Sistema penitenciario trabajo
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INTRODUCCION Nuestro país se puede enorgullecer de tener una de las legislaciones mas avanzadas en materia penitenciaria, donde los derechos humanos han sido elevados al grado de constitucionales, creándose una gama de leyes y Códigos que son la envidia de otros países, pero como lo reclaman constantemente muchos especialistas del área, estas leyes, nunca han sido aplicadas. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dedica un capítulo para la garantía y protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos que habitan la República. El Titulo III, Capitulo I, desde el artículo 19 hasta el 30, destacan lo relativo a los Derechos Humanos, enunciando el goce y las garantías irrenunciables, indivisibles e interdependiente de los Derechos Humanos y la obligación del Estado a garantizar este disfrute. 1
Transcript of Sistema penitenciario trabajo
INTRODUCCION
Nuestro país se puede enorgullecer de tener una de las
legislaciones mas avanzadas en materia penitenciaria, donde los
derechos humanos han sido elevados al grado de constitucionales,
creándose una gama de leyes y Códigos que son la envidia de otros
países, pero como lo reclaman constantemente muchos especialistas
del área, estas leyes, nunca han sido aplicadas.
La Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela dedica un capítulo para la garantía y protección de los
Derechos Humanos de los ciudadanos que habitan la República. El
Titulo III, Capitulo I, desde el artículo 19 hasta el 30, destacan lo
relativo a los Derechos Humanos, enunciando el goce y las garantías
irrenunciables, indivisibles e interdependiente de los Derechos
Humanos y la obligación del Estado a garantizar este disfrute.
El contenido de estos artículos reconoce los Derechos
Fundamentales de la persona humana, como una garantía ante la
fuerza y cualquier arbitrariedad del Estado, entre ellos anuncia: El
derecho a la vida; la igualdad ante la Ley; el debido proceso; el
derecho a la defensa; la no discriminación; la nulidad de los actos del
Estado contrarios a los Derechos Humanos; la prohibición de la tortura
y otros tratos crueles o degradantes; el libre desenvolvimiento; la
jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos; el acceso a los órganos de justicia; y la garantía
del amparo por los tribunales de justicia, entre otros.
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Además de ello, la Constitución garantiza en otros capítulos el derecho
a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el trabajo, la
cultura, el deporte, etc.
En el ámbito internacional a través de los diferentes Tratados
sobre la materia de los cuales la República es parte, se garantizan los
mismos derechos y se obliga a los Estados parte al cumplimiento cabal
de lo pautado, que en nuestro caso constituyen normas
constitucionales según el artículo 23 de la Constitución Nacional.
Aún cuando existen todas estas garantías, en las cárceles venezolanas
todos los días mueren presos víctimas de la violencia; la tortura y los
tratos crueles y degradantes son de uso cotidiano por los funcionarios;
la salud no se garantiza por la ausencia de médicos, medicinas, la
insalubridad y la mala alimentación; los heridos por enfrentamientos
entre reclusos duran horas en los recintos sin que se les brinde auxilio
oportuno y se les traslade a los hospitales; la violación de los lapsos
procesales y el derecho a la defensa es constante; la educación es
precaria, al igual que los programas de cultura, deportes, asistencia
social, jurídica y religiosa. La falta de materiales y deficiencia de
profesionales constituyen la mayor causal en la deficiente aplicación
del tratamiento. Todo refleja una flagrante violación de los Derechos
Humanos.
Sobre el incumplimiento de estas normas y en consecuencia
sobre las violaciones a los Derechos Humanos, la Constitución señala
la responsabilidad del Estado de investigar y sancionar a los actores de
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las violaciones e indemnizar a las víctimas; sobre el particular, el
artículo 29 textualmente pauta: "El Estado estará obligado a investigar
y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades.
La población reclusa por encontrarse en condición de imputados
o condenados en calidad de detenidos, no pierde sus derechos; sin
embargo, la violación constante y permanente es flagrante. La
responsabilidad sobre las violaciones de los Derechos Humanos de los
presos recae sobre las autoridades penitenciarias y demás funcionarios
de la Administración de Justicia que omisivamente permiten que la
situación de violación prevalezca y reine la impunidad.
Contamos con un compendio de leyes humanistas, llenas del
respeto moral, humano, y regenerador que le permite al recluso su
inserción en la sociedad como un sujeto redimido y sociable. Tenemos
una Ley de Régimen Penitenciario para regular a las personas que
están condenadas y en donde se establecen una serie de medidas de
pre libertad a partir del cumplimiento de un cuarto de la pena impuesta.
Igualmente contamos con un Reglamento de Internados Judiciales que
regula el trabajo de las personas que se encuentran en proceso.
Asimismo tenemos una Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y
el Estudio en la cual a los reclusos que han trabajado o estudiado
dentro del penal por cada dos días de estudio o trabajo que hayan
cumplido pueden obtener la disminución de un día de pena.
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La vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y la creación de
los Jueces de Ejecución de Pena se estableció para contribuir a
eliminar el alto grado de hacinamiento que tenemos en nuestras
cárceles y a pesar de los graves cuestionamientos de la opinión publica
en este sentido, la grave situación penitenciaria no ha mejorado.
En los actuales momentos se plantea una reforma penitenciaria que
debe adecuar la legislación vigente a lo establecido en la nueva
Constitución Nacional en su artículo 272 y que debe ser la base de lo
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Penitenciario.
Sin lugar a dudas Venezuela presenta en los actuales momentos
un futuro desconcertante en el área penitenciaria, la creación de un
ministerio para las prisiones donde ha sido elegida la diputada Iris
Valera, pretende fijar las bases de un nuevo sistema penitenciario,
donde el respeto a los derechos humanos sea el norte de la acción.
Pero sentimos que no hay consenso para llevarlas a cabo
Desconocemos el futuro, no sabemos si se lograra la activación de
estos planes, Dios quiera que así sea.
Consideramos que estamos en el momento justo de comenzar a darle
operatividad entre todos los actores del proceso al cumplimiento del
articulo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que es lo suficiente clara y explícita respecto a como debe
ser el nuevo sistema penitenciario venezolano. Pero esto no será
posible si no se logra el consenso de los responsables del éxito de este
proceso.
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Hacemos votos por que realmente se logre la activación de estos
planes y el ejecutivo nacional logre la estabilidad y armonía en
nuestras cárceles.
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1. BASE LEGAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN VENEZUELA.
1.1 Constitución De La Republica Bolivariana De Venezuela.
El subsistema penitenciario forma parte del sistema penal
venezolano, integrado por, factores condicionales y elementos que se
reúnen para hacer cumplir la pena a todas aquellas personas que
infringieron y tienen en común la privativa de libertad, comprendiendo
la aplicación del régimen, el tratamiento y el trato. El sistema
penitenciario es la organización creada por el Estado para la ejecución
de las sanciones, (penas o medidas de seguridad) que afectan la
privación o restricción de la libertad individual como condición sin la
cual no es posible para su efectiva realización.
La legislación venezolana referida a la materia penitenciaria, no
deja de ser abundante, desde el año 1.927 hasta nuestros días, se
recoge todo un catálogo de normas según la documentación revisada;
donde se regula el funcionamiento de algunas instituciones de
reclusión, y múltiples aspectos del quehacer penitenciario.
Las referidas normas, ofrecen una visión general de la
instrumentación del régimen penitenciario en el tiempo, a través de las
actividades que el Estado debe realizar para la prestación de los
servicios relativos a la seguridad y al tratamiento penitenciario. Todos
los instrumentos responden a una filosofía positivista del asunto de la
reclusión, el aislamiento, el delito y el delincuente, pasando por la
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regulación del trabajo con fines forzosos de provecho para el Estado,
hasta la filosofía de la resocialización y readaptación social.
Históricamente la legislación viene abordando la situación
penitenciaria; como ejemplos se citan a continuación varias
experiencias:
1) 1.927, Decreto Reglamentario de la Pena Accesoria de la Vigilancia
de la Autoridad, firmado y sellado en el palacio federal de Caracas
el 06 de Diciembre de 1.927, con vigencia a partir del 1º de enero
de 1.928, derogando desde esa fecha el Decreto Ejecutivo del 20 de
noviembre de 1.915; contiene el procedimiento a seguir para el
seguimiento y vigilancia de los reos liberados sometidos a penas
accesorias de vigilancia de la autoridad.
2) 1.937, Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario, firmado y
sellado el 16 de octubre de 1.937, derogando el Decreto Ejecutivo
del siete de octubre de 1.898 sobre las penitenciarías, y los
Decretos y Resoluciones expedidos posteriormente sobre la
materia. El instrumento Regula la Ejecución de las penas y los
Organismos Encargados de ello. Contempla el trabajo forzado de
los reos condenados a presidio en la construcción de locales para la
Penitenciaria General de Venezuela, todo en beneficio del Estado;
además, regula la ejecución de actividades de tratamiento en las
áreas de salud, educación, trabajo agrícola, orientación religiosa,
visitas, aislamiento, disciplina y seguridad.
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3) 1.942, Reglamento Interior de la Colonia Correccional de las Islas
del Burro y de Otama. Se promulga en cumplimiento al artículo 6º
del Decreto del 13 de agosto de 1.937, por el que se creó la referida
colonia. Regula todo lo referido al funcionamiento de los dos
centros, haciendo referencia al tratamiento con fines correccionales.
4) 1.944, Decreto que crea la Penitenciaria Provisional de san Juan de
los Morros. "A la nombrada Penitenciaría Provisional serán
trasladados, de la Penitenciaría General que funciona en Puerto
Cabello, los sentenciados, a pena de presidio que a juicio del
Director de dicho Establecimiento sean capaces y físicamente útiles
para los trabajos de edificación de la Penitenciaría Modelo, y los
condenados a prisión que voluntariamente opten por ésta clase de
labores y que reúnan aquellas mismas condiciones. La dirección y
administración de la Penitenciaría Provisional se ejercerá por medio
del Director de la Penitenciaría General de Venezuela, y en lo
tocante a su régimen interno, se aplicarán las disposiciones legales
y reglamentarias sobre la materia."2 También pauta éste decreto el
personal que debe ser asignado al centro, considerando para ello el
área de tratamiento.
5) 1.944, Reglamento de la Colonia de Trabajo de El Dorado.
Promulgado el 20 de marzo de 1.944, regula el funcionamiento de la
Colonia de Trabajo con fines correccionales, previstos en la Ley de
Estatuto de Vagos y Maleantes, destinados a la reclusión de
condenados a relegación a Colonia Penitenciaria, a medidas de
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seguridad o personas que hayan cumplido 18 años conforme al
Estatuto de Menores.
6) 1.945, Decreto que habilita la Colonia El Dorado como anexo a la
Penitenciaria General, "Se habilita la Colonia de Trabajo de "El
Dorado", creada por Decreto Ejecutivo de 21 de octubre de 1.944,
como anexo a la Penitenciaría General de Venezuela, para el
internamiento de aquellos reos condenados a presidio por los
Tribunales de la República que estén cumpliendo sus penas en el
referido establecimiento penal y que, por sus inclinaciones y
conducta en el Presidio, requieran ser colocados en un medio de
reclusión más favorable para su regeneración y readaptación
social."
7) 1.949, Decreto Nº 333 Relativo a Penitenciaria de Mujeres. Ordena
efectuar los estudios necesarios para la creación de un Instituto que
se denominará "Penitenciaría de Mujeres", el cual estará dotado de
edificios, terrenos, escuelas, talleres y demás dependencias que se
juzguen técnicamente apropiadas de acuerdo a la ciencia
Penitenciaria moderna.
8) 1.949, Decreto Nº 359 relativo a Casa Correccional de Mujeres.
Ordena la verificación de los estudios necesarios para la creación
de un Instituto que se denominará " Casa Correccional de Mujeres.
9) 1.951, Instituto para Formación de Personal de Prisiones. Creado
según Decreto Presidencial Nº 325, de fecha 26 de octubre de
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1.951, "Considerando que es indispensable la debida capacitación
de las personas que desempeñen o aspiren desempeñar funciones
técnicas o administrativas en los establecimientos penales de la
República, a objeto de facilitar la más correcta aplicación de la Ley
de Régimen Penitenciario y de su Reglamento."
10) 1.952, Reglamento de Cárceles. Creado según decreto Nº 458
del 14 de noviembre de 1.952, estipula las normas de seguridad y
tratamiento. "Serán normas fundamentales en toda Cárcel Pública
la seguridad del detenido; el orden y la disciplina en el
establecimiento; la higiene en las personas y dependencias; la
atención médica y dental de la población carcelaria; así como el
estímulo y la perseverante orientación para fomentar hábitos de
instrucción, moralidad y trabajo en las personas detenidas."
11) 1.957, Decreto Nº 548 que crea el Internado Judicial de San
Juan de los Morros. Regula el funcionamiento del centro como
anexo de la Penitenciaría General de Venezuela.
12) 1.964, Código Penal. Promulgado el 27 de Junio de 1.964.
Deroga el Código Penal del 30 de Junio de 1.915. Contiene las
disposiciones relativas a los delitos, las faltas, las personas
responsables y las penas. Precisa la descripción formal del tipo de
conductas que constituyen delitos y faltas, quienes son
responsables de las violaciones a estas normas y las penas
aplicables como consecuencia a las infracciones.
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13) 1.964, Decreto de creación del Internado Judicial de "La Planta".
Declara la habilitación del Cuartel de la Planta como Casa de
Reeducación y Trabajo Artesanal, y como Internado Judicial,
destinado a la reclusión con fines correccionales y para la detención
de procesados por los Tribunales del Distrito Federal y del Estado
Miranda y al cumplimiento de penas menores de un año para
sentenciados por los mismos Tribunales.
14) 1.971, Ley de Régimen Penitenciario, promulgada el 17 de Julio
de 1.961, deroga la Ley de Régimen Penitenciario del 17 de octubre
de 1.937, señala sobre la materia de tratamiento, "El periodo de
cumplimiento de dichas penas será utilizado para procurar la
rehabilitación del penado y su readaptación social por los sistemas y
tratamientos establecidos en esta Ley."
15) 1.975, Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario.
Establece las reglamentaciones generales para la aplicación de la
Ley de Régimen Penitenciario.
16) 1.979, Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional
de la Pena. Firmada y sellada el 20 de diciembre de 1979,
reglamentada el 20 de marzo de 1.980, con resuelto Ministerial del
31 de marzo de 1.980, regula lo concerniente a la aplicación de la
modalidad del Sometimiento a Juicio para procesados y de la
Suspensión Condicional de la Pena como medida alternativa a la
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prisión, establece a través del resuelto la estructura organizativa de
funcionamiento, además de la modalidad y fines del tratamiento.
17) 1.981, Ley de Régimen Penitenciario. Promulgada el 8 de Julio
de 1.981, deroga la Ley de Régimen Penitenciario del 21 de Julio de
1.971, regula aspectos del funcionamiento del régimen
penitenciario, inspirada en las Reglas Mínimas de Tratamiento a los
reclusos, aborda las áreas de tratamiento a través de servicios de
asistencia, con miras a la reeducación durante el tiempo de
cumplimiento de la pena, además lo relativo a las formulas
alternativas de cumplimiento de pena, clasificación,
establecimientos especiales y lo tocante al tema de seguridad,
dando continuidad a la Ley de 1.971.
18) 1.993, Ley de Beneficios en el Proceso Penal. Pauta el
procedimiento a seguir con relación a la aplicación de la medida de
suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena para
condenados y otras formulas, como método alternativo a la
privación de la libertad, modalidad y fines del tratamiento.
19) 1.993, Ley de Redención Judicial de las Penas por el Trabajo y el
Estudio. Regula el procedimiento para la redención judicial de la
pena por el trabajo y el estudio dentro de los centros de reclusión,
considera el trabajo y el estudio como medios idóneos para la
rehabilitación. Su aplicación fomenta la incorporación de los
condenados en actividades reeducativas.
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20) 1.999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El
Capítulo III, dedicado al Poder Judicial y el Sistema de Justicia, en
la Sección Tercera relativa al Gobierno y la Administración del
Poder Judicial, establece en el artículo 272 los principios rectores de
funcionamiento del Sistema Penitenciario nacional, haciendo énfasis
en el respeto a los Derechos Humanos y al tratamiento de
rehabilitación de los internos. Sobre el particular se abordará la
temática detenidamente en otro capítulo de este trabajo.
21) 1.999, Código Orgánico Procesal Penal. Reformado el 14 de
noviembre de 2.001, en ésta reforma se deroga la Ley de Beneficios
en el Proceso Penal, y algunas normas relativas a la ejecución de
las penas contenidas en el C.O.P.P. del año 1.999 y otros
instrumentos legales sobre la materia. Dedica el Libro Quinto,
capítulos I, II, III y IV, a la ejecución de las penas, crea los Circuitos
Judiciales, los Tribunales de Control, de Juicio y de Ejecución y la
Corte de Apelación. Define competencias en materia de régimen
penitenciario y de Derechos Humanos.
22) 2000, Ley de Régimen Penitenciario. Reforma la Ley de
Régimen Penitenciario de 1.981, adecua algunas normas al Código
Orgánico Procesal Penal, no así a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en cuanto al funcionamiento del Sistema
Penitenciario. Consagra el trabajo y la educación como derechos de
los condenados.
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23) 2010 Constitución, Códigos y Leyes:
Código Penal.
Código Orgánico Procesal Penal.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 272).
Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio.
Ley de Regímenes Penitenciarios.
24) Reglamentos:
Reglamento de Internados Judiciales.
Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario.
Reglamento de los Centros de Tratamientos Comunitarios CTC.
