NEUQUEN, 24 de Agosto de 2010.- AUTOS Y VISTOS:

Para dictar sentencia en éstos autos caratulados

"FUENTES, ROBERTO ALEJANDRO - PADILLA, ADOLFO HORACIO -DIAZ,

LUIS LAUREANO -CANALES, CESAR MARTIN-MARTIN, DIOGENES-DIAZ,

VICTOR OMAR – CALVIN DIAZ PEREZ, LEONARDO ANTONIO S/

SEVERIDADES ILEGALES", Expte. Nº 3793/6, del registro de la

Secretaría Unica de este Juzgado en lo Correccional Nro. Dos,

seguida contra: ROBERTO ALEJANDRO FUENTES, hijo de Ramona

del Carmen Tilleria y de Fuentes Angel Roberto, de

nacionalidad argentina, nacido el 02 de Septiembre de 1978

en la ciudad de Neuquén, Pcia. de Neuquén, empleado policial

con jerarquía Oficial Principal, D.N.I. 26.441.374,

Domiciliado en calle Costa Rica 855, de la ciudad de

Centenario, Pcia. de Neuquén, no registrando antecedentes

condenatorios; ADOLFO HORACIO PADILLA, hijo de Maria Susana

Maldonado y de Adolfo, de nacionalidad argentina, nacido el

20 de marzo de 1965 en la ciudad de Neuquén, Pcia. de

Neuquén, D.N.I. 17.641.287, empleado policial con jerarquía

Sub Comisario, Domiciliado en calle Chajarí 2250 (casa 121),

de esta ciudad Neuquén, no registrando antecedentes

condenatorios; LUIS LAUREANO DIAZ, hijo de Clorinda Miranda

y de Waldino, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de

septiembre de 1952 en la ciudad de Las Lajas, Pcia. de

Neuquén, empleado policial retirado con jerarquía de Crio.

Inspector D.N.I. 10.287.229, Domiciliado en calle Dr. Ramón

4800 del Barrio San Lorenzo Norte, de esta ciudad de Neuquén,

no registrando antecedentes condenatorios; CESAR MARTÍN

CANALES, hijo de Yolanda del Carmen Gutiérrez y de Martín

Canales, de nacionalidad argentina, nacido el 28 de febrero

de 1973 en la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fé, empleado

policial, con jerarquía oficial principal, D.N.I. Nº

23.184.237, Domiciliado en Mzna. 8, casa 8 del Barrio

Maronesse, de esta ciudad de Neuquén, no registrando

antecedentes condenatorios; DIÓGENES MARTÍN, hijo de Trinidad

Oses y de Manuel Ramón, de nacionalidad argentina, nacido el

27 de Julio de 1958 en la ciudad de Chos Malal, Pcia. de

Neuquén, empleado policial, con cese de servicios para

acogerse al beneficio de retiro, con jerarquía Comisario

Mayor, D.N.I. 12.627.953, Domiciliado en calle Tandil 1020

del Barrio 240 Viviendas, de esta ciudad de Neuquén, no

registrando antecedentes condenatorios; VICTOR OMAR DIAZ,

hijo de Virginia del Carmen Soto y de Mario Osvaldo, de

nacionalidad argentina, nacido el 15 de Julio de 1972 en la

ciudad de Zapala, Pcia. de Neuquén, empleado policial, con

jerarquia Oficial Inspector, D.N.I. 22.731.239, Domiciliado

en calle Jubilados Neuquinos 600, Barrio C.I.C.O.O.P, de

esta ciudad de Neuquén, si registrando antecedentes

condenatorios;; LEONARDO ANTONIO CALVIN DIAZ PEREZ, hijo de

Glenda Juana Díaz Pérez y de Calvín Frioni Alberto Sergio

(fallecido), de nacionalidad argentina, nacido el 20 de

febrero de 1974 en la ciudad de Neuquén, Pcia. de Neuquén,

empleado policial, con jerarquía Oficial Sub Inspector,

D.N.I. 23.494.790, Domiciliado en calle El Jarillal 1048,

Barrio SMATA, de esta ciudad de Neuquén, no registrando

antecedentes condenatorios;

RESULTANDO:

Que al momento de practicar el requerimiento de

elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal interpretó

que en autos se encontraba plenamente acreditada la

materialidad objetiva de los hechos enrostrados al igual que

la presunta participación criminosa de: Roberto Alejandro

FUENTES; Adolfo Horacio PADILLA; Luis Laureano DIAZ; Cesar

Martín CANALES; Diógenes MARTIN; Víctor Omar DIAZ; Leonardo

Antonio CALVIN DIAZ PEREZ propiciando su juzgamiento en

orden al delito de SEVERIDADES ILEGALES, previsto y reprimido

por el art. 144 bis inc. 3ero. del Código Penal. La parte

Querellante, representada por los Dres. Ivana Dal Vianco y

Mariano Pedrero, al momento de practicar su requerimiento

final, interpretaron que en autos se encontraba plenamente

acreditada la materialidad objetiva de los hechos enrostrados

al igual que la presunta participación criminosa de todos los

imputados mencionado, propiciando su juzgamiento en orden a

los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA,

VEJÁMENES Y TORTURAS, ABANDONO DE PERSONA TODOS ELLOS EN

CONCURSO REAL previsto y reprimido por los arts. 144 bis inc.

1, 2, y 3 y art 106, en función del art. 54 y 45 del Código

Penal.

Qué, en la etapa procesal oportuna las defensas

hicieron valer oposiciones, solicitando el sobreseimiento de

sus asistidos, los que no prosperaron, continuando la

tramitación de acuerdo al criterio fiscalista, elevando las

presentes actuaciones en orden al delito de Severidades

Ilegales, conforme el art. 144 bis, inc. 3ro. del Código

Penal, criterio fiscalista que determinó también la

competencia de este Tribunal.

CONSIDERANDO:

1.Que en autos se procede por un hecho ocurrido el 25 de Noviembre de 2003 en esta ciudad de Neuquén. Concretamente se les atribuye: a LEONARDO ANTONIO CALVIN DIAZ PEREZ, que el día 25 de Noviembre de 2003, en horas de la tarde, encontrándose en servicio activo como integrante de la policía provincial del Neuquén, a cargo del móvil identificado como JP-243, que se encontraba en la zona oeste de esta ciudad de Neuquén, más precisamente entre las calles Dr. Ramón y Balbín, de esta ciudad, lugar donde fuera demorado el aquí víctima, Pedro Alveal por el oficial Cortínez, el haber recepcionado e ingresado al interior del

móvil ya aludido, a Pedro Alveal, en condiciones físicas, notorias, visibles y gravemente afectadas, ordenando su traslado, que se materializa en el mismo móvil hasta la Comisaría 18, agravando de esta forma su situación, por no haberlo trasladado en forma urgente e inmediata a un centro de salud, lo cual se imponía teniendo en cuenta su evidente estado de salud, privándolo abusivamente del derecho que le asistía a Alveal. En relación a CESAR MARTÍN CANALES, se le imputa que, encontrándose en servicio activo como integrante de la policía provincial del Neuquén, en su carácter de oficial de servicio en la Comisaría 18 en la guardia que comienza a las 08:00 y termina a las 20:00 hs. del día 25 de Noviembre de 2003 y a ROBERTO ALEJANDRO FUENTES, encontrándose en servicio activo como integrante de la policía provincial del Neuquén, en su carácter de oficial de servicio en la Comisaría 18 en la guardia que comienza a las 20:00 del día 25 de Noviembre de 2003 y hasta las 08:00 hs., del otro día, habiendo estado cumpliendo actos de servicio propios de sus funciones en la sede de la Comisaría 18, consintieron y autorizaron el ingreso del demorado Pedro Alveal, quien había sido trasladado en el JP-243 a cargo de su consorte de causa Leonardo Calvín Díaz Pérez, en condiciones físicas notorias, visible y gravemente afectadas ordenando su alojamiento en una celda común del sector de alcaidía de dicha unidad policial, sin trasladarlo en forma urgente, a un centro de salud, como claramente lo ameritaba su situación, y agravando de esa forma sus condiciones de detención y sometiéndolo abusivamente a una situación por demás mortificante y privándolo irrazonablemente de los derechos que le asistían. A LUIS LAUREANO DIAZ, que en iguales circunstancias de tiempo y lugar, día 25 de Noviembre de 2003, en horas de la tarde, asiento de la Comisaría 18 y habiendo estado cumpliendo servicios de manera activa en la policía provincial, en su calidad de preventor o instructor de turno y responsable jerárquico de la Comisaría 18, autorizó y consintió el ingreso del demorado Pedro Alveal, en condiciones físicas notorias, visible y gravemente afectadas ordenando su alojamiento en una celda común del sector de alcaidía de dicha unidad policial, sin ordenar su traslado en forma urgente, a un centro de salud, como claramente lo ameritaba la situación, y agravando de esa forma sus condiciones de detención y sometiéndolo abusivamente a una situación por demás mortificante y privándolo irrazonablemente de los derechos que le asistían, como es ser asistido en forma urgente por un médico. A VICTOR OMAR DIAZ, que con fecha 25 de Noviembre de 2003, encontrándose en servicio activo como integrante de la policía provincial del

Neuquén, en su calidad de oficial de servicio de la Comisaría Primera, donde toma la guardia a las 19:00 hs., consistió y autorizó el ingreso del demorado Pedro Alveal en condiciones físicas notorias, visible y gravemente afectadas ordenando su alojamiento en el sector de alcaidía de dicha unidad policial, sin trasladarlo a un hospital para su adecuada asistencia médica, agravando de esta forma las condiciones de detención y sometiéndolo a una situación mortificante y abusiva, privándolo irrazonablemente de los derechos que le asisten, cual es su asistencia médica con la urgencia que las circunstancias imponían. A DIÓGENES MARTÍN, se le reprocha que en el transcurso de la tarde del mismo 25 de Noviembre de 2003, habiendo estado cumpliendo actos de servicio propios de su función, en la sede de la Comisaría Primera, de la que se encontraba a cargo por ausencia transitoria del Jefe de la misma, consintió y autorizó el ingreso del demorado Pedro Alveal, en condiciones físicas notoria, visible y gravemente afectadas ordenando su alojamiento en el sector de alcaidía de dicha unidad policial, sin disponer el traslado del nombrado a un hospital para su adecuada asistencia médica, agravando de esa forma las condiciones de detención y privándolo de derechos que le asistían, cual es su asistencia médica con la urgencia que las circunstancias imponían. A ADOLFO HORACIO PADILLA, que con fecha 25 de Noviembre de 2003, en su calidad de responsable jerárquico de la Alcaidía de la Comisaría Primera, de lo cual había sido anoticiado e impuesto en horas de la tarde del mismo día 25, el haber consentido y autorizado el ingreso del demorado Pedro Alveal, en condiciones físicas notoria, visible y gravemente afectadas ordenando su alojamiento en el sector de alcaidía de dicha unidad policial, sin disponer el urgente traslado del nombrado a un centro de salud para su asistencia médica, agravando de esa forma las condiciones de detención y privándolo del derecho que le asistía de ser evaluado por un profesional de la salud.

