Socialismo y cerrojos europeos

SOCIALISMO Y CERROJOS EUROPEOS

Tony Andreani

XXI. MENDEKO SOZIALISMOA. MUNDUKO EREDUAK

MODELOS PARA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Socialismo y cerrojos europeos

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La crisis principal que conoce el capitalismo podría volver a poner, bien antes de lo que se pensaba, al socialismo en el orden del día histórico. Se ha asistido, durante esta crisis, a lo que parecía impensable: nacionalizaciones, parciales o totales, de algunos grandes bancos, o incluso de empresas industriales; la adopción de planes de reactivación que recordaban la difunta planificación. Cierto, todo esto sólo provisional y se encuentra poco a poco deshecho. Pero hasta la próxima vez… En cualquier caso el consenso neoliberal ha sido seriamente batido en brecha, y se puede sin duda hablar de una "ventana de oportunidad histórica" para un socialismo del siglo XXI en los diez años que vienen.

No voy aquí a dibujar el boceto de un socialismo del siglo XXI, cuyos aspectos solo

mencionaré al paso de algunos aspectos, sino preguntarme sobre su posibilidad en Francia, en el marco de la construcción europea tal y como es. Ya que estamos en una situación muy particular, la de haber perdido nuestra soberanía nacional, a la diferencia de grandes países como los Estados Unidos, Japón, China, la India o Brasil, para no citar más que ellos. Estamos atados por los Tratados europeos que inscribieron las orientaciones neoliberales en el corazón mismo del funcionamiento de todas las instituciones, y quienes, si lo observamos de cerca, tienden à hacer toda forma de socialismo imposible.

Ante esta situación, la izquierda de la izquierda presentó propuestas para la

reescritura de un Tratado y milita por un proceso constitutivo para conseguir el repudio de los Tratados existentes y la adopción por una Asamblea Constituyente, luego por los pueblos consultados por referéndum, de un nuevo Tratado (o incluso de una Constitución, sobre la única parte referente a las instituciones políticas). Debo decir que, a mi modo de ver, si esta perspectiva puede tener un valor pedagógico y de agitación (tratándose de poner de manifiesto que no se está en contra de Europa, pero por otra Europa), no tiene ninguna oportunidad de tener éxito incluso a medio plazo. Desde los dos no, franceses y holandeses, al Tratado constitucional europeo, no se ha constatado en Europa ni levantamiento en masa, ni verdadero progreso político en este sentido. Al contrario la máquina europea ha seguido su impulso. Y nuestros conciudadanos están bien lejos de ver el papel que jugó en la crisis actual, presentada por todas partes como una clase de catástrofe natural, en cualquier caso venida de otra parte.

¿Ante este callejón sin salida, lo más realista finalmente no sería de ofrecerles como

puerta de salvación una salida de Europa? Eso me parece extraordinariamente difícil y extraordinariamente aventurado. En primer lugar, si los franceses son en su mayoría euroescépticos, como por otra parte otros muchos europeos, están, a pesar de todo, apegados a un proyecto europeo. Sería realmente necesario que Europa esté al borde del estallido – lo que no debe excluirse – para que la cuestión se plantee. Siempre habrá después muchas voces para defender, de buena o con mala fe, los buenos lados de la construcción europea, y es cierto que existen algunos. Sería pues un trabajo de persuasión muy difícil – con casi todos los medios de comunicación y casi todas las élites contra sí. Una perspectiva más popular sería salir solamente del euro, todas las demás normas quedando incambiadas. ¿Pero que se ganaría con ello? En materia económica, el euro es la única realización seguramente interesante de Europa (a excepción de la política agrícola común y de los fondos estructurales) - una realización en su principio antiliberal. Cierto que no ha tenido ninguno de los efectos prometidos (la mejora del crecimiento y del empleo, la bajada de los precios), y se combina con estas aberraciones que son la independencia del Banco central europeo y la inexistencia de una política activa de los


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cambios. Pero el euro tiene varias ventajas: la moneda única simplifica las contabilidades y los costes de transacción entre monedas, y sobre todo pone a salvo de movimientos especulativos. Imaginémonos pues que nuestro país se sale de la zona euro. ¿Qué pasaría?