25) Decretos:
Decreto 3.265 de Emergencia Carcelaria de fecha 23 de
Noviembre de 2004.
Decreto 6.733 de los Órganos Desconcentrados y de los
Servicios Desconcentrados sin Personalidad Jurídica. Gaceta
Oficial 39.196
ARTICULO 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
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expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones
inútiles”.
El sistema penitenciario en Venezuela, esta respaldado por un
compendio de leyes que hacen justicia al respeto humano, y el respeto
por los derechos humanos de todos y todas los venezolanos y
venezolanas, es así como el estado venezolano, es signatario de los
tratados, pactos y convenios internacionales que resguardan los
derechos y garantías sobre Derechos Humanos, entre los cuales
tenemos, el pacto de San José de Costa Rica según Gaceta Oficial de
fecha 14 de junio de 1977, Declaración Universal de Derechos
Humanos del año 1948, Declaración Americana de los Derechos
Civiles y Políticas Gaceta Oficial de fecha 28 de enero de 1978;
Convención Americana sobre Derechos y Deberes del hombre del año
1948, a través de estos instrumentos Internacionales, la Carta
Democrática de las Américas del 2001, Venezuela se obliga ante la
comunidad internacional a dar cumplimiento al respecto de la vida,
garantía, deberes y derechos del hombre, y en tal manera por el
respeto y garantía de los derechos humanos de todos los habitantes de
este país.
Como consecuencia de tales perspectivas, la Constitución
cumple una función fundamentalmente normativa y reguladora, siendo
la base legal, constitucional, de todo el sistema penitenciario en
Venezuela, y establece los Códigos, Leyes Y Normas que con
posterioridad se dicten teniendo como objetivo básico, la
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reglamentación detallada de toda la subestructura, funcionamiento,
objetivos, medios, limitaciones y obviamente los derechos y deberes
inherentes a los miembros de la sociedad. En tales circunstancias, los
códigos y leyes de una nación deben estar perfectamente armonizados
con la Ley, de tal manera que los jueces al aplicarlos, y los ciudadanos
al interpretarlos, deben hacerla cumplir, teniendo en cuenta esos
parámetros políticos, constitucionales e ideológicos que nutren
legítimamente toda la normatividad de nuestra nación.
Es así como la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, consagra el acceso a la justicia como derecho inherente al
ser humano, es decir, que constituye un derecho fundamental el
acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer
sus derechos e intereses, incluso va mas allá cuando contempla a los
colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente.
Al mismo tiempo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna, regula
la institución del amparo, definitivamente como un derecho de rango
constitucional que se manifiesta mediante el ejercicio de múltiples
medios o recursos judiciales de protección incluyendo por supuesto la
acción de amparo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
estatuye en su artículo 2, los valores supremos del Estado, erigiéndose
en un:
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"… Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político".
Esta denominación se incorporó siguiendo la tradición del
constitucionalismo contemporáneo. Por otra parte, la idea de Estado
Social es la de un Estado con obligaciones sociales que procura la
justicia social, por lo que interviene en la actividad jurídica legal y social
como Estado Prestacional, de estos principios que constituyen el
carácter de legalidad y de justicia social de los cuales se deriva
principalmente el valor fundamental de la igualdad y no discriminación
que deriva del preámbulo y del artículo 1 del texto Constitucional, que
además de derecho fundamental es el pilar de actuación del Estado, y
de la declaración del principio de la justicia social como base del
sistema.
Asimismo, entre los fines del Estado se encuentra el de las
Garantías Constitucionales, tal como lo determina el artículo 3 de
nuestra Carta magna, que precisa como la garantía más importante
(esto a consideración nuestra), es la del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes consagrados, lo cual a la vez es un
valor fundamental del Estado. Lo que implica que el acceso a la justicia
es un derecho de estricto cumplimiento considerado como valor
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fundamental en un Estado Democrático y Social de Derecho. A través
de los cuales se encuentra enmarcado dentro de los fundamentos y
alcances de los derechos de la persona humana y el tratamiento
constitucional del derecho del acceso a la justicia, imponiendo además,
su operatividad como derecho material y esto se da cuando se
establece que: "toda persona tiene derecho de acceso a los órganos
de la administración de justicia…".
De lo anterior podemos decir que todas las personas tienen
derecho a ser amparadas por los tribunales en el goce y ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales, aún aquellos inherentes a la
persona que no figuren expresamente en nuestra Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, considerando
que la defensa es un derecho inviolable en todo Estado Democrático y
Social de Derecho y grado del proceso.
El acceso a la justicia lleva consigo otros derechos entre los que
se destacan, el derecho a ser oído, el principio de la tutela judicial
efectiva, que según la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los
tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder
público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un
recurso o acción concretos. También determina la Comisión que la
incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los requisitos de
admisibilidad de una acción puede constituir una violación a ese
derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido amparado por la
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Convención Americana impide que el acceso a la justicia se convierta
en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los
particulares.
El Derecho a la tutela judicial efectiva, regulado en el artículo 26
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la
suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en
el artículo 49, por lo que se entiende derecho al acceso a los órganos
de administración de justicia, derecho a una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso.
a) Derecho a la defensa.
b) Derecho a ser notificado de los cargos que se le imputan.
c) Derecho a la presunción de inocencia.
d) Derecho de acceso a las pruebas.
e) Derecho a la no valoración de pruebas ilícitas.
f) Derecho a ser oído en toda clase de procesos.
g) Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial.
h) Derecho a intérprete.
i) Derecho a ser juzgado por jueces naturales.
j) Derecho a no confesarse culpable.
k) Derecho a no ser juzgado por actos u omisiones no previstos
en la ley como delitos, faltas o infracciones.
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l) Derecho a no ser juzgado por los mismos hechos que hubiese
sido juzgado anteriormente.
m) Derecho a exigir responsabilidad al estado y a los jueces por
errores judiciales, retardos, omisiones injustificadas,
funcionamiento normal o anormal de la justicia.
Como manifestación del derecho al debido proceso, que
involucra el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal,
tenemos el derecho a la igualdad de armas procesales, que consiste
en la posibilidad y oportunidad que tienen las partes en igualdad de
condiciones, de alegar, defenderse, producir pruebas, presentar
informes y observaciones, recurrir de los fallos que le sean adversos y
en definitiva, utilizar cualquier herramienta procesal que le garantice su
derecho a defenderse, esto se traduce, en que la permisión de
utilización de una herramienta procesal a una de las partes y su
prohibición a la otra, constituye desigualdad que desemboca en lesión
al derecho constitucional de igualdad de armas procesales.
Sobre la base de las ideas expuestas y en beneficio de los
Derechos Humanos, en Pro a una Justicia Social, la participación
ciudadana debe implementarse para satisfacer las reivindicaciones
sociales, la igualdad, la equidad, sin discriminación. Por lo tanto el
numeral primero del artículo 184 de la constitución venezolana
establece como esencial la participación de las comunidades en
actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de
vinculación de estos con la población.
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En base al contenido del articulo 272 de la Constitución, es por
primera vez en la historia colonial y Republicana que se eleva a rango
Constitucional la humanización de las cárceles en Venezuela, con el fin
de garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del
interno o interna y el respecto a los Derechos Humanos.
Con el Artículo 272 de la carta fundamental, nace por primera
vez en la historia de Venezuela, el alcance de la inclusión de los
penados y sus derechos sociales y laborales al rango constitucional,
quedando así claro el aspecto social y humanitario que establece la
prioridad en todo el contenido del texto constitucional. Para ello la
constitución determina la base legal del sistema penitenciario al
establecer que es necesario que el sistema carcelario este bajo la
tutela del Estado, que asegure la rehabilitación de los internos e
internas con el propósito de asegurar la reinserción en la sociedad. En
base a esto, la constitución determina que es un deber del Estado la
creación y acondicionamiento de los centros penitenciarios con el fin de
contar con espacios para el trabajo, la educación, deporte y recreación,
en fin se puede decir que deben ser desarrolladas las leyes
respectivas.
El derecho es instrumental, tanto las normas jurídicas como el
conocimiento acerca de ellas, de igual modo las normas adjetivas
conforma el amplio campo del sistema penal, es lo que varios
especialistas llaman “Política Criminal”, generando así dos
consecuencias que resultan básicas para la comprensión del sistema
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penal. Primero la necesaria coherencia político-criminal de los
subsistemas; donde no se puede tener un Código Penal que responda
a una orientación, un Código Orgánico Procesal Penal que responda a
otra y una Ley Penitenciaria que responda a una tercera. Los tres
deben ser análogos y marchar en una misma dirección que le permita
al estado garantizar los derechos que promulga la constitución.
La política criminal es la que va a plantear los grandes objetivos
de todo el sistema y cada uno de los subsistemas debe ser coherente
con la preservación de esos objetivos. Segundo la coherencia interna y
ordenada de cada uno de los subsistemas, es decir, el Derecho Penal,
el derecho Procesal Penal, entre otras, a parte de ser compatibles
entre sí, deben tener una relación interna.
Donde el modelo de Estado ofrecido por el sistema de ejecución
penal, tiende a perfilarse bajo el patrón Ius Humanista, privilegiando los
derechos del ser humano y por tanto, los principios de libertad y de
igualdad, y el principio de participación; Zaffaroni ha denominado
modelo Ius Humanista, a aquel que debe sostener una determinada
concepción del ser humano y orientarse a preservarla. Debe ser una
política criminal desarrollada desde el hombre y para el hombre en
concreto, apoyándose y ejecutándose principalmente a través del
Derecho, por ser este el instrumento privilegiado para la realización de
la política, en especial en lo que respecta al establecimiento de una
política criminal “autolimitada”.
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La Constitución Nacional como carta fundamental o mejor aún
como proyecto de Estado, no solo, es el instrumento regulador de los
hechos sociales que se suscitan en la vida moderna, sino que
constituyen el reflejo de una sociedad -sus costumbres, cultura,
tradiciones, moral, entre otros- componen el documento básico que
permiten tener el conocimiento de la estructuración que cada nación se
traza como norte en cada uno de los ámbitos que constituyen su base
social.
A lo largo de la evolución del Derecho Constitucional
venezolano se ha hecho mayor énfasis, a consagrar un Estado que
debe respetar los derechos humanos, garantizando las libertades en el
más amplio de sus sentidos. Mas sin embargo, la realidad ha vulnerado
los principios y garantías constitucionales, dado que se limita la
aplicación de medios alternativos por la privación de libertad que
subyacen en el sistema de ejecución penal.
Tomando en cuenta que para un sector de la doctrina extranjera
que han realizado investigaciones en el sistema penitenciario han
tenido respuestas afirmativas de la gran cantidad de medidas y
programas de rehabilitación, evidenciando efectos favorables sobre el
funcionamiento de las instituciones.
Se ha señalado que la idea de la rehabilitación ha estado
conectada con posiciones humanistas de parte de criminólogos,
sociólogos, trabajadores sociales, entre otros, que ven como requisito
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indispensable, el trato y consideración digna y humana a los
personajes involucrados en las instituciones penitenciarias, asimismo,
las condiciones de higiene, salubridad y progresividad que deben
mantenerse en todo establecimiento de cumplimiento de pena.
1.2 El Código Orgánico Procesal Penal.
Al ser la republica Bolivariana de Venezuela firmante de los
instrumentos internacionales más fundamentales como son:
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 28-1-78)
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pacto de San José de Costa Rica (Gaceta Oficial de la
República de Venezuela del 14-6-77).
Al suscribir estos instrumentos la República asume obligaciones
no sólo con los otros Estados de la Comunidad Internacional, sino, y
principalmente, con los individuos que viven bajo su jurisdicción. El
denominador común de estas obligaciones es el del reconocimiento y
respeto de los derechos objeto de protección por las Declaraciones y
Pactos, esto es, proclamarlos y garantizarlos. Estos instrumentos, a los
que se suman la Constitución de la República, con su Título III de los
Deberes, Derechos y Garantías; y los medios directos e indirectos de
25
protección de los derechos humanos (recursos procesales y
procedimientos ordinarios) constituyen el bloque de los derechos
humanos, paradigma de legitimidad aprobado internacionalmente, que
debe regir la evaluación de nuestros textos normativos.
Estas obligaciones internacionales implican respetar garantías
mínimas que pueden englobarse dentro del concepto del debido
proceso legal como es:
ser informado sobre la naturaleza de la acusación.
tiempo para la defensa.
ser juzgado sin dilaciones indebidas.
derecho a defenderse por sí o por un defensor de su
elección remunerado o no.
derecho a no declarar contra sí mismo.
interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia de los testigos de descargo.
a ser oído por un juez independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley, en un juicio oral y
público.
y el derecho a recurrir de la sentencia condenatoria.
De acuerdo con lo hemos investigado, podemos decir que el
código orgánico Procesal Penal (C.O.P.P) tiene aspectos importantes
referidos al proceso y lapsos, también Cambia la imagen de la fiscalía
y del ministerio publico en el proceso; establece la brevedad de los
juicios, la oralidad, la garantía del debido proceso y otros derechos
26
fundamentales del imputado. Entre otras acciones importantes, el
Código crea los Circuitos Judiciales conformados por los Tribunales de
Control, de Juicio, de Ejecución y las Cortes de Apelación, todo ello,
indudablemente pretenden generar un cambio profundo en el Sistema
de Administración de Justicia Venezolano del cual es parte el Sistema
Penitenciario Nacional.
En fecha 1° de julio de 1999, entró en vigencia en nuestro país el
Código Orgánico Procesal Penal, el cual ha sido objeto de varias
reformas parciales, desde esta fecha, en el se reiteran los derechos y
garantías constitucionales relacionados con las garantías judiciales y el
debido proceso, estableciendo la vigencia de nuestra constitución.
Estos derechos, principios y garantías constitucionales insertas en el
Código Orgánico Procesal Penal, son los que a continuación
brevemente detallaremos:
Juicio previo y debido proceso, se establece el sistema
acusatorio como procedimiento de juzgamiento al decirse en el artículo
1 que:
"Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público,
realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial…"
El legislador venezolano Quiso de esta forma establecer las
garantías constitucionales del debido proceso, de legalidad, celeridad,
juez natural únicamente en cuanto hace relación con la imparcialidad,
oralidad y publicidad.
27
El artículo 2 establece El ejercicio de la jurisdicción, esta se
administrará en nombre de la República y por autoridad de la ley,
reiterándose el principio constitucional que defiere en el Ministerio
Público el ejercicio de la acción penal.
Se consagra el derecho de participación ciudadana en la
administración de justicia. Artículo 3. Se determinan la autonomía e
independencia de los jueces respecto de los diversos órganos del
poder y se establece que sólo deben obedecer a la ley y al derecho.
Los jueces deben cumplir y hacer que se cumplan sus decisiones
y se precisa que las demás autoridades de la República colaboren para
el cumplimiento de tales fines.
Se consagra el principio de prohibición de absolución de
instancia, determinándose que el Juez no puede fundamentándose en
circunstancia alguna abstenerse de decidir sobre la causa que se le
plantee.
Se establece el concepto genérico del Juez natural y que la
competencia para aplicar la Ley en los procesos penales corresponde
a los jueces ordinarios o especializados, establecidos por las leyes con
anterioridad a la ocurrencia de los hechos objetos del proceso.
Se reitera la el principio de presunción de inocencia, mientras no
se demuestre culpabilidad, este principio se traduce en el hecho que la
28
carga de la prueba corresponde al Estado y que por tanto es a los
funcionarios que ejercen la represión quienes deben demostrar la
existencia del hecho, la infracción de la norma penal, la autoría y la
responsabilidad penal, porque si el Estado no es capaz de realizar
tales demostraciones la presunción de inocencia persistirá y la
sentencia absolutoria se impondrá.
Se reafirma el principio de libertad, según el cual las
disposiciones que restrinjan o limiten la libertad u otros derechos de
imputados, o su ejercicio será de carácter excepcional y la misma
deberá ser interpretada de manera restrictiva. Se dispone igualmente
que su aplicación sea proporcional a la pena imponible.
Se dispone el respeto a la dignidad humana y se reitera el
derecho a estar acompañado por un abogado de confianza cuado la
comparecencia del ciudadano sea dispuesta por un funcionario judicial.
Se precisa igualmente que la presencia del abogado sólo servirá para
que se cumpla con el derecho a la defensa y al debido proceso.
Este principio aparece reglamentado en el mismo código en el
artículo 117, en cuanto a los límites de la actuación policial dentro del
proceso penal y en el artículo 125 donde se enumeran los derechos el
imputado. Igualmente en los artículos 130 y siguientes, en los que se
establecen las formalidades, derechos y garantías del imputado al
rendir su declaración. Es claro que todas estas normas procesales
citadas, tienen como finalidad última, garantizar de manera concreta el
29
respeto a la dignidad debida a los seres humanos cuando se
convierten en sujetos procesales dentro del proceso penal.
Se atribuye la titularidad de la acción penal al Ministerio Público,
quien está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales, que se
refieren fundamentalmente al principio de oportunidad.
En cuanto al derecho a la defensa se consagra para todos los sujetos
procesales, así como la igualdad entre los mismos, se dispone que los
jueces y demás funcionarios judiciales no puedan tener contacto
directo ni indirecto con ninguna de las partes sobre los asuntos
sometidos a su consideración, excepto cuando se encuentren todas
presentes.
Se determina que la finalidad del proceso es la realización del
derecho material o sustancial cuando se precisa que el objetivo es el
de determinar la verdad de los hechos y la justicia en la aplicación del
derecho.
El establecimiento de la oralidad como principio rector, es el
procedimiento que naturalmente adopta el sistema acusatorio. Sólo
podrán apreciarse las pruebas incorporadas en la audiencia oral y
pública. La cuestión anterior significa que las pruebas deben ser
practicadas delante de los jueces que hayan de decidir y que aquellas
pruebas que no puedan ser practicadas en la misma por diversas
razones, deben ser incorporadas durante su realización para que
puedan ser apreciadas.
30
El artículo 333, se refiere a la publicidad del juicio oral,
exceptuándose los casos en que se vea afectado el pudor o la vida
privada de alguna de las partes, cuando se perturbe gravemente la
seguridad del Estado o las buenas costumbres, peligre un secreto
oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea
punible o declare un menor de edad y el tribunal considere
inconveniente la publicidad.
Principio de inmediación, es una de las características
importantes del sistema acusatorio, se requiere que las pruebas sean
practicadas en presencia del juez que va a tomar la decisión final, para
que mediante su percepción pueda tener mayores elementos de juicio
que le posibiliten llegar a la verdad histórica de los hechos y con ello a
la justicia.
Se incluye el principio de concentración que es otra de las
características del sistema acusatorio y que significa que la audiencia
debe desarrollarse idealmente en un mismo día y si es necesario
interrumpir esta diligencia, que la misma continúe a la mayor brevedad.
El objetivo de la concentración es evitar que el transcurso del tiempo
lleve a olvidar al Juez el contenido de las pruebas o el alegato de las
partes. Este principio se reglamenta en el artículo 335 del mismo
código.
31
El proceso tiene carácter contradictorio, que no es más que el
derecho de las partes de probar y de contradecir las pruebas que se
esgrimen durante la fase de juicio oral y publica.
Se reitera el principio constitucional establecido en el artículo 334
de la Carta magna y se determina que en el ejercicio de tal deber, se
deben aplicar las normas constitucionales sobre todas otras que le
fueren contrarias.
Principio del "non bis in ídem", que impide plural persecución
sucesiva cuando un hecho calificado como delito ha sido objeto de un
fallo o sentencia firme. Consagra como excepción los casos
amparados con el recurso extraordinario de revisión, dentro de los que
se incluye el caso de la pena más favorable, o la promulgación de una
norma que quita al hecho el carácter penal.
Se implanta el principio de la libre apreciación de las pruebas de
conformidad con las reglas de la sana crítica, que no son otras que la
aplicación de la lógica, las máximas de experiencia y la ciencia, el que
se complementa con el principio de la libertad probatoria en el proceso
penal.
Como puede observarse, el constituyente venezolano ha creado
los instrumentos normativos necesarios para la concreción en nuestro
país de una verdadera democracia, apegada a derecho y respetuosa
de los Derechos Humanos, toda vez que con una justicia precaria no
32
se puede pregonar la existencia de un Estado democrático, pero
establecidos estos parámetros normativos es a los jueces y en general
a todos los funcionarios judiciales y a los ciudadanos que deben
colaborar con la justicia, bien en calidad de testigos, peritos, escabinos
o jurados o de cualquier otra manera, los que en verdad deben
concretar en la realidad ese propósito político de justicia y de
democracia y es aquí donde el sistema empieza a cojear. Debido a la
ineficacia del sistema judicial sea por omisión o por negligencia, en
esta calificación entran los jueces, los fiscales del ministerio publico, los
abogados, el personal que trabaja en el sistema penitenciario, es decir
la corrupción impera campante.
La mejor constitución y los mejores códigos serán insuficientes
para concretar esos ideales políticos frente a una judicatura incapaz,
mediocre o corrompida, de la misma manera que los esfuerzos del
poder judicial sin la debida y necesaria colaboración ciudadana,
constituirán esfuerzos estériles, porque es evidente que el proceso de
la justicia es una labor y un compromiso de todos los integrantes de la
nación venezolana, donde la sociedad y las organizaciones adecuadas
deben establecer los vínculos necesarios que permitan la correcta
aplicación de las leyes.
Sin embargo, existe aun cierto grado de desinformación en los
ciudadanos sobre este derecho-deber. En muchos casos, los
ciudadanos desconocen que pueden participar en la administración de
justicia penal.
33
Para lograr que los ciudadanos estén informados eficazmente
sobre la Participación Ciudadana como derecho-deber es necesario
que exista una divulgación por parte del Estado, Organismos
Judiciales, Instituciones Educativas, Asociaciones de Vecinos,
gobiernos comunales entre otros. Además de las características y tipo
de participación, con el fin, de garantizar la democratización de la
justicia. Por otra parte, la doctrina esta presta en cuanto a las
características y tipo de Participación Ciudadana contempladas el en
Código Orgánico Procesal Penal, puesto que permite celeridad,
imparcialidad, objetividad y probidad en el proceso penal, afirmando el
propósito democrático de la justicia y mejorando la calidad jurídica.
Tardará un tiempo más acostumbrarse ver a los ciudadanos
dictando sentencia, asumiendo su rol de protagonista de la justicia y el
derecho, pero será la efectiva preparación de la participación
ciudadana que conlleve el éxito de la verdadera justicia venezolana.
Con el Código Orgánico Procesal Penal de carácter
eminentemente garantista y progresista apoyado en instituciones
propias de la norma adjetiva que persigue la implementación de un
proceso penal basado en la búsqueda de la verdad y un evidente
resguardo de los derechos de las partes intervinientes en el mismo. No
obstante, en la fase de ejecución penal todavía existe la tendencia a
limitar las medidas o beneficios que pueden ser otorgadas a cualquier
34
procesado que reúna las condiciones establecidas en la normativa
adjetiva.
El Código de Enjuiciamiento Criminal, establecía lo que en la
doctrina se conoce como Sistema Inquisitivo, que imperó durante
mucho tiempo entre nosotros. En virtud de este sistema, los aspectos
esenciales del proceso (acusación, defensa y decisión) estaban en
manos de una sola persona: el Juez, quien iniciaba el juicio,
investigaba en el sumario (que era una fase en la que toda la
investigación de los hechos se realizaba prácticamente en secreto y a
espaldas del acusado mismo), conducía el debate en el plenario (que
era la fase en que, en teoría, el acusado podía enterarse de su
situación) y, finalmente, sentenciaba. Es decir, el Juez era casi
omnipotente y tenía facultades infinitas. Además de esto, era un
sistema fundamentalmente escrito, esto es, la escritura dominaba la
totalidad de los actos, lo cual reducía el aspecto humano y sensitivo
que debe regir todo proceso penal. Por otra parte, es de observar que
el Sistema Inquisitivo es propio de los países que se corresponden con
el autoritarismo, completamente contrarios a la democracia.
En el Sistema Acusatorio, que introdujo el C.O.P.P., en cambio,
las funciones o atribuciones están claramente separadas: la función de
acusar corresponde exclusivamente al Ministerio Público (salvo los
casos de delitos de acción privada o a instancia de parte, en que debe
intermediar querella, que es como la demanda civil, pero en materia
penal). La función de la defensa le compete al imputado y a su
35
defensor, bien sea público, bien sea privado. Y la función de llevar el
debate durante el juicio oral corresponde al Juez, quien también
decide, a través de la sentencia. Además de lo dicho, en este nuevo
sistema predomina la oralidad, lo que es más adecuado a las
tendencias mundiales y a la realidad jurídico-social que vivimos.
Ahora veamos brevemente las principales diferencias que
existen entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Acusatorio:
SISTEMA INQUISITIVO SISTEMA ACUSATORIO
Predomina la escritura Predomina la oralidad
Es clandestino y secreto Es público y abierto
Viola los derechos humanos Defiende los derechos humanos
No hay participación ciudadanaLos ciudadanos participan como
escabinos y jurados
Rige la presunción de culpabilidad Rige la presunción de inocencia
En este estado, es bueno señalar que se le ha conferido al
Código la jerarquía de “Orgánico”, por dos razones: la primera, porque
en virtud de lo dispuesto por el artículo 204 de la Constitución Nacional,
"el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás Tribunales que determine la ley orgánica", es decir, que lo que
se refiere al ejercicio del Poder Judicial, debe estar regulado por una
ley con ese rango. La segunda razón es que la implementación del
nuevo sistema supone una necesaria modificación de la organización
36
judicial penal, incluso del Ministerio Público, que se rige por una ley
orgánica. Por otra parte, se le quiso dar supremacía frente a otras
leyes en materia penal, puesto que, de conformidad con el artículo 163
de la Constitución, "las leyes que se dicten en materias reguladas por
leyes orgánicas se someterán a las normas de éstas".
De acuerdo a los aspectos fundamentales del nuevo Código
Orgánico Procesal Penal, debemos concluir que esta reforma de
nuestro sistema es, sin lugar a dudas un gran logro y un gran reto para
todos los venezolanos, pero lo más resaltante es que lo mejor que
pudo haberse hecho es acabar con el Sistema Inquisitivo para dar
acogida al Sistema Acusatorio. Muchos son los que critican el nuevo
proceso penal, quizá sea porque nunca supieron cómo era en realidad
el antiguo proceso y sólo basan su crítica en el débil fundamento del
temor y de que todos los presos están saliendo libres; quizá sea
porque no saben que muchos de esos presos pueden ser inocentes y
están detrás de las rejas sin una justa causa; probablemente haya
muchos culpables, pero ¿cómo quedan entonces los inocentes?,
¿deben pagar justos por pecadores? Tal vez los que critican este
cambio nunca se enteraron de muchas verdades.
"La administración de la justicia penal es uno de los pilares
fundamentales de la convivencia social". Esta son las bases legales del
C.O.P.P. que garantizan los derechos Humanos y un debido proceso,
ahora su aplicación y desarrollo eso ya es otro cuento.
37
38
1.3 Derechos Humanos.
El respeto y garantía de los derechos humanos es un propósito
general del Estado venezolano, es su obligación de ser como el
garante de la vida, la dignidad humana, es el que tiene la obligación de
respetarlos y de garantizarlos, adoptando las medidas necesarias para
lograr su satisfacción en la población y asegurar la prestación de
determinados servicios.
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
establece, a lo largo de su Título III, un amplio marco de protección de
los derechos humanos, tanto de aquellos contemplados en su propio
texto como los que se encuentran desarrollados en tratados, pactos o
convenios internacionales que Venezuela ha suscrito y ratificado.
Asimismo, la constitución establece que estos tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos humanos tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno, y como tales deben ser
respetados en el marco general de la sociedad venezolana, en la
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas por la Constitución y las leyes de la
República Bolivariana de Venezuela.
La Constitución nacional es innovadora en materia de derechos
humanos, pues además de proteger los intereses individuales, extiende
esa protección a los intereses legítimos, colectivos y difusos.
La clasificación que establece la Constitución nacional define el
lenguaje común de los derechos humanos en Venezuela:
39
Derechos de nacionalidad y la ciudadanía.
Derechos civiles.
Derechos políticos.
Derechos sociales y de las familias.
Derechos culturales y educativos.
Derechos económicos.
Derechos de los pueblos indígenas.
Derechos ambientales.
Cabe recordar que no es suficiente con que los derechos
humanos estén definidos en la Constitución, lo más importante es que
los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercerlos, y para ello, es
necesario que cada uno de nosotros cumpla con el deber de
conocerlos, vigilar que se cumplan y defenderlos. Es por esto, que se
creó el Poder Ciudadano y dentro de éste la Defensoría del Pueblo,
esta es su razón de ser.
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
tienen su justificación en la reafirmación de la dignidad del individuo y
funcionan como lineamientos de humanización del sistema punitivo,
asumidos por los distintos Estados que conforman la sociedad de
naciones, instituida después de la Segunda Guerra Mundial. Su
trascendencia radica en el reconocimiento formal de las garantías
ciudadanas por la mayoría de los Estados Constitucionales, en
especial las relativas al proceso penal, la libertad y la prohibición de
penas crueles e infamantes.
40
La reglamentación de estos derechos en el plano de la
legislación interna, se ha verificado en forma más o menos homogénea
en América Latina, pero en Venezuela con la Constitución se otorga su
preeminencia como normas jurídicas de aplicación inmediata con
fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional que establece
expresamente la jerarquía de los tratados, pactos y convenciones
relativos a derechos humanos como normas constitucionales de orden
interno, aplicables incluso con preferencia a las del orden
constitucional, en el caso de contener criterios mas favorables a los
que se consagran en la carta magna venezolana. Tal como ha
quedado descrito, en Venezuela, la ejecución de la pena responde a
los parámetros constitucionales de legalidad (Art. 49, Ord. 6º),
judicialidad (Art. 44, Ord. 1º; Art. 49, Ords. 1º, 2º, 3º y 4º), humanidad
de las penas (Art. 46, Ords. 1º y 2º; Art. 44, Ord. 5º) e igualdad (Art. 21)
como garantías ciudadanas frente a la imposición punitiva.
Adicionalmente, en forma especial el ordenamiento jurídico
constitucional vigente presenta una consideración expresa en relación
a un punto fundamental del derecho penal: la función de la pena
privativa de libertad y de otras fórmulas de cumplimiento de penas. En
efecto, lo establece el artículo 272 de la constitución nacional.
La citada norma guarda concordancia con la Ley de Reforma
Parcial de la Ley de Régimen Penitenciario, que en su artículo 2
expresa: “La reinserción social del penado constituye el objetivo
fundamental del período de cumplimiento de la pena.” En este mismo
41
sentido la “Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el
Estudio”, establece que el trabajo y el estudio en reclusión son
procedimientos idóneos para la “rehabilitación del recluso”. Asimismo,
al revisar las funciones de la pena consagradas en los Pactos
Internacionales, se observa que el artículo 10, ordinal 3 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos establece: “el régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados” y la Convención Americana
artículo 5, ordinal 6: “la pena privativa de libertad tendrá como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Estas
leyes son bárbaras pero en la práctica la cuestión es completamente
antagónica, todo es letra muerta.
El sujeto penalmente condenado tiene derechos: los
fundamentales, inherentes a toda persona humana, reconocidos en
Convenios y Pactos Internacionales, consagrados en las
Constituciones a favor de todas las personas y que no se pierden por
efectos de la condena penal, así como los específicos que se derivan
de la sentencia condenatoria, de la particular relación que se establece
entre el sancionado y el Estado que lo condenó. Efectivamente, en un
Estado de Derecho la relación entre el Estado y el sentenciado no se
define como una relación de poder sino como una relación jurídica con
derechos y deberes para cada una de las partes. El condenado tiene,
pues, con el Estado una relación de derecho público y, salvo los
derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es
igual al de las personas no condenadas. Lo mismo ocurre con más
42
razón, con los procesados, debido a la presunción de inocencia de la
que gozan. La normativa venezolana reconoce expresamente a los
privados de libertad como sujeto de derechos. En efecto, el artículo 272
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
establece que “el Estado garantizará la rehabilitación del interno o
interna y el respeto de sus derechos humanos”. Por su parte, la Ley de
Régimen Penitenciario (LRP) inspirada en las Reglas Mínimas de la
ONU, promulgada el 21 de julio de 1961, reglamentada el 07 de
octubre de 1975, reformada el 17 de agosto de 1981 y el 17 de mayo
del 2000, contiene los principios que orientan el cumplimiento de las
penas privativas de libertad y trata de desarrollar algunos derechos
individuales y sociales de los reclusos consagrados en los instrumentos
internacionales y en la Carta Magna.
En efecto, el artículo 2° de la Ley de Régimen penitenciario
(LRP), contiene el mandato general de respeto de los derechos
humanos de los condenados, tanto los “uti cives”, como los
específicamente penitenciarios, cuando dice: “Durante el período de
cumplimiento de la pena deberán respetarse todos los derechos
inherentes a la persona humana consagrados en la Constitución y
leyes nacionales, tratados, convenios, acuerdos internacionales
suscritos por la República, así como los derivados de su particular
condición de condenado”. Asimismo, el Código Orgánico Procesal
Penal (COPP), desde su promulgación en el año 1998 y en sus
sucesivas reformas también reconoce que el condenado tiene
derechos y el derecho a defenderlos, atribuyendo al juez de ejecución
43
la garantía de los mismos. Los artículos 478 y 531 del COPP no
permiten ninguna duda al respecto. La CRBV, el COPP, el Código
Orgánico Penitenciario y la reforma de la Ley del Régimen
Penitenciario del año 2000, son eventos de la mayor trascendencia
para el sistema penitenciario, pues introdujeron en el país, por lo
menos a nivel legal, el paradigma de los derechos humanos de los
privados de libertad y permitieron albergar la esperanza de que se
generarían cambios muy positivos en la situación penitenciaria.
Nadie en Venezuela desconoce lo que sucede en las cárceles
del país: Hacinamiento, insalubridad, ocio, drogas, corrupción y
violencia, traducida en huelgas, motines, tenencia de armas, muertes,
heridos y secuestrados, en fin, violación de todos los derechos
humanos de los internos. En Venezuela la violación de los derechos
humanos de los reclusos no es un fenómeno reciente. De hecho, ha
sido una práctica consuetudinaria en los últimos 50 años, conforme se
puso de manifiesto en una reciente investigación académica, la cual
revela el sistemático incumplimiento de los derechos a la vida,
integridad personal, salud, educación, trabajo y asistencia social. En
efecto, la gestión programática del Ministerio de Justicia, durante esos
años, en las áreas de educación, trabajo, salud y asistencia social,
aspectos básicos para lograr la exitosa reinserción social del recluso y
para garantizar sus derechos humanos, obtuvo mediocres resultados,
tanto cuantitativos como cualitativos, tal como se desprende del
análisis de estos aspectos realizado en la investigación. En
educación formal, donde se obtuvo los mayores logros, ha variado la
44
cobertura con el paso de los años: mientras en los 60 se incluía cerca
del 50% de la población reclusa, en los años 70 este porcentaje rondó
el 30%. Entre los años 1979 y 1998 jamás se incluyó más del 24% de
la población reclusa; en los primeros años de la década del 2000 los
incluidos llegan al 67,74%, supuestamente a causa de la introducción
de las misiones educativas en las prisiones, pero en el año 2007 era
sólo el 37,92% de los reclusos que estudiaban.