2.La materialidad objetiva del hecho, en forma

provisoria durante la investigación instructoria se encuentra

probada, así lo acreditan las constancias prevencionales y

sumariales incorporadas al legajo.

3.Al concluir el debate, las partes formulan sus

respectivos alegatos, presentando posiciones encontradas.

Para la Fiscalía, la participación delictual de LEONARDO

CALVIN DIAZ PEREZ resulta indudable, debiendo responder

penalmente, a título de autor, por el delito de

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, (art.

248 del Código Penal), solicitando la pena de SEIS MESES DE

PRISIÓN EN SUSPENSO e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EJERCER LA

FUNCION POLICIAL por el DOBLE TÉRMINO. También resulta

indudable la participación delictual de LUIS LAUREANO DIAZ,

DIÓGENES MARTÍN y ADOLFO HORACIO PADILLA, deberán responder

penalmente a titulo de autor por el delito de ABANDONO DE

PERSONA EN CONCURSO IDEAL CON SEVERIDADES ILEGALES (arts. 106

y 144 inc. 3ro. y 54 del Código Penal), solicitando para el

caso de LUIS LAUREANO DIAZ y DIÓGENES MARTÍN la pena de DOS

AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO e INHABILITACIÓN

ESPECIAL PARA EJERCER LA FUNCION POLICIAL por el DOBLE

TÉRMINO y para ADOLFO HORACIO PADILLA, la pena de DOS AÑOS DE

PRISIÓN EN SUSPENSO e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EJERCER LA

FUNCION POLICIAL por el DOBLE TÉRMINO.

Con respecto a ROBERTO ALEJANDRO FUENTES, CESAR

MARTÍN CANALES y VICTOR OMAR DIAZ, se abstiene de formular

acusación, en orden a las consideraciones expuestas en los

alegatos.

Para la querella, atento resultar indudable la participación delictual de todos los justiciables, considera que deberán responder penalmente todos ellos, por lo que, atento lo previsto por el art. 370, segundo párrafo del C.P.P. y C.,al no existir acusación fiscal respecto de algunos imputados,solicitan específicamente se declare SU INCONSTITUCIONALIDAD,ya que limita la pena y monto a pedir y así también,se aplique la doctrina del caso SABIO, HETTINGUER y el caso BULACIO de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,fundada en los derechos de la parte querellante y en el acceso a la justicia. Consideran queLEONARDO ANTONIO CALVIN DIAZ PEREZ,deberá responder en orden a los delitos dePRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL CON VEJACIONES DOBLEMENTE AGRAVADASpor ser cometidas con violencia y generar un grave daño en la salud psíquica de Pedro Alveal, señalando que ello encuadra en el concepto de Tortura de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

(art. 144 inc. 1, 2do., en función del art. 142 inc. 1 y 3 y 45 del Código Penal y art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes). Y con respecto aCESAR MARTÍN CANALES, ROBERTO ALEJANDRO FUENTES, LUIS LAUREANO DIAZ, ADOLFO HORACIO PADILLA, DIÓGENES MARTÍN y VICTOR OMAR DIAZse los declare como co-autores de los delitos deVEJACIONES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CON VIOLENCIA Y GENERAR UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD PSÍQUICA DE PEDRO ALVEAL, EN CONCURSO REAL CON ABANDONO DE PERSONA, (art. 144 inc. 1, 2do., en función del art. 142 inc. 1 y 3, 45 y 106 del Código Penal y art. 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes), solicitando se les imponga a todos los imputados, laPENAdeCINCO AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA SER POLICIA POR EL DOBLE TIEMPO DE LA CONDENAy subsidiariamente, para el caso que no se haga lugar a la solicitud de declaración de Inconstitucionalidad del art. 370 del C.P.P. y C., se los condene a la pena deTRES AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO.

Los Defensores mantienen una posición diferenciada,

tanto el Dr. Gustavo Lucero, Ramón Acosta, Mario Avalos y el

Sr. Defensor Oficial, Dr. Carlos Acquistapace, propician la

absolución de sus defendidos. Así también se oponen a la

declaración de Inconstitucionalidad del art. 370, segundo

párrafo del C.P.P. y C., entre otros argumentos, por no haber

atacado la querella también el artículo 6 del ritual que

prevé que el titular de la acción pública es el Ministerio

Público Fiscal.

Sobre los distintos argumentos vertidos por las

partes, cuyo minucioso detalle obra en el Acta de Debate,

no me explayaré en la presente, remitiéndome, en honor a la

brevedad, a las constancias obrantes en la mencionada pieza

procesal.

4. Ahora bien, previo a analizar y evaluar la prueba y en definitiva determinar si se han acreditado los extremos de la acusación, es que habré de realizar consideraciones previas que guardan íntima relación con los hechos que nos ocupan.El desarrollo de los sucesos que se investigan demuestran claramente una concatenación de episodios protagonizados por

la policía de la provincia en los que se vislumbra una situación caótica motivada por los acontecimientos de la fecha en la que se ha ejercido la fuerza pública con la que enviste la Ley a dicha institución, en forma abusiva, siendo clara muestra de ello, el resultado lesivo con el que resultara Alveal en su ojo izquierdo.La Policía como institución del Estado, tiene por función legal, velar por la vida, la salud y la propiedad de las personas. El cumplimiento de dicho presupuesto se desdibuja o desvirtúa, cuando en el camino de actuar mediante estrategias operativas extremas motivadas por situaciones sociales desmadradas, se prioriza la represión preventiva ante el mandato legal supremo de garantizar y custodiar la vida de todas las personas, sean ellos civiles que accidentalmente se encuentren presentes en dicho escenario o sean las personas que por sospecha se mantengan privados de la libertad. Sin perjuicio de lo expuesto, es menester afirmar que los sucesos que se analizan en la presente, se encuentran delimitados circunstancialmente al accionar de los policías intervinientes desde el traslado de ALVEAL desde las calles Balbín y Godoy a la Comisaría Dieciocho, su permanencia en dicha unidad policial, el traslado y posterior permanencia en la Comisaría Primera, hasta su liberación.Y en tal sentido, compete en esta instancia solo analizar y concluir si los policías imputados, cada uno en la tarea que le cupo, resulta penalmente responsable, por encuadrar su accionar en una conducta delictiva tanto en su faz objetiva como subjetiva, conforme la misma lo requiera.

Sentado cuanto precede, es que a continuación se

deberá analizar, evaluar y en definitiva concluir si existen

elementos de prueba que demuestren con el grado de certeza

exigido para esta etapa procesal, tanto la ocurrencia de los

hechos atribuidos, la participación penalmente responsable de

los encausados y por último como afirmara precedentemente si

dichas acciones se adecuan al tipo penal sostenido por la

parte acusadora.

Así, es dable preguntar en primera instancia cual

fue el modo en que ocurrieron los hechos de la jornada del 25

de noviembre del 2003.

En tal sentido, de las actuaciones agregadas al legajo y de la prueba producida durante el debate, se ha demostrado en forma certera que el día 25 de noviembre del año 2003, una

vez que Alveal ya fuera lesionado con 64 perdigonadas- aproximadamente- de posta de goma en circunstancias en que corría hacia calle Dr. Ramón, fue aprehendido por efectivos de la Despo y entregado al Oficial Calvín Díaz Pérez quién se movilizaba en el móvil JP 243 para que lo traslade a la Comisaría 18. Dicho traslado se realiza en el móvil indicado que fuera conducido por Leonardo Calvín Díaz Pérez, mientras que en la caja del carrozado se alojó a dos demorados –uno de ellos Alveal- y al policía Vargas, subalterno del nombrado Calvín Díaz Pérez. Al respecto Vargas, relata en la audiencia de debate que el móvil que pidió apoyo por el que se trasladó el móvil 243 a la zona de conflicto fue el móvil de la Despo. Una vez arribados, el Oficial Cortinez entrega a Alveal a Calvín Díaz Pérez y al otro demorado a él, haciéndolos subir en primera instancia al móvil 243, advirtiendo el oficial a cargo que carecía de elementos para esposarlos y que el móvil no era apto para traslado de detenidos, razón por la que se acerca al carrozado de la Despo. Luego de esposarlo intentan subirlo a dicho carrozado, retirándose en forma inmediata y sin explicación del lugar- al respecto tanto Vargas como Alveal afirman que tal maniobra fue consecuencia de la visualización de lesiones en el cuerpo del querellante-, razón por la que finalmente lo suben al móvil JP 243. Por su parte, la víctima Alveal adujo haber sido subido a tres camionetas distintas, para luego finalmente ser trasladado en una camioneta azul, refiriendo haber sido maltratado por los policías que cumplieron con su ingreso a dicho móvil. El testigo Moya afirma haber observado en circunstancias en que extraía placas como fotógrafo dependiente de Zanon, todo el desarrollo de la aprehensión de Alveal y su ascenso al móvil, afirmando en relación a ello haber visto como el policía que tomaba a Alveal lo arrastraba de un carrozado a otro, destacando asimismo el estado de salud en el que se encontraba la víctima, con la cara y las manos visiblemente ensangrentadas. Moya también alude en su testimonio que Alveal fue subido y bajado de varios vehículos hasta que finalmente lo suben a una camioneta azul –refiere que no era una F100- con caja y cabina identificada como de la policía, tratándose sin duda del JP 243, destacando asimismo que el policía que tomara a Alveal fue la misma persona en todo momento.

Por último se debe señalar como prueba inobjetable

del traslado de Alveal en el carrozado JP 243 en las

circunstancias reseñadas, las placas fotográficas extractadas

por el propio Moya y reconocidas como tales en esta

instancia, la filmación que fuera agregada como prueba a la

causa en donde se vislumbra claramente el desarrollo de lo

aquí explicado, como así la constancia emergente del parte

diario de la Comisaría 18- folio 153- del día de los hechos,

en la que consta que a horas 18:50 se hace presente en la

Unidad el JP 243 con el Oficial Calvín Díaz Pérez y entre

otros ciudadanos, la víctima Alveal.

