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Seguridad pública y privada en República Dominicana

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Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición oficial de la OEA o de sus países miembros.
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Seguridad pública y privada en República Dominicana Armando Carballido Gómez

Resumen Ejecutivo Estado de situación: Aunque la República Dominicana presenta elevados niveles de violencia, especialmente homicida, estos se situarían en la media de los países latinoamericanos (26 homicidios por cada 100 mil habitantes), y muy por debajo de otros del entorno, especialmente Jamaica, los del Triángulo Norte de Centroamérica y Belice. Asimismo, si se observa la tendencia de los últimos años, se puede apreciar que, tras un incremento sostenido entre 2001 y 2005 en los que se duplicó la tasa, a partir de esa fecha comienza un moderado descenso hasta llegar a los 22.07 homicidios por cada 100 mil habitantes registrado en 2007. En todo el país hay un total de 35 recintos carcelarios con un total estimado de 6.300 camas para alojar una población superior a 13,000 personas, arrojando un déficit estimado en 7,000 camas. La encuesta LAPOP (2006) señaló unos niveles de victimización a nivel nacional del 16.16%. Casi la mitad de la población afirmó no haber denunciado el delito, el 55% por considerar que no sirve de nada. En cuanto a la confianza en las instituciones, cerca del 60% de los encuestados afirmaron tener poca confianza en la policía. La institucionalidad. La Secretaría de Estado de Interior y Policía es la institución rectora de las políticas de seguridad en la República Dominicana. Su principal objetivo es velar por el mantenimiento de la seguridad pública en todo el país y asesorar el régimen administrativo de las provincias y municipios. Por su parte, La Policía Nacional es una dependencia orgánica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, y corresponde al Presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de la Policía Nacional, el mando supremo de la Institución. El Presidente, que a su vez presiden el Consejo Superior Policial, a través del Secretario de Interior y Policía, tiene plena potestad para designar nombramientos, traslados, pensiones, separaciones, organización territorial y distribución de la fuerza de seguridad pública autorizada. Actualmente, la tasa de policías por 1.000 habitantes en República Dominicana alcanza los 3,7 efectivos por cada 100 mil habitantes para el conjunto de la República. Sin embargo, diversas fuentes señalan que una parte de los 32.000 policías con que cuenta la institución no están en situación de actividad y, por tanto, no se encuentran desplegados en realidad. Formación policial. La Dirección de Educación y Entrenamiento es la encargada de dirigir la conformación de un sistema integral de formación, educación, actualización y desarrollo continuo de los miembros de la institución policial.

El objetivo del programa de educación es capacitar a todos los miembros de la institución en los cursos correspondientes a sus grados, para ejercer con eficiencia sus funciones y poder ascender dentro de la escala de mando.

Las Políticas. La actual administración elaboró y puso en marcha en 2005 el Plan de Seguridad Democrática. Tras la elaboración de un diagnóstico que constituyó la línea base del Plan, se establecieron seis líneas de acción: El desarrollo de una eficaz policía preventiva Una profunda reforma académica para formar mejores policías. El desarrollo e implementación de un sistema de investigación policial.

Departamento de Seguridad Pública

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El acercamiento de la PN a la sociedad a través de la policía comunitaria. Diseño y organización gerencial para su eficiencia en la administración y equipamiento

para que cada área pueda cumplir adecuadamente sus funciones. El desarrollo de un programa efectivo de asuntos internos para el control dentro de la

PN a fin de reducir la corrupción y profesionalizarla con tecnología para la inteligencia delictiva.

De sus diez programas los más significativos son lo relativo a la reforma policial que se pretende emprender y el proyecto Barrio Seguro, intervención en áreas urbanas críticas en términos de violencia e inseguridad. El objetivo directo es la reducción de la criminalidad violenta y de la percepción de inseguridad. El objetivo más amplio es la inclusión social de estas poblaciones. El impacto más relevante del proyecto ha sido la reducción de la violencia letal y de la percepción de inseguridad entre los vecinos de los barrios así como la mejora de la relación entre la policía y la comunidad. Déficit institucional. Entre los principales problemas identificados se pueden destacar los siguientes: Si bien la República Dominicana cuenta con un Plan de Seguridad, el mismo difícilmente

podría ser catalogado como política. Llama la atención que actualmente la Procuraduría General de la República esté elaborando

un Plan Estratégico de Política Criminal para la República Dominicana, que definiría las líneas centrales de la política del Estado..

o Hay claras deficiencias en la investigación criminal, que permiten que continúe la brecha entre la capacidad de las instituciones para probar hechos y la obtención de condenas.

o No existe un sistema nacional de información sobre seguridad unificado ni georeferenciado que mantenga la integridad de los datos.

o En cuanto a la Policía Nacional y su formación una asignatura pendiente es una verdadera reforma policial que:

Desarrolle un proceso de profesionalización de la policía tanto en la prevención como

en la persecución del delito. Introduzca cambios en el plano organizacional y operativo. Modifique la capacitación y entrenamiento de los distintos cuadros policiales Introduzca

nuevas tecnologías. Defina nuevas estrategias y procedimientos en el plano del control del delito

especialmente en el área de la investigación criminal. Aumente la descentralización de los servicios policiales. Racionalice la asignación de los recursos. Fortalezca el control interno de la corrupción. Desarrolle un área de autentica inteligencia criminal. Establezca un sistema de información que permita el mapeo delictivo. Implemente las estrategias de proximidad o comunitaria. Revise el escalafón policial. Mejore el sistema de comunicaciones, infraestructura, equipamiento. Trasforme la capacitación policial, profundizando especialmente en desarrollo de la

Escuela de Investigaciones Criminales. Evite la dispersión de recursos y el mal uso de los recursos humanos. Depure la policía por inoperancia operativa y elevada corrupción.

En el lado positivo, se puede señalar:

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El establecimiento tras las reformas de un mando único operativo en la PN ha facilitado la coordinación entre áreas preventivas e investigación.

Hay claros esfuerzos por desarrollar una policía de proximidad o comunitaria, mucho más cercana a la población.

Los gobiernos locales, a excepción del Distrito Nacional, apenas dedican esfuerzos y recursos a seguridad ciudadana.