En el aspecto laboral, la Caja de Trabajo Penitenciario, durante
los 50 años estudiados jamás logró emplear más del 13% de la
población reclusa y en el mejor de los momentos nunca pasó del 40%
la proporción de reclusos que realizaron alguna actividad productiva, la
mayor parte de ellos trabajando por su cuenta, sin contar con ninguna
formación laboral consistente y realmente útil. En el área de salud, la
atención fue siempre deficiente, con falta de médicos, medicinas y
otros insumos, sin una política integral que respondiese a las
necesidades específicas de los centros de reclusión y carentes de
posibilidad de incidir en las causas que impidieron la garantía del
derecho a la salud de toda la población reclusa. No es de extrañar,
pues, que las cárceles insalubres hubiesen sido escenario de toda
clase de epidemias y enfermedades infecto-contagiosas,
especialmente en los últimos 20 años, pues la atención medico-
sanitaria fue empeorando progresivamente. Igual deterioro sufrió el
servicio social en las cárceles, que había sido objeto de particular
atención del Ministerio de Justicia, principalmente en la década de los
70, cuando se asistía socialmente al recluso y sus familiares durante el
45
cumplimiento de la pena y después del egreso. A partir de los 80, la
cobertura y el tipo de servicio se fue reduciendo hasta limitarse a
atender situaciones de emergencia, y a la realización de estudios
psicosociales.
Los derechos humanos del sistema penitenciario están bien
respaldados, por leyes modernas, humanistas y sociales, la pregunta
que cabe es: ¿entonces que sucede?, ¿porque esta tan mal?, la
respuesta se compone de muchas aristas, como son:
Falta de voluntad política.
Falta de Autonomía de los Jueces y Fiscales.
Falta de Independencia e imparcialidad.
Administración de Justicia extemporánea.
Falta de personal profesional calificado.
Alto nivel de corrupción.
Violación al Debido Proceso.
Ausencia de asistencia jurídica, social y psicológica en los
establecimientos.
Hacinamiento.
Falta de clasificación, agrupación y observación.
El ocio.
La indiferencia social
La decidía del sistema judicial, al retrasar los procesos y no
aligerar los expedientes,
El trafico de armas, drogas,
46
El comportamiento y forma de proceder de los organismos
públicos y policiales.
Todo esto conforma un coctel que rebasa la copa de la violación
de los derechos humanos de la población carcelaria y lo que es peor
parece que no tuviera fin ni arreglo.
En los centros de reclusión el derecho a la seguridad personal no
existe, hay pena de muerte y no hay aplicación de criterios de
clasificación de internos.
Existe discriminación en todos los centros penitenciarios de diferentes
tipos, se puede apreciar con mayor fuerza la posición económica de los
internos, ellos manifiestan que el trato que reciben es poco respetuoso,
igualmente sucede con el trato de los funcionarios hacia la visita.
Ni se diga con el Debido Proceso y el Retardo Procesal, cabe
destacar que el retardo procesal es producto no sólo de la actuación
del Poder Ejecutivo, sino de la actuación de los Tribunales y del
Ministerio Público como órganos encargados de la investigación penal,
e incluso de los abogados en general (públicos y privados), que no
realizan las solicitudes de forma oportuna, de tal manera que se
aceleren y se impulsen las actuaciones procesales.
Se puede observar que alrededor del 75% de la población
reclusa son procesados y un 15% son penados, o sea, que tienen una
sentencia firme.
47
El 21,68% de la población reclusa se encuentra a la espera de la
Audiencia Preliminar, mientras que el 19,42% se encuentra en Fase de
Juicio. El 16,83% está en Fase Preparatoria o de Investigación y sólo
un 4,21% está con sentencia definitivamente firme en Fase de
Ejecución.
Son muchos los males de las cárceles venezolanas, pero
seguramente el peor de todos, que es al mismo tiempo la causa de
todos los horrores, es el hacinamiento. La infraestructura es para doce
mil reclusos y alberga cerca de treinta mil; no hay condiciones mínimas
decentes y todos los recintos están abarrotados. . Según la Dirección
General de Rehabilitación y Custodia del Recluso, la sobre población
carcelaria ha excedido entre un treinta y cinco y un cuarenta y cinco
por ciento la capacidad de los centros penitenciarios en los últimos
doce años.
En las prisiones hay espacio para la enfermería, pero
ocasionalmente los médicos o los enfermeros no van. Además, las
trabas que imponen los líderes en esos territorios a algunos internos,
impide un adecuado manejo de los planes de salud. En un informe de
2006, se advertía que la sobrepoblación aumentaba la incidencia de
enfermedades de la piel, como dermatitis y escabiosis; padecimientos
digestivos como resultado de la exposición a aguas servidas y las
malas condiciones de manipulación de alimentos, así como afecciones
respiratorias y de transmisión sexual, que suelen ser más frecuentes
en los reclusos que en el resto de la población.
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Muchos presos han denunciado torturas infringidas por funcionarios de
los centros penitenciarios. Los métodos utilizados: golpes, quemaduras
realizadas con hornillas de cocinas eléctricas, descargas eléctricas en
los genitales, así como la respectiva tortura psicológica que va desde el
insulto hasta las amenazas. La cultura del más fuerte en las cárceles
se mantiene, es así como los presos más viejos, enfermos o débiles,
se ven sometidos a trabajar para otros presos, duermen en el piso, no
comen, son maltratados, golpeados, se les quitan sus pocas
pertenencias y en el peor de los casos son violados, además de
someterlos casi como esclavos.
Muchas de las infraestructuras de las prisiones se encuentran en
estado de abandono, es así como en muchos recintos los presos no
tienen siquiera baños, viéndose obligados a defecar en bolsas o latas,
que luego son arrojadas por las rejas del recinto. En muchas celdas es
latente el peligro de que existan cortos circuitos, por las grandes
cantidades de conexiones realizadas por los presos. De igual forma las
cocinas son completamente antihigiénicas y la corrupción galopante; se
compran grandes cantidades de comida ya elaborada que son
almacenadas sin ningún tipo de cuidado y finalmente los presos
reciben comida en estado de descomposición. Es así que esta mala o
nula alimentación y las condiciones del recinto, llevan a los presos a
tener una salud precaria.
Los reos tienen libertad para practicar su religión. De hecho hay una
serie de organizaciones que se dedican a ofrecer orientación espiritual
y ayuda humanitaria a los reos. La mayoría de los centros
49
penitenciarios tienen al menos una capilla, pero sin duda el cristianismo
evangélico tiene un papel importante en los penales, siendo los únicos
que trabajan para la recuperación de un preso.
La no clasificación de los reos de acuerdo a su peligrosidad, es
también factor principal de violencia. También el sistema de
administración de justicia es partícipe de la actual situación, ya que
más de la mitad de los presos no tiene condena, mientras que apenas
un treinta y cinco por ciento ya fueron sometidos a juicio. Al tráfico de
armas se puede achacar el clima actual, se podría calificarlo de "guerra
civil". Se practicaron doscientas ochentas requisas en 2009, en las que
se decomisaron cinco mil doscientas armas (hasta una
subametralladora): ¿Cómo ingresó todo esto? Si a los familiares los
someten a unas revisiones denigrantes, ¿cómo entró esto? ¿Quienes
son los únicos que pueden entrar a las cárceles sin que los revisen?
De esta manera, las cárceles venezolanas han llegado a ser
infrahumanas y lejos de constituir centro eficientes de reclusión en los
que pudiera hacerse algo por rehabilitar y reeducar a los reclusos, se
han convertidos en espantosas acumulaciones de miseria, de maltrato,
de dolor y de abandono, en las que no hay ninguna posibilidad de
rehabilitación para el criminal y en las que se violan continuamente
todos los más fundamentales derechos humanos, que nuestra
civilización ha proclamado tan inútilmente.
50
Lo descrito líneas arriba, apenas es un panorama de lo terrible
que son las cárceles en nuestro país. Estos recintos son el síntoma de
una sociedad enferma, síntoma de una sociedad autoritaria e
individualista, que olvidó sus orígenes colectivos. La sociedad
occidental se ha concebido sobre conceptos abstractos, como el de la
propiedad, el dinero y el lujo. Acá son encarcelados muchos jóvenes
por robar, ya no sólo por comida, sino por querer estar a la moda; la
mayoría de los delitos tienen sus orígenes en esa necesidad de estar
según los lineamientos de la cultura hegemónica, de la economía
global que ha hecho del ciudadano un consumidor. Los responsables
reales de gran parte de los delitos que se han cometidos, los pueden
encontrar en esas grandes industrias transnacionales, en esos
hombres invisibles que imponen un sistema de vida donde el dinero y
la propiedad son los factores determinantes para considerar a una
persona "alguien".
Las cárceles sólo sirven para proteger los intereses de los que
ostentan el poder. El poder genera injusticia; la injusticia y la
desigualdad generan prisiones. Es un círculo vicioso. La lógica del
"castigo ejemplar" no funciona. La degradación del ser humano repica
sin cesar en cada barrote de la prisión. Finalmente, como el preso es
una persona políticamente insignificante, la población penitenciaria
está destinada al olvido de los políticos y de los "grupos de interés".
1.4 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Las Naciones Unidas definen las ONGs como:
51
“Cualquier organización cívica voluntaria sin fines de lucro”. Acepción
amplia donde caben organizaciones de base (juntas de acción
comunal, asociaciones de padres de familia, grupos juveniles, grupos
de madres comunitarias, sindicatos, etc.), así como los movimientos
populares, cívicos, de derechos humanos y ecológicos.
Si bien no hay una definición y una tipología de carácter
universal, pueden enunciarse algunas características comunes:
No gubernamental, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, de
beneficio o utilidad común, de cambio humano, surgen por iniciativas
particulares o de participación mixta, prestan servicios o realizan
actividades de utilidad pública y promueven procesos de organización,
participación y autogestión, sin intentar suplantar al Estado y la
comunidad.
No toda organización cívica voluntaria sin fines de lucro puede
ser considerada una ONG; se requiere existencia y reconocimiento
jurídico, y una estructura organizacional permanente.
Según lo expresado arriba, podemos decir que el fin de las
ONGs es justo, equitativo, en la defensa bien sea de los derechos
humanos y la calidad de vida de las sociedades.
Por eso es realmente un poco complicado el calificar el papel real de
las Organizaciones no gubernamentales en Venezuela, aunque el
trabajo de estas organizaciones es magnificado por los medios de
comunicación y las redes sociales están atestadas de paginas y
52
paginas, que hablan de lo paupérrimo de la situación carcelaria en
Venezuela, también es cierto que estas ONGs fueron las que se
unieron a la oposición cuando el fallido golpe de estado, dejando muy
claro que en el fondo su trabajo es mas político que social, son muy
pocas las que realmente se dedican a el trabajo ultraísta, en pro del
mejoramiento de la calidad de vida de lo presos, En el centro de la
nueva doctrina, las ONG, popularizadas por los medios de difusión,
juegan un papel esencial y se han transformado en caballos de Troya
del departamento de acción de la CIA. Asociaciones teóricamente
independientes y con reputación de humanitarias, están ya
abiertamente incorporadas a la estrategia imperialista. El hecho de que
la mayor parte de ellas estén financiadas con fondos públicos del
gobierno norteamericano no es nuevo. Hace tiempo que las agencias
gubernamentales de ayuda de este país como Insaid, Ned, tienen
como objetivo subvencionar organizaciones seudo humanitarias
especializadas en acción clandestina. Numerosas ONGs aceptan
fondos provenientes del Open Society Institute de George Soros a
pesar de que los lazos de éste con la diplomacia subterránea
estadounidense son bien conocidos. Por sí misma, esa financiación
pone en tela de juicio la definición de lo que debe ser una ONG.
Creemos realmente que el trabajo de estas ONGs, no es
verdaderamente sincero, su función en los últimos años ha sido de
injerencia y lo que ha causado un entorpecimiento de las labores del
estado, así como las organizaciones encargadas de velar por los
derechos humanos en el ámbito latinoamericano, se han dedicado a
53
hacerle el lobby a las políticas de injerencia de el gobierno
estadounidense, estas ongs en Venezuela se han alineado con estas
políticas.
Algunas ONGs , en su origen, cumplieron un importante
papel por lo menos para llevar una data más o menos fidedigna de las
violaciones de los DERECHOS HUMANOS, y otros, en una actitud más
militante y sacrificada, asumieron autenticas y desafiantes luchas por
restituir derechos difusos de comunidades y colectivos que les permitió
adquirir respeto y reconocimiento de propios y extraños como pasó con
PROVEA, RED DE APOYO, COFAVIC (en sus inicios) COMISION DE
DDHH de la UCAB, y otras organizaciones laicas y religiosas
desplegadas en todo el País. En la actualidad, siguen produciendo
informes y haciendo denuncias de hechos violatorios de los derechos
humanos por parte de agentes del estado, muchas de ellas fundadas
en hechos ciertos que están debidamente documentadas, pero bajo
una postura que pretende ser neutra o apolítica. En la actualidad,
algunas de ellas, agrupadas en una especie de bloque homogéneo que
denominan foro por la vida, se han convertido, consientes o no de ese
papel, en aceitadas piezas de resonancia política expresa y
deliberadamente confeccionadas como matrices de opinión en los
factores opositores al gobierno, a quienes no les importa como nunca
les importó que en nuestra nación se violaran los derechos humanos.
Esa realidad no pueden negarlas, y un ejemplo claro de esto fue
Provea quien casi nunca consiguió en el pasado, que sus informes
54
fuesen difundidos sino por el contrario, sufrieron como pasó con la
Fenaddeh, expresas censuras y ocultamiento por orden de los dueños
de los medios privados de comunicación de las denuncias y solicitudes
de justicia. porque en el pasado esos mismos medios ocultaron y
silenciaron en franca complicidad o por temor a esos gobiernos de
democracias formales, toda noticia, denuncia u opinión que versaré
sobre el tema de los derechos humanos, pero desde que Hugo Chávez
Frías se hizo presidente cambiaron su estrategia y convirtieron el tema
de las violaciones de los derechos humanos, es una punta de lanza
para desacreditar y desprestigiar al gobierno, acusarlos ante la
sociedad venezolana de ser un estado tirano, forajido y conculcador de
las libertades publicas, generando la matriz de que no hay estado de
derecho y que por tanto, es legitimo y lícito que la sociedad civil pueda
hacer uso de la fuerza y la violencia para derrocarlo y para perseguir a
sus seguidores y adherentes sin importar que para cumplir ese fin
tuvieren que recurrir al crimen como forma de justificar la salida del
presidente. fresco aún está el golpe de estado del 11 abril, diseñado,
puesto en escena y desarrollado fríamente como un golpe mediático
por los dueños de los medios privados, quienes autoproclamados como
salvadores de la patria, y bajo el chantaje del poder de esos medios,
devenidos en los lideres políticos de ese golpe, sustituyeron en forma
vergonzosa a los partidos políticos y sus dirigentes y le dieron la pauta
de que hacer para tumbar a Chávez y acabar con todo vestigio de esta
democracia popular, protagónica y participativa.
55
estimamos que organizaciones como Provea, Cofavic y otras
menos mediáticas sucumbieron ante la tentación y chantaje que los
medios de propaganda opositora exigen para tomarlos en cuenta,
difundirles cuanta denuncia se les ocurra, esté o no fundada en hechos
ciertos y comprobables, invitarlos a los espacios estelares de la radio y
TV, en las horas cuando más se escuchan sus programaciones
dirigidas por locutores y periodistas que tienen posiciones políticas
tomadas y adversas al gobierno, garantizándole presencia en los
medios y por tanto, imagen gratis que les convierten en especies de
pontífices de la verdad, con el derecho a decir lo que quieran, cuanto
quieran y como quieran; siempre y cuando el objetivo de esas críticas y
sus venenosas acusaciones se orienten a desacreditar el carácter
democrático de este proceso y a calificar de tirano a su presidente.
Pero además, para simular una pluralidad del pensamiento y libertad
de expresión en la que no creen ni han creído jamás, han incorporado
a sus parrillas informativas algunos comunicadores “independientes” o
inclinados a favor de Chávez para dar la sensación que esos medios
son imparciales y objetivos en el tratamiento de los hechos noticiosos
nacionales e internacionales.
esos dirigentes que pasaron de ser activistas de derechos
humanos a replicas de los activistas de la oposición, y que entraron en
la guerra mediática a jugar un rol claramente afín a la oposición
golpista, no le reconocen nada positivo al gobierno ni a los demás
órganos del poder publico, ni reconocen lo que se ha logrado no sólo
en materia de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y
56
culturales de la población mayoritariamente excluida de la sociedad,
sino en el cambio de las estructuras y superestructuras del estado
liberal burgués por un estado democrático y social de derecho y
justicia, empezando por refundar al país a través de una nueva carta
magna que ha sentado las bases y principios de lo que debe ser una
verdadera democracia, protagónica y participativa, pero que además se
ocupó de consagrar los mejor del derecho internacional publico en
materia de derechos humanos inspirado en el principio de la
progresividad para que los ciudadanos podamos ser tutelados en el
goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos, tal como se encuentra contemplado en el Art. 19
de la constitución bolivariana. Ya se sabe quien los financia y de dónde
sacan los dólares para viajar a Washington DC, a costa rica, a ginebra,
Madrid y otros escenarios internacionales, y a pesar de que le piden
cuentas al estado de su gestión no admiten que sus cuentas se auditen
y mucho menos se conozca quienes les promueven sus cómodas
posturas y recurrentes viajes al exterior.
