómo se denominan los gastos derivados de dicha generación?

a) Creación de créditos.

b) Disposición de gastos.

c) Generación de créditos.

d) Incremento del crédito.

9. Las generaciones de crédito podrán proceder de:

a) Ventas de bienes.

b) Enajenación de inmuebles.

c) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.


10. Existe una partida presupuestaria que a lo largo del ejercicio ha sufrido una ampliación de crédito y requiere una inyección presupuestaria para afrontar un gasto no previsto inicialmente. ¿Con que modificación presu-puestaria no podrá dotarse este crédito?

a) Ampliación de crédito.

b) Suplemento de crédito.

c) Transferencia de crédito.

d) Generación de crédito.

97


Cuestiones

1. Una vez aprobado el presupuesto, o prorrogado en caso contrario, y una vez que llega el ejercicio del que se trata, en el presupuesto de los gastos de-bemos tener en cuenta que:

a) El ejercicio presupuestario siempre coincidirá con el año natural.

b) Algunos créditos para gastos se destinarán a otra finalidad distinta a la autori-zada por la Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones que se aprobaran.

c) Los créditos para gastos son limitativos.

d) El principio de anualidad no se excepciona ni siquiera con gastos de tramita-ción anticipada.

2. Una vez se inicia con los actos preparatorios de la decisión del gasto la eje-cución del presupuesto, se pueden diferenciar varias fases. Concretamente, se va a licitar la compra de material de oficina, siendo adjudicado a la Em-presa XXX, S.A. El acto por el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario se denomina:

a) Admisión.

b) Autorización.

c) Aprobación.

d) Concesión.

3. La anterior fase se tiene reflejo en el documento contable:

a) A).

b) D).

c) O).

d) K).

4. Posteriormente se declara la existencia de un crédito exigible. ¿Es así?

a) Sí.

b) No. Lo que procede es el pago.

c) No. No es precisa esta fase.

d) No. Procede acordar la realización de gastos previamente aprobados.

5. El documento contable de la fase anterior sería:

a) A).

b) D).

c) O).

d) K).

98

6. La fase por la cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública se documenta con:

a) A).

b) D).

c) O).

d) K).

7. Si el gasto consistiera en una expropiación, los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas en un plazo de:

a) Tres meses.

b) Seis meses.

c) Cuatro meses.

d) Doce meses.

8. Para el registro de la prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago en el supuesto de obligaciones reconocidas con anterio-ridad a la entrada en vigor de la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administra-ción General del Estado, se utilizará el documento contable:

a) PR.

b) MD.

c) AD.

d) RC.

9. Por otro lado, en el presupuesto de este año hemos descubierto la progra-mación de un puente cuyo plazo de construcción es de 3 años. En este caso, se efectuará una retención del importe de adjudicación del:

a) 2%.

b) 5%.

c) 7%.

d) 10%.

10. Como sabemos, este tipo de gastos está sujeto a unas limitaciones tempora-les y unos límites cuantitativos. En este sentido, es cierto que:

a) Estos límites son inmodificables.

b) El porcentaje correspondiente al ejercicio inmediato siguiente será del 60%.

c) El porcentaje no es del 60 %, sino del 50 %.

d) Los límites temporales y cuantitativos se podrán modificar por el Gobierno en casos especialmente justificados.

99


En el Presupuesto del Estado de 2016, en el estado de gastos del Ministerio de Fo-mento figuran los siguientes créditos en el Capítulo II:

212.00 Edificios y otras construcciones: 150.000,00 €

226.02 Información, divulgación y publicidad: 60.000,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos: 60.000,00 €

227.00 Limpieza y aseo: 200.000,00 €

Desde la Secretaría General Técnica de este Ministerio de Fomento se pretende llevar a cabo la Contratación del Servicio de Limpieza del edificio donde están ubicados los Servicios Centrales, cuyo presupuesto de licitación asciende a 207.000 € (IVA ex-cluido), plazo de ejecución de 24 meses desde la firma del contrato, para el que se prevé una prórroga de duración máxima.

El expediente fue declarado de tramitación urgente por el órgano de contratación, con varios criterios de adjudicación. Con fecha de 19 de mayo de 2016 se efectúa el envío por medios electrónicos de los correspondientes anuncios de licitación, indicando que los pliegos y la documentación complementaria están a disposición de los licitadores en el correspondiente Perfil del Contratante.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establece que los licitadores deberán presentar compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución, que se integrará en el contrato, teniendo el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRI—CSP).

A la citada licitación se presentan tres empresas, dos españolas: LA ESTRELLA, S.A., Y LA BUENÍSIMA, S.A. y una perteneciente a la República Eslovaca: LE-GYMANN.

En el sobre de documentación acreditativa de los requisitos previos, la empresa LA BUENÍSIMA, S.A., no aportó la documentación relativa a la clasificación, por lo que la mesa de contratación le dio el plazo máximo de subsanación previsto por el TRLCSP, a fin de que presentara la clasificación administrativa exigida. Transcurrido el plazo de subsanación, la citada empresa aporta a la mesa de contratación la solici-tud presentada ante el organismo competente para expedir el certificado de clasifica-ción. La Mesa acordó la exclusión de la licitadora, al no haber subsanado el defecto de que adolecía la documentación presentada.

La empresa LA BUENÍSIMA, S.A. interpone recurso especial en materia de contra-tación, contra el acto de la mesa por el que se declara su exclusión de la licitación.

100

Cuestiones

1. Con los datos que se dan en el supuesto, ¿cuál sería el valor estimado de este contrato?

a) 250.470 €, IVA incluido.

b) 414.000 €, IVA excluido.

c) 621.000 €, IVA excluido.

d) 414.000 €, IVA incluido.

2. En relación con la duración del contrato del supuesto, ¿cuál de estas afir-maciones es la correcta?

a) La duración del contrato no podrá exceder los cuatro años, incluidas las pró-rrogas.

b) La duración del contrato no podrá exceder los seis años, incluidas las prórro-gas.

c) Para este tipo de contratos no se establece un plazo máximo de duración.

d) La duración del contrato no podrá exceder los dos años, incluidas las prórro-gas.

3. Atendiendo al tipo de contrato y al procedimiento de adjudicación, ¿cuál sería el plazo mínimo que se podría establecer para la presentación de ofer-tas en el presente supuesto?

a) 26 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de lici-tación en BOE.

b) 52 días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea.

c) 40 días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea.

d) 36 días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea.

4. Atendiendo al tipo de contrato y el procedimiento de adjudicación del su-puesto, señala cuál de las siguientes opciones es la correcta:

a) El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 del artículo 146 del Texto Refun-dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se sustituya por una declaración res-ponsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas le-galmente para contratar con la Administración.

b) El órgano de contratación, obligatoriamente, deberá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documen-tación establecida en el apartado 1 del artículo 146 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

101

c) El órgano de contratación, previo informe de la Dirección General de Patri-monio, y si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación es-tablecida en el apartado 1 del artículo 146 Texto Refundido de la Ley de Con-tratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.


5. ¿Qué documentación, de entre las relacionadas a continuación, pudo esta-blecer el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, como medio de acreditar la solvencia técnica o profesional de la empresa LEGYMANN?

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.

b) Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española en la Re-pública Eslovaca, que se acompañará a la documentación que se presente, en el que conste que el citado Estado admite a su vez la participación de empre-sas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancial-mente análoga.

c) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.


6. El incumplimiento del compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

a) Es causa de resolución del contrato.

b) En ningún caso constituiría causa de resolución del contrato.

c) Es causa de renuncia por parte de la Administración al contrato.

d) Es causa de modificación del contrato.

7. El acuerdo de la mesa de contratación que declara la exclusión de la empre-sa LA BUENÍSIMA, S.A., ¿es susceptible de recurso especial en materia de contratación?

a) Sí, puesto que es un acto de trámite que determina la imposibilidad de conti-nuar con el procedimiento.

b) No, solo son recurribles los acuerdos de adjudicación adoptados por los pode-res adjudicadores.

c) No, es un acto susceptible únicamente de recurso contencioso–administrativo.

d) No, es un acto susceptible únicamente de recurso administrativo de reposi-ción.

102

En enero de 2016, el mismo Ministerio de Fomento decide encargar un estudio acerca del impacto medioambiental de las carreteras próximas a la Comunidad de Madrid. El órgano gestor correspondiente inicia la tramitación del procedimiento, optando por la realización de un contrato mediante el procedimiento negociado, con un plazo de eje-cución de 12 meses y un coste máximo de 22.000 euros. Se adjudica a la empresa Yarquil, por un importe de 19.000 euros.

Cuestiones

8. La iniciación del expediente por el órgano gestor correspondiente se define por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aproba-do por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, como con-trato de:

a) Consultoría y asistencia.

b) Suministro.

c) Servicios.

d) Gestión de servicios públicos.

9. Indica cuál es el límite que no puede superar el contrato, según establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para que la Conse-jería de Empleo, Empresa y Comercio haya podido optar por el procedi-miento negociado, en el presente procedimiento.

a) El contrato tiene un valor estimado inferior a 30.000 €.

b) El contrato tiene un valor estimado inferior a 100.000 €.

c) El contrato tiene un valor estimado inferior a 60.000 €.

d) El contrato tiene un valor estimado inferior a 50.000 €.

10. ¿Habrá de realizar el Ministerio la publicación del anuncio de licitación?

a) No, al ser un contrato no sujeto a regulación armonizada y tener un valor es-timado inferior a 60.000 €.

b) No, al ser un contrato sujeto a regulación armonizada y tener un valor estima-do inferior a 30.000€.

c) Sí, al ser un contrato no sujeto a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado.

d) No, al ser un contrato no sujeto a regulación armonizada y tener un valor es-timado inferior a 50.000 €.

11. ¿A cuántas empresas, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, habrán de solicitarse ofertas para la negociación de la realiza-ción del objeto del contrato?

a) Al menos a cinco empresas.

b) Al número de empresas establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Al menos a siete empresas.

d) Al menos a tres empresas.

103

12. Una vez adjudicado provisionalmente el contrato a la empresa, ¿habrá de constituir garantía?

a) Sí, del 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.

b) Sí, del 5 % del importe de adjudicación, incluido el IVA.

c) No, al tratarse de un contrato menor.

d) Sí, del 3 % del importe de adjudicación, incluido el IVA.

13. ¿Cuál sería el importe de dicha garantía, en caso de que hubiera de prestar-se?

a) 950 euros.

b) 1.102 euros.

c) 1.100 euros.

d) 570 euros.

14. En el presente contrato, ¿será necesaria la clasificación de la empresa Yar-quil?

a) No, al ser un contrato no sujeto a regulación armonizada y tener un valor es-timado inferior a 60.000 €.

b) No, al ser un contrato sujeto a regulación armonizada y tener un valor estima-do inferior a 30.000€.

c) Sí, al ser un contrato no sujeto a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado.

d) No será necesaria la clasificación.

15. ¿Podría ser objeto de prórroga este contrato?

a) Sí, siempre y cuando no supere los 4 años, plazo de vigencia máxima, según establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, apro-bado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

b) Sí, pero ha de establecerse previamente en el Pliego de Cláusulas Administra-tivas Particulares, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

c) Sí, pero no debe superar el plazo de duración del contrato original, según es-tablece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, apro-bado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

d) Sí, pero no debe superar la mitad del plazo de duración del contrato original, según establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-co, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

104

16. Conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la inter-posición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma, cuyo importe será de entre:

a) 100 y 1.500 euros.

b) 100 y 10.000 euros.

c) 100 y 15.000 euros.

d) 1.000 y 15.000 euros.

17. Las cuantías indicadas en la pregunta anterior serán actualizadas:

a) Cada año mediante Orden Ministerial.

b) Cada año mediante Decreto del Consejo de Ministros.

c) Cada dos años mediante Decreto del Consejo de Ministros.

d) Cada dos años mediante Orden Ministerial.

105


En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se efectúa, en el mes de enero del ejercicio 2016, convocatoria de ayudas regladas en régimen de con-currencia competitiva. Dicha convocatoria fija como cuantía máxima destinada a las subvenciones convocadas un importe de 500.000 € y en el contexto de la misma se concede una subvención a la empresa privada "ADRA, SA" por importe de 100.000 € y otra subvención a la empresa privada "BENTARIQUE, SA" por importe de 400.000 €, ambas con cargo a créditos del capítulo VII del ejercicio 2016, no reci-biendo subvención la solicitud presentada por la empresa "COBDAR, SA" al agotarse el crédito de la convocatoria.

Cuestiones

1. El régimen de concurrencia competitiva determina la necesidad de:

a) Conceder las subvenciones en función de la fecha de entrada de la solicitud.

b) Comparar las solicitudes recibidas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras.

c) Publicar en boletines oficiales la resolución de las solicitudes recibidas.

d) Conceder las subvenciones en función de la fecha de entrada de la solicitud en el Registro telemático de la Administración del Estado.

2. Agotado el límite de crédito fijado en la convocatoria, ¿sería posible conce-der la subvención a la empresa "COBDAR, SA" si el órgano gestor compe-tente para resolver la convocatoria dispusiese de un crédito adicional al fi-jado en la convocatoria?

a) En ningún caso, salvo que realizase una nueva convocatoria.

b) En todo caso.

c) Solo en el caso de que la convocatoria hubiese fijado la posibilidad de dicha cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeri-ría nueva convocatoria.

d) Únicamente en el caso de que se hubiese fijado en el pliego de prescripciones técnicas la posibilidad de dicha cuantía adicional.

3. Los requisitos que deben reunir las entidades beneficiarias para la obten-ción de la subvención y la finalidad de las subvenciones han de ser fijadas en:

a) El pliego de prescripciones técnicas de la subvención.

b) La convocatoria de la subvención.

c) La ley de presupuesto anual.

d) Las bases reguladoras de la subvención.

106

4. Las empresas a las que se concedió la subvención han debido acreditar, en-tre otras, las siguientes circunstancias:

a) Su inscripción en la base de datos estatal de subvenciones.

b) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración del Es-tado y haber sido inscritas en el Registro de Actividades Económicas de la Unión Europea.

c) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes sin que existiese al respecto exonera-ción de tales requisitos en las bases reguladoras.


5. En la resolución de concesión de la empresa "ADRA, SA" se establece que el plazo justificación del cumplimiento de la finalidad es de 4 meses, finali-zando el 30 de noviembre de 2016. No obstante, la empresa solicita amplia-ción del plazo de justificación. El órgano concedente dicta resolución con-cediéndole ampliación de dicho plazo por 40 días. ¿Cómo cabría calificar tal decisión?

a) Incorrecta por cuanto en las subvenciones a empresas privadas es posible am-pliar el plazo de ejecución de la finalidad de la misma, pero no el de justifica-ción.

b) Incorrecta por cuanto la ampliación concedida del plazo de justificación des-plaza el gasto de la subvención a un ejercicio presupuestario distinto al de la convocatoria.

c) Correcta si la solicitud de ampliación del plazo fue presentada antes de finali-zar el plazo inicialmente otorgado a tal efecto, y dado que la ampliación es in-ferior al 30% del plazo inicial de justificación.

d) Correcta si la solicitud de ampliación del plazo fue presentada antes de finali-zar el plazo inicialmente otorgado a tal efecto, y dado que la ampliación es in-ferior al 50% del plazo inicial de justificación.

