SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Plan Estratégico Nacional de CTI “Bicentenario” (2006-2010) Ejercicio “2020: Escenarios y estrategias del CTI” Grupo Educación Superior Coordinador: Dr. Augusto Pérez Lindo Contraparte SECYT: Lic. Laura Noto

PROSPECTIVA DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA 2020 El futuro no se prevé sino que se construye B. de Jouvenel, Futuribles INDICE PRIMERA PARTE

I. Introducción

-Objetivos y Metodología -Algunas variables e hipótesis

II. Función del conocimiento y demandas de recursos humanos en el marco del Plan Bicentenario y del proyecto de la Secyt “2020: Escenarios y Estrategias en CTI”

-Visión del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación -Áreas temáticas prioritarias -Áreas problema -Algunas implicancias que surgen del Ejercicio “2020: Escenarios y Estrategias en CTI”:

A. Sector Público B. Sistema educativo

C. Sector Industrial D. Sector agroalimentario E. Sector informático SEGUNDA PARTE: DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA

I. La Educación Superior en cifras

1. Población y escolarización superior 2. Expansión, diferenciación y distribución territorial

3. Matrícula 4. Personal docente

II. Políticas y procesos académicos

1. Sistemas de ingreso 2. Rendimientos 3. Posgrados 4. Educación superior a distancia 5. Temas críticos en la oferta académica

III. Gobierno, Administración y Gestión 1. Sistema de gobierno y gestión 2. Evaluación institucional, calidad y acreditación

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IV. Políticas de conocimiento 1. Recursos humanos del sistema científico

2. Transferencia 3. Políticas del conocimiento en el sistema universitario

V. Cooperación Internacional 1. Internacionalización académica 2. El MERCOSUR universitario

VI. El uso social del conocimiento

1. Perfil educativo de la Población Económicamente Activa y déficits de recursos humanos

2. Educación Superior, gestión del conocimiento y demandas de la sociedad

TERCERA PARTE: ESCENARIOS

I. ESCENARIO A: PROYECCION DE TENDENCIAS ACTUALES

1. Contextos 2. Expansión universitaria 3. Rendimientos académicos e inclusión social de los jóvenes 4. Organización y políticas académicas 5. Educación a distancia 6. Graduados y demanda del mercado profesional 8. Distribución territorial 9. Personal docente 10. Sistemas de ingreso 11. Actividad científica 12. Financiamiento 13. Actividades de transferencia 14. Posgrados 15. Gobierno y gestión universitaria 16. Sistema de evaluación y acreditación 17. MERCOSUR universitario

II. ESCENARIO B: AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ACTUALES

1. Caracterización general 2. Contextos 3. Expansión 4. Rendimientos académicos

5. Organización académica 6. Educación a distancia 7. Graduados y demandas profesionales 8. Distribución territorial 9. Personal docente 10. Sistemas de ingreso 11. Actividad científica 12. Financiamiento 13. Transferencia 14. Posgrados 15. Sistema de gobierno 16. Sistema de evaluación y acreditación 17. MERCOSUR universitario

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III. ESCENARIO C: MEJORAMIENTO Y CAMBIOS EN LOS PROCESOS ACTUALES

1. Caracterización general 2. Contextos 3. Expansión 4. Rendimientos académicos

5. Organización académica 6. Educación a distancia 7. Graduados y demandas profesionales 8. Distribución territorial 9. Personal docente 10. Sistemas de ingreso 11. Actividad científica 12. Financiamiento 13. Transferencia 14. Posgrados 15. Sistema de gobierno 16. Sistema de evaluación y acreditación 17. MERCOSUR universitario

RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA

PRIMERA PARTE I. INTRODUCCION

Este Informe se inscribe en el marco del proyecto prospectivo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (SECyT), “2020: Escenarios y Estrategias en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Responde a una de las Áreas- Problema-Oportunidad, definidas como prioritarias por el Plan Estratégico Nacional de CTI “Bicentenario” (2006-2010) (en nota, citar página SECyT).

1. Objetivos y Metodología

Este documento pretende trazar un panorama de lo que será la Educación Superior, especialmente la universitaria, en el panorama del país en el año 2020, y los desafíos que se presentarán en ella. Se ha partido de un Diagnóstico (punto x.y), o Descripción del sistema, como se la define en la literatura sobre Prospectiva (citar Godet). A partir de este diagnóstico, se construyen tres escenarios de cómo puede evolucionar el sistema educativo superior argentino hasta la fecha mencionada. Un primer escenario (Escenario A) sigue las tendencias de lo que se manifiesta en el diagnóstico como la evolución reciente del sistema. Un Escenario B traza una evolución pesimista, mientras que el Escenario C describe lo que podría ser la Educación Superior Argentina en un contexto favorable y si todos los actores del sistema contribuyeran efectivamente a su mejoramiento, para corregir las falencias y vacancias detectadas en el diagnóstico. Es decir, parte de la hipótesis más deseable: la adopción de un modelo

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de desarrollo con uso intensivo del conocimiento. Esto valorizará sin duda el potencial educativo y científico del país. Al mismo tiempo, en este escenario se buscará la generalización de la educación superior entre todos los jóvenes entre 18-24 años.

Para la elaboración de este informe se han considerado previamente las definiciones sobre estategias y prioridades del sistema de ciencia, tecnología e innovación efectuadas por la SECyT en el marco del Plan Bicentenario, mencionado más arriba. También se han tenido en cuenta las contribuciones relativas a la Educación Superior de otros informes del proyecto “2020”

2. Algunas variables e hipótesis Para el análisis del diagnóstico y escenarios de la Educación Superior se han tomado en cuenta los procesos, los contextos, las políticas y los actores, o sea:

- las tendencias de la expansión universitaria; - el contexto económico social; - la evolución internacional ; - la informatización y la cientificación de la sociedad; - la continuidad del proceso de reindustrialización del país; - el consenso en torno a la búsqueda de equidad social; - la profesionalización de las funciones públicas; - los cambios y reformas pedagógicas e institucionales en las universidades; - el fortalecimiento de los sistemas de evaluación y acreditación de calidad; - el crecimiento de los programas de educación a distancia y virtual; - la consolidación del MERCOSUR educativo; - las actitudes y conflictos en el gobierno universitario; - las políticas públicas en asuntos universitarios y en investigación científica; - las demandas de la economía, de la sociedad y del Estado en cuanto a

producción de conocimientos y formación de recursos humanos altamente calificados.

Uno de los aspectos centrales que destaca este trabajo es la importancia de la

formación de recursos humanos altamente calificados del Estado. Como órgano de Gobierno la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación está comprometida con la consolidación de un Estado inteligente y solidario. Para lograr ese objetivo resulta necesario diagnosticar las capacidades de la educación superior.

En el “Ejercicio 2020” varios informes han tratado de visualizar las principales

demandas en la industria, la agricultura, la informática y otros sectores. No disponemos de un diagnóstico de la demanda de personal altamente calificado en los órganos del Estado en todas sus jurisdicciones. Aunque conocemos por el Informe de la Subsecretaría de la Función Pública el perfil de los profesionales que formaban parte del SINAPA a diciembre de 2004. Cabe recalcar que el Estado es el principal empleador de profesionales y también el principal responsable del subempleo de los mismos.

Una de las hipótesis de este informe es que las demandas de conocimiento son

más importantes que las demandas del mercado profesional en Argentina. Lo que quiere decir en Argentina el problema estratégico no reside tanto en el déficit de

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recursos humanos como en el aprovechamiento del potencial científico, educativo y tecnológico. Esta cuestión ya había sido planteada en el estudio de la OCDE y el CONADE sobre “Educación, recursos humanos y desarrollo en Argentina” realizado entre 1965-1968.1 En aquel entonces se constataba que existía una gran disponibilidad de profesionales y científicos que no eran aprovechados en los distintos sectores de la economía y del Estado lo que incidía en la baja productividad de los mismos. En la actualidad la formación de abogados, contadores, arquitectos o médicos exceden la demanda aparente del mercado pero faltan especialistas para administrar el sistema judicial, para modernizar las PYMES, para resolver los problemas habitacionales y urbanos o para mejorar el sistema de salud.

Michael Porter en “Las ventajas competitivas de las naciones” 2 mostraba que tan

importante como la disponibilidad de recursos era el “despliegue” de los mismos, o sea, la manera de crearlos y aprovecharlos. En este punto la Argentina presenta graves falencias pues no existen políticas y estrategias para aprovechar plenamente sus recursos humanos altamente calificados. Lo que explica en parte el éxodo de profesionales, científicos y técnicos (sobre unos 11.000 doctorados del país, unos 5.000 trabajan en el extranjero).

La intervención creciente de las ciencias y las tecnologías en la producción de la

sociedad contemporánea provoca innovaciones que obligan a la actualización y reconversión permanente de las personas calificadas. Por lo tanto, muchas personas con responsabilidad profesional o directiva se han visto obligadas a recurrir a conocimientos provenientes de campos distintos al de su disciplina de origen. La resolución de problemas complejos (como los del medio ambiente, la pobreza o la gestión de sistemas de información) involucran a expertos de distintas orientaciones, la transdisciplinariedad se vuelve habitual. Esto quiere decir que no siempre se puede prever una correspondencia entre el perfil de un profesional y su ubicación en el mundo del trabajo tal como lo pretendían las teorías de la planificación y del capital humano en las décadas del 60 y 70. .

Los “déficits” de recursos humanos no siempre son observables, tangibles. En

particular en el Estado no siempre se percibe que hacen faltan nuevos enfoques para resolver los nuevos o viejos problemas. A veces, el “déficit” de conocimiento depende de las estrategias adoptadas (si no prevemos la información de las organizaciones tampoco precisamos gerentes de información). Actualmente se percibe una gran necesidad de ingenieros y de ciertas especialidades para abordar los procesos de reindustrialización o las demandas energéticas. Las demandas son reales y urgentes. En cambio, se percibe menos la importancia de políticas y de especialistas para el desarrollo de las industrias culturales que ya ocupan un lugar relevante en la sociedad y en la economía. .

Como ya hemos señalado desde los años 60 se observa que el país no tiene en

términos absolutos déficits de recursos humanos altamente calificados. El éxodo de casi 100.000 profesionales, científicos y técnicos trabajando en el exterior parecería

1 CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO (1968), Educación, recursos humanos y desarrollo en

Argentina, Bs.As. 2 Michael Porter (1991) La ventaja competitiva de las naciones, Javier Vergara, Bs.As.

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conformarlo. Pero en términos relativos encontramos necesidades urgentes de geólogos, ingenieros químicos, expertos en minería, energía, nanotecnologías, nuevos materiales y otros temas. Existe escasez de conocimientos o de especialistas en sectores críticos como la gestión pública, el sistema educativo, las industrias culturales, el sector energético, la informática, el sistema de seguridad, la gestión ambiental, el desarrollo social. A nivel empresarial las demandas se cubren con una gran movilidad de profesionales y técnicos que provienen de cualquier lugar del mundo. Los déficits de profesionales especializados se sienten en cambio agudamente en el sector estatal.

En el sistema educativo nacional existen problemas que han sido identificados en el

Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Bicentenario 2006-2010, PROTIS, Area-problemas-oportunidad: política y gestión educativa). Pero un análisis más centrado en las demandas de conocimientos nos permite observar que tenemos carencias de especialistas en ciencias cognitivas, en psicología educacional, en gestión educativa, en informática educativa o en gestión universitaria.