Las ONGs no forman parte de la resistencia sindical, ni de las
luchas barriales, ni de las organizaciones campesinas clasistas, ni de
los sectores del pensamiento y la intelectualidad orgánica a un
proyecto nacional, popular y antiimperialista.
Por el contrario, concentran su actividad en proyectos
privados locales, promocionando el discurso de la empresa privada en
las comunidades locales a través del micro- emprendimiento. Las
57
ONGs construyen puentes ideológicos (imaginario) entre los
“capitalistas” de pequeña escala y las grandes corporaciones que son
beneficiadas con las medidas neoliberales. Recrean en los sectores
populares el paradigma algeriano (Horatio Alger) que dentro del
capitalismo y con él es posible el progreso y el ascenso social, en tanto
y en cuanto se trabaje muy duro.
El trabajo de las ONGs se encamina en la destrucción del
Estado y de su papel de servicio público, de generador de riquezas, de
factor estructurante de país y nación, de motor del desarrollo de un
modelo científico-técnico encaminado a resolver la problemática
nacional y de las grandes mayorías, de elemento coadyuvante al
desarrollo nacional y de regulador de la distribución equitativa de la
riqueza generada. Perpetúa el estigma generado desde los medios
corporativos de información de que el Estado limita la libertad individual
de los ciudadanos, coarta el espíritu emprendedor del individuo, es
ineficiente en su monstruosidad y su burocratismo. Por otro lado las
ONGs enarbolan su lucha en beneficio de una abstracción como lo es
la “sociedad civil”, concepto que esta preñado de una gran dosis de
pseudo-análisis sociológico anti-dialéctico y antihistórico.
La cuestión política de importancia es que las ONG:
Despolitizan o reorientan políticamente a ciertos sectores de la
población.
Socavan sus compromisos con la defensa del Estado nacional.
58
Captan lideres potenciales para proyectos de no incidencia
política antisistema.
Infiltran con su ideología posibilista a los movimientos populares.
Sus recursos económicos y financieros orientados a los
proyectos microempresariales debilitan el compromiso de clase
de los movimientos populares.
Crean una competitividad negativa dentro del movimiento
popular.
Veamos la estructura de dependencia de nuestros países y la
“incidencia” de las ONG
Modelo de dependencia de regímenes neoliberales periféricos:
El Presupuesto Nacional, engrosado por los trabajadores,
desocupados, campesinado pobre y pequeños comerciantes y
empresarios, los que conforman lo que llamamos pueblo; es
administrado por las burguesías dependientes de los regímenes
neoliberales.
Los compromisos de estas burguesías con los centros
financieros internacionales hacen que este presupuesto se
destine a la financiación de los sectores exportadores,
financieros, de grandes empresarios, al pago de la deuda, al
sector agroexportador, y se recorte el gasto público y de
servicios esenciales como la salud y la educación.
59
Modelo de dependencia de regímenes neoliberales periféricos
con intervención ideológica antiestatista de las ONG:
Con la intervención de las ONG y de sus proyectos diseñados y
aprobados en los países centrales se desvincula al Estado, aún
más, de sus compromisos con las mayorías populares. Las
funciones del Estado son asumidas en forma empresarial por las
ONG. La función social se transforma en función privada, ya que
los proyectos oenegeistas son “vendidos” por estas instituciones
a los países periféricos y de esa manera también se reafirma e
incrementa el estado de dependencia.
Las ONGs desvían la atención y las luchas de la gente del
presupuesto nacional hacia la sobre y auto-explotación para
obtener servicios sociales locales, librando al Estado de ese
compromiso y deber, para que concentre sus esfuerzos en la
transferencia de bienes y servicios a las transnacionales y los
grandes negocios.
Otra de las características ideológicas de las ONGs es la del
“voluntarismo privado”* que tiene por finalidad socavar el sentido
de lo público, la idea de que el Estado y el gobierno tiene la
obligación de velar por sus ciudadanos.
En contra de esta noción de responsabilidad pública las ONGs
fomentan la idea neoliberal de responsabilidad privada frente a
los problemas sociales.
Las ONGs desarrollan proyectos, pero nunca movimientos
participativos y protagónicos: - Movilizan a la gente, para
desmovilizar los movimientos reivindicativos de clase. Esto está
60
muy relacionado con la visión individual y fragmentaria que
tienen las ONGs, una visión que se ancla en los postulados
filosóficos del desarrollo histórico spenceriano de F. Hayek, en
donde la sociedad es la suma de individuos o agentes
individuales separados y con diferentes necesidades y deseos:
Asimilan el lenguaje de la izquierda, pero su accionar es
de la derecha.
Tienen una mascara “popular” y “progre” pero son una
herramienta de las transnacionales.
Logran confundir a ciertos sectores del campo popular,
nacional y antiimperialista.
El discurso de las ONGs es otro de sus elementos que lleva a
la confusión a algunos sectores populares. Ya hablamos de su “praxis
desde abajo” que se conjuga con un mimetismo trasvertí de su
lenguaje:
Poder popular
Sociedad civil
Libertad de expresión
Lucha por la libertad de la opción sexual
Igualdad de género
Desarrollo sustentable
Liderazgo de base
Este lenguaje tan progresista, enmascara una sumisión al y
una reafirmación del sistema capitalista cuando se emplea en un marco
de colaboración con patrocinantes y organismos gubernamentales que
61
subordinan la actividad práctica y política a los principios y valores del
libre mercado.
Las ONGs mediante su financiamiento externo compiten
directamente con los movimientos populares de clase por ganar
influencia entre las mujeres, la población pobre y la racialmente
excluida. Las ONGs crean rivalidades entre las organizaciones
populares socavando la solidaridad de clase. El efecto neto es una
proliferación de ONGs que fragmenta a las comunidades pobres en
agrupaciones sectoriales y sub-sectoriales, incapaces de ver un
panorama social más amplio y menos capaces aun de moverse en la
lucha contra el sistema. Es el desarrollo económico compatible con el
“libre mercado” el que se vuelve el punto dominante de los programas
de financiamiento de las ONGs y no la organización social para el
cambio social.
Dentro del análisis filosófico de la competitividad que asumen
muchas ONGs, éste está encuadrado en una concepción spenceriana
del “darwinismo social”, concepción que fue fundada por los padres del
pensamiento neoliberal más cercano como Federico Hayek, Milton
Friedman en el área económica y por Karl Popper y Francis Fukuyama,
en el área de la filosofía entre otros.
Ejemplo de lo anteriormente dicho son los siguientes comportamientos
de muchas ONG:
Posturas apolíticas, (apoliticismo enmascarado).
Enfoque puesto en la auto-ayuda.
62
Despolitización y desmovilización de la población pobre.
Reforzamiento de procesos electorales de partidos políticos
neoliberales (el llamado por muchos politólogos los neo-
autoritarismos…Alan García en Perú, Álvaro Uribe en Colombia,
Felipe Calderón en México, Michelle Bachelet en Chile, los
Kirchner en Argentina entre otros).
Evitar la educación política acerca de la naturaleza del
imperialismo.
Arrimar el tema de los “excluidos”, los “sin poder”, la “extrema
pobreza”, la “discriminación racial”, los “problemas de genero”,
desde un análisis de categoría intrínseca y excluyente y nunca
desde la categoría de clase.
Al incorporar a la población pobre en la economía neoliberal a
través del “voluntariado privado” y las “microempresas”, las ONG
crean un mundo político donde la apariencia de solidaridad y de
acción social encubre una conformidad conservadora con la
estructura del poder nacional e internacional.
Así que tenemos que el incremento de estas ondas se ha sustentado
en el siguiente esquema:
(Mas) ONGs……………………………………….… (Mas) neoliberalismo
(Mas) ONGs……………….………..…. (Menos) acción política de clase
(Mas) ONGs………….. (Mas) financiamiento a regímenes neoliberales
(Mas) ONGs………………... (Mas) neocolonialismo económico-cultural
En los procesos de colonización y neocolonización de
Nuestra América las ONGs no han sido los primeros instrumentos
63
imperiales que han trabajado desde y con los sectores conflictivos a
someter y “civilizar”. Podríamos hacer un parangón entre la avalancha
ideológica religiosa y sus organizaciones caritativas desde los siglos 15
al 20 y las ONG de hoy.
Caridad de las iglesias: siglos XV-XX……………….ONGs siglos XX y
XXI
Misioneros…………………………Promotores y técnicos ONG. Siglos
XV-XX
La realidad Venezolana de hoy es el resultado de que su
entretejido social y su imaginario colectivo han sido minados desde
hace mucho tiempo por paradigmas resolutorios que no tienen nada
que ver con romper las cadenas de la dependencia económica,
establecer el imperio de la justicia social y la soberanía política. En este
estancamiento ideológico social en la historia de nuestra republica
hay, actores protagónicos y de reparto, las ONGs son uno de estos
últimos.
64
65
1.5 La ONU.
La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dirigió sus
esfuerzos hacia la incorporación de los principios más fundamentales
de la Declaración en varios acuerdos internacionales. En 1955 la
Asamblea General autorizó dos pactos de Derechos Humanos: Uno
relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos
económicos, sociales y culturales. Ambos pactos entraron en vigor en
enero de 1966, tras una larga lucha para lograr que fueran ratificados.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es una
resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 1948 por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 artículos, es
promover y potenciar el respeto por los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos
personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del
hombre, los cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los
derechos y libertades de los demás, así como por los requisitos de
moralidad, orden público y bienestar general.
Dentro del tema penitenciario, el subtema de los "presos sin
condena" es el más alarmante, por cuanto se trata de presos que no
han sido formalmente condenados, pero que están cumpliendo,
materialmente, una condena aunque un gran número de ellos será
posteriormente declarado inocente (sobreseídos o absueltos).
66
El de los presos sin condena es el grupo de presos más
numeroso en muchos países del mundo, y esto es así en la mayoría de
los países de América Latina, como podremos ver en cuadros.
Los presos sin condena están teóricamente amparados por el
Principio de Culpabilidad (nulla poena sine culpa), que significa que la
pena sólo puede fundarse en la constatación de que puede
reprocharse el hecho a su autor, por la garantía procesal del Principio
de Inocencia, que significa que el estado de inocencia perdura mientras
no se declare la culpabilidad. Estas y otras garantías básicas del
Derecho Penal están consagradas en instrumentos internacionales,
entre los cuales cabe mencionar en nuestra región la Convención
Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8: "Toda persona
inculpada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8, Inc.2, primer párrafo.
Y están consagradas en todas las constituciones nacionales sin
excepción, cuando establecen, todas con una redacción muy similar,
que "nadie podrá ser condenado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho de la causa, ni sacado de sus jueces naturales...".
Sin embargo, no obstante todas estas garantías establecidas en
los derechos nacionales e internacional, para los presos con condena
se han invertido las etapas del proceso: durante la etapa de instrucción
-en la que debe prevalecer el principio de inocencia- son privados de
libertad y materialmente condenados, y en la etapa del juicio (si es que
67
éste se realiza), son puestos en libertad porque los jueces deben dar
por cumplida la condena con el tiempo transcurrido en prisión, o porque
les otorgan la libertad condicional también por el tiempo transcurrido, o
porque se les sobresee o absuelve.
Doctrinariamente, se ha fundamentado que la prisión preventiva,
cautelar o provisoria, no es una pena o una condena, sino una medida
cautelar. Sin embargo, es evidente que, en lo material, es una pena, en
el sentido de restricción de derechos y de infligir un dolor o castigo, y
es por ello que las legislaciones establecen, en forma generalizada,
que el tiempo transcurrido en prisión preventiva se computa como parte
de la condena. Veamos muy rápidamente, en un primer cuadro, el
panorama de los presos con condena en los países de América Latina.
Al nivel de las Naciones Unidas, en los órganos que
especialmente se ocupan de la criminalidad y la justicia penal, los
presos sin condena han sido siempre una preocupación permanente.
Ya en 1957, cuando la Asamblea General adoptó las "Reglas Mínimas
para el tratamiento de los reclusos", (Las reglas fueron adoptadas
originalmente en 1955 en Ginebra por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, luego por el Consejo Económico y Social ECOSOC en su
resolución 663 DEL 31 de julio de 1957., este importante instrumento
internacional -que mantiene notable vigencia- dedicó un capítulo
especial a establecer las especiales consideraciones que corresponden
a este tipo de presos (Sección D, Arts. 84-93). Y posteriormente, en
numerosos otros instrumentos, se regresa reiteradamente sobre el
68
tema, para alertar a los gobiernos y a los poderes judiciales de todo el
mundo que el uso de la prisión preventiva debe ser, realmente,
excepcional.
El tema ha venido tratándose sin interrupciones en todos los
congresos quinquenales de Naciones Unidas sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente, el último de ellos realizado en abril
de 1995, en El Cairo.
Esta es un parte de la función social y política de las oficinas de
la ONU encargadas de velar por los derechos humanos en los centros
penitenciarios de los países del mundo, en especial por los de America
latina, pero a medida que hemos ido avanzando en nuestra
investigación hemos encontrado como el termino “política social” con
que se definen los países, sean países emergentes, países socialistas,
países comunistas, países de desarrollo social, determina la
calificación de represores o favorecedores y respetuosos de los
derechos humanos, Venezuela no escapa de esta calificación y es
considerado en el seno de las Naciones Unidas como un países
irrespetuoso de los Derechos Humanos en las cárceles, y esto no es
nada nuevo conociendo como la injerencia del gobierno
norteamericano, ha ido paulatinamente minando las estructura de las
entidades de la ONU en el tema de los Derechos Humanos, a tal punto
que Venezuela se ha convertido en unos de los países del mundo con
mas denuncias en supuestamente por violar los Derechos Humanos,
las ONGs son la punta de lanza de esta arremetida contra el estado de
derecho de Venezuela, no importa si se trata de una denuncia seria o
69
no, lo importante es desprestigiar al gobierno y crear un clima de
inestabilidad política para de esta manera lograr descalificaciones por
parte del los países que se hayan bajo la influencia política
norteamericana.
A pesar de que a nivel latinoamericano Venezuela no ocupa
lugares de privilegio en el ámbito de violaciones de Derecho Humanos
en la cárceles, es la mas denunciada por las ONGs, y cuanta persona
a se le ocurra, es así como a pesar de que Chile, salvador y Panamá
son los tres países de América Latina con más presos por cada
100,000 habitantes, según un informe presentado por el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Siendo Con 318 presos por cada 100.000 habitantes, Chile el
país latinoamericano con una tasa más alta de encarcelados, seguido
por Panamá con 275, según el documento, difundido en la capital
panameña por el director del ILANUD, Elías Carranza.
Según este documento, El Salvador, Uruguay y Brasil se encuentran
también entre los cinco primeros puestos, con 258, 231 y 226 presos
por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
El hacinamiento en las cárceles panameñas es del 157 por
ciento, lo que supera el índice crítico del 120 por ciento, un
inconveniente para conseguir la "resocialización", el objetivo principal
de las condenas, aseguró el Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo
Julio Vargas.
70
Solamente el Perú que aparece en los primero 8 lugares tiene
casi cinco veces más presos que Venezuela. En los últimos años se
evidencia en América Latina un crecimiento inmanejable de la
población carcelaria debido a la tendencia a resolver cualquier delito
por medio de la prisión preventiva, el lento procedimiento penal y la
resistencia a aplicar sanciones alternativas, incluso en aquellos pocos
países donde existen. Por otra parte, los procedimientos anacrónicos
(equivocados), la corrupción y la ineficiencia juegan un papel
fundamental. Por ejemplo, entre 1981 y 1996, la tasa carcelaria de
Costa Rica se incrementó en un 23%; Chile, 36%; Ecuador, 25%; El
Salvador, 83%; México, 32%; Panamá, 134%; República Dominicana,
76%; y Uruguay, 145%, Colombia entre 1991 y 1997 se incrementó en
un 38%, Mientras que en Venezuela en el 2006 la Población reclusa
era de 19.257 de los cuales 10.651 estaban Procesados o sea 55,3 %
y 8.606 Penados que es el 44,7.
De esta manera, el número de detenidos esperando juicio es la
norma en América Latina, y la expresión presos sin condena se ha
convertido en el símbolo de nuestros sistemas penales. La prisión
preventiva es la regla, y la prisión como condena la excepción. Por lo
tanto, "adquiere funciones retributivas y represivas de ejecución
anticipada de la pena" Esta situación dice mucho sobre la naturaleza
específica del castigo en América Latina.
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
71
Adoptados y proclamados por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990
1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen
su dignidad y valor inherentes de seres humanos.
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u otros
factores.
3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las
creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a que
pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las
condiciones en el lugar.
4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus
obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la
protección de la sociedad contra el delito de conformidad con
los demás objetivos sociales del Estado y con su
responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el
desarrollo de todos los miembros de la sociedad.
5. Con excepción de las limitaciones que sean
evidentemente necesarias por el hecho del
encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los
derechos humanos y las libertades fundamentales
consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos5 y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en
72
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales33 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo33, así como de los demás
derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones
Unidas.
6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en
actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar
plenamente la personalidad humana.