Tanto el traslado de Alveal en el JP 243 se encuentra acreditado, como el estado de salud visible que presentaba al momento de ser ascendido al móvil, no obstante el maltrato que adujo haber sufrido en tales circunstancias, no se encuentra acreditado en forma suficiente, no se han constatado lesiones distintas que aquellas que sufriera en circunstancias de haber sido reprimido momentos antes, ni tampoco de la filmación agregada como prueba al legajo se observa maltrato alguno por parte del encausado. Encontrándose como se referenciara demostrado el traslado de Alveal a la Comisaría 18, corresponde a continuación evaluar y demostrar las circunstancias de tiempo y modo que rodearon su estadía en dicha seccional.En relación a ello, se cuenta con distintos testimonios que reflejan la forma en que Alveal es descendido del móvil JP 243, siendo ingresado al sector de Alcaidía de dicha Comisaría y mantenido en calidad de demorado hasta su traslado a la Comisaría Primera.Respecto de lo expuesto, Alveal aduce haber sido maltratado al momento de arribar a la Comisaría 18, explicando que al ingresar a dicha unidad lo colocan boca abajo, le pisan la cabeza y le aplican en la espalda un itakazo. Que luego de aplicarle patadas lo llevan al mostrador, procediendo luego a ser alojado en un calabozo junto a dos o tres personas más, que refiere era pequeña y con olor nauseabundo. Que en un momento sus compañeros solicitan que le permitan lavarse la cara, lo que no puede hacer porque la pileta era muy pequeña, y además no lo proveyeron de ningún elemento para limpiarse o secarse. Lo colocan nuevamente en la celda, sufriendo en tales circunstancias de un dolor en su cabeza y en el ojo muy intenso. Por su parte, Baltasar Álvarez, quién se encontrara demorado en similares circunstancias que Alveal, refiere haber sido traslado a esa Unidad junto con el demorado Jiménez, encontrándose ello acreditado con la constancia del parte diario -folio 153- que refiere a hora 18:55 el ingreso de los nombrados. El testigo aduce haber visto en el hall de la

Comisaría por primera vez a Alveal tirado, mojado y sangrando, perdiéndolo de vista por un momento, para luego encontrarlo nuevamente al ser ingresado junto con Jiménez al calabozo. Alveal se encontraba herido y como el testigo tenía por oficio ser chofer de emergencias hospitalarias, intentó establecer cual era la herida por la cual sangraba y se quejaba. Que los compañeros de celda pedían insistentemente que le brindaran asistencia médica al nombrado, a lo que pese a promesas incumplidas por parte de los policías que se acercaban a la celda, el herido nunca fue atendido. Álvarez, manifiesta que Alveal estaba conmovido, mojado sangrando y con frío. El testigo junto a todos los demorados, pidieron auxilio a gritos en tres oportunidades, nunca fueron atendidos, hasta que finalmente son todos trasladados a la Comisaría Primera, previo darles una golpiza sobre todo a los más jóvenes en el momento de ser subidos al vehículo que los trasladara.Su hijo Jorge Álvarez, se encontró demorado por los mismos motivos junto a su padre, explicando al momento de deponer en la audiencia de debate que en oportunidad de producirse su traslado hasta la Comisaría 18 también sufrió maltrato por parte de los policías quienes le habrían aplicado culatazos y patadas. Recuerda haber visto a Alveal cuando los hacen tirarse al piso, encontrándose con ropas oscuras, con el pelo en la cara y desvariado, para ser el nombrado colocado en una celda junto a un conocido como “el chileno” y otros dos. Habrían estado una hora y media en dicho calabozo, oportunidad en la que “Aeropuerto Díaz” -otro demorado en su celda-, le dice que había un compañero muy lesionado que lo habían colocado en la celda con su papá. Afirma al igual que su padre que todos los demorados y aún los presos que estaban de antes en la Comisaría pidieron atención médica para un demorado herido. Dicha ayuda nunca llegó. Finalmente refiere haber sido trasladado a Primera en el mismo móvil con su padre y Alveal, previo golpiza por parte de los efectivos de 18. De los testimonios brindados por Álvarez padre e hijo, si bien existen ciertas diferencias horarias, coincidieron en forma palmaria en señalar cual era el estado delicado de Alveal y que pese a los reiterados reclamos de las personas que se encontraban alojadas en la Unidad, los efectivos presentes hicieron caso omiso a tales pedidos.Respecto del presunto maltrato físico impartido a los demorados mediante golpes, culatazos, etc, no habré de expedirme atento a que ello no es materia específica de la imputación, por cuanto no se encuentra el mismo atribuido a los causantes en sus respectivos requerimientos de elevación.

Por su parte existen policías que deponen en el debate que dan una versión distinta del desarrollo de los hechos. Quemel, entonces encargado de la Oficina Administrativa, prestó colaboración con el jefe de guardia y el cuartelero de la Comisaría 18, que era Figueroa, quienes por orden del Subjefe de la Policía debían alojar en esa Unidad a todos los demorados por incidentes en el Oeste excepcionalmente sin certificación médica, ya que el Hospital Heller estaba desbordado. Recuerda que al colaborar con Figueroa y al ver ingresar a Alveal, lo ve una persona delgada, cabello negro largo que le cubría todo el rostro, venía esposado. En razón de que las esposas contenían sangre solicitó a una compañera que le trajera guantes de látex como medida de profilaxis. Los guantes fueron entregados al cuartelero entrante, cabo Hidalgo quién se encargó de sacarle las esposas, tomarle los datos e invitarlo a que se lave las manos y la cara. Observa el testigo cuando egresa Alveal del baño que tenía una lesión en el ojo. Alveal no se quejaba y es ingresado por Hidalgo a una celda. El testigo se retira hacia la guardia, oportunidad en la que le informan que iba a venir el médico policial a revisar a los demorados. Aduce que llamaron al Hospital Heller y daba ocupado por lo que no se pudieron comunicar, solicitando por otra parte un móvil de la Unidad, recibiendo contestación que los mismos no podían bajo ningún motivo y por orden superior – Trepat- retirarse del lugar donde se encontraban apostados. El testigo Quemel a preguntas concretas sobre el estado de salud de Alveal, afirmó que cuando reciben a una persona en grave estado, tienen que ver la forma de trasladarlo inmediatamente, no habiendo visto en Alveal herida grave alguna ni haberlo escuchado que se quejara. Por último, refiere que Canales, Oficial de Servicio informó al Comisario Laureano Díaz, que el secretario del Juzgado de turno dispuso que previa revisación médica e identificación se pusieran a las personas demoradas en libertad, sin perjuicio la única constancia que surge al respecto del parte diario- folio156- es que recién a la hora 23;30 el Oficial de Servicio Fuentes, se comunicó con el Oficial Díaz de Comisaría Primera, indicándole que por orden del Secretario Benavides, los demorados debían quedar en libertad, es decir la orden del Juzgado habría sido impartida con posterioridad al traslado de los demorados a Primera, no existiendo constancia alguna en los partes diarios de comunicación previa mantenida entre la Comisaría 18 y el Juzgado de turno interviniente.El policía Figueroa que oficiara en la tarde de los hechos como cuartelero saliente de la Comisaría 18, reemplazándolo el cabo Hidalgo, afirma haber visto cuando ingresa Alveal por

la guardia de Alcaidía esposado por atrás, siendo trasladado por Calvín Díaz Pérez, quién ya en la Alcaidía le saca las esposas, por lo que se lavó las manos en la cocina por la sangre que tenía Alveal en sus manos. En el sector Alcaidía y en ese momento se encontraba presente el Oficial Canales y el Comisario Laureano Díaz, a quién lo vio mantener una conversación con Calvín Díaz Pérez. Luego llegan otros demorados. Quemel encontrándose en la guardia de prevención trata de comunicarse con el Hospital Heller a fin de solicitar una ambulancia, en razón de que Alveal había ingresado con el pelo con sangre, pero afirma que las líneas telefónicas se encontraban saturadas. Respecto al estado de salud de Alveal refiere que bajó del móvil que lo trasladó a la Comisaría solo, caminaba normal y se encontraba lúcido, como así que se expresaba normalmente cuando le pidieron los datos, no manifestó dolor ni pidió asistencia médica, la sangre que tenía era fresca. Que refriéndose al Comisario Díaz, adujo haberse encontrado todo el día en la Comisaría 18 y que el nombrado no le dio ninguna instrucción respecto de Alveal. Afirma finalmente que Alveal fue llevado al baño a lavarse la cara, que la celda estaba limpia y ordenada, que no escuchó a nadie pedir auxilio en su nombre y por último que no recibió ninguna orden de parte de los superiores, Canales, Fuentes o Díaz.Por su parte el testigo Schutz –quién prestaba colaboración en el operativo dispuesto por los incidentes en el Ruca Che afectado al móvil 435- afirma haber recibido esa tarde una llamada por radio por parte de Canales quién le solicitó que bajara a la Unidad un móvil con urgencia, lo que no pudo concretarse en razón de existir una orden del Comisario Peña de que los móviles apostados no se movieran del lugar. No recuerda si le explicaron cuales eran las razones de urgencia mencionadas.El testigo Valenzuela reemplazó al Jefe de Guardia Aravena alrededor de las 20:00 hs. Este le informó que había gente demorada, a los que había que trasladar a Judiciales y a Sanidad. Explica que habían rumores de que tomarían la Comisaría 18 por encontrarse demorado un sindicalista. No recuerda si existió comunicación con el médico policial o con el Juzgado, sin embargo afirma que varios móviles fueron a la Comisaría, llegaban traían demorados y se iban. Que llamó en alguna oportunidad al Hospital Heller, sin embargo, daba ocupado. Explica por último que él junto al Sargento Rojas, quién se encontraba a cargo, cumplió con el traslado de los demorados a Primera en el JP 435, llamativamente el parte diario- folio 154/155- nada dice de su presencia en el traslado a Primera que se realizara a horas 21:05 hs.