La seguridad privada. En la actualidad hay más de 219 empresas listadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo dependiente de las Fuerzas Armadas, encargado de evaluar y controlar las operaciones de las empresas de seguridad privada, la inspección de las armas de fuego, la capacitación, etcétera. Se estima que aproximadamente hay 30.000 agentes de seguridad privada en el llamado mercado formal, esto es, las empresas legalmente registradas. En el país, no hay una ley que regule la actividad de estas empresas, aunque en la actualidad existe un anteproyecto de Ley que está en discusión en el Senado. El sector se caracteriza por:

Una tendencia a una mayor competitividad y entrada de empresas extranjeras. La propiedad de muchas de las empresas nacionales suele estar en manos de militares

de rango superior y Oficiales o ex oficiales de policía. Unos 10.000 policías estarían cumpliendo labores de seguridad privada, algunos de

ellos en los Departamentos de Seguridad que tienen algunas empresas. Existe una alta rotación de personal en el sector, que cuenta con una mano de obra muy

poco cualificada. El salario de un guardia de seguridad rondaría los 6200 pesos mensuales (unos 172$). La formación a los guardias se la proporcionan las propias empresas.

1. Estado de situación de la seguridad ciudadana Aunque la República Dominicana presenta elevados niveles de violencia, especialmente homicida, estos se situarían en la media de los países latinoamericanos (26 homicidios por cada 100 mil habitantes), y muy por debajo de otros del entorno, especialmente Jamaica, los del Triángulo Norte de Centroamérica y Belice. Asimismo, si se observa la tendencia de los últimos años, se puede apreciar que, tras un incremento sostenido entre 2001 y 2005 en los que se duplicó la tasa, a partir de esa fecha comienza un moderado descenso hasta llegar a los 22.07 homicidios por cada 100 mil habitantes registrado en 2007 (Gráfico 1).

Tasa Homicidios RD (1999-2007)

14.3913.09 12.49

14.5118.73

22.0723.56

26.4125.25

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Informe PGR, Ocavi

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En números absolutos la cifra de muertes violentas, según la policía, el año pasado fue de 2111. Por su parte, el instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reporta un total de 2096. Es de destacar que en este país, la Policía Nacional hace una diferencia (y así se aprecia en los documentos sobre estadísticas delictivas oficiales) entre homicidios y caídos en acciones legales. Ambos rubros constituyen el total de muertes violentas en el país. Así, para 2007, se produjeron un total de 1766 homicidios y 354 caídos en acciones legales. Al igual que en otros lugares, la mayoría de víctimas son hombres (91.7%) y la mayoría de homicidios se cometen con armas de fuego 68.2%, en un país donde se estima que circulan más de medio millón de armas, el 60 por ciento ilegales. Y como en otros contextos, también están focalizados en áreas urbanas, especialmente el Distrito Nacional, Santo Domingo y la Altagracia (tasas de 32, 34 y 41 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente). Asimismo, la Policía Nacional diferencia en sus estadísticas (desagregadas por género, edad, por barrios, sectores, etcétera) un total de 345 muertos en 2007 por agentes policiales en desempeño de sus funciones, medio centenar más que el año anterior. Los homicidios cuya causa fue la delincuencia supondrían 803 y la gran mayoría, el 62%, no estuvieron relacionados directamente con la delincuencia (accidental, femicidio, balas perdidas, acción legal, riñas, etc.). El total estimado de población carcelaria asciende a 13,5001 en 2007, de los cuales el 96% son hombres y el 4% mujeres. La situación jurídica es un 51.5% que no ha recibido condena, un 23.6% condenado y un 24.9% ha recurrido su sentencia y se encuentran en espera de decisión de la Corte de Apelación y Casación. Del total de la población el 13% es de diferentes nacionalidades. En todo el país hay un total de 35 recintos carcelarios con un total estimado de 6.300 camas para alojar una población superior a 13,000 personas, arrojando un déficit estimado en 7,000 camas. Violencia juvenil. Las muertes y lesiones derivadas de la violencia juvenil constituyen un problema social, económico y de salud pública en la República Dominicana. Los jóvenes se encuentran desproporcionadamente representados en los índices, tanto como víctimas y como perpetradores. Así, durante 2005, los homicidios de jóvenes entre 11 y 30 años correspondieron a alrededor del 46% de las muertes totales a causa de homicidios.

1 Procuraduría General de la República (PGR), “Diagnóstico Sobre Población Carcelaria”, en http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/Dependencias/Prision/NuevoModelo.aspx)

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Fuente: Delincuencia, violencia y desarrollo: tendencias, costos y opciones de políticas públicas en el Caribe , Marzo de 2007 , Informe conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial Victimización y percepción de inseguridad. Los resultados de una encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) para 2006, muestran que el 47.7% de la población de la capital ha sido víctima de hechos delictivos; el 40,7% en una sola ocasión por un solo tipo de hecho delictivo, el 7% en mas de una ocasión o por diferentes hechos delictivos. Asimismo, que existe un bajo nivel de denuncia de los casos de violación (33%), asaltos (42%) -que tienen una alta incidencia con cerca de 200 casos diarios- y violencia intrafamiliar (45%).

Fuente: Observatorio Ciudadano, ADN

Por su parte, la encuesta LAPOP (2006) señaló unos niveles de victimización a nivel nacional del 16.16%. Casi la mitad de la población afirmó no haber denunciado el delito, el 55% por considerar que no sirve de nada. En cuanto a la confianza en las instituciones, cerca del 60% de los encuestados afirmaron tener poca confianza en la policía, cifra que contrasta con casi el 80% de confianza que generan las Fuerza Armadas. El 60% creía que el gobierno actual mejoraría la seguridad ciudadana.

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2. La institucionalidad La Secretaría de Estado de Interior y Policía es la institución rectora de las políticas de seguridad en la República Dominicana. Su principal objetivo es velar por el mantenimiento de la seguridad pública en todo el país y asesorar el régimen administrativo de las provincias y municipios. Esta Secretaría de Estado tiene su origen en la Constitución política del 1844 (Art. 109). En la actualidad se rige por la Ley de Secretarías de Estado No. 4378, del 10 de Febrero de 1956 y sus modificaciones. En 1965 (Ley Núm. 22) se adscribe la Policía Nacional bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Interior. También en ese año se coloca bajo dirección de esta Secretaria a la Dirección General de Migración. La Policía Nacional. Si bien a partir del año 2000 se instituyó la Comisión para la Reforma y Modernización de la Policía Nacional con la finalidad de evaluar y proponer un Plan Integral de Reforma de la Policía Nacional que expresara “las directrices, lineamientos estratégicos, la nueva visión y enfoque institucional” y que hiciera una revisión, adecuación y reformulación de la legislación en materia policial (decreto 906/2000), la Comisión sólo consideró el aspecto normativo y acompañó varios proyectos de ley2. Las únicas iniciativas concretadas fueron la sanción de la Ley Institucional de la Policía Nacional (96 – 04, del 5 de febrero del 2004), que si bien representa un avance en varios aspectos (por Ej. al crear el Consejo Superior Policial, fijar ciertos principios básicos de actuación, deslindar la función de prevención y la de investigación o prever la Policía Comunitaria), no modificó sustancialmente la estructura organizativa ni los niveles jerárquicos. Según la Ley Institucional de la Policía, la fuerza pública dominicana es una institución especializada y permanente del Estado, apolítica, apartidista y de naturaleza policial. Su estructuración y organización son de naturaleza jerárquica.

El objeto de su creación es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones, con la colaboración y participación interactiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico sostenible del país.

La Policía Nacional es una dependencia orgánica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, y corresponde al Presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de la Policía Nacional, el mando supremo de la Institución. El Presidente, que a su vez presiden el Consejo Superior Policial, a través del Secretario de Interior y Policía, tiene plena potestad para designar nombramientos, traslados, pensiones, separaciones, organización territorial y distribución de la fuerza de seguridad pública autorizada, entre otras. Son funciones de la Policía Nacional:

Preservar la vida, la integridad física y moral de las personas. Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas en

todo el territorio nacional.

2 Proyecto de ley orgánica policial; de reorganización institucional de la Policía Nacional; de educación y capacitación policial; de creación del museo policial; de creación de la Policía Comunitaria; del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y la creación del Instituto de Dignidad Humana, entre otros.

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Mantener la paz interior, el orden público y social y la seguridad pública. Prevenir y controlar la delincuencia y criminalidad. Registrar y controlar los servicios a las entidades o servicios privados de seguridad. Vigilar el tránsito vehicular y el transporte de personas y mercancías en las vías

públicas y velar por la seguridad vial. Custodiar todas las vías de comunicación terrestre, marítimas y aéreas, de frontera,

puertos y aeropuertos, en coordinación con las instituciones que corresponda. Velar, conjuntamente con los organismos expresamente establecidos a esos fines, por la

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Obtener, recibir y analizar todos los datos e informaciones que tengan interés para el

orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención y control de la delincuencia.

Participar en los programas de orden social, cívico, cultural o educativo que disponga el Gobierno de la República.

El artículo 7 de la menciona Ley de Policía estipula la creación del Consejo Superior Policial, que tiene como misión asegurar la efectividad y profesionalidad del servicio policial, fundamentado en el respeto de los derechos humanos y en el principio de la autoridad. El Consejo Superior Policial está integrado por:

El Secretario (a) de Estado de Interior y Policía. El Procurador (a) General de la República (Ex - Oficio). El Jefe (a) de la Policía Nacional. El Subjefe (a) de la Policía Nacional; El Inspector (a) General de la Policía Nacional. El Director (a) Central de Operaciones Policiales. El Director (a) Central de Soportes y Servicios. El Director (a) Central de Investigaciones Criminales. El Director (a) de Educación y Entrenamiento. El Director (a) Central de la Policía Comunitaria. El Director (a) de Recursos Humanos. El Director (a) de Asuntos Legales (Secretario). El Director (a) Central de Asuntos Internos. El Director (a) de Sanidad Policial. El Director de la Reserva de la Policía Nacional. El Presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Policía. El Director (a) del Instituto de Seguridad Social Policía Nacional (ISSPOL).

Entre otras funciones y tareas corresponde al Consejo Superior Policial:

Establecer las directrices generales de la acción policial. Fomentar las condiciones más favorables para la adecuada promoción, humana,

social y profesional de todos los miembros de la Policía Nacional, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo.

Conocer, evaluar y recomendar al Poder Ejecutivo las proposiciones de ascensos, pensiones y separaciones de los funcionarios de nivel de Dirección, Superior y Medio, de conformidad con las disposiciones de ley y demás disposiciones generales relativas a la carrera, estatuto, escalafón y régimen disciplinario de la Policía Nacional.

Conocer y recomendar al Poder Ejecutivo las propuestas de modificaciones a la ley institucional y sus reglamentos.

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Trazar los lineamientos para el diseño y ejecución de los programas de formación, capacitación y entrenamiento policiales.

Recibir, a través del Jefe de la Policía Nacional y evaluar los informes del Inspector General de la Policía, del Director Central de Asuntos Internos y del Ministerio Público, en lo casos en que corresponda.

Bajo la autoridad del Secretario de Estado de Interior y Policía, el mando inmediato de la Policía Nacional está a cargo del Jefe de la Policía Nacional, quien será la más alta autoridad policial en todas las cuestiones de mando, organización, instrucción y administración de la institución policial. El Jefe de la Policía Nacional es designado por el Presidente de la República por un período de máximo dos años. Debe ser un oficial general policial activo que reúna las condiciones y requisitos mínimos siguientes:

a) Ser dominicano por nacimiento; b) Ser mayor de 35 años de edad; c) Experiencia de veinte (20) años ininterrumpidos de servicio. d) Ser titulado del Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional.

La Policía Nacional está dividida en Direcciones, Departamentos, Inspectorías, Supervisorías, Divisiones, Secciones, Destacamentos y Puestos. A nivel operativo, existen Direcciones Centrales, con jurisdicción sobre todo el territorio y 10 Direcciones Regionales: Regional Cibao Central, Regional Norte, Regional Noroeste, Regional Noreste, Regional Sur, Regional del Distrito Nacional y Regional Provincia Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este. El personal de la Policía Nacional se divide en miembros de carrera policial, aspirantes a rasos y/o a oficiales, administrativos, profesionales y técnicos. Los administrativos, profesionales y técnicos no son miembros de la carrera policial y por lo tanto no usan el uniforme ni armas policiales. La ley también prohíbe la transferencia de militares activos y su integración como miembros de carrera policial independientemente de su nivel y categoría. Asimismo, se indica que la dirección de Recursos Humanos tratará que al menos un 25% de los ingresos a la carrera policial sean mujeres. El escalafón de la Policía Nacional comprende los siguientes niveles y grados: Nivel Básico: Raso, cabo, sargento y sargento/mayor. Nivel Medio: Cadetes, segundo teniente, primer teniente y capitán. Nivel Superior: Mayor, Teniente Coronel y Coronel. Nivel de Dirección: General de Brigada y Mayor General.

