Estamos en mora de introducir un debate sobre la concepción de la Región Pacífica co-lombiana. Hay varias alternativas posibles y es necesario promover una de ellas. Una visión res-tringida analíticamente, pero muy difundida en-tre la opinión, se detiene en los municipios del litoral Pacífico, específicamente los municipios costeros, para delimitar el espacio regional. Se puede decir que esta visión es la más común en la sociedad. Dentro de ella, es cierto, se fija la atención en las concentraciones de población, como puede ser el caso de Tumaco, Buenaven-tura y Bahía Solano. El Plan de Desarrollo del primer Gobierno Santos superpuso un mapa de pobreza y de NBI con unidades municipales y encontró una correspondencia alta entre pobre-

za y municipios del litoral Pacífico. Su plantea-miento sobre la regionalización, orientado por diversos grados de pobreza y de NBI, encontró entonces una “Región Pacífica” bien delimitada que coincide con la más pobre de Colombia.

Con base en la propuesta gubernamental de re-gionalización, el Plan de Desarrollo hizo una propuesta para redistribuir el dinero de las rega-lías de manera más equitativa. Inmediatamen-te aparecieron un conjunto de consideraciones sobre la necesidad de incluir la parte “andina” dentro de los que se podría considerar la Región Pacífica. Se habló, entonces, de un conjunto de departamentos: Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Con este argumento, se abrió el debate sobre los

Sobre la Región Pacífica colombiana

Editorial

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Ethos Regional, 1 000 ejemplares, número 11, septiembre – diciembre 2014Santiago de Cali, Universidad Autónoma de OccidenteCentro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana,CIER, cier@uao.edu.co

ISSN 2248-7921

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límites de la Región y su justificación, con fun-damentos geo-políticos, a partir de los límites de unos departamentos o de municipios. Esta visión dominada por un criterio esencialmente administrativo del Estado puede tener alternati-vas distintas.

En una perspectiva histórica, Germán Colmena-res llama la atención sobre la geografía cambian-te de lo que se entiende por una “región”. El con-cepto tiene que ver con el dominio estatal sobre un territorio, pero especialmente a partir de una ciudad y su hinterland. Así, se puede hablar de la región que corresponde al “Nuevo Reino de Gra-nada”, indisociablemente ligada con Santa Fé de Bogotá o una ciudad como Popayán. Sobre este caso que nos interesa vale la pena resaltar más allá de la hegemonía política, las interacciones socio-económicas regionales significativas de Popayán, con Buenaventura y con Panamá. Esto lleva a la posibilidad de pensar una misma re-gión, durante la Colonia y hasta mediados del si-glo XIX, centrada en Popayán y volcada hacia el litoral Pacífico. El punto que queremos destacar es el del papel de la ciudad y el de su dominio sobre otras ciudades y un territorio. Este es el centro analítico de la definición de una región, a través del tiempo.

Aunque Popayán pudo ser el centro del poder regional en el siglo XIX, este pasó a Cali en el pasado siglo. Se puede argumentar que, relativa-mente, aparecen recientemente ciudades secun-darias con un poder creciente sobre el Pacífico: Pasto, Pereira y Quibdó e incluso Medellín. El hecho es que estas ciudades establecen inte-racciones socio-económicas, con una malla de ciudades que crecientemente incluyen al litoral Pacífico. Esta malla de ciudades y su hinterland delimitan entonces la Región Pacífica colom-biana. ¿Pero cuáles son los procesos que hacen que las ciudades y las regiones circundantes se vayan conformando? Fotografía.www.apccolombia.gov.co

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Esencialmente se trata de procesos dominados por el sentido económico de los territorios impli-cados. Históricamente son procesos inicialmente dominados por la guerra, la colonización y la bar-barie. En un segundo momento, por la depreda-ción propia del capitalismo salvaje, amparado en la coacción armada. En un tercer momento por la presencia progresiva de un Estado, inicialmente patrimonialista y posteriormente, en un penoso y tortuoso recorrido, por un Estado de derecho sin fin y sin principios claros. La Región Pacífica colombiana no escapa con sus particularidades a este proceso, con dos salvedades importantes: la primera es que los territorios no se encuentran vacíos, sino que tienen una importante población asentada, pero no reconocida por la Nación. Este es un eje del conflicto y de la violencia en la re-gión: la apropiación/expropiación de territorios. La segunda es que esas poblaciones tienen una rica identidad cultural que las cohesionan. Esta

identidad comunitaria no es idéntica a la de la población urbana y blanca. En la conformación de la región, el elemento étnico y el cultural son entonces un segundo eje del conflicto. La Re-gión es, entonces, un concepto que se refiere a interacciones de poblaciones con un sentido de hegemonía que se refleja en el territorio, pero también de contra-hegemonía y de construcción de sociedades producto de la interrelación.

El CIER tiene interés en proseguir con la con-ceptualización sobre la Región del Pacífico. He-mos expresado un punto de vista al respecto que no implica que en las definiciones de trabajo de las investigaciones aupadas no se propongan de-finiciones sobre las cuales se hagan los ejercicios de investigación. En este número presentamos algunos artículos con estas connotaciones.

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Los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan la región de la costa Pacífica de Colombia han logrado un avance muy significativo en materia de reconocimiento de sus derechos colectivos, en donde sobresale el derecho a garantizar la propiedad de sus territorios.

Desde finales de la década de 1970 los indígenas empezaron, en el Pacífico, a hacer valer el dere-cho a la titulación de los resguardos indígenas. Lo propio hicieron las comunidades afrocolom-bianas desde mediados de los años 80, pero esto sólo se pudo cristalizar con el reconocimiento de su carácter de grupo étnico en la Constitu-ción de 1991 y la posterior expedición Ley 70 de 1993 que otorgó el reconocimiento de sus tie-rras como colectivas.