Los especuladores venderían francos contra euros o dólares, ya que confiarían

mucho menos en se estabilidad, aunque el Gobierno mostrase su determinación a luchar contra la inflación. Los accionistas extranjeros (o franceses!) están tentados en liquidar sus acciones antes de que pierdan de su valor. Los inversores extranjeros dudarían en invertir en el territorio, a pesar de todos sus activos, por la misma razón. Cierto, no hay que temer una fuga masiva de los capitales, ya que no se puede abandonar la quinta economía del mundo, con todas sus oportunidades de beneficios, pero la prudencia sería por lo menos la norma. Y todo esto aun no cambiando nada al capitalismo francés, sin ni hablar de un principio de transformación socialista. Para hacer frente a la depreciación del franco, sería necesario subir fuertemente los tipos "directores" del Banco de Francia, y el encarecimiento del crédito pondría a las empresas francesas en dificultad. Lo tendría fácil entonces la derecha de poner de manifiesto estas tendencias y de exagerarlas, para reclamar urgentemente la vuelta a la zona euro. Solo habría, para precaverse de ello, una solución: instaurar un control drástico de los cambios, que podría quizá preservar el valor del franco, pero no impediría movimientos de liquidación de los capitales. Sería necesario entonces estar dispuesto a readquirir (ciertamente a precios interesantes) los títulos cuyos detentores estarían dispuestos a deshacerse, es decir, haber previsto todas las estructuras dispuestas a hacerlo, con sus medios de financiaciones (quizá empresas privadas, pero más seguramente empresas o fondos de Estado). No digo que sea imposible, sino solamente que no estamos listos, tanto esta perspectiva es revolucionaria, y al mismo tiempo que seguiríamos siendo parte involucrada de un mercado único, controlando únicamente el movimiento de los capitales.

Por eso sugiero una estrategia más progresiva, consistente a insertar esquinas en la

construcción europea, sin dejar, al menos por el momento, la zona euro. Se trataría de explotar algunos espacios dejados abiertos en los Tratados, y no temer ir a la confrontación sobre algunos terrenos determinados, sabiendo que sobre estos terrenos se obtendría muy probablemente el apoyo de la población. No se trata de hacer estallar Europa, ni de jugar solo, pero al contrario mostrar, con el ejemplo, todo el interés, para cada pueblo, de volver a poner sobre la mesa el principio de la subsidiariedad, dejándoles el control de las decisiones que no van en contra las de sus socios.

He aquí pues algunas pistas, ilustrándolas por algunos ejemplos.


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Me parece que ha llegado el momento, lo dije, de militar para una transformación socialista y de emprender de dibujar el programa. Pero, aun con el riesgo de aparecer como "social-traidor", pienso que también hay que andar sobre esta primera pierna. Porque no se ve cómo se podía terminar rápidamente con un conjunto de instituciones que pusieron varios siglos en crearse y en remodelarse, que conquistaron la mayor parte del espacio económico y penetrado profundamente las mentalidades. Porque no se puede esperar que la próxima crisis, que se producirá cuando ésta no esté finiquitada, ponga el mundo a fuego y a sangre, en la idea quizá que las guerras son los fermentos de la revolución. Finalmente porque el socialismo a venir necesitará de algunas de las instituciones actuales, si están profundamente transformadas, así como de un sector capitalista al cual enfrentarse.

