SEGURIDAD CIUDADANAY MEDIOS DE COMUNICACIN

El Coloquio Internacional: Seguridad ciudadana y medios de comunicacin fue realizado con el objetivo de estimular el dilogo democrtico informado sobre uno de los temas ms sentidos por la ciudadana paraguaya. Para ello, se promovi un amplio debate sobre vas alternativas en materia de seguridad ciudadana, dando visibilidad a la intervencin de los medios de comunicacin en una cuestin tan esencial para el futuro del Paraguay.

La organizacin de este espacio slo fue posible gracias a la voluntad conjunta del Ministerio del Interior del Paraguay, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo del Fondo Espaa PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en Amrica Latina y el Caribe.

Esta memoria recoge el intercambio de conocimientos, percepciones y opiniones vertidos durante el coloquio, y pretende constituirse en aporte de informacin e ideas para el fortalecimiento de mbitos de deliberacin democrtica permanente que comprendan el sistema de seguridad ciudadana como el entramado de personas e instituciones polticas o sociales que promueven el camino hacia una sociedad ms segura.

SEGURIDAD CIUDADANAY MEDIOS DE COMUNICACIN

FICHA TCNICA

PNUD Paraguay. Seguridad ciudadana y medios de comunicacin. Asuncin, diciembre 2008.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Lorenzo Jimnez de Luis, Representante Residente- Igor Bosc, Representante Residente Adjunto- Roco Galiano, Coordinadora de Programa a.i.- Ricardo Yorg, Oficial de Programa, rea de Gobernabilidad- Pablo Brugnoni, Asociado de Programa, rea de Gobernabilidad

-

Ministerio del Interior de la Repblica del Paraguay

- Rafael Filizzola, Ministro - Carmelo Caballero, Viceministro de Seguridad Interna- Elvio Segovia, Vice Ministro de Asuntos Polticos

Con el apoyo de:

Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID)

- Miguel ngel Cortizo, Embajador del Reino de Espaa en el Paraguay- Carlos Cavanillas, Coordinador General

Fondo Espaa-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en Amrica Latina y el Caribe

- Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de la Direccin Regional del PNUD para Amrica Latina y Director del Fondo Espaa - PNUD

Equipo Tcnico

- Coordinadora de Edicin: Silvana Oneto - Sistematizacin: AtyCom- Correccin de estilo: Alberto Muoz Aguirre- Diseo y diagramacin: Comunicacin Visual

Copyright 2009 en proceso

Tirada: 500 ejemplares

Este documento es de propiedad del PNUD Paraguay. No tiene fines de lucro, por lo tanto no puede ser comercializado en el Paraguay ni en el extranjero.

Estn autorizadas la reproduccin y divulgacin del material por cualquier medio, siempre que se cite la fuente.

El anlisis y las recomendaciones que aqu aparecen no reflejan necesariamente la opinin del PNUD.

Impreso en Paraguay

NDICE

Prlogo 5

Introduccin 7

I. Discursos de Apertura 15

Igor Bosc, Representante Adjunto del PNUD en Paraguay. 17

Rafael Filizzola, Ministro del Interior del Paraguay. 18

Miguel ngel Cortizo, Embajador del Reino de Espaa en el Paraguay. 21

Dr. Federico Franco, Vicepresidente de la Repblica del Paraguay. 23

II. Disertacin Inaugural 5

- Ms all de la mano dura. Elementos para una respuesta integral. El rol de los medios. 7

Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de la Direccin Regional del PNUD paraAmrica Latina y Director del Fondo Espaa - PNUD - Hacia un desarrollointegrado e inclusivo en Amrica Latina y el Caribe. 27

III. Conferencias Magistrales: Experiencias Innovadoras de Seguridad Ciudadana en la Regin 7

- Gobernabilidad de la Seguridad Ciudadana: experiencias regionales. 9 Marcelo Sain, Consultor de la ONU. Jefe de la Polica Aeroportuaria de la Argentina. 39

- La Reforma Policial: experiencias regionales. Daisy Tourn, Ministra del Interior del Uruguay. 43Juan Faroppa, Consultor de la ONU. Ex Viceministro delInterior del Uruguay. 44

IV. Panel-debate: Analizando el rol de los medios en laSeguridad Ciudadana. Experiencias y lecciones 51

Silvina Heguy (Argentina), Editora de la Seccin Sociedad del diario Clarn. 53

Jess Duva (Espaa), Redactor Jefe de la Seccin Madrid del diario El Pas. 54

Carlos Bez (Paraguay), Gerente del Centro Informativo Multimedia. 56

Susana Oviedo (Paraguay), Presidenta del Foro de Periodistas del Paraguay y periodista del diario ltima Hora 58 Arturo Bregaglio (Paraguay), Director de Radio Viva. 62

V. PANEL: Reforma del sistema de Seguridad Ciudadana en el Paraguay 6

Carmelo Caballero, Viceministro de Seguridad Interna. 65

Marco Alcaraz, Fiscal General Adjunto. 67

Jos Carlos Rodrguez, socilogo e investigador. 72

VI. Palabras de cierre 75

Lorenzo Jimnez de Luis, Representante Residente del PNUD en Paraguay. 77

Conclusiones 79

5PRLOGO

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Paraguay inici su cooperacin en el rea de la seguridad ciuda-dana en 1999. Las intervenciones fueron cam-biando desde un enfoque ms estrictamente policial, durante la primera fase, a un enfoque poltico, de gobernabilidad del sistema de se-guridad, en la actualidad.

En este nuevo marco de intervencin se han establecido dos lneas de trabajo: por un lado, la estrategia de modernizacin del sistema policial, con el objetivo de sentar las bases institucionales tendientes a modernizar a la Polica Nacional en funcin del logro de una labor eficiente de prevencin y control del delito.

Por el otro, la estrategia de fortalecimiento y modernizacin de la capacidad de gestin gubernamental de la seguridad pblica, par-ticularmente en lo relativo a las condiciones institucionales necesarias para la formula-cin, implementacin y evaluacin de las polticas de seguridad pblica, el sistema de control institucional de la seguridad (ciuda-dano y parlamentario) y las regulaciones de la participacin comunitaria y seguridad pri-vada.

En la primera lnea, como actividad principal, se cooper tcnicamente en el diseo, forma-cin y despliegue de la Polica Urbana Espe-cializada, con especial nfasis en el mapeo y anlisis criminal.

En la segunda lnea de trabajo, con el aporte financiero de la Agencia Espaola de Coope-racin Internacional para el Desarrollo (AE-CID), se fortaleci la planificacin estratgica del rea de seguridad, facilitando una dinmi-ca participativa para la definicin de priorida-des de gobierno.

Asimismo, en este marco de cooperacin PNUD - AECID, se apoyaron las tareas de co-municacin del Ministerio del Interior y se organiz el Coloquio Internacional: Seguridad ciudadana y medios de comunicacin, que cont con con la participacin de autorida-des gubernamentales, comunicadores socia-les, expertos y lderes de la sociedad civil.

Los principales aportes del coloquio motivan esta publicacin, que puede convertirse en un importante insumo para reflexionar sobre la seguridad ciudadana y el rol de los medios desde una perspectiva integral, democrtica y ciudadana.

6Situando la seguridad ciudadana en el centro del debate, los medios de comunicacin mere-cen una especial mencin, en tanto son actores privilegiados de este sistema y estn llamados a asumir el gran desafo de comunicar esta nueva concepcin de seguridad. Ellos desempean un rol preponderante en ese espacio pblico don-de se informa, delibera y definen sentimientos, opiniones y decisiones sobre el tema.

El coloquio habilit un mbito de dilogo en el que se expusieron las experiencias de la re-gin y se intercambiaron experiencias y pers-pectivas nacionales, para pensar vas alterna-tivas en materia de seguridad ciudadana y analizar cul podra ser el mejor aporte de los medios de comunicacin a una cuestin tan esencial para el futuro del Paraguay.

Lorenzo Jimnez de Luis

Representante Residente del PNUD en Paraguay

7INTRODUCCIN

La seguridad es un tema de preocupacin p-blica reciente; ingres y cop los espacios en los medios de comunicacin, en el debate po-ltico y en el inters ciudadano en pocos aos. Esta irrupcin fue tan rpida que, adems de impedir a los actores involucrados disponer de las herramientas institucionales necesarias para promoverla con eficacia, tampoco per-miti contar con un conjunto relativamente comn de conceptos que faciliten el debate y la articulacin de esfuerzos.

Por ello, paralelo al esfuerzo de construir ca-pacidades institucionales en el sistema de seguridad ciudadana*, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca estimular el dilogo democrtico infor-mado, que permita intercambiar conocimien-tos, percepciones y opiniones en un marco de entendimiento comn. La realizacin del Coloquio Internacional: Seguridad ciudadana y medios de comunicacin y la publicacin de esta memoria pretenden constituirse en ti-les aportes de informacin e ideas conducen-tes al establecimiento de mbitos de delibe-racin democrtica ms estables.

Desde el enfoque del Desarrollo Humano, se propone poner en relieve la centralidad de las personas en los procesos de desarrollo, como beneficiarias y como sujetos activos en su promocin. Por ello, es fundamental promo-ver la participacin para estimular, por medio del debate, esfuerzos conjuntos que logren obtener objetivos comunes.

Con ese propsito, y para iniciar el dilogo, se requieren algunos acuerdos generales. En pri-mer lugar, es necesario identificar a quines se enfoca como sujetos de la seguridad. Durante dcadas, preservar la integridad de la nacin fue el principal objetivo de los organismos de seguridad en Amrica Latina.

Segn el discurso oficial, esa entidad intangi-ble y superior estaba en peligro por la accin de grupos internos que pretendan atentar contra su ser esencial; cualquier consideracin individual, por tanto, quedaba relegada frente al objetivo mayor de asegurar la permanencia de la nacin. Este argumento pretendi justi-ficar, invocando una razn de Estado, la trans-gresin sistemtica de los derechos humanos durante las dictaduras cvico-militares.

* Entendido como el entramado de personas e instituciones polticas o sociales que promueven, o podran promover, el camino hacia una sociedad ms segura.

Las perspectivas actuales han cambiado sus-tancialmente, y evitan la absolutizacin de cualquier ente colectivo; si bien se debe sal-vaguardar tambin, por ejemplo, a las institu-ciones democrticas, se otorga la prioridad a los individuos. Ellos son los que deben gozar de la seguridad, sin excusas que remitan a ins-tancias superiores.

Esta nueva prioridad generaliz las nociones de Seguridad Democrtica o Seguridad ciu-dadana, que pretenden subrayar, en su misma denominacin, la intencin de preservar la seguridad de las personas, concebidas como seres individuales que ejercen sus derechos y obligaciones.