Además de las lagunas de información podemos constatar que no existen políticas

sistemáticas en la gestión de conocimiento aplicada a las instituciones públicas. La SECyT intenta cubrir una brecha de información a través de este Ejercicio y otros esfuerzos ya realizados. Pero en todos los sectores observados de la educación superior y conexos descubrimos que todavía se necesita un esfuerzo particular dedicado a fortalecer la capacidad del país para sistematizar y aprovechar eficazmente la información básica destinada a sustentar un proyecto de desarrollo liderado por la gestión pública. Otro tanto se puede decir del aprovechamiento de los profesionales, científicos y técnicos disponibles en el sector estatal. La gestión del conocimiento no se ha instalado aún en la función pública pese a los esfuerzos notorios de organismos especializados en el nivel nacional y en las provincias.

II. FUNCION DEL CONOCIMIENTO Y DEMANDAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PLAN BICENTENARIO Y DEL PROYECTO DE LA SECYT “2020: ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS EN CTI”

1. Visión del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación En marzo de 2005 las autoridades de la SECyT y de la ANPCyT acordaron algunas definiciones sobre los valores esenciales del SNCTI que se expresan en estos principios: • la educación como base del acceso al conocimiento, la calidad de vida y la

movilidad social • el conocimiento, como sustento de una cultura innovadora y solidaria • el progreso económico y social, en un marco de innovación permanente,

integración regional y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente • la calidad y la pertinencia como guías permanentes de la investigación y

desarrollo

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También se ha definido como propósito esencial: promover la transición hacia una economía basada en el conocimiento para lograr una sociedad más justa y equitativa.

2. Áreas temáticas prioritarias Dentro del marco del Plan Bicentenario la Secretaría de Ciencia, Tecnología e

Innovación definió Áreas temáticas prioritarias que toman en cuenta tanto las vacancias académico-científicas como las necesidades de conocimiento para abordar problemas cruciales. He aquí una presentación general.

• Agroindustrias y agroalimentos: diversificación productiva, tecnologías de

procesos, tecnologías para la seguridad de los alimentos; tecnologías generadoras de valor agregado; estudios sociales aplicados a la industrialización agropecuaria; tecnologías específicas para mini y microempresas.

• Biotecnología. Proteómica. Genómica funcional. Farmacogenómica. Ingeniería de proteínas y tejidos. Modelización y síntesis de biomoléculas. Bioinformática.

• Educación. El sistema educativo. Regulación y descentralización.Gestión de políticas educativas. Estudios sobre las organizaciones y los actores educativos. Macropolítica e institución escolar. Reformas educativas. Cambios en el mercado laboral y función del sistema educativo. Equidad. Inclusióln social. Transformaciones culturales. Mundialización educativa. Formación para la ciudadanía. Desigualdad social. Formación docente. Crisis del modelo escolar vigente. Autoridad, responsabilidad, autonomía.

• Energía. Aprovechamiento de energías eólicas. Sistemas de generación eléctrica. Energía nuclear. Vehículos eléctricos. Nuevos materiales conductores. Información sobre recursos energéticos fósiles y renovables. Diseño de viviendas energéticamente eficientes.

• Estado, sociedad y calidad de vida. Representación y gobernabilidad democrática. Rol del Estado. Transformaciones de la sociedad. Estructura de la desigualdad social. Empleo y ciudadanía. Estado e instituciones. Calidad de vida. El habitat.

• Matemática aplicada interdisciplinaria. Articulaciones de la matemática con la biología, la informática, la ingeniería, la economía, la física, la química.

• Medio ambiente, tecnologías limpias y mejoramiento ambiental. • Microelectrónica. • Nanotecnologías • Recursos del mar y de la zona pesquera • Recursos mineros • Sustentantibilidad de la producción agropecuaria y forestal • Tecnología de la información y las comunicaciones • Tecnología de los materiales • Tecnología espacial • Tecnología nuclear • Tecnologías biomédicas • Trabajo, empleo y protección social • Violencia urbana y seguridad pública

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3. Áreas problemas De acuerdo con el Programa Transversal del Sistema Nacional de Innovación

(PROTIS) las áreas del gobierno definieron para el Plan Estratégico de ciencia, tecnología e innovación una serie de áreas problemas considerados como prioridades. Estos son los enunciados generales:

• Marginalidad, discriminación y derechos humanos • Competetitividad de la industria y modernización de sus métodos de producción • Competitividad y diversificación sustentable de la producción agropecuaria • Conocimiento y uso sustentatable de los recursos naturales renovables y

protección del medio ambiente • Infraestructura y servicios de transporte • Infraestructura energética. Uso racional de la energía • Prevención y atención de la salud • Políticas y gestión del Estado • Política y gestión educativa

4. Algunas implicancias que surgen del Ejercicio “2020: Escenarios y

Estrategias en CTI”

A. Sector Público Si consideramos que el Estado es el principal empleador de profesionales y si

tenemos en cuenta las deficiencias de los organismos públicos, es evidente que este debería ser un foco de atención. Un aspecto fundamental es la transformacion del estado en una organización inteligente, capaz de mantener una gestion estrategica durante largos plazos. Entre 2008-2020 la renovacion de profesionales del estado alcanzará a cerca de 20.000 personas teniendo en cuenta los contingentes actuales y sus promedios de edad.

Los organismos públicos deberían aprovechar plenamente los recursos de la

informática para crear mecanismos de gobierno virtual mas directamente ligados a los ciudadanos. La capacidad estratégica, la organización inteligente, la profesionalización de los funcionarios podrán crear otro modelo de Estado más eficiente y más cerca de las necesidades del pueblo, o sea, un estado inteligente y solidario.

Realizar estos propósitos implica mejorar profundamente la cooperación entre las

universidades y los organismos del estado en todos sus niveles. Ya existe una red de programas universitarios de administración pública que han comenzado a concertar sus actividades con los organismos estatales.

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Hemos analizado un caso particular, el de los abogados que representan el 19%

de los profesionales del sector público, o sea, unos 1.334 cargos.3 Cerca del 25% de los graduados de las facultades de Derecho terminan desempeñándose en la actividad política y en el servicio público. Pero no existe una capacitación específica para fortalecer las competencias que requieren estas funciones ni de parte de las entidades académicas ni de parte de los organismos públicos. En consecuencia, los organismos del Estado no siempre se encuentran bien atendidos o defendidos en el país o en el exterior. Las universidades, y en este caso las facultades de derecho, deberían incluir en los planes de estudio los temas esenciales de la gestión pública.

La profesionalización de los funcionarios es una política que no se completado.

El perfil educativo de los empleados aumentará. Los procesos de integración regional y de transnacionalización de las intervenciones del Estado demandarán más competencias técnicas y profesionales. Los organismos del Estado tendrán que tener mayor capacidad de previsión y de investigación. Estos son algunos de los elementos para construir un “Estado inteligente” que necesita el país. B. Formación de docentes e investigadores El segundo sector de requerimientos masivos de recursos humanos altamente calificados es el sistema de educación superior y el sistema educativo en general. En la educación superior se contaban hacia 2005 unos 180.000 docentes (140.000 de universidades públicas, 25.000 de universidades privadas, 15.000 de los IES). En el período 2008-2020 se podrían renovar al menos 40.000 docentes. Sería deseable que la mayoría de ellos tuvieran estudios de posgrado. A esto hay que agregar la renovación y recalificación de los docentes de la educación común, que hacia 2005 eran unos 572.002 educadores (445.148 en el sector público). El sistema educativo, que involucra a más de 12 millones de personas, constituye en sí mismo un espacio de problemas a resolver, o sea, un ámbito donde la producción de conocimientos especializados ha de incrementarse sustancialmente. La violencia escolar, la educación a distancia, el perfeccionamiento docente, la renovación de los contenidos, la internacionalización, los déficits cognitivos, los problemas de lecto-escritura, son algunos de los temas que afectan a la calidad de la enseñanza y sobre los cuales no se tiene investigación suficiente. Esto implicaría pensar en la formación de formadores del más alto nivel en ciencias de la educación y en investigación educativa.

3 Ver Informe de Marcelo Héctor Efrén y Leticia Analía Nicodeme: “Análisis prospectivo sobre las

necesidades de recursos humanos altamente calificados en la administración pública: la formación de

abogados” , SECYT, Ejercicio 2020 : Escenarios y estrategias del CTI, Bs.As., octubre 2007

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El Instituto Nacional de Formación Docente prevé una serie de acciones en su Plan Nacional de Formación Docente para renovar y actualizar a los enseñantes del sistema educativo. Para cumplir con sus objetivos el INFD necesita el apoyo de las universidades tanto en lo que hace a la graduación de especialistas como en lo que hace a la investigación.

Formación de investigadores. El numero de nuevos investigadores que deberían

incorporarse al sistema universitario, publica y privado, antes del 2020 se sitúa en el orden de los 15.000. Por otra parte, en el sistema científico nacional la renovación por jubilaciones y el ingreso de nuevos investigadores hará necesario formar unas 10.000 personas. A lo que hay que agregar que si se quiere afrontar el déficit de doctores en casi todas las disciplinas habrá que invertir en nuevos posgrados. Sin gestión del conocimiento será imposible responder a las demandas de recursos humanos de alto nivel. Una de las conclusiones que surge de este ejercicio es que las demandas identificadas suponen un esfuerzo intencional y permanente por parte de las instituciones educativas para formar el personal y para crear el conocimiento adecuado. C. Sector Industrial Si consideramos algunas demandas sectoriales podemos observar que existen políticas públicas para atender las demandas de ingenieros y otras profesiones que necesita el desarrollo industrial y energético del país. El Proyecto para el Mejoramiento de la enseñanza en Ingeniería (PROMEI), el apoyo a las “carreras prioritarias”, el apoyo a los posgrados tecnológicos a través del FONCYT, junto con la recuperación de las escuelas técnicas y de las carreras técnicas en los institutos de educación superior no universitarios son algunas de las medidas que se han esbozado para apoyar el crecimiento industrial y sus necesidades de recursos humanos. La definición de las “carreras prioritarias” tuvo lugar a través de distintos foros que convocaron a los distintos sectores de la producción a través del Ministerio de Economía. Comprende las siguientes orientaciones: agrimensura, agronomía, agrotecnica, bioingeniería, biología, bromatología, ciencias naturales, ecología y medio ambiente, enfermería, estadística, física, genética, geofísica geología, geoquímica, hidrología, informática, ingeniería (en todas sus especialidades), zootecnista, matemática, meteorología, química, relaciones industriales, salud pública, seguridad industrial, tecnología de alimentos, veterinaria.

Se trata de un conjunto muy amplio de carreras que en 2005 tuvieron 238.409 alumnos y 8.256 egresados. Para el 2020 podrán llegar a 400.000 alumnos y 20.000 egresados si se mantiene la políticas de apoyo a estas orientaciones. El acortamiento de las carreras de ingeniería, de acuerdo a lo propuesto por el CONFEDI, podría mejorar el flujo de nuevos inscriptos. En la matrícula de 2005 informática comprendía 49.484 alumnos mientras que hidrología 11, ingeniería textil 99, geofísica 60, ingeniería geofísica 15, ingeniería energética 57, ingeniería nuclear 39, ingeniería azucarera 6, ingeniería pesquera 102.

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Sectores relegados como la industria nuclear, la industria aeroespacial, la industria ferroviaria, están recobrando impulso y podrían requerir nuevos profesionales y líneas de investigación. La ingeniería azucarera deberá reformularse y recobrará importancia con la aprobación de las nuevas políticas sobre la producción de biocombustible (etanol) a partir de la caña de azúcar.