Me satisfaré aquí con algunas indicaciones. Varias voces se elevan para volver de

nuevo a una estabilidad del accionariado. Accionistas de referencia, que se comprometerían a permanecer en la empresa por un determinado período de tiempo o a no dejarla más que con el acuerdo de sus colegas, estarían preocupados de su desarrollo, y ciertamente más sensibles a las otras partes involucradas si supieran que deben contar con ellas, que accionistas que solo los tratan como costes o socios ocasionales. Los otros accionistas, institucionales o pequeños bolsistas, privados de derechos de voto, serian marginilizados, y del hecho mismo, la Bolsa, este inmenso mercado de la ocasión, vería su esfera de acción reducirse considerablemente. La fiscalidad – unos pesados impuestos de las plusvalías a la reventa – podría ya, por sí sola, favorecer esta estabilidad del accionariado. Los OPA hostiles se volverían impracticables, y, con ellas, las aberraciones de muchas operaciones de fusión/adquisición. En fin, se trataría de hacer a los detentores de capitales un poco más responsables de la marcha de las empresas. Ahora bien, a mi conocimiento, los Tratados europeos no nos privan de la posibilidad de legislar sobre la empresa y de actuar por la fiscalidad.

Todo lo que iría también en el sentido de una verdadera reforma bancaria –

separación de los bancos de depósito y los bancos de negocios, supresión de "fuera de balances", la prohibición del "titrisation" y de las "fililizaciones" en los paraísos fiscales, sometimiento de los fondos dichos alternativos a normas de fondos propios etc., sanearía el capitalismo francés reduciendo las colusiones, limitando la inflación del crédito e impidiendo la construcción de pirámides de deudas. Eso, sí, comenzaría a asemejarse a una "refundación" del capitalismo. Ahora bien a priori no veo lo que, en los Tratados europeos, podría impedirnos de adoptar tales medidas, susceptibles de ser entendidas y apoyadas por la población (incluso por una parte del patronato, en particular, el de las PYME), pero serían bien más difíciles de aplicar dado que nuestros bancos, mismo mutualistas, son bancos internacionales, que no querrían ser desaventajados por estas obligaciones, y que no se puede legislar sobre los bancos extranjeros que operan en Francia. Sin embargo sería importante luchar sobre estas propuestas, apoyando al mismo tiempo una nacionalización perenne de una parte del sistema bancario – tema que no abordaré aquí.

Otras reformas fundamentales, esta vez a nivel europeo, merecerían tanto más el

ser apoyadas que tendrían su pleno significado en una economía a dominanante socialista: así de la sumisión del Banco central a los objetivos del poder político, de la posibilidad conferida a ésta de conceder créditos de inversión al Estado, de la institución

Apoyar una reforma nacional del capitalismo


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de una base de derechos fundamentales, en particular, en materia social, o también de medidas proteccionistas específicas y negociadas. El problema es que todo eso va en contra de lo que es el corazón de los Tratados europeos. Sería necesario entonces denunciar la totalidad de estos últimos, lo que equivale a salir de la Unión Europea. Ahora bien, esta no es la estrategia que propongo adoptar.

Pero debemos también andar sobre la otra pierna, la reapertura de un espacio

económico socialista. Precisamente lo que reprocho a las propuestas para una otra Europa es evitar cuidadosamente la cuestión del socialismo, permaneciendo en el marco de una fuerte regulación del capitalismo, excepción hecha de la propuesta de un polo público bancario y de un estatuto específico para los servicios públicos. Ahora bien eso es hacer una concesión importante a la ideología y a la práctica de las clases dirigentes europeas, que construyeron precisamente el edificio europeo para hacer definitivamente imposible el socialismo. Creo al contrario que ha llegado la hora de empezar un principio de transformación, sobre terrenos bien elegidos y comprensibles para todo el mundo, una vez más explotando los eslabones débiles de los Tratados europeos y para el resto yendo a la ruptura, no sobre la totalidad del edificio, pero sobre estos terrenos clave, que serán tantos nudos gordianos. Voy a limitarme a tres de estos expedientes.