En segundo lugar, se requiere identificar en qu mbitos se promover la seguridad. Aqu se exige un especial esfuerzo de delimitacin. La seguridad ciudadana refiere a la proteccin frente a los fenmenos que resultan lesivos a las personas y a las condiciones para su desa-

rrollo humano, es decir, que afectan negativa-mente el proceso de ampliacin de sus opor-tunidades. Esos fenmenos lesivos se pueden manifestar como incidentes menores, eventos delictivos y/o situaciones de violencia.

El desafo de la seguridad ciudadana es esta-blecer un conjunto de procesos, mecanismos y dispositivos institucionales con el objetivo de brindar una respuesta democrtica a esta problemtica de la violencia y el delito.

Asimismo, en el Informe Mundial de Desa-rrollo Humano 1994 del PNUD se present la nocin de Seguridad Humana. Este es un en-foque holstico, que incluye mltiples dimen-siones: seguridad econmica, alimentaria, de la salud, ambiental, personal, comunitaria y poltica. Excede largamente la idea de seguri-dad ciudadana y refiere a la necesidad de que el Estado y la sociedad civil protejan a los hom-bres y mujeres de las mltiples amenazas que dificultan el desarrollo humano sostenible. Es una nocin especialmente til para pensar en la interrelacin de las vulnerabilidades en la sociedad o en el mundo, que sobrepasa la di-visin tradicional entre ricos y pobres.

Sin embargo, vale aclarar que cuando se ha-bla de seguridad en este trabajo, se estar haciendo alusin al sentido ms estricto de seguridad ciudadana.

De esta manera, si bien se limita a la proble-mtica de la violencia y el delito, no se pierden de vista, las complejidades sistmicas que nos ofrece el concepto de Seguridad Humana.

9En tercer lugar, es necesario identificar a los actores que integran el sistema de seguridad ciudadana, entendindolo como el entrama-do de personas e instituciones polticas y so-ciales que promueven, o podran promover, el camino hacia una sociedad ms segura.

Por ello, el imperativo es asumir la responsa-bilidad individual y colectiva. La responsabili-dad individual contempla roles especficos: la direccin poltica es ejercida por la autoridad a cargo (En Paraguay concretamente el Minis-terio del Interior). Por su parte, el Parlamento y la sociedad civil controlan y requieren las polticas pblicas. Los medios de comunica-cin, adems de su rol contralor, informan y generan el clima de la opinin pblica. Estos, entre otros, conforman una larga lista de acto-res con responsabilidades definidas.

Pero, adems, cada uno de estos actores as como el resto de la sociedad, asumen roles ms difusos, pero imprescindibles para abor-dar holsticamente el problema: las personas que toman medidas preventivas para no ser asaltadas, las organizaciones que trabajan con grupos vulnerables, la empresa que coloca un foco para iluminar la va pblica, las munici-palidades que mantienen limpias y atractivas las plazas pblicas, etc., estn aportando a la construccin de un ambiente social en el que la gente est y se siente segura.

Es este llamado a la responsabilidad indivi-dual y colectiva el motivo de esta publicacin. El nfasis est puesto en los medios de comu-

nicacin, porque su importancia es sustantiva y creciente. Adems, en tanto es un fenmeno mundial, se pueden revisar otras experiencias que sirvan de orientacin. Son simples men-ciones que habilitan a reflexionar y buscar caminos para promover con eficiencia la se-guridad ciudadana, ese bien pblico hoy tan apreciado.

EL COLOQUIO

El Coloquio Internacional: Seguridad ciudada-na y medios de comunicacin, realizado el 12 de diciembre del 2008, se propuso iniciar un debate interinstitucional e intersectorial, so-bre vas alternativas en materia de seguridad ciudadana, privilegiando el posible aporte de los medios de comunicacin.

Fue producto del esfuerzo conjunto del Minis-terio del Interior del Paraguay, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Espaola de Cooperacin Interna-cional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo del Fondo Espaa PNUD Hacia un desarro-llo integrado e inclusivo en Amrica Latina y el Caribe.

Un antecedente inmediato constituye el Se-minario Internacional: El rol de los medios masivos de comunicacin en la seguridad ciudadana: un tema clave para Amrica La-tina, realizado en septiembre del 2008, en Montevideo, Uruguay. Ms de 100 periodistas,

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acadmicos, autoridades gubernamentales y expertos de ms de 20 pases de Amrica Latina, el Caribe y Espaa se dieron cita en dicha ocasin para debatir sobre el rol de los medios de comunicacin en la Seguridad ciu-dadana.

Al final del seminario, qued constituida la Red de Periodistas Latinoamericanos por la Segu-ridad ciudadana y la Equidad, que adopt la

misin de promover el intercambio y debate sobre esta temtica, promoviendo un enfoque integral de la seguridad, acorde con una visin de derechos humanos y de equidad.

Cabe destacar la participacin de un impor-tante nmero de miembros de la Polica Na-cional, indicador de la predisposicin de esta institucin hacia un proceso de cambio basa-do en el dilogo social.

Instituciones participantes

Instituciones privadas Instituciones pblicas

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)VeltkeitelCooperativa Universitaria, Ltda.Organizacin SocorroUniversidad Autnoma del Paraguay

Diario ABC ColorDiario La Nacin Diario DIario ltima HoraRadio Critas AM Radio Nacional del ParaguayRadio andut Radio VivaRed de Teledifusora Paraguaya (Canal 13)

Academia Nacional de PolicaCmara de SenadoresMunicipalidad de Asuncin / Centro Municipal Nro. 3 Comandancia de la Polica NacionalFiscala General del Estado (Ministerio Pblico) Gobernacin del AmambayGobernacin del GuairInstituto de Previsin SocialMinisterio del InteriorSecretara de la Funcin PblicaSecretara de la Niez y la AdolescenciaUniversidad Nacional de Asuncin (UNA)

Medios de comunicacin

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EL DEsaRROLLO DEL COLOQUIO

La apertura cont con la participacin de Fe-derico Franco, Vicepresidente de la Repblica; Rafael Filizzola, Ministro del Interior; Igor Bosc, Representante Residente Adjunto del PNUD y Miguel ngel Cortizo, Embajador del Reino de Espaa en el Paraguay.

Las autoridades valoraron el coloquio aten-diendo a su valor estratgico. La inseguridad es, junto al empleo, la principal preocupacin de la poblacin latinoamericana. Todos los asistentes coincidieron en la pertinencia de un abordaje integral y de nuevo cuo, que exige la participacin de varios actores.

Bosc destac la relacin con el Desarrollo Hu-mano; Filizzola, el escenario poltico en el cual el coloquio se inserta, marcado por la supera-cin del rgimen stronista y la alternancia pa-cfica en el poder, y destacando la necesidad de un cambio profundo en la administracin de la justicia y en el Ministerio Pblico; Cortizo puso acento en el enfoque de derechos como necesario para abordar la seguridad, con el correlato de las correspondientes obligacio-nes. Franco afirm: Hay inseguridad, hay delito, porque existe impunidad.

Bernardo Kliksberg inici la sesin inaugu-ral con el tema Ms all de la mano dura. Ele-mentos para una respuesta integral. El rol de los Medios; cuyo contenido tuvo una pers-pectiva regional. En ese sentido, afirm que Amrica Latina es la regin ms desigual

del mundo, y que la inequidad es la razn principal de la pobreza y la inseguridad. Kliksberg desnud los mitos sobre los que se asienta la poltica de la mano dura, los cuales refieren que el problema es esencialmente policial, que los pases exitosos han aplicado mano dura, que las causas de la delincuen-cia juvenil son misteriosas y que el enfoque integral solo produce resultados a largo pla-zo. Al mismo tiempo, ofreci pistas para otro abordaje de carcter integral, as como para una actuacin adecuada de los medios de co-municacin.

Las conferencias magistrales desarrolladas a continuacin hicieron referencia a Experien-cias innovadoras de seguridad ciudadana en la regin. Fueron expositores Marcelo Sain, con-sultor de la ONU y Jefe de la Polica Aeropor-tuaria de Argentina; Daisy Tourn, Ministra del Interior del Uruguay, quien particip a travs de una videoconferencia y Juan Faroppa, con-sultor de la ONU y ex Viceministro del Interior del Uruguay.

Sain denunci la ausencia de un debate rigu-roso sobre la seguridad pblica, la cual impli-ca disponer de condiciones y mecanismos para resolver conflictos en la sociedad. Afirm que la seguridad no hace a una decisin policial, sino a una decisin poltica. La poltica, sin embargo, deleg la responsabilidad de la segu-ridad del pas a la polica, dijo Sain.

Respecto a los medios de comunicacin, ob-serv que los mismos marcan la agenda de la seguridad pblica, respondiendo a coyuntu-ras y a un estilo periodstico hoy cuestionado.

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Tienen, por lo tanto, mucha responsabilidad en el abordaje dominante, caracterizado por el sentido comn, el simplismo y el reduccionismo, expres.

La Ministra Tourn, adems de reafirmar la necesidad de un abordaje integral, se pre-gunt: Qu rol juegan los medios y la comuni-cacin actual para que construyamos un nuevo concepto de seguridad integral? Su pregunta parti del reconocimiento de la presencia transversal de los mismos en las sociedades actuales, por lo que resulta relevante no slo lo que se transmite, sino cmo se transmite.

En relacin a su pregunta, expres: Es hora de llamar a la reflexin sobre este abordaje perio-dstico, basado en la descontextualizacin de los hechos y el privilegio del sensacionalismo.

Faroppa realiz una introduccin y contex-tualizacin de las reformas policiales que constituyen un fenmeno regional en el con-tinente latinoamericano, destacando algunas experiencias nacionales, tanto de Centroam-rica como de Amrica del Sur.

Aqu, afirm Faroppa, los procesos de reforma policial se caracterizan por la participacin de la sociedad civil, la cual ha ayudado a transi-tar de un modelo de seguridad hegemonizado por las propias fuerzas policiales, a otro, subor-dinado al sistema poltico, con el correlato de capacitacin, formacin de cuadros tcnicos y funcionamiento de una burocracia, en el buen sentido del trmino.

Siguiendo sus planteamientos, es posible ha-blar de un espritu de reforma, enmarcado

en la Reforma del Estado que ha superado el ajuste estructural. Son ejes estratgicos in-eludibles: la gobernabilidad democrtica, el marco axiolgico o tico, una estricta regula-cin de los procedimientos policiales, el forta-lecimiento del mecanismo de control interno, el respeto a la diversidad cultural, la partici-pacin ciudadana, las nuevas tecnologas, la profesionalizacin policial y el sistema de for-macin.