Se advierte claramente que conforme los relatos vertidos por los policías de Comisaría 18 que depusieran en la audiencia de debate, habrían existido llamadas telefónicas – el propio Comisario Díaz afirma que se utilizó el teléfono fijo- y por radio al Hospital Heller, sin embargo de los reportes de llamadas entrantes de ese nosocomio y de las llamadas salientes de la Comisaría 18- fs. 652/656, no surge comunicación alguna entre ambas dependencias, en cambio si surge del reporte de tales llamadas la comunicación de la Comisaría 18 con el Secretario del Juzgado de Instrucción Nro. TRES a las 21:29 hs.Asimismo, debe ser destacado que no obstante la referencia de los efectivos policiales sobre el posible comparendo del médico policial a la Comisaría 18 una vez que finalizara trámites en el Hospital Heller, el Dr. José Estévez, medico mencionado para tal tarea, adujo en su testimonio no haber estado esa tarde en ningún momento ni en el Hospital Heller ni haber recibido llamada de la Comisaría 18 instando su presencia en dicha Unidad.Por último, es susceptible de ser destacado que luego del ingreso de Alveal se registraron según parte diario de la Comisaría 18, folio 153/154, el ingreso de: JP 438, a las 18:55 hs., JP Tóxicos, a las 18:58 hs, JP 425 de la Comisaría del Menor a las 20:05 hs., JP 412 con personal a las 20:45 hs.; es decir que aunque no hubo posibilidad de contar con móviles disponibles de la Comisaría 18 para proceder al traslado del demorado herido, existieron por lo menos cuatro móviles que a distinta hora concurrieron a la Unidad por distintos trámites, quienes a pedido de la superioridad de la Comisaría podrían haber colaborado con el traslado de Alveal a algún centro de atención médica.Con todo lo expuesto, y en relación a los puntos salientes de la prueba reunida a efectos de demostrar las circunstancias en las que permaneció Alveal en la Comisaría 18, surge en forma clara, que su estado era visiblemente lesivo, -todos lo que lo vieron pudieron observar a simple vista sangre en su rostro, en su pelo y en sus manos-, como así que pese al estado de lucidez referenciado por algunos policías, el testimonio brindado por Álvarez padre e hijo y por el propio Alveal, refieren un estado anímico diametralmente opuesto, el que fue categóricamente comprobado a la luz del número y entidad de las lesiones que fueran verificadas al final de esa jornada.Respecto a la permanencia de Alveal en la Comisaría Primera, se debe consignar en primer lugar, que conforme surge de los partes diarios, el traslado del demorado junto a las otras personas que permanecieron en tal calidad en la Comisaría 18,

se hizo a la hora 21:05 cuando según surge del folio 154 del correspondiente a esta última, consta salida del JP 435 con el Sargento Rojas, cabo Monjes, Agente Duran con los demorados a Primera, existiendo una constancia de 5 minutos antes en la que emerge que por orden superior tales ciudadanos sean alojados en la Comisaría Primera.Por su parte, en el parte diario de la Comisaría Primera, folio 26, surge como “presente” a hora 21:30 “el JP 438 cabo Valenzuela, cabo Monje de Cría. 18 con 7 demorados, Álvarez, Jorge; López, Néstor Fabián; Jiménez, Narciso; Alveal, Pedro; Díaz, Carlos; Álvarez, Baltasar; González Posso, Héctor, los cuales quedan alojados en esta Unidad a disposición de Cria. 18”. Por último, en el parte de Comisaría 18, folio 155, surge constancia de que a 21:30 hs., “el JP 435 Sgto. Rojas informa que los demorados quedaron alojados en Comisaría Primera. Oficial Principal Padilla”. De lo expuesto, resulta evidente, que al consignar la Comisaría Primera el móvil que realizó el traslado referido, incurrió en un error, al indicar que lo había realizado el JP 438.A partir de la llegada de los demorados a Comisaría Primera, se deberá dilucidar ordenadamente cuales fueron las circunstancias que rodearon la permanencia de Alveal en dicha seccional hasta su liberación, a partir no solo de los distintos testimonios recabados como de las constancias de parte diario de la guardia de prevención y de la guardia médica.Y así es que en relación a los testimonios escuchados durante largas jornadas del debate, se advierte en forma manifiesta que tales versiones se pueden agrupar en dos tipos de relatos en algún punto divergentes entre sí. Por un lado, el vertido por Pedro Alveal, los integrantes de la familia Álvarez, padre e hijo y la médica Iacono y su marido; por el otro todos los policías que de algún modo intervinieron en los acontecimientos que nos ocupan. De estos últimos testimonios, se ha vislumbrado la existencia de “cierto conflicto policial” a partir del cual algunos de los policías deponentes, con la intención parcializada de mejorar la posición de uno u otro imputado-, han circunscripto y subjetivado sus respuestas.

Alveal comienza narrando acerca de su estadía en la

Comisaría Primera aludiendo haber sido bajado de los pelos,

le sacan las esposas y lo meten en un calabozo chiquito con

traba o candado, en el que habían varias personas, adoptando

el declarante la actitud de aislarse. Lo único que pretendía

era tener asistencia médica, describiendo su estado como con

mucho miedo y obnubilado. Cuenta que al momento de ser

revisado por la médica policial, había dos policías

presentes, le hacen levantar la remera, el pantalón y no lo

miraron a la cara, no recordando que la médica haya sugerido

ninguna cosa con respecto a él. Previo a liberarlos, los

hicieron poner en fila, agachados, por lo que su ojo empezó a

gotear sangre, les hacían firmar un papel y luego les daban

la libertad de a uno, transcurriendo un tiempo largo entre

uno y otro, aclarando finalmente que el fue el último en ser

liberado. Al egresar de la Comisaría se le acerca una mujer

que llorando le dice que lo llevaría al hospital.

Baltasar Álvarez,cuenta que estando ya en Comisaría

Primera, bajan de uno de los móviles, manteniéndolos tirados

en el piso por media hora. Así, encontrándose Alveal al lado

suyo, vuelven a reclamar por la asistencia médica para aquel

sobre todo a un policía que conocía con anterioridad, ninguna

respuesta le fue dada. Los colocan por una hora en un

calabozo, los vuelven a sacar y los colocan en un hall para

la revisación médica, en dicho cuarto se encontraban la

Doctora, un enfermero y un policía. Finalmente les dan la

libertad, encontrándose fuera de la Comisaría el abogado

Mansilla entre otros. Marisa Iacono a quién conoce por ser

amiga de la familia le dice que tiene que ir al hospital. En

ese momento observan a Alveal sentado en el cordón de la

vereda como perdido. Por último cabe indicar el modo en que

el testigo describe el estado de salud del querellante,

respecto de lo que dijo “estaba perdido, no respondía, era

como que no escuchaba, lleno de sangre, en el pelo, tórax y

manos, estaba mojado y sucio, tenía una herida profunda, el

rostro sangrando, el ojo inflamado, no se podía ver el globo

ocular por la sangre que tenía”.

Según Jorge Álvarez, al llegar a Primera, los vuelven a golpear, los colocan arrodillados, con las manos en la nuca, no respondiendo Alveal a las órdenes que le impartían porque se encontraba obnubilado, razón por lo que todos solicitaban le proveyeran de asistencia médica. En el sector donde los alojaron había tres policías, uno de ellos de sexo femenino. Los comienzan a colocar en distintos calabozos, alojándolo a él con su padre y con el demorado “Suazo”. Al momento de ser revisado por la médica policial, lo colocan junto con Alveal en un cuarto pequeño, y le dicen que se saque la ropa, luego lo hacen salir permaneciendo Alveal adentro. En ese momento observa con detalle el estado de Alveal, describiéndolo como visiblemente lastimado, sucio, con sangre en la cara ya seca, el pelo pastoso duro y sangre en las manos. Por último afirma que previo a la liberación los llevan a judiciales saliendo de la Comisaría, refiere que afuera sobre calle Mendoza había 4 o 5 personas en forma pacífica. Iacono y Trovato llevan a Alveal al hospital.Al momento de deponer tanto Iacono como su esposo Trovato, dan cuenta en forma descriptiva del estado en que fue observado Alveal al momento de recuperar la libertad en la Comisaría Primera. Iacono explica que concurrió a esa dependencia ante un llamado de la esposa de Álvarez quién había tomado conocimiento que tanto él como su hijo se encontraban detenidos en la Comisaría Primera y que estarían golpeados. Ni ella ni su esposo conocían a Alveal. Iacono explicó que en un momento, siendo aproximadamente 23:30 hs., ingresó al hall de entrada de la Comisaría y habló con un policía que estaba en un mostrador, solicitándole ver a los demorados, esta persona le dijo que los estaba asistiendo la médica policial y si los dejaba verlos demoraría el trámite de la libertad. Luego de transcurrir una hora aproximadamente, los demorados fueron siendo liberados. Primero salen como siete demorados, luego Baltasar y Jorge Álvarez, mientras que Alveal fue el último en salir. No hablaba, no respondía a sus preguntas, tenía mucha sangre seca en la cara y el pelo, caminaba lento, cree que estaba conmocionado por el trauma en el ojo, ya que la herida le puede hacer perder la noción del tiempo. Su marido lo traslada al Hospital siendo atendido en la guardia por el Dr. Rivera. Finalmente aclara que en el exterior de la Comisaría había unas seis o siete personas esperando por los demorados.Por su parte Trovato, esposo de Iacono, concuerda con su mujer en aludir al modo en que toma conocimiento de los acontecimientos, por los que concurre a Comisaría Primera. Confirma asimismo haber visto a su esposa conversar dentro de la Comisaría con una persona obesa. Luego ve el momento en

que los demorados recuperan la libertad de a uno, por lo que los va llevando al Hospital. El último en salir fue Alveal quién se encontraba muy ensangrentado, en su cara y en el pelo, pero la sangre estaba seca. No hablaba, estaba como mareado, trasladándolo al Hospital previo entregarlo al Dr. Rivera. Afuera de la Comisaría no había más de 10 personas. Aclara finalmente que desde que llegaron a la Comisaría y hasta que los demorados salen en libertad pasó una hora larga.Las versiones brindadas por los distintos policías que de algún modo participaron en los sucesos que nos ocupan se contraponen en algún punto y coinciden en otros. Se advierte de tal modo, que al momento de descender los demorados se encontraban presentes los policías Salinas, Sepúlveda, Caporazo y Padilla, habiendo asimismo comparecido ante ese sector en algún momento, el policía Benitez. Este último es el único que refiere que al momento de descender los demorados, se encontraban exaltados y con actitud violenta, ninguno de los otros policías que intervinieron en el ingreso de los demorados corroboró dicha circunstancia.Asimismo, tanto Bellani, Rivas como San Martín indicaron en sus testimonios respectivos que los calabozos donde fueran alojados los demorados no eran aptos para tal fin. Bellani, afirma que los calabozos estaban inhabilitados,- la Alcaidía funcionaba en calle Montevideo-, por tal motivo dio la orden a Diógenes Martín para que arbitre los medios para acondicionar ese sector para que ingresen los demorados que vendrían de la Cría. 18. Rivas confirma el estado de los calabozos descripto por Bellani, yendo San Martín más allá cuando afirma en su testimonio que Bellani dio la orden que preparen los “cilindros”,- así denominan un sector de la Alcaidía-, resaltando que estos no se encontraban acondicionados para alojar gente, existían reparaciones en construcción, había desorden y agua en el piso.En otro orden de cosas, tampoco hubo precisión en los testimonios en cuanto a la gente que se agrupara fuera de la Comisaría en espera de los demorados. No obstante, la falta de determinación de dicho extremo no incide a mi juicio en gran medida en el entendimiento sobre el desarrollo de los acontecimientos investigados.Respecto al estado de Pedro Alveal desde que fue trasladado de Comisaría 18 y hasta su liberación, existen distintas impresiones obtenidas por los testigos intervinientes que describieron en forma detallada en la audiencia de debate. Salinas afirmó haberlo visto con heridas de perdigones,- al recibirle las pertenencias, le hizo subir la remera-, sangre reciente en torso y espalda y el ojo izquierdo como cerrado.