Las políticas de innovación impulsadas desde el Estado y las empresas, el

respaldo de los programas de investigación en áreas críticas como nanotecnologías, nuevos materiales, energías alternativas, etc. constituyen medidas que tienden a cubrir brechas tecnológicas y científicas que habrá que considerar D. Sector agroalimentario

En el sector Agroalimentario, de acuerdo con el informe de Martín Piñeiro y Rafael López Saubidet, encontramos que las necesidades tecnológicas para el próximo decenio parecen orientarse a los siguientes temas:

a. Mejoramiento vegetal y animal b. Tecnologías aplicables a la industria de alimentos especialmente para la

incorporación de atributos específicos de calidad, inocuidad componentes nutricionales

c. Prevención y control de enfermedades y plagas en el sector vegetal y de enfermedades en el sector pecuario

d. Desarrollo de tecnologías de procesos de la producción primaria y aplicaciones de biotecnologías para mejorar la relación suelo planta y la eficiencia biológica de las plantas

e. Desarrollo de tecnologías de procesos en la producción pecuaria f. Identificación y desarrollo de productos primarios con atributos adecuados para

su utilización en la producción de bioenergía.

Estos problemas deberían asumirse en los planes de estudios y en las políticas de investigación de las facultades pertinentes.

El informe de Martín Piñeiro también señala los escenarios y oportunidades que se plantean para la ciencia a través de grandes de líneas de investigación, o sea:

A. El desarrollo de la biotecnología y la nanotecnología y sus aplicaciones a la producción agroalimentaria como, por ejemplo, en: 1) genómica en general, 2) marcadores moleculares, 3) recombinación de genes in Vitro, 4) diseño e ingeniería de proteínas, 5) diagnostico molecular de enfermedades, 6) aplicaciones a los programas de trazabilidad y certificación, 7) aplicaciones al desarrollo de vacunas, 8) aplicaciones a la nutrición y a la eficiencia reproductiva pecuaria, 9) aplicaciones a la producción pecuaria de farmacéuticos y otros productos especiales etc

B. El desarrollo de tecnologías que mejoran la calidad, inocuidad y funcionalidad de

los alimentos como: 1) caracterización de interrelaciones fisiológicas y relaciones de micro estructuras y sus efectos sobre diferentes productos y la salud humana, 2) indicadores objetivos de la calidad de los productos, 3) aplicaciones de tecnologías emergentes como alta presión hidrostática, ultrasonido y microondas para el

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procesamiento y la conservación de productos perecederos, 4) el desarrollo de sensores y biosensores para medir la calidad, 5) aplicaciones de la nano-tecnologías en el desarrollo de envases, y potencialmente en otros usos y 6) desarrollo de tecnologías para el manejo de residuos agroindustriales.

C. El desarrollo de tecnologías que mejoren la eficiencia en la producción de bio-combustibles como, por ejemplo: 1) tecnologías para la separación, 2) la utilización de sensores remotos, 3) el desarrollo de aditivos específicos para las materias primas que se utilicen en el país, 4) utilización de bacterias y levaduras para el tratamiento de la bio-masa, y 5) tecnologías informáticas y de ingeniería para el desarrollo de sistemas logísticos.

D. El desarrollo de tecnologías de procesos de la producción agropecuaria que

mejoren la productividad sustentable en ambientes nuevos. Ejemplos de estas tecnologías son: 1) tecnologías que mejoran la sintonía o correspondencia entre las características de los procesos productivos con los atributos del ambiente. Estas tecnologías requieren conocimientos específicos en diversas áreas como, por ejemplo: a) descripción y caracterización de los ambientes, b) confección de mapas georeferenciados, c) desarrollo del soft-ware necesario etc. 2) robotización, automatización y uso de sensores en la agricultura y la lechería, 3) uso de las TICs para la información técnica y la gestión, 4) caracterización entre procesos productivos y atributos de calidad del producto, 5) tecnologías de aprovechamiento de subproductos y de manejo de efluentes en la producción pecuaria

E. El desarrollo de tecnologías que permitan una mejor utilización y conservación

de los recursos naturales tales como : 1) elaboración de inventarios de los recursos naturales y su utilización en los principales ambiente productivos , 2) generación y uso de información satelital, 3) desarrollo de modelos matemáticos que permitan analizar las relaciones causales entre la utilización de los recursos y su conservación, 4) desarrollo y sistematización de conocimientos que articulen la interfase entre las disciplinas ambientales y las económicas y sociales, 5) desarrollo de escenarios y modelos alternativos de uso de los recursos naturales 6)la utilización del ADN para trabajos taxonómicos y 7) sistematización y desarrollo de principios exitosos para el desarrollo institucional necesario para la aplicación de la política de recursos naturales En el sistema universitario nacional se ha creado el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO). Las facultades de agronomía del MERCOSUR se encuentran asociadas para facilitar el intercambio y la circulación de estudiantes y profesores. Por otra parte, las carreras de agronomía fueron las primeras a las que se aplicó el Mecanismo Experimental de Acreditación del MERCOSUR (MEXA). De esta manera los agrónomos inician la formación del mercado profesional del MERCOSUR. Proceso que hacia el 2020 se encontrará extendido a otras profesiones como los ingenieros, los médicos, los veterinarios, los arquitectos. Los escenarios favorables a la expansión agroalimentaria en la próxima década así como la intervención de actores específicos y preocupados por los problemas emergentes (INTA, Conicet, facultades de agronomía y veterinaria, Secretaría de Agricultura, organizaciones empresariales y centros de investigación privados) estarían indicando que el sector se encuentra suficientemente atendido en cuanto a previsiones de recursos humanos y de conocimientos.

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E. Sector informático

En las universidades los alumnos de informática e ingeniería de sistemas llegaban a 68.929 en 2005. Junto con los estudiantes de los IES que siguen esta orientación superan los 100.000. Parece existir una cierta correspondencia entre oferta y demanda. Sin embargo, desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo nacional podemos notar que hacen falta gerentes de sistemas de información para organizaciones complejas, expertos en informática educativa, especialistas en informática médica.

De acuerdo al informe de Gabriel Baum la demanda y la expansión de los servicios informáticos seguirá creciendo. Los esfuerzos empresariarles, gubernamentales y tecnológicos se orientarán a satisfacer este fenómeno de generalización del uso de las TICs. Pero la base en I-D en el país es bastante limitada. Por otro lado, la industria informática local tiene escaso volumen y no participa de desarrollos competitivos a escala mundial.

En los próximos diez a quince años aparecerán , entre otros, los siguientes focos tecnológicos y áreas de aplicación “clave”:

1. Generalización y mejora del espectro de uso, calidad y seguridad de los

productos y servicios de comunicaciones inalámbricas móviles. En particular, la generalización de las tecnologías de Internet y creciente orientación a las necesidades de los usuarios.

2. Desarrollos innovativos de “knowledge & content management”. Fuerte desarrollo de I&D e innovación y nuevos tipos de negocios en esta área.

3. Fuerte expansión de la industria del software. Especializaciones sectoriales y aumento de la productividad. I&D orientada por “mercados verticales” y complejización del software. Expansión del modelo open source.

4. Desarrollo de la automación e instrumentación vinculada a la expansión de las “empresas-red on-line”, la mecatrónica, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología.

5. Desarrollo fundamentales en áreas de aplicación claves: seguridad y confiabilidad; salud; agroindustrias y alimentación; gobierno; educación y aprendizaje; energía y medio ambiente.

6. Servicios de Telecomunicaciones. Comunicación multimedia en redes inalámbricas de banda ancha. Disponibilidad generalizada de servicios de banda ancha personalizados, sensibles al contexto.

7. Servicios TI. Sistematización y digitalización de los procesos de servicios. Fuerte desarrollo de I&D para obtener soluciones confiables, seguras y compatibles. Nuevos modelos de negocios nacionales e internacionales.

8. Componentes para sistemas inalámbricos y embedded. Componentes para sistemas inteligentes sensibles al ambiente. Electrónica impresa y nuevas soluciones nanoelectrónicas.

En la actualidad el mercado manifiesta una demanda insatisfecha de profesionales

en las varias especialidades relacionadas con las TICs. En varias casas de estudios el nivel de estas carreras, en lo referente a la formación científica y técnica es aceptable, aún cuando debería actualizarse en muchos aspectos.

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En cuanto a Investigación y Desarrollo existen pocas empresas que realicen

esfuerzos significativos en áreas relacionadas con las TICs y sus aplicaciones en la industria. Los registros del FONTAR –y más recientemente del FONSOFT- indican que si bien hay un aumento significativo de las presentaciones empresarias, en general el grado de innovación de los proyectos aún es pobre comparado con la evolución internacional.

La debilidad, y aún la inexistencia en muchos sectores, de redes o vinculaciones entre firmas es uno de los problemas más serios que enfrenta la industria en relación con el desarrollo de capacidades de innovación que permitan construir ventajas competitivas genuinas para las empresas locales en el contexto global. Las vinculaciones entre el sector productivo y el científico-técnico son igualmente débiles, son escasos los ejemplos de relaciones perdurables entre grupos de investigación y empresas, lo cual dificulta el flujo de conocimientos y experiencias que constituye un factor estratégico para el desarrollo y la competitividad nacionales.

En las Universidades públicas, que concentran la mayor parte de las actividades

de investigación, la situación, si bien ha mejorado en los últimos años a instancias del incremento de fondos para ciencia y tecnología, junto con un reconocimiento de la importancia de las TICs por parte de las autoridades, la situación aún dista mucho de ser satisfactoria.

Es necesario reconocer que deben realizarse múltiples y persistentes esfuerzos de

carácter sistémico, que involucren a las TICs industriales como parte importante –aunque obviamente no solamente a ellas-, en el sentido de construir redes que incluyan empresas y centros de investigación científica y aplicada, identificar especializaciones que permitan abordar mercado externos exigentes, fortalecer y renovar la educación superior y tecnológica, fortalecer la investigación básica y a la vez promover la circulación de conocimientos y la colaboración entre universidad y empresa.

Un aspecto crucial tanto para la evolución de las organizaciones públicas como empresariales es la gestión del conocimiento. El país acusa un serio déficit en gerencia de sistemas de información para organizaciones complejas (el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema universitario, servicios públicos). Tampoco abundan los especialistas en informática educativa y en desarrollo de materiales para enseñanza virtual.

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SEGUNDA PARTE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA

II. LA EDUCACION SUPERIOR EN CIFRAS

1. Población y escolarización superior

Partiendo de distintas fuentes se observa que la escolarización superior en Argentina

es muy significativa en términos sudamericanos e internacionales. No obstante, cabe señalar discrepancias en las informaciones que relativizan esta percepción. El Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias (pág. 168 ss.) nos informa que para 2005 la población de 18-24 años sumaba unas 4.552.019 personas, siendo la tasa bruta de escolarización universitaria del orden del 33,8 %.

Si se toma el rango de la OCDE (20-24 años) y el total de la educación superior

(universitaria y no universitaria) Argentina figuraría con el 63.5% de tasa bruta de escolarización superior. Lo que ubica al país en primer rango entre todos los de América del Sur y el Caribe. Para los países del Mercosur la situación sería la siguiente: Brasil: 22.7%, Uruguay: 40.5%, Paraguay: 19.7%; Venezuela: 43.3%; Chile: 46.2%.