Así las cosas, al finalizar el siglo XX el Pacífico devino en una región de territorios étnicos, en

donde los indígenas poseen, en lo que respecta al departamento de Chocó y litoral de los depar-tamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, alrededor de 1.800.000 hectáreas tituladas bajo la figura de resguardo; y las comunidades afro-colombianas aproximadamente 5.200.000 hectá-reas tituladas como “títulos colectivos de comu-nidades negras”.

Esta titulación fue un primer paso para la con-figuración de un ordenamiento territorial, desde la perspectiva de las tradiciones culturales de di-chos pueblos, quienes comenzaron a estructurar propuestas alternativas al modelo de desarrollo imperante, basado en el extractivismo que arran-ca riqueza y cosecha pobreza para los nativos.

Desde esta lógica, los indígenas formularon su “Planes de vida” y los afrocolombianos sus “Pla-nes de Etnodesarrollo” en los que concibieron

Territorios étnicos, conflicto y pazPor Jesús Alfonso Flórez López

Decano de la Facultad de HumanidadesUniversidad Autónoma de Occidente

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como meta del ordenamiento territorial buscar el “Bienestar” que hoy se conoce más claramente como “Buen Vivir”; en donde la economía, la educación y la política, sean estructuradas desde sus ancestrales formas de apropiación cultural del espacio, como expresión de sus territorialidades.

Pero es justamente en la segunda mitad de los años 90, cuando se exigía en la concertación con el Estado colombiano la puesta en marcha de este ordenamiento territorial alternativo al desarrollo extractivista, que extendió hacia la región del Pacífico la agudización, profundización y degra-dación del conflicto armado. La población civil quedó presa de la confrontación, con el lamenta-ble resultado de centenares de desaparecidos, mi-les de asesinados y de desplazados, con lo cual se produjo una desestabilización de los territorios étnicos y por consiguiente una desterritorializa-ción. A pesar de ello muchos se declararon en re-sistencia civil defendiendo sus territorios.

Tal coincidencia de acontecimientos en el tiem-po, muestra que el ordenamiento territorial des-de las tradiciones culturales de los indígenas y

afrocolombianos, no es permitido por un mode-lo económico que pretende condenar a esta re-gión del país al extractivismo y a la vinculación de la economía nacional mediante la implanta-ción de la agroindustria. Esto con el espejismo de los agronegocios, como los agrocombusti-bles, que en la mayoría de los casos han estado amparados por el despojo de hecho y “legal” de estas tierras, promovido mayoritariamente por los paramilitares.

Luego de casi 20 años de la agudización de este conflicto, emerge en el escenario político el sueño de la Paz, al haberse establecido hace dos años los diálogos entre el Gobierno Nacio-nal y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc –y muy probablemente con el Ejército de Liberación Nacional, ELN–. Este acontecimiento hace pensar que sea posible la terminación de la confrontación armada que ha dejado un saldo mayor de víctimas en los civi-les, para que se pueda retomar el cauce del or-denamiento territorial desde los enfoques de los pueblos nativos del Pacífico. De ahí la impor-tancia de analizar el preacuerdo número 1 de los

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llamados “Diálogos de La Habana”, relacionado con la problemática agraria para ver en qué for-ma contribuye a este propósito.

En primer lugar, conviene resaltar que este acuerdo reconoce que el inequitativo acceso a la tierra es uno de los factores generadores del actual conflicto armado, con lo cual las partes aceptan que trabajar para superar este grave pro-blema social es la base para avanzar en la termi-nación del mismo. En consecuencia, el campo o sector rural adquiere el valor de estar en el pri-mer orden del debate público; obviamente con las consabidas tensiones entre los latifundistas, los minifundistas, los sin tierra y las tierras co-lectivas, en un nuevo escenario de “extranjeri-zación” de la tierra en Colombia, como en el nombrado caso de la altillanura.

En segundo lugar, el preacuerdo hace un énfasis en generar condiciones para que los campesinos puedan acceder a la tierra, mediante la figura del “Fondo de Tierras” y la ampliación de las Zonas de Reserva Campesina. Este aspecto se podría decir, que desde el punto de vista legal o formal ya está cumplido en los territorios étnicos del Pa-cífico, pues ya se ha logrado la titulación, como se mencionó anteriormente.

No obstante, lo relevante es que el Gobierno Na-cional está comprometido a que se haga efectivo el acceso a la propiedad de las comunidades de indígenas y afrocolombianos, con lo cual se re-querirán de medidas eficaces para que se recu-peren los territorios étnicos que han sido usurpa-dos por paramilitares, empresas de agroindustria y minería, así como por otros pobladores que el narcotráfico ha movilizado hacia esta región para ampliar las áreas de los cultivos de uso ilícito.

En este mismo sentido y no menos trascendente es la creación de una jurisdicción agraria, tam-bién señalada en el acuerdo, que se constituiría Fotografía: www.colombia.travel /es/

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como un instrumento que contribuya a hacer un saneamiento de las tierras en el país.

El Preacuerdo sobre Tierras es una oportunidad, más no garantía absoluta, para que estas comu-nidades puedan, sin la presión de la persecución armada, hacer las reclamaciones bajo el amparo del Estado de Derecho para obtener la restitu-ción de sus territorios usurpados.

En tercer lugar, el Preacuerdo sobre Tierras plan-tea una “Reforma Rural Integral”, que incluye un “Plan de Desarrollo con enfoque Territorial”, dando relevancia a la preservación de las tradi-ciones culturales de indígenas y afrocolombia-nos; aspecto que quizá es lo más importante para la región del Pacífico –históricamente marginada y caracterizada por sus condiciones de inequidad respecto a la satisfacción de necesidades bási-cas–, pues allí se establecen una serie de prin-cipios y contenidos sobre salud, educación, in-fraestructura, economía, que pretenden hacer del campo un espacio de equidad.

Si bien esto puede ser asumido como utópico, también es cierto, que es otra oportunidad que tienen estos pueblos del Pacífico, y el campe-sinado en general, para que sus aspiraciones de antaño puedan tener una realización, pues esto requerirá confrontar al Gobierno Nacional para que su perspectiva ante la región del Pacífico su-pere el extractivismo del bosque, minería, ele-mentos biogenéticos y otros, para avanzar en una concertación de un ordenamiento territorial del Pacífico dese la perspectiva de los Planes de Vida de los pueblos indígenas y Planes de Etno-desarrollo del pueblo afrocolombiano.