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Él allí no hay socialismo democrático sin planificación. Ya no hay que tener miedo de emplear la palabra, a pesar de todas sus connotaciones soviéticas. Para ir rápidamente, la planificación solo puede referirse a las grandes elecciones colectivas, y no las elecciones privadas, pero entonces es el lugar por excelencia dónde una sociedad puede decidir, de la manera más democrática posible, es decir, inevitablemente en un espacio nacional, de su destino. Esta planificación se refiere en primer lugar a las grandes políticas públicas: apoyo a la inversión o al consumo, política social, política de las rentas, política del medio ambiente, y en segundo lugar las políticas sectoriales (apoyo a las grandes o a las pequeñas empresas, apoyo a tal o tal rama etc.). El otro gran aspecto de la planificación es la delimitación del perímetro de los servicios públicos, proveedores de bienes sociales, y la determinación de su orden de prioridad.

No se puede decir que, a pesar del neoliberalismo dominante, las políticas públicas

hayan desaparecido completamente del horizonte de los países occidentales, el nuestro en particular. Después de todo es necesario que el político tenga aún algo que hacer, bajo la presión de las reivindicaciones sociales, y que no se limite a deconstruir todos los elementos de planificación que heredó del régimen keynesiano para dejar la mano a las fuerzas del mercado capitalista. Pero se revisaron todas las políticas públicas a la baja en Europa. La política monetaria se orientó exclusivamente sobre el mantenimiento de la inflación a nivel más bajo, y las políticas presupuestarias "corsetées" por el pacto de estabilidad. La política social, que incumbía teóricamente a cada país, ha sido laminada en nombre de la competitividad (que se piense, por ejemplo, al apoyo del Gobierno francés a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, autorizando una semana de 65 horas de trabajo, cuando la limitación a 60 horas data en Francia de 1906). La política de las rentas, en particular, a través del bais fiscal, solo fue deconstrucción, siempre en nombre de la competitividad. Resumidamente el dumping social y fiscal en Europa tiene laminadas estas políticas públicas. La política sanitaria y medioambiental también se puso bajo obligaciones europeas, con normas europeas ampliamente influidas por los grandes intereses privados.

Ahora bien he aquí que la crisis ha vuelto a poner en honor lo que hay que llamar

formas de planificación. En los Estados Unidos, eso no plantea problema, salvo para obtener una mayoría en el Congreso. Obama hizo adoptar un plan de reactivación de 787 mil millones de dólares que consistían en ayudas al empleo y a la indemnización del desempleo, en ayudas a las inversiones de los Estados americanos y en reducciones fiscales. Los miles de millones de dólares de créditos aportados a la industria del automóvil lo estuvieron bajo condiciones: debía invertir en la producción de coches limpios. En Europa, no sólo los planes de reactivación fueron mucho más modestos, sino que también, haciéndose en el desorden, suscitaron las más vivas tensiones, lo que era previsible en un espacio económico que solo conoce normas comunes fundadas sobre la competencia. Por ejemplo el plan francés de ayuda al sector automóvil inmediatamente causó arcadas en la Comisaría encargado de la competencia y la protesta del Gobierno checo. ¿De qué se trataba?

Tengamos en cuenta que este plan era de todo salvo "democrático": lo decididió el

Gobierno – es decir por Sarkozy en persona – sin ninguna consulta del Parlamento y menos aún por el voto de éste (no estamos en los Estados Unidos). Dicho esto, este plan