Partiendo de una población estimada en el rango de 18-24 años, para 2005 el total

de nuevos inscriptos en las universidades públicas y privadas llegaba a 370.129. El total de estudiantes en todo el sistema universitario llegaba a 1.539.742, de los cuales el 83.50 % estaba inscripto en universidades públicas y el 16.50 % en universidades privadas. Esta relación entre matrícula pública y privada contrasta netamente con el resto de América del Sur donde el sector privado predomina con un 60%.

El Censo de Población de la República Argentina de 2001 permitió constatar que

el número de personas que posee un título completo de educación superior asciende a 2.271.190. De ellos, 1.142.152 tienen un título universitario completo. Los varones representan el 51% a nivel universitario y las mujeres el 49%. En cuanto a diplomados de la educación superior no universitaria el 74% son docentes, mayoritariamente mujeres. En comparación con los datos de las universidades nacionales el Censo 2001 permite detectar unos 200.000 estudiantes menos, lo que seguramente se debe a la doble y triple inscripción de los alumnos cuyas bajas se realizan con retardo.

La población con título universitario se distribuía, de acuerdo al Censo 2001, entre

los grupos de 30-39 años y de 40-49 años. Esto permite pensar que hacia el 2020 cerca del 50% de los diplomados universitarios actuales estarían jubilándose. Hacia el 2001, unas 94.058 personas con educación superior tenían 65 años o más, mientras que 49.899 tenían entre 60-64 años.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC el 15.6% de la población

activa poseía título universitario o terciario hacia el 2004.

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Hacia el 2001 el 87% de los graduados universitarios se encontraban activos. El 65% de los mismos se ubicaba en la categoría de empleado. La mayoría se desempeña en el sector público. Este dato es fundamental para la proyección de las demandas de recursos altamente calificados en el sector público. Cabe destacar que el 31 % de la población de nivel terciario del país hacia el 2001 se dedicaba a la enseñanza en todos los niveles. En las universidades nacionales trabajaban 110.821 personas, de las cuales un 54% eran hombres y un 46% mujeres.

De acuerdo al Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005 del IESALC – UNESCO, Argentina figura entre los países con mejor cobertura o acceso a la educación superior para jóvenes entre 20 y 24 años. En efecto, tomando en cuenta la relación entre matrícula universitaria (2.010.830), población (37.870.000), grupo de edad 20-24 años (3.351.400), la tasa bruta de matriculación resulta ser del 60%, la más alta de la región (seguida por Panamá: 50.5%, Costa Rica: 43.3%, Chile: 46.2%, Uruguay: 40.5%).

De acuerdo al mismo informe para el 2008 la tasa bruta de matriculación de educación superior llegaría al 73.4%, lo que se encuentra a nivel de los países europeos. (Brasil: 35.2%). Argentina se aproxima en los comienzos del siglo XXI al horizonte de la universalización de la educación superior.

Este liderazgo que Argentina tiene en cuanto a escolarización superior se conserva en los últimos 50 años y se compara favorablemente con la mayoría de los países de Europa. Sin embargo, el dato cobra otra perspectiva cuando se trata de analizar los rendimientos académicos donde Argentina figura con los niveles más bajos. Esta dualidad tiene un costo social y económico muy alto. Significa, entre otras cosas, que sobre los 300.000 nuevos inscriptos en la universidad pública en 2005, por lo menos unos 200.000 van a fracasar. La ilusión de un acceso universal a la educación superior se derrumba frente a la falta de mecanismos efectivos para retener a los estudiantes y para asegurar al mismo tiempo la calidad de la enseñanza.

2. Expansión, diferenciación y distribución territorial

Desde hace varias décadas el sistema de educación superior se encuentra en proceso de expansión, de diferenciación institucional y de distribución territorial. La demanda de escolarización superior ha sido creciente y los actores institucionales se han preocupado por crear accesos variados y al alcance de todos los sectores.

Crecimiento institucional. El crecimiento del número de instituciones universitarias entre 1960-2005 ha sido constante pasando de 15 universidades, privadas y nacionales, a 101 en la última fecha (45 nacionales y 56 privadas). Hay que agregar hacia 2007 la existencia de 7 institutos universitarios nacionales, 14 institutos universitarios privados, una universidad provincial y 2 universidades internacionales. Este crecimiento es coherente con lo que se observa en América Latina en los últimos

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20 años, donde algunos países han experimentado una explosión de sus universidades, sobre todo privadas.

Los Institutos de Educación Superior No Universitarios (en adelante identificados como IES) suman 1174 en 2005, con 772 bajo gestión pública y 1002 en gestión privada.

De acuerdo con los datos de la RED VITEC (CIN) en el sistema universitario argentino se ofrecían hacia 2005, 3.907 carreras de las cuales 2.573 correspondían a universidades públicas y 1.334 a universidades privadas. En las universidades públicas se ofrecían 168 licenciaturas, 30 profesorados, 1.729 carreras de grado, 59 carreras de pregrado, 8 carreras de postítulo, 385 carreras técnicas, 190 carreras intermedias, 5 carreras de complementación. En las universidades privadas: 70 licenciaturas, 17 profesorados, 1004 carreras de grado, 24 de pregrado, 9 postítulos, 122 carreras técnicas, 73 carreras intermedias y 3 carreras complementarias.

Como se observa la variedad de títulos ofrecidos es muy grande, aunque muchos de

ellos tienen denominaciones similares. La educación superior no universitaria- ofrece otros 6.960 títulos por lo que el total de diplomas ofrecidos por la Educación Superior Argentina alcanzaba a cerca de 11.406 títulos hacia 2003. (Fernández Lamarra, N., 2003)

Diversificación. Junto con el crecimiento institucional también se produjo una gran

diversificación, tanto entre universidades privadas y públicas, como en cuanto a la existencia de entidades con identidades filosóficas, religiosas o sociales diferentes. El pluralismo institucional, filosófico e ideológico se encuentra consolidado.

Distribución territorial. En la actualidad se puede considerar que la cobertura

territorial del sistema de educación superior es satisfactoria teniendo en cuenta que las posibilidades de acceso se encuentran en todas las provincias y en todas las ciudades importantes del país. Sin embargo, hay que considerar que siguiendo la concentración demográfica, económica y social del país, en el 2005 el 40.09% de la matrícula universitaria se concentraba en el Area Metropolitana, el 18.52 en la Región Centro-Oeste, el 11.42% en la Región Bonaerense, el 10.31 en la Región Centro-Este, el 9.93% en la Región Noroeste, el 5.95% en el Nordeste y el 3.77% en la Región Sur.

Educación Superior a distancia. Hay que tener en cuenta también que en los últimos años se encuentran en pleno crecimiento las ofertas de cursos y carreras en la modalidad a distancia lo que permite llegar aún más a todos los eventuales interesados. Podemos estimar que en la actualidad cerca de 200.000 personas son usuarios de programas a distancia en educación superior. La mayoría de ellas utilizan recursos de universidades próximas pero un porcentaje significativo pertenece a regiones distantes e inclusive del exterior. La des-territorialización de la Educación Superior ha comenzado a instalarse y seguirá acentuándose rápidamente en la próxima década.

Institutos de Educación Superior (no universitarios). Para el 2005 el Anuario

Estadístico Educativo del Ministerio de Educación informa que existían 509.134 alumnos en los IES. De los cuales el 69% era mujeres. El sector estatal tenía 274.212 alumnos en su matrícula. De acuerdo con estos datos la educación superior no universitaria representaba un 25.7% del total de la educación superior del país. A su

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vez, cabe señalar más del 50% de los alumnos de los IES se orientan hacia la formación docente.

En cuanto a egresados de carreras de grado, los IES tuvieron 68.252 graduados en

2005. De entre ellos, 32.160 tenían títulos docentes y 34.889 tenían orientación Técnico Profesional. En carreras de posgrado el número de egresados de 2005 fue de 5.092, siendo 1.877 de orientación docente y 2.924 de orientación Técnico Profesional.

Los institutos de formación técnica, algunos de los cuales como los Institutos

Tecnológicos Universitarios, se articulan con universidades, cumplen una función muy importante en la preparación de recursos humanos especializados. Ofrecen carreras cortas e intermedias, con salidas laborales rápidas. Responden rápidamente a las necesidades de la industria, el comercio o los servicios. Con más de 35.000 graduados en carreras de grado y posgrado por año, presentan mejores rendimientos académicos que las carreras universitarias.

3. Matrícula

El crecimiento de la matrícula, y por lo tanto del acceso a la educación superior, también ha sido notorio. En 1980 llegaba a 481.746 alumnos en todo el sistema de educación superior. En 1985, a 777.488. En el 2000 a 1.724.397. Teniendo en cuenta el período 1985-2000, en un contexto de recuperación democrática, observamos el crecimiento espectacular de la matrícula. La política de ingreso irrestricto a las universidades nacionales y las nuevas autorizaciones para crear universidades privadas tuvieron un impacto efectivo en este crecimiento.

Cabe notar dos características importantes del estudiantado de las universidades

públicas: cerca de un 50% de los alumnos trabajan y la mayoría de los estudiantes no se dedican exclusivamente al estudio. Esto resulta conveniente tener en cuenta desde el punto de vista estadístico pues el estudiante promedio tiene una dedicación parcial al estudio. Asimismo, esto explica la tendencia generalizada a la preparación de materias aisladas que llevan inevitablemente al desgranamiento de las cohortes.

Sector público- sector privado. Hay que notar como una constante que a nivel

universitario el sector público cubre alrededor del 80% de la matrícula mientras que el sector privado lo hace en alrededor del 20%. Para el 2000 en términos absolutos esta relación era de 1.124.044 estudiantes (88%) contra 145.196 (11.43%). Estas diferencias pueden relativizarse teniendo en cuenta que acuerdo al Censo Nacional 2001 el número de estudiantes inscriptos en universidades nacionales podía ser inferior en 200.000 respecto a la matrícula global informada por las instituciones. Las proporciones entre la matrícula de la universidad estatal y la matrícula de la universidad privada sigue siendo de todos modos del orden 80/20. En Brasil podemos encontrar una situación inversa: 20% de matrícula estatal contra 80% de matrícula privada.

El Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe del IESALC – UNESCO destaca que para el 2003 Argentina tiene un 79.4% de la educación superior en el sector estatal y un 20.6% en el sector privado. En Brasil el sector estatal tiene para el mismo año 29.2% en el sector estatal y 70.8% en el sector privado.

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Para el período 2001-2005 las universidades nacionales pasaron de 1.210.357 a

1.285.625. Si tomamos en cuenta a los nuevos inscriptos en el mismo período observamos que la tasa promedio de crecimiento anual en las universidades nacionales denota un cierto estancamiento. En efecto, en 2001 teníamos 289.424 nuevos inscriptos contra 293.957 en 2005. Esta tendencia puede estar indicando un techo para la captación de nuevos alumnos en el sistema universitario nacional.

En el sector privado la población estudiantil pasó de 203.221 en 2001 a un total de 254.117 en 2005, con un tasa de crecimiento del 5.7%. Esto indicaría que el sector privado mantiene su expansión y podría ocupar un lugar más relevante en la próxima década. Los nuevos inscriptos del sector privado pasaron a su vez de 56.357 en 2001 a 76.172 en el 2005 con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.8%. 4. Personal docente

El total de cargos docentes en las universidades nacionales ascendía a 143.804 en 2005. (El número de titulares de esos cargos podría situarse alrededor de 80.000 si tenemos en cuenta que muchos profesores con dedicación simple asumen varios cargos). Sólo el 11% de esos cargos eran con dedicación exclusiva y el 54% con dedicación simple. Entre 2001 y 2005 el número de dedicaciones exclusivas pasó de 12.933 a 15.450 lo que muestra que se viene realizando un esfuerzo particular para mejorar la situación.

