Sobre Criminalización de Defensores DDHH en Venezuela Capítulo de Rafael Uzcátegui

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Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanosen Venezuela

Rafael Uzcátegui *

“La dignidad de los demás eleva la nuestra hasta el infinito”.

Miguel Bakunin

Para los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela elaño 2010 comenzaba con tormenta. Había pasado poco más de un mesde que el asesinato de un joven activista, en la ciudad de Barquisimeto,

había encendido todas las alarmas. El 26 de noviembre del 2009, a las 7 y15 de la mañana, Mijail Martínez, videoactivista y miembro del Comité deVíctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), recibió tres disparosen el pecho por parte de dos desconocidos. Martínez no ofreció resistenciaa los asaltantes. La camioneta Terios de su madre, quien presenció elasesinato, se mantuvo encendida durante el ataque. Las llaves colgaron, enaquellos segundos eternos, impotentes a un costado del volante.

Este antecedente, si bien formaba parte de un contexto de obstaculi-zación del trabajo en defensa de los derechos humanos en el país, presa-giaba un 2010 turbio. Los hechos confirmaron los malos augurios. Segúninformación levantada por el Comité de Familiares Víctimas de los Sucesosde febrero y marzo de 1989 (Cofavic), durante un período ubicado entrediciembre del 2009 y diciembre del 2010 sucedieron 50 casos de violacióna la integridad de los y las activistas, los cuales afectaron a un total de 38personas1. El análisis de Cofavic sobre el total es revelador: las amenazas yactos de hostigamiento representaron el 40% de los ataques, los cuales fueron

[*] Defensor de derechos humanos y coordinador del programa de investigación de Provea.[1] Por su parte la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas registró 18 casos diferentes de ataques a de-

fensores y defensoras durante el mismo período. Al cruzar la información de las dos bases de datos an-teriores tenemos que la Vicaría aporta sólo un caso adicional a lo recopilado por Cofavic (Rafael EscobarUgas), lo que daría un total 39 personas para 51 casos. Sin embargo, mantenemos el análisis difundidopor el Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de febrero y marzo del 89.

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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

denunciados por un total de 20 activistas. En segundo lugar se ubicaron lascampañas de descrédito que afectaron a 14 personas, un porcentaje de 28%respecto al total de ataques. Seguidamente tanto las ejecuciones extrajudi-ciales como las privaciones de libertad afectaron a 4 personas, 8 % de lasuma general (8% respectivamente); 3 defensores fueron detenidos arbi-trariamente mientras ejercían el derecho a manifestar pacíficamente (6%);2 fueron víctimas de lesiones y ataques (4%); 2 fueron judicializados porrecepción de fondos (4%) y, finalmente, uno fue objeto de seguimiento yvigilancia (2%).

Los datos cuantitativos no lo son todo, pero nos dan un panorama intro-ductorio sobre las dificultades para los activistas locales. Contrario a lo quese pudiera pensar, sólo el 29% de las agresiones se produjeron en el DistritoCapital, seguidas por 26% en el estado Aragua y 10% en el estado Zulia.Como bien resalta Cofavic que la mayoría de las agresiones ocurran fuerade Caracas refleja la vulnerabilidad de quienes ejercen su labor en el interiordel país. Por otra parte el 60% de los casos fueron contra personas de sexomasculino. Entre los defensores y defensoras más victimizadas se encon-traron quienes ejercieron la defensa del derecho a la vida, integridad y debidoproceso, representando un 61% del total. Seguidamente se encontraronaquellos cuyo trabajo es la defensa de los pueblos indígenas y las personasen situación de refugio (13%); derechos económicos sociales y culturales(8%); libertad de expresión (5%), derechos de privados de libertad (5%);derecho a la tierra y propiedad (5%) y derechos laborales y sindicales (3%).

1. Las etapas de la criminalización

La creciente situación de indefensión de los defensores y defensoras dederechos humanos en Venezuela ocurre en medio de una política deliberadapara incorporar a la lógica estatal a todas las iniciativas sociales. Las refrac-tarias a la cooptación, o aquellas que a pesar de apoyar la gestión oficialintenten conservar un margen importante de autonomía, son sometidas aun sistemático proceso de desnaturalización de sus funciones.

Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México2, existeuna cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de

[2] Fundación para el Debido Proceso: Criminalización de los defensores de derechos humanos y de laprotesta social en México (en línea) http://www.dplf.org/uploads/1279728364.pdf.

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CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN CONTRA DEFENSORES...

una política de criminalización gubernamental. En primer lugar establecenel cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por partedel Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de inten-sidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas dehambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de lasautoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satis-facción de sus demandas.

Los datos recopilados tanto por el Programa Venezolano de EducaciónAcción en derechos humanos, Provea, como por Espacio Público confirmanel cumplimiento de este primer nivel. En los últimos años el país ha presen-ciado un aumento sustancial de la cantidad de protestas en el país, siendouna de sus motivaciones la falta de respuestas de las autoridades. Para elaño 2010 se realizaron 3.315 manifestaciones en Venezuela, una cantidadque duplica, en apenas tres años, la cifra registrada en el año 2007, cuandosucedieron 1.576 episodios. Provea afirmó que, además del aumento de laconflictividad, existe un proceso de radicalización de la manifestaciónpacífica entre nosotros. Esto lo demostraría la realización de 105 huelgasde hambre en el período octubre 2009 – septiembre 2010, un extraordi-nario aumento del 700 % respecto al período anterior, cuando apenas sehabían detectado 5 casos. Ante la creciente cantidad de movilización popularla respuesta institucional es débil, tanto de las propias autoridades comode la Defensoría del Pueblo, un ente que en teoría debería ponerse de ladode los reclamos de la ciudadanía.

Una situación relacionada con el autismo oficial la constituye la estra-tegia de invisibilización de buena parte de los reclamos populares en los mediosestatales, incluyendo dentro de este universo a los denominados medios “alter-nativos” y “comunitarios”. Un ejemplo lo constituye la ilegítima privaciónde libertad del sindicalista Rubén González por haber apoyado una huelgade trabajadores, situación inexistente si se intenta ubicar dentro de los infor-mativos estatales y paraestatales. Esta práctica constituye una violación a losparámetros que deben regir para los medios públicos que tienen una obli-gación de servicio para el universo de la sociedad y no sólo una fracción dela misma. Esta opción deliberada por la invisibilización es una estrategia paracriminalizar doblemente a los sectores movilizados: Una vez por la propiaexigencia abierta de sus demandas. La segunda por utilizar medios privadosseñalados como “contrarrevolucionarios” y “golpistas”.

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2. La deslegitimación y deshumanización

El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimacióny desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen convisibilidad su derecho a la manifestación. Esta campaña de descrédito secaracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motiva-ciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legiti-midad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza merce-naria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeraspromotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadasdesde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activasson medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales(periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a unadinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relaciónindirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación deun sector de la ciudadanía.

El caso emblemático en el período de esta segunda fase lo constituyóla campaña de desprestigio realizada contra la ONG Espacio Público, y sudirector Carlos Correa. Esta campaña incluyó dos audiovisuales transmi-tidos reiteradamente por Venezolana de Televisión, mensajes por la red Twitterremitidos por el ministro de Interior y Justicia Tareck El-Aissami (“Lo dichopor Carlos Correa de Espacio Público son opiniones tarifadas. Nunca sedijo nada cuando los asesinatos Yumare, Cantaura y 11 de Abril” y “Noacostumbro responder descalificaciones pero el caso Carlos Correa deEspacio Público solo decir es fácil calumniar con un bozal de dólares”) yAndrés Izarra, presidente de la cadena trasnacional Telesur (“ONG EspacioPúblico, financiada por los gringos, fue al TSJ a oponerse al CESNA -Centrode Estudio Situacional de la Nación-: haciéndole el mandado a sus dueños”),ilustraciones difamatorias en el diario VEA y Correo del Orinoco, comentariosen el programa “La Hojilla”, diferentes textos noticiosos difundidos porlos medios de comunicación estatales y la solicitud de la apertura de unainvestigación sobre el financiamiento internacional, en la Fiscalía Generalde la República, a cargo de la organización gubernamental “PeriodismoNecesario”.

Es importante señalar que el objetivo de esta estrategia sistemática dedesprestigio es la deshumanización de los actores que el Estado define comosus contrarios. Detengámonos en este punto. La deshumanización es unproceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a

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otro como “no humano” lo cual permite que pueda eliminarlo o agredirlosin las inhibiciones morales que en condiciones normales impiden los actosde violencia entre iguales. En consecuencia las agresiones contra seres “novivos” o despojados de su humanidad son percibidas como normales, inevi-tables, merecidas y justificadas, obteniendo sus victimarios reconocimientosocial por su acción. La deshumanización es promovida por diferentesmedios, uno de ellos es el lingüístico: el uso de palabras despectivas, conve-nientemente resignificadas, para redefinir a las víctimas y exponerlas comomerecedoras de agresión. Por medio de esta estrategia los voceros y vocerasestatales no discuten o refutan los mensajes cuestionadores provenientesde los actores sociales con argumentos o datos, sino que permanentementedescalifican al mensajero con epítetos deshumanizadores: tarifados, apátridas,derechistas, imperialistas o escuálidos, entre otros. Al transformar “personas”en “cosas”, perjudiciales y negativas, el Estado promueve ante la opiniónpública su eliminación simbólica o física.

La política deslegitimadora y deshumanizadora gubernamental contraCarlos Correa ha empezado a recoger sus frutos: El jueves 16 de diciembredel 2010 fue agredido físicamente y amenazado de muerte por personasdesconocidas cuando, frente a la Asamblea Nacional en el centro de Caracas,solicitaba un derecho de palabra en el hemiciclo.

3. Represión y judicialización

El tercer escalón de la escalera de criminalización lo constituye la represióndirecta y la judicialización de las personas que exigen el respeto a losderechos humanos.

De las 3315 protestas registradas por Provea y Espacio Público para elaño 2010 una cantidad de 150 fueron reprimidas, impedidas u obstaculi-zadas por los organismos de seguridad del Estado, lo que representó un4,59% del total. Sin embargo, los datos recopilados muestran que se vienedesarrollando una estrategia que intenta persuadir a los manifestantes y queprioriza la aplicación de mecanismos jurídicos sobre la represión abierta.Si bien durante las décadas de los ochentas y los noventas las fuerzas poli-ciales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usualde neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de altacirculación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiadootras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justi-

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ficando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó,la misma se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selec-tivas y se somete a los defensores y defensoras a largos y engorrosos procesospenales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, sufi-cientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organizaciónsocial pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayorde los sectores afectados.

Un caso de represión abierta fue la detención de 3 defensores dederechos humanos y 25 trabajadores y líderes sindicales en la ciudad deMaracay, estado Aragua, el 12 de marzo de 2010 mientras se realizaba unamarcha contra el paquete económico y la criminalización de la protestaconvocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) secciónAragua. Los activistas de DDHH fueron detenidos mientras líderes sindi-cales denunciaban en televisión la represión contra la movilización, la cualfue impedida mediante el uso de bombas lacrimógenas y un desplieguedesproporcionado de la Policía estatal. Después de estar detenidos por espaciode siete horas en la Comisaría General de San Jacinto, dos llamadas tele-fónicas desde Caracas –la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la Defensoradel Pueblo Gabriela del Mar Ramírez- ordenaron la inmediata liberacióndel grupo y la destrucción de los expedientes que atestiguaran su presenciaen el recinto. 8 se encontraban ya hacinados en una pequeña celda de 2 x1 metros.

En el apartado de judicialización existen dos dimensiones: la primera,una serie de restricciones para el ejercicio de la manifestación pacífica. Lasegunda, la creación de un orden jurídico que penaliza la recepción de fondospor parte de la cooperación internacional, base del trabajo independientede las ONG´s en Venezuela y el mundo. En el primer caso, un ejemplo gravelo constituyó la privación de libertad del Secretario General deSintraferrominera, Rubén González, encarcelado desde el mes de septiembredel 2009 por apoyar una huelga de trabajadores. González ha sido acusadode “agavillamiento”, “instigación pública a delinquir”, “restricción a lalibertad del trabajo”, y “violación de la zona de seguridad” y una posiblesentencia negativa en su contra podría condenarlo a penas de prisión entre3 y 8 años. Estas acusaciones se derivan de los artículos que, desde el año2005, obstaculizan el ejercicio del derecho constitucional a la manifestaciónpacífica en el país. Estas leyes son la reforma del Código Penal, el cual ensu artículo 357 penaliza el cierre de calles –la herramienta histórica de lucha