El eventual posconflicto en la región del Pacífico debe contribuir, en definitiva, a que la visión del Buen Vivir, que busca la equidad desde la inter-culturalidad en el respeto a la vida de las futuras

generaciones, sea el referente para la gestión y uso de los territorios étnicos; para ello debe pri-mar el cambio de perspectiva ante la naturaleza, de no seguir viéndola como una despensa de “re-cursos” y mercancías, sino como una “casa” que debemos cuidar, para que nos pueda albergar por mucho tiempo.

Por eso estos pueblos han permanecido en la re-gión en medio del conflicto, en espera de un pos-conflicto que permita recobrar su control territo-rial, de ello da cuenta el pensamiento indígena al que recurrentemente hago alusión:

“¿Nosotros para dónde nos vamos a ir si

nuestros ombligos están enterrados aquí?” 1

1 Frase de la dirigente indígena Delia Casamá, de la etnia Embera de Riosucio-Chocó.

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Es ya un lugar común hablar de abandono es-tatal y de la deuda histórica que tienen el Estado2 y la nación con el Pacífico3 colombiano. Aun-que no insistiré en el cacareo de esa ‘verdad’, si haré referencia a hechos y circunstancias que

2 “Las posibilidades políticas para ajustar el Estado a las consideraciones y orientaciones de mandatarios de turno, del orden nacional, regional y local nacen de la crisis ideológica y programática de los partidos políticos Liberal y Conservador. Entonces, no existe consenso político alrededor de la tipología de Estado que necesita un país biodiverso y con las condiciones de concentración de la riqueza y la creciente pobreza en la que so-breviven millones de colombianos”. Véase http://elpueblo.com.co/modelos-discrecionales-de-estado/

3 Para efectos de este texto, se reconoce la región del Chocó Biogeográfico, que se extiende desde Nariño, hasta la frontera con Panamá, incluyendo los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Risaralda y Chocó.

guardan estrecha relación con Buenaventura y su zona rural, y con el Chocó de manera indirec-ta, sin olvidar que tanto dicho municipio como el departamento están ubicados dentro de la ex-tensa zona del Chocó Biogeográfico.

Como tesis, señalo que esas condiciones de abandono estatal y de atraso, desde una pers-pectiva de desarrollo en donde son referentes claves la infraestructura vial, energética y de saneamiento básico, entre otras, están soporta-das en una histórica animosidad étnica4 de los centros de poder regional y nacional frente a las

4 Véase ´El abandono del Chocó y del Pacífico: un asunto de animosidad étnica´. Publicado en Semanario Realidades y Presencias, del Observatorio de Realidades de la Arquidiócesis de Cali, Nro 17, abril-mayo de 2014.

Por Germán Ayala OsorioIntegrante del Centro Interdisciplinario de

Estudios de la Región Pacífico Colombiano, CIER

Profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente

Chocó biogeográfico: debilidad estatal y animosidad étnica

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comunidades afrocolombianas e indígenas que viven o sobreviven en esa extensa zona del país.

A pesar de lo planteado y promulgado en los artículos 75 y 136 de la Carta Política, es claro que en el ejercicio del poder político y en mu-chas actividades de la cotidianidad colombiana a lo largo y ancho del territorio, se discrimina por el color de la piel y por el origen social. Eso es innegable.

Esa animosidad o malquerencia étnica está so-portada en el ejercicio del poder de familias tradicionales que siendo mestizas, se presentan como ‘blancas’, circunstancia natural que les ha otorgado toda la legitimidad para negarle a la gente del Pacífico y el Chocó Biogeográfico ini-ciativas de desarrollo que consideren, valoren y reconozcan las tradiciones, la cultura y las cos-movisiones de los pueblos y comunidades afro-colombianas7 e indígenas que a pesar de tener disímiles formas de vida y organización social, comparten la idea de vivir en condiciones distin-tas a las que se promueven desde la lógica de la acumulación de bienes y la propiedad privada, soportadas estas en una relación no consustan-cial con los ecosistemas naturales.

5 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

6 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y go-zarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacio-nal o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará todas las medidas en favor de grupos discri-minados o marginados”.

7 La idea de vivir bajo la lógica de la propiedad colec-tiva sólo se aplica para zonas rurales. Ello entra en contravía de las aspiraciones de individuos afrocolombianos que al vivir, por ejemplo, en el casco urbano de Buenaventura, toman distancia del Proceso Organizativo de Comunidades Negras.

Por el contrario, a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico se vienen imponiendo unas ló-gicas de desarrollo ancladas en la mega explo-tación minera, en proyectos agroindustriales y en la extracción de madera, que claramente ge-neran efectos socio ambientales negativos que terminan coadyuvando a la eliminación y/o a la perdida de sentido de las relaciones consustan-ciales 8 que afrocolombianos e indígenas sostie-nen de tiempo atrás con la Naturaleza. Esta es una expresión clara de esa malquerencia étnica, dado que los procesos de intervención con fi-nes de explotación de recursos del suelo y del subsuelo, están fincados en la subvaloración de unas culturas tradicionales que históricamen-

8 Relación consustancial que puede tener algún sentido todavía en comunidades que viven en zonas selváticas. Pero es claro que aquellos afrocolombianos que viven en ciudades como Buenaventura, esa relación se ha debilitado por las condiciones laborales y las lógicas de consumo que han adoptado en la Ciu-dad puerto. Igual puede pasar con indígenas que hoy viven en cascos urbanos como Buenaventura, Pereira e incluso, Cali, cu-yos orígenes territoriales y culturales están en las comunidades asentadas en el Chocó Biogeográfico.

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te han sobrevivido al abandono estatal y a las condiciones inhóspitas de unos ecosistemas di-fíciles para el devenir humano. Además, dichas intervenciones vienen asociadas a prácticas de violencia física y simbólica.

