La crónica negra se asocia po-pularmente a hechos violen-tos o con delitos de sangre.No son menos oscuros los re-

latos de ‘cuello blanco’, comolos angloparlantes denominan alos ilícitos de salón. Exoneradosde la discutible ‘alarma social’,estos delitos parecen menoresaunque campean por su impuni-dad. Se caracterizan por gravesperjuicios a sus víctimas; al

tiempo, relativizan nuestra cre-encia en las instituciones. Entiempos de crisis, proliferan es-tos pícaros del siglo XXI contécnicas muy clásicas.

Durante las últimas semanas,Sevilla focalizó la detención denumerosos impostores que hací-an de tal empeño su modus vi-vendi. Usar insignia filopolicialo togas judiciales eran recursosde unos curtidos actores.

Una brillante operación eje-cutada por inspectores de la

UDEF (Grupo de DelincuenciaEconómica del Cuerpo Nacionalde Policía) desmanteló una tramade estafadores que operaban antelas mismísimas narices de ma-gistrados, fiscales, oficiales ysecretarios judiciales.

Usando despachos del cole-gio de abogados en los juzgadosde primera instancia (edificioViapol de Sevilla) los delincuen-tes cerraban operaciones decompraventa de fincas e inmue-bles embargados a precio de gan-

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JUAN-CARLOS ARIAS

Una red utilizabalos despachos delcolegio deabogados en unedificio judicial deSevilla para cerraroperaciones decompraventa defincas embargadasa precio de ganga.La historia serepite, aunque estavez ante lasmismísimas naricesde las autoridadesjudiciales

Impostores coDelincuencia de ‘guante blanco’

sociedad

Los delincuentes cerraban operaciones en este edificio de Sevilla.

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ga. Las víctimas son algo más.Repiten la historia del cazadorcazado.

La documentación, vehículosde alta gama y ordenadores in-cautados por la policía en domi-cilios de los cinco detenidos, delos que tres están en prisión,acredita que los delincuentesmanejaban órdenes oficiales au-ténticas y falsas, vestimenta ycredenciales judiciales. Los en-cartados están acusados de pre-sunta falsificación, asociaciónilícita y estafa continuada.

Preguntado el decano de losabogados sevillanos, JoaquínGallardo, sobre el particularaclaró que para acceder a losdespachos que usan los letradosen juzgados nadie se identificacomo colegiado ni hay controlalguno. Esa realidad no descartaposibles complicidades de abo-gados y funcionarios con los es-tafadores detenidos, de los quesólo uno tenía antecedentes.

El modus operandi de las es-tafas basculaba sobre una inexis-tente ‘asignación judicial direc-ta’ que esquivaba, al entender delos espabilados finalmente tima-dos, la pública subasta de bienesembargados. Los interesadosfueron captados por los imposto-res ofertándoles fincas, naves yviviendas de lujo a precios irri-sorios. Añadían el obviar trámi-tes y pagos.

En los despachos de Viapolaparecían personajes que repre-

sentaban papeles de fiscal, se-cretario, perito y juez usando to-da clase de argumentos, unifor-mes y credenciales para conven-cer a tan ‘singulares’ incautos.

El teatro lo completaban su-

puestos empresarios ‘interesa-dos’ en comprar los mismos bie-nes por los que apostaban ini-cialmente los estafados. Así seconvencían de que, además deser todo ‘legal’, existían otros

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con placa

Los cincodetenidos, de losque tres seencuentran enprisión, estánacusados depresuntafalsificación,asociación ilícitay estafacontinuada. Seles han incautadocoches de altagama yordenadores.

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postores. Las operaciones secontrataban en efectivo con el 30por ciento del importe pactado,completándose los pagos en dosplazos.

El último abono otorgaba alteórico adquiriente un documen-to judicial falso. Bastantes de es-tos decretos ficticios circulanpor registros, Hacienda, notaríasy bancos para acreditar titulari-dades, pedir financiaciones o pa-gar tributos. La nulidad planea,pues, sobre compras que parecí-an reales.