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del movimiento popular venezolano- con penas de prisión entre 3 y 8 añosde cárcel. Otros artículos aplicados contra manifestantes son el 47 y 56 dela Ley Orgánica de Seguridad -5 a 10 años por actividades dentro de laszonas de seguridad de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa delas Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios– 6 a 10 años de prisiónpara quien impida la producción, fabricación, importación, acopio, trans-porte, distribución y comercialización de bienes declarados de primera nece-sidad- y el 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acapa-ramiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo dealimentos o productos sometidos al control de precios –2 a 6 años de cárcelpara quienes conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidanla producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución ycomercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios.Las penas serán duplicadas cuando se afecte la seguridad integral de laNación, se desestabilice las instituciones democráticas o se genere alarmaque amenace la paz social. Destacamos el hecho que, según estimacionesde la Directora de la Asociación Civil “Control Ciudadano”, Rocío SanMiguel, el 34% del territorio nacional es considerado “zona de seguridad”.

Sobre la arquitectura de leyes que penalizan la recepción de fondos parael trabajo de iniciativas sociales y organizaciones no gubernamentales desdeel año 2006 se ha promovido la discusión, para su posible aprobación, deuna Ley de Cooperación Gubernamental. Después de haberse aprobadoen primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional, el proyectoquedó congelado. Durante el 2010 volvió a ser noticia tras la petición dela abogada de origen estadounidense Eva Golinger, quien solicitó una “leyantiinjerencia” tras acusar a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad(Ipys) de recibir un financiamiento de 4 millones de dólares por parte delDepartamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Chávez, en unadeclaración realizada el 14 de julio de 2010, pidió investigar “a fondo” los“millones y millones de dólares” que destina el Departamento de Estadoestadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG’s)venezolanas. Seguidamente algunos voceros del alto gobierno anunciaronsu disposición de aprobar la Ley de Cooperación Internacional antes definalizar el año. Finalmente se anunció que la misma entraría dentro de lasfacultades habilitantes otorgadas por 18 meses al primer mandatario endiciembre del 2010.

Mientras las ONG’s realizaban la denuncia sobre las implicaciones de

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la Ley de Cooperación Internacional para la Defensa de los DerechosFundamentales en el País, de manera sorpresiva, el 12 de diciembre del 2010la Asamblea Nacional presentó el proyecto de Ley de Defensa de laSoberanía Política y al Autodeterminación Nacional (LDSPAN), la cual fueaprobada en pocos días y prohíbe expresamente que las organizaciones confines políticos venezolanas reciban aportes del exterior. El artículo 3 de laLDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellasque realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de losciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderespúblicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos deelección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una“organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos elec-torales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cualpueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país,lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dichaley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellasque tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informaro defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”. Sibien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como polí-ticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son:el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación,ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63),el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos(66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as(67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio(69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios delos derechos anteriores serán normadas por la ley, y por ende, no podránrecibir ningún tipo de recursos económicos de las agencias de cooperacióninternacionales.

4: Las acusaciones sin pruebas

Como tope de la cadena de criminalización diagnosticada por la organi-zación mexicana se encuentra la promoción de acusaciones sin pruebas contradefensores de derechos humanos y líderes sociales. La misma persigue lafinalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y reivin-

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dicar sus derechos. El caso ejemplo de estrategia lo constituyó la acusacióndel señor Alberto Nolia, a través del programa “Los papeles de Mandinga”transmitido por Venezolana de Televisión el día 09 de septiembre de 2010,contra Provea debido a que recibía financiamiento “proveniente del mundode la droga”.

A pesar de los hostigamientos, obstáculos y descalificaciones, los defen-sores y defensoras de Derechos Humanos continúan con su trabajo no sola-mente por su fidelidad con la democracia, la justicia social y la libertad,sino por un compromiso humano con beneficiarios y beneficiarias, lasvíctimas, personas de carne y hueso que sufren por la violación de susderechos y a las cuales empeñaron su palabra. Parafraseando palabras delpensador ruso antiautoritario Miguel Bakunin: “La dignidad de los demáseleva la nuestra hasta el infinito”.