6. Considerando que la subvención se concedió con fecha 30 de abril de 2016, y que el plazo inicial de justificación finalizaba el 30 de noviembre de dicho año:

a) El expediente de gasto de la subvención incluía propuesta de documento con-table con fase "D", imputado a créditos del artículo 77 del presupuesto de gas-tos del ejercicio 2016 y debió someterse a intervención crítica.

b) El expediente de gasto de la subvención incluía propuesta de documento con-table con fase "A", imputado a créditos del artículo 74 del presupuesto de gas-tos del ejercicio 2016 y debió someterse a intervención previa.

c) El expediente de gasto incluía propuesta de documento contable con fase "D" imputado a créditos del artículo 70 del presupuesto de gastos del ejercicio 2016 y no fue sometido a fiscalización previa al estar los gastos de subven-ción exentos del dicho trámite según la Ley General de Hacienda Pública.

d) El expediente de gasto de la subvención incluía propuesta de documento con-table con fase "O" imputado a créditos del artículo 77 del presupuesto de gas-tos del ejercicio 2016 y debió someterse a intervención previa.

107

7. Tras la concesión de la subvención, y por estar previsto en las bases regula-doras la posibilidad de pagos anticipados, se propuso el pago a la empresa "BENTARIQUE, SA" de un anticipo de 310.000 €. Al respecto cabe afir-mar:

a) Es correcto al acreditarse en el expediente que dicha empresa no tenía otros pagos pendientes de justificar.

b) Es correcto por cuanto respeta el límite establecido en la Ley General de Sub-venciones en relación con los anticipos.

c) Es incorrecto por cuanto vulnera el límite del 55 %.

d) Es incorrecto por cuanto vulnera el límite del 75 %.

8. La propuesta de pago del anticipo a la empresa "BENTARIQUE, SA , por importe de 310.000 €:

a) Debe someterse a fiscalización previa del gasto, para verificar su adecuación presupuestaria.

b) Debe ser autorizada por la persona titular del Ministerio competente en mate-ria de Hacienda.

c) Debe someterse a Intervención formal del pago al objeto de que se verifique la legitimidad y el derecho del acreedor.

d) Debe ser autorizada por el Consejo de Ministros.

9. Tras abonarse el anticipo en los límites legalmente establecidos, y con ante-rioridad al pago del resto de la subvención, el órgano concedente aprecia que el beneficiario obtuvo la subvención falseando las condiciones requeri-das para ello. Ante tal circunstancia procede a:

a) Solicitar aclaraciones al beneficiario y posteriormente dictar resolución deses-timando la solicitud de la subvención.

b) Iniciar expediente de reintegro de las cantidades abonadas en concepto de an-ticipo y resolver la pérdida del derecho de cobro del resto de la subvención.

c) Trasladar el expediente a la Agencia Tributaria de Andalucía para que esta re-suelva respecto del reintegro de la subvención.


10. De resultar procedente el reintegro del anticipo abonado, la cantidad a rein-tegrar quedaría sometida al siguiente régimen:

a) Se considera ingreso de derecho privado y su pago por parte del beneficiario ha de efectuarse en el plazo de un año desde la notificación del acuerdo de re-integro.

b) Se considera ingreso de derecho público y su pago por parte del beneficiario comprenderá el importe abonado como anticipo y el interés de demora com-putado desde la fecha del acuerdo de reintegro.

c) Se considera ingreso de derecho público y su pago por parte del beneficiario comprenderá el importe abonado como anticipo y el interés legal del dinero.

d) Se considera ingreso de derecho público y su pago por parte del beneficiario comprenderá el importe abonado como anticipo y el interés de demora com-putado desde la fecha en la que se produjo el pago del anticipo.

108

11. Cuando proceda, ¿quién será el órgano competente para acordar el reinte-gro de las cantidades percibidas en concepto de subvención o ayuda?

a) El Ordenador de pagos, de acuerdo con el órgano o entidad concedente.

b) La Intervención General, cuando los hechos y circunstancias que motiven el reintegro se conozcan como consecuencia de sus actuaciones de control.

c) La Cámara de Cuentas.

d) El órgano o entidad concedente.

12. La Ley General de Subvenciones establece que la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero es una infracción:

a) Muy grave.

b) Grave.

c) Leve.

d) No es una conducta tipificada como infracción.

13. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un pro-cedimiento de reintegro de una subvención?

a) Doce meses, transcurridos los cuales se entenderá que hay silencio negativo.

b) Doce meses, transcurridos los cuales se producirá la caducidad del procedi-miento.

c) Dos meses.

d) Tres meses.

14. En la ejecución del contrato de suministro, cuando razones técnicas o eco-nómicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá esta-blecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que:

a) El pago del precio total consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar el 70% del precio total.

b) El pago del precio total consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar el 50% del precio total.

c) El pago del precio total consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar el 60% del precio total.

d) El pago del precio total debe realizarse en todo caso en dinero.

15. Para la práctica del embargo de los derechos de cobro de los acreedores de la Seguridad Social, y según la Ley General Presupuestaria:

a) Hay que dirigirse a las entidades gestoras a las que se le haya prestado el ser-vicio.

b) Hay que dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Hay que dirigirse a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

d) Hay que dirigirse al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

109


Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se inicia expediente de contratación para la ejecución de la obra de construcción de un archivo central en el edificio administrativo sede del citado Ministerio, cuya tramitación corresponde a la Dirección General encargada de llevar a cabo las actuaciones derivadas de la corres-pondiente sección, como órgano gestor responsable de la ejecución de los créditos habilitados en el programa "Gestión y Administración del Patrimonio del Estado", del Presupuesto de Gastos de dicho Ministerio.

El día 15 de enero de 2016, el Servicio proponente remite al Servicio de Contratación la documentación relativa a las actuaciones preparatorias del contrato, de conformi-dad con el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-co, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como memoria justificativa de la necesidad de la contratación, los planos de conjunto y de detalle, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que va a regir la contrata-ción, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el resumen general del presupuesto, con el objeto de que se tramite el oportuno expediente de contrata-ción.

Con fecha 20 de enero de 2016, una vez emitido por el Gabinete Jurídico informe fa-vorable del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se dicta Resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas acordando la iniciación del expe-diente de referencia y su tramitación por el procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación.

El presupuesto base de licitación (que coincide con el valor estimado del contrato) es de 600.000 euros (IVA excluido), estableciéndose un plazo de ejecución del contrato de catorce meses, con la siguiente distribución de anualidades:

a) Anualidad 2016: 400.000 euros.

b) Anualidad 2017: 200.000 euros.

Una vez fiscalizadas de conformidad por la Intervención competente, las propuestas contables de autorización del gasto, se dicta Resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha 31 de enero de 2016, aprobando el citado expe-diente de contratación, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el gasto correspondiente, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, que será abierto.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron a la licitación un total de 12 empresas. Una vez cumplidos los preceptivos trámites establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real De-creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la Consejería de Hacienda y Ad-ministración Pública se adjudica el contrato de referencia a la empresa CONSTRUC-TORA FACTO S.L., por un importe de adjudicación de 550.000 euros (IVA exclui-

110

do), al haber presentado la proposición que contenía la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuestiones

1. Entre las actuaciones preparatorias del contrato de referencia se incorpo-raron al expediente de contratación el proyecto de ejecución, el informe de supervisión, la aprobación del proyecto y el acta de replanteo previo. ¿Qué carácter tendrá el informe de supervisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-bre?

a) Preceptivo, por razón de la cuantía.

b) Facultativo, por razón de la cuantía.

c) Facultativo, por razón de la cuantía, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe se-rá preceptivo.


2. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati-vo 3/2011, de 14 de noviembre, ¿está sujeto el contrato de referencia a regu-lación armonizada?

a) Sí, dado que el valor estimado del contrato es superior a 209.000 euros.

b) Sí, dado que la entidad contratante tiene el carácter de poder adjudicador.

c) No, dado que el valor estimado del contrato es inferior a 5.000.000 euros.

d) No, dado que el valor estimado del contrato es inferior a 5.225.000 euros.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati-vo 3/2011, de 14 de noviembre, ¿en qué Diario/s Oficialles se ha publicado el anuncio de licitación, además de hacerla en el Perfil de Contratante del Mi-nisterio, dentro de la Plataforma de Contratación?

a) En el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.

b) En el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

c) En el Boletín Oficial del Estado.

d) En el Diario Oficial de la Unión Europea yen el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

111

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati-vo 3/2011, de 14 de noviembre, una vez que el órgano de contratación pro-cede a la clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones presen-tadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ¿en qué plazo debe requerir el ór-gano de contratación a la empresa CONSTRUCTORA FACTO S.L., que presentó la oferta económicamente más ventajosa, la documentación justifi-cativa requerida por la ley?

a) Quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibi-do el requerimiento.

b) Cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera reci-bido el requerimiento.

c) Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

d) Diez días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibi-do el requerimiento.

5. ¿Qué documentación le fue requerida a la empresa CONSTRUCTORA FACTO, S.L., de conformidad con el citado artículo 151 del Texto Refundi-do de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre?

a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; la de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, así como el justificante del pago del/ de los anuncio/s en el/ los Boletín/ es Oficial/es que corresponda/n.

b) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; la de disponer efecti-vamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como de haber constituido la garantía defini-tiva que sea procedente.

c) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; la de disponer efecti-vamente de los medíos que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; la de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, así como el justificante del pago del/de los anuncio/s en el/los Boletín/es Oficial/es que corresponda/n.


112

6. Entre la documentación requerida a la empresa CONSTRUCTORA FAC-TO, S.L., se encuentra el justificante de haber constituido la garantía defi-nitiva procedente. ¿Por qué importe debió constituirse la citada garantía definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.1 del Texto Re-fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real De-creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre?

a) 27.500 euros.

b) 30.000 euros.

c) 33.275 euros.

d) 16.500 euros.

7. La empresa CONSTRUCCIONES COPSA S.L., que ha participado en el procedimiento de licitación, una vez recibida la notificación de la resolución de adjudicación del contrato a favor de CONSTRUCTORA FACTO, S.L., y no estando conforme con las razones por la que ha sido desestimada su proposición, decide recurrir la adjudicación del contrato. De conformidad con lo previsto en el artículo 40.5 del Texto Refundido de la Ley de Contra-tos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y teniendo en cuenta los datos señalados en el enunciado del supuesto:

a) No procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios contra el acuerdo de adjudicación adoptado por los poderes adjudicadores.

b) Podrá interponer recurso especial en materia de contratación previo a la inter-posición del recurso contencioso–administrativo.

c) El acto que se dicte en este procedimiento de adjudicación podrá ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía.

d) El acto que se dicte en este procedimiento de adjudicación podrá ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-miento Administrativo Común (y a partir de 1 de octubre de 2016 en el artícu-lo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la anterior), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

8. Según el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contra-tos que celebren las Administraciones Públicas podrán adjudicarse median-te procedimiento negociado:

a) Cuando su valor estimado sea inferior a 150.000 euros.

b) Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato pueda encomendarse a varios empresarios.

113

c) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por razón de sus características o de los riesgos que entrañen, pueda determinarse previa-mente el precio global.

d) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecua-das, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sus-tancialmente.

9. Respecto a la garantía provisional en los contratos, según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Tex-to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

a) La exigencia de garantía provisional ha sido expresamente derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

b) Podrá exigirse en atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato.

c) No podrá ser superior a un 5% del presupuesto del contrato.

d) No podrá ser superior a un 4% del presupuesto del contrato.

10. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso–administrativo:

a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adopta-dos en el ejercicio de funciones públicas.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administracio-nes Públicas.

c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.

11. De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de los contratos menores definidos en el artículo 138.3:

a) Podrán tener una duración superior a los 18 meses.

b) No podrán tener una duración superior a un año, salvo que en ellos se prevea la prórroga.

c) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

d) Podrán tener una duración superior a un año.

12. Según el artículo 88 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-co, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe to-tal del mismo:

a) Sin incluir el Impuesto de Valor Añadido.

b) Incluyendo el Impuesto de Valor Añadido.

c) Sin incluir las eventuales prórrogas.

d) Sin incluir las posibles modificaciones previstas.

114

13. Señala cuáles son los procedimientos de adjudicación de acuerdo con el Re-al Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

a) La subasta, el procedimiento restringido y el procedimiento negociado.

b) El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento ne-gociado y el diálogo competitivo.

c) La subasta, el concurso y el diálogo competitivo.

d) El procedimiento abierto, el procedimiento negociado y el diálogo competiti-vo.

14. Serán objeto de recurso especial en materia de contratación:

a) Los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modifi-caciones contractuales no previstas en el pliego.

b) Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergen-cia.

c) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que es-tablezcan las condiciones que deben regir la contratación.

d) Los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a 1.000.000 de euros.

15. El número máximo de ejercicios a los que puede extenderse un contrato plurianual es de:

a) Dos años.

b) Tres años.

c) Cuatro años.

d) Seis años.

115


En el ejercicio presupuestario de 2016, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene prevista la reali-zación de las obras de ampliación de dos nuevas aulas en el Centro de Formación Ocupacional «XX», así como la adquisición del mobiliario necesario para las citadas nuevas aulas.

El Director General de Formación Ocupacional, en virtud de las competencias dele-gadas en materia de contratación, acuerda iniciar expediente para redactar el corres-pondiente Proyecto de Obras. Dicho proyecto se encarga al Arquitecto don BBC, cu-yos honorarios ascienden a 5.100 euros.

Paralelamente se acuerda iniciar un expediente para contratar un estudio geológico sobre la naturaleza de los terrenos por un precio de licitación de 18.000 euros.

Una vez redactado el proyecto de ejecución de las obras, se remite a la Intervención la documentación correspondiente, proponiendo el pago de los honorarios del Arqui-tecto.

El importe de la ejecución de las obras de ampliación es, según el proyecto redactado y aprobado, de 144.000 euros.

La obra se adjudica mediante el procedimiento abierto teniendo como único criterio el del precio, a la empresa «CCC, SA» por 120.000 euros.

Iniciadas las obras se pone de manifiesto la necesidad de recalzar parte del edificio del centro «XX», por lo que se redacta un modificado del proyecto cuyo importe es 60.000 euros. Esta cuantía, una vez fiscalizados los correspondientes Documentos «A», se imputará con cargo a dos anualidades, 30.000 euros en el ejercicio corriente y el resto en el siguiente, adjudicándose a la misma empresa que ha de realizar las obras de ampliación.

La propia Dirección General, con destino a cubrir la necesidad del mobiliario para las dos nuevas aulas, inicia en el mismo ejercicio económico expediente para la adquisi-ción del equipamiento necesario por un importe máximo de 72.000 euros.

A tal efecto, se presentan dos ofertas cuyos datos económicos se entregan en hojas de cálculo con formato Excel 97 para Windows 95. Se crea un libro con las dos hojas si-guientes, que se entregará a la Mesa Técnica.

El contrato se adjudica a la empresa «OFIS–95, SA» por importe de 63.100 euros.

El pago material de este contrato se efectúa por transferencia bancaria a la referida empresa.

116

Cuestiones

1. El encargo de redacción del proyecto de obras de ampliación del Centro de Formación Ocupacional «XXX» al Arquitecto don BBC es un contrato de:

a) Servicios.

b) Trabajo específico concreto y no habitual.

c) Asistencia.

d) Consultoría.

2. La forma normal de adjudicación del contrato del Geólogo para la elabora-ción del informe es:

a) Procedimiento Negociado.

b) Procedimiento Abierto.

c) Procedimiento Restringido.


3. En el expediente del gasto para la adjudicación del contrato de obras de ampliación, cuyo importe de ejecución del proyecto era de 144.000 euros, que se adjudica en 120.000 euros, deberán figurar los siguientes documen-tos contables por los importes de euros:

a) «A» de 144.000; «A/» de 24.000 y «D» de 120.000.

b) «AD» de 144.000; «A/» de 24.000 y «AD» de 120.000.

c) «AD» de 144.000; «AD/» de 24.000 y «D» de 120.000.


4. En el expediente de gasto del modificado proyecto, el compromiso de gasto deberá formalizarse en los documentos contables siguientes:

a) «ADO» de 30.000, 1.ª anualidad. «ADO» de 30.000, 2.ª anualidad.

b) «D» de 30.000, 1.ª anualidad. «D» de 30.000, 2.ª anualidad.

c) «AD» de 30.000, 1.ª anualidad. «AD» de 30.000, 2.ª anualidad.


5. El órgano competente para efectuar el pago a la Empresa Adjudicataria hará efectivo el mismo:

a) Una vez que esta haya efectuado la entrega.

b) Cuando se haya fiscalizado de conformidad el documento «P» correspondien-te.

c) Una vez que la Delegación correspondiente haya efectuado la recepción.

d) Cuando se haya fiscalizado de conformidad el documento «O» correspondien-te.

6. En el contrato de suministro de mobiliario, ¿es necesaria la clasificación de la empresa adjudicataria?

a) No, porque no se exige en los contratos de suministros.

b) Sí, porque se exige para los contratos superiores a 60.000 euros.

c) Sí, porque se exige cualquiera que sea la cuantía.

d) Sí, porque se exige para los contratos superiores a 120.000 euros.

117

7. La aprobación del gasto para la ejecución de las obras de ampliación debe-rá producirse:

a) Con la aprobación del expediente de contratación.

b) Con la adjudicación de la obra.

c) Con la formalización del contrato.

d) Con la liquidación de la obra.

8. Para acudir a la licitación, la empresa «CCC, SA» debió acreditar como máximo, siempre que se prevea en el pliego de cláusulas administrativas la constitución previa de una garantía provisional de:

a) 7.200 euros.

b) 2.880 euros.

c) 4.320 euros.

d) Legalmente ya no existe la fianza provisional.

9. Los precios de las unidades de obra, incluidos en el proyecto modificado, serán fijados:

a) Por la Administración a propuesta del contratista.

b) Por la Administración a propuesta del Director Facultativo y previa audiencia del contratista.

c) Por la Administración a propuesta del Director Facultativo.


10. Recibidas por la Administración las obras, comenzará el plazo de garantía de las mismas, que será:

a) El que se recoja en el acta de recepción previo acuerdo de las partes.

b) El que se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particula-res.

c) El que se haya fijado en el contrato en función del precio de obra.

d) El que se haya establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

11. ¿Podrían haberse adjudicado las obras de ampliación por el procedimiento negociado sin publicidad?

a) Sí, porque el presupuesto es inferior a 150.253.02 euros.

b) Sí, siempre que no se hubieran presentado ofertas o candidaturas o las ofertas presentadas no sean adecuadas.

c) No, en ningún caso.

d) Sí, porque el presupuesto es inferior a 120.000.02 euros.

12. ¿Qué requisito especial se exige en el expediente de contratación del Geólo-go?

a) Un informe de insuficiencia de medios que justifique que la Administración no dispone de las personas adecuadas para ejecutar los servicios que se quie-ren contratar.

b) Un informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Dirección Gene-ral de Patrimonio.

c) Ningún requisito especial.

d) Un informe del Secretario General Técnico.

118

13. Tras la recepción de las obras, la Administración deberá aprobar la certifi-cación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuen-ta de la liquidación del contrato, en un plazo de:

a) 2 meses.

b) 5 meses.

c) 6 meses.

d) 3 meses.

14. De la liquidación resultante se deriva un exceso de obra ejecutada de 9.000 euros, por lo que la Administración:

a) Deberá abonarlo al contratista.

b) No tiene obligación de abonarlo al contratista.

c) Solo deberá abonarlo si así se considera por la Comisión de Arbitraje.

d) Solo deberá abonarlo si así se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. La Mesa de Contratación encuentra defectos en la proposición de una de las empresas que concurre a la subasta:

a) El licitador queda excluido si los defectos no tienen solución.

b) El licitador queda excluido en todo caso.

c) El licitador podrá subsanar los defectos en un plazo no superior a 5 días.

d) El licitador podrá subsanar los defectos en un plazo no superior a 10 días.

16. El contrato de las obras de ampliación del centro se ha adjudicado median-te el procedimiento abierto siendo el único criterio el precio. En este caso la propuesta de adjudicación ha sido realizada por:

a) El Jefe del Servicio correspondiente de la Dirección General de Formación Ocupacional.

b) El Secretario General de la Dirección General de Formación Ocupacional.

c) La Mesa de Contratación constituida al efecto de esta contratación en la Di-rección General de Formación Ocupacional.

d) El Director General de la Dirección General de Formación Ocupacional.

119


El crédito inicial del Capítulo II para el ejercicio presupuestario de 2016 de la Subde-legación del Gobierno de la provincia de Almería, es de 900.000 euros.

Durante el mes de febrero del citado año, se han pasado, por el sistema de anticipo de caja fija, las siguientes facturas:

a) 1 Factura de 150,54 euros correspondiente al mes de enero del Contrato de Mantenimiento de los ascensores (AD: 1.800 euros).

b) 1 Factura de protocolo por gastos con un colectivo de personas con discapaci-dad de 172,50 euros.

c) 1 Factura de Energía Eléctrica de 2.417,99 euros.

d) 1 Factura de la empresa de vigilancia por importe de 938,32 euros, correspon-diente al contrato anual que se tiene firmado (AD: 11.260,84 euros).

e) 1 Liquidación por dietas y locomoción del funcionario JTM por 50,18 euros.

Cuestiones

1. El Capítulo II del Presupuesto atiende a los gastos de:

a) Personal.

b) Bienes Corrientes y Servicios.

c) Transferencias corrientes.

d) Inversiones.

2. La cuenta de gastos de funcionamiento:

a) Sirve para el pago de los gastos del Capítulo I.

b) Sirve para el pago de los gastos del Capítulo II.

c) Sirve para el pago de los gastos de los Capítulos I y II.

d) Sirve para el pago de los gastos del Capítulo VI.

3. Establecer las normas que regulan los pagos satisfechos mediante el sistema de anticipos de Caja Fija en un Departamento Ministerial corresponde:

a) Al Subsecretario, previo informe de la Intervención Delegada.

b) Al Secretario de Estado, previo informe de la Intervención Delegada.

c) Al Ministro, previo informe de la Intervención Delegada.

d) No es necesario establecer estas normas pues se regulan en el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija.