La planificación democrática


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estaba bien en el espíritu de lo que sería una planificación en un régimen socialista. En virtud de una elección política, se decidió apoyar un sector dado, el del automóvil, por tres razones: 1° se trataba, como en los Estados Unidos, de orientar el sector hacia la construcción de vehículos limpios, lo que no habías sabido bien hacer ellos mismos (los fabricantes no querían, por ahora, perder cuotas de mercado, y, presionados por la voluntad de los accionistas de obtener rendimientos financieros rápidos, no dedicaban suficientes inversiones a largo plazo al coche "verde"). 2° el plan se inscribió en una política de empleo: se exigió de los fabricantes que no cerrasen ninguna planta en Francia (durante 5 años) y que no suprimen empleos (en realidad durante un año). 3° se les pidió también revisar las relaciones con sus proveedores, a la vez para que éstos, en vez de ser constantemente presionados y empujados a deslocalizar, pudieran consagrarse aún más a la investigación y desarrollo y para que conserven sus empleos en el territorio nacional (el Estado "abundando" un fondo de apoyo de 300 millones de euros a altura de 100 millones). El instrumento utilizado por el plan era el de los créditos mejorados sobre 5 años (6,5 mil millones de euros). Ello era bien una de las palancas de una planificación incitativa. Pero: todo eso contravenía a la "competencia libre y no falseada", norma de oro del mercado único y de toda la construcción europea, que pone a todas las empresas y a todos los Estados en competencia los unos con los otros. En primer lugar el plan de apoyo solo se refería a los dos fabricantes franceses, y no a los otros fabricantes europeos presentes en el territorio: al respecto, a causa de la coyuntura actual, no demasiadas protestas (después de todo, los otros Estados que tienen fabricantes solo tenían que hacer lo mismo). Pero, con sus exigencias en cuanto a plantas y empleos, el plan corría el riesgo de frenar las deslocalizaciones, por lo tanto las implantaciones o las transferencias en otros países europeos. Por último, cuando Sarkozy menciono una exigencia aún más fuerte, es decir parar las deslocalizaciones cuando los coches producidos en estos países se venden a continuación en Francia, eso puso encendió la mecha y puso fuego a la pólvora: fue acusado inmediatamente de "proteccionismo", y allí renunció. Eso no fue totalmente sin ningún motivo, puesto que eso habría reducido efectivamente el empleo en las fábricas de la República Checa.

El asunto sigue siendo sin embargo emblemático: saca a la luz la oposición de las

instancias europeas (y en realidad bajo cuerda la de los Gobiernos, que juegan un doble juego) a toda planificación nacional, acusada, mediante las distintas ayudas de Estado, de falsear la competencia. Se notara en primer lugar esta paradoja de que sean los Estados Unidos que resultan (en realidad, no es nuevo) más planificadores o más keynesianos, como se quiera, que los Gobiernos europeos. Pero se observará a continuación que las políticas de reactivación en los países europeos, que se quiera o no, conducen "a renacionalizar" la acción de las multinacionales - al igual que los planes de apoyo al sector bancario. Lo que hace estallar a la luz del día las contradicciones europeas entre un mercado único de los capitales, libres de ir allí donde quieren, y de los Estados que intentan a pesar de todo, cada uno por su parte, favorecer sus empresas.

Esta seria la ocasión, ahora o nunca, para la izquierda de volver a poner en vigor la

planificación que dejó decaer y de entender finalmente lo que cuesta el haber renunciar en favor de un mercado único completamente falseado por los desequilibrios inherentes a la actual construcción europea. Es necesario pues ir allí a la ruptura: no es admisible que otros Estados decidan nuestra política industrial y de nuestra política del empleo, como si tuviesen un derecho de voto (o de veto) en lugar de los ciudadanos franceses - problema que se plantea mucho menos en los países soberanos, pero que no desaparece cuando éstos están vinculados por las normas de la competencia a nivel internacional esta vez (es por ello que el Gobierno americano debió renunciar, en el marco de su propio plan, a exigir que el acero utilizado para sus grandes trabajos de infraestructura esté producido


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en los Estados Unidos). Qué podría pasar en ¿el caso de violación de las normas europeas relativas a las ayudas estatales, que son un verdadero arsenal antiplan? ¿Protestas, sanciones esgrimidas por la Comisión, guardiana de la competencia, recursos ante el Tribunal europeo de justicia, que darían la culpa al Gobierno francés? Ciertamente. Pero habrá entonces que exigir la renegociación de todos los capítulos de los Tratados que se refieren a las ayudas estatales, y, a través de ellos, a todas estas disposiciones que, poniendo los Estados en competencia los unos con los otros, destruyen los fundamentos de las políticas públicas. Y se puede garantizar que nuestros conciudadanos aprobarían en masa un plan que salvaguarde las plantas de producción y el empleo y orienta el futuro del automóvil en Francia, sin por lo tanto dañar a los otros países europeos (lo que implica una cooperación y una negociación). Lo que no prohíbe, obviamente, la existencia de planes europeos en algunos ámbitos (se sabe que han existido en la época de la Comunidad del carbón y el acero y de EURATOM, pero que son casi inexistentes hoy en día. Que se piense, por ejemplo, en las vacilaciones y las lentitudes sobre el proyecto Galileo.