Estas actividades de explotación no sólo desco-nocen las condiciones ecosistémicas y la capaci-dad de resiliencia de los entornos intervenidos, sino que confrontan la propia vida de quienes de tiempo atrás viven también de explotar oro y ma-dera, pero no en las condiciones que proponen, por ejemplo, empresas madereras y mineras que por su misma concepción y condiciones de ope-ración, deben sacar el mayor provecho económi-co, lo que conlleva a dejar de lado consideracio-nes socio ambientales.

Así entonces, la animadversión étnica hacia afro-colombianos e indígenas no sólo se expresa en actividades cotidianas, en usos particulares de la lengua y en actitudes claramente discriminato-rias, sino en la anuencia de las autoridades am-bientales y de los organismos de control frente a la llegada e imposición de modelos de vida y desarrollo que en nada consultan las necesidades, aspiraciones y cosmovisiones de las comunida-des allí asentadas.

Se hace más complejo el asunto cuando los pro-yectos de explotación a gran escala vienen acom-pañados de ejercicios de violencia por parte de grupos al margen de la Ley, como paramilitares y guerrillas, que penetran y se establecen en los territorios ancestrales y comunitarios, para impo-ner allí regímenes de poder con la anuencia del Estado central, que mira con desdén al Chocó Biogeográfico.

El caso Buenaventura

La Ciudad Puerto puede ser un caso paradigmá-tico de las condiciones de animosidad étnica,

promovida desde los centros de poder regional y nacional. Y es así, porque desde las lógicas e inte-reses de actores económicos locales y regionales, se vienen diseñando planes de desarrollo9 para Buenaventura. Se echan al aire globos de cre-cimiento económico a espaldas de una realidad social y política inocultable: extrema pobreza, múltiples violencias y Estado local10 colapsado. En esos globos van propuestas como convertir a Buenaventura en un puerto que supere los ren-dimientos de sus ‘similares’ de El Callao y Val-paraíso. Singapur aparece como referente para darle a la ciudad costera el giro estético y logís-tico con el que sueñan la Cámara de Comercio y la Sociedad Portuaria, entre otros. Ahora quieren

9 Baste con recordar iniciativas como Plan Pacífico y hasta el mismo Proyecto Biopacífico, con el que de muchas ma-neras se han prometido pagar esa deuda histórica que el Estado tiene con el puerto, con el Pacífico y con el Chocó Biogeográfico en general.

10 Es clara la cooptación mafiosa del Estado local, bien por grupos políticos que administran los recursos públicos con criterios clientelistas, lo que termina en el despilfarro o la desvia-ción de fondos con destinación precisa. La corrupción campea por el municipio.

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posicionar a Buenaventura como la capital de la Alianza Pacífico, a pesar de que su lanzamiento se hizo en Cartagena. Otra prueba clara de la ani-mosidad étnica que se promueve desde las altas esferas del poder político bogotano.

Iniciativas todas que se piensan a espaldas de las complejas condiciones de vida que se presentan hoy en Buenaventura. Obras como el Malecón y el bulevar Bahía de la Cruz, la terminación de la doble-calzada y los constantes y costosos dra-gados del canal de acceso, entre otras, parecen caminar de forma paralela a los problemas de convivencia, de seguridad, de orden público, de pobreza y de incertidumbres sociales que Bue-naventura exhibe de tiempo atrás y que guardan relación con los cambios sociales, políticos y ambientales que se están produciendo a lo largo y ancho de la región del Chocó Biogeográfico.

Buenaventura es receptora de una población que internamente migra desde varios puntos de la región Pacífico. Una población sedienta

que, mediante protestas sociales11, ha llamado la atención sobre sus necesidades como el acce-so a agua potable y mejores servicios sociales. Igualmente, el Puerto es escenario de sangrien-tas disputas entre bandas criminales y narcotra-ficantes, que actúan con el silencio cómplice de un Estado local que no ha podido erigirse como un orden legítimo capaz de guiar a la sociedad local hacia otras formas de vida y convivencia.

La pequeña y la gran minería deambulan por meandros y selvas en una región biodiversa en la que históricamente el Estado brilla por su ausencia física o por su asombrosa incapacidad, soportadas estas en lo que aquí he llamado animosidad étnica.

Los nocivos efectos ambientales que se vienen produciendo a las cuencas de los numerosos ríos que buscan el océano Pacífico, hacen que el dra-

11 Casi nulas son las protestas sociales en torno a proce-sos de explotación de oro, a través de actividades propias de la mega minería. Ello contradice, claramente, el sentido ambiental de protección y de aprovechamiento ambiental que aún exhiben grupos de afrocolombianos pertenecientes o cercanos al Proceso de Comunidades Negras.

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gado del canal de acceso de la Bahía se convierta en una actividad constante y costosa, dadas las dimensiones que viene adquiriendo la sedimen-tación producida por la tierra que se ‘lava’ por la sistemática deforestación. Se trata de cuan-tiosas inversiones que únicamente benefician a sectores privados asociados a las actividades de exportación e importación de mercancías a tra-vés del puerto.

Antes de echar globos y de diseñar en maquetas la Buenaventura que sueñan los actores econó-micos, bien valdría la pena primero observar y estudiar muy bien los problemas que afronta la Ciudad Puerto, para luego intervenirlos. Para ello, se requiere voluntad política de los gobier-nos nacional, regional y local, con miras a con-vocar a las universidades públicas y privadas asentadas en la región, para que a través de pro-cesos investigativos, interpretativos y de inter-vención se logre avanzar en la ‘pacificación’ y en la discusión de ideas de ‘progreso y desarro-llo’ que tengan en cuenta las cosmovisiones de las comunidades afrodescendientes asentadas en el Puerto.

Ahora bien, no se requieren más diagnósticos, sino acciones concretas y permanentes en el tiempo, eso sí, sobre la base de consensos socia-les logrados con las comunidades de base. Tam-bién se requiere ‘voluntad cultural’, para supe-rar la histórica malquerencia con la que se han establecido las relaciones entre el Estado local, las instancias de poder regional y nacional, con la población afro asentada en el casco urbano.

Dejar que únicamente actores económicos sue-ñen con una idea de Buenaventura, alejada de su historia, de sus valores ancestrales, de su pre-sente y sobre todo, apartada de los intereses y perspectivas de vida de sus habitantes, es insis-tir en la construcción de una Ciudad Puerto que discrimina y arrincona a quienes han soportado de tiempo atrás la imposición de proyectos de

desarrollo que se piensan por fuera de las diná-micas culturales, sociales, económicas y polí-ticas no sólo del Puerto, sino de las zonas que conforman el Chocó Biogeográfico. La deuda histórica que el Estado y la nación tienen con Buenaventura y con la región Pacífico no sólo se mantiene, sino que seguirá creciendo, así se haya decretado que Buenaventura es la capital de la Alianza Pacífico.

¿Qué esperar?

Hay que señalar entonces que la democracia ra-cial en Colombia es un mito. La población afro-colombiana, palenquera y raizal sigue siendo víctima de prácticas, discursos y manifestacio-nes claras de discriminación racial que de ma-nera subrepticia, escondida y sigilosa aparecen en un país como Colombia, que avanza sin que haya aún consolidado un proyecto de Nación en el que de manera respetuosa nos reconozcamos en las diferencias regionales y en las particulares diferencias que devienen de las formas de vida de afros, campesinos, indígenas y citadinos, de

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las creencias religiosas o de las elecciones y tendencias en materia política.12

Y mientras ello sea así, los procesos de interven-ción económica y los planes de desarrollo dise-ñados y ejecutados a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico seguirán soportados en esa in-quina o malquerencia con la que desde Bogotá, como centro de poder político y económico, se toman decisiones frente al futuro de esta vasta y olvidada región.

Claro que esa animosidad étnica no sólo es res-ponsabilidad de las élites ‘blancas’, sino tam-bién de los pueblos indígenas y afrocolombia-nos porque muchos o algunos de sus líderes han aceptado las lógicas de un poder que deviene no sólo viciado ideológicamente, sino comprome-tido por la señalada animosidad y con prácticas clientelares que dan cabida a la corrupción ad-ministrativa.

Les cabe responsabilidad a los líderes políticos y miembros de comunidades afrocolombianas

12 Apartes de un artículo titulado ´El legado de Mandela para pensar la paz en Colombia´, http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/el-legado-de-mandela-para-pensar-la-paz.html

e indígenas, que con toda capacidad de nego-ciación y sostenida legitimidad entregada por sus pueblos, optaron por hacerle el luego a la corrupción política y al clientelismo, pensando que eran los mecanismos idóneos y los únicos, además, para buscar la reivindicación política, social y cultural que dichas comunidades han esperado y buscado de tiempo atrás. Allí come-tieron un error histórico quienes en el pasado y en el presente político de Buenaventura, del Pacífico y del Choco Biogeográfico en general, han vivido en contubernio con aquellas fuerzas políticas, cuyos líderes mestizos los han usado para dar continuidad a una apuesta de desarrollo para dicha región, que no sólo deviene incon-sulta, sino social y ambientalmente insostenible. Examinar hasta dónde tiene asidero la tesis aquí planteada es un paso clave en el camino de re-componer las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que el Centro del país ha venido estableciendo con las comunidades y pueblos afrocolombianos e indígenas, asenta-das a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico. Considerada como parte de una olvidada perife-ria, esta vasta zona del país deviene en una suer-te de abandono socio ambiental, consecuencia de un poder político que sabe muy bien soportar sus acciones – y la propia inacción – en una cla-ra animosidad étnica.

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Se ha repetido hasta la saciedad que es paradójico que los habitantes del departamento del Chocó convivan en la pobreza, mientras que se asientan sobre un territorio rico en recursos naturales.13 Esta persistencia de la pobreza ha sido explicada por los científicos sociales con el concepto de las trampas de los recursos

13 Así por ejemplo, en 2013 se estimó que la produc-ción de oro alcanzó 8.064.180 de gramos y dejó regalías por $23.226’407.612. Citado por El Espectador. “Agua potable, el sueño de Lloró, Chocó”, mayo 4 de 2014.

naturales. Este alude al hecho que la abundancia de algún bien natural inhibe la diversificación de exportaciones, la inversión en los sectores manufactureros y de servicios y debilita los controles de la actividad política. 14

14 Véase al respecto. Paul Collier (2010). El Club de la Miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo. Bogotá: De Bolsillo.

Agua y pobreza, el Chocó: agua que no has de beber, déjala correr

Por Luis Eduardo Lobato PazIntegrante del Centro Interdisciplinario de

Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Profesor de la Facultad de Humanidades de la UAO

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Esta aserción se puede corroborar examinan-do las características que ha tenido la actividad productiva del Chocó a través de la historia. El extractivismo ha sido su carácter predominante. Durante más de cuatro siglos se ha explotado oro por miles de hombres que utilizan formas artesanales de producción y en algunas épocas por compañías de origen nacional o extranjero que han dispuesto de un mayor acervo tecno-lógico. Extraído el producto este es enviado a los circuitos nacionales e internacionales en los cuales su valor crece y contribuye a incremen-tar las rentas de las compañías dedicadas a su comercialización. Ningún porcentaje de la plus-valía generada retorna a las zonas productoras.

Igual acontece con la explotación de maderas y recursos pesqueros que ha significado la ex-tinción o cuasi extinción de muchas variedades vegetales y animales. En la última década la in-troducción de plantaciones de palma africana ha tenido el mismo efecto anterior y al cual se añade que fue realizado a sangre y fuego produciendo el desplazamiento de cientos de pobladores nati-vos de estos lugares.