4. El límite de la cuantía global de los Anticipos de Caja Fija que puede tener a su disposición un Departamento Ministerial es:

a) El importe que se fije mediante Acuerdo por el titular del Departamento Mi-nisterial.

b) El 7 por 100 del total de los créditos del Departamento Ministerial de los pre-supuestos de gastos vigentes en cada momento.

120

c) El 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos vigentes en cada momen-to.

d) El 7 por 100 del total de los créditos de la Sección presupuestaria correspon-diente al Ministerio.

5. La liquidación por dietas y locomoción del funcionario JTM:

a) Son gastos de personal y se habrán pagado con cargo al Capítulo I.

b) Se consideran gastos en bienes corrientes y se pagan con cargo al Capítulo II.

c) Se pueden abonar indistintamente con cargo a los Capítulos I y II.

d) Son inversiones en personal y se habrán pagado con cargo al Capítulo VI.

6. Los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas en el Presupuesto del Estado, según la Ley General Presupuestaria, tienen carác-ter limitativo y vinculante a nivel de:

a) Artículo.

b) Subconcepto, siempre.

c) Concepto.

d) Desagregación con que aparezcan en los estados de gasto.

7. ¿Qué tipo de propuesta de documento contable tendrá que editarse para el pago de la factura de electricidad?

a) ADO.

b) O.

c) P. d) AD.

8. ¿Con cargo a qué concepto presupuestario se imputará la factura del man-tenimiento de los ascensores?

a) 220.01.

b) 212.00.

c) 230.00.

d) 130.00.

9. ¿Qué nos indica el dígito (13) en el concepto presupuestario 130.00?

a) Artículo 13, Capítulo 1.

b) Concepto 13, Artículo 1.

c) Subconcepto 13, Capítulo 1.

d) El tipo de presupuesto.

10. ¿Qué tipo de propuesta de documento contable habrá que editar para el pago de la factura de la vigilancia?

a) ADO.

b) O.

c) P.

d) AD.

121

11. ¿Con cargo a qué concepto presupuestario se imputará la factura de proto-colo?

a) 220.

b) 221.

c) 227.

d) 226.

12. ¿Con cargo a qué concepto presupuestario se imputará la factura de mate-rial de oficina?

a) 220.

b) 221.

c) 227.

d) 226.

13. Al concepto presupuestario 212 se imputarán los gastos referidos a:

a) Suministro de material de oficina ordinario no inventariable.

b) Reparación y conservación de edificios y otras construcciones.

c) Arrendamientos de edificios y otras construcciones.

d) Material de oficina.

14. La liquidación de las dietas y locomoción se imputarán con cargo al artícu-lo:

a) 22.

b) 20.

c) 23.

d) 13.

15. ¿Qué gastos de los que se indican a continuación no entrarían dentro del ámbito del anticipo de caja fija?

a) Factura de combustible por importe de 18.000 euros.

b) Factura de alquiler de vehículo de 1.336,21 euros.

c) Factura de suministro de mobiliario de oficina por importe de 9.000 euros.

d) Todos los gastos entrarían dentro del ámbito de caja fija.

16. A efectos de agilizar el pago de la productividad del personal laboral de la Subdelegación del Gobierno de Almería, se ha decidido abonarlo a través del anticipo de caja fija; ¿dicho anticipo es decisión correcta?

a) Sí.

b) Sí, siempre que su importe sea inferior a 3.000 euros.

c) Sí, siempre que su importe sea inferior a 6.000 euros.

d) No.

122


Una vez aprobadas las distintas pruebas selectivas del proceso de selección del Cuer-po de Administrativos de la Administración Civil del Estado se incorpora en su pues-to de destino en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas gestiona, entre otros los siguientes programas presupuestarios:

– Servicio 01. MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES.

467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. 922Q Dirección y Servicios Generales de Política Territorial. 921 P Administración periférica del Estado.

– Servicio 02. SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. 921N Dirección y organización de la Administración Pública.

– Servicio 03. SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL.

922M Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de cola-boración.

942A Cooperación económica local del Estado.

En la ejecución presupuestaria del gasto, se plantean varias Cuestiones a los gesto-res del Departamento:

– Las proyecciones de gasto realizadas muestran una insuficiencia de dotación eco-nómica para pagar las nóminas del personal destinado en Delegaciones y Subde-legaciones del Gobierno, que se financian con cargo al programa 921 P.

– Por Resolución de 31 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Administración Pública aprobó la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación unitarios e interdepartamentales, en el ámbito de la Administración del Estado, concediendo una subvención por un importe de 816.234 euros a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

– Por problemas de ejecución presupuestaria al estar el Gobierno de la Nación desde diciembre del año 2015 hasta octubre de 2016, se prevé un excedente en las inversiones de 2,3 millones de euros.

123

– Tras las lluvias torrenciales en la provincia de Almería, ha sido preciso clausurar la carretera nacional N–340, de competencia del Estado, que comunica la ciudad de Almería y la localidad de Aguadulce dentro del término municipal de Roque-tas de Mar, siendo necesario cuanto antes abordar los trabajos necesarios en el acantilado de la montaña, por ser una vía fundamental para comunicar con la lo-calidad de Aguadulce, especialmente, en el periodo estival.

Cuestiones

1. ¿Pueden abonarse las nóminas de Altos cargos (artículo 10 de la clasifica-ción económica del gasto) destinados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno con los remanentes previstos en los créditos destinados al per-sonal eventual (artículo 11 de la clasificación económica del gasto) destina-do en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (programa 921P en ambos casos)?

a) No, porque corresponden a distintos artículos.

b) Sí, porque se trata de cuantías que se encuentran en el mismo capítulo.

c) Sí, porque los créditos se encuentran en el mismo programa presupuestario.

d) No, porque no es posible subsanar insuficiencias cuyo origen esté en el presu-puesto inicial aprobado por las Cortes Generales.

2. De las proyecciones de nómina de personal funcionario se advierte una in-suficiencia de 180.000 euros en el subconcepto 110.00, retribuciones básicas, si bien se prevé un excedente de 200.000 euros en el subconcepto 110.01, re-tribuciones complementarias, del mismo programa presupuestario. Para proceder al pago de las retribuciones básicas del personal laboral:

a) Es preciso tramitar un suplemento de crédito.

b) No es posible el pago de estas retribuciones complementarias, por exceder los importes previstos en la ley de presupuestos aprobada por las Cortes Genera-les.

c) No es preciso tramitar ninguna modificación presupuestaria, ya que pertenece al mismo artículo.

d) Es preciso tramitar una incorporación de crédito desde el subconcepto 110.01, retribuciones complementarias, al subconcepto 110.00, retribuciones básicas.

3. Suponiendo que inicialmente un programa presupuestario le corresponda a una determinada sección presupuestaria, es decir, al Ministerio de Indus-tria, Energía y Turismo, pero al estar vacante tras el cese voluntario del ti-tular del Ministerio, se decide que dicho programa se gestione por otra sec-ción presupuestaria, es decir, en este caso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿cuál es el mecanismo presupuestario adecuado para que la sección: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pueda gestionar los programas presupuestarios que en el presupuesto ini-cial se incluían en la sección: Ministerio de Industria, Energía y Turismo?

a) Incorporación de crédito.

b) Transferencia de crédito.

124

c) Crédito extraordinario.

d) Suplemento de crédito.

4. La competencia para aprobar la modificación presupuestaria a que hace re-ferencia la pregunta anterior corresponde:

a) Al titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

b) Al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

c) Al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Al Gobierno.