Estaba callado, no hablaba ni respondía a las preguntas que se le hacían. El enfermero Arturo que habría asistido a Castañon al momento de revisar a los demorados, dijo Alveal se encontraba tranquilo, tenía el cabello pegado al rostro por sangre seca, no pudiendo establecer a que se debía la lesión en la cara; Benitez, recuerda que Alveal tenía sangre entre el cabello y la cara, y que no decía nada. Por último Sepúlveda, quién habría sido el policía que acompañara a Alveal ante la Doctora de Sanidad, dijo que Alveal no se quejaba, estaba tranquilo y tenía la mano cortada con sangre. Que al momento de llevarlo ante Castañon observó la circunstancia en que la facultativa le contaba los impactos en su cuerpo provocados por los perdigones de posta de goma. Asimismo, corresponde destacar lo que dijo San Martín al momento de declarar en el debate, cuando afirmó haber escuchado “hay gente estropeada”, mientras que en igual sentido el Jefe de Guardia Oliart, escuchó en los pasillos que había gente lesionada.Al respecto de las certificaciones médicas sobre la verificación de lesiones en los demorados, se debe consignar que según Salinas, los certificados correspondientes no fueron expedidos en forma inmediata, sino que ella debió concurrir a Sanidad para que los mismos les sean entregados. Se trataban de dos certificados, uno que indicaba los demorados lesionados y otro aquel que correspondía a los que no presentaban lesiones, tal documentación la entregó al Oficial Díaz.En relación al momento en que Castañón ingresó a Primera a revisar a los demorados y su egreso de dicha dependencia, en el parte diario de la Comisaría Primera,- folio 26-, surge que se hizo presente la nombrada a las 21:45, mientras que se retiró luego de revisar a todos los demorados a las 22:14. Según el parte de la División medicina legal –folio 168- Castañon revisó a Pedro Alveal a las 21:47 hs.Con todo lo expuesto, ha quedado acreditado en forma basta y determinante que Alveal permaneció en la Comisaría Primera desde las 21:30 hs. hasta las 00:30 hs.. Que al momento de ser descendido fue primero retenido en el hall de la Alcaidía, donde le retiraron las pertenencias y le tomaron los datos, para luego ser llevados ante la medica de sanidad, la entonces Dra. Castañón. Que luego de ser revisado e indicado su traslado al Hospital Castro Rendón fue alojado junto a los otros demorados hasta su liberación en un calabozo que no era apto para alojar personas, permaneciendo en el mismo desde aproximadamente las 21:50 – hora en que finaliza la revisación de Castañón- hasta las 00:30. hora en la que se le da la libertad. No se encuentra del todo

verificado que Alveal haya sido trasladado a División Judiciales, como por el contrario si hicieran con alguno otro de los demorados. Así, debe concluirse por un lado que no se encuentra en absoluto probado con el solo testimonio de Alveal y de Álvarez, que los demorados hayan sido golpeados al momento de ser descendidos a Primera, sobre todo porque no hay constancia médica que avale tal extremo; no obstante, se ha probado en forma cierta que durante las cuatro horas que Alveal permaneció en esa Comisaría, no fue en ningún momento ni de ningún modo asistido a efectos de sanar, curar o mejorar la situación clínica del nombrado. La consignación totalmente sospechosa que el Oficial Díaz a instancia del Comisario Martín colocara en el acta de libertad de que no quería ir al hospital, se contrapone con el resto de la prueba y sobre todo con el estado de obnubilación y aislamiento que padecía el querellante, lo que hace presumir a la suscripta que en ningún momento pudo haberse encontrado con la lucidez necesaria como para decidir sobre su persona, máxime cuando a escasos 15 minutos de arribar Alveal a esa seccional la profesional de sanidad policial que lo atendiera, dictaminó la necesidad de su asistencia conforme surge del parte diario de esa dependencia.

A continuación y previo a analizar los otros

extremos de la imputación, habré de establecer cual era el

estado de salud de Alveal y cuáles los elementos de prueba

que lo acreditan.

Así, encontrándose demostrada la ocurrencia de los hechos traídos a conocimiento de este Tribunal, corresponde previo a continuar con el análisis de la prueba y su adecuación o no a la petición de la parte acusadora, establecer cuales son las piezas medico-clínicas que acreditan en forma determinante cual era el estado de salud de Pedro Alveal, al momento de ser trasladado hasta la Comisaría 18 la tarde del 25 de noviembre del 2003 hasta su liberación a las 00:30 hs. del día siguiente, al margen de todas las impresiones obtenidas de todos los testigos que lo vieron visiblemente lesionado en base a las versiones que fueran analizadas precedentemente.De tal modo se cuenta con la Historia clínica expedida por el Hospital Castro Rendón, agregada a fs. 53/65; Informe victimológico expedido por la Licenciada Zulema Díaz, agregado a fs. 227; Informe médico forense expedido por el Dr. José Flores, a fs. 250/256; Pericias del médico forense y del Perito de Parte Dr. Alfredo Palacios, agregadas a fs. 575/585 y 586, respectivamente. Tales informes médicos dan cuenta del estado de salud, psíquico físico y las secuelas

que sufriera Pedro Alveal como consecuencia del ataque padecido por escopeteros de la Policía de Neuquén la tarde del 25 de noviembre del 2003. Dicha prueba sumado a los testimonios que ya fueran analizados previamente; Aringoli, Flores, Arturo y Iacono, emerge claro que Pedro Alveal, se encontraba notoriamente lesionado; que las lesiones sufridas al margen de la pérdida del ojo eran leves pero susceptibles de manar sangre; que la lesión en el globo ocular no era ostensible salvo por una exploración quirúrgica; como así que la pérdida final del ojo izquierdo no solo le provocó a Alveal la disminución palmaria en el órgano de la visión sino una secuela estética permanente en el rostro que deberá acompañarlo por el resto de sus días. Debe ser resaltado en esta instancia la explicación que de las heridas expusiera Iacono al afirmar que las lesiones tratadas dentro de las 4 horas de producida exigen curaciones a manera de profilaxis, pero que después de dicho tiempo ya necesitan tratamiento antibiótico atento a la presentación de un eventual inicio de infección por la mutación natural de los gérmenes que se pudieran alojar en la herida. Tal explicación trasluce la necesidad de la atención médica para Alveal desde el primer momento en que fuera lesionado, ello así a pesar de que la mayor lesión provocada en el ojo izquierdo fuera instantánea.Con todo lo expuesto, sin perjuicio de la estrategia de la Defensa, se debe concluir que las lesiones sufridas por Alveal sobre todo la de los perdigones, por los cuales manaba la mayor cantidad de sangre, eran notorias, ostensibles, requiriendo por las eventuales infecciones que pudieran generar, urgente curación, claro está ello, al margen de haber debido dilucidar en forma inmediata la menor o mayor gravedad de la lesión ocular.

Antes de abordar lo atinente a la autoría y

responsabilidad de los autores, es menester realizar

consideraciones y resolver las incidencias que se suscitaron

en los alegatos en lo que atiene a la calificación legal y

pena solicitada por la querella y la constitucionalidad o no

del art. 370 del C.P.P.C..

De las exposiciones de la parte acusadora, se observó un empeño destacable por parte de la querella por el que en claro intento de responsabilizar a todos los imputados, plantea la inconstitucionalidad del art. 370 del C.P.P.C., ante la abstención Fiscal respecto de los encausados Canales, Fuentes y Víctor Díaz. Pero esta parte va más allá y no solo pretende atribuir la comisión de los hechos y de la

responsabilidad por su comisión a los nombrados, sino que haciendo renacer cuestiones procesales ya resueltas, firmes y por ello precluídas, solicita una pena que excede ampliamente la competencia de este Tribunal, desoyendo de esa manera no solo el avocamiento a la causa por parte de la suscripta sino la competencia para resolver la cuestión del más alto Tribunal de la Provincia que en dos oportunidades y por razones distintas resolvió a favor de la competencia de este Juzgado Correccional desconociéndole a la querella autonomía para peticionar y para fijar competencia.Llama la atención a esta Juzgadora que luego de tan sentido alegato, la parte querellante haya incurrido en ese desconocimiento, máxime cuando al momento de calificar legalmente la conducta de los reprochados, sostuvo una figura legal inexistente en nuestro Código Penal, al establecer que las conductas incursas entre otras era la de “vejaciones doblemente agravadas entendiendo por vejaciones en el concepto de torturas de la Convención….”, solicitando a este Juzgado aplique una pena de CINCO AÑOS de prisión efectiva, cuando el delito de torturas en nuestra ley de fondo tiene un mínimo legal de 8 años de prisión y está normado en un tipo penal totalmente distinto a aquel de las vejaciones.Sentado cuanto precede, corresponderá considerar el alegato de la querella en cuanto a la valoración de la prueba y su fundamento, por el contrario, en lo atinente a la calificación legal y a la petición en concreto, habré de limitarla a la efectuada por la Fiscalía por resultar la Suscripta a todas luces incompetente para tratar dicha calificación legal y más aún la pena en particular solicitada.Las cuestiones de competencia previstas en la Ley de rito no obedecen a caprichos del legislador sino que se basan en cuestiones de órden público y es presupuesto para las partes intervinientes en todo proceso propender a que tales principios sean garantizados actuando dentro del proceso en sujeción a las normas que la rigen y no propiciando la inseguridad jurídica a través de planteos improcedentes, que solo tienden a crear expectativas infructuosas en la persona afectada a la que representan.En relación a la excepción en concreto de la inconstitucionalidad del art. 370 del C.P.P.C. entiendo, corresponde rechazarla por los siguientes argumentos.En primer lugar corresponde recordar que los fallos de la C.S.J.N. a los que se ha hecho referencia para sostener el planteo (“Santillan”, “Savio”, etc) fueron fallos dictados por Cámaras Criminales en los que el ámbito de discusión era lógicamente mayor que el de la suscripta.