En las universidades privadas encontramos unos 20.178 docentes, con un sistema de

selección y dedicaciones muy variado.4

En 2005, el total de cargos docentes en la Educación Común del sistema educativo

nacional era de 572.002, de los cuales 445.148 eran de la gestión estatal.

Los docentes del Nivel Superior No Universitario (Anuario 2005 del MEC) representaban 15.747 individuos, de los cuales 6.154 cumplían funciones directivas, 4.438 estaban al frente de alumnos y 5.155 prestaban funciones de apoyo. En el sector estatal se desempeñaban 8.613 docentes.

Viendo estas cifras se hace evidente que en el corto y mediano plazo la formación de docentes especializados de los distintos niveles será una actividad de gran importancia. La nueva ley general de educación crea el Instituto Nacional de Formación Docente que tiene como funciones justamente ocuparse del tema. Una de las consecuencias de la nueva política es que los docentes primarios y secundarios tendrán que perfeccionarse para mejorar sus perfiles académicos. Las universidades públicas van a intervenir en este proceso.

Resulta también importante destacar que en las universidades nacionales se han creado más de veinte programas de posgrado para la formación de los profesores universitarios y no universitarios. Esto muestra que las universidades nacionales han

4 Ver: J.C. del Bello; O. Barsky; G. Jiménez (2007), La universidad privada argentina. Libros del

Zorzal, Bs.As., p.317 ss.

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asumido el interés por el perfeccionamiento pedagógico de los profesores y por el mejoramiento de la calidad académica II. POLITICAS Y PROCESOS ACADEMICOS 1. Sistemas de ingreso

En la actualidad rige de manera general la regla del “ingreso irrestricto”, es decir, acceso directo a la carrera elegida sin cupos, sin aranceles, sin exámenes de ingreso en las universidades nacionales. Sin embargo, en la última década algunas facultades (medicina, odontología) establecieron cupos y exámenes de ingreso. En distintas facultades se organizan cursos preparatorios con exámenes. La gratuidad incondicionada, o sea, sin la contraparte de un rendimiento académico ha conservado un amplio consenso en sectores estudiantiles, docentes y autoridades.

De hecho existen más de quince mecanismos para el ingreso a la universidad pública según el criterio de cada Facultad. La Universidad de Buenos Aires es la única que tiene un primer año de ingreso común (el Ciclo Básico Común). Atiende a cerca de 60.000 ingresantes cada año (de los cuales unos 20.000 son repitentes).

En las otras universidades hay cupos en facultades de medicina y odontología, hay cursos preparatorios con examen y sin examen, a nivel de carreras o de facultades, hay preparatorios a distancia o presenciales, exámenes de ingreso, ingreso a carrera de grado pagando aranceles, ingreso directo gratuito, etc.

Existe un consenso generalizado sobre la deficiente formación previa de los ingresantes. En el CBC cerca de un 20% de los alumnos tienen dificultades de lecto-escritura. Se organizan talleres para paliar esta deficiencia. También se presentan dificultades en la comprensión de textos y en el desarrollo de un pensamiento argumentativo. La mayoría de los alumnos leen dos libros por año.

Frente a esta situación las respuestas son variables y divergentes. Una de las alternativas ha sido cooperar con la escuela media para mejorar el pasaje hacia la educación superior. La Secretaría de Políticas Universitarias creó el Programa de Articulación con la Enseñanza Media en el 2003 involucrando a unas 600 escuelas. En 2004-2005 las escuelas involucradas fueron del orden de 2.000 y el financiamiento de actividades alcanzó a 1.942.156 $. Las actividades de apoyo a docentes y alumnos pretenden mejorar las posibilidades de los jóvenes que provienen de niveles sociales desfavorecidos.

Otra iniciativa es el Programa de Apoyo al último año del nivel medio/polimodal para la articulación con el nivel superior. En este programa se busca reforzar las competencias de los alumnos a través de las actividades previstas en el currículo de la escuela secundaria. Se realizó una experiencia piloto en 2004 y en 2005 participaron de la experiencia unos 40.000 de distintos lugares del país y colaboraron veinte universidades nacionales.

También el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) apunta a mejorar

las condiciones de ingreso y de permanencia de los jóvenes con menos recursos. Al

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respecto el Anuario de Estadísticas Universitarias 2005 observa: “A lo largo de los últimos años, la matrícula universitaria ha seguido creciendo a una tasa promedio anual del 3,2%. Sin embargo, este crecimiento no se corresponde con una disminución de la brecha educativa existente entre los diferentes grupos sociales, sino que, por el contrario, esta brecha se ha profundizado”(p.234). También se observa que “menos del 10% de la población en condiciones de acceder un título universitario se encuentra matriculada en universidades nacionales… “ y que el 12,7% de los alumnos matriculados en universidades públicas proviene de hogares pobres o indigentes.

La beca consiste en $ 2.500 anuales y en 2006 beneficiaban a 6.529 estudiantes (contra 1.500 en 1996). Teniendo en cuenta el costo de vida en Argentina y las comparaciones internacionales (con Brasil, con España o con Alemania) es evidente que el programa de becas universitarias resulta muy limitado y no puede cumplir totalmente los objetivos que se propone. 2. Rendimientos

Tomando en cuenta el Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias de la SPU encontramos que el número de graduados en el 2000 era de 46.987 y en el 2004 de 62.054. Contrastados estos números con la cantidad de alumnos cinco o seis años antes (promedio de la duración teórica de las carreras) el resultado es que se gradúan menos del 20% de los ingresados.

De acuerdo con el estudio de J.C. del Bello, Barsky y Jiménez el porcentaje de

retención entre el primer y segundo año de las carreras sería de 69.7% en las universidades privadas y del 59,6% en las universidades públicas.5

Según el trabajo del IESALC ya citado la “eficiencia de titulación” (medida por el

número de los que se gradúan dentro de los cinco años previstos) alcanza en América Latina a un promedio del 43.2% (Argentina se encuentra de acuerdo a esos criterios cerca del 11%). En Brasil la eficiencia de titulación estaría en un promedio del 26 % para universidades públicas y del 46% para universidades privadas. Chile: 50% para universidades públicas y 37.4% para universidades privadas. Cuba: 75%.

En el caso argentino la situación se agrava si se considera que además de la alta deserción, entre los graduados más del 50% tarda un promedio de 2-3 años suplementarios para recibirse. La duración efectiva de las carreras entonces promedia los 7-8 años. A su vez, esto configura una situación de atraso escolar para la mayoría de los estudiantes que acceden a su primer diploma cerca de los 30 años, con lo que quedan limitados o bloqueados para culminar en los estudios de posgrado. En última instancia, el fracaso masivo en el ingreso a la universidad afecta las políticas de socialización de los jóvenes en una sociedad donde la integración social se encuentra en crisis. 3. Posgrados

5 J.C. del Belllo; O.Barsky; G. Jiménez (2997) La universidad privada argentina, Ediciones del Zorzal,

Buenos Aires, p. 317

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Sobre la base de estudios recientes (Del Bello; Barsky; Giménez: 2007) se puede apreciar que el sistema de posgrado creció significativamente entre 1994 y 2004, pasando de 793 carreras a l821. Ya existen más de 300 cursos de posgrado a distancia.

Del total de 1821 carreras de posgrados ofrecidas en 2004 el 78,1% provenía del

sector público y el 21,9% del sector privado.

En cuanto a la matrícula el estudio citado señala que sobre 71 universidades que presentaron información en 2004 había 39.742 alumnos en el sistema público y 16.026 en el sistema privado. La misma fuente informa que en 2004 hubo 4248 graduados del sistema público (10.7% sobre el número de alumnos) y 2047 graduados en el sistema privado (12,8% sobre el número de alumnos).

El informe de Ana García de Fanelli y Cynthia Jepessen (La oferta de carreras de doctorado en la Argentina, SECYT, 2004) señala en cuanto a los doctorados que existen 204 programas acreditados con unos 8.300 alumnos. El 80% se concentra en el sector oficial. El número de ingresantes en los últimos 10 años se aproxima a 1.100 estudiantes. La proyección de los aspirantes para los años siguientes llegaba a unos 2900 alumnos, es decir, más del triple.

Anualmente se aprueban unas 425 tesis. El 52% de los doctorados acreditados pertenecen a las ciencias básicas, menos del 10% a las ciencias médicas y el 20% a las ciencias sociales. El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT) informa que sobre 3609 doctores del CONICET las orientaciones disciplinarias se distribuían del siguiente modo:

- Ciencias Naturales 54,8% - Ciencias de la Salud 13,2% - Tecnología e Ingeniería 13,2% - Humanidades 12,2% - Ciencias Sociales 3,9% - Ciencias agrícolas 2,6% Llaman la atención el poco peso de las “ciencias agrícolas” en un país cuya fuente

de acumulación económica principal es el agro y asimismo la escasa participación de las ciencias sociales que fueron diezmadas durante la dictadura militar 1976-83 y que no se recuperaron durante el proceso de democratización iniciado en diciembre de 1983.

Contrariamente a ciertas creencias sobre la falta de investigadores en ciencias

naturales y a la abundancia de estudios sociales (que se confunde con la abundancia de estudiantes en las carreras de derecho, contador, administración o periodismo), estos datos señalan que la sociología, la ciencia política y las ciencias de la educación se encuentran rezagadas en el máximo nivel académico.

Las universidades privadas tienen un 80% de sus doctorados acreditados

concentrados en ciencias humanas y sociales. Las ciencias básicas tienen en general el mayor número de cursantes y de graduados.

La proporción de docentes estables en los doctorados supera el 75%. La mayoría de los docentes (un 90%) cuentan con el doctorado. La dedicación exclusiva supera el 50% en el cuerpo de profesores de doctorado.

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En el posgrado se manifiesta el más alto nivel académico y científico de cualquier

país. Por lo tanto resulta crucial. Sin embargo, en Argentina el sistema de posgrado no tiene un financiamiento público, no figura en el presupuesto de las universidades nacionales y tienen que costearse con los aranceles de los alumnos. Primer obstáculo que limita el número y el perfil de los alumnos. Cabe destacar que tanto el CONICET como el FONCYT ofrecen un cierto número de becas para jóvenes investigadores o doctorandos. El desempeño académico de estos becarios suele ser mucho más eficiente.

La tasa de graduación promedio no supera el 12%, siendo frecuente que la mayoría

termine los cursos pero no presente tesis. También aquí hay que subrayar que no existen becas para que los doctorandos o maestrandos puedan dedicarse a terminar su tesis.

Los posgrados vinieron a cubrir una demanda latente de profesionales y docentes

universitarios mayores de 40 años a partir de 1992. Pero una vez cubierta esta demanda se esperaba que los jóvenes graduados pudieran insertarse normalmente en los estudios de posgrado. Pero ocurre que la titulación se grado se obtiene a edad tardía (alrededor de 27-30 años) y que no existen becas para que los jóvenes puedan dedicarse en tiempo completo al posgrado. El resultado es que en la actualidad se corre el riesgo de que disminuya la matrícula de posgrado en el momento en que el país necesita formar más doctores.

Siguiendo el informe de Lucas Luchilo sobre “Trayectoria de los doctores”(REDES,

octubre 2007) el país dispondría de unos 11.000 doctores en las diversas disciplinas, de los cuales unos 5.000 trabajan en el exterior. Esto ilustra suficientemente sobre el fenómeno del “brain-drain” que afecta al país por falta de políticas adecuadas.

Podemos observar que mientras Brasil (con 170 millones de habitantes) gradúa unos

6.000 doctores por año, y mientras Costa Rica (con 4 millones de habitantes) forma 370 doctores, Argentina gradúa unos 500 por año. Cualquier sea la escala desde la cual se lo quiera comparar el país está en desventaja.

En resumen, estas observaciones muestran la debilidad del nivel del posgrado en Argentina. Lo más grave es que pocos advierten que la brecha que nos separa del más alto nivel académico y científico en relación con otros países se está ahondando. Lo que quiere decir que si tomamos esta situación para proyectarla hacia el futuro podemos anticipar que el subdesarrollo se está consolidando. 4. Educación superior a distancia

La oferta de carreras de educación a distancia de acuerdo a un relevamiento del 2002 (Francisco Martín: “La educación superior a distancia en el sistema universitario argentino”, Universidad Nacional de Cuyo, 2002) comprende unos 407 programas de grado y posgrado, de los cuales 306 se encuentran en las universidades nacionales y 101 en universidades privadas. Entre estos programas 22 comprenden carreras posgrado, 133 carreras de pregrado y grado, 51 cursos especiales de posgrado y 178 cursos diversos. Estos datos son incompletos y no están actualizados. En los últimos cinco años la educación superior a distancia ha seguido creciendo en todos los sentidos.

Podemos estimar que en la actualidad utilizan programas de educación a distancia a

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nivel superior cerca de 200.000 personas. A pesar de que el sistema de educación superior a distancia no está consolidado y que existen dificultades para las acreditaciones en esta modalidad, la demanda es creciente y podemos prever que hacia el 2020 cerca de 600.000 personas estarán recurriendo a programas de educación a distancia. A pesar de que las estadísticas no se han actualizado puede apreciarse una marcada tendencia en nuestras universidades a la incorporación de la modalidad a distancia en su oferta académica para cubrir necesidades en diferentes niveles, tanto en el grado como en el posgrado y en actividades de extensión. De esta manera el modelo bimodal (ambas modalidades conviviendo en la misma institución) es el más desarrollado en nuestro país en relación con la incorporación de la Educación a Distancia.

No existen universidades autónomas de Educación a Distancia-comúnmente

llamadas universidades abiertas- en nuestro territorio. (Mena : 2004) Un modelo diferente podemos encontrar en la Universidad Nacional de Quilmes que ha adosado a su estructura una universidad virtual. En relación con la regulación del desarrollo de la modalidad a distancia, Argentina tiene normativas para reconocer la validez oficial de los títulos de carreras desarrolladas a distancia. (Resolución 1717/2004 del Ministerio de Educación).

La CONEAU también cuenta con criterios específicos para la evaluación de los

posgrados con modalidad a distancia (Ver Documento de la Comisión Asesora de Educación a Distancia en: WWW.CONEAU.edu.ar/archivos/477.pdf ) A pesar de ser uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un marco normativo para el desarrollo de la modalidad, en la Argentina, sin embargo no se ha promovido hasta el momento oficialmente su utilización. 5. Temas críticos en la oferta académica

La oferta académica en Argentina cubre un espectro amplísimo que en términos nominales es más amplio que el de la Unión Europea. En Argentina predomina la idea según la cual la universidad debe formar el profesional especializado para toda la vida en condiciones de desempeño inmediato de sus competencias. En EE.UU. la carrera de grado no habilita profesionalmente y en Europa la política que surge de los Acuerdos de Bologna (1999) tiende a formar un generalista que deberá especializarse en el terreno de la organización o institución donde se emplea. Entonces se puede afirmar que las carreras profesionales en Argentina están teóricamente diseñadas en función del mercado. Pero ni el Ministerio de Educación ni las universidades han realizado estudios para justificar la correspondencia entre las demandas de profesionales y el diseño de carreras. En la práctica, no existe una correlación entre las demandas del mercado y la formación de profesionales en Argentina.

Por lo demás, si se analizan casos particulares se podrá apreciar que en Abogacía más del 25% de los graduados se orientan hacia la actividad política y el gobierno. Pero no han sido preparados para la gestión pública ni siquiera para la gestión del sistema judicial. En Ingeniería el perfil profesional de las últimas décadas estuvo orientado a la formación de cuadros para las empresas públicas y para supervisar procesos complejos en empresas privadas. Pero no estaban preparados para ser industriales (lo que explica que haya tan pocos ingenieros entre las PIMI de Argentina) o tecnólogos. La situación se está revirtiendo en la actualidad y el Consejo de Decanos de Ingeniería (CONFEDI)

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ha elaborado dos informes (el Libro Azul y el Libro Verde) para proponer cambios importantes en los diversos aspectos que intervienen en la formación de ingenieros.

En todas partes se ha verificado que un porcentaje muy alto de graduados universitarios se desempeña en funciones directivas para las cuales no fueron preparados de acuerdo a sus diplomas de origen. La mayoría se ha reconvertido o capacitado en la experiencia institucional o gerencial o empresarial. Además, ahora todos tienen que estar preparados para aprender toda la vida a causa de la explosión permanente de nuevos conocimientos e innovaciones. Han sido estos factores, entre otros, los que motivaron la reforma de la educación superior en Europa (Bolonia, 1999).

La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General Sarmiento poseen centros que estudian las vinculaciones entre las demandas socio-económicas y la actividad universitaria. En el mismo sentido, el Instituto REDES, organización no gubernamental, colabora con la SECYT en materia de información científica y tecnológica, y publica anuarios sobre indicadores de Ciencia y Tecnología en Iberoamérica. Pero no disponemos de información sistemática que nos permita conocer el estado del “mercado del conocimiento” en Argentina, en el Mercosur y en el mundo. De acuerdo con nuestra hipótesis no es el mercado profesional el que orienta hoy la ocupación de los graduados profesionales sino la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de sus aplicaciones en la sociedad. Por lo tanto, es ahí adonde debiera orientarse la búsqueda de información.

Podemos anotar como un aporte en esta dirección el trabajo realizado por la SECYT

para detectar los temas vacantes en las distintas disciplinas científicas. Solo acabe acotar, como lo haría Michael Gibbons (La nueva producción del conocimiento, 1997) que en la actualidad los problemas se presentan de manera compleja, que requieren abordajes transdisciplinarios tanto en la investigación como en las políticas de innovación. Las respuestas monodisciplinarias pueden resultar insuficientes. Un mayor número de ingenieros no resolverá las insuficiencias de la industrialización donde intervienen problemas de logística, diseño, informática y otros factores. La calidad de la organización pública y de las instituciones sociales (el capital social) son factores decisivos para el éxito de cualquier modelo de desarrollo y dependen de la intervención de distintos tipos de especialistas (sobre todo, de las ciencias sociales).

Hemos visto que las ciencias sociales están sub-representadas en el conjunto de los doctores. También hemos visto que el campo de la educación presenta en términos cuantitativos y cualitativos desafíos inmensos que no tienen un correlato en la formación de especialistas de alto nivel en el sistema de posgrado.

Por otro lado, los problemas de la gestión pública y del desarrollo social ponen en

evidencia la necesidad de especialistas en problemas críticos como la pobreza, la violencia infantil, la drogadicción, la gestión de emprendimientos sociales, la seguridad, la gestión eficiente y solidaria de los organismos públicos, etc. Un sector como las industrias culturales exige tanto la participación de ingenieros como de analistas simbólicos, arquitectos, diseñadores, informáticos y artistas. La reconstrucción de la sociedad y del Estado, la reingeniería social, exige tanto voluntad política como conocimientos diversos y especializados.

Uno de los campos donde Argentina interviene con baja intensidad es el de las

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Ciencias Cognitivas donde participan disciplinas importantes como las neurociencias, la inteligencia artificial, la cibernética, las psicologías cognitivas, las teorías de la inteligencia. Este campo de conocimiento influye en sectores distintos como la informática, la educación, la psicología, la medicina. En la actualidad existe un doctorado en Ciencias Cognitivas que depende de la Universidad Nacional del Nordeste y algunos núcleos del Conicet que se ocupan del área.

Teniendo en cuenta la dimensión y la complejidad del sistema educativo sorprende que Argentina invierta tan poco en la formación de graduados de alto nivel (doctores, magisters, investigadores) en ciencias de la educación. El último tratado de teoría general de la educación editado en Argentina data de hace 30 años. A los déficits actuales de conocimiento en educación hay que agregar que el crecimiento de la educación a distancia hace pensar que harán falta informáticos pedagógicos y de pedagogos orientados a la enseñanza virtual.

La Secretaría de Políticas Universitarias creó dos programas especiales para atender déficits en áreas profesionales. El primero es el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) y el segundo es el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO). A primera vista es evidente que se quiere fortalecer la dotación de recursos humanos altamente calificados para la industria y el agro. En el caso de las ingenierías también se percibe en este momento una demanda de especialistas en distintas ramas en plena reconversión. Pero uno de los motivos por los cuales se crearon estos proyectos es porque en estas carreras se cumplieron los procesos de acreditación y la SPU decidió atender las demandas que surgían del diagnóstico respectivo. Se trata de un buen ejemplo de coherencia institucional.

El análisis de la PEA y del Censo 2001 nos permite saber que la mayoría de los

profesionales se desempeña en el sector público. Sin embargo, las universidades participan marginalmente en la formación de los funcionarios y empleados públicos. En los últimos diez años, sin embargo, universidades públicas y privadas, han creado escuelas de gobierno, cursos de administración pública y algunas veces el MBA orientado a la función pública. Resulta sintomático que estos núcleos académicos tengan escasas vinculaciones con la administración pública nacional. Cabe señalar, además que a nivel nacional existe el Instituto Nacional de Administración Pública y el IPAP en la Provincia de Buenos Aires.

El diseño de ofertas académicas de acuerdo a una supuesta especialidad que demanda el mercado no ha resultado satisfactorio. Un ejemplo en este sentido es la Ingeniería Forestal en Santiago del Estero. No ha dado lugar como se esperaba al mejoramiento del sector forestal en la provincia. Obviamente, fueron los inversionistas los que cambiaron de objetivos. Pero también ocurre en Informática que mientras el campo educativo resulta uno de los principales teatros de aplicación, las carreras de sistemas en el país siguen concentradas en otras especialidades.

Un aspecto que ya ha sido estudiado desde los años 60 y 70 es el “brain drain”. Podemos estimar que el éxodo de profesionales, científicos y técnicos hacia el exterior alcanza a cerca de 100.000 personas. Hubo varios intentos en los últimos 20 años para lograr la repatriación de científicos y académicos. En la actualidad la SECYT desarrolla el programa RAICES que procura establecer vínculos de cooperación y políticas de radicación en diversas instituciones universitarias y científicas nacionales.

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En contextos de incertidumbres, de cambios permanentes, no puede sostenerse la

ilusión de una correspondencia entre una formación profesional y su impacto directo en la producción o la sociedad. Para lograr el impacto deseado es necesario asegurar el modo de articulación entre los productores de conocimientos y las demandas de la sociedad. (Algo que ya dijeron Jorge Sábato, Darcy Ribeiro, Robert Reich, Michael Gibbons y otros). Dada la versatilidad de las empresas y el contexto de internacionalización del mercado de recursos humanos el modelo de certificaciones especializadas para atender una demanda teórica del mercado parece insuficiente.