Esta economía extractivista crea falsas expec-tativas de riqueza e impide ver que este tipo de explotación no es sustentable y termina afectando la seguridad alimentaria de sus ha-bitantes. No en vano el Chocó es uno de los departamentos del país en el que se presentan las mayores tasas de desnutrición infantil. A ello se puede sumar que la cuantía de la riqueza que se extrae se convierte en un poderoso me-dio de coerción para que las empresas legales e ilegales quieran saltarse conductos regulares, buscar el favorecimiento personal o asegurarse contar con personas afectas o cautivas en los órganos de decisión institucional.

A este factor nombrado se suma la disposición y calidad de agua de que dispone la población cho-

coana. Aunque no se le dé la importancia que se merece, se ha convertido en otro de los factores que perpetua la pobreza en ese departamento. Lo más paradójico es que mientras el territorio cho-coano es el que tiene los mayores niveles de plu-viosidad de Colombia y numerosos ríos y quebra-das bañan su suelo, los habitantes de varios de sus pueblos no disponen de agua potable.

Los casos que se describen a continuación nos muestran la desastrosa gestión que se ha dado en materia de saneamiento básico en el departamento.

En la última década se han presentado varias protestas y movilizaciones en Quibdó y otros municipios para exigir pronta solución a los pro-blemas de abastecimiento de agua potable. En 2007 se presentó una sequía en la ciudad capital que dio lugar a que durante 17 días el agua esca-seara en esta localidad. Los manifestantes dieron a conocer que en épocas normales el acueducto

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solo abastecía por unas pocas horas al 25% de la población y que el resto tenía que hacer uso de aguas lluvias que recogían en tanques en las partes altas o que bajaban por las tejas de zinc en sus viviendas. En dicha ocasión el Gobierno nacional prometió invertir 53 mil millones de pe-sos para garantizar el servicio de agua a toda la población de Quibdó en 2009 y propuso la meta de alcanzar hacia el 2013 una cobertura del 61 % en alcantarillado. 15

En el año 2012 era muy poco lo que se había avanzado en esta materia. El Viceministro de Agua y Saneamiento Ambiental, Iván Mustafá, reconocía que el acueducto abastecía al 33 % de la población y sólo un 13% de la ciudad contaba con alcantarillado. A eso se le sumaba que como el servicio de agua se prestaba por bombeo, solo se prestaba por tres horas diarias. El panorama departamental tampoco era el más óptimo, el 55% de las viviendas contaba con agua y el 43 % con alcantarillado. 16

Las iniciativas gubernamentales para la gestión o realización de obras de saneamiento básico por lo general son poco eficaces y al parecer, aquellas que provienen de la colaboración inter-nacional, se realizan con mayor celeridad. Este fue el caso del acueducto del corregimiento Pa-curita de Quibdó, construido en 2013. Para la realización de este proyecto se unieron las com-pañías Ferrovial de España, la organización in-ternacional Ayuda en Acción, la Fundación Pies Descalzos que lidera la cantante colombiana Shakira de Colombia y la Alcaldía de Chocó y

15 El Tiempo. “Por falta de agua potable protestaron ha-bitantes de Quibdó (Chocó, en el occidente del país”, Febrero 14 de 2007.

16 El Colombiano. “Falta de agua potable frena vivienda de interés social en Quibdó”, Enero 26 de 2012.

en un lapso de un año construyeron dicha obra que benefició a 1300 personas. 17

En el mismo sentido de lo anterior, en mayo de 2014 un grupo de empresas se unieron para tratar de sacar adelante la construcción de un alcanta-rillado en el municipio de Lloró. Esta población, que paradójicamente es la que registra los ma-yores niveles de pluviosidad de Colombia, no cuenta con servicio de agua durante todo el día. Este hecho motivó a Coca-Cola, la Fundación Natura y Marca País para iniciar una campaña para construir una planta potabilizadora de agua que permita abastecer de este líquido a los 4000 habitantes de la localidad. Esta obra se financia-ría con la venta de unas botellas de contenido simbólico.18

En junio de 2014 el drama de municipios sin abasto de agua se seguía registrando en este de-partamento. El 3 de Junio de 2014 el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, arribó al Bajo Baudó para entregar tres plantas portátiles de agua potable que tenían una capacidad total de 3.000 litros. Anunció que esperaría entregar en agosto de este año los tanques de agua definitivos y culminar en 2015 la PTAR. 19

17 www.publimetro.com . “Chocó le apunta a la pota-bilización del agua”, Enero 31 de 2013. http://www.choco7dias.com/941/noticias_generales.html.

18 El Espectador. “Agua potable, el sueño de Lloró, Chocó”, mayo 4 de 2014

19 http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/junio/minvivienda-soluciona-el-problema-del-agua-potable-en-bajo-baud%C3%B3-y-por-primera-vez-el-choc%C3%B3-cuenta-con-vivienda-gratis-luis-felipe-henao “. Consultado el 12 de septiembre de 2014.

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Una revisión de las informaciones que se reco-gen en los informes periodísticos y en blogs de algunas ONG permiten establecer que en estos procesos tendientes a buscar la solución al pro-blema del abasto de agua potable se han come-tido algunas fallas o las decisiones tomadas no han logrado el efecto esperado.

La primera de las situaciones mencionadas tiene que ver con factores de tipo técnico. El antiguo acueducto de Quibdó fue construido en una parte baja, lo cual obliga a que se tenga que impulsar el agua por motobombas y esto dificulta y encarece la provisión de agua. En 2001 se hicieron los estudios de factibilidad para la construcción de un acueducto por gravedad utilizando las aguas del río Icho. Se estimó que su costo ascendería a $17.251 millones y podría abastecer de una manera permanente a todos los barrios de Quibdó y a los corregimientos

de Tuntunendo, San Francisco de Icho y la Troje.20 La no realización de esta obra los ha condenado a seguir disponiendo de agua unas pocas horas al día.

El segundo aspecto tiene que ver con la liquida-ción de las empresas locales y su entrega a em-presas de otras regiones del país. Estas medidas tuvieron como propósitos mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y acabar con las denuncias de corrupción que se hacían de las empresas locales.

Aguas del Chocó que manejaba este servicio en Quibdó fue liquidada y su operación se entregó a

20 www.chocó7días.com. Retórica y realidad sobre el agua.2010

Fotografía: www.agenciadenoticias.unal.edu.co

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Aguas de Pereira. En 2008 el contrato de mane-jo de la infraestructura de servicios se entregó a las EPM. En su balance de gestión esta empresa reconocía que había asegurado la prestación de servicio de agua para los habitantes de Quibdó por un promedio de 6,7 horas diarias. En el por-tal de Noticias RCN se reportaba el 9 de mayo de 2014 que solo el 30 % de la población local contaba con servicio de agua.

Igual suerte corrieron las empresas locales de saneamiento básico de Tadó e Istmina y este ser-vicio fue prestado por otras empresas privadas. Los datos entregados por los propios entes ofi-ciales nos muestran que la prestación de servi-cios por parte de empresas de otras regiones no ha mejorado significativamente la provisión de agua en la capital y otras localidades. Las perso-nas siguen recogiendo agua lluvia para atender sus necesidades de saneamiento básico.

Esta problemática del agua es uno de los tantos factores que perpetúan la pobreza en el Chocó y deterioran la calidad de vida de sus habitantes. Los tanques que construyen para recoger agua lluvia se convierten en los criaderos de vectores que son los que transmiten enfermedades como la malaria, fiebre tifoidea y el dengue. La alta contaminación que tienen los ríos de la región por la explotación desbordada de oro ha dado lugar a que aumenten los casos de enfermos por gastroenteritis, deshidratación, diarreas y des-nutrición según investigaciones realizadas por el grupo de investigación en Agua Potable y Sa-neamiento Básico de la Universidad Tecnológi-ca del Chocó.21

Este cuadro de enfermedades asociadas a la mala calidad del agua que consumen los chocoanos

21 http:// lateconchoco.wordpress.com/2012/09/ Contaminación del agua en el Chocó: Identificación del problema. Septiembre 10 de 2012. Consultado el 15 de septiembre de 2014.

genera altos niveles de mortalidad infantil, bajos niveles de rendimiento académico de los escola-res, pérdida de productividad por incapacidades periódicas o permanentes, mayores gastos fami-liares y gubernamentales para atender las com-plicaciones de salud que genera el consumo de agua contaminada y la reducción de las expec-tativas de vida. En 2012 un plan de construcción masivo de vivienda impulsado por el Gobierno nacional, que habría generado cientos de em-pleos directos e indirectos y mejorado la calidad de vida de los beneficiarios del mismo, no pudo cumplirse a cabalidad por carecer de agua pota-ble la zona donde planeaba realizarse.

La pobreza es una problemática de orden mul-tidimensional a la que concurren factores de di-versa índole. Creemos que al asegurar a los ha-bitantes los habitantes del Chocó agua potable permanente y de buena calidad, las condiciones de pobreza se pueden disminuir y de esta manera ofrecer una mejor calidad de vida.

Fotografía: www.mw2.google.com

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En un artículo anterior22 mostraba que la mo-vilización social en Colombia ha ido en ascenso. Así lo demuestra la participación de diferentes organizaciones campesinas, sindicalistas, cívi-cas, mineras, ambientales frente a problemas reales de sus comunidades.

La base de datos del CIER registró que durante el 2013 se presentaron las siguientes movilizaciones sociales en Colombia: los paros agrario y minero; y el laboral en la Drummond; la participación ciuda-dana en el caso de Piedras, Tolima; el caso de Can-delaria (Valle) en el cual se reclamó por el agua; y las denuncias y movilizaciones sociales en la peri-feria (los llamados territorios nacionales). La parti-cipación de las comunidades de la Región Pacífica, en estas movilizaciones sociales, es alta.

22 Boletín Ethos Regional #10, mayo – agosto 2014. Págs., 10 – 12.

El Pacífico colombiano es uno de los territorios más amplios y con mayor biodiversidad en Colombia. Geográficamente comprende los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, además de algunos municipios de Antioquia y Risaralda. Su riqueza natural y ubicación geopolítica han he-cho de ella un espacio clave para el desarrollo de macro proyectos mineros y energéticos, además de la explotación de su flora y fauna.

Hoy operan grandes proyectos de explotación minera, entre ellos: Mandé Norte, concesionado a la minera Muriel Mining Corporation, para la explotación de oro, cobre y molibdeno en la re-gión del bajo y medio Atrato; Dojura y La Toma, concesionados a la Anglo Gold Ashanti, que explotan oro en los departamentos del Chocó y Cauca; y Marmato, concesionado a la Medoro Resources, que realiza labores de exploración y explotación en ese municipio de Caldas.

La movilización social en la región Pacífico colombiana

Por Guido Germán Hurtado VeraIntegrante del Centro Interdisciplinario de

Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Profesor de la Facultad de Humanidades UAO

Fotografía: www.diarioadn.co.

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Según datos del Sistema de Información Mi-nero Colombiano, SIMCO, en el año 2013 se produjeron en el país 55.7 toneladas de oro. Los departamentos de la región Pacífica (Antioquia 19.9; Chocó 10.8; Cauca 3.5; Nariño 2.6) pro-dujeron 36.8 toneladas. Es decir, la región Pací-fica concentra el 66.6% de la producción aurífe-ra de Colombia.

Más allá de la producción de minerales es preciso señalar que las comunidades ubicadas alrededor de los grandes megaproyectos padecen daños am-bientales, culturales y socioeconómicos causados por esta práctica extractivista. Ante esta realidad, muchas comunidades han decidido organizarse, resistir y luchar por sus derechos usando los re-cursos asociativos de los cuales disponen.

El 17 de julio de 2013 pequeños y medianos mi-neros informales, agremiados en la Confederación Nacional Minera de Colombia (Conalminercol) entraron en paro indefinido por el incumplimien-to del Gobierno de Santos a sus demandas sobre la legalización de la minería artesanal y contra la mega minería de origen nacional e multinacional. Durante 47 días cerca de 15000 personas que se dedican a la minería informal y artesanal en el Bajo Cauca antioqueño, el Eje Cafetero y Chocó marcharon para exigir sus derechos. Quince pun-tos contenía el pliego petitorio y se referían a la incorporación al ordenamiento jurídico de normas que diferencien la minería informal y minería ile-gal. Al mismo tiempo, las movilizaciones exigían al Gobierno que no los persigan, que no les que-men sus maquinarias y los priven de la libertad.