El ingreso a la Policía Nacional se realiza mediante contrato, después de la aprobación de las pruebas aplicadas conjuntamente por la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Educación y Entrenamiento y la aprobación del curso de formación básica impartido por esta última. Los contratos se establecen mediante nombramiento del Poder Ejecutivo, excepto para los rasos, cabos y sargentos, que son nombrados por el Jefe de la Policía Nacional. Los requisitos mínimos para presentarse a las pruebas de ingreso a la Policía Nacional son: Ser ciudadano dominicano.

Para el nivel Básico: Haber cumplido 18 años de edad y no exceder de 25 años; Para Cadetes, tener entre 18 años y 22 años.

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Tener cinco pies y seis pulgadas (5’6”) de estatura mínima los hombres y cinco pies y dos pulgadas (5’2”) las mujeres, para el nivel Básico; para Cadetes una estatura mínima de cinco pies y siete pulgadas (5’7”) los hombres y cinco pies y cuatro pulgadas (5’4”) las mujeres.

Ser bachiller. Ser sano física y mentalmente (se requiere de un examen médico que comprueban

médicos de la institución). Ser de buena costumbre y presentar certificados de no delincuencia y de ausencia de

antecedentes penales, expedidos por el Procurador Fiscal y por la propia institución policial.

No haber sido condenado por crimen o delito, no encontrarse subjúdice, ni haber sido excluido de otro servicio público por mala conducta.

En la actualidad3, la Policía Dominicana se estructura de la siguiente forma: 1) Dirección Central de Investigaciones Criminales, creada en 1999. Sus principales departamentos son:

Sub-Dirección Central de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios).

Sub-Dirección Central de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos).

Falsificaciones (DIFAL). Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT). Búsqueda y captura de prófugos. Casos no resueltos. Policía científica. Recuperación de Vehículos (DIVER). Deportados (DD). Archivo Central de Investigaciones.

Los oficiales que trabajan en este departamento investigaciones son entrenados profesionalmente en el exterior.

2) Recursos Humanos. 3) Dirección de Asuntos Internos, encargada de prevenir, investigar, vigilar, controlar y recomendar acciones correctivas a los miembros de la Policía Nacional. 4) Dirección Nacional de la Policía Preventiva, creada en 2005, tiene como misión coordinar las operaciones policiales en el ámbito nacional y servir de canal de comunicación con los departamentos de Contra Motines, Policía Comunitaria, Operaciones Especiales, Operaciones Especiales y Protección de Dignatarios. 5) Dirección Central de la Policía Auxiliar, creada en julio de 2006, está integrada por jóvenes universitarios que actualmente realizan labores de prevención en zonas de bajo riesgo delincuencial de Santo Domingo y la Ciudad de Santiago.

3 Uno de los programas del PSD establece una transformación estructural de la PN dominicana en seis ejes, que estructuran la policía: prevención; investigación delictiva; inteligencia delictiva (maras); asuntos internos; área administrativa y dirección académica.

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La creación de esta policía se encuentra enmarcada en el Plan de Seguridad Democrática (PSD), dentro del programa de reforma y modernización policía. Hasta la fecha se han graduado casi 2000 policías auxiliares que han sido formados con métodos académicos masivos. Como Policías Auxiliares se forman en el Primer Módulo del Curso Básico (180 horas de capacitación) y pueden continuar el Curso Básico y formarse como miembros de la Policía Nacional. Los Policías Auxiliares reciben tres mil pesos mensuales (unos 86 dólares), un seguro médico, transporte al centro de capacitación y una ración alimenticia cruda para una familia de no menos de 5 integrantes. Las proyecciones oficiales son capacitar entre 8,000 y 10,000 nuevos Policías Auxiliares en el periodo agosto 2008 - agosto 2009. 6) Policía Comunitaria: Se constituye en el enlace de la PN con la sociedad civil. Su función básica de orientación para la solución de los problemas que afectan a la sociedad de manera pacifica. Dentro de sus funciones esta llevar a cabo operaciones de prevención al crimen mediante programas educativos. También realizan operaciones de salvamento o ayuda humanitaria en caso de desastres. El Director de Asuntos Comunitarios es el asesor principal del Jefe de la Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con la solución de problemas de la sociedad de manara pacifica. La Policía Comunitaria es la encargada de que promover actividades preventivas de carácter cultural, artístico o deportivas. Es también la unidad encargada de la prevención de la violencia contra la mujer. 7) Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflicto con la Ley. La finalidad de esta Dirección es el control de pandillas y sus oficiales fueron enviados a los Estado Unidos a recibir entrenamiento sobre las actividades de los grupos de Maras, Pandillas. Tiene su sede en la capital y además de un Director Central cuenta en su estructura con 5 subdirectores: Subdirector Central de Inteligencia e Investigaciones, Subdirector de Recursos Humanos, Subdirector Administrativo, Subdirector de Criminología Social y Prevención y Subdirector de relaciones Comunitarias y de Grupos. Esta Subordinada a la Jefatura de la Policía Nacional como una división de la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva y su finalidad es la prevención, desarticulación e intervención de estos grupos juveniles. Sus objetivos principales son:

Producir inteligencia sobre las Maras, Pandillas y/o Naciones que permitan tomar decisiones en el diseño de una estrategia de manejo de estos grupos.

Diseñar de una estrategia de manejo de grupos que comprenda la Prevención Primaria, Prevención Secundaria, Desarticulación e Intervención.

Investigar los actos de estos grupos, Clasificándolos por Áreas de influencia y Niveles de Peligrosidad.

Desarrollar e implementar Programas de Prevención de la Delincuencia para evitar el desarrollo de Bandas juveniles, Maras, Pandillas y/o Naciones.

Fortalecer la participación de los sectores representativos de la sociedad al trabajo de manejo de grupos.

Neutralizar y/o erradicar las Pandillas, Naciones, Bandas Callejeras y Grupos de delincuentes juveniles y la conducta agresiva de sus miembros.

Remover de las comunidades los miembros peligrosos e influyentes de las pandillas.

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Actualmente, la tasa de policías por 1.000 habitantes en República Dominicana alcanza los 3,7 efectivos por cada 100 mil habitantes para el conjunto de la República. Sin embargo, diversas fuentes señalan que una parte de los 32.000 policías con que cuenta la institución no están en situación de actividad y, por tanto, no se encuentran desplegados en realidad. Por último, señalar que dentro del programa dedicado a la reforma de la PN del Plan de Seguridad Democrática (PSD) se establecen los siguientes “asuntos a definir”:

La centralización del sistema organizacional de los recursos humanos. Las Direcciones Regionales y el sistema de los más de 550 Destacamentos y Puestos

Policiales. Sujetar el horario de trabajo a 8 horas diarias, 5 días a la semana, o 40 horas semanales. Suministro de alimentos crudos a su núcleo familiar. Aplicar la escala salarial aprobada. Decidir el método de los policías asignados a dignatarios, funcionarios y sector privado. Utilización de accesorios y equipos policiales que eleven su nivel profesional.

Formación policial. La Dirección de Educación y Entrenamiento es la encargada de dirigir la conformación de un sistema integral de formación, educación, actualización y desarrollo continuo de los miembros de la institución policial.

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El objetivo del programa de educación es capacitar a todos los miembros de la institución en los cursos correspondientes a sus grados, para ejercer con eficiencia sus funciones y poder ascender dentro de la escala de mando.

Se imparten cursos de:

Altos Estudios Policiales. Mando y Operaciones Policiales. Administración de Compañías. Básico para Oficiales y Alistados. Informática e Idiomas.

Como cursos de especialización se imparten de Investigación de homicidios, de robos, de falsificaciones, policía comunitaria, dignidad humana y otros.

La Dirección Educativa está conformada por las siguientes escuelas:

1.-Facultad de Grado “2 de marzo”. 2.-Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES). 3.-Escuela Nacional de Seguridad Ciudadana 4.-Instituto de Dignidad Humana (IDIH). 5.-Escuela de Investigaciones Criminales (EIC). 6.-Escuela Metropolitana de Transito. 7.-Escuela de Educación Continua 8.-Escuela de Aviación de la Policía Nacional. 9.-Liceo Técnico. 10.-Academia Comercial. 11-Escuela nacional de Seguridad Ciudadana, Región Norte. 12.-Escuela de Entrenamiento policía Turística. 13.-Escuela de Entrenamiento. 14.-Departamento Relaciones Internacionales.

El Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES) tiene como objetivo formar un cuerpo de especialistas al más alto nivel, con un dominio claro en el contenido de los temas de prevención, investigación, inteligencia y régimen de derechos.

En el marco del PSD, se prevé potenciar los siguientes programas académicos:

Curso de Formación Básica elaborado con universidades y académicos policiales para nuevos miembros (se inició con los Policías Auxiliares).

Programas académicos para actualización y educación permanente a los miembros actuales.

Programas de actualización conforme a las necesidades del PSD: Prevención, investigación criminal y de pandillas, control interno, básicamente.

Gestiones para que puedan alcanzar la formación mínima en manejo de computadoras, conducción de vehículos de motor y obtener el título de bachilleres.

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Procuraduría General de la República (Ministerio Público). LA PGR es la institución responsable de ejercer la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido proceso legal; garantizando la protección de las víctimas y los testigos y el respeto de los derechos humanos.

Del Ministerio Público dependen la Dirección General de Prisiones; la Escuela Penitenciaria; la Dirección Nacional de Atención a Víctimas; y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

En la actualidad el MP ha comenzado a aplicar un “nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria persigue humanizar las prisiones mediante la aplicación de un sistema progresivo de tratamiento a las personas privadas de libertad, culminando con la atención post-penitenciaria a los excarcelados para estimular su adaptación social y prevenir su reincidencia, contribuyendo así a la reducción de la criminalidad y de la violencia y propiciando una sociedad más segura” (Jiménez Peña, 2008).

A la fecha y según datos oficiales con este nuevo modelo se han transformado 10 de los 36 Centros de Corrección y Rehabilitación y se ha logrado un nivel de participación de entre el 80% y el 97% de los internos en programas educativos y otras actividades. En cuanto a la tasa de reincidencia, el Modelo de Gestión Penitenciaria está presentando un 2.7% de reincidencia como resultado de la aplicación combinada del tratamiento a los internos en los Centros y el seguimiento con la atención post penitenciaria a las personas que obtienen su libertad (Jiménez Peña, 2008).

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Recientemente, se acaba de nombrar un nuevo Director de Prisiones.

Mecanismos de control. A nivel interno, las funciones de control policía están en manos de la Dirección de Asuntos Internos, antes mencionada. A nivel externo, los senados y diputados pueden interpelar a los Secretarios de Estado o a Directores de Organismos autónomos si así lo definen dos tercios de sus miembros (FLACSO, 2006). Ambas cámaras cuentas con comisiones y asesores en materia de seguridad. En la Sociedad Civil se puede destacar el trabajo que realizan diversas organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Democracia, el Foro Ciudadano de Seguridad, La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) programa República Dominicana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS) y el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) . Sistemas de Información. En República Dominicana las dos instituciones de recopilar y difundir información estadística sobre violencia y delincuencia son la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, que a través del departamento de Estadística elabora distintos informes anuales, especialmente sobre homicidios, de carácter anual en base a la información proporcionada básicamente por la PN y en algunos casos también por el INACIF y las distintas fiscalías.