La inclusión del art. 370 del C.P.P. y C. no se ha debido a una omisión o a una decisión legislativa impensada. Dicha norma debe ser interpretada en forma armónica con el resto de los artículos que integran el cuerpo procesal que nos rige, respecto de los cuales no ha existido paradójicamente ataque alguno en este juicio. El art. 370 debe ser ensamblado con los arts. 6 en el que establece que la acción pública se ejercerá exclusivamente por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada y sobre todo con el art. 312 última parte en el que expresa que el fiscal asimismo, deberá expresar si pretende la aplicación de una pena superior a los tres años de pena privativa de la libertad, debiendo ser esta norma armonizada con el art. 25 que establece la competencia del Juez de Instrucción y en lo Correccional, especificando en el inc. 1) “….y en aquellos que, correspondiendo aplicar pena privativa de la libertad, el fiscal estimare en la oportunidad del art. 312, que no requerirá para el imputado o imputados una pena superior a los tres años ….”; es decir la Ley procesal le asigna solo al Ministerio Público Fiscal como única parte representante del interés social del Estado, la prerrogativa de fijar la competencia de este fuero Correccional.Por lo expuesto y ya resolviendo la incidencia, respetando los derechos de la parte acusadora privada y sin menoscabar en absoluto su tutela efectiva, concluyo que el art. 370 del C.P.P.C. no es inconstitucional, por haberse debido su incorporación a razones estrictas de política legislativa penal por las que, ante procesos que debe resolver un Tribunal unipersonal en los que la deliberación es muy acotada, se ha realzado por ese motivo el protagonismo del Ministerio Público Fiscal, y priorizado la representación de la sociedad a través de su intervención en aquellos delitos en los que dicha parte en cumplimiento de mandato legal, considera no solicitará penas privativas de la libertad más gravosas a los tres años de prisión.

Ahora bien, habiendo sido oportunamente valorada la

prueba reunida en autos, en relación a la ocurrencia de los

hechos suscitados la tarde-noche del 25 de noviembre del

2003, corresponde a partir del entendimiento estricto del

hecho enunciado en cada una de las imputaciones efectuadas

por la parte acusadora, considerar si se ha acreditado como

existentes cada una de las conductas atribuidas, si cada uno

de los imputados a sido autor penalmente responsable por su

comisión, y en definitiva si las acciones verificadas

encuadran en figura legal penal.

En el caso de Calvín Díaz Pérez se ha demostrado

que su actuar se limitó al traslado de Alveal, desde el lugar

de su demora hasta la Comisaría 18 sin que lo haya trasladado

previamente a un centro asistencial conforme la situación de

salud de Alveal lo requería. Nada puede serle endilgado a

Calvín Díaz Pérez, respecto a las distintas circunstancias

que rodearon la demora de Alveal, por cuanto aquel no

participó en la misma, sino que fue llevada a cabo por

personal policial de otra repartición, limitándose su

intervención a cumplir con el traslado a pedido de aquellos y

en cumplimiento a la orden emanada en horas de la mañana por

la superioridad de que los demorados del oeste debían ser

llevados a la Comisaría 18. Por lo expuesto, resulta

totalmente infundado responsabilizar a Calvín Díaz Pérez de

haber privado ilegalmente a Alveal de su libertad.

Vemos con lo expuesto que Calvín Díaz Pérez solo trasladó a Alveal a la Comisaría sin llevarlo previamente a un centro asistencial, traslado que tomó un corto lapso, si consideramos el lugar de la demora y la ubicación geográfica de la Comisaría 18. El acusado si bien tuvo la custodia de Alveal durante ese corto lapso por tratarse del policía de mayor jerarquía en el móvil JP 243, ni mortificó, ni abusó de los derechos de los demorados que transportaba, solamente incumplió u omitió hacer lo que la Ley le mandaba. La notoriedad de la necesidad de asistencia médica por parte de Alveal surge palmaria, y ello es así por cuanto justamente al no ser Calvín Díaz Pérez entendido en la ciencia médica, debió por resguardo de la salud y de la vida del demorado herido que trasladaba, hacerlo asistir previamente evitando por ese medio que la salud de Alveal se deteriorara, máxime si se pondera que conforme el propio relato del acusado, el mismo presenció el ataque ilegal previo, injustificado y desmedido de los escopeteros que le dispararon indiscriminadamente por lo menos 12 disparos con proyectiles de posta de goma.Calvín Díaz Pérez, con su accionar desoyó lo que la Ley lo mandaba a hacer en el caso en concreto, y de tal modo omitió

realizar un acto propio de su función que la Ley le imponía, y que atento al conocimiento cabal del estado de salud menoscabado del demorado, sabía que omitiendo llevarlo a un centro asistencial incumplió entre otras normativas, la ley Orgánica de la Policía de Neuquén Nro. 2081, la que establece en su art. 1 la imposición a la Policía de la Provincia “el mantenimiento del orden público y la paz social….y ejercer por sí las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y demás derechos de la población”, Asimismo la misma normativa en el capítulo II que enuncia las funciones de la policía de seguridad establece en el art. 8 inc. Ñ) “Proteger a los desvalidos e incapaces, promoviendo la intervención de los organismos a quienes corresponda su asistencia”, recordando aquí que el concepto de disvalía según la Real Academia, se refiere al desamparo, a no poder valerse por sí mismo, en el caso, resulta claro que Alveal en su calidad de demorado no podía decidir sobre su persona y ocurrir en forma urgente e inmediata a sanar sus heridas. Las Leyes particulares consignadas son enunciadas como muestra del incumplimiento incurrido, más sabemos son numerosas las normas constitucionales y de tratados internacionales que con conductas como las que nos ocupan se incumplen normativas atinentes al trato de personas demoradas.

El análisis precedente demuestra en forma clara que

la acción realizada por Calvín Díaz Pérez encuadra en la

figura de INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO

PÚBLICO, art. 248 del Código Penal, por cuanto no aplicó en

el caso en concreto leyes cuyo cumplimiento le incumbía. Su

conocimiento sobre la necesidad de Alveal de recibir

asistencia médica resulta palmaria y por tal motivo, deviene

absolutamente manifiesto su desapego deliberado a la Ley,

razón por la que concluyo debe responder penalmente y en

orden a la figura legal enunciada.

A fines de evaluar metódicamente las conductas atribuidas a cada uno de los imputados y en atención a que la imputación efectuada a Laureano Díaz y a Diógenes Martín, es similar por cuanto cada uno ofició la tarde de los hechos como Comisario Jefe de la Comisaría 18 y de la Primera, respectivamente, es que habré de analizar sus correspondientes responsabilidades en forma continuada.

Luis Laureano Díaz, se encontró no solo en la

Comisaría 18, al momento de ser Alveal recibido en esa

dependencia en calidad de demorado, sino que se ha acreditado

en forma determinante que el mismo se encontró presente al

momento de ser Alveal descendido del móvil JP 243 e

ingresado al sector Alcaidía de la Comisaría 18. Los policías

presentes en dicha sección y en tal momento verifican en sus

testimonios la presencia del Comisario en el lugar. Tanto

Quemel, Figueroa, como el propio Canales, aducen haber visto

a Alveal lesionado, y en tal sentido procede resaltar que si

bien se ha advertido por parte de todos los policías

intervinientes relatos mediante los que intentaron minimizar

tanto la entidad de las lesiones de Alveal como el estado

anímico del mismo, deviene inobjetable que todos lo vieron

seriamente lesionado y emanando sangre y entre ellos el

Comisario Díaz, respecto de quién además se lo vincula con

una conversación mantenida con Calvín Díaz Pérez al momento

de proceder al traslado de Alveal, de lo que surge

concluyente que el Comisario tuvo cabal conocimiento del modo

en que aquel fue lesionado la tarde del 25 de noviembre del

2003. En definitiva, cierto es que ha quedado totalmente

demostrado, que habiendo estado Pedro Alveal demorado en sede

de la Comisaría Dieciocho desde las 18:50 hs, hasta las

21:00, el Comisario Laureano Díaz con pleno conocimiento de

la necesidad de asistencia médica por parte del herido, y

habiendo tenido la posibilidad de proceder a su traslado por

cuanto existieron esa tarde cuatro móviles que en distintas

oportunidades concurrieron para distintos trámites a la

Comisaría 18 según lo que emerge del parte diario,

deliberadamente privó al nombrado de tal derecho con el claro

riesgo de que su salud empeorara, no haciéndolo conducir a un

centro asistencial cuando tuvo la posibilidad de hacerlo y no

brindando, conforme lo adujera el personal subalterno de la

Comisaría, ninguna instrucción tendiente a contemplar,

atender y mejorar la situación física del demorado.

Respecto de Diógenes Martín, con todos lo elementos

de juicio emergentes de la prueba reunida y valorada

precedentemente, surge manifiesto que el señor Martín –

Comisario Jefe de la Comisaría Primera-, en la jornada del 25

de noviembre del 2003, luego de encontrarse avocado a

distintos operativos en la Municipalidad y Casa de Gobierno

de Neuquén, concurrió y permaneció en la seccional desde las

22:25 hs., conforme surge del parte diario de esa Unidad

Policial. Al respecto cabe resaltar que sin perjuicio del

intento infructuoso de algunos testigos de hacer restar

validez a dicho instrumento público, como lo hiciera Bellani

u Oliart, tales documentos en tal calidad hacen fe de lo que

consta y por ello al no haber estado redargüido de falsedad,

cobra plena legitimidad y vigencia para acreditar las

novedades ocurridas en la dependencia que se trate. Se ha

comprobado fehacientemente que durante esa jornada el

nombrado permaneció como personal policial de mayor jerarquía

desde esa hora hasta la liberación del querellante, con la

salvedad de un corto lapso de 20 minutos que consta egresara

de la Unidad. Además se ha demostrado que fue quien impartió

la orden a instancia de Bellani de preparar los “cilindros”

para proceder al alojamiento de los demorados que vinieran de

la Comisaría 18, participando activamente en la entrega de

los candados que iban a ser utilizados a tal fin. Es decir

Diógenes Martín en todo momento y aún desde tempranas horas

de la tarde tuvo conocimiento pleno de que ingresarían

personas demoradas a la Unidad cuya jefatura ejercía y

participó activamente en los trámites correspondientes al

alojamiento y mantenimiento de tales personas en tal calidad.