Finalmente, el coloquio plante dos paneles-debate: Analizando el rol de los medios en la se-guridad ciudadana. Experiencias y Lecciones, y Reforma del sistema de seguridad ciudadana en el Paraguay. El primero estuvo moderado por Pablo Basz, Coordinador de Redes Institucio-nales del Fondo Espaa PNUD; y el segundo, por Soledad Villagra, Consultora en Derechos Humanos y seguridad ciudadana.

El primer panel debate cont con la partici-pacin de los periodistas Silvina Heguy (Ar-gentina), Jess Duva (Espaa), Susana Oviedo, Carlos Bez y Arturo Bregaglio (Paraguay). Se constituy en una lectura reflexiva y crtica sobre la labor de la prensa en general y, parti-cularmente, en relacin con la seguridad ciu-dadana. Se sealaron las caractersticas de la prensa en el mundo y en el Paraguay. Los pe-riodistas extranjeros ofrecieron experiencias y buenas prcticas, que pueden ser orienta-doras para el pas.

El segundo panel cont con la participacin de Carmelo Caballero, Viceministro del Inte-rior; Marco Alcaraz, Fiscal General Adjunto y Jos Carlos Rodrguez, socilogo. Caballero

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inform acerca de las acciones del Ministerio del Interior, particularmente del diseo de un sistema de seguridad nacional, cuyos ejes trans-versales son el trabajo, la educacin y la salud.

El plan en ciernes articula polticas pblicas y programas diversos, y cuenta con seis ejes es-tratgicos: Reforma y profesionalizacin de la Polica, Equipamiento, infraestructura y tecno-loga, Cooperacin internacional, Articulacin y accin sinrgica institucional, Descentraliza-cin y participacin ciudadana y Marco legal de la seguridad ciudadana.

El Fiscal General Adjunto destac los principa-les desafos del Ministerio Pblico: establecer grupos de trabajo orientados a la proactividad, desarrollar modelos de intervencin conjunta, en articulacin con otras instituciones, desarro-llar sistemas eficientes y eficaces de monitoreo y evaluacin, previendo indicadores para facto-res de correccin.

Realiz, asimismo, dos observaciones impor-tantes respecto a los medios de comunica-cin: stos tienen una influencia poderosa sobre el trabajo de la Fiscala, pese a las crticas que formulan. Se puede decir, inclusive, que contro-lan la agenda institucional.

Jos Carlos Rodrguez observ que durante la dictadura de Stroessner s que se encara-ba la seguridad de una manera muy diferente. Haciendo un contraste temporal, formul la pregunta: Qu puede hacer un gobierno pro-gresista sobre el tema seguridad? Sus aportes, para posibles respuestas, sealan: Nosotros te-nemos una ilusin y una omisin. La omisin es la ausencia del debate sobre el tema. La ilusin -

tributaria de la visin de la derecha que gobern este pas hasta hace algunos meses - plantea la seguridad como una defensa del orden, plantea-miento improcedente desde todo punto de vista.

Rodrguez considera que existe una carencia de pensamiento progresista-humanista sobre la seguridad, a pesar de la disponibilidad de conceptos: el concepto de seguridad ciuda-dana es, por ejemplo, un avance respecto a la Seguridad del Estado, a la defensa del Estado contra la subversin. Destac la importancia perentoria de disminuir la impunidad.

DEsafOs

El Coloquio Internacional: Seguridad ciudada-na y medios de comunicacin, apelando a las palabras de Lorenzo Jimnez de Lus, Repre-sentante Residente del PNUD en el Paraguay, ha sido una primera piedra de toque en lo que, a nuestro juicio, debe ser el abordaje de los te-mas sensibles, los temas que estn en la primera pgina de la actualidad paraguaya, de Latino-amrica y del mundo.

I. DISCURSOS DE APERTURA

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I. DISCURSOS DE APERTURA

Igor BoscRepresentante Residente Adjunto del PNUD en Paraguay.

Construir la seguridad ciudadana es uno de los principales desafos de la dcada presente en toda Amrica Latina.

De acuerdo con el Informe Latinobarmetro, que present el PNUD en Paraguay, la insegu-ridad es el problema ms importante para las sociedades latinoamericanas, y se ha conver-tido en una inquietud que ocupa las primeras planas de los peridicos y los horarios centra-les en TV y radio. En el Paraguay, el problema de la delincuencia ocupa el segundo lugar con un 16%, precedido por el problema de desempleo, que preocupa al 23% de los en-cuestados.

En este coloquio, veremos que las sociedades de la regin se enfrentan a la urgente nece-sidad de establecer mecanismos institucio-nales democrticos que enfrenten, de mane-ra eficaz, la problemtica de la violencia y el delito desde una perspectiva integral, ya que se ha demostrado que no se encontrarn so-luciones desconociendo otros temas con los que se relacionan directamente: la pobreza, la inequidad, la desocupacin y la educacin.

En el PNUD estamos convencidos de que el Desarrollo Humano - el proceso de amplia-cin de las capacidades de las personas - slo puede consolidarse en un entorno social que promueva la convivencia plural y pacfica por medio del respeto a los Derechos Humanos. Este es, precisamente, el significado de la se-guridad ciudadana.

Ya se han abandonado las nociones enfoca-das slo en los entes colectivos, como lo hizo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ahora, la atencin democrtica se desplaza hacia las personas, en tanto seres individuales y socia-

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les, objetos y sujetos del desarrollo en un es-pacio de sociabilidad compartido.

Como explicar uno de nuestros disertantes principales, Bernardo Kliksberg, la violencia y la criminalidad traen consigo costos irrepara-bles. No slo se pierden vidas humanas, sino tambin se instala una manera de vivir bajo el miedo permanente, que lleva al deterioro de la calidad de vida del ser humano.

Los medios de comunicacin, por su parte, desempean un rol importante como fuente principal de informacin y formacin de opi-nin, incidiendo en la percepcin ciudadana sobre la inseguridad. Ellos son, asimismo, ac-tores privilegiados en este esfuerzo colectivo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en sus dos dimensiones: la dimensin objeti-va, es decir, la disminucin de la real ocurren-cia de hechos delictivos, y la dimensin sub-jetiva, la percepcin y la sensacin acerca del entorno fsico y social, como lugar seguro y de convivencia pacfica.

Deseo profundamente que este coloquio sirva para alimentar un debate que construya, por medio de una amplia discusin democrtica, las capacidades necesarias para llevar adelan-te slidas y eficaces polticas de seguridad.

El tema involucra a las organizaciones esta-tales y civiles, a los medios de comunicacin y a toda la ciudadana. Resta an establecer puentes de dilogo que permitan la elabora-cin deliberativa de los objetivos comunes y de las estrategias de accin para alcanzarlos.

Rafael FilizzolaMinistro del Interior del Paraguay.

Primeramente quiero expresar, como Ministro del Interior, mi reconocimiento tanto al PNUD, como a la AECID, por la oportunidad que nos brindan de iniciar este coloquio internacional, en cuyo marco discutiremos aspectos de un tema que hoy es central en el debate en nues-tra sociedad, as como en toda la regin y el mundo: la inseguridad.

Todas las encuestas publicadas en los ltimos meses, inclusive, en los ltimos aos, sealan cla-ramente que en el centro de las preocupaciones de los habitantes de nuestro pas, se encuentra la inseguridad, luego del desempleo, que ocupa el primer lugar. Este dato subraya la necesidad del debate, as como de la accin consecuente.

Adems, es relevante hablar de la inseguridad en este momento histrico del pas, marca-do por el cambio y lo nuevo. Tras 60 aos de gobierno de un mismo partido poltico, se ha producido en el Paraguay la primera alternan-cia pacfica en el poder, hecho que seala la singularidad del momento.

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Segn algunos, estamos concluyendo el pro-ceso de transicin a la democracia; segn otros, iniciando un verdadero proceso de transicin. Desde esta ltima mirada, la transicin siem-pre se vea incompleta, porque nunca antes en la historia poltica del pas se produjo una alternancia de gobierno pacfica de un partido a otro, como ocurri el 20 de abril de 2008.

Y es desde esta perspectiva que se puede vislumbrar la superacin del sistema gestado durante la dictadura stronista, caracterizado justamente por la utilizacin de mtodos ab-solutamente perimidos en la lucha contra la criminalidad, pero, por sobre todo, por el sen-tido de los organismos de seguridad del Es-tado, no como agentes para la generacin de condiciones de seguridad, sino para el mante-nimiento del rgimen poltico dictatorial.

Durante la dictadura stronista, la concepcin de la seguridad fue absolutamente autoritaria: los organismos de seguridad estaban someti-

dos al poder poltico, en particular a las necesi-dades y a los requerimientos de la dictadura.

Hoy, debemos construir un nuevo modelo de seguridad, una nueva doctrina sobre bases profundamente democrticas. Este debate lo iniciamos en el contexto de la superacin de un rgimen autoritario y dictatorial, y el inicio de un nuevo gobierno, que viene a poner fin al manejo monoplico del poder por parte de un sector poltico.

A nivel internacional, suele observarse que el debate en materia de seguridad, a veces, cae en un falso dilema: seguridad contra Dere-chos Humanos. Desde el gobierno, rechaza-mos y negamos tajantemente esa fingida di-cotoma. Sostenemos que debemos enfrentar el problema de la inseguridad en democracia, con la vigencia plena de la Constitucin Na-cional y el respeto de los Derechos Humanos.

En ese sentido, subrayamos el artculo consti-tucional que define al Paraguay como un Es-tado Social de Derecho; por lo tanto, cuando hablamos de la inseguridad, debemos hablar de las injusticias y de las exclusiones sociales, problemas que subyacen al primero.

Es tiempo de pensar en un modelo de seguri-dad diferente para el pas, superando la mira-da policaca, como si fuera un problema que se va a solucionar nicamente desde las pers-pectivas de la prevencin o de la represin. Un abordaje diferente exige inscribirlo en un contexto mucho ms amplio, sobre todo ana-lizando y atendiendo las causas.

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En tal sentido, el gobierno nacional est s-lidamente comprometido con la atencin de los problemas sociales, los cuales tienen el correlato de la sedimentacin histrica, o sea, la continuidad en el tiempo, acentuando con-flictividades y cristalizando prcticas sociales e institucionales.

Los conflictos en el campo y en las ciudades, los altos ndices de desempleo, los bajos ni-veles de prestaciones sociales por parte del Estado, son problemas que se combinan, in-cidiendo en el aumento de la pobreza y de la exclusin social en nuestro pas.

Tanto el actual gobierno como toda la socie-dad enfrentamos un desafo maysculo para superar una serie de situaciones que se han ido configurando en el transcurso de los aos, justamente porque no se han tomado las me-didas adecuadas en materia de generacin de empleo y de polticas sociales. Medidas que tienen rango constitucional, atendiendo a la definicin de Estado Social de Derecho, ya subrayada anteriormente.

Los organismos de seguridad, particularmen-te el Ministerio del Interior y la Polica Nacio-nal, tenemos una deuda pendiente, adems de la responsabilidad de formular polticas y programas adecuados. Es ineludible repensar estas instituciones para superar su anacronis-

mo. La observacin de experiencias exitosas de otros pases puede resultar de mucha ayuda.

Urge impulsar las reformas que nos permitan modernizar la institucin y dotarlas de las tecnologas y los medios necesarios, pero, por sobre todo, necesitamos promover el cambio cultural, a travs de nuevos programas de en-seanza y el combate a la corrupcin, de la cual no estn libres los organismos de segu-ridad.

Sin embargo, no lograremos los resultados es-perados, por ms esfuerzo e inversiones que hagamos, si aqu no se produce un cambio profundo en la administracin de la justicia y en el Ministerio Pblico, las otras dos patas en el manejo del problema de la seguridad en nuestro pas.

Reitero mi agradecimiento a la AECID y al PNUD por este enorme apoyo, as como a los invitados internacionales, cuya experiencia en la materia, tanto terica como prctica, nos ser de muchsima utilidad.

Finalmente, quiero destacar la presencia del Comandante de la Polica Nacional, la del Sub-comandante y de muchos oficiales superiores y subalternos, circunstancia que demuestra el compromiso con la sociedad paraguaya y la coherencia con el juramento que hicieron ellos al ingresar a la institucin.

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Miguel ngel CortizoEmbajador del Reino de Espaa en el Paraguay.

Poco me resta decir despus de las interven-ciones precedentes, salvo que me congratulo mucho, en nombre del gobierno espaol, por poder acompaar en esta ocasin a las autori-dades paraguayas, con la ayuda del Fondo de Espaa y el PNUD.

La seguridad no es un fenmeno aislado en un Estado de Derecho. Prefiero hablar de se-guridad antes que de inseguridad, pues aque-lla alude a un derecho de los ciudadanos, igual al derecho a la salud o a la educacin. No en vano, el ttulo de este encuentro es Seguridad ciudadana y medios de comunicacin.

En mi opinin, desde hace mucho tiempo, los medios de comunicacin hacen a un elemen-to clave en los Estados de Derecho tanto en los pases que se rigen por un sistema demo-crtico, as como en aquellos que pretenden serlo. El debate ciudadano es fundamental para coadyuvar a que los medios cumplan, con efectividad, un rol democratizador.

Este debate parece que presenta ciertas ca-ractersticas en pases que han pasado por dictaduras, pues obligadamente hay un nfa-sis en las circunstancias (favorables o desfavo-rables) para el ejercicio de los derechos.

El debate sobre la seguridad en los medios de comunicacin est, muchas veces, al abri-go de la tentacin de centrarse en ms poli-cas, ms armas, ms mano dura y reclusin indiscriminada. Inclusive, hay sectores para los cuales la mano dura implica la peticin de penas que priven la propia existencia a los delincuentes. Los medios de comunicacin y el debate ciudadano son esenciales para evi-tar contenidos autoritarios en las polticas de seguridad.

Las sociedades se enfrentan al dilema de su-cumbir a esa acepcin y centrar toda la res-ponsabilidad en el mbito policial, o abrir el debate a otros aspectos, que son tanto o ms importantes. Abrirse al debate implica abor-dar las causas subyacentes a la inseguridad, que no suelen observarse siempre.

La seguridad, como derecho, impele al Estado a asumir el compromiso de generar las con-diciones para su ejercicio y, a la ciudadana, a exigirlas. Esta perspectiva indica que el Esta-do debe disponer de recursos para financiar lo necesario, a fin de garantizar las condicio-nes del derecho a la seguridad.

Por lo tanto, cuando se pide ms seguridad, ms educacin, mejor atencin sanitaria, por citar ejemplos, habr que plantearse tambin cmo financiarlos. Es paradjico, pero a veces se observa que el mismo sector ciudadano que reclama un derecho, es el que se niega a pagar los impuestos.

Este es un debate obligado, porque si no hay recursos, no hay posibilidades de garantizar ni mejor atencin sanitaria, ni mejor educacin, ni mejor seguridad, ni mejor formacin de los cuerpos policiales, ni ms dotacin de equi-pamientos. Y aqu reside la responsabilidad de los medios de comunicacin. La ausencia del debate ciudadano serio genera un terre-no propicio para polticas desacertadas.

stas, a su vez, minan el sentido de lo pbli-co, generando situaciones, como se puede ver en algunos pases de Latinoamrica, en las que las personas resuelven individual o privadamente sus problemas. As las cosas, el que tiene dinero paga un servicio privado de

seguridad. Siguiendo con los ejemplos, hay pases donde la despreocupacin acerca de la educacin desaparece, porque la educacin como servicio pblico desaparece.

Esa es la cuestin: si no hay recursos, no hay manera de financiar los derechos, y si no hay derechos garantizados por el Estado, solo acabarn accediendo a esos derechos, sean cuales sean, aquellos que puedan pagrselos.

La prensa y los medios de comunicacin en general tienen una responsabilidad en la pro-mocin de un debate amplio y serio sobre el ejercicio de los derechos, y del derecho a la seguridad en particular. La amplitud y la serie-dad pasan por el abordaje de todas las facetas de la problemtica, desde una perspectiva de apoyo y de suma, con crtica incluida.

En definitiva, en el mbito de los derechos, una sociedad tiene aquello que se merece, o sea, aquello por lo que es capaz de construir acuerdos que beneficien a la colectividad en su conjunto.

Federico FrancoVicepresidente de la Repblica del Paraguay.

Vemos permanentemente en las encuestas, en los sondeos de opinin y conversando en espacios como ste, que la inseguridad es un tema nuestro de cada da. Creo que ninguno de los que estamos aqu, sea cual fuere su fun-cin, su rol, su estatus econmico o cultural, puede estar ajeno a la situacin de riesgo y de peligrosidad que afecta nuestro pas. La inseguridad est presente en el campo y en la ciudad, aqu y en los pases vecinos. Es un problema global, afirmacin que no debe servir de consuelo ni de justificacin para la omisin poltica.

Tambin es un problema crnico, que viene de tiempo atrs, acentundose y sedimentn-dose, tanto a nivel de hechos, como en el de la percepcin.

En este marco, crece la demanda de incre-mento del presupuesto para fortalecer a los organismos de seguridad. Estoy de acuerdo

con que el gobierno debe hacerlo, dando a los oficiales de la polica el sustento econmico que precisan, proporcionndoles las armas, los medios de comunicacin y otros recursos necesarios para una adecuada accin y reac-cin; pero, y esto lo digo con absoluta sinceri-dad, no creo que encontremos soluciones tan slo con acciones policiales.

El embajador acaba de decir claramente: se trata de una problemtica amplia, compleja, transversal, que requiere acciones sistmicas y estructurales por parte del gobierno, ade-ms de la participacin de los diferentes ac-tores sociales, en particular de los medios de comunicacin.

Hoy se invita a los medios de prensa. Como se ha dicho, la violencia, la inseguridad y los diferentes delitos no se solucionarn slo in-crementando o fortaleciendo los esculidos presupuestos de la fuerza policial.

Es parte de una problemtica estructural, que debe ser abordada en toda su complejidad. Y nuestra presencia en este foro, es para dar el absoluto respaldo al seor Ministro del In-terior, al Comandante, al Subcomandante y a todos los oficiales de las fuerzas policiales.

Lamento la ausencia de las autoridades del Poder Judicial. Ustedes saben la necesidad

que existe de una reforma judicial, la cual no consiste solamente en un cambio de nom-bres, sino que exige la modificacin de las es-tructuras. Hay inseguridad, hay delito, porque existe impunidad.

Este gobierno tiene el compromiso de traba-jar seriamente para superar el aumento de la inseguridad y erradicar la impunidad, abor-dndolas desde una perspectiva compleja y estructural.

II. DISERTACIN INAUGURAL

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Problema ms importanteAmrica Latina 2007

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5

28

2 2

15

33

1718

Desempleo

DelincuenciaP. En su opinin Cul considera usted que es el problema ms importante en el pas?. Aqu slo los dos ms importantes de la regin.

Fuente: Latinobarmetro 2007.

II. DISERTACIN INAUGURALMS ALL DE LA MANO DURA. ELEMENTOS PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL. EL ROL DE LOS MEDIOS

Bernardo KliksbergAsesor Principal de la Direccin Regional del PNUD para Amrica Latina y Director del Fondo Espaa-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en Amrica Latina y el Caribe.

Dos son los problemas percibidos como ms importantes por el Latinobarmetro 2007: el desempleo y la delincuencia. sta lleva la de-lantera en pases como Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y la Argentina, mientras que

aqul en Nicaragua, Per, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. A nivel de Amrica Latina, ambos problemas, prcticamente, pesan igual.

La PERsPECtIva COmPaRaDa

La comparacin de Amrica Latina, que pre-senta un ndice de criminalidad del 25.1 por cada 100.000 habitantes al ao, con pases como Noruega, Dinamarca, Suecia y Canad, que presentan del 0.9 al 2.2, respectivamente, es contundente.

Pas/regin

ndices de criminalidad comparados

(homicidios cada 100.000 Hab. por ao)

Noruega 0,9

Dinamarca 1,1

Suecia 1,2

Canad 1,5

Finlandia 2,2

Amrica Latina 25.1

EvOLUCIN DE La CRImINaLIDaD EN amRICa LatINa

La evolucin de la tasa de homicidios en Am-rica Latina ha aumentado el doble de 1980 al 2006, dndose el mismo salto en sus distintas regiones, excepto en Mjico y Amrica Cen-tral, nicas regiones que han protagonizado un decrecimiento de asesinatos, atendiendo al fin de las guerras y guerrillas.

Entre 1984 y 1994, la tasa se increment en ms del 44%. En 1998, hubo 140.000 asesinatos.

Asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes

190 1991 006

Amrica Latina y el Caribe 12.5 21.3 25.1

Amrica Latina 12.8 21.4 25.3

Mxico 18.1 19.6 10.9

Amrica Central 35.6 27.6 23

Caribe Hispano 5.1 8.8 11

Brasil 11.5 19 31

Pases Andinos 12.1 39.5 45.4

Cono Sur 3.5 4.2 7.4

Caribe No-Hispano 3.1 3.5 7.7

Fuente: Reportes anuales sobre el Estado de Salud en Las Am-

ricas de la Organizacin Panamericana de la Salud.

Como se sabe, el costo de la violencia es alto, siendo el primero la prdida de vidas huma-nas. En muchos pases, el crimen se ha conver-tido en la causa principal de muerte juvenil.

9

Otro tipo de costo fundamental es el econ-mico: el 14% del producto bruto de la regin se pierde debido a la violencia.