En cuanto a datos sobre victimización y percepción de inseguridad, la PGR, elaboró una encuesta de victimización en 2005 al inicio del PSD. Asimismo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó una para esta localidad que está disponible, junto otros documentos de análisis y encuestas municipales, en su Observatorio Ciudadano virtual.4

Espacios Coordinación: En la República existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, conformado por: el Presidente de la República, quien lo preside, el Jefe de la Policía Nacional, el Secretario de Estado de Interior y Policía, el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la República, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y el Director del Departamento Nacional de Investigaciones. La participación de la sociedad civil es prácticamente nula. 3. Las Políticas

La actual administración elaboró y puso en marcha en 2005 el Plan de Seguridad Democrática. El PSD fue formulado por la Secretaría Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional con el asesoramiento externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Jhon Jay College de Nueva York y la consultora Newlink Political, con sede en Miami. El PSD se fundamente en dos pilares: restablecer la autoridad del Estado dominicano a través de una profunda reforma policial, con el objetivo de lograr la presencia permanente de las fuerzas del orden en las ciudades y pueblos a la vez que se recupera la confianza de la ciudadanía en la policía; y dos, garantizar los derechos ciudadanos básicos para que el ciudadano se convierta en el actor principal de la seguridad democrática. Este Plan es un compendio de acciones (algunas no iniciadas) y actividades que buscan la colaboración inter e intra institucional. En total, participan en este plan preventivo nacional un total de 20 instituciones, desde las secretarias de educación, salud, deportes hasta la Lotería Nacional, incluyendo a los Ayuntamientos del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros,

4 http://www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=102

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coordinadas por la Secretaría de Interior y Policía. Además el PSD trata de involucrar a la sociedad civil. De acuerdo con la documentación oficial, el PSD perseguiría i) garantizar el ejercicio de los derechos Ciudadanos: ii) atacar integralmente los factores multicausales de la violencia y de la delincuencia; iii) favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el Estado con las comunidades excluidas, para crear oportunidades de participación y solidaridad; iv) crear las condiciones de seguridad física y material para que las organizaciones comunitarias y de la sociedad recuperen su espacio social. Tras la elaboración de un diagnóstico que constituyó la línea base del Plan, se establecieron seis líneas de acción: El desarrollo de una eficaz policía preventiva Una profunda reforma académica para formar mejores policías. El desarrollo e implementación de un sistema de investigación policial. El acercamiento de la PN a la sociedad a través de la policía comunitaria. Diseño y organización gerencial para su eficiencia en la administración y equipamiento

para que cada área pueda cumplir adecuadamente sus funciones. El desarrollo de un programa efectivo de asuntos internos para el control dentro de la

PN a fin de reducir la corrupción y profesionalizarla con tecnología para la inteligencia delictiva.

Programas y subprogramas del Plan de Seguridad Democrática 1. Barrio Seguro (en las comunidades excluidas)

Sub-Programas: 1.1 El Banco de Mi Barrio 1.2 Un Techo para Mi Barrio 1.3 Becas para Mi Barrio 1.4 Centro de Capacitación Tecnológica 1.5 Centro de Capacitación Comunal 1.6 Competidores de Mi Barrio 1.7 Incubación de Trabajo 1.8 La Fiesta de Mi Barrio

2. Reforma y Modernización de la Policía Nacional 2.1. Nueva Estructura y Doctrina Basada en los Seis Ejes Policiales. 2.2. Policía Auxiliar y nueva imagen y reciclaje. 2.3. Programa de Capacitación Permanente

3. Protección a Victima de la Violencia 4. Control de Armas 5. Ordenamiento de transito y Carreteras (OTCA) 6. Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) 7. Red Alimentaria 8. Call Center hacia el 911 9. Ordenamiento de los Cuerpos de Bomberos 10. Prevención y Seguridad

De todos sus programas los más significativos son los dos primeros. Lo relativo a la reforma policial que se pretende emprender ya se ha desarrollado en el apartado dedicado a la Policía Nacional y su formación. A continuación se sintetizan las acciones del Programa Barrio Seguro.

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Barrio Seguro5. El proyecto Barrio Seguro es uno de los componentes, tal vez el más visible, del Plan de Seguridad Democrática que está siendo desarrollado por el gobierno de la República Dominicana. De manera general, Barrio Seguro es un proyecto de intervención en áreas urbanas críticas en términos de violencia e inseguridad. El objetivo directo es la reducción de la criminalidad violenta y de la percepción de inseguridad. El objetivo más amplio es la inclusión social de estas poblaciones. En este sentido, ‘Barrio Seguro’ se aleja de los abordajes exclusivamente represivos, a los que pretende contraponer una visión integral y preventiva. Se estructura en tres ejes:

1. Un cambio en la intensidad y el tipo de la presencia policial en los barrios, que se puede resumir en: Un aumento del contingente policial y de los vehículos disponibles, con un énfasis

mayor en el patrullaje de las calles. Una policía de cuño comunitario, con un entrenamiento específico para este fin. Un cuidado especial en la selección y la fiscalización de los policías para disminuir

drásticamente los niveles de corrupción policial. Un estímulo a los policías participantes, consistente en una complementación

salarial y en una cesta básica de alimentos.

2. La oferta de proyectos sociales por parte de las instituciones públicas para mejorar la inserción social de los habitantes, particularmente de los jóvenes, de forma que les permita recuperar la noción de ciudadanía. Estos proyectos son los siguientes:

Banco de mi barrio, que un fondo de apoyo a iniciativas productivas de familias en los Barrios Seguros. Se otorgan créditos financieros para el desarrollo de pequeños negocios o microempresas.

Becas para mi barrio, mediante el cual se facilitan becas de Studio universitario a jóvenes de los barrios intervenidos.

Techo para mi barrio, construcción de viviendas. Incubadora de empresas: Conformación de una base de datos sobre los jóvenes

aptos para el trabajo residentes en los barrios intervenidos..

3. Un carácter participativo, que comienza en la creación de redes comunitarias y la articulación con un gran número de instituciones públicas, responsables por los proyectos de cada área.

Este conjunto de intervenciones busca producir los siguientes efectos: a) Una reducción de la violencia criminal, particularmente de los crímenes callejeros, como consecuencia de la recuperación del control de los espacios públicos por parte del Estado. b) Una disminución de la sensación de inseguridad, como consecuencia de la caída de la criminalidad y de la percepción de la mayor presencia policial, de modo que los ciudadanos se reapropiasen de sus espacios públicos. c) En un plazo más largo, una reinstauración de la ciudadanía para los habitantes de estas áreas marginales, producto de la disminución de la violencia, del aumento de los proyectos sociales y de la consecuente reducción del estigma asociado a estos barrios.