Entre las acciones particulares realizadas están la quema de tracto camiones y el bloqueo de la vía Cali y Buenaventura. En Cesar y Bolívar el bloqueo de la troncal de Caribe. En Marmato, occidente de Caldas, confrontaciones, bloqueos, detenciones, heridos y una infinidad de conflic-tos. Finalizando el mes de julio ocho regiones del país estaban integradas a las protestas de los

mineros y los organizadores afirmaban que se unirían al paro cafetero.

El 3 de septiembre funcionarios del Gobierno y representantes de Conalminercol se pusieron de acuerdo para reiniciar actividades. Para el levan-tamiento del paro se acordaron cuatro puntos: que las autoridades no destruyan la maquinaria de los mineros artesanales, sin previa investiga-ción jurídica que compruebe su origen ilícito; radicar en el Congreso un proyecto de reforma del Código de Minas en el que se tenga en cuen-ta la minería informal, siempre y cuando supere el paso de las consultas previas; emitir normas sobre la formalización de pequeños mineros y; la elaboración, por parte del Ministerio de Am-biente, de una guía minero-ambiental y que los mineros artesanales formularán sus propios planes de cumplimiento, previa monitoria de las Corpora-ciones Autónomas Regionales, CAR.

A finales del año 2013, otro ejemplo de movili-zación de las comunidades de esta Región está enmarcada en la cruenta lucha de actores vio-

Fotografía: www.atlas.com.co

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Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

lentos por el dominio del narcotráfico y la mi-nería ilegal, un drama de los departamentos del Pacífico. En Buenaventura, el mar ha arrojado a las orillas y esteros cadáveres de personas asesi-nadas. Allí un grupo de habitantes se han movi-lizado contra esta horrible situación.

El 5 de abril de 2014 se derrumbó la mina de oro de San Antonio, ubicada a diez minutos del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en la cual murieron cerca de 30 personas. Días después ante tal situación y la poca efectividad de las autoridades ambientales, los indígenas de tres resguardos, campesinos y comunidad afro, desalojaron y quemaron, en los cabildos de Huellas, Toez y López Adentro y en el corre-gimiento del Palo, maquinaria utilizada para la explotación ilegal de oro.

Al sur del departamento, en El Patía, ante la au-sencia de autoridades ambientales en la zona, la comunidad afrodescendiente del corregimiento de El Hoyo expidió su propio reglamento para poder convivir con la minería ilegal e intentar mitigar el daño que están generando decenas de retroexcavadoras en el río Patía, uno de los prin-

cipales afluentes que llegan al océano Pacífico. Aunque las comunidades aseguran que ellas lo implementaron, las autoridades ambientales del orden nacional afirman que es un documento promovido por las Farc.

Lo anterior muestra una movilización social influi-da por elementos políticos, económicos y cultura-les. El modelo económico extractivista es resistido por diversos actores sociales en términos de sus impactos ambientales, laborales y de condiciones de vida de las comunidades vecina. Detrás del paro minero están los mineros artesanales luchando por la no criminalización de sus actividades ante la benevolencia del Estado con las grandes multina-cionales pero al mismo tiempo están las comuni-dades indígenas, campesinas, de afros, ambien-talistas y otros sectores sociales oponiéndose a la devastación, saqueo y pillaje de la naturaleza por las actividades mineras.

En suma, un movimiento social que camina hacia la construcción de una nueva ciudadanía en Co-lombia, no necesariamente anclada a las formas de vida de urbes como Cali, Bogotá y Medellín.

Fotografía: www.elpueblo.com.co

Investigadores invitados

Germán Ayala OsorioMagíster en Estudios Políticos

Universidad Javeriana sede Cali

Jesús Alfonso Flórez LópezPh. D. en Antropología

Universidad de París VIII

Guido Germán Hurtado VeraMagíster en Estudios Políticos

Universidad Javeriana sede Cali

Luis Eduardo Lobato PazMagíster en Historia Andina

Universidad del Valle

Fotografía portadaBanco de imágenes

Departamento de ComunicacionesUniversidad Autónoma de Occidente

Diseño y diagramación Andrés Julián Tabares Rojas

Seminario Permanente

En lo corrido del segundo semestre de 2014 he-mos hecho un receso en el Seminario permanen-te del CIER, para concentrar nuestra tarea en el diseño del programa de Doctorado en ´Estudios Regionales y Sostenibilidad´. Se han desarrolla-do reuniones con Grupos de Investigación de todas las Facultades interesados en participar del Programa. A renglón seguido tendremos un espacio para discutir con otras universidades, regionales y nacionales y con instituciones pú-blicas y privadas que pueden estar interesadas en el doctorado que nos proponemos.

ETHOS REGIONAL es una publicación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la

Región Pacífico Colombiana, CIER

RectorLuis H. Pérez

Vicerrector AcadémicoÁlvaro del Campo Parra Lara

Vicerrector Administrativo y FinancieroDiego Smith Vallejo

Directora de Investigaciones y Desarrollo TecnológicoMagdalena Urhán Rojas

Director del CIERÁlvaro Guzmán Barney

Consejo Editorial

Germán Ayala OsorioComunicador Social

Magíster en Estudios Políticos

Elizabeth Gómez EtayoSocióloga

Ph.D. en Ciencias Sociales

Álvaro Guzmán BarneySociología

Ph.D. en Sociología

Hernando Uribe CastroLicenciado en Ciencias Sociales

Magíster en Sociología

Guido Germán Hurtado VeraHistoriador

Magíster en Estudios Políticos

Luis Eduardo Lobato PazHistoriador

Magíster en Historia Andina

Universidad Autónoma de Occidente - CaliVicerrectoría Académica - Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico

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