7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda
de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su
abolición o restricción.
8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar
actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su
reinserción en el mercado laboral del país y les permitan
contribuir al sustento económico de su familia y al suyo
propio.
9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que
disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.
10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de
instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses
de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la
reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores
condiciones posibles.
73
11. Los principios que anteceden serán aplicados en forma
imparcial.
1.6 OEA
En el marco continental, Venezuela ha suscrito y ratificado la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también
denominada Pacto de San José, que incorpora, en líneas generales, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por mandato constitucional, todos los tratados internacionales
suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la
Asamblea Nacional tienen el carácter de ley.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
señalado que la Convención Americana tiene un fin que es la
protección internacional de los derechos esenciales del hombre;
además, para la obtención de ese fin, organiza un sistema que
representa los límites y condiciones dentro de los cuales los Estados
Partes han consentido en responsabilizarse internacionalmente de las
violaciones de que se les acuse Acorde a este fin, la Convención
incluye los derechos que consagran la debida protección y tratamiento
para las personas sometidas a cualquier forma de detención y
privación, establecidos en Carta Internacional de Derechos Humanos.
Estos son: el derecho a la vida (artículo 4); el derecho la integridad
74
personal (artículo 5); la prohibición de la esclavitud y la servidumbre
(artículo 6); el derecho a la libertad personal (artículo 7); a las garantías
judiciales (artículo 8); libertad de conciencia religión (artículo 12);
libertad de pensamiento y expresión (artículo 13); protección a la
familia artículo 17); derecho del niño (artículo 19); derechos políticos
(artículo 23); igualdad ante la ley artículo 24); y protección judicial
(artículo 25). También incluye, a través de su artículo 26, todos os
derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de
la Organización de Estados Americanos.
La Comisión Inter America de los Derechos Humanos (CIDH) e
insiste en que el Estado Venezolano debe implementar políticas
públicas integrales con relación a las personas privadas de libertad, lo
cual, entre otras cosas, implica destinar recursos suficientes a la
gestión penitenciaria.
Los documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano son:
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
convención americana sobre derechos humanos, signatarios y
estado actual de las ratificaciones
convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, signatarios y estado actual de las ratificaciones
protocolo adicional a la convención americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales “protocolo de san salvador". signatarios y estado actual de las ratificaciones
75
protocolo a la convención americana sobre derechos humanos
relativos a la abolición de la pena de muerte. signatarios y estado actual de las ratificaciones
convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, “convención de Belem do pará”. signatarios y estado actual de las ratificaciones.
convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. signatarios y estado actual de las ratificaciones
carta de la organización de los estados americanos, signatarios y
estado actual de las ratificaciones
carta democrática interamericana
Declaración de principios sobre libertad de expresión
principios y buenas prácticas sobre la protección de las personasprivadas de libertad en las Américas
estatuto de la comisión interamericana de derechos humanos
reglamento de la comisión interamericana de derechos humanos
reglamento de la comisión interamericana de derechos humanos
sobre el fondo de asistencia legal del sistema interamericano de
derechos humanos
estatuto de la corte interamericana de derechos humanos
reglamento de la corte interamericana de derechos humanos
formulario para presentar peticiones sobre violaciones a los
derechos humanos
76
Una de las organizaciones abanderas ante la OEA para
denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela es
Human Rights Watch, esta organización Actualmente, HRW juega
fuerte a partir de sus extensas entrevistas a una muestra
representativa de la sociedad civil y política, del gobierno y de los
grupos de oposición venezolanos, así como con sus consultas de la
documentación más accesible. Sin embargo, el informe sobre
Venezuela no refleja nada de eso. No hay una presentación cuidadosa
ni honesta en la elaboración y justificación de las acciones del
gobierno, ni críticas académicas de las acciones antidemocráticas de
los medios de masas contra Chávez; ni discusión de los numerosos
relatos de periodistas que revelan la intervención sistemática
estadounidense. El informe simplemente recoge y reproduce sin
sentido crítico alguno las quejas, argumentos y acusaciones de los
principales publicistas de la oposición mientras descarta totalmente
cualquier documentada demanda en sentido contrario. En otras
palabras, José Miguel Vivanco su director para Latinoamérica y
compañía actúan como abogados de la oposición más que como
investigadores objetivos que buscan realizar una evaluación
equilibrada y convincente de la situación de la democracia en
Venezuela.
Esta es una de las organizaciones que más fuertemente ha
atacado a Venezuela ante la OEA, por la violación de los derechos
humanos del sistema carcelario, e incluso ha llegado a pedir la
intervención de los Estados Americanos, es pues muy delicado el
77
hecho de que estas organizaciones se tomen la bandera del monitoreo
de los derechos humanos en nuestro país cuando no tienen la mas
mina moral, que los acredite como gente idónea para cumplir con esta
delicada tarea, sin embargo todas estas ONGs están desainadas
jurídicamente a nivel del derecho internacional, y se erigen como
adalides del culto a los derechos humanos, lamentablemente los
defectos del sistema penitenciario venezolano atrajeron la atención
internacional a través de las delegaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo,
Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las cuales han visitado
a Venezuela y le han “sugerido” al gobierno a que instituyeran reformas
que permitan el avance en el mejoramiento del sistema carcelario. No
obstante, las reformas que han pasado desde la entrada en vigencia
Código Orgánico Procesal Penal venezolano, aun no se ha asimilado el
cambio de paradigma que significo dejar atrás un sistema penal
inquisitivo que premiaba, a través, de la sanción o castigo con
represión y flagrantes violaciones a los derechos de las personas que
se encontraban a la espera de una sentencia definitivamente firme, y
en todo caso este fenómeno comenzaba desde la detención
preventiva, que en la mayoría de los casos se hacia trasgrediendo los
derechos y garantías que la constitución y los pactos internacionales
en materia de derechos humanos suscrito por Venezuela ampara.
Es lamentablemente A este panorama han contribuido
numerosos factores: el retraso judicial (muchos de los presos han
superado en prisión el tiempo fijado por la ley), a lo que se suma la
78
mezcla de los presos ya condenados con los preventivos (alrededor de
un 50% de los personas presas), la corrupción, la burocracia (la
DGCRR no tiene el control sobre buena parte del sistema penitenciario,
repartido entre varios organismos) y, sobre todo, el desinterés general
ante lo que es considerado lo peor del cuerpo social.
Aislamiento reforzado por una cobertura mediática
sensacionalista, centrada en los hechos negativos, como forma de
atacar al Gobierno. En 2004, el presidente Chávez declaró la
emergencia penitenciaria, y se inició entonces el diseño de una
profunda reforma. Tras varios cambios ministeriales, y con el
asesoramiento cubano y español, un ambicioso Plan de Reforma veía
la luz en abril de 2007. Su aplicación se ha iniciado muy discretamente.
Aunque la OEA es cómplice de los anteriores gobiernos en la
administración de las cárceles venezolanas, no reconoce (debido a que
le interesa darle un matiz político) que la situación actual del sistema
penitenciario en Venezuela es herencia de un sistema capitalista que
ha permitido la vulneración sistemática de los derechos humanos y el
llegar al nivel de degradación, no obstante el esfuerzo y la atención de
la revolución, en el que se encuentra hoy. Tradicionalmente, la IV
República vio el sistema penitenciario como un depósito de los que
consideraba que atentaban contra sus intereses, privilegios y medios
de producción.
79
80
81
2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA
PENITENCIARIO EN VENEZUELA.
2.1 Fortalezas
Cuando se trata de hablar de las fortalezas del sistema
penitenciario, la pregunta que cabe es: ¿realmente tiene alguna
fortaleza el sistema penitenciario?, la respuesta es si, creemos que hay
fortalezas en el sistema penitenciario, se encuentran en el aspecto
legislativo, en las Leyes, Códigos, estatutos, que basados en el
cimiento constitucional se han venido creando con el fin de tratar de
lograr el mejoramiento de esta entuerto tan descomunal como lo es el
sistema carcelario, nuestra Constitución nacional, se ha erigido como la
garante del mejoramiento del sistema carcelario sentando las bases
para le establecimiento de:
1) EL Código Orgánico procesal Penal.
Para que pueda constituirse un verdadero proceso es necesario
la existencia de dos partes en posiciones contrapuestas: el
acusador y el acusado. En el sistema propuesto en el Proyecto
de Código Orgánico Procesal Penal se hace recepción de este
principio, el juez actúa como un tercero imparcial que se
constituye en una instancia superadora del conflicto entre
acusador y acusado; no obstante, este funcionario está facultado
para incorporar hechos al proceso mediante el interrogatorio de
expertos (Art. 355), testigos (Art. 357) y la orden de recibir
82
nuevas pruebas (Art. 360), sin que por ello se comprometa su
imparcialidad.
2) Ley Orgánica Del Régimen Penitenciario
“Conjunto de principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión”.
3) Consejo Penitenciario Nacional
Fija líneas comunes de trabajo y acción, para evitar la dispersión
y que cada Gobierno regional actúe coherentemente con los
demás.
4) Reglamento de Internados Judiciales.
La vigilancia interna de los establecimientos penitenciarios según
la legislación internacional y nuestra legislación esta
encomendada al personal civil, en ocasiones muy especiales es
que podrá ser asumida por los cuerpos militares.
5) Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio.
En la cual a los reclusos que han trabajado o estudiado dentro
del penal por cada dos días de estudio o trabajo que hayan
cumplido pueden obtener la disminución de un día de pena.
6) La creación de los Jueces de Ejecución de Pena.
Ha contribuido a eliminar el alto grado de hacinamiento que
tenemos en nuestras cárceles y a pesar de los graves
cuestionamientos de la opinión publica en este sentido, la grave
situación penitenciaria tiende a mejorar.
7) Instituto Nacional de Prisiones.
Órgano rector de la nueva política penitenciaria del país
83
8) centro de tratamiento post penitenciaria para brindar atención a
los reclusos liberados.
9) Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
10) La descentralización del sistema penitenciario hacia las
Gobernaciones de estado o los Municipios.
11) Instituto Autónomo para asuntos penitenciarios
12) Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios
Como podemos ver, las fortalezas del sistema penitenciario
venezolano están cimentadas en el aspecto jurídico legal, se
cuenta con leyes y códigos que prevalecen en el sistema
carcelario, llenos de elementos respetuosos de los derechos
humanos y con las garantías al ciudadano para hacer cumplir
con los derechos que este tiene, como es el acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses.
12) Ley de la Policía Nacional.
Lo que trae consigo la creación de una división especial
especializada en materia penitencial. Lo que implica la
incorporación de nuevos profesionales con una formación
integral.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como
instrumento legislativo rector del País, pauta las formas de
funcionamiento del Sistema Penitenciario, haciendo referencia a
modalidades, actividades de tratamiento, respeto a los Derechos
Humanos, formas de administración, Todo esto indica que en el País
84
existe un cúmulo de leyes vigentes, acordes con la legislación
internacional, que prescriben la obligación de implementar actividades
de tratamiento a la población reclusa; pero la situación se presenta con
profundas limitaciones en los aspectos operativos, más que en los
legales.
2.2 Debilidades
Refiriéndonos a las debilidades del sistema penitenciario,
podemos decir que son muchas las aristas que tiene, debido a que se
conjugan problemas estructurales como coyunturales.
Hacinamiento, problemas graves de infraestructura e ineficiencia en
los tribunales para agilizar los procesos de justicia, La razón de ser del
Sistema Penitenciario debería responder, en principio, a la aplicación o
ejecución de un programa enmarcado en una política criminal seria,
objetiva y moderna, que facilite al Estado la aplicación de medidas de
tipo preventivo y penal destinadas a llevar la criminalidad a límites
tolerables.
Una de las fallas mas grave en el sistema penitenciario es el
hecho de que a estas alturas del siglo XXI, no se haga una distinción
entre las personas privadas de libertad, todas son calificadas como
iguales, sin tomar en cuenta los delitos, la reincidencia, la peligrosidad
del sujeto, el sistema judicial no toma en cuenta estas premisas, y
debido a la corrupción galopante en los juzgados personas que no
revisten ningún peligro social son enviadas a cárceles altamente
peligrosas por el tipo de reclusos que tiene.”No existe ningún tipo de
85
política penitenciaria dirigida a la rehabilitación del interno, tampoco
clasificación alguna que logre diferenciar los establecimientos penales,
según la condena o el procedimiento que llevan adelante los tribunales,
por lo tanto nos enfrentamos a custodiar establecimientos donde se
recluye a todo tipo de delincuentes, sin ninguna clasificación”.
La clasificación de las Penas Corporales Según la Legislación
Venezolana: 1. Presidio 2. Prisión 3. Arresto 4. Relegación a una
Colonia Penitenciaria. 5. Confinamiento 6. Expulsión del Territorio
Nacional. No se cumple.
El sistema penitenciario confronta la carencia de servicios
básicos indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo cual
contribuye a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones
penitenciarias en Venezuela. A esto se suma el escaso número de
funcionarios penitenciarios, con escasa o ninguna formación en el área.
Todas estas características, ponen en tela de juicio la función de
"rehabilitación y reinserción social" que en teoría deberían lograr estas
instituciones, receptoras de la población delictiva del país y que
resultan ser el reflejo agravado de los males que afectan a nuestra
sociedad, encontrándose que la permanencia en estos centros de
reclusión, lejos de rehabilitar, propicia vicios y mayores problemas a un
sistema penitenciario ya desgastado y obsoleto.
Una debilidad ENORME DEL GOBIERNO es el hermetismo de
las fuentes y el sesgo que caracteriza la poca información oficial que se
86
obtiene, en buena parte por la poca receptividad de los medios
opositores que se niegan a transmitir los logros positivos, pero sin
embargo esto no es óbice para no utilizar otros medios de información
como la redes sociales, Internet, la radio etc. Esto hace que no se
pueda detallar las acciones del ejecutivo en materia de derechos
humanos penitenciarios; lo más que se puede lograr es conocer las
políticas diseñadas. Según las Memoria Ministerio del Poder Popular
para el Interior y Justicia, la política penitenciaria estuvo ceñida a los
mandatos contenidos en el artículo 272 de la CRBV y tuvo como marco
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y
el Primer Plan Socialista 2007 – 2013. Una gran falla es que en
ninguno de estos dos planes hay referencia alguna a lo penitenciario.
Fallas estructurales como La política penitenciaria de los últimos
10 años, con algunas peculiaridades, que no se diferencia
sustancialmente de las políticas elaboradas en los 40 años anteriores,
ya que todas fueron concebidas para lograr la reinserción social del
recluso, siendo las estrategias para ello siempre las mismas:
mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y del personal;
reducción del hacinamiento penitenciario e; implementación de
programas educativos y laborales.
En las Memoria y Cuenta las políticas aparecen confundidas con
varios planes y proyectos que empiezan en el año 1999 con el Plan
Estratégico de Gestión Penitenciaria 1999 – 2000 que pretendía, a
corto plazo, masificar la participación de los reclusos en actividades
87
productivas, deportivas, culturales y educativas, fortaleciendo
debilidades detectadas en los programas de atención, proyectando
obtener cooperación Inter e intrainstitucional. En el año 2000, se
conoce el Plan Justicia 2000 entre cuyas metas se destacaba la
clasificación de reclusos, la agilización en el otorgamiento de los
denominados beneficios penitenciarios y la remodelación de los
establecimientos y el Plan Nacional de Seguridad, que pretendía
remodelar y equipar nueve establecimientos, transferir a los gobiernos
municipales la administración de las cárceles y crear el Instituto
Autónomo Penitenciario.
En el año 2001, se encuentra mencionada como política la
privatización de los establecimientos penitenciarios, desprendiéndose
de ella un detallado plan para iniciar la concesión de cárceles a
empresas aprobadas. En aquel año, se formula la Política Penitenciaria
2001 – 2003 donde se establecen los lineamientos generales para la
modernización del sistema penitenciario, en el marco del convenio
suscrito por el Ministerio del Interior y Justicia y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la cual se desprenden una
serie de ambiciosos proyectos y programas de capacitación del
personal penitenciario y de la población reclusa. En el año 2002, la
política del Despacho estuvo dirigida a “contribuir a la humanización y
modernización de los centros penitenciarios como instrumentos de
educación para la libertad”, a través de las consabidas obras de
infraestructura, la formación de los reclusos en cooperativismo, y la
aplicación de un “nuevo” régimen penitenciario basado en buena
88
alimentación, servicios médicos, instalaciones y vigilancia adecuada,
programas de trabajo, en fin, lo de siempre.
Obsérvese que en cumplimiento del mandato del artículo 272 de
la CRBV, en los años 2000, 2001 y 2002 el Ministerio elabora un plan
y acomete acciones puntuales para descentralizar la administración de
los establecimientos penitenciarios hacia las entidades federales y
municipales, pero después del año 2002 se abandona el tema, lo cual
luce lógico, vista la tendencia centralizadora que se fue imponiendo en
el país en los últimos años. Finalizando el año 2004, el Ejecutivo
Nacional decreta una Emergencia Carcelaria, creando una comisión
presidencial para atenderla. Dicha comisión evaluaría la situación de
los centros de reclusión y en consecuencia propondría directrices,
planes y estrategias dirigidas a solucionar los problemas detectados,
para garantizar los derechos humanos de la población reclusa,
específicamente su derecho a la celeridad procesal.