Pero tambin hay costos intangibles, aunque a veces no tanto: el sentimiento de inseguri-dad, el miedo, el terror y el deterioro de la ca-lidad de vida. Costos intangibles que generan,

sin embargo, costos muy tangibles: recursos pblicos y privados orientados a la mitigacin social, salud pblica, dispositivos de seguri-dad, migracin, etc.

En 2003, los recursos perdidos debido a la violen-cia en El Salvador, fueron el doble del presupues-to del pas combinado para educacin y salud.

EL CONtExtO LatINOamERICaNO

amrica Latina: Evolucin de la pobreza y de la indigencia, 1908-2007

b/

1980 1990 1997 1999 2002 2005 2006 2007

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194209

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204

89

200

93

136

62

Volumen de poblacin

1980 1990 1997 1999 2002 2005 2006 2007

35,1

12,713,4

36,539,8

15,4

44,0

19,4

43,8

18,5

43,5

19,0

48,3

22,5

40,5

18,6

Porcentaje de Personas

Indigentes Pobres noindigentes

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos pases. a/ Estimacin correspondiente a 18 pases de la regin ms Hait. Las cifras colocadas sobre las secciones lilas representan el porcentaje y nmero total de personas pobres (idigentes ms pobres no indigentes). b/ Proyecciones.

a/

b/

0

ImPaCtOs DE La PObREza

La tasa de mortalidad infantil de Amrica Lati-na es 10 veces ms que la de Suecia o Noruega, mientras que la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta. Ms de 20.000 madres mueren anualmente durante el embarazo o al dar a luz. Por cada 160 nacimientos muere una madre, en los pases desarrollados la tasa es de 1 por cada 7.300 nacimientos.

Otros datos son elocuentes acerca de las re-percusiones de la pobreza: solo 1 de cada 3 nios pobres termina la secundaria, 120 mi-llones de personas no tienen letrinas, el 81% de las personas mayores de 65 aos no tiene acceso a fondos de retiros o a una pensin, el 16% de los nios est desnutrido y el 66% de las personas nunca ha usado Internet.

La Sociedad Americana para el Avance de la Investigacin Cientfica (2008) dice lo siguien-te: Muchos nios crecen en familias muy pobres con un bajo estatus social, y experimentan nive-les poco saludables de hormonas de estrs que menoscaban su desarrollo neuronal.

La regin desigual: Indicadores de inequi-dad para algunos pases seleccionados de amrica Latina y pases desarrollados

Coefi-ciente

de Gini

Relacin entre la

distribucin del ingreso o gasto del grupo 10 % ms rico con respecto al grupo 10 % ms pobre

Amrica Latina y El Caribe

Brasil (2003) 58,0 57,8

Guatemala (2002) 55,1 48,2

Colombia (2003) 58,6 63,8

Chile (2000) 57,1 40,6

Mxico (2002) 49,5 24,6

Argentina (2003) 52,8 34,5

Repblica Domi- 51,7 30,0

Costa Rica (2001) 49,9 30,0

Uruguay (2003) 44,9 17,9

Panam (2002) 56,4 54,7

Venezuela RB 44,1 20,4

Per (2002) 54,6 40,5

Ecuador (1998) 43,7 44,9

Paraguay (2002) 57,8 73,4

Nicaragua (2001) 43,1 15,5

Bolivia (2002) 60,1 168,1

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Re-porte de Desarrollo Humano 2007.

1

Amrica Latina es la regin ms desigual, y la inequidad es la razn principal de la pobreza.

Coefi-ciente

de Gini

Relacin entre la distribucin del ingreso o gasto del grupo 10 %

ms rico con res-pecto al grupo 10

% ms pobre

Honduras (2003) 53,8 34,2

El Salvador (2002) 52,4 57,5

Jamaica (2000) 37,9 11,4

Trinidad y Toba-go (1992) 40,3 14,4

Otros pases

Estados Unidos (2000) 40,8 15,9

Italia (2000) 36,0 11,6

Noruega (2000) 25,8 6,1

Suecia (2000) 25,0 6,2

Canad (2000) 32,6 9,4

Finlandia (2000) 26,9 5,6

Dinamarca (1997) 24,7 8,1

Espaa (2000) 34,7 10,3

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Re-porte de Desarrollo Humano 2007.

El impacto de la desigualdad sobre lapobreza en amrica Latina (1970-1995)

Fuente: Birdsall, N. y J. L. Londoo. Asset inequality matters: an assessment of the world Banks approach to poverty re-duction, American Economic Review, May, 1997.

160

140

120

100

80

601970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

Constante de la desigualdad de la pobreza

Pobreza con inequidad actual

La maNO DURa EN aCCIN

Segn el informe USAID (2006), El Salvador, en los ltimos aos, aplic mano dura y sper mano dura: 11.000 miembros de pandillas fue-ron arrestados en un solo ao, las crceles se so-brepoblaron. Sin embargo, la tasa de asesinatos sigui aumentando, generndose, adems, se-rios deterioros de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en las reas urbanas pobres.

Honduras tambin aplic la poltica de cero tolerancia y mano dura: all la polica puede detener a jvenes por tener tatuajes, mientras que el encarcelamiento es legal a partir de los 12 aos. Sin embargo, la tasa de criminalidad aument, sucediendo un fenmeno de des-confianza generalizada hacia la polica: slo 1/3 de la poblacin denuncia los crmenes de que ha sido vctima.

Otro caso paradigmtico de mano dura es el de Guatemala, donde el crimen aument 40% entre 2001 y 2004, acentundose el fe-nmeno de la violencia contra la mujer: 1188 nias y mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2004. La impunidad es total.

La poltica de la mano dura descansa en los siguientes mitos:

- El problema es policial.

- Los pases exitosos han aplicado mano dura.

- Las causas de la delincuencia juvenil son misteriosas.

- El enfoque integral solo produce resulta-dos a largo plazo.

El enfoque de mano dura se equivoca, por-que desconoce la necesidad de tener dife-rentes acercamientos al crimen organizado y a la violencia juvenil, y porque no logra re-conocer la ausencia de la correlacin entre el aumento de la tasa de encarcelamiento y la reduccin del crimen.

Esta poltica de seguridad trae consigo el riesgo de criminalizar la pobreza o de realizar el aumento de la limpieza social. Al respecto, es ilustrativa la conclusin de un estudio de USAID en El Salvador: Muchos de los jvenes nunca han experimentado siquiera una interaccin positiva con el Estado. Frecuentemente, las nicas experiencias de l, son la polica haciendo arrestos y encarcelando personas (). Muchos analistas sugieren que el enfoque duro adoptado por el gobierno es motivado polticamente. Es ms fcil atacar los miembros de las pandillas que tratar los problemas sociales ms complicados en sus orgenes, como la inequidad de ingreso y pobreza.

Las causas principales de la violencia juvenil en Amrica Latina son:

- Desempleo: El desempleo juvenil es 2.5 veces mayor que el desempleo promedio.

- Desercin escolar: Del 20% ms pobre, slo 12% termina la escuela secundaria. En el total slo el 49% la finaliza.

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36,5 16,1 12,4 7,2 5,9 4,6 4,3 3 2,8 2,6 4,6

Principales causas de discriminacinsealadas por los entrevistados de hogares con ingresos insuficientes 2006. Amrica Latina (18 pases)

Fuente: CEPAL, en base a tabulaciones especiales de la Encuesta Latinibarmetro 2006.

- Desintegracin de las familias: La pobre-za desintegra la principal institucin que previene el delito. Si la familia est intacta y operativa, genera una educacin continua de la vida contra el crimen. La hace a tra-vs de mensajes explcitos e implcitos, ta-les como la conducta diaria de los padres. Transmite los valores ticos diariamente, los cuales son muy relevantes en situacio-nes precarias. Es un instrumento funda-mental de socializacin positiva.

- Exclusin social: Uno de cada cuatro j-venes latinoamericanos est en situacin de exclusin, lo que significa fuera del mercado del trabajo y fuera del sistema educacional.

- Estigmatizacin de los jvenes pobres: Ser pobre constituye la mayor causa de discriminacin. La percepcin generali-zada de la poblacin pobre confirma este enunciado, como se puede observar en el cuadro siguiente.

La polica es ms propensa a detenera un jovenTotales por pas, 2008

70

68

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65

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Venezuela

Guatemala

El Salvador

Chile

Argentina

Honduras

Panam

Costa Rica

Brasil

Mxico

Paraguay

Rca. Dominicana

Uruguay

Ecuador

Colombia

Per

Bolivia

Nicaragua

Amrica Latina

53

51

Fuente: Latinobarmetro 2008.

Segn la percepcin generalizada de la poblacin, la estigmatizacin de los jve-nes pobres es confirmada por la discrimi-nacin policial.

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Hay OtRa va: EL ENfOQUE INtEgRaL

La meta de este enfoque es la inclusin de los excluidos, que se basa en polticas pblicas que inviertan ms en educacin, oportunida-des de empleo para los jvenes y el fortaleci-miento de la familia.

El Brasil dispone de un ejemplo ilustrativo re-ciente de otra va para promover la seguridad: el Programa Territorio de la Paz. Una informa-cin de prensa del 5 diciembre de 2008, ex-presa:

El Gobierno de Brasil lanz ayer en Ro de Janeiro un ambicioso programa social que pretende pacificar una de las ms peligro-sas favelas de la ciudad y arrebatrsela a las bandas de narcotraficantes y policas corruptos.

El llamado Territorio de Paz del Programa Nacional de Ciudadana (Pronasci) fue pre-sentado en un acto oficial por el presidente Luiz Incio Lula da Silva y varios de sus mi-nistros dentro del llamado Complejo del Alemn, una barriada pobre en el norte de Ro.

El presidente prometi que la polica va a ser ms compaera y sabr diferenciar en el tratamiento a los buenos y a los malos en las comunidades pobres. Esta es la gran oportunidad. El problema no es slo de la polica, sino de presencia del Estado con educacin, empleo, formacin profesional y cultura, eso es lo que estamos haciendo aqu, afirm Lula.

En el barrio marginal habr 20 puestos po-liciales con 600 agentes mejor remunerados que sus otros colegas. Tambin sern cons-truidas 3.000 viviendas populares.

La estrategia representara un cambio res-pecto a la actual poltica de confrontacin a sangre y fuego de las autoridades federales y de Ro. Segn organizaciones civiles esta poltica no resuelve el problema endmico de la violencia y adems deja numerosos muertos y heridos inocentes

Algunas buenas prcticas pueden obser-varse tambin en Costa Rica, gracias a su po-ltica de educacin; nuevamente en el Brasil, mediante su programa Escuelas Abiertas; y en Venezuela, con sus Orquestas Juveniles.

EL ROL DE LOs mEDIOs

La actuacin dominante de los medios pre-senta riesgos en el abordaje de la criminali-dad, debido a los siguientes motivos:

- La bolsa comn: La generalizacin de hechos, actores y causas, imputando a estos elementos un mismo signo o importancia.

- El enfoque descontextualizado: Es tal vez la crtica ms generalizada que se hace al periodismo, que afecta, poderosa-mente, el abordaje de temas vinculados a la seguridad ciudadana.

- La ausencia de interrelaciones: Vincula-do con los dos puntos anteriores, prima un

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periodismo que asla los hechos de la his-toria, los temas y los actores.

- El vaco de experiencias comparadas: Evita el incremento del rigor en el debate ciudadano, el aprendizaje de mtodos y cri-terios para la atencin de la problemtica.

- La falta de propuestas: Contribuye al fata-lismo y al incremento de una sensacin de inseguridad, nefasta para la convivencia so-cial y el Estado de Derecho.

La reorientacin del rol de los medios, aten-diendo a la va del enfoque integral, presenta importantes oportunidades para incorporar

el anlisis de las causas, el posicionamiento en el imaginario de otro modelo de seguridad ciudadana, la difusin de lecciones aprendi-das en otros lugares, fomentando una actitud ciudadana proclive a la transformacin.

A modo de conclusin, es pertinente expre-sar la necesidad de un gran pacto social que encare la criminalidad, mediante estrategias que construyan cohesin social. El enfoque integral propone confrontar las causas es-tructurales del crimen, generar inclusin so-cial, proteccin y oportunidades, a travs de polticas pblicas aliadas con la sociedad civil y la responsabilidad social empresarial.

III. CONFERENCIAS MAGISTRALES

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III. CONFERENCIAS MAGISTRALESEXPERIENCIAS INNOVADORAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIN

gObERNabILIDaD DE La sEgURIDaD CIUDaDaNa:ExPERIENCIas REgIONaLEs

Marcelo SainConsultor de la ONU. Jefe de la Polica Aeroportuaria de Argentina.

El abordaje de sentido comn de la seguri-dad ha llevado a los gobiernos de los pases de la regin a cometer grandes errores en sus polticas de seguridad. Porque al no darle al concepto y a la prctica de la seguridad una categora de conocimiento, se designa a cual-quier persona para las funciones de asesor, consultor o planificador de las polticas de se-guridad en los Ministerios del Interior y en los rganos de seguridad del Estado.

La seguridad pblica significa disponer de condiciones y mecanismos para resolver conflictos en la sociedad. Si la conflictividad es consustancial a la misma, lo son tambin las disputas entre sus actores por los recur-sos materiales y simblicos. La seguridad ciudadana, en ese marco, implica la atencin pacfica de la conflictividad. Los conflictos no

Hoy en da, cualquiera opina sobre seguridad, hay licencia para decir cualquier tontera so-bre ella. Este abordaje de sentido comn no resiste a ningn anlisis. Necesitamos opinio-nes de expertos, un abordaje tcnico. Porque as como la economa, la fsica o la sociologa necesitan, y se les exige, opiniones serias, tam-bin debemos acostumbrarnos a que los que analicen y propongan soluciones sobre segu-ridad pblica, sean expertos.

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necesariamente deben traducirse en hechos delictivos.

Es el caso de las protestas polticas de la gente, o de las reivindicaciones de los campesinos y obreros en las calles u otros espacios. Si bien tales manifestaciones pueden ser expresin y causa de conflictos, no pueden ser tratados como delito comn, objeto de represin. Este tipo de conflictos debe ser tratado poltica y pacficamente.

En definitiva, las disputas de los actores socia-les son movilizadas por intereses. Entonces, los conflictos de intereses, que deben ser re-sueltos por el Estado a travs de sus polticas de seguridad, deben ser tratados como tales.

Tres son las funciones de las instituciones de seguridad pblica:

- Elaborar un cuadro de diagnstico de la situacin de los conflictos en la sociedad.

- Establecer un diagnstico institucional sobre los recursos con que se cuentan para resolver los conflictos.

- Organizar la intervencin del conflicto, o sea, la propia estrategia para controlar el conflicto.

En Amrica Latina, histricamente estas fun-ciones han sido desempeadas por la po-lica, situacin que an no cambia con los procesos de democratizacin. La seguridad no es una decisin policial, sino una decisin poltica. La poltica, sin embargo, deleg la responsabilidad de la seguridad del pas en la polica.

Esta delegacin de responsabilidades trae consecuencias negativas, siendo la primera vctima la propia polica. Todos los errores de la seguridad de un pas son achacados a los je-fes de polica y a sus inmediatos subalternos.

Y si hay que castigar a alguien, son castigados los policas. Entonces vienen las destituciones y hasta los juicios en la justicia ordinaria. En suma, cuando hay un problema de seguridad, la primera medida usual de los gobiernos, es destituir policas.

Por lo tanto, esta delegacin de responsabili-dad constituye un arma de doble filo para los policas: por un lado, se les delega el poder, pero, por el otro, se les usa como chivo expia-torio. Esta situacin afecta, de manera nega-tiva, a toda la sociedad, porque la polica no tiene el conocimiento y la competencia sufi-cientes para abordar todos los aspectos y los momentos de la planificacin de una poltica de seguridad pblica, ya que se trata de un objeto multidisciplinario.

En Latinoamrica no se gestion bien la se-guridad pblica, porque no se la abord po-lticamente. Prima una concepcin en extre-mo policial sobre la misma, cuyo correlato es la falta de tradicin tcnica. Y no se trata de que la polica sea incompetente por naturale-za, sino que la seguridad tiene una naturaleza que convoca a varios saberes y actores.

La concepcin policial de la seguridad va en contra de la misma polica: los jefes de polica asumen la responsabilidad de la seguridad pblica, pero tal hecho significa un suicidio,

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porque luego son destituidos cuando esta-llan problemas, que de hecho son imposibles de resolver desde la perspectiva meramente policial. Por eso, la polica que est conducida polticamente se siente mucho ms segura en sus funciones.

Hay temas especficos y muy complejos, como el crimen organizado, que no estn - o no es-tn con el peso adecuado - en la agenda de la seguridad pblica y de la polica.

El crimen organizado es un crimen comple-jo, que muchas veces recurre a mecanismos financieros, y al que, paradjicamente, no se lo considera delito. Las agendas de seguridad pblica y policial de nuestros gobiernos en Latinoamrica estn cargadas de delitos co-munes, callejeros, frutos de los grandes pro-blemas sociales.

Esta es una realidad ineludible por parte de una agenda de seguridad pblica. Sin embar-go, tambin es ineludible el tratamiento de la delincuencia organizada o la mafia, cuyas di-mensiones y consecuencias superan abismal-mente al delito comn. La desatencin de la delincuencia organizada es un gran error de las polticas de seguridad de los pases lati-noamericanos.

Para abordar el problema de la delincuencia organizada, los rganos de seguridad del Es-tado (el Ministerio Pblico, la Polica, las FF.AA., los departamentos de investigacin) deben estar dotados de recursos humanos especia-lizados y de una infraestructura que les per-mita una tecnologa adecuada para abordar

con eficacia estas formas organizadas de de-lincuencia.

Y eso sucede porque, las ms de las veces, las redes de delincuentes internacionales estn mucho ms preparadas y dotadas de mejores tecnologas que los rganos de seguridad del Es-tado. Para resolver este problema, el Estado debe invertir en sus polticas de seguridad pblica.

Las polticas de seguridad pblica de los esta-dos de la regin an no son polticas de Esta-do. Hay una costumbre en la regin que con-siste en cambiar las polticas de seguridad, de acuerdo con el signo poltico del gobierno de turno. Se trata de una falencia histrica que debe superarse. Los resultados reales del Esta-do se dan a largo plazo, entonces se necesitan polticas de seguridad pblica de largo plazo.

La prensa, por su lado, se concentra en los deli-tos comunes, los cotidianos de la calle, al pun-to de obviar en sus publicaciones los grandes delitos cometidos por redes de delincuentes nacionales o internacionales, muchas veces con sacos y corbatas.

Adems, el periodismo estigmatiza el delito comn con un tratamiento informativo mu-chas veces indeseable: el robo de un celular no puede ser comparado con un fino robo fi-nanciero a un Estado o con el trfico de tone-ladas de estupefacientes de un pas a otro.

Con este tratamiento, el periodismo simplifica el tema de la seguridad y genera confusin en la ciudadana, antes que educar sobre la verdadera dimensin de la seguridad pblica, algo que va mucho ms all de reprimir a la persona que cometi un delito comn.

Es sabido que los medios de comunicacin en Latinoamrica, como en todo el mundo, son actores polticos. Los dueos de los medios tienen grandes intereses y presionan al go-bierno por los mismos. As, los medios masi-vos de comunicacin condicionan los proce-sos polticos de Latinoamrica, en el sentido de que si determinado gobierno toma medi-das que van en contra de sus intereses - de los intereses de sus propietarios - entonces tratan de frenar los cambios a travs de sus publicaciones cotidianas.

Esta condicin de actor poltico de los gran-des medios de comunicacin debe ser visibi-lizada en debates como del que participamos ahora, para que la gente pueda discutir si tal condicin es procedente o improcedente.

Mi aserto de que los medios de comunicacin son influyentes actores polticos en los proce-sos latinoamericanos es el resultado de mis observaciones de los medios y de la poltica de mi pas, la Argentina. Y como funcionario

de actual gobierno argentino, fui vctima de esta influencia.

La agenda de seguridad pblica en la regin est marcada por los medios de comunica-cin, respondiendo a coyunturas y a un estilo periodstico hoy cuestionado. Los mismos tie-nen, por lo tanto, mucha responsabilidad en el abordaje dominante, caracterizado por el sen-tido comn, el simplismo y el reduccionismo.

Y es que hoy, los medios de comunicacin, con la influencia que ejercen en la ciudadana me-diante sus publicaciones, forman la opinin pblica. Las publicaciones sensacionalistas de los crmenes cotidianos y el sobredimen-sionamiento de estos delitos, generan fuertes sentimientos de inseguridad.

No es que no existan delitos. Existen. Slo que se los agranda respondiendo a intereses co-merciales, en desmedro del oficio de una in-formacin regida por una lgica pblica.

As las cosas, la opinin pblica pide rpida y fuerte represin. Por eso decimos que los me-dios hoy marcan la agenda de la seguridad pblica de los gobiernos.

Los gobiernos de la regin deben aprender a no dejarse llevar por las agendas que les im-ponen los medios. Estado y medios de comu-nicacin tienen objetivos diferentes, a veces complementarios. Los gobiernos asumen la responsabilidad de desarrollar polticas de seguridad a largo plazo, mientras que los me-dios deben informar atendiendo a criterios de seguridad pblica.