Cuadro de casos de agresiones a personas por su trabajo en defensa de los derechos humanos, período diciembre 2009-diciembre 2010

Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo naturaleza que trabaja de agresión

1 Oscar Barrios M Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Ejecución DH integridad personal, Extrajudicial

debido proceso

2 Eloisa Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, AmenazasDH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

3 Maritza Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, AmenazasDH integridad personal, y actos de


4 Elvira Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, AmenazasDH integridad personal, y actos de


5 Orismar Alzul F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, AmenazasDH integridad personal, y actos de


6 Wilmer Barrios M Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, AmenazasDH integridad personal, y actos de


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7 Luis Aguilera M Aragua Comisión Justicia Derecho a la vida, Amenazasy Paz Aragua integridad personal, y actos de


8 Carlos Nieto M DC Ventana a la Libertad Derechos Humanos Amenazas de personas y actos de privadas de libertad hostigamiento,

campaña de descrédito

9 Aura Liscano F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazasintegridad personal, y actos dedebido proceso hostigamiento,


10 Hilda Páez F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos de debido proceso hostigamiento,


11 Yris Medina F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos dedebido proceso hostigamiento,

campaña dedescrédito

12 Maritza Romero F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos dedebido proceso hostigamiento,

campaña dedescrédito,

13 Liliana Ortega F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos dedebido proceso hostigamiento,


14 Víctor Martínez M Lara COVICIL-Lara Derecho a la vida, Ataquesintegridad personal, y lesionesdebido proceso físicas

Cuadro de casos de agresiones (continuación)

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15 Mijaíl Martínez M Lara COVICIL-Lara Derecho a la vida, Ejecución integridad personal, Extrajudicialdebido proceso

16 Marcos Ponce M Aragua PROVEA DESC Detención arbitraria

17 Rafael Uzcategui M Aragua PROVEA DESC Detención arbitraria

18 Robert Calzadilla M Aragua PROVEA DESC Detención arbitraria

19 Joe Castillo M Miranda Vicariato Apostólico Derechos indigenas Ejecución Refugio Extrajudicial

20 Yelitze Moreno F Miranda Machiques Derechos indigenas Integridad de Castillo Refugio Personal

21 Rocío F Miranda Control Ciudadano Seguridad Amenazas y San Miguel y Defensa actos de

hostigamiento,campaña dedescrédito

22 Mariela Mendoza F Portuguesa Machiques Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos dedebido proceso hostigamiento

23 Luis Mendoza M Portuguesa Control Ciudadano Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos dedebido proceso hostigamiento

24 Elvis Mendoza M Portuguesa Víctimas de violación Derecho a la vida, Ejecución DH integridad personal, Extrajudicial

debido proceso

25 Humberto Prado M Miranda Observatorio Derechos Humanos Amenazas yVenezolano de de personas privadas actos dePrisiones de libertad hostigamiento,

Campaña dedescrédito,seguimiento y vigilancia


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26 Franklin Brito M DC Víctimas de violación Derecho a la tierra Campaña de DH descrédito

27 Elena Brito F DC Víctimas de violación Derecho a la tierra Campaña de DH descrédito

28 Carlos Correa M DC Espacio Público Derecho a la libertad Campaña de de expresión descrédito,

judicialización,ataques y lesiones físicas

29 Edwald M DC IPYS Derecho a la libertad Campaña deScharfenberg de expresión descrédito

30 Luis Uzcátegui M Falcón COPRODEH debido proceso Amenazas y actos de hostigamientoCampaña de descrédito

31 María Lourdes F Miranda Víctimas de violación Debido proceso Privación deAfiuni DH libertad /

debido proceso

32 Hermano José M DC Sacerdote Jesuita Derechos indígenas Monitoreo yMaría Korta protección de

su integridad mientras ejercía su derecho a huelga

33 Oscar Pineda M Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la vida, Amenazas yintegridad personal, actos de debido proceso hostigamiento,

Campaña de descrédito

34 Miriam Pineda F Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la vida, Amenazas y integridad personal, actos de debido proceso hostigamiento


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35 Oscar Mafred M Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la Campaña de Pineda y Vida, integridad descrédito

personal, debido proceso

36 Rubén González M Bolívar Sindicalista del sector Derechos laborales Amenazas yy sindicales actos de

hostigamiento

37 Luisbi Portillo M Perijá, Homo et natura Derechos de los Privación deZulia indígenas libertad /

debido proceso

38 Cacique Sabino M Perijá, Líder indígena Derechos de los Privación de -Zulia indígenas libertad /

debido proceso


Fuente: Cuadro elaborado por Cofavic

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