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Sobre este segundo terreno, me limitaré aquí a decir que los servicios públicos, en tanto que base y resorte de la ciudadanía y de la convivencia en común, deben, en una óptica socialista, estar enteramente incluidos en la propiedad del Estado. Lo que conduce a excluir las asociaciones público-privado, que no son más que maneras de aliviar a corto plazo la hacienda pública (ya que el Estado debe remunerar a lo largo de la duración de los contratos a los operadores privados) y de hecho privatizar a mitad, para empezar privatizaciones más avanzadas aún. Lo que conduce también "a renacionalizar" (bajo formas enteramente nuevas, sobre las cuales no puedo detenerme aquí) numerosas grandes empresas aún públicas o a capitales parcialmente públicos. Los Tratados europeos no pueden prohibirlo, ya que no suprimieron este artículo del Tratado de Roma que deja la elección entre la propiedad pública y la propiedad privada. Pero, hay también, los legisladores de la "competencia libre y no falseada" han previsto la maniobra.

Declarando que todo servicio público que amoneda una prestación no es más que

una empresa "de interés general", tenida únicamente de ofrecer un "servicio universal" mínimo, y que debe por lo tanto abrirse a la competencia del sector privado, encontraron el arma para demoler los servicios públicos. En primer lugar las empresas de servicios públicos (EDF por ejemplo) ya no pueden pedir préstamos con la garantía del Estado, ya que eso les daría una ventaja (mejor tipo) sobre sus competidoras. A continuación, abriendo los mercados nacionales a competidores extranjeros, el derecho europeo obliga las empresas públicas a contestar internacionalizándose también. Como carecerán de capitales, y que el Estado, incluso si tiene los medios, no puede ya recapitalizarlos libremente sin correr el riesgo de ser acusado de proporcionarles ayudas y de falsear así la competencia, la lógica es implacable: será necesario abrir el capital, privatizar cada vez más, y prohibir incluso al Estado, convertido en minoritario, todo "golden share" que la volvería inoperable. Tan simple como eso. Es imposible pues, hay también, de no ir a la confrontación.

Supongamos que quisiéramos renacionalizar EDF a 100%. En primer lugar habrá

que encontrar el dinero (varios miles de millones de euros). Como ni el fondo de autofinanciación de EDF ni el presupuesto del Estado podrán hacer frente, solota quedara un recurso: pedir prestado a los mercados financieros, puesto que los Estados europeos no están autorizados a pedir préstamos al Banco central. Pero el problema rebota: si este préstamo se hace con la garantía del Estado, las empresas competidoras van a plantear el asunto a la Comisión para competencia ilegal. Pues he aquí otro punto de ruptura: será necesario sostener el derecho del Estado a pedir prestado con su garantía, siendo un servicio público o una empresa pública o destinada a volver a ser pública, y, si es necesario, pedir al Parlamento francés adoptar esta disposición, muy probablemente apoyada a la vez por los asalariados de EDF y por la población, si ésta entiende que sacará provecho de ello. Y si las instancias europeas condenan al Gobierno francés por violación de los Tratados, se irá más lejos: se exigirá una derogación general a los Tratados, por lo que se refiere a todo lo que consideramos como servicios públicos - varios países obtuvieron en el pasado derogaciones en tal o tal ámbito.