III. GOBIERNO, ADMINISTRACION Y GESTION

1. Sistema de gobierno y gestión

En 2006 y 2007 se manifestaron serios problemas de gobernabilidad en universidades como la UBA, del Comahue, La Plata, Rosario, Universidad del Centro y otras. El sistema de gobierno concentra a través del Consejo Superior una serie de funciones indiferenciadas: políticas, administrativas, académicas, gremiales, normativas, judiciales. En términos teóricos se trata de una estructura de poder horizontal y sin distinciones claras de atribuciones específicas donde en el mismo plano los actores son jueces y parte, empleador-empleado, evaluadores y evaluados. En este contexto resulta difícil tomar decisiones cruciales, cualquier sector puede impedirlo y todos tienden a estar implicados en relaciones clientelares o de solidaridad corporativa. El bajo nivel de profesionalización de la gestión y el alto grado de heteronomía política de las universidades públicas facilita la ineficiencia organizacional y el manejo irracional de los recursos.

En las universidades públicas se manifiesta a menudo el predominio de la gestión

política y corporativa por encima de las estrategias académicas. Por lo tanto, no es raro encontrar casos donde el espacio universitario se encuentra subordinado a intereses particulares o facciosos. La falta de consensos estratégicos genera una gran incapacidad para planificar el futuro. Son escasas las universidades nacionales que tienen planificaciones a mediano y largo plazo. Pese a todos los discursos que defienden la autonomía académica, la universidad pública argentina tiene escasa capacidad de autogestión estratégica y sufre de una gran heteronomía política.

Para mejorar la representatividad de los órganos de gobierno en nueve universidades nacionales se adoptó un régimen de elección directa del Rector. Se esperaba con esta reforma limitar o evitar la ingerencia de los partidos políticos en la conformación del gobierno universitario. De hecho, los controles partidarios y corporativos forman una estructura de poder extra-estatutaria que atenta no solo contra la autonomía sino también contra la formulación de estrategias centradas en las políticas académicas, científicas y pedagógicas.

Una de las respuestas a los problemas de gestión y de gobierno ha sido la creación de algunos posgrados para la formación de expertos en gestión universitaria (Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia). A la fecha, la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata ha

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graduado a 30 especialistas y 24 magister. Este esfuerzo académico podría llegar a ser frustrante si no existe la voluntad de profesionalizar las funciones directivas y si no existe una cultura de gestión racional. No es alentador en este sentido constatar que las universidades no otorgan becas a sus funcionarios y docentes que buscar capacitarse a pesar de que se trata de una inversión de interés institucional.

En la actualidad diversos convenios colectivos de trabajo incluyen como parte del esfuerzo patronal y gremial por mejorar la eficiencia organizacional, un fondo de capacitación y formación que ha permitido crear centros educativos de distintos niveles. En las universidades nacionales los gremios de empleados y algunas instituciones diseñaron cursos de capacitación y crearon tecnicaturas en gestión universitaria. Lo cual es signo de una demanda de profesionalización de los empleados y funcionarios de la universidad pública.

La organización y gestión de la información en las universidades nacionales se

encuentra notoriamente atrasada, podríamos decir: 20 años en relación con Europa y EE.UU., 10 años en relación con universidades de primera línea en América del Sur. Si tenemos en cuenta que cualquier empresa de alguna envergadura tiene un gerente de información, resulta extraño que las universidades, centros de producción y de transmisión de información por excelencia, no hayan prestado el suficiente interés a este tema. No existen gerentes de sistemas de información y tampoco existen políticas de información en las universidades. Por otro lado, esta es una laguna en las carreras de ingeniería de sistemas del país: no preparan expertos en políticas y gestión de la información.

La creación del Sistema de Información Universitaria (SIU) a principios de los años 90 fue una iniciativa destinada a informatizar la gestión y a mejorar las tomas de decisiones fundadas en el conocimiento de la realidad universitaria. Se crearon programas para distintas finalidades (gestión de alumnos, de personal, de presupuesto, etc) y un número importante de universidades adhirió a la iniciativa. Desde hace dos años dejó de pertenecer a la estructura del Ministerio de Educación y pasó a depender de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad se trata de sustentarla mediante un consorcio de universidades nacionales. La experiencia del SIU, que ha sido reconocida dentro y fuera del país, permitió formar recursos humanos especializados y desarrollar software adecuado para la gestión de alumnos, docentes, empleados y presupuestos. 2. Evaluación institucional, calidad y acreditación

Desde fines de los años 80 las universidades nacionales estaban preocupadas con los problemas de la eficiencia académica y de la gestión. Las restricciones presupuestarias y la masificación de la enseñanza fueron factores que obligaban a optimizar los recursos escasos. También estaban influyendo la percepción de los bajos rendimientos académicos de los alumnos y la voluntad de los dirigentes de vincularse más eficazmente con el Estado, las empresas y las organizaciones sociales. Antes de que apareciera el “Estado evaluador” (J.J. Brunner) y antes que surgieran los programas de Banco Mundial para apoyar las reformas de la educación superior en América del Sur, las universidades eran concientes de la necesidad de mejorar la calidad y de proceder para ello a realizar diagnósticos objetivos de las instituciones. Desde comienzos de los años 90 comenzó a funcionar una Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) y se

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organizaron procesos de evaluación institucional con universidades que estaban interesadas en estos procesos.

Con la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior (1995) se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Este organismo comenzó a organizar evaluaciones externas de las universidades, mientras que las mismas debían asegurar sus autoevaluaciones. Hacia fines del 2006 se habían concretado 53 evaluaciones externas. (De acuerdo a la Ley de Educación Superior todas deberían estar ya evaluadas, pero algunas, como la UBA, no reconocen la competencia de la CONEAU ).

En cuanto a la evaluación institucional podemos decir que la CONEAU ha cumplido a medias su cometido, pero no tanto por su intervención sino por las resistencias que ha suscitado este mecanismo. En muchos casos las universidades nacionales carecen de información adecuada sobre su propio funcionamiento y esto a su vez afecta la transparencia en la toma de decisiones. La intervención de la CONEAU en el sistema universitario argentino ha servido para consolidar el consenso en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación externa y acreditación para mejorar la calidad. En términos comparativos, pese a las contradicciones locales, la experiencia argentina ha sido una de las más avanzadas en el Mercosur.

Además de las resistencias debemos destacar otras limitaciones que afectan el desempeño de la CONEAU. En primer lugar, el hecho de que las conclusiones de la evaluación externa no sean vinculantes, o sea, que no tengan efectos concretos al interior de las instituciones o en las políticas universitarias. En el primer caso para resolver o mejorar los problemas identificados por la evaluación, y en el segundo para asignar los recursos que permitan paliar las deficiencias que señala la CONEAU.

En segundo lugar, la composición de la CONEAU es permeable a las intervenciones políticas y corporativas. La mitad de sus doce miembros son designados por los partidos en el Congreso Nacional y los otros son designados por las mismas instituciones que deben ser evaluadas. En algunos casos los miembros de la CONEAU conservan sus cargos directivos en las universidades, creando así una incompatibilidad manifiesta. También limita la autoridad de la CONEAU el hecho de que sus miembros no sean seleccionados de acuerdo a sus grados y antecedentes académicos (como sucede con los concursos de profesores o con la designación de miembros de la Suprema Corte). En el mismo sentido no parece coherente que el órgano que evalúa a los profesores e investigadores del más alto nivel esté dirigido por personas que no tienen el máximo grado académico.

Otra función importante de la CONEAU es la acreditación de carreras de posgrado. En este punto la perfomance de la agencia es notable: entre 1997 y 2006 se avaluaron 2.376 carreras de posgrado (320 doctorados, 875 maestrías, 1.183 especializaciones). Esto ha significado un gran despliegue de recursos humanos y de esfuerzos que contribuyeron a consolidar el crecimiento de los posgrados.

La CONEAU está habilitada también para acreditar universidades. Sobre un total de 96 proyectos de nuevas universidades privadas la CONEAU dictaminó negativamente en 38 casos y aprobó 12 proyectos. Los otros fueron retirados. Esto quiere que el dictamen de los expertos fue generalmente aceptado. En cambio, no se puede decir lo

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mismo respecto a la creación de nuevas universidades nacionales ya que en los últimos años varias fueron creadas por el Congreso Nacional sin atender la evaluación de la CONEAU y sin tomar en cuenta la situación del sistema universitario nacional.

En cuanto a carreras de grado la Ley de Educación Superior estipula que deben ser evaluadas aquellas carreras profesionales reguladas por el Estado y que tengan un interés público. Dentro de este concepto se han comprendido las carreras de Medicina, Ingeniería, Agronomía, Agrimensura, Farmacia, Bioquímica, Veterinaria, Odontología y Arquitectura. Las carreras de Psicología, Abogacía y Contador Público han solicitado ser incluídas. Lo más interesante de este proceso es que varias otras disciplinas se han interesado por la acreditación y también el hecho de que las carreras afines han tenido que entenderse para elaborar digestos de contenidos mínimos y estándares comunes.

IV. POLITICAS DE CONOCIMIENTO

1. Recursos humanos del sistema científico

De acuerdo con los Indicadores de la SECYT hacia el 2006 el total de cargos por personas ocupadas en actividades de investigación y desarrollo ascendía a 67.856. De esos cargos podemos discriminar 24.970 investigadores de tiempo completo y 17.759 investigadores de tiempo parcial. Asimismo, hay que considerar 8.383 becarios de tiempo completo y 2.425 becarios de tiempo parcial. El personal técnico comprendido en el total ascendía a 8.151 y el personal de apoyo a 6.168 cargos.

De acuerdo a esos indicadores el total de investigadores sumaba 42.729 personas.

Las universidades públicas ocupaban en el 2005 el 46% del personal de I-D mientras que las universidades privadas lo hacían en un 4%. La distribución de los investigadores por disciplina daba los siguientes porcentajes:

- Ciencias Exactas y Naturales 27% - Ciencias Sociales 19% - Ingenierías y Tecnologías 18 % - Ciencas Médicas 14% - Ciencias agricologanaderas 13 % - Humanidades 9%

El programa de Incentivos en las universidades nacionales permitió llegar a 26.000 docentes categorizados en programas de investigación hacia el 2003. En la distribución de subsidios PICT – FONCYT las universidades nacionales recibieron el 54% en el 2003.

De acuerdo con los Indicadores de la SECYT en el 2006 sobre un total de 42.729

investigadores, 25.300 tenían título de grado, 4.705 títulos de Magíster , 11.273 títulos de doctor, 1.451 profesorados y títulos terciarios. Lo que quiere decir que solo cerca de un cuarto de los investigadores poseía el máximo grado académico. Un porcentaje que está por debajo de los estándares de los países desarrollados y del sistema científico de Brasil.

Entre los 33.353 investigadores y becarios de tiempo completo en el sistema científico nacional en 2006, unos 17.108 eran varones y 16.245 eran mujeres.

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Un aspecto muy importante para el futuro es el perfil académico de los

investigadores. De acuerdo con Fernández Lamarra (2003: 173) hay “un bajo nivel de formación de posgrado en los investigadores argentinos, tanto en las universidades como en otras instituciones: dos tercios no tienen título de posgrado y sólo alrededor del 30% lo tienen”.