Debe recordarse al respecto que la policía San Martín no solo

observó a Diógenes Martín en la Seccional en las horas que

aquel pretendió mediante su versión no haber estado presente,

sino que en todo momento lo vio conversar con Padilla,

policía que en forma expresa fuera encargado de los

demorados. Por lo expuesto, deviene claro que a partir del

franco que el mismo concediera y comunicara a Padilla a las

22;20 hs., quién debía disponer sobre los demorados y atender

cualquier situación respecto de ellos fue Diógenes Martín.

Todo lo expuesto, sumado al cabal conocimiento que el nombrado tenía respecto al estado de salud de Alveal, respecto de lo cual se debe resaltar que si bien no existe prueba suficiente que demuestre que aquel viera efectivamente al demorado, del resto de los elementos probatorios surge claro y palmario su conocimiento del estado de situación. Como ya se afirmara precedentemente, San Martín lo vio en todo momento en la Unidad y en franca comunicación con Padilla y además a partir de que Salinas le acercara los certificados médicos expedidos por Castañon, los cuales si bien no deberán ser tenido como prueba idónea para acreditar lesiones, de los mismos surgía la necesidad de derivación del herido al Hospital, sugerencia que en ningún momento fue tenida en cuenta por Martín, quién comandó el acto de liberación indicando a Díaz que en el acta de soltura consignara que el demorado Alveal no quería ser trasladado al Hospital, negativa que dado el estado anímico que aquel atravesaba, resulta poco probable. En definitiva Diógenes Martín ordenó a instancia del secretario del Juzgado de Instrucción 3 la liberación de los demorados entre ellos Alveal, una hora y media después de haber sido conocida la orden sin haberlo trasladado a un centro asistencial conforme su estado lo requería, (recordemos que según el parte diario a las horas 23:16 Fuentes dio tal novedad al Oficial de Servicio Díaz).A continuación y encontrándose delimitada cual fue la conducta incursa por cada uno de los Comisarios de las Comisarías 18 y Primera, respectivamente, se deberá establecer cual es la adecuación legal que corresponde a las mismas, teniendo en cuenta la sostenida por la parte acusadora.

Por ello, en primer lugar puede afirmarse que

existió el Abandono de persona previsto por el art. 106 del

Código Penal.?

Al respecto, y en atención a la calificación legal sostenida por la Fiscalía, es menester considerar que conforme lo afirmara la Defensa en sus respectivos alegatos, si bien no ha existido a mi juicio violación al principio de congruencia por cuanto la parte acusadora, tanto Fiscalía como querella, sostuvieron el mismo hecho en todos los actos procesales en los que intervinieron, lo cierto es, que a partir de la enunciación de tales hechos, siendo la primera la expuesta en la declaración indagatoria, no se advierte en el contenido de la atribución las circunstancias que tipifican la figura prevista en el art. 106 del Código Penal. No es cuestión, por más gravosa que sea la conducta incursa, de encuadrarla indebidamente en cualquier figura legal que se pretenda, por el contrario, el hecho enunciado debe contener los elementos fácticos circunstanciales que integran típicamente el encuadre legal. De la lectura del hecho enunciado tanto en la indagatoria como en la requisitoria de elevación de la causa a juicio, no se impone a los acusados, ninguna circunstancia específica que integre dicho tipo penal. No se le ha impuesto que dejaran a Alveal en situación de desamparo o disvalía, que no haya podido ser socorrido por ningún otro medio, ni siquiera que dicha conducta haya puesto en peligro la vida o la salud de la víctima. Por último es dable concluir que aceptar el encuadre legal solicitado por la parte acusadora respecto de la aplicación del art. 106 del C.P., sería violentar el derecho de defensa en juicio de los acusados y el debido proceso por no haber tenido los mismos la posibilidad de defenderse de tal imputación.

Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la

enunciación del hecho imputado si prevé la aplicación de la

figura prevista en el art. 144 bis inc. 3 del Código Penal,

esto es el delito de SEVERIDADES ILEGALES. Respecto de esta

figura legal, la doctrina establece como principio general

que las severidades son las rigurosidades excesivas en el

trato que tiene incidencia directa sobre el cuerpo de las

personas y da como ejemplo; los castigos corporales, la

privación de descanso o de alimentación (Edgardo Donna,

Derecho Penal Parte especial Tomo II-A, Editorial Rubinzal

Culzoni). Por su parte Jorge Luis Villada en el libro Delitos

contra la Administración Pública, editorial Advocatus, pag.

211, afirma que las severidades “son tratamientos o

modalidades de actuación innecesariamente rigurosas,

prepotentes o desconsideradas. Son conductas que atentan

genéricamente contra la dignidad de las personas y la

ilicitud enraíza en el deber de respeto que todo empleado o

funcionario público debe a las personas (al ciudadano en

general o a personas detenidas) como consecuencia de la

naturaleza de su actividad que es un servicio público”.

Entiendo en consecuencia que el haber privado deliberadamente

tanto Laureano Díaz como Diógenes Martín a Alveal de la

asistencia médica que necesitaba conociendo cabalmente el

estado de salud que atravesaba, teniendo ambos en los

momentos atribuidos la jerarquía superior en cada una de las

dependencias y por ello el rol de garante y custodio de los

demorados, y debiendo además por ello velar en todo momento

por la garantía efectiva de sus derechos, entre ellos el de

la asistencia médica, es que entiendo debe aplicarse a ambos

la figura que se analiza, es decir la prevista en el art. 144

bis inc. 3 del Código Penal. Dicha figura legal admite según

Jorge Luis Villada que tales delitos se realicen a través de

conductas omisivas, tales como no permitir ir al baño, no

permitir ver a las visitas, más aún afirmo, no permitir tener

la asistencia médica que la situación impone. La intención o

deliberación conductual por parte de los autores, debe ser

directa, y entiendo que en el caso que nos ocupa, dicho grado

de intencionalidad se ha demostrado en forma acabada, por los

distintos argumentos expuestos precedentemente, los que

analizados en armonía confluyen en un único designio

voluntario, esto es el haber menoscabado los derechos que a

Alveal le asistían, agravando su situación de demorado, con

pleno conocimiento del estado que el querellante presentaba.

Respecto de Padilla, entiendo corresponde en primer

lugar destacar que la figura legal prevista en el art. 106

del C.P. sostenida en su contra por la Fiscalía, por los

mismos argumentos expuestos precedentemente no es posible

adecuarla legalmente a la conducta asumida por aquel, por lo

que habré de remitirme a los fundamentos que en relación ya

se consignaran a los que me remito en honor a la brevedad.

Sin perjuicio, a continuación se deberá analizar cual fue la acción asumida por Padilla que se encuentre comprobada de manera fehaciente y en definitiva cual es el enrostre legal que le corresponde. Con la prueba que ya fuera extensamente valorada, se ha verificado que el Oficial Principal Padilla, no solo le fue asignada la tarea de encargarse de los demorados que recibirían de la Comisaría 18 en forma exclusiva, sino que fue el superior jerárquico existente en la Unidad Policial al momento de que estos ingresan y hasta las 22:20 hs., según surge en el parte diario de dicha seccional. Asimismo, se ha probado en forma suficiente que durante todo el lapso que transcurrió desde que el JP 435 de la Comisaría 18 arribó al sector Alcaidía de la Comisaría Primera, y hasta que los demorados que fueran trasladados sean atendidos por la entonces conocida como Dra. Castañón, Padilla se encontró presente, teniendo intervención activa como director jefe del procedimiento que se estaba llevando a cabo. El propio Padilla reconoce en su descargo tales circunstancias. Con lo expuesto, entiendo que, a partir de los dichos de Salinas quién afirmó haber visto la totalidad de las lesiones de Alveal por haberle subido la remera al momento de recibirle las pertenencias en el hall de la Alcaidía, aclarando que en todo momento Padilla se encontraba junto a ella dirigiendo el operativo de recepción de demorados, como así que todos los testigos que de algún modo intervinieron en esa experiencia y asignan al Principal Padilla la condición de encargado exclusivo y absoluto de la recepción de los demorados, es dable inferir que no es posible que aquel, no haya tenido debido conocimiento sobre el estado de salud de Alveal, pese a que niegue haberle visto las lesiones. Las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, y su permanente presencia en el lugar en su carácter de jefe a cargo del procedimiento, lo responsabilizan de la falta de asistenta médica que Alveal a todas luces necesitaba. El hecho de que en un corto tiempo

haya concurrido a la unidad la Dra. Castañón, no hace excluir su responsabilidad, por cuanto según el parte diario, al momento de llegar los demorados y ser recibidos por el propio Padilla, la información que se tenía de la División médico Legal era de que la Dra. Castañón se encontraba en el Policlínico Neuquén. Ello me hace presumir ciertamente que ante las circunstancias del caso y la verificación de la seriedad de las lesiones de Alveal, el causante hizo caso omiso de tal estado de salud, y continuó con el procedimiento que se le había encomendado sin actuar conforme la situación le exigía dado su rol y su condición de servidor público. Padilla con su acción privó a Alveal del derecho a la asistencia médica que necesitaba, conducta claramente injustificable si se pondera la cercanía del Hospital Castro Rendón, y la existencia en esa seccional de numeroso móviles que a los dichos de los choferes, permanecían ociosos en los playones del estacionamiento.

Por los argumentos expuestos precedentemente,

entiendo que al haber privado Padilla a Alveal de la debida

asistencia médica que necesitaba, menoscabando de ese modo

sus derechos, es que entiendo incurrió en el delito de

SEVERIDADES ILEGALES, previsto y reprimido por el art. 144

bis inc. 3 del C.P.

Por último, habré de avocarme al tratamiento de la

atribución efectuada contra Canales, Fuentes y Víctor Omar

Díaz, y al respecto debo señalar que habiendo sostenido en

esta sentencia la plena validez y constitucionalidad del art.

370 del C.P.P.C., es que habré de sobreseerlos total y

definitivamente en la causa por aplicación estricta de esa

normativa legal.