5 Fuente: “Evaluación preliminar del proyecto Barrio Seguro”, PNUD, 2006 y Plan de Seguridad Democrática, Secretaría de Estado e Interior

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El proyecto fue iniciado con carácter experimental en agosto de 2005 en el barrio de Capotillo, que ejemplificaba la idea de un barrio marginal, extremadamente violento, sobre el cual el poder público ejercía escaso control. Los resultados divulgados fueron positivos y en enero de 2006 el proyecto fue extendido a otros 12 barrios del Distrito Nacional. Posteriormente, el proyecto Barrio Seguro pretender extenderse a todos los barrios del Distrito Nacional e incluso a barrios en otras provincias. El Ejecutivo dominicano destaca los logros obtenidos por el Plan de Seguridad Democrática y su Programa Barrio Seguro, que califica de extraordinarios y de haber superado superando las expectativas que se habían planteado en un inicio. Los principales son logros del PSD serían6: 1- Haber recuperado la confianza de la mayoría de los ciudadanos en la institución policial. El diagnóstico determinó que la confianza en la PN apenas alcanzaba el 12%. Según la Secretaría, una encuesta reciente Gallup-Hoy daría a la Policía Nacional un 60% de aceptación. 2- Se ha recuperado la paz y el sosiego en las ciudades y barrios, y las relaciones policía-comunidad se encuentran en un nivel de mutua cooperación. 3- La recuperación de personal policial que no estaba sirviendo en funciones propias de su trabajo ha permitido elevar el número de agentes en patrullaje de una media de 900-1000 diarios en agosto 2005 a una media de 9,000-11,000 en diciembre 2006. En este terreno ha sido muy útil la eliminación de las llamadas “Compañías” y la creación de Direcciones Centrales y Regionales. 4- Se ha logrado una reducción de un 30% de la delincuencia y la criminalidad en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Según los datos de la Policía, la tasa de homicidios ha pasado de 26.41 al inicio del Plan (2005) a 22.07 en 2007. 5- La reforma del sistema educativo de la Policía Nacional ha entrenado más de 10,000 agentes en todas las áreas. 6- Los entrenamientos de nuevos cuerpos elites como los grupos de acción rápida (LINCE y SWAT) le han dado mayor movilidad y rapidez de intervención a la Policía Nacional. 7- El saneamiento de las filas policiales ha aumentado la credibilidad de la institución ante la sociedad civil. La Dirección Central de Asuntos Internos ha realizado más de 5,000 pruebas antidoping y se han separado de las filas más de 600 agentes por haber dado positivo en estas pruebas y por otras faltas disciplinarias. 9- Se ha dotado a la Policía Nacional de nuevo equipamiento (vehículos, comunicaciones, etc.). 10.- El 58.8% de los dominicanos entiende que los programas llevados a cabo en el marco de dicho Plan han sido “muy efectivos” (Ver cuadro siguiente).

6 Fuente: Documento “Evaluación del PSD” en www.secretaria.gob.do

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Fuente: Secretaria de Interior y Policía

Por su parte, una evaluación realizada por PNUD en 2007 destacó los siguientes impactos del Programa:

El impacto más relevante del proyecto ha sido la reducción de la violencia letal y de la percepción de inseguridad entre los vecinos de los barrios, contribuyendo así a la recuperación de los espacios públicos que estaban en manos de la delincuencia. Según los vecinos, el logro más destacado fue la reducción drástica de los tiroteos y de los enfrentamientos entre bandas en la calle. El impacto en la reducción de la inseguridad percibida por las personas, que algunos cifran en un ‘70%’, puede ser considerado incluso superior al registrado efectivamente en las tasas de homicidio.

El otro gran éxito del programa es la mejora de la relación entre la policía y la comunidad. La policía en los ‘barrios seguros’ gana una imagen más positiva y una nueva legitimidad.

Déficit institucional. Entre los principales problemas identificados se pueden destacar los siguientes: Si bien la República Dominicana cuenta con un Plan de Seguridad, el mismo difícilmente

podría ser catalogado como política tanto por el alcance de las acciones que se vienen ejecutando como por el espacio donde se ejecuta, básicamente en el Distrito Nacional, esto es, la capital si llegar al resto del territorio dominicano.

Llama la atención que actualmente la Procuraduría General de la República esté elaborando

un Plan Estratégico de Política Criminal para la República Dominicana, que definiría las líneas centrales de la política del Estado. El documento elaborado por la PGR7 destaca que

7 Disponible en http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/DocumentosInteres.aspx

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debe esta política debe ser estudiada dentro del contexto del Plan de Seguridad Democrática, pero va mucho más allá en contenidos y alcance de éste.

El PSD parece ofrecer a la fecha claros y oscuros, como suele suceder en toda intervención,

en el lado negativo cabría señalar:

o La existencia de una fuerte sensación de abandono por parte del Estado entre los habitantes de los barrios marginales y de clase baja. Esta sensación es aún mayor en los barrios que no toman parte en Barrio Seguro.

o La inseguridad es percibida como uno de los problemas centrales por la población de todos los barrios, independientemente de si participan en Barrio Seguro o no.

o La necesidad de expandir el Programa Barrio Seguro a otros sectores tanto de la capital como del país.

o Una mayor recuperación de espacios públicos a través de la presencia coordinada de varias instituciones del Estado.

o Un mayor involucramiento de las organizaciones del barrio y de la sociedad civil en la gerencia del programa “Barrios Seguros”.

o Existe la percepción de que el impacto positivo de Barrio Seguro sobre la seguridad ha tendido a disminuir con el tiempo debido a varios factores: a) disminución real o percibida de los efectivos; b) deterioro y avería de los vehículos y otros equipamientos; c aumento de los casos de corrupción policial en la medida que los policías intensifican sus contactos locales.

o Hay claras deficiencias en la investigación criminal, que permite que continúe la brecha

entre la capacidad de las instituciones para probar hechos y la obtención de condenas. o No existe un sistema nacional de información sobre seguridad unificado ni georeferenciado

que mantenga la integridad de los datos, que permita el análisis y la interconexión permanente entre todas las instituciones participantes (policía, fiscalía, órgano judicial, etc.) e instaure mecanismos de monitoreo y verificación de la calidad de las informaciones.

o En cuanto a la Policía Nacional y su formación una asignatura pendiente es una verdadera

reforma policial que:

Desarrolle un proceso de profesionalización de la policía tanto en la prevención como en la persecución del delito.

Introduzca cambios en el plano organizacional y operativo. Modifique la capacitación y entrenamiento de los distintos cuadros policiales Introduzca

nuevas tecnologías. Defina nuevas estrategias y procedimientos en el plano del control del delito

especialmente en el área de la investigación criminal. Aumente la descentralización de los servicios policiales. Racionalice la asignación de los recursos8. Fortalezca el control interno de la corrupción. Desarrolle un área de autentica inteligencia criminal. Establezca un sistema de información que permita el mapeo delictivo. Implemente las estrategias de proximidad o comunitaria. Revise el escalafón policial. Mejore el sistema de comunicaciones, infraestructura, equipamiento.