Otro aspecto a considerar es la edad de los investigadores ya que a partir de ese dato podemos prever el flujo vegetativo del personal. Sobre un total de 33.353 investigadores y becarios de tiempo completos dedicados a investigación y desarrollo en 2006, teníamos 6.798 cuya edad oscilaba entre 50.59 años, 2.943 entre 60.69 años y 429 de setenta años o más. Esto nos permite prever que cerca de 10.000 investigadores podrían estar renovándose en diez y quince años más.

El Programa de Incentivos a la investigación que sostiene la Secretaría de Políticas Universitarias comenzó en 1994 con 11.199 docentes-investigadores beneficiados y en 2005 ese número había llegado a 20.166. El número de proyectos alcanzaba a 5.552 en 2005. Estos proyectos se distribuyen en 679 para el área Agrícola, 780 el área de Humanidades, 438 el área Médica, 1764 el área de Ciencias Naturales y Exactas, 1205 el área de Ciencias Sociales y 686 el área de Ingeniería y Tecnologías. Este programa resultó eficaz para ampliar la base de la comunidad científica argentina pero no alcanzó a modificar la estructura del régimen de dedicaciones (en 2001 el número de docentes con dedicación exclusiva que percibían el incentivo era de 19.507 y en 2004 16.545).

La distribución de los programas de investigación en el sistema científico nacional era de un 290% en investigación básica, de un 51% en investigación aplicada y un 20% en desarrollo experimental. El gasto en Investigación y Desarrollo del país, considerando todas las fuentes, representó en 2006 unos 3.768.725 millones de pesos, lo que equivalía al 0,58 % del PBI. El incremento del gasto en investigación científica entre 2003-2006 superó el 100%. En el MERCOSUR el país aparece por debajo de Brasil (0,91% del PBI en I-D) y de Chile (0,70% del PBI en ID). 2. Transferencia

Las actividades de transferencia de conocimientos y de servicios denotan la voluntad y la capacidad de las universidades para atender las demandas de la sociedad. Desde este punto de vista podemos observar que en forma creciente las universidades nacionales en la última década han incrementado el número de proyectos (más de 600 en 2007) de transferencia y de vinculación con empresas, organizaciones sociales y organismos del Estado. En términos económicos esto significa una facturación del orden de los 600 millones de pesos (en el Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias figuran unos 400 millones de pesos como recursos propios ingresados al presupuesto de las universidades nacionales, pero la cifra de ingresos por servicios a terceros es mucho mayor si se tiene en cuenta que muchas actividades se realizan a través de fundaciones, cooperadores o sociedades anónimas).

Todas las universidades han creado organismos y mecanismos específicos para trabajar con proyectos de vinculación tecnológica, social o empresarial. Las UVT, Unidades de Vinculación Tecnológica, las agencias especiales de servicios o de proyectos especiales son algunos de ellos. En la Universidad de Buenos Aires se creó

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una sociedad anónima (UBATEC). En las universidades nacionales de La Plata , de San Juan, del Sur y otras existen reglamentaciones precisas sobre este tipo de actividad. Algunos proyectos tienen proyecciones internacionales. Existen experiencias en pequeña, mediana y gran escala (desde microemprendimientos hasta programas de desarrollo regional o de grandes obras públicas). Las universidades estatales han demostrado con estas experiencias una gran capacidad emprendedora mientras que las universidades privadas intervienen marginalmente en proyectos de este tipo.

La SECYT y el CONICET han impulsado políticas de vinculación con el sector productivo que han tenido por efecto ampliar las capacidades de innovación y de transferencia de conocimientos. La creación del FONTAR y de Unidades de Vinculación Tecnológica permitió derivar fondos para proyectos destinados a resolver problemas de la sociedad o a fortalecer el sistema productivo.

3. Políticas del conocimiento en el sistema universitario

Teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene la aplicación de las ciencias y las tecnologías en todas las sociedades, es evidente que las políticas de conocimiento se han convertido en instrumentos decisivos para lograr un desarrollo autosustentable. Desde este punto de vista el Plan Estratégico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología plantea la necesidad de valorizar el potencial de recursos humanos, científicos y técnicos para convertir a la Argentina en un país desarrollado.

Pero en las universidades no encontramos planes que tengan en cuenta el futuro o que definan políticas de conocimiento para afrontar los desafíos del país. Además de nuestra constatación personal se puede verificar esta afirmación a través de los estudios de distintos autores que citamos en la bibliografía.

Durante los últimos 20 años las universidades nacionales han avanzado en la valoración de la actividad científica y tecnológica. En todas ellas se crearon Secretarías de Ciencia y Técnica, se fomentó el diseño de proyectos de investigación para acceder a fondos concursables, se inscribieron más de 30.000 docentes en los programas de incentivos para la investigación, se destinaron más fondos de cada universidad para proyectos científicos y tecnológicos.

Uno de los resultados de esta reorientación de las universidades es el desarrollo de más de 600 proyectos de transferencia hacia la sociedad, las empresas o el Estado. Como corolario también se han obtenido recursos extras del orden de los 200 millones de dólares anuales entre 1994-2005. Esto quiere decir que se generaron en una década unos 2.000 millones de dólares a través de programas de transferencia de conocimientos. Hay que agregar que se crearon seis incubadoras de empresas y parques tecnológicos en distintas universidades nacionales.

Este proceso ha sido posible porque los directivos universitarios fueron elaborando un consenso desde comienzos de los años 90 para valorizar la actividad científica y para orientar la misma a la resolución de problemas nacionales. Esta experiencia también sirvió para replantear el aislamiento de los centros e institutos del CONICET respecto de las universidades y de la sociedad en general. En los últimos diez años avanzó también significativamente la cooperación interinstitucional entre los distintos actores de la actividad científica. Algunos programas de la SECYT favorecen explícitamente

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los programas cooperativos para la obtención de fondos.

Podemos decir que existe en la comunidad científica y tecnológica un cierto consenso respecto a algunos de los aspectos distintivos de lo que se denomina la “sociedad del conocimiento”: 1º) la valorización de la actividad científica; 2º) la búsqueda de un modelo de desarrollo con conocimiento intensivo; 3º) la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y transdisciplinaria; 4º) la necesidad de vincular la actividad científica con la resolución de los problemas nacionales; 5º) el reconocimiento de las incertidumbres que generan las innovaciones científicas y tecnológicas en la sociedad.

En las universidades este consenso es mucho más débil. En diverso grado

encontramos fuertes resistencias a la racionalidad científica, a la búsqueda de la calidad en la enseñanza, a la informatización, a la selección de profesores y autoridades según el mérito. Desde el sector estudiantil son explícitos los pedidos de cursos de promoción sin exámen (que también se aprueban sin control de asistencia) o el rechazo al registro de los aplazos en los legajos académicos. La cultura del conocimiento no es la dominante.

Por otro lado, los modelos de gestión universitaria se asientan en el paradigma de la

formación de profesionales y de especialistas en disciplinas autorreferentes. Los programas de investigación en un principio tuvieron como objetivo fortalecer áreas disciplinarias. Lo que resultaba comprensible teniendo en cuenta el objetivo de fortalecer la actividad científica sobre la base de grupos disciplinarios consolidados. En la actualidad investigadores y funcionarios asumen que la actividad científica tiene que vincularse a la resolución de problemas y que éstos exigen un paradigma transdisciplinario. La informática, que atraviesa todas las disciplinas, recién hace unos pocos años que tiene rango de disciplina científica para el CONICET. Las áreas mestizas como la ingeniería médica, la informática pedagógica, la neurolinguística, la ecología, la psicología educacional, la ingeniería musical y tantas otras han dejado de ser casos especiales para convertirse manifestaciones normales de la nueva producción de conocimientos.

En el contexto actual y futuro parece evidente que se necesitan políticas de conocimiento que tengan en cuenta la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de la sociedad mundial. Si bien es válido el interés de las instituciones universitarias por fortalecer sus grupos disciplinarios o de investigación, desde el punto de vista estratégico nacional se necesita una mirada más amplia tanto hacia el futuro como hacia el conjunto del campo científico-tecnológico mundial.

La gestión del conocimiento en una perspectiva de desarrollo con conocimiento intensivo, de internacionalización y de integración regional, implica reconocer la importancia del “mercado del conocimiento”. En efecto, las demandas futuras para Argentina en materia de recursos humanos estratégicos tendrán más que ver con innovaciones científicas y tecnológicas que con demandas de profesiones tradicionales. Por ejemplo: todo el mundo entiende que la informatización de la sociedad requiere más especialistas en informáticas, pero pocos analizan qué aspectos de las aplicaciones informáticas van a ser decisivos para las necesidades del país. En este momento tenemos déficits en informáticos con orientación a la enseñanza, o de gerentes de información para organizaciones complejas o de expertos en seguridad informática. En todas las remas profesionales (medicina, abogacía, arquitectura, odontología, ingeniería,

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sociología, psicología, ciencias de la educación, etc.) podemos encontrar ejemplos parecidos. Sobran psicólogos pero faltan expertos en violencia escolar. Sobran arquitectos, pero faltan expertos en planeamiento urbano y rural. Sobran médicos pero faltan especialistas en gestión del sistema de salud o en psicología médica o en genética médica. Generar un “mapa de las demandas de conocimientos” desde el presente hacia el futuro es una de las tareas pendientes de las universidades.

V. COOPERACION INTERNACIONAL 1. Internacionalización académica

La internacionalización de los intercambios académicos ha avanzado mucho en los últimos años. La CONEAU ha autorizado el establecimiento de dos universidades extranjeras (una europea Bolonia, y otra estadounidense, New York). También se han establecido acuerdos de doble y triple titulación de universidades europeas con universidades argentinas.

Existen, por otro lado, convenios para el reconocimiento de créditos por materias o grupos de materias para estudiantes extranjeros en universidades argentinas. Cerca de cinco mil estudiantes extranjeros siguen cursos de castellano en universidades argentinas. A su vez, miles de estudiantes argentinos viajan a Europa, Estados Unidos y otros países para aprender idiomas o para completar estudios de grado y posgrado.

Tanto universidades públicas como privadas han creado órganos especializados en la cooperación internacional. Algunas organizan cursos de castellano y de otras materias para extranjeros. Con tasas de cambio favorables en relación con el dólar, el euro y otras monedas, la Argentina se beneficia con un mayor aflujo de estudiantes extranjeros en sus universidades. 2. El Mercosur universitario

El proceso de integración universitaria avanza lentamente, pero se han dado pasos fundamentales: acuerdos sobre reconocimiento de títulos, procesos de acreditación de carreras, acuerdos sobre funcionamiento de las agencias de evaluación. Existe una experiencia de cooperación interuniversitaria regional a través del Grupo de Universidades de Montevideo (12 instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile). También se ha incrementado el intercambio académico entre distintas universidades de Argentina con Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile.

Se ha completado el Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA) que se aplicó a carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina. Se pone en marcha el SAM (Sistema Permanente de Acreditación de Carreras de Grado del Mercosur). Se ha creado el Programa de Movilidad de Docentes de Grado (MARCA). Se ha creado el Centro Regional de Enseñanza e Investigación en Meteorología y Ciencias Afines. También se ha propuesto organizar un Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior.

Se tienden a consolidar los mecanismos de evaluación y acreditación universitaria

para lo cual las distintas agencias nacionales se encuentran cooperando y acordando criterios comunes. También se han establecido acuerdos entre facultades y carreras profesionales para definir estándares comunes (agronomía, arquitectura, medicina,

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ingeniería, por ahora). Para darle viabilidad a este proceso hace