Sin perjuicio, y en atención especial al interés que la sociedad tiene en este caso, representada por un sector determinado, entiendo que corresponde realizar cierto juicio de valor acerca de la participación que le pudo haber correspondido a los tres nombrados, afirmando en relación que comparto plenamente los argumentos vertidos por la Fiscalía al momento de fundamentar su abstención fiscal.En el caso de Canales y Fuentes, sin perjuicio de haber tenido la misma visualización de las heridas de Alveal que el Comisario Díaz, la sola presencia de aquel, y en consecuencia el gobierno absoluto que aquel tuviera de la situación,

debiendo dar instrucciones precisas para procurar el resguardo adecuado de los presos que guardaba, es que entiendo resultan susceptibles de ser eximidos de toda responsabilidad, máxime cuando entendemos, no obstante la interpretación de la querella, que toda la legislación y reglamentación de la Policía como institución pública prevé una cadena jerárquica de mando inviolable.En el caso de Víctor Omar Díaz, no solo se ha establecido que su intervención principal con los demorados ha sido la de notificarlos de la libertad, sino que al momento en el que el se encontró en la Comisaría, habían superiores jerárquicos con mandato específico de encargarse de los mismos. Ello sumado a que conforme la prueba reunida, no existen elemento de juicio ninguno que haga presumir que el causante vio efectivamente a Alveal hasta el momento de la liberación, es que habré de compartir la tesitura de la Fiscalía, respecto del nombrado.5-Ahora bien, habiéndose desestimado las pretensiones absolutorias en relación a Leonardo Antonio Calvín Díaz Pérez, Luis Laureano Díaz, Diógenes Martín y Adolfo Horacio Padilla, corresponde ingresar al tratamiento de la pena a aplicar en el caso en concreto y teniendo en cuenta las pautas mensurativas de los arts. 40 y 4l del C.P., es que concluyo que, en todos los casos, habré de considerar como atenuantes la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes la mayor o menor jerarquía que tuvieran los imputados como miembros de la Policía de la Provincia de Neuquén.

De tal modo, en el caso de Leonardo Antonio Calvín

Díaz Pérez, habré de imponerle la pena de SEIS MESES de

PRISION EN SUSPENSO más INHABILITACIÓN ESPECIAL para ser

funcionario público como miembro integrante de la Policía de

Neuquén POR EL DOBLE TIEMPO, en orden al delito de

INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, art. 248

del Código Penal.

En el caso de Luis Laureano Díaz, habré de

imponerle la pena de DOS AÑOS de PRISIÓN EN SUSPENSO más

INHABILITACIÓN ESPECIAL para ser funcionario público de la

Policía de Neuquén POR EL DOBLE TIEMPO, en orden al delito de

SEVERIDADES ILEGALES, previsto y reprimido por el art. 144

bis inc. 3ro. del Código Penal.

Respecto de Diógenes Martín, habré de imponerle la

pena de DOS AÑOS de PRISIÓN EN SUSPENSO más INHABILITACIÓN

ESPECIAL para ser funcionario público de la Policía de

Neuquén POR EL DOBLE TIEMPO, en orden al delito de

SEVERIDADES ILEGALES, previsto y reprimido por el art. 144

bis inc. 3ro. del Código Penal.

Por último y en relación a Adolfo Horacio Padilla,

habré de imponerle la pena de UN AÑO Y OCHO MESES de PRISIÓN

EN SUSPENSO, más INHABILITACIÓN ESPECIAL por el DOBLE TIEMPO

para ser funcionario público como miembro integrante de la

Policía de Neuquén, en orden al delito de SEVERIDADES

ILEGALES, previsto y reprimido por el art. 144 bis. Inc. 3

del Código Penal.

Se deja constancia que no resultan aplicables al

caso las previsiones del art. 27 bis de la ley sustancial.

6.Atento el resultado arribado, corresponde a los

condenados cargar con las costas procesales (art. 492 del

C.P.P. y C.).

7.Resultan aplicables al caso los arts.144 bis inc.

3ro., 248, 26, 40, 41 del Código Penal; 4; 6; 25; 300; 301;

312; 326, 370; 458, 492 del C.P.P. y C. y demás normas

legales citadas.

Oídas que fueron las partes, ya juzgando en

definitiva;

FALLO:

I. NO HACER LUGAR al PLANTEO DE

INCONSTITUCIONALIDAD del art. 370, segundo párrafo del C.P.P.

y C. formulado por la parte Querellante,por los argumentos

obrantes en los considerandos.

II. SOBRESEER TOTAL Y DEFINITIVAMENTE a CESAR

MARTÍN CANALES, ROBERTO ALEJANDRO FUENTES y VICTOR OMAR

DIAZ,de demás circunstancias personales obrantes en autos, en

la presente causa N° 3693/2006 y en orden al delito por el

cual fueran oportunamente indagados, ocurrido el 25 de

Noviembre de 2003, en perjuicio de Pedro Martín Alveal, sin

costas y por aplicación de lo dispuesto en los 300, 301 y

cctes. y sgtes., 326, 370 y 492 a “contrario sensu” del

C.P.P. y C.

III- DECLARANDO a LEONARDO ANTONIO CALVIN DIAZ

PEREZ, de demás circunstancias personales obrantes en autos,

autor material y penalmente responsable del delito de

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (art.

248 del Código Penal), por el hecho ocurrido en esta ciudad

de Neuquén, el día 25 de Noviembre de 2003, CONDENANDO al

nombrado a la PENA de SEIS MESES de PRISIÓN EN SUSPENSO (art.

26 del C.P.) e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA SER FUNCIONARIO

PÚBLICO COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA POLICÍA DE NEUQUÉN POR

EL DOBLE DE TIEMPO, con más las costas procesales (art. 492

del C.P.P. y C.).

IV- DECLARANDO a LUIS LAUREANO DIAZ, de demás

circunstancias personales obrantes en autos, autor material y

penalmente responsable del delito de SEVERIDADES ILEGALES

(art. 144 bis inc. 3ro. del Código Penal) por el hecho

ocurrido en esta ciudad de Neuquén, el día 25 de Noviembre de

2003, en perjuicio de Pedro Martín Alveal, CONDENANDO al

nombrado a la PENA de DOS AÑOS de PRISIÓN EN SUSPENSO (art.

26 del C.P.) e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA SER FUNCIONARIO

PÚBLICO COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA POLICÍA DE NEUQUÉN POR

EL DOBLE DE TIEMPO, con más las costas procesales (art. 492

del C.P.P. y C.).

V- DECLARANDO a DIÓGENES MARTÍN, de demás

circunstancias personales obrantes en autos, autor material y

penalmente responsable del delito de SEVERIDADES ILEGALES

(art. 144 bis inc. 3ro. del Código Penal) por el hecho

ocurrido en esta ciudad de Neuquén, el día 25 de Noviembre de

2003, en perjuicio de Pedro Martín Alveal, CONDENANDO al

nombrado a la PENA de DOS AÑOS de PRISIÓN EN SUSPENSO (art.

26 del C.P.) e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA SER FUNCIONARIO

PÚBLICO COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA POLICÍA DE NEUQUÉN POR

EL DOBLE DE TIEMPO, con más las costas procesales (art. 492

del C.P.P. y C.).

VI- DECLARANDO a ADOLFO HORACIO PADILLA,de demás

circunstancias personales obrantes en autos, autor material y

penalmente responsable del delito de SEVERIDADES ILEGALES

(art. 144 bis inc. 3ro. del Código Penal) por el hecho

ocurrido en esta ciudad de Neuquén, el día 25 de Noviembre de

2003, en perjuicio de Pedro Martín Alveal, CONDENANDO al

nombrado a la PENA de UN AÑO Y OCHO MESES de PRISIÓN EN

SUSPENSO (art. 26 del C.P.) e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA

SER FUNCIONARIO PÚBLICO COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA POLICÍA

DE NEUQUÉN POR EL DOBLE DE TIEMPO, con más las costas

procesales (art. 492 del C.P.P. y C.).

VII- REMITIR copia a la Fiscalía General de las

partes pertinentesen relación a la presunta participación de

Sandro Vargas y Juan Sebastián Sepúlveda, en los hechos

ventilados en el presente juicio.

VIII- REMITIR copia a la Fiscalía General de las

testimoniales de los efectivos policiales:Javier Quemel,

Walter Valenzuela, Angel Oliart, Juan Carlos Vinet y Carlos

Muñoz, de las actas de debate y de la presente sentencia, por

la posible comisión de un delito de acción pública, a cuyo

fin dispóngase la desgrabación de dichas declaraciones.

IX- REMITIR en devolución a la Excma. Cámara

Criminal Primera,los secuestros requeridos;a las Comisarías

pertinentes,los partes diarios oportunamente solicitadosy a

la Policía Provincial,Asuntos Internos el Sumario

Administrativo N° 1003/2003.

X- Regularlos honorarios profesionales por la

labor profesional realizada a favor de los patrocinantes,

Dres. Romina A. Sckmunck, Ivana Carla Dal Bianco, Fernando

Dalmazzo de Garzegna y Mariano Pedrero, en forma conjunta y

en cabeza de su directo proponente, en la suma de CIEN (100)

JUS (Ley Arancelaria Provincial Nº 1594, Art.9 punto I 17).-

XI.- Regularlos honorarios profesionales por la labor profesional realizada por el Dr. Edgar Gustavo Lucero, en cabeza de sus directos proponentes, Luis Laureano Díaz y Diógenes Martín, en la suma de CIEN (100) JUS (Ley Provincial Arancelaria Nº 1594, Art.9 punto I 16 b).XII.- Regularlos honorarios profesionales por la labor realizada por el Dr. Ramón Alfredo Acosta y en cabeza de su directo proponente, Cesar Martín Canales, en la suma de OCHENTA (80) JUS (Ley Arancelaria Provincial Nº 1594, Art. 9 punto I 16. b).-XIII.- Regularlos honorarios profesionales por la labor realizada por el Dr. Mario Alfredo Avalos y en cabeza de sus directos proponentes, Víctor Omar Díaz y Leonardo Antonio Calvín Díaz Pérez, en la suma de CIEN (100) JUS (Ley Arancelaria Provincial Nº 1594, Art. 9 punto I 16. b).-

XIV.- REGÍSTRESE, notifíquese, firme que sea,

practíquese cómputo de inhabilitación y planilla de costas

por Secretaría e intímese su pago. Practíquese las

comunicaciones de estilo, dése cumplimiento a las remisiones

dispuestas y oportunamente Archívese.-

DRA. MARIA GAGLIANO

JUEZ CORRECCIONAL

REGISTRO SENTENCIA N° 39/10

CLAUDIA ISABEL TARIFA

SECRETARIA

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