La REfORma POLICIaL: ExPERIENCIas REgIONaLEs

Daisy TournMinistra del Interior de Uruguay.

e instituciones, gobernantes y gobernados, participan, de manera poderosa, en la cons-truccin de nuestras visiones del mundo y de la realidad. Este es un hecho indiscutible. Entonces, no slo es relevante lo que se trans-mite, sino cmo se lo transmite.

Obviamente, los medios transmiten hechos, sucesos. Nadie negar que Amrica Latina es un continente violento, donde van en au-mento las tasas de delitos, homicidios, robos, violaciones.

La cuestin es que los medios tienen un modo de transmitir estos hechos, que contribuye a aumentar el miedo, un sentimiento nocivo y paralizador, nada positivo para una sociedad. Es hora de llamar a la reflexin sobre este abordaje periodstico, basado en la descon-textualizacin de los hechos y el privilegio del sensacionalismo.

La polica debe trabajar mejor, profesiona-lizarse, incrementar su eficiencia y eficacia, pero no hay que dejarla sola. Por eso, en el Uruguay, impulsamos la participacin ciuda-dana, a travs de mesas zonales de conviven-cia, con un gran apoyo y aporte del PNUD. Se trata de fomentar la corresponsabilidad en la construccin de polticas y condiciones favo-rables para la seguridad ciudadana.

La seguridad es un tema que ha sido central en Amrica Latina. Las viejas recetas de mano dura no funcionan, como lo comprueban los altos ndices de violencia y hechos delictivos. La seguridad requiere una visin integral que reconozca la complejidad. En esa lnea, en el Uruguay, elaboramos y presentamos un es-quema de seguridad con la participacin de los Ministerios de Economa y Salud, entre otros.

Pero, como se sabe, el Estado no es el nico responsable, tambin los actores de la socie-dad civil contribuyen bien o mal, por accin u omisin. Cabe, entonces, la siguiente pregun-ta: Qu rol juegan los medios y la comunica-cin actual para que construyamos un nuevo concepto de seguridad integral?

Los medios de comunicacin tienen presencia prcticamente transversal en las sociedades actuales, cruzan la vida cotidiana de personas

Juan FaroppaConsultor de la ONU. Ex Viceministro del Interior de Uruguay.

Nacional de Nicaragua, uno de los ms com-pletos y exitosos, desarrollado en un contexto caracterizado por enormes dificultades.

Otro ejemplo interesante, ya en Amrica del Sur, es el de Colombia. Este caso podra cali-ficarse como una reforma endgena, pues las medidas y los impulsos de cambio provi-nieron fundamentalmente de la institucin, la que ha emprendido un gran proceso de depuracin interna, bajo la direccin de su director y enmarcado en una nueva ley org-nica de la Polica Nacional. Caso interesante que adquiere ms destaque considerando el complejo escenario del pas andino.

En los pases del Cono Sur, los procesos de re-forma policial se caracterizan por la participa-cin de la sociedad civil, la cual ha ayudado a transitar de un modelo de seguridad hege-monizado por las propias fuerzas policiales, a otro subordinado al sistema poltico, con el correlato de capacitacin, formacin de cua-dros tcnicos y funcionamiento de una buro-cracia, en el buen sentido del trmino.

En sntesis, estamos hablando de diferentes contextos y de experiencias diferentes entre s, pero que tienen un comn denominador: el espritu de reforma, o sea, la modernizacin y la profesionalizacin de las fuerzas policia-les. Cul sera el contexto general de estos procesos de reforma?

A partir de los noventa, comienzan a desarro-llarse diferentes procesos de modernizacin y profesionalizacin policial, en respuesta a situaciones polticas y sociales diferentes de Amrica Latina. Centroamrica es un territo-rio prolfico en estas reformas, principalmente en la fase de posguerras.

En El Salvador, al terminar la guerra, se crea una nueva Polica, que fue parte fundamental del acuerdo de paz firmado entre las partes en conflicto. Para el efecto, este pas recibe apoyo de la cooperacin internacional, la que ayud a transitar en la fase posguerrilla, frgil pol-ticamente y en el contexto de una sociedad con altos ndices de violencia y criminalidad.

Guatemala es otro ejemplo. Tambin luego de la guerra, con apoyo del PNUD, all se produce una tmida reforma policial, que conserva la estructura, sin lograr resultados exitosos. Un caso que siempre sealo es el proceso de mo-dernizacin y profesionalizacin de la Polica

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En primer lugar, una demanda social en relacin con las fuerzas policiales, a raz del incremento de la sensacin de inseguridad y de hechos de violencia y delincuencia. En el caso del Cono Sur, las instituciones policiales provenan de una subordinacin a regmenes autoritarios y mantenan muy mala relacin con la sociedad.

En segundo lugar, la crisis de un modelo ca-racterizado por estructuras viejas, anquilosa-das, cargando con enormes casos de corrup-cin interna e historias marcadas de abusos de poder, ineficiencia e ineficacia.

A la vez, hay que tomar en cuenta que estos procesos se estn desarrollando en varios de nuestros pases, en el marco general de la Re-forma del Estado. El caso uruguayo puede ser citado como uno de los ms recientes. Refor-ma del Estado que, en los tiempos actuales, pasa por el fortalecimiento del mismo, ape-lando a instrumentos diversos, como la des-centralizacin, la carrera civil y un sistema de gestin basado en la eficiencia y la eficacia.

En las dos dcadas anteriores, nuestros pases pasaron por los tristemente clebres proce-sos de ajuste estructural, donde la aplicacin ortodoxa de principios y polticas de corte neoliberal, llevaron a un achicamiento del Es-tado, minando sus capacidades para cumplir con la misin de ser garantes de las condicio-nes necesarias para el ejercicio de los dere-chos fundamentales de las personas.

En definitiva, la reforma de la polica debe ins-cribirse en el marco de la revisin del papel del Estado y en la mejora de los servicios pblicos.

Al mismo tiempo, aparece el escenario de las prioridades presupuestarias. En sociedades que arrastran una enorme deuda social, la in-versin en los organismos de seguridad - uno de los componentes de las polticas de segu-ridad - compite con la demanda de inversin en salud, educacin y generacin de empleo. La asignacin de recursos pblicos es una pugna poltica, no exenta de dificultades, que requiere decisiones basadas en perspectivas integradoras y en prioridades.

Otro hecho a tener en cuenta y que se est dando en muchos pases de la regin, es el de los procesos de reforma educativa: qu tipo de formacin o qu tipo de capacitacin debe brindarse para la generacin de ma-yores y mejores oportunidades de empleo y

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empleos de calidad? Cmo se insertan las actuales generaciones jvenes en este mun-do tan complejo en el que estamos viviendo? Con qu tipo de herramientas y recursos de-ben contar? Qu tipo de educacin debemos generar en las fuerzas policiales o cul sera funcional al modelo de polica que queremos construir?

Desde mi punto de vista, la reforma educativa lleva necesariamente a integrar la formacin de los cuadros policiales al sistema educativo general, desplazando el modelo cerrado del cual era tributario, que exclua y aislaba a los jvenes que elegan el oficio policial, segmen-tndolos en un sistema cerrado, sin mecanis-mos de control y supervisin.

En definitiva, lo que se viene consolidando, aunque con grandes dificultades - resisten-cias, avances y retrocesos - es la concepcin de la poltica pblica sobre seguridad ciuda-dana, una poltica integral que debe abarcar a todo el aparato del Estado y para que sea re-lativamente exitosa, debe planificarse como poltica de Estado. Esto lleva a la necesidad de generar slidos consensos polticos y sociales en torno a contenidos y lneas estratgicas, cosa compleja, ms an considerando la rele-vancia que ha adquirido la seguridad ciuda-dana en la agenda pblica.

La poltica de seguridad ciudadana debe ser tridimensional, o sea, debe comprender inter-venciones simultneas, al menos en tres reas claramente diferenciadas: el rea operativa

del Estado, que tiene competencia directa so-bre la seguridad; el rea normativa y el rea preventiva.

reas de una polticade seguridad ciudadana

reaOperativa

Sin duda, los problemas de segu-ridad ciudadana no se relacionan slo con la polica. Pero una polica eficiente es una condicin nece-saria, aunque no suficiente, para la implementacin de una poltica sostenible en materia de seguridad ciudadana.Tampoco es posible avanzar en una poltica de seguridad sin que el Esta-do cuente con un aparato institucio-nal operativo eficiente, que incluya a la Polica, al Ministerio Pblico, al Poder Judicial, al Sistema Peniten-ciario, en suma, al ncleo del sistema de control, que debe fortalecerse a travs de un nuevo paradigma, para construir, a la vez, una nueva percep-cin ciudadana de la justicia.

reaNormativa

El marco normativo debe ser revisa-do permanentemente, para evaluar si las normas y las leyes que estn vigentes en el pas son, en realidad, herramientas vlidas que favorezcan e impulsen la poltica pblica sobre seguridad ciudadana, de acuerdo con las actuales necesidades.

reaPreventiva

Evidentemente, hay que trabajar en los niveles de prevencin primaria, secundaria y terciaria, a travs del combate a la exclusin social, la desigualdad social y la debilidad institucional.

Cules son los ejes estratgicos de los dife-rentes procesos de reforma policial pasados, presentes y futuros?

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- La gobernabilidad democrtica. Las li-mitaciones del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos humanos afectan al ncleo de la gobernabilidad democr-tica, generando una nefasta desconfian-za hacia las instituciones democrticas y promoviendo, a la vez, respuestas priva-das a los problemas de seguridad. sta se mercantiliza. La seguridad ya no se ve como un derecho sino como una mercan-ca a la que slo pueden acceder aquellos que tienen recursos. En otros casos, se acrecientan actitudes de intolerancia y de justicia por mano propia. Sea cual fuere, se devalan lo pblico y la legitimidad del sistema democrtico.

- El marco axiolgico o tico. Los Dere-chos Humanos y la polica, aqu y en varias regiones del mundo, han sido vistos como agua y aceite. Hoy, sin embargo, emerge la idea de que la funcin policial es con-sonante con los Derechos Humanos y las normas institucionales. stas, antes que entorpecer, facilitan.

- Una estricta regulacin de los procedi-mientos policiales. La regulacin debe hacerse por ley, no por decreto u otra norma de jerarqua inferior, considerando que las intervenciones de la fuerza pbli-ca afectan a derechos, y a la relacin entre los mismos. Siendo Viceministro del Inte-rior del Uruguay, impulsamos una ley de regulacin de los procedimientos policia-les que fue muy discutida, ya que gener un amplio debate parlamentario y en la

sociedad civil. Hoy por hoy, la Polica Uru-guaya cuenta con una norma de jerarqua legal que establece claramente los proce-dimientos de detencin, uso de la fuerza, y la regulacin estricta y concreta de los procedimientos policiales es una herra-mienta fundamental. Proporciona respal-do legal a las intervenciones policiales, establece los lmites y los alcances del uso de la fuerza por parte del Estado, informa acerca de ello a la sociedad civil, la cual goza del derecho de la exigibilidad.

- El fortalecimiento del mecanismo de control interno. Esto resulta fundamen-tal, no slo para que la polica acte me-jor y sea ms eficiente, sino tambin para favorecer la vinculacin con la sociedad, mediante la transparencia y los mecanis-mos de control que proporciona, comple-mentndose con otros, como el control poltico a travs del Congreso Nacional, el control judicial o, inclusive, el control que ejerce la opinin pblica gracias a los medios masivos de comunicacin. Los mecanismos internos tambin favorecen a la imagen de la institucin policial, ha-bida cuenta del imaginario dominante, configurado y sedimentado a lo largo de las ltimas dcadas (institucin corrupta, represiva). Cuando hablamos de imagen, nos referimos a los smbolos que se trans-miten a travs de la institucionalidad, ge-neradores de confianza y credibilidad, elementos constitutivos de un sistema democrtico.

- El respeto a la diversidad cultural. La nica forma de contar con un cuerpo po-licial respetuoso de los derechos Huma-nos es respetando los derechos de sus propios integrantes. Este eje, por lo tanto, alude a las relaciones de interculturalidad en la poblacin policial, como entre sta y la sociedad. Los Derechos Humanos no se aprenden en un libro, se experimentan, se conocen por la experiencia; entonces, una fuerza policial que carece de los principios de respeto a las normas bsicas de diver-sidad y pluralismo - pilares de una socie-dad democrtica- difcilmente pueda ser un instrumento til para la garanta de los derechos en una sociedad compleja.

- La participacin ciudadana. Es perma-nente la relacin, muchas veces tensa o conflictiva, entre la polica y la comunidad. El Estado debe reconocer que la manera ms frtil de promover la participacin ciudadana es partiendo de los modos y las instancias en que las comunidades se expresan y dirimen sus conflictos (comi-siones barriales, de parroquias, de orga-nizaciones sindicales, organizaciones em-presariales, etctera).

- Nuevas tecnologas. Obviamente es algo que cuesta muy caro, pero adems de con-tar con el equipo adecuado, debemos te-ner el personal capacitado para utilizarlo. La movilizacin de los recursos necesarios exige, adems de inversin pblica, alian-zas con la cooperacin y el sector privado, en el marco de la idea de responsabilidad social empresarial.

- Profesionalizacin policial. Alude a la or-ganizacin, la dependencia orgnica, la es-tructura jerrquica, la relacin del mando policial con las autoridades polticas, que son las que poseen la legitimidad demo-crtica para el uso de la fuerza. A la vez y como contracara, se refiere a la despolitiza-cin de las fuerzas policiales o la creacin de fuerzas realmente profesionales, inde-pendientes de los intereses de determina-do sector poltico, econmico o social.

En el Uruguay se est discutiendo la libre sindicalizacin de los funcionarios policia-les. Se trata de un tema en el que se ha producido enormes avances Cules son los lmites de este derecho? Se puede limitar o no el derecho de huelga entre los policas? A nivel personal, creo que las fuerzas policiales no pueden ejercer el derecho de huelga. S tienen derecho a sindicalizarse y a la negociacin de sus condiciones de trabajo. Este debate debe considerar los Convenios 87 y 98 de la OIT, en los cuales se expresa que el derecho a la huelga est inhibido (excepcionalmen-te, claro est) en caso de las funciones esenciales del Estado. La polica cumple una funcin esencial. Lo dejamos plantea-do como un tema por discutir.

Otro tema es el de la carrera policial. Al respecto, se estn estudiando nuevas le-yes orgnicas policiales en varios pases, mientras que en otros ya se aprobaron. Es-tas disposiciones legales abarcan: la con-vocatoria y seleccin de personal, cules son los criterios y los requisitos que se exi-

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gen a los nuevos policas para su ingreso; la formacin bsica y la especializacin, el nuevo rgimen de escalafn, los agru-pamientos operacional, tcnico, adminis-trativo o de otro tipo; las especialidades policiales, cmo se van a regular y hacia qu direccin; la estructura policial, los mecanismos de ascenso, la organizacin territorial, entre otros aspectos.

- Sistema de Formacin. Una vez concebi-do el modelo de polica, plasmado en una ley orgnica, en la que se define la relacin institucional entre el gobierno civil y las fuerzas de seguridad, se debe pasar al di-seo del sistema de formacin policial. El proceso inverso es improcedente; sin em-bargo, muchas veces se reforman los sis-temas de formacin sin analizar para qu queremos formar a los nuevos policas. Dentro de los sistemas de formacin po-licial, deben incorporarse temas como los deberes del Estado y las funciones policia-les, el concepto de fuerza pblica, los De-rechos Humanos, participacin ciudadana, obediencia debida, entre otros temas. Res-pecto al ltimo tema citado, cules son los lmites de la obediencia a una orden cuan-do ella es claramente violatoria de los de-rechos fundamentales de la constitucin y de la ley? Cules son las formas en que la polica debe relacionarse o vincularse con las diferentes formas de concebir la vida, la opcin religiosa, la opcin sexual, las di-ferencias tnicas, el gnero, etctera? Son preguntas para la discusin. Otro debate interesante y necesario es el que alude a si

el sistema de formacin policial debe ser cerrado o abierto.

- La formacin en derechos humanos para la Polica no debe ser una formacin dis-cursiva, ni mucho menos culpabilizadora, de poner a la polica contra la pared. Debe ser una formacin operativa y prctica. De poco sirve que un polica recite la Decla-racin Universal de los Derechos Huma-nos o el Pacto de San Jos de Costa Rica, si luego cuando realiza una detencin, cuando pone un par de esposas, cuando usa el bastn, cuando usa la fuerza letal, no lo hace de acuerdo con las normas que estn establecidas en esta materia.

- Esto requiere de personal altamente ca-pacitado, comenzando por el plantel de docentes de las escuelas de formacin policial, a lo que se debe agregar el ca-rcter permanente de la formacin y los mecanismos e instancias de capacitacin. Como se sabe, las demandas cambian constantemente, porque hay nuevas for-mas de criminalidad, emergen nuevas tec-nologas, el marco jurdico se adecua a las nuevas necesidades, etc. Todo esto exige que el funcionario policial, obviamente bien seleccionado, bien remunerado, bien equipado, reciba permanente capacita-cin del Estado. Lo que requiere no slo una buena inversin en cuanto a la canti-dad de recursos, sino tambin una buena inversin en cuanto a eficiencia, para la fi-jacin de los recursos presupuestarios en nuestros pases, que, lamentablemente, sern escasos en los prximos aos.

IV. PANEL-DEBATE

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IV. PANEL-DEBATEANALIZANDO EL ROL DE LOS MEDIOS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA.EXPERIENCIAS Y LECCIONES

1 Moderador: Pablo Basz, Coordinador de Redes Institucionales del Fondo Espaa-PNUD.

Silvina HeguyEditora de la Seccin Sociedad, Diario Clarn. Argentina.

ao 2000, a partir de las diferentes situaciones que surgieron en Amrica Latina y tambin en Europa. En este ltimo continente, inclusi-ve se est hablando del periodismo preventivo, en respuesta a la guerra preventiva promovida por George Bush contra del terrorismo.

En definitiva, el periodismo social, en cuyo marco puede inscribirse la alternativa citada, constituye una respuesta metodolgica para el tratamiento alternativo de la seguridad ciu-dadana. Se trata de un periodismo basado en la tica profesional y social.

Desde esta perspectiva, se debe dejar de lado la famosa dictadura de los hechos, para con-tar lo que hay detrs de los hechos. Ejemplo: la informacin sobre un chico que delinqui o un polica corrupto, debe difundirse contex-tualizndola con la situacin econmico-so-cial del pas o con la realidad de la institucin policial.

Todos los das leemos en la prensa, vemos en la TV y omos en la radio cmo se tratan los se-cuestros, las violencias y los asesinatos, cuyo abordaje contribuye a construir una sensa-cin de apata y parlisis. Sin desconocer el incremento de los mismos, resulta discutible la forma en que son tratados por la prensa.

Una alternativa frtil para el abordaje pe-riodstico es el Periodismo de Propuesta o Periodismo de Esperanza. Se trata de una corriente que surgi con mucha fuerza en el

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Esta forma de tratar las noticias -trascendien-do el mero hecho fctico o la denuncia - puede ayudar a que el periodismo empiece a trans-formarse.

Se hablaba, en algn momento, desde los Es-tados Unidos, que la funcin del periodismo es como la de un perro guardin, un guardin de la democracia. Me parece que habra que agregarle una funcin ms, la del perro gua.

El perro gua no se queda en los hechos, hace otras pequeas cosas. Muestra, por ejemplo, distintos programas que funcionan o salidas que encontraron otras sociedades para la problemtica abordada. Estas pequeas cosas pueden ser sustanciales para combatir el fata-lismo y alimentar la transformacin social.

Las principales preocupaciones para los que vivimos en Amrica Latina son el desempleo y la inseguridad, que son problemas que afec-tan a todo el mundo. Esta percepcin se basa en el miedo. El miedo genera, fundamental-mente, el deseo de querer salvarse ante un futuro que es, en realidad, complicado, en un momento de crisis que es global, que tiene caractersticas histricas que no son compa-rables a otros sistemas ya vividos.

En este contexto, es imperioso proporcionar informacin y conocimiento. Los medios tie-nen la responsabilidad de construir y difun-dir noticias contextualizadas y exploratorias sobre caminos posibles. No se trata de pro-porcionar soluciones, porque no es el rol del periodismo, sino de ayudar a que los sistemas democrticos funcionen.

Jess Duva Redactor Jefe de la Seccin Madrid, Diario El Pas. Espaa.

Siguiendo con lo mencionado por Silvina, considero que la prensa tiene un papel y una obligacin: promover el respeto de los dere-chos ciudadanos, entre ellos, el derecho a la seguridad, por parte de los gobiernos.

Desde la prensa espaola, hemos presionado mucho para que los gobiernos asuman la obli-gacin de garantizar la seguridad ciudadana.

Mencionar una ancdota ilustrativa. Hace como seis aos, hubo en Madrid una olea-da de atracos a domicilios, fenmeno que se combin con un caso muy sonado de robo y asesinato de varios miembros de una familia, situaciones que produjeron una gran conmo-cin social. La ciudadana empez a reclamar al gobierno medidas para acabar c