El conflicto con las instancias europeas se empeoraría aun mas si se decidiera

restablecer el monopolio de EDF, lo que se justificaría perfectamente, ya que la liberalización del mercado de la electricidad no tiene sentido, a la vez por razones

Los servicios públicos, prerrogativa del Estado


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técnicas y económicas. Esta claro que es necesario hacer de ello un caballo de batalla, pero la partida será difícil, ya que los otros Estados europeos protestarán en nombre de una competencia desleal, si EDF sigue produciendo en su mercado y si sus electricistas no pueden ya hacerlo en el mercado francés, lo que equivale a bloquear en dirección única la libre circulación de capitales. Entonces de dos cosas una: o se pone en entredicho la liberalización del mercado de la electricidad, y EDF deberá renunciar a sus implantaciones en el extranjero, o no se llega a ello y EDF transnacional izada deberá encontrar capitales suplementarios, con todas las ayudas estatales que sean necesarias. En este segundo caso, la respuesta sería la siguiente: no les prohibimos ayudar a sus operadores, y, si no lo pueden, les proponemos partenariados, con las obligaciones que Vds. fijen (FED nacionalizado respetará su pliego de condiciones), o incluso la constitución de coempresas.


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No voy a entrar aquí en un debate sobre los mejores medios de realizar una

"apropiación social" de los medios de producción. Pienso que la vía más deseable, la más conforme a un socialismo orientado hacia la democracia económica, consiste en la creación de un extenso sector de espíritu cooperativo, sirviendo también de buen apoyo, gracias a sus normas particulares, a la planificación. Pero la vía de la empresa pública o paraestatal sigue siendo sin duda, actualmente, la mejor balizada y seguramente la más accesible, con tal que ésta funcione y se comporte diferentemente a una empresa privada.

Entonces razonemos sobre un ejemplo. Decidimos renacionalizar a Renault,

aunque considerábamos que el automóvil, siendo un bien privado y no un bien social (a diferencia de los transportes colectivos), no está incluido en los servicios públicos. Se hace porque se piensa que esta industria es importante, y que, por tal o cual razón, se piensa que es necesario un protagonista público de peso. Concretamente, habría varias maneras de hacer. En primer lugar la expropiación por ley, mediante indemnización, como en 1981. Sería necesario encontrar los medios financieros, lo que conduciría al Estado a endeudarse fuertemente. A continuación confiar la misión a la Caja de depósitos y consignaciones de readquirir acciones de Renault en el mercado, en la medida de sus medios, para hacer subir a este establecimiento público en capital, o también la misma misión atribuida al muy nuevo "Fondo soberano", él mismo administrado por la Caja de depósitos. La ventaja es que el propio Estado no tiene que gastar el coste de la nacionalización (progresiva). Pero ahí, son una vez más los medios financieros que corren el riesgo de faltar. Necesitaríamos pues una herramienta para operar, sin coste para el presupuesto, una nacionalización rápida. Permítanme mencionar otra pista para procurarse medios financieros masivos: la creación de fondos públicos de inversión, recurriendo a los hogares en forma de bonos de ahorro, y dedicados a convertirse en propietarios exclusivamente de empresas públicas que deben renacionalizarse (al menos al 50%) – y también nuevas empresas públicas que deben crearse. Esto a diferencia del CDC, que se limitó hasta ahora a tomar pequeñas participaciones en las empresas del CAC 40, y desde luego con una prudencia que hay que saludar. Añado, para hacer bien la diferencia, que nuestros fondos públicos no intervendrían en bolsa (excepto durante el período de apropiación), y no podrían intercambiar sus participaciones sino entre ellos, en un mercado "privado". Es pues aquí el ahorro de los hogares – y se sabe que los Franceses ahorran mucho - que, al dirigirse hacia estos fondos, financiaría en gran parte la nacionalización, seguramente siendo menos bien remunerado que por inversores institucionales privados, pero en un espíritu ciudadano (como cuando suscriben en fondos "éticos"). Ahora bien nada, en los Tratados europeos, prohíbe al parecer hacerlo. Pero, cualquiera que sea la forma adoptada para una renacionalización, aquí también va a conducir a una ruptura con los Tratados europeos y un conflicto con la Comisión.

Ya que la Comisión, guardiana de la competencia, también ha previsto ahí el golpe.