5. Se estima que existe un déficit de 135.000 euros en el concepto 203, arren-damientos de maquinaria, instalaciones y utillaje del programa 921 P. No obstante, existe un excedente de 185.000 euros en el concepto 205, arrenda-mientos de mobiliario y enseres, del mismo programa:

a) Puede tramitarse una incorporación de crédito desde el concepto 205 al con-cepto 203.

b) Puede tramitarse una transferencia de crédito desde el concepto 205 al con-cepto 203.

c) No es necesario tramitar ninguna modificación presupuestaria.

d) No puede abonarse el alquiler hasta el ejercicio siguiente, cuando exista crédi-to adecuado y suficiente.

6. Para acondicionar a la mayor brevedad posible la antigua carretera, que comunica Almería con la localidad de Aguadulce, Nacional 340 siendo nece-sario cuanto antes abordar los trabajos necesarios en el acantilado de la montaña y evitar su desplome, ¿qué tipo de contrato debe utilizarse?

a) Contrato de obras.

b) Contrato de suministros.

c) Contrato de servicios.

d) Contrato de gestión de un servicio público.

7. ¿Cómo debe tramitarse el expediente de contratación a que se hace referen-cia en la pregunta anterior?

a) Por tramitación ordinaria, acordando la reducción de los plazos por el titular del Departamento.

b) Por anticipo de caja fija.

c) Por pagos a justificar.

d) Por tramitación de emergencia.

8. ¿Cuál es el mecanismo presupuestario que se ha de utilizar para que la cuantía de la subvención concedida por el Instituto Nacional de Adminis-tración Pública incremente el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?

a) Suplemento de crédito.

b) Transferencia de crédito.

c) Incorporación de crédito.

d) Generación de crédito.

125

9. Para contratar el servicio de Auditoría a las Haciendas de las Administra-ciones Locales para proseguir con "EL PLAN DE PAGO A PROVEEDO-RES", con carácter previo a la apertura del procedimiento de adjudicación, se requiere:

a) Informe previo al acuerdo de inicio del expediente, emitido por la Secretaría General Técnica del Departamento.

b) Aprobación del expediente de contratación.

c) Fiscalización por la Intervención Delegada.

d) Reunión de la Mesa de Contratación, para determinar el importe máximo de licitación.

10. ¿Qué documento o documentos contables que deben tramitarse para poder abrir el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de Audito-ría a las Haciendas de las Administraciones Locales para proseguir con "EL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES"?

a) AD.

b) MC y D.

c) ADOK.

d) RC y A.

11. ¿Qué documento o documentos contables que deben tramitarse si, una vez adjudicado y formalizado el contrato de servicio de Auditoría a las Hacien-das de las Administraciones Locales para proseguir con "EL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES e iniciada su ejecución, es preciso resolver el contrato?

a) OK.

b) RC y AD negativos.

c) ADOK negativo.

d) D.

12. Los presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recogen una partida presupuestaria destinada a subvenciones para la adap-tación del programa informático de la contabilidad presupuestaria de las Diputaciones Provinciales para que puedan asumir el apoyo a los Ayunta-mientos de menos de 20.000 habitantes de "EL PLAN DE PAGO A PRO-VEEDORES", por importe de 2.800.000 euros. Señala la respuesta correc-ta:

a) El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia no competiti-va, y se iniciará mediante solicitud razonada de las Diputaciones Provinciales.

c) Estas subvenciones podrán concederse de forma directa, ya que en los Presu-puestos Generales del Estado están previstas nominativamente.

d) El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia con la aproba-ción del documento contable ADOK.

126

13. Los gestores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para cubrir insuficiencias de crédito, plantean la posibilidad de realizar una transferencia presupuestaria del artículo 61 Inversión de reposición en in-fraestructura y bienes destinados al uso general, del programa 922Q al artí-culo 22 Material, suministros y otros, del programa 922M. Señala la res-puesta correcta:

a) Es competente para su tramitación el Ministro titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) La modificación presupuestaria a tramitar es una incorporación de crédito y no una transferencia.

c) No es necesario tramitar ninguna modificación presupuestaria, porque los créditos corresponden a la misma sección presupuestaria.

d) No puede tramitarse una transferencia desde créditos de inversiones para cré-ditos para operaciones corrientes.

14. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene intención de tramitar el contrato de la antigua carretera N–340 por la vía más rápida posible dentro de la normativa sectorial, por lo que decide que se desplacen dos funcionarios de los servicios centrales del Ministerio hasta la provincia de Almería. El pago de las dietas y desplazamientos de los funcionarios se realizará:

a) Por contrato menor.

b) Por acuerdo de la Mesa de Contratación, previo informe favorable de la Inter-vención Delegada en el Departamento.

c) Por subvención directa.

d) Por anticipo de caja fija.

15. Los gastos destinados a satisfacer las indemnizaciones por razón del servi-cio se aplicarán dentro del presupuesto de gastos al:

a) Artículo 16.

b) Artículo 23.

c) Artículo 12.

d) Artículo 22.

127


En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Servicio 28), de la Secreta-ría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administra-ciones Públicas (Sección 1 S), pretende abordar la contratación de la rehabilitación integral del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Alme-ría cuyo presupuesto asciende a 9.500.000 euros, distribuidos de la siguiente forma:

– Ejercicio 2016: 1.000.000 euros. – Ejercicio 2017: 4.500.000 euros. – Ejercicio 2018: 4.000.000 euros.

De acuerdo con los trámites previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-tor Público, el contrato se adjudica por un importe de 8.500.000 euros a la empresa ALMERIA 2005 SA.

La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Servicio 28) gestiona el programa de gastos 921 P (Administración Periférica del Es-tado) para el cual tiene asignados, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto del Es-tado para 2016, los siguientes créditos en el capítulo 6:

– 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: 3.500.000 euros.

620.02 Edificios y otras construcciones: 500.000 euros. 620.05 Mobiliario y enseres: 1.000.000 euros. 620.06 Equipamiento informático 2.000.000 euros

– 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: 4.500.000 euros

630.02 Edificios y otras construcciones: 500.000 euros. 630.05 Mobiliario y enseres: 1.000.000 euros. 630.06 Equipamiento informático 2.500.000 euros

TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES: 9.000.000 euros

Cuestiones

1. La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Servicio 28) gestiona, además del programa de gastos 921P (Admi-nistración Periférica del Estado), el programa 467G (Investigación y desa-rrollo de la Sociedad de la Información); este último programa se caracteri-za por ser de tipo:

a) Finalista.

b) Instrumental y finalista.

c) Instrumental y de gestión.

d) Finalista y de gestión.

128

2. En el caso planteado, si la Dirección General de Coordinación de la Admi-nistración Periférica del Estado (Servicio 28) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Sección 15), decidiese adquirir nuevos equipos informáticos, ¿cuál sería la aplicación presupuestaria correspondiente al gasto para la adquisi-ción de los nuevos equipos?

a) 15.28.921 P620

b) 15.28.921 P62

c) 620.06.921 P28.15

d) 15.28.921 P6

3. ¿Qué tipo de contrato deberá celebrar la Dirección General de Coordina-ción de la Administración Periférica del Estado (Servicio 28) de la Secreta-ría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Sección 15), para adquirir los nuevos equipos informáticos?

a) Un contrato de obra.

b) Un contrato de servicios.

c) Un contrato de suministros.

d) Un contrato de privado, como si se tratara una compra de base de datos.

4. ¿Cuál es el órgano competente para el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago del contrato de la adquisición de los nuevos equipos in-formáticos?

a) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera.

b) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería.

d) El Secretario de Estado de Administraciones Públicas.

5. En el supuesto de la tramitación anticipada, ala que se refiere el artículo 110.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de este expediente de contratación de obras en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería, para iniciar el mismo se expedirá:

a) El documento TR de toma de razón de la tramitación anticipada.

b) El documento TR de tramitación anticipada.

c) El documento RC de tramitación anticipada.

d) El documento RC de toma de razón de la tramitación anticipada.