La trama se destapó por unadenuncia de un afectado que pa-gó sólo 103.000 euros por unafinca en Hinojos (Huelva) de600 hectáreas, aunque valoradaen varios millones de euros. Lapolicía orquestó, tras intensasaveriguaciones previas, un dis-positivo que congregó a la bandacon nuevas víctimas supuestas.Fueron citados en diferentes lu-gares donde se cerrarían sucu-lentas operaciones. Se calculaque las estafas de este grupo su-perarían los dos millones de eu-ros cobrados. No obstante, aúnanalizan los técnicos policialesla documentación incautada. Sesabe que hay casi cien afectados.

En condiciones normales ypor la naturaleza de los delitos co-metidos, muchas víctimas no de-nunciarán porque al detallar la es-tafa desvelan su codicia y escasaortodoxia para acumular patrimo-nio. Tan ventajosas compras resu-citan el clásico timo de la estam-pita o el tocomocho. Todo entiempos de vanguardias. Durantelas próximas semanas habrá nove-dades de esta operación policial,no descartándose que existan másestafados, cómplices y colabora-dores de la banda. Nunca lo olvi-demos: nadie da duros a pesetas.Mejor dicho, euros por céntimos.

Una denuncia por la apropia-ción indebida de un vehículo con-tra D.G.Y, que compartía con su

expareja condujo el olfato policiala una agencia de detectives pirata.Agentes del Grupo de Investiga-ción adscrito a Comisaría de Sevi-lla-Centro registraron una oficinadel Parque Empresarial Torneo,interviniendo ordenadores, archi-vos, una pistola, títulos universita-rios falsos y un sinfín de placascon carnets que reproducían el es-cudo estatal y la bandera españo-la. Incluían un texto: ‘administra-ción de justicia’ más la inexisten-te función de ‘perito judicial de

investigación’. Llevaban variosaños el negocio los tres usurpa-dores detenidos, dos de ellos conantecedentes policiales.

Encabezados por J.A.M.G, lapseudo-agencia operaba bajo losnombres de Eurocobros e Inve-san. Hacían creer a su clientelaque eran funcionarios judiciales,utilizando placas-full, como sedenomina en el argot a las acre-ditaciones policiales plagiadas.Cuerpos de gimnasio y verbo-rrea jurídica completaban lapuesta en escena de estos To-rrentes creyéndose sabuesos co-mo los encarnó Bogart, segúntestimonios recabados por Cam-bio16.

Los falsos detectives hacíanvigilancias, vendían e instalabandispositivos de espionaje, emití-an informes y hasta tenían unacomercial subyugante que insis-tía a los clientes sobre la oficia-lidad de los informes y contarcon la seguridad de ganar cual-quier pleito si les contrataban.Muchos recobros se sustanciaroncon ayuda de tan expeditivos ar-gumentos y tan ficticia autori-dad. Numerosos títulos burda-mente falsificados en los que seprodigaban emblemas del esta-do, autonómicos y universitarioshacía creer al cliente que aquellaagencia era algo serio.

La intervención policial enesa guarida destapó que se actua-ba, también, como delegaciónandaluza de Asociación Nacio-nal de Peritos Judiciales de In-vestigación’ (ANPJI), cuya cen-tral está en Alicante. Su presi-dente, Rafael Arroyo Andrino,tiene un pasado; se implicó en unsecuestro cuando era auxiliar deun detective madrileño. El únicocometido de ANPJI, según con-curren comentarios al respecto,es vender —al parecer por 3.000euros por persona— títulos yplacas para ejercer una labor, lade perito judicial, para la que se

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exige juramento, titulación y co-legiación oficial, más una dilata-da experiencia.

Expertos consultados porCambio16 indican que ANPJI,como otros colectivos de auto-designados ‘peritos judiciales’(mercantiles, inmobiliarios, cri-minalistas, medioambientales,tasadores, calígrafos) no cele-bran asambleas, ni imparten cur-sos y admiten socios previo pagode desorbitadas sumas sin exa-men ni entrevista. Los requisitosque publicitan en sus portales deInternet son, pues, virtuales.

Sólo venden títulos, metopasy placas que halagan egos y amediocres. En el mejor de loscasos, estas asociaciones se lega-lizan ante el Ministerio de Traba-jo y presentan listas, en decana-tos judiciales, de asociados. Losúltimos creen que así obtendránpericias espléndidamente paga-das con el aval de los juzgadores.Nos preguntamos de qué son ex-pertos estos personajes.

La realidad, sin embargo, esotra y bien distinta. El juez eligeperito oficial por insaculación(sorteo o listado de candidatos)cuando hay diferencias irrecon-ciliables entre los de parte; lacredibilidad pericial radica en suneutralidad. Los magistrados, fi-nalmente, deciden sobre el rigory la base empírica del experto alservicio de la justicia. El nom-bramiento previo, en caso de pe-ritos judiciales, no los de parte,entraña graves responsabilidadespenales a los elegidos.

Se calculan casi 200 gabine-tes de falsos peritos judiciales entoda España. Otros tantos estánen asesorías, bufetes o bien ope-rados por ex guardias civiles, mi-litares o policías. El negocio deusurpar la investigación y periciajudicial debe ir bien, y pareceimpune.

Las placas-cartera y títulosde peritos de toda clase se ven-

den descaradamente en la red.Estas falsificaciones cubren la-gunas de las funciones pericialesoficiales, que sólo se acreditanmediante decretos judiciales. Esllamativo que colegios y asocia-ciones de detectives legales, conlicencia del Ministerio del Inte-rior, no impulsaran denunciassobre estos intrusos aunque pro-meten activarlas desde hace añosa sus afiliados.

Resulta escandaloso, y causarubor en los medios jurídicos,que la fiscalía no actúe de oficioante esta tropa de usurpadoressin escrúpulos que les suplantancomo subordinados con descarosonrojante. Acusar en España esselectivo, tiene clases, modas yalarmas, según tendencias delvoto. País.

Sevilla, Ave Fénix policialLas sombras acompañaban a losinvestigadores públicos en la ca-pital del Guadalquivir. Antes ydespués de la Expo’92, la cuestio-nada ‘mafia policial’ fue absueltajudicialmente tras ser encarcela-

dos decenas de agentes e inspec-tores que laminaron el menudeode la droga con poca ortodoxia.

El sumario se desinfló tras unadiscutible instrucción y filtracio-nes a la prensa desde ‘asuntos in-ternos’. Entonces explotó alPSOE el ‘caso Juan Guerra’.Aquella historia, la de la mafiapolicial, inspiró ‘Grupo 7’, cintafinanciada por RTVE. Se estrenaen abril y la protagonizan Antoniode la Torre junto a Mario Casas.

Después, los llamados a lucharcontra el crimen organizado (Udy-

co) fueron desmantelados tras de-saparecer casi 300 kilos de cocaí-na en los bajos de la jefatura re-gional. El escándalo recuperó enSevilla a inspectores de asuntosinternos. Estos tardaron demasia-do en descubrir a un exagente mi-llonario cuya esposa, abogada, ad-ministraba una fortuna forjada pordos cómplices que vendieron ladroga intervenida a narcos. Elmundo al revés.

No localizar a Marta del Casti-llo o el paradero de dos niños onu-benses en Córdoba ultima el cua-dro de una policía lánguida entrefiascos y espectaculares ruedas deprensa donde sólo se lucen unifor-mes y cargos.

Sin embargo, operaciones co-mo la que desarticuló una tramade estafadores en sede judicial o laque detuvo a falsos detectives nosdevuelven la fe en un colectivoque investiga, callado, el delitoallá donde se encuentre.

Otras actuaciones de los policí-as sevillanos merecen destacarse.Los informes del laboratorio de laPolicía Científica y la Brigada de

Investigación Tecnológica son dog-ma en juzgados y audiencias anda-luzas. Varias operaciones del grupoantidroga de Alcalá de Guadaírareiteran su excelencia operativa.

Por último, inspectores de se-guridad privada, homicidios y deatracos se lo ponen muy difícil alos delincuentes. En Sevilla, laque tiene color especial y una lu-nita plateada, hay más luces poli-ciales que sólo brillan para el ciu-dadano en una provincia donde losdelitos son perseguidos por exper-tos. ■

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Se calculan 200 gabinetes de falsos peritosjudiciales en toda España y otros tantos enasesorías, bufetes o bien operados por exguardias civiles, militares o policías

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