De todo lo expuesto se desprende que en los últimos años no
faltaron políticas, proyectos y planes bien intencionados, abundando
también los estudios y diagnósticos. Sin duda, las políticas-en términos
de su diseño- fueron acertadas, los desaciertos, las debilidades,
estuvieron en la gestión. Pareciera que las políticas no trascendieron
del despacho de los ministros, pues no redundaron en la mejoría de las
condiciones de vida de los reclusos ni en la garantía de sus derechos
humanos. En efecto, escasos son los logros que el MIJ/MPPIJ puede
presentar en materia penitenciaria. En el área de la educación formal,
89
si bien en los primeros años de la década de 2000 se verificó un
aumento progresivo del número de inscritos, llegando a cubrir el 68%
de la población carcelaria, a partir de 2005 desciende para llegar a un
16% en 2008. Aún cuando el aumento de la cobertura se le atribuyó
a la introducción de las misiones educativas en las cárceles, la referida
investigación revela que dicho incremento ya se venía verificando
antes de que las misiones se establecieran y que éstas habrían restado
fuerza y adeptos a las actividades educativas que tradicionalmente se
realizaban.
En el aspecto cultural el logro más importante fue la creación de
la Orquesta Sinfónica Penitenciaria en 2004, aún con escasa adhesión
por parte de los internos. Respecto a las edificaciones, el logro esencial
fue la construcción e inauguración, en 2008, del Centro Penitenciario
de Coro donde se experimenta un nuevo modelo de gestión, que
también se ensaya en el penal de Tocuyito. Sin duda, el mayor de los
desaciertos fue haber abandonado los esfuerzos para descentralizar el
sistema, pues con ello se ha perdido una de las pocas alternativas que
aún quedan para revertir la grave situación penitenciaria del país. La
descentralización del sistema tiene múltiples ventajas: favorecería la
prestación de servicios más eficientes y un mayor control administrativo
de los establecimientos; permitiría el diseño de estrategias propias para
cada penal, de acuerdo con las características de su población
reclusa, de su personal y de la idiosincrasia colectiva, es decir, se
darían respuestas más precisas ante las especificidades locales;
multiplicaría la capacidad técnica en torno al tema; propiciaría una
90
mayor participación de la comunidad en la solución de los problemas,
todo ello sin hablar del impacto positivo que tendría en el trabajo del
Juez de Ejecución. Del modelo centralizado de la gestión penitenciaria
no se puede esperar otra cosa que los consabidos y perennes males
que la aquejan: ineficiencia, corrupción y clientelismo. El fracaso de los
planes establecidos por el MIJ, se debe, entre otros factores a la alta
rotación de los ministros y de los funcionarios encargados de la materia
penitenciaria, lo cual genera problemas de gobernabilidad en las
prisiones y supone dificultades para garantizar la continuidad de
políticas y planes. En efecto, entre 1999 y 2009 han transitado en el
Despacho del Interior y Justicia diez ministros, cuyo cambio acarrea
mudanzas en todo el tren ministerial. Asimismo, conspiraría contra el
éxito de las políticas y planes la falta de especialización de los altos
funcionarios del Ministerio, en cuanto a materia penitenciaria se refiere.
Respecto a la actuación del Poder Judicial, además de la pobre
actuación de los jueces de ejecución y su escaso compromiso con la
salvaguarda de los derechos humanos de los reclusos vale mencionar
aquí, otra vez, el acentuado retardo procesal que ha generado una
gran cantidad de casos de procesados con mas de 2 años privados de
libertad, sin que se haya dictado sentencia condenatoria
definitivamente firme.
La actuación Poder Legislativo ha sido igualmente desafortunada, con
las sucesivas reformas del COPP, acaecidas en los años 2001, 2006 y
2009, que produjeron significativos cambios en la fase de ejecución de
penas dificultando enormemente el régimen de concesión de libertades
91
hasta entonces previsto en la legislación venezolana. se ha observado
inercia e inoperancia. Sin duda, en el ámbito del Poder Judicial, el
juez de ejecución tiene la competencia para salvaguardar los derechos
humanos de los condenados, pero en los 10 años de vigencia del
COPP no se ha observado un decidido impulso en ese sentido.. Por su
parte el Ministerio Público, a través de los fiscales de ejecución de
sentencias, también tiene como atribución el deber de “velar por el
correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos
humanos de las cárceles y demás establecimientos de reclusión” (Ley
Orgánica del Ministerio Público, arts. 11 y 44). Sin embargo, no se
tiene información sistemática sobre la actuación de estos funcionarios
ni de los defensores públicos, cuyo mandato y actividad no cesa con la
sentencia condenatoria, sino que se extiende a la fase de ejecución, de
la cual es importante actor, pues además de ejercer la apelación en
caso de disconformidad con las decisiones judiciales que se produzcan
en contra de su defendido en esa fase procesal, deben poner en
conocimiento del juez de ejecución las violaciones de los derechos y
garantías de su defendido y asimismo, recurrir al Amparo
Constitucional, en el caso de que la vía ordinaria no sea eficiente para
restituir los derechos y garantías constitucionales violadas.
Finalmente, cabe señalar que el artículo 118 del COPP legitima,
igualmente, a cualquier persona natural o asociación de derechos
humanos para presentar querella contra funcionarios o empleados
públicos que hayan violado derechos en ejercicio de sus funciones.
Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de construir una
92
agenda alternativa para la exigibilidad de los derechos humanos de la
población penitenciaria. La actuación de las asociaciones de derechos
humanos ha sido hasta ahora valiente y ejemplar, pero puede mejorar
mediante una actuación planificada.
El análisis de los presupuestos que tradicionalmente han sido
destinados para el funcionamiento de las prisiones y para la atención
de los reclusos, revela que estos nunca fueron una prioridad para el
Estado. Durante los últimos 50 años. el porcentaje del presupuesto
asignado a Prisiones, comparado con las demás Direcciones del
Ministerio de Justicia, es irrisorio. En los años 90, cuando mayor
presupuesto se le asignó a las prisiones, éste no pasó del 25% del
presupuesto total del Ministerio. En los otros años osciló alrededor del
16%. Si comparamos el presupuesto destinado a prisiones con el PIB,
este es absolutamente marginal, no superando jamás el 0.06%.
La deficiencia, inconsistencia, insuficiencia y descoordinación
de las políticas penitenciarias. La falta de visión sistémica Durante los
últimos 50 años todas las políticas ministeriales tuvieron el mismo fin
declarativo: lograr la rehabilitación y reinserción social del recluso, así
como humanizar las cárceles. Para ello se refirieron, de forma
recurrente, a la construcción y reparación de los establecimientos
penales, al incremento y capacitación del personal penitenciario; a
reformas legales y a las estrategias del “tratamiento” resocializador.
Ciertamente, las políticas han derivado en innumerables planes, pero
considerando la situación penitenciaria por todos conocida, es dado
93
suponer que las políticas no pasaron de ser cartas de buenas
intenciones y que los planes no transcendieron del papel,
permaneciendo dentro de las fronteras de la sede del Ministerio de
Justicia. Las políticas y planes siempre carecieron de visión sistémica,
tanto a lo interno como a lo externo. En efecto, a lo interno no
consideraron la absoluta interdependencia de los tres elementos que
integran el sistema penitenciario -edificaciones, personal y población
reclusa- y a lo externo no lograron la inclusión de todos los sub-
sistemas que componen el Sistema de Administración de Justicia -el
policial y el judicial- así como de las demás instituciones que se
relacionan con lo-el policial y el judicial- así como de las demás
instituciones que se relacionan con lo penitenciario (Fiscalía,
Defensoría, el Poder Legislativo, las organizaciones de Derechos
Humanos, etc.) cuya actuación puede impactar positiva o
negativamente el sistema, y que muchas veces condicionan su
funcionamiento.
El retardo procesal, causa fundamental del hacinamiento que, a
su vez, genera la mayoría de los problemas que aquejan el sistema
penitenciario, es atribuible a los jueces, de modo que su fracaso se
distribuye entre varios entes estatales diferentes al Ministerio de
Justicia, sobre los cuales este Ministerio no tiene ninguna autoridad y
control.
Con los acontecimientos negativos acaecidos en estos últimos
días esperamos que el gobierno logre adecuar las políticas necesarias
para el mejoramiento de una vez por todas del sistema penitenciario.
94
3. Análisis De La Creación Del Ministerio De Centros Penitenciarios
Vemos como un paso positivo la creación del Ministerio de
Centros Penitenciarios, creemos que es alentador saber la forma como
el gobierno nacional ha tomado el toro por los cachos, sin embargo
este aliciente no es suficiente, para impactar en el sistema
penitenciario de forma determinante. Concientes de esta realidad se
hace prioritario un proyecto de humanización del sistema penitenciario;
el nombramiento de la diputada Iris Valera como Ministra de los
Centros Penitenciarios, abre una puerta a la esperanza y el buen juicio,
para que los gravísimos problemas del sistema carcelario empiecen ha
mejorarse; dando por sentado como el Estado Venezolano es
respetuoso de los Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional
en especial la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
aunque internamente somos concientes que La creación de este
Ministerio puede convertirse en instrumento de luchas políticas, con
muchas ONGs, con los partidos de oposición que dominan puertas
adentro algunos grupos sociales de privados de libertad.
Debido a que son tantos los problemas que trae sobre sus
hombros, la política carcelaria, que nos atacan las dudas de si
realmente la nueva Ministra pude afrontar con éxito esta durísima
tarea, el trabajo es arduo, complicado, por lo que se necesita el
concurso de todos los factores sociales, políticos, judiciales, para poder
limpiar un sistema que desde décadas ha sido la mas clara imagen de
un sistema devaluado y corrupto y por consiguiente deshumanizado,
donde los mas golpeados son los que menos pueden opinar.
95
Esperamos que el gobierno bolivariano, a través de este
Ministerio pueda diseñar una política publica en materia, penitenciaria
que busque dar al trate con la realidad que estamos viviendo,
adoptando medidas legislativas (apoyadas por la Asamblea Nacional)
que rompan de un vez por todas con los esquemas tradicionales en
esta materia. Como decíamos anteriormente las leyes están creadas,
al igual que los códigos, lo que hay que hacer es aplicarlos.
La pelea con las ONGs será dura, debido a que estas no
renunciaran tan fácilmente a sus cuotas de poder político en estos
centros carcelarios, de tal manera creemos que la actual ministra a la
cabeza del Ministerio de Centros Penitenciarios deberá tomar en
cuenta una serie de acciones que coadyuven al mejoramiento del
destartalado sistema carcelario como son:
Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional.
Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo
democrático de participación popular.
Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado.
Activar una estrategia integral contra la corrupción.
Por lo tanto, como exigencia metodológica para la transformación
del actual sistema penitenciario y la concepción de uno nuevo, es
necesario realizar un análisis exhaustivo de la problemática actual, de
la situación en 30 establecimientos penitenciarios, que permita definir
los principales problemas y sus causas, los cuales, aún se mantienen
vigentes al momento de elaboración de este trabajo.
96
Garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los
internos, residentes y probacionarios.
Procurar realmente y eficazmente la rehabilitación y reinserción
social.
Impulsar el desarrollo de una administración que cuente con
personal que se rija por principios y valores éticos.
Procurar un proceso judicial expedito y oportuno, como lo esta
pretendiendo actualmente la Ministra.
Proveer acompañamiento post-penitenciario, que la reinserción del
liberado de su pena a la sociedad no esta acompañada de
discriminación.
A partir de los retos fundamentales que se plantean para superar
el nivel de postración del actual Sistema Penitenciario, creemos la
Ministra Iris Varela precisa 3 ejes estratégicos como guías
fundamentales para la transformación efectiva del sistema, que son
coherentes con el espíritu del artículo 272 de la Constitución.
Los 3 ejes estratégicos definidos que guiarán la acción de las
instituciones comprometidas con la realidad penitenciaria, indican el
cómo se abordará la problemática penitenciaria que les compete
específicamente a dichas instituciones. Estos ejes fundamentales para
la acción son:
Nueva institucionalidad. La transformación del sistema
penitenciario requiere de una nueva institucionalidad, que cuente con
97
una estructura organizacional, normas y procedimientos eficientes, una
infraestructura tecnológica actualizada y un personal capacitado, con
valores éticos que ayuden a una acción efectiva con miras a brindar las
herramientas y oportunidades a los internos e internas, necesarias para
incrementar sus probabilidades de reinserción social.
Infraestructura. Una infraestructura penitenciaria adecuada, lo
que significa que la misma esté adaptada a la magnitud de la población
penitenciaria, que cuente con todos los servicios básicos para una vida
digna, que cuente con las áreas requeridas para las actividades de
tratamiento a los internos e internas.
Atención integral. Entendiendo a toda persona como un ser
psico-bio-social, la cual tiene derecho a un tratamiento adecuado, el
cual debe estar dirigido a atender estos 3 elementos y debe brindar a
los procesados (as) y penados (as), las condiciones y herramientas
necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y/o capacidades
con el fin de mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad.
4. Socialización Del Privado De Libertad Durante Y Después Del
Término De La Prueba
Debido a las presiones del medio en las que se desarrolla su
vida en el tiempo en el que permanecen en reclusión, los internos
mediatizan totalmente sus relaciones en el interior de la cárcel con sus
semejantes, refugiándose en intereses comunes que comparten e
instrumentalizan de un modo peculiar para conseguir los objetivos que
98
se proponen. Las relaciones que se dan entre los internos en el interior
del Reclusorio se forman con diferentes grupos dentro de los cuales
existen figuras diversas en cuanto a su función y trato. Se distinguen
grupos en los cuales los internos llevan el proceso de socialización y
adaptación.
Relación Interno-Interno: se distingue por dos contextos:
a) La relación que se da con los compañeros de estancia,
señalando que es el grupo de referencia, creado por el hecho de
compartir un espacio determinado, con lo que se establece una
relación más estrecha entre los individuos.
b) La relación que se da con el resto de los internos. Se
establecen relaciones con compañeros de causa penal, algún conocido
o familiar y las que mantiene de manera circunstancial con el resto de
los internos.
El conjunto de todas las relaciones cotidianas e informales que
se genera de interno-interno crea la base de su relación social directa,
mientras que el resto de las relaciones que se establecen con los otros
grupos pueden definirse como mediatas y cargadas de un fuerte
contenido coercitivo.
Como parte de la relación entre los internos, se encuentra la
organización que se deriva de la división de tareas y roles que
adquieren o se les asigna, lo cual trae consigo responsabilidades en
determinadas áreas o actividades realizadas en la prisión.
99
Las relaciones entre interno-interno, interno-empleado son parte de las
estrategias para la adaptación y por consiguiente de interacción entre
los sectores de la Institución. La coopera-ión se induce a través de
reglas de intercambio y las estrategias de cada uno de sus miembros
para alcanzar sus objetivos personales obligan a éstos a entrar en el
grado y el modo que sea, en ese juego de intercambios que se
propone.
El trabajo realizado dentro de las prisiones no debe ser de
ninguna manera degradante, ni con fines de lucro, pues esto seria
cambiar el valor que posee. Enseguida se presentan los rasgos
específicos que debe tener el Trabajo Penitenciario como
resocializador, pues debe de tomar en cuenta los imperativos como
son: el control, la seguridad, la custodia, la clasificación de los internos
y la duración de las condenas. Pero también debe considerar las
siguientes cuestiones: la utilidad, la productividad, a remuneración, la
especialización y la actualidad. Para finalmente considerarlo como
disciplina terapéutica y resocializadora y no como obligatorio, ni
represivo, ni aflictivo y/o utilitario.
Se debe tomar en cuenta que el trabajo no siempre es un medio
de tratamiento, sino tan solo cuando así se desprende del examen y
diagnostico del interno. Siendo así el trabajo como tratamiento no como
una obligación, sino como un derecho del interno. El trabajo en prisión
se puede considerar como algo intermedio entre el trabajo obligatorio
(comúnmente rechazado) y el del resto de los ciudadanos,
constituyéndose incluso en barrera fundamental desde el punto de
100
vista jurídico para la construcción de un trabajo penitenciario
plenamente asimilado al trabajo general. También el trabajo
penitenciario es un derecho que demanda dos aspectos:
Primero, debe tender a la resocialización del recluso: se dice que
el trabajo penitenciario ha de dirigirse a la resocialización el recluso, ya
que tenderá a reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en
prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido
de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su
persona. Ya que el trabajo que la administración ha de suministrar
deberá contribuir por u naturaleza a aumentar la capacidad del recluso
para ganar, honradamente su vida después de su liberación. Esto a la
par de proporcionar al interno una formación profesional, una
posibilidad de elección de su trabajo y una regulación de los aspectos
organizativos, sistemas y condiciones de trabajo. Segundo, ha de
organizarse de manera similar al trabajo llevado a cabo fuera de las
prisiones: por lo tanto, el trabajo penitenciario debe organizarse sobre
bases similares a las del trabajo libre, es decir su organización sobre
las mismas bases económicas, tecno-productivas y jurídicas que el
trabajo libre. A fin de preparar a los reclusos para las condiciones
normales del trabajo libre.
Tercero, constituye un derecho del interno: este derecho de los
internos al trabajo no se limita al simple hecho de trabajar, sino que se
extiende también a la elección del tipo de trabajo, dentro de los límites
compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias
de la administración y disciplinas carcelarias.
101
Cuarto, ha de tener carácter formativo: el trabajo ha de tener carácter
formativo, debido la necesidad de que el trabajo en prisión tenga este
carácter. Está enfocado a procurar la adquisición o mejora por el
interno de una serie de capacidades laborales. Además de propugnar
la organización del trabajo, la organización de enseñanzas de
formación profesional en algún oficio útil para los reclusos que estén en
condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes.