6. En el supuesto de la tramitación anticipada, a la que se refiere el artículo 110.2 del TRLCSP, de este expediente de contratación de obras en la Sub-delegación del Gobierno en la provincia de Almería, una vez aprobado el gasto se expedirá:

a) El documento contable A.

b) El documento contable AD.

c) El documento contable A de tramitación anticipada.

d) El documento contable A de gastos plurianuales.

129

7. En este caso, ¿se podría haber firmado la reserva de crédito, documento contable RC, antes del acuerdo de inicio del expediente de contratación en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería?

a) Sí, pues el documento contable RC puede hacerse en cualquier momento an-tes del inicio del expediente para reservar el crédito necesario, siempre que lo haga el Secretario de Estado de Administraciones Públicas.

b) No hasta que lo firme el Secretario de Estado de Administraciones Públicas junto con el acuerdo de inicio del expediente.

c) No, el documento contable RC se expide cuando está firmado el acuerdo de inicio del expediente y firmado el pliego de cláusulas administrativas infor-mado favorablemente por la Abogacía del Estado.

d) Sí, pues él documento contable RC puede hacerse en cualquier momento an-tes del inicio del expediente para reservar el crédito necesario.

8. Tras la adjudicación de la contratación de la obra en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería con la empresa Almería 2005 SA, en la tramitación ordinaria, procede expedir los documentos contables siguien-tes:

a) Un documento AD de ejercicio corriente y un documento AD de ejercicios posteriores, por el importe del precio de adjudicación, y un RC/ y un AD/ de ejercicio corriente y un RC/ y un AD/ de ejercicios posteriores por el importe de la baja en la adjudicación.

b) Un documento D de ejercicio corriente y un documento D de ejercicios poste-riores, por el importe del precio de adjudicación y un A/ de ejercicio corriente y un A/ de ejercicios posteriores por el importe de la baja en la adjudicación.

c) Un documento D de ejercicio corriente y un documento D de ejercicios poste-riores, por el importe del precio de adjudicación, y un RC/ y un A/ de ejerci-cio corriente y un RC/ y un A/ de ejercicios posteriores por el importe de la baja en la adjudicación.

d) Un documento AD de ejercicio corriente y un documento AD de ejercicios posteriores, por el importe del precio de adjudicación, y un A/ de ejercicio co-rriente y un A/ de ejercicios posteriores por el importe de la baja en la adjudi-cación.

9. ¿Cuál será la cuantía de la garantía definitiva que deberá constituir la em-presa Almería 2005 SA tras la adjudicación de la contratación de la obra en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería?

a) 255.000,00 €.

b) 425.000,00 €.

c) 475.000,00 €.

d) 850.000,00 €.

130

10. Con anterioridad al acto de autorización del compromiso del gasto derivado de la adjudicación y formalización de este contrato de obras en la Subdele-gación del Gobierno en la provincia de Almería, se ha de proceder a:

a) La contabilización del documento contable AD correspondiente.

b) La contabilización del documento contable D correspondiente.

c) La autorización del compromiso de gasto por el Consejo de Ministros.

d) La fiscalización previa por la Intervención de la aprobación del gasto corres-pondiente.

11. En el programa 467G (Investigación y desarrollo de la Sociedad de la In-formación), de acuerdo con la estructura del gasto por programas, el 46 que figura como primer y segundo dígito significa:

a) El Grupo de Programas.

b) El Grupo de Función.

c) El Área de Gasto.

d) La Política de Gasto.

12. Teniendo en cuenta los créditos del programa 921 P, Administración Peri-férica del Estado, ¿es necesario tramitar una modificación presupuestaria para poder celebrar este contrato de obras en la Subdelegación del Gobier-no en la provincia de Almería?

a) Sí, habrá que tramitar una transferencia de crédito desde el subconcepto 620.02 al subconcepto 630.02.

b) Sí, habrá que tramitar una transferencia de crédito desde el programa de fun-ciones no clasificadas, aprobada por el Ministro de Hacienda y Administra-ciones Públicas.

c) No, porque la vinculación de los créditos en el capítulo 6, inversiones reales, es a nivel de capítulo en el que hay crédito suficiente.

d) Sí, habrá que tramitar una transferencia de crédito desde el subconcepto 620.06 al subconcepto 630.02.

13. Para la tramitación de los gastos de las retribuciones de personal de la Di-rección General de Coordinación de la Administración Periférica del Esta-do (Servicio 28) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Sección 15):

a) El Servicio gestor competente formulará, mensualmente, un documento AD por el importe de las retribuciones fijas y periódicas, y de las retribuciones va-riables que hayan sido autorizadas.

b) El Servicio gestor competente formulará, al inicio del ejercicio, un documento AD por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio, para las retri-buciones fijas y periódicas, y para las retribuciones variables.

c) El Servicio gestor competente formulará, al inicio del ejercicio, un documento AD por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio para las retri-buciones fijas y periódicas, estimado a partir de las cantidades que se incluyan en la nómina del mes de enero del citado ejercicio.

131

d) El Servicio gestor competente formulará, al inicio del ejercicio, un documento AD por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio el cual única-mente podrá ser revisado cuando entre en vigor un nuevo convenio colectivo para el personal laboral.

14. El pago de las certificaciones de este contrato de obras en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería le corresponde:

a) Al Ministro de Economía y Competitividad.

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Al Secretario de Estado de Administraciones Públicas.

d) Al Ordenador General de Pagos del Estado.

15. En este procedimiento de contratación, desde el punto de vista de las fases de gestión del gasto, el reconocimiento de la obligación se corresponde con:

a) La adjudicación del contrato.

b) La publicación en el BOE de la licitación.

c) El nacimiento de la obligación de pago para la Administración.

d) La apertura de las ofertas económicas ante la Mesa de Contratación.

132

SOLUCIONES – GESTIÓN FINANCIERA

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 1. c 1. b 1. c 1. b 1. b 1. a 1. a 1. b 1. a 1. a 2. a 2. b 2. c 2. a 2. c 2. d 2. b 2. b 2. c 2. a 3. b 3. d 3. a 3. c 3. d 3. c 3. a 3. c 3. b 3. b 4. b 4. c 4. d 4. a 4. c 4. c 4. b 4. c 4. d 4. d 5. d 5. a 5. b 5. a 5. d 5. b 5. d 5. b 5. b 5. c 6. c 6. b 6. c 6. a 6. a 6. a 6. a 6. d 6. a 6. c 7. c 7. c 7. b 7. a 7. d 7. d 7. a 7. a 7. d 7. d 8. b 8. c 8. a 8. c 8. c 8. d 8. c 8. b 8. d 8. c 9. c 9. d 9. d 9. b 9. b 9. b 9. b 9. a 9. b 9. b

10. a 10. c 10. d 10. a 10. d 10. c 10. b 10. b 10. d 10. d 11. d 11. d 11. c 11. b 11. d 11. b 11. d 12. a 12. c 12. a 12. a 12. a 12. a 12. c 13. a 13. b 13. b 13. d 13. b 13. d 13. c 14. d 14. b 14. c 14. a 14. c 14. d 14. d 15. c 15. b 15. c 15. c 15. c 15. b 15. c 16. d 16. c 16. d 17. d

SUPUESTO N.º 1 DERECHO ADMINISTRATIVO - …aprendoyo.com/ccoo/TEST Y CASOS PRACTICOS PARA MANDAR...

Documents

Transcript of SUPUESTO N.º 1 DERECHO ADMINISTRATIVO - …aprendoyo.com/ccoo/TEST Y CASOS PRACTICOS PARA MANDAR...