Todo el interés de las empresas públicas (o paraestatales) es de no funcionar como las empresas privadas, tanto en su método de administración como de sus objetivos. En una orientación socialista, no tendrían ya, en particular, vocación a distribuir dividendos a su propietario, que se podrían sustituir por un impuesto fijo sobre el capital, o al menos tendrían (incluso en el caso de empresas mixtas) que reducir la parte de los dividendos

Empresas públicas, incluso en el sector de los bienes privados


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tomados sobre los beneficios. Eso les daría una seria ventaja competitiva, puesto que podrían consagrar aún más de sus beneficios a la inversión. Pero, para las instancias europeas, esto es una ayuda pública disfrazada, por lo tanto una trampa a la competencia, y por ello han puesto a punto la "prueba del empresario privado", que equivale a decir: si ustedes no se comportan como este último, si se niegan a maximizar el valor para el accionista, ejercen una competencia desleal, y se lo prohibimos. Pues allí también sería necesario ir a la confrontación: nada puede justificar la aplicación de esta prueba, que se basa en el imperativo de la rentabilidad financiera capitalista. Y le será muy difícil a la Comisaría responsable de la competencia, o al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de condenarnos, en cuyo caso se exigirá una renegociación de esta cláusula de los Tratados. Buena manera pues de revelar un gran secreto del edificio europeo y de hacer estallar una norma que parte de una idea preconcebida política e ideológica. Lo que afectaría las opiniones públicas en Europa y podría mostrar la vía a otros Gobiernos.


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Como se ve, la estrategia que propongo es la de los golpes de "pujavante", cada vez

que los Tratados europeos prohíban ciertas reformas de fondo del capitalismo y cada vez que impidan una reorientación socialista de la economía. En vez de tomarlas al conjunto de la construcción europea, se atacan sus cerrojos, en nombre de una aplicación del principio de subsidiariedad. En ninguno de nuestros tres expedientes se pone en entredicho el mercado interior, pero se exige de renegociar algunas normas, siempre que no perjudiquen a los otros países. Habría al menos un tercer expediente sobre el cual sería necesario batírseles el de las normas aplicables a la economía social.

No se trata de proteccionismo disfrazado, pero solamente del ejercicio de la

soberanía nacional allí donde sigue siendo indeclinable. La cuestión del proteccionismo no se arregla por tanto, ya que no se pone un término, por transformaciones de esta orden, al dumping social y fiscal. Una primera solución estaría del lado de una armonización progresiva, acompañada para cada país de un principio de no-regresión, ya que las normas basadas en la competencia son detalladas e imperativas, no se puede decir lo mismo acerca de la política social que son mínimas u optativas. Los países en retraso, que obtienen actualmente ventaja de este dumping, verían sus desventajas compensadas con ayuda de fondos estructurales, que el presupuesto europeo es demasiado pobre hoy para eximir. Es la que un poder de izquierda debería poner al orden del día con motivo de cada deliberación europea (en el seno del Consejo, del Consejo de Ministros, del Parlamento). La otra solución es la de medidas proteccionistas, dentro del espacio europeo, pero orientadas (se producirían cada vez que la productividad es comparable, en tal o tal sector dado, de un país a otro, mientras que el nivel de los salarios y de la protección social no es en absoluto el mismo), estas medidas deben acompañarse de compensaciones para ayudar a los países ciblados a elevar sus normas. En mi opinión tiene aún menos oportunidades de prevalecer en una Europa donde la mayoría de los otros países, o incluso todos, permanecerían dominados por la derecha neoliberal y librecambista. En cambio debería terminar por imponerse, la crisis ayudando, en las relaciones entre la Unión Europea y los otros países (lo que equivale a restablecer la "preferencia europea)." Pero será necesario pelearse para que el producto de los derechos de aduana estén transferidos a los países emergentes, y más aún a los países subdesarrollados, con el fin de permitirles relevar sus normas sociales y medioambientales, si no la guerra comercial con los primeros serán devastadoras, y los segundos se hundirán aún más en la miseria. A más largo plazo la normativa sobre los intercambios internacionales debería inspirarse en la Carta de La Habana.

Conclusión

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