Actualmente en nuestro país se pretende ejecutar un tratamiento
penitenciario que consiste en la realización de toda una serie de
actividades dirigidas a la rehabilitación, en el que el individuo que
incurrió en una conducta tipificada como delito en la legislación penal y
ha recibido una sanción penal por esa conducta, posee limitaciones de
tipo personal que le impiden la sana convivencia y el apego a las
normas, entre otras cosas, por existir deficiencias en su proceso de
socialización y formación ciudadana. El tratamiento penitenciario
consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la consecución de la
reeducación y reinserción de los penados. El tratamiento pretende
hacer del interno una persona con la intención y capacidad de vivir
respetando la Ley Penal. El Estado Venezolano aplica el tratamiento
penitenciario, inspirado en la corriente positivista, con fines
asistencialistas, donde se pretende generar el cambio de conducta del
delincuente a través de métodos de intervención de la personalidad.
Tal modalidad deja de lado los elementos socioeconómicos que de
diversas formas generan la conducta delictiva; esto limita
considerablemente la posibilidad de lograr la supuesta readaptación,
102
motivado a que el individuo al regresar a su comunidad de origen se
encuentra con las mismas necesidades que posiblemente lo hicieron ir
a la cárcel.
La reinserción se logrará a través del trabajo, el estudio, la
cultura, el deporte y la recreación, la garantía al respeto de los
Derechos Humanos y se asigna la responsabilidad a los Tribunales, de
amparar a todo recluso en el goce de sus derechos. Para tal fin el
Estado debe garantizar los derechos consagrados en las leyes
vigentes, pactos, convenios y tratados internacionales referentes a este
tema como lo es la Ley Orgánica Del Régimen Penitenciario.
Artículo 7.
Los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo
gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el
respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia
social y la voluntad de vivir conforme a la Ley.
El tratamiento penitenciario, tiene como fin la rehabilitación del penado
y su futura reinserción social, lo que implica la necesidad de abordar
durante el mismo, la creación de valores cuando estos no existan y el
fortalecimiento de los existentes, teniendo especial interés la
convivencia social y el estado de derecho, para lograr este propósito se
involucrara al penado en actividades educativas, deportivas, de
orientación espiritual y de relación familiar, teniendo en cuenta que por
medio de lo cual se beneficia a la sociedad al rescatar a uno de sus
miembros y al propio sujeto al facilitar su crecimiento personal.
103
Artículo 23.
Los establecimientos penitenciarios deberán tener una biblioteca, fija o
circulante, para uso de los penados.
Artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
El proceso de modernización y reforma del control social formal
que en Venezuela se ha venido implementando en los últimos años ha
representado significativos cambios a nivel sustantivo en materia
penitenciaria.
Dado que las fases del Tratamiento Penitenciario en Venezuela
son diluidas por la participación de múltiples agentes encargados de
co-administrar justicia, a quienes no siempre les queda claro el proceso
de tratamiento penitenciario, su sentido y consecuencias; debido a que
en la práctica se ha observado falta de continuidad entre las distintas
etapas del "Tratamiento Penitenciario", se hace necesario reorganizar
el ideal y convertirlo en realidad.
Toda esta reforma legislativa y fundamentalmente la
implementación del Código Orgánico Procesal Penal en su primera
etapa de aplicación (1999) permitió la celeridad procesal y el
consecuente descongestionamiento de las cárceles venezolanas al
realizarse el otorgamiento de un importante números de beneficios, lo
que se tradujo en la implementación de una verdadera política judicial
de sustitución de la pena privativa de libertad.
104
La reinserción social del penado se ha interpretado
tradicionalmente desde un punto de vista apegado a una ideología del
sometimiento o de la resocialización, entendida como adaptabilidad a
la disciplina penitenciaria. Criterio orientado hacia los fines preventivo
generales, es decir, desde una perspectiva de reafirmación de los
valores imperantes o de defensa social; de tal manera que la
congruencia entre medios y fines se logra a través de la mediatización
del individuo para alcanzar la seguridad social, lo que por otra parte, se
sostiene sobre la fragilidad de una incidencia prácticamente nula de los
efectos de la pena privativa de libertad sobre los índices de
criminalidad.
El tratamiento al hombre que ha infringido la Ley y por ello ha
sido objeto de represión penal y encarcelado, como necesidad para
proteger la sociedad es naturalmente una tarea prolongada y compleja.
Según la criminología moderna el hombre es una totalidad sistémica,
socio-sicológica, ecológica y cultural, categorías que es preciso
conocer a profundidad para poder desarrollar un trabajo con
posibilidades reales de éxito en este campo, tanto en el período de
reclusión como al reingresar al seno social.
El rechazo y estigmatización social al individuo que egresa de un
centro penitenciario o es sancionado o asegurado con medidas no
detentivas es un hecho apreciable en la actualidad. Estas personas al
regresar a su lugar de residencia e incorporarse a un centro laboral, se
encuentran muchas veces en una situación de aislamiento social que
105
los induce a mezclarse con elementos antisociales y delincuentes que
confrontan similar situación, lo cual propicia la comisión de nuevos
hechos delictivos.
Esta actividad preventiva por consiguiente, demanda de un
seguimiento y continuidad educativa, de la colaboración e influencia de
todo un sistema de factores en función de los objetivos e intereses
cardinales de la sociedad e incluso entre sus fines la readaptación
social de los transgresores de la Ley a partir de características
específicas, necesidades particulares y posibilidades inmediatas.
Cobra importancia el tratamiento de la reinserción social como
prioridad en el trabajo de Prevención y Atención Social, así como el
papel que desempeña el trabajo como vía fundamental de reinserción.
El artículo 272° de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV), pregona la garantía de un "…sistema penitenciario
que asegure la rehabilitación del interno y el respeto de sus derechos
humanos", prefiriendo ante todo el "régimen abierto y el carácter de
colonias agrícolas penitenciarias, además de las formulas de
cumplimiento de penas no privativas de libertad antes que las medidas
de naturaleza reclusoria", postulado éste que es cónsono con el
objetivo de reinserción social que se le asigna a la pena (artículo 2°
Ley de Régimen Penitenciario, LRP) (Comisión Legislativa Nacional),
para lo cual se establecen sistemas y tratamientos gradualmente
progresivos, encaminados a fomentar en el penado el respeto de sí
106
mismos, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y a la
voluntad de vivir conforme a la ley (artículo 7° LRP).
En este mismo orden de ideas, esta premisa constitucional
incluye entre los fines del sistema penitenciario, la asistencia post-
penitenciaria, lo cual no es otra cosa que la obligación del Estado, a
colaborar con el proceso de reinserción que vive el privado de libertad
una vez que es puesto en libertad, abriendo así el constituyente el
camino hacia la minimización de los efectos negativos de la
prisionalización.
Las medidas de pre-libertad o cumplimiento alternativo de la pena, han
significado un primer intento de reintegrar al recluso a la sociedad,
minimizando los efectos negativos de la prisión, llevando consigo una
función de integración familiar, laboral y social, como paso anterior a la
libertad del penado. Sin embargo, en atención a las condiciones y
requisitos numéricos establecidas en el COPP y la LRP, como
requisitos objetivos para que el penado adquiera el derecho de solicitar
el beneficio, es decir, de haber cumplido entre un cuarto y dos tercios
de la pena, dependiendo de la formula alternativa a la que se refiera,
no cabe duda que el individuo ya habrá pasado un tiempo considerable
en reclusión, por lo cual sus relaciones familiares, laborales y sociales,
ya se habrán visto afectadas, estando muy probablemente en una
situación de estigma colectivo.
De este modo, siendo el factor trabajo uno de los elementos
fundamentales para el otorgamiento de una medida de pre-libertad, y
107
consecuentemente un eje esencial para el reingreso del recluso a la
vida en sociedad, no cabe duda que el apoyo inter y post-penitenciario
que debe brindar el Estado como parte de su objetivo de reinserción
del penado, es facilitar mecanismos de acceso a un empleo formal.
Al respecto, se debe hacer el seguimiento del régimen de
progresividad que establece la LRP, y establecer una vigilancia
permanente para determinar si el trabajo penitenciario ha logrado la
adquisición, conservación y perfeccionamiento de las destrezas,
aptitudes y hábitos laborales con el fin de preparar a la población
reclusa para las condiciones del trabajo en libertad, obtener un activo
económico y fortalecer sus responsabilidades personales y familiares
(artículo 115° LRP), es de entender que ese mejoramiento laboral debe
continuarse a través del destacamento de trabajo, como primera
formula alternativa de cumplimiento de la pena privativa de libertad,
desarrollando las habilidades del reo, formando su sentido de
responsabilidad para lograr un ingreso digno.
Las estrategias para llevar a cabo plan de resocialización del privado y
privada de libertad se refieren una serie de tácticas a seguir para dar
cumplimiento a lo establecido por el ejecutivo nacional para la
humanización de las cárceles venezolanas. Participan entes
gubernamentales, no gubernamentales, universidades, grupos u
organizaciones voluntarios e entes encargados para fomentar e
impulsar las actividades. Romper con la estigmatización revindicar la
responsabilidad de la sociedad con los privados y privadas de libertad.
108
Se toman en cuenta factores como:
Instar al privado y privada de libertad a ser garante de su
problemática pasar de una posición pasiva a una activa en
búsqueda de soluciones para que el privado y privada de libertad
no se vea como una carga sino como personas productivas.
Definir destrezas, habilidades y aptitudes vocacionales de la
privada y privado de libertad.
Capacitación, educación y formación del privado y privada de
libertad.
Instalación de talleres técnicos prácticos vocacionales tales
como:
Alfabetización
Computación
Pintura y Arte
Mecánica, Electricidad, Electrónica, Soldadura y Herrería
Madera y Artesanía
Corte y Costura
Peluquería
Cocina y Pastelería
109
Música
Seguidamente culminados los diferentes cursos y talleres, se
certificara al privado y privada de libertad de acuerdo a su vocación.
Dotación de los equipos necesarios para los diversos talleres.
Contratación de tutores profesionales y técnicos tales como:
psicólogos, pedagogos, médicos, terapeutas, trabajadores
sociales e instructores vocacionales: alfabetización, música,
pintura, electricidad, electrónica entre otros.
Realizar actividades deportivas, recreativas, culturales y
religiosas.
ALCANCE
Lograr disminuir los niveles de analfabetismo.
Reducir los tiempos de ocios.
Mejorar las destrezas y habilidades de los privados y privada de
libertad
Reducir el uso de sustancias psicotrópicas y abandonen su uso.
Ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales y
religiosas para mejorar la salud física y mental.
Obtener la capacitación necesaria para todo el personal que
forme parte del proceso de rehabilitación.
110
Brindar herramientas al privado y privada de libertad para la
igualdad de los derechos sociales y facilitar su reinserción a la
sociedad.
LIMITACIONES
Unas de las limitaciones más importantes del actual sistema
penitenciario está bajo la única responsabilidad y supervisión de
la Dirección General de Custodia y Rehabilitación al Interno del
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones interiores y
Justicia. Desde Caracas supervisa los 31 centros penitenciarios
ubicados en regiones muy distantes y diversas, de todo el país.
Fallas en el sistema penitenciario por falta de continuidad en los
planes y proyectos desarrollados.
Falta de personal especializado para la implementación de
programas de rehabilitación.
Falta de ayuda gubernamental y retrasos en la asignación de
recursos por parte del estado.
Resistencia al cambio de los internos pertenecientes a bandas
organizadas (Pranes).
Carencia de apoyo técnico, formación y logística.
5. CONCLUSIONES
111
Podemos decir que después habernos dado a la tarea de
investigar todo lo que estuvo a nuestro alcance sobre el sistema
penitenciario, de haber sostenido charlas grupales, de haber discutido,
e incluso tener posiciones encontradas, para luego buscar un
consenso, somos sinceros al decir que realmente no conocíamos nada
sobre la verdadera situación del sistema penitenciario venezolano.
El bombardeo mediático al cual se ve sometido el gobierno,
donde las denuncias muchas veces sin previa sustentación se hacen
buscando un fin político social sensacionalista, mas no porque
realmente el Sistema Penitenciario le interese a los medios de
comunicación, otro factor de este enorme rompecabezas, es el como el
sistema penitenciario de nuestro país adolece de elementos esenciales
para su funcionamiento. Es lamentable ver como los gobiernos que han
pasado por los últimos años sean de la IV o V republica, han venido
dando palos de ciego, sin políticas coherentes y consonas con la
realidad penitenciaria.
Jamás se ha hecho un planteamiento y mucho menos se ha
propuesto un plan que afronte el desafío de la humanización de las
cárceles, se formulan políticas, se habla formulas correctivas pero lo
cierto es que se diluyen y olvidan con el tiempo, el trabajo social en las
cárceles ha recaído en las manos de ONGs, organizaciones cristianas,
las cuáles se han dedicado a la tarea de trabajos paliativos de
asistencia social, pero a la vez de hacer un trabajo político de oposición
que ha se ha venido ha acrecentando con el tiempo, y la miopía,
112
desidia, o desinterés del gobierno les ha facilitado su posicionamiento
en las cárceles, desde donde han conspirado en sociedad con los
pranes de determinadas cárceles del país, ejemplo claro de esto lo
acabamos de ver con los sucesos acaecidos el mes de julio, con la
sublevación de un grupo minoritario de presos del Rodeo I y Rodeo II,
donde la ONG Observatorio de Prisiones estaba aupando aun desastre
de proporciones gigantescas, en compañía de varios partidos políticos
de la oposición.
Como si esto fuera poco, la asignación presupuestaria del
gobierno es incongruente con el grado de las necesidades. Las
instalaciones de reclusión se encuentran profundamente deterioradas,
y el hacinamiento supera el 35 % de la capacidad instalada, con
relación a la totalidad de las instalaciones del Sistema, porque al
analizar las instituciones caso por caso, se localizan centros donde el
hacinamiento supera hasta el doscientos por ciento la capacidad
instalada.
Los recursos humanos son insuficientes para atender la
población reclusa tanto para la seguridad como para el tratamiento. La
capacitación de los recursos humanos, la supervisión y el control son
sumamente deficitarios.
Las fallas de la gerencia se observan constantemente en la
ausencia de planes concebidos conforme a la realidad y
fundamentados en preceptos teórico metodológicos apropiados. Salvo
113
algunas excepciones. Por años el sistema viene siendo administrado
por autoridades de alto nivel que desconocen la materia, de allí la toma
de decisiones desatinadas.
La situación penitenciaria venezolana se caracteriza por la
indolencia, la omisión, la complicidad y la corrupción.
La mayoría de las iniciativas que durante tanto tiempo se han venido
desarrollando representan meros paliativos, que de forma alguna han
permitido la creación e implementación de una Política de Estado
destinada a dar solución efectiva a la problemática.
El desastre que caracteriza hoy al sector penitenciario, viene
ocurriendo desde hace más de 30 años, sería irresponsable adjudicarlo
a la gestión del gobierno actual. Se han tomado algunas medidas para
dar respuesta, destacándose avances en lo legislativo con la creación
de los recursos jurídicos esenciales y novedosos que vienen ha
garantizar el respeto de los derecho humanos de los reclusos; sin
embargo, se han creado muchas expectativas, y hay quienes afirman
que el gobierno ha podido hacer más por los presos.
La situación que presentan las cárceles debe convencer a las
autoridades de la necesidad impostergable de definir la política,
estrategias, planes y proyectos para superar la realidad actual, ello
debe conllevar a decisiones serias, que impliquen una asignación
presupuestaria acorde a las necesidades de cambio, de lo contrario
seguirían siendo meros paliativos. La desorganización del sector por
114
efectos de la deficiencia presupuestaria, la falta de control y de
gerencia debe ser superada, despojándose de otro tipo de intereses.
La sociedad moderna requiere de la tecnificación y
profesionalización de toda persona que ejerza funciones en la
Administración Pública, por tal razón el sector penitenciario debe ser
transformado, convirtiendo sus instituciones hacia la excelencia y la
calidad, para lograr así la misión de rehabilitación que les ha sido
asignada, de no lograrse esto, tendríamos que coincidir con los
planteamientos de abolición de la cárcel como medio de
resocialización.
Se impone la necesidad de colocar la problemática en manos de
un equipo profesional que disponga de suficientes herramientas teórico
prácticas para que asuma un proceso de reingeniería del Sistema
Penitenciario, para ello el Estado tiene que brindarles el apoyo
indispensable que les permita hacer los cambios que a que debe
conducirse.
El cambio que el sistema requiere debe sustentarse en nuevos y
modernos paradigmas, los vicios e intereses del pasado deben ser
superados y esto constituye una tarea bastante difícil pero debe
instrumentarse, ya que no puede olvidarse que los individuos recluidos
están en los centros por periodos determinados de tiempo; pero en
algún momento vuelven a sus comunidades de origen, por lo que la
rehabilitación es imperativa si se pretende mejorar la seguridad en el
contexto social general.
115
Las Gobernaciones de Estado y las Alcaldías, desde hace
mucho tiempo vienen interviniendo en la satisfacción de necesidades
de los centros de reclusión locales, a través de la prestación de
servicios de salud, transporte, seguridad, deportes, cultura y
mantenimiento, entre otros. La cercanía a los Establecimientos que se
encuentran en el ámbito de su gobernabilidad les permite ejercer un
control más apropiado, considerando esta premisa, debe intentarse de
una vez por todas las transferencias de la competencia como
alternativa viable de solución y así cumplir con el mandato
Constitucional.
La tarea es ardua, pero sumamente necesaria, se requiere, honestidad,
voluntad política, el concurso de toda la sociedad y el aparato judicial,
que permita afrontar de frente esta problemática.
116
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