Seguridad y privacidad

Toda iniciativa de TI debe ofrecer seguridad y privacidad a la información que brindan los usuarios. Por ello, la política de tecnologías de la información debe establecer reglas, estándares y procedimientos para colectar, analizar, resguardar, compartir, usar, reutilizar y combinar volúmenes enormes de información.

Al estar este proceso en transición, se requiere de expertos que faciliten la integración de estas tendencias, así como la creación de los mecanismos de incorporación de la voz ciudadana en los procesos, de manera que estos esfuerzos permitan valorar la satisfacción de los usuarios para mantener una dinámica de mejora continua.

Es importante tener en consideración las políticas de innovación y transformación de la sociedad, como el Sistema Nacional e-México, ya que esto permitirá alinear los esfuerzos de transformación de los servicios ciudadanos, como la educación, la salud y la economía. La mayoría de los países con experiencias exitosas en administración de las TI han sumado a los esfuerzos gubernamentales los de los sectores privado y académico, en alianzas estratégicas que les han permitido compartir costos y riesgos en la ejecución de macroproyectos de modernización tecnológica gubernamental. La política de TI debe promover alianzas entre diferentes sectores para la puesta en marcha de proyectos en las instituciones públicas.

Existen varios aspectos de extrema importancia y que ejemplifican algunos de los conceptos que requieren acciones, en materia de política informática, para crear un gobierno innovador y de mejora continua. El establecimiento y uso de esquemas de seguridad e Infraestructura de Llave Pública (PKI); el fortalecimiento de los registros administrativos públicos; un esquema de interoperabilidad entre las agencias gubernamentales; la homogeneización del marco cartográfico nacional, y un marco jurídico adecuado, ofrecen áreas de oportunidad enormes que deben estar contenidas en la política informática para facilitar un desarrollo ordenado que permita optimizar el uso de los recursos tecnológicos y de información en nuestro país.

Estos aspectos requieren atención de manera prioritaria, pero quizá otros tendrán que agregarse a esta lista ya que el desarrollo tecnológico vertiginoso nos obliga a adecuarnos al cambio de manera permanente para aprovechar el potencial que nos ofrece y así facilitar la innovación del gobierno.

Sistematización de la información

Respecto al fortalecimiento de los registros administrativos públicos, el uso de sistemas de bases de datos permitió en todo el mundo sistematizar los procedimientos administrativos que eran manuales y que creaban las montañas de papel como un signo característico de la burocracia. Los países desarrollados cuentan con una inmensa riqueza de información debido a esta sistematización. Desafortunadamente, en México no supimos usar esta herramienta. Los resultados están a la vista: no tenemos un registro de automóviles, no tenemos un buen registro civil (en el ámbito nacional), los registros públicos de la propiedad y el comercio son deficientes, no existe un buen catastro y el primer Sistema del Ahorro para el Retiro se colapsó porque no se pudo mantener una buena base de datos. La lección que se deriva de estos fracasos es que la tecnología es la parte más sencilla del proyecto, lo difícil es mantener depurada la información.

Una base de datos, que es fundamental para el buen gobierno, es la del RENAPO, pues la CURP debe ser la clave única de acceso a todos los trámites con el gobierno.

Poner en orden los registros públicos no es tarea fácil, por lo que establecer reglas de homologación de datos debe ser parte de la política informática nacional porque facilitará la comunicación electrónica de los sistemas de diferentes instituciones y la consolidación de información con fines estadísticos a costos muy marginales.

Uno de los temas obligados de los esquemas de e-gobierno en todo el mundo es la interoperabilidad de las entidades gubernamentales. Este es un punto crucial, y para que suceda se debe establecer una estrategia que forme parte de la política informática, pues se requiere de la coordinación de todas las instituciones del gobierno federal en una primera etapa y, posteriormente, de concertación con las de otros niveles de gobierno. Para llevar a cabo con éxito la interoperabilidad hace falta la adecuación de los registros públicos, y para la comunicación electrónica entre instituciones con reconocimiento oficial es necesaria la firma electrónica.

La tecnología nos permitió crear bases de datos geográficos de gran calidad. En México, alrededor de treinta instituciones del gobierno federal, y casi todas las entidades federativas, han empezado a usar esa tecnología. Actualmente, hay gran diversidad de tecnologías y marcos de referencia, por lo cual se hace necesario unificar criterios, establecer normas y crear una base de datos uniforme.

Marco jurídico

Por último, es indispensable tener un marco jurídico adecuado, porque de otra manera las leyes vigentes pueden convertirse en obstáculos insalvables ya que no contribuyen a crear un ambiente de confianza en el uso de este nuevo modo de operar de las organizaciones. La política informática debe integrar los esfuerzos de los diferentes sectores del país para alcanzar este objetivo, permitiendo, en consecuencia, la potenciación de prácticas gubernamentales innovadoras.

¿Qué puede hacer una política ambiciosa de TI por el desarrollo? Esta es una pregunta de gran interés para México, donde seis millones de personas son analfabetas, cinco millones no cuentan con electricidad, seis millones hablan una lengua indígena y 1.5 millones no tienen acceso a servicios de salud. Sin duda, en la era del conocimiento la exclusión digital y social son equivalentes. El reto para países como el nuestro es el de alinear la estrategia de TI con la política social nacional.

El nuevo desafío de las TI se encuentra en saber aprovechar la internet para eliminar las barreras que impidan la participación ciudadana y, con ello, envolver en la vida pública a muchos grupos históricamente marginados. Aunque el reto mayor de la internet, en este sentido, es el de facilitar oportunidades para la democracia directa (e-democracia), como el voto electrónico en elecciones, podemos empezar con la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, así como la formación de comunidades en red que puedan intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas.