Seguridad ciudadana, gobernabilidad - Carmen Rosa

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Carmen Rosa de León- Escribano IEPADES Universidad de Loyola Acapulco Febrero 2013 Seguridad ciudadana, gobernabilidad y convivencia democráticas

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Carmen Rosa de León-

Escribano

IEPADES

Universidad de

Loyola

Acapulco Febrero 2013

Seguridad ciudadana,

gobernabilidad y convivencia

democráticas

Los

Conceptos

La seguridad en todos sus ámbitos es

el reflejo de las políticas públicas

(acción u omisión) emanadas desde

el Estado para enfrentar lo que

considera son sus riesgos y

amenazas. Por ello, el concepto de

seguridad está entrelazado con lo

que el Estado considera son el objeto

y sujeto de aquellas acciones que

debe realizar para lograr garantizarles

seguridad en el contexto nacional e

De la doctrina de seguridad

nacional al concepto de seguridad

humana

DSN: el bien a proteger es el Estado y sus

instituciones de una amenaza ideológica y una

estructura económica establecida. El Estado se

organiza para garantizar el control social, ya que

los principales enemigos provienen de la misma

sociedad. Concepto estatocéntrico.

Seguridad Humana: El bien a proteger es la

persona y por tanto el bien común. Los riesgos y

amenazas provienen de las carencias

estructurales. Concepto antropocénctrico.SENTIRSE LIBRE DEL MIEDO Y LIBRE DE

LAS NECESIDADES

Seguridad

tiene un carácter intangible y subjetivo, ya que

depende de la percepción del sujeto: la persona

humana. Sentirse seguro implica no sentir temor

de sufrir agresión alguna en el hogar o en la

calle, teniendo certeza que sus derechos serán

defendidos por el Estado a través de sus

instituciones..

puede definirse como el conjunto de condiciones

sociales, políticas, económicas, culturales e

institucionales que garantizan el adecuado y

normal funcionamiento de la comunidad y la

convivencia ciudadana, garantizando una vida

digna a todos los miembros de una sociedad.

La seguridad es una condición imprescindible

para la libertad, el desarrollo y la democracia.

Por tanto no podemos pretender que ésta

sea exclusiva responsabilidad de los cuerpos

policiales.

La seguridad se convierte en expresión y

resultado de una serie de políticas orientadas

a fomentar la cohesión social, garantizar el

desarrollo y las libertades ciudadanas y la

certeza del buen funcionamiento de las

instituciones públicas encargadas de

proporcionar un ambiente seguro.

Las amenazas y riesgos a la seguridad han cambiado de forma y origen desde la perspectiva del Estado y la Sociedad:

bandas del crimen organizado (tráfico de personas, contrabando, robo de vehículos)

delitos atribuibles a los grupos de apoyo del narcotráfico y narcoactividad

delincuencia común focalizada principalmente en la acción de pandillas juveniles

violencia en el hogar y la escuela

pobreza extrema

deterioro ambiental

proliferación de armas

El concepto transita del Estado y su seguridad como objetivo hacia la responsabilidad de la sociedad en brindar seguridad a todos sus integrantes.

Es la persona y sus derechos lo que constituye el objetivo de la seguridad.

Seguridad se amplía a la garantía de que las necesidades de la sociedad, sobre todo de sus grupos más vulnerables, estén plenamente satisfechas.

Las nuevas agendas de seguridad deberán diseñarse a partir de la reconceptualización de la seguridad y sobre la base del reconocimiento de la ausencia de amenazas tradicionales frente a la relevancia de amenazas no tradicionales, que incluyen nuevos riesgos y vulnerabilidades, ajenos a su anterior concepción, cubriendo lo ambiental, lo económica y lo social, primordialmente

Si se parte de la persona y su

seguridad como bien a proteger,

entonces se trasciende de la

protección de la vida y sus bienes

como punto focal de las instituciones

hacia la garantía de satisfacción de

las necesidades básicas que permiten

a la persona “ser” en sociedad.

Desafíos del Estado:

Garantizar la seguridad directa

Generar el entorno favorable para el desarrollo

Seguridad Humana

seguridad económica

alimentaria

de la salud

medioambiental

personal

comunitaria

política.

Seguridad Nacional Seguridad Pública

Seguridad Ciudadana

Mantener la unidad del Estado

Defender la soberanía nacional y la integridad del territorio

Velar por un desarrollo económico, social y político equitativo

Velar por el bien común garantizando la convivencia pacífica y el orden público

Expresar y exteriorizar el ordenamiento jurídico vigente buscando mantener la unidad de la sociedad

Es obligación del Estado proteger, respetar y defender la integridad física de los ciudadanos y la propiedad privada, mediante mecanismos de control penal, prevención del delito, y procuración de una efectiva administración de justicia.

Garantizar la convivencia pacífica y una condición social de orden y tranquilidad, respondiendo a la necesidad de eliminar el conflicto, o llevarlo a términos tolerables

Inclusión de participación en el diseño y ejecución de las políticas de prevención del delito ante la situación de inseguridad creciente que experimenta la comunidad

Busca la coordinación de las organizaciones comunitarias y la participación activa de los habitantes

Demanda como condición previa la existencia del libre ejercicio democrático y la estabilidad política.

Responde a la idea de canalizar el conflicto, como medio para el desarrollo y evolución de las expectativas sociales.

la mejora de la seguridad depende de la acción

colectiva coordinada entre las distintas

instituciones de la administración pública, las

fuerzas de seguridad, la participación activa de la

ciudadanía y de las instancias sociales y civiles

en que ésta se agrupa.

En esta lógica, el entorno social cotidiano de ser

percibido por una sociedad no como una

amenaza, sino como un medio que le permite

realizar sus aspiraciones de desarrollo. En este

sentido, la seguridad ciudadana es

responsabilidad compartida entre todos los

sectores de la sociedad.

Ámbitos de la estrategia

ámbito no político en el que la sociedad busca

solucionar los conflictos en el seno de sus

comunidades, prescindiendo de la injerencia del

Estado.

ámbito político. En este nivel, el Estado es

quien promueve la solución, utilizando para ello

el consenso, las leyes y el estado de derecho. En

este ámbito los problemas pueden tener

dimensión nacional, e incluso, internacional.

seguridad pública. Para ello se tiene dentro del

sistema de justicia, mecanismos de reacción que

se utilizan para enfrentar a los individuos o

grupos que no respetan el estado de derecho y

violan la ley. (Salazar 2002: 62-64)

La acción del Estado en el

abordaje de la seguridad

Prevención: Acciones encaminadas a que las

conductas de trasgresión no se produzcan.

Seguridad preventiva.

Intervención: Si el hecho ya se produjo, debe

hacerse una intervención que genere la menor

cantidad de daño posible, con actuaciones que

respeten el estado de derecho y los

procedimientos judiciales y penales.

Protección: Acciones orientadas a las víctimas y

su entorno, restituyendo el estado anterior y

resarciendo los daños.

Seguridad y desarrollo

ILANUD: correlaciones incremento del delito.

Variables:

porcentaje de población joven;

población joven desocupada u ociosa (tiempo

fuera de la familia y de la escuela);

mayor desempleo;

más inequidad en la distribución del ingreso;

menor consumo per cápita;

mayor concentración urbana.

Política pública

Debe formularse a partir de:

el respeto a los derechos humanos,

el reconocimiento a la diversidad de la

población,

una visión de equidad e inclusión

la participación ciudadana efectiva y

la garantía de la protección de los derechos

ciudadanos en todas sus dimensiones.

La descentralización y el peso de los gobiernos

locales

Los ConceptosConvivencia:

es la posibilidad de establecer acuerdos no sólo entre gobernantes y gobernados, sino entre los mismos grupos sociales que coexisten en una sociedad, con la finalidad de lograr en conjunto sociedades justas y equitativas, en las cuáles se logre alcanzar niveles de desarrollo incluyentes para todos sus integrantes

Es un “proceso en construcción”(Juany Guzmán), ya que la sociedad se convierte en el escenario donde los conflictos y las diferencias se deben resolver para lograr un proyecto común y básico que unifique el esfuerzo nacional.

Gobernabilidad:

Es la capacidad articuladora del estamento político

para alcanzar tanto los compromisos consensuados,

como las metas destinadas a lograr ese futuro

preferible

Se evidencia la importancia conductora de los

gobiernos que se traduce en capacidades

permanentes que deben ser puestas en práctica

dentro del proceso de convivencia (política pública)

Es necesaria la legitimidad de los mismos para que

sus acciones sean aceptadas por los diversos

sectores y grupos sociales que se constituyen como

los otros actores del proceso

la gobernabilidad y la convivencia se

fundamentan principalmente en dos aspectos:

En la legitimidad, que está sustentada en la

existencia de un marco regulatorio que se expresa

a través de normas e instituciones socialmente

aceptadas

En la confianza de los miembros de la sociedad en

que ese marco normativo será respetado y que

todos serán tratados en igualdad de

condiciones, sin distinción

En la medida en que el diálogo entre sectores se

perciba como un mecanismo válido para lograr

esos pactos, se verá como una alternativa real de

búsqueda de solución para enfrentar las

demandas producto de la conflictividad social

En la base de los procesos de gobernabilidad y

convivencia democráticas se encuentra el sujeto

y objeto de la acción final de los mismos: la

persona humana.

Es imposible afrontar procesos complejos de

construcción de acuerdos, sin la participación

efectiva de todos los actores

sociales, económicos, culturales y políticos que

conforman una nación

Parte del proceso de gobernabilidad es lograr la

participación de la mayor parte posible de actores

dentro del mismo, lo cual implica brindar el

respaldo y la atención necesarias para que los

grupos, pueblos y sectores tradicionalmente

marginados, puedan incorporarse eficazmente.

La participación debe darse en igualdad de condiciones

La participación se basa en un libre ejercicio de libertades

La libertad es en la práctica un concepto relacional que implica igualdad frente a la ley y equidad en el acceso a los recursos materiales, sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, el hecho de pertenecer libremente a un conjunto de sujetos iguales debe necesariamente traducirse de un lado, en la posibilidad de contribuir a la creación de la riqueza material e inmaterial y, de otra, de acceder a una distribución la más equitativa posible de los resultados (Gina Farrell)

La gobernabilidad implica generar condiciones

para la participación: capacidades y seguridad en

todos los ámbitos (certeza y confianza)

Seguridad Humana: libre del miedo

libre de necesidades

La libertad sólo puede realizarse en el

contexto de una percepción basada

necesariamente en la realidad, que tienda a

tener un alto grado de certeza o de

seguridad, de que el Estado brindará las

condiciones para que el ciudadano se sienta

libre de miedo y de necesidades en las

diferentes dimensiones de su entorno privado

y de convivencia. Es decir, que se sienta

seguro para participar y articular esfuerzos.

la seguridad se convierte en la base para que los

procesos de gobernabilidad y convivencia en el

marco democrático se realicen

No puede avanzarse en términos estrictos de

seguridad, fuera del contexto de desarrollo

democrático, incluyente y equitativo.

La seguridad tiene que ver con equidad y acceso

al empleo, a la educación y a la salud

libertad

Inclusión y

desarrollo

seguridadgobernabilida

d

convivencia

Efectos

Estado debilitado incapaz de generar

satisfactores sociales

Altos índices de violencia asociada

fundamentalmente al uso de armas de fuego

Pérdida del monopolio del uso de la fuerza:

empresas privadas de seguridad

Necesidad de intervención externa para romper

la impunidad

Fuerzas policiales ineficaces y desbordadas

Remilitarización del escenario de la seguridad

Ingobernabilidad, exclusión e incremento de la

conflictividad

Los grupos poblacionales más afectados por los

conflictos en la regiòn continúan siendo las

victimas de un débil estado de derecho y de la

falta de acceso a la justicia:

También se encuentran excluidos del acceso al

desarrollo y la participación plena y eficaz

Inseguridad invisibilizada para las políticas

públicas y para el resto de la sociedad

Mujeres

Jóvenes y niños

Pueblos indígenas

El femicidio en Centroamérica es un problema creciente: en El Salvador y Guatemala donde alcanzaban una tasa de 14 y 10 sobre los homicidios por 100,000 habitantes y por género, respectivamente; en Honduras la tasa es de 6, para disminuir en Nicaragua a 3 y en Costa Rica y Panamá, a 2.(IDHAC 2009-2010)

la probabilidad de que un joven de América Latina muera siendo víctima de un homicidio es treinta veces mayor que la de un joven de Europa y setenta veces superior a la de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda. El Salvador ocupa el primer lugar entre los 83 países del mundo que fueron ordenados según la tasa de homicidio de personas entre 15 y 24 años de edad (92,3 muertes por cada 100.000 habitantes) y Guatemala se sitúa en el cuarto lugar (55,4) –después de Colombia (73,4) y de Venezuela (64,2)–; pero incluso los países más “pacíficos” de nuestra región ocupan lugares desfavorables: Panamá está en el puesto 13 (17,8 muertes por 100.000 jóvenes), Nicaragua en el 14 (16, 6) y Costa Rica en el lugar 22 (9,2) (Waiselfisz, 2008)

El alto número de homicidios no sólo es una

consecuencia de problemas derivados de la

existencia de crimen organizado y pandillas;

también responde a la ausencia generalizada en

la región latinoamericana para enfrentar la

exclusión en educación y empleo que vive gran

parte de la población juvenil. La acumulación de

falta de respuestas por parte del Estado terminan

resolviéndose en inseguridades para el resto de

la sociedad, que frente al crecimiento de la

delincuencia juvenil, demanda políticas de mano

dura a los gobernantes, para hacer crecer las

cárceles y volverlas más seguras.

Conclusiones

La transformación del Estado depende de la

transformación real de las instituciones

En el nuevo modelo las instituciones pretenden

las metas democráticas pero aplican los

procedimientos del pasado

La exclusión se traduce en invisibilidad de los

delitos que se cometen contra los excluídos e

hiper-criminalización de los delitos que cometen

los marginados

La inequidad resuelve la seguridad a través de

los mismos mecanismos económicos: la

seguridad es un bien privatizado

En el ámbito regional, la inseguridad y la forma

de enfrentarla nos divide como

región, debilitando una salida cooperativa integral

Es muy difícil abordar la seguridad ciudadana en

un contexto de inequidad y exclusión

La gobernabilidad, convivencia y seguridad

dependen de la participación efectiva de todos

los sectores. Importancia de lo local para

construir espacios seguros, gobernables y de

convivencia para todos y todas

Sin seguridad integral, la gobernabilidad y la

convivencia no se pueden realizar al igual que la

libertad.