8 El 90% del presupuesto de la Policía Nacional va a pago planillas.

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Trasforme la capacitación policial, profundizando especialmente en desarrollo de la Escuela de Investigaciones Criminales.

Evite la dispersión de recursos y el mal uso de los recursos humanos. Depure la policía por inoperancia operativa y elevada corrupción.

En el lado positivo, se puede señalar: El establecimiento tras las reformas de un mando único operativo en la PN ha facilitado

la coordinación entre áreas preventivas e investigación y mayor transparencia. Hay claros esfuerzos por desarrollar una policía de proximidad o comunitaria, mucho

más cercana a la población. Los gobiernos locales, a excepción del Distrito Nacional, apenas dedican esfuerzos y

recursos a seguridad ciudadana. La policía Municipal es un cuerpo todavía incipiente. Parece necesario el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Asimismo, el fortalecimiento y avance progresivo en la implementación del nuevo Modelo

de Gestión Penitenciario 4. La seguridad privada En República Dominicana las primeras agencias de seguridad privada se crean en los años 70 del siglo pasado. En 1982 nace la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADENSIC) integrada por 7 empresas dedicadas a este sector9. Como sucede en otros países Latinoamericanos, este sector comienza a experimentar un mayor auge en los 90 hasta alcanzar en la actualidad la cifra de más de 219 empresas listadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo dependiente de las Fuerzas Armadas. Se estima que aproximadamente hay 30.000 agentes de seguridad privada en el llamado mercado formal, esto es, las empresas legalmente registradas. Sin embargo, según ADENSIC, los niveles de informalidad e ilegalidad con muy elevados. En la actualidad, el sector está regulado por un decreto de diciembre de 2003 (ver anexo), mediante el cual se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Este Decreto, en su artículo 4, establece la aprobación del “Reglamento sometido a la consideración del Poder Ejecutivo, por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, el cual regirá el comportamiento de las personas morales, que se dedican a la seguridad y vigilancia privada, así como también sus deberes, obligaciones, organización, instalación, capacitación, comercialización, transporte de valores, asesoría, consultoría e investigación y uso de armas y equipos”. De esta forma, es la Secretaría de las Fuerzas Armadas a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la encargada de evaluar y controlar las operaciones de las empresas de seguridad privada, la inspección de las armas de fuego, la capacitación, etcétera. Este Reglamento no contempla sanciones para las empresas y tampoco regula el Ingreso del personal a las empresas, por lo que son las propias compañías las que marcan los requisitos de los guardias privados. Tampoco establece sistemas de control a la labor de los guardias.

9 En la actualidad, la ADENSIC la integran 100 empresas, entre ellas las de mayor importancia y volumen de negocios del país, que disponen de un total de 18.000 guardias privados de seguridad.

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El Código de Trabajo dominicano establece para los guardianes privados un horario de trabajo de 10 horas normales, pero como la mayoría de turnos de trabajo es de 12 horas, se establecen 10 normales y 2 extras. Esta normativa choca con la Ley de Policía que en su articulado establece entre sus funciones la de registrar y controlar los servicios a las entidades o servicios privados de seguridad (Artículo 25 de la Ley de Policía). En el país, pues, no hay una ley que regule la actividad de estas empresas, aunque en la actualidad existe un anteproyecto de Ley que está en discusión en el Senado (Ver documento Anexo), De mantenerse tal cual está ahora redactado el anteproyecto, esta normativa mantendrían en manos de las Fuerzas Armadas el control de la seguridad privada aunque habilitaría a un representante de la Secretaría de Interior y Justicia a participar en la Junta Directiva que se crearía, de la que también formarían parte dos representantes de las Asociaciones de Seguridad y un quinto, que sería un militar. La nueva Ley regularía:

La prestación de los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección, así como establecer el régimen al que están sometidas las personas físicas y/o jurídicas habilitadas, contratadas por personas físicas y/o jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad de vigilancia y protección complementaria y subordinadas respecto a las de seguridad pública, en todo el territorio nacional.

El sistema de depósito y transporte de valores por las empresas de seguridad, o por

entidades que se dedican exclusivamente a esta actividad.

Los servicios de protección personal por vigilantes al servicio de empresas de seguridad y, en otros casos, por personal propio de las entidades a las que pertenece el protegido.

Las actividades de seguridad electrónica, la de detectives privados y otras modalidades

de la seguridad privada, que se encuentran en el mercado y aquellas que en el futuro pudieran surgir, como son la Seguridad Turística, Seguridad con Canes, Seguridad de Enfermeras, Seguridad Vial, Seguridad Bancaria y Financiera, Protección Contra Incendio, Seguridad de Transporte, Seguridad de la Comunicación, Blindaje de Vehículos, Eventos entre otros.

La asesoría y consultoría en seguridad privada y la importancia del entrenamiento y la

capacitación en todas las modalidades de seguridad privada.

Fija el régimen sancionador aplicable. El anteproyecto de Ley considera los servicios de seguridad privada como servicios complementarios y subordinados respecto a los de las Fuerzas Armadas, Organismos de Seguridad del Estado. Según ADENSIC el sector se caracteriza por:

Una tendencia a una mayor competitividad y entrada de empresas extranjeras. Entre las empresas nacionales, existe un número indeterminado pero elevado en

situación de ilegalidad. La propiedad de muchas de las empresas nacionales suele estar en manos de militares

de rango superior y Oficiales o ex oficiales de policía.

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Unos 10.000 policías estarían cumpliendo labores de seguridad privada, algunos de ellos en los Departamentos de Seguridad que tienen algunas empresas.

Mientras la Policía Nacional cubre un total de 100 mil horas de servicio anuales, las empresas de seguridad duplican este número.

Existe una alta rotación de personal en el sector, que cuenta con una mano de obra muy poco cualificada.

El salario de un guardia de seguridad rondaría los 6200 pesos mensuales (unos 172$). La formación a los guardias se la proporcionan las propias empresas. El total de armas de fuego rondaría el 80% del total de guardias existentes. El sector con mayor demanda es el comercial y el industrial aunque está cobrando auge

el de seguridad electrónica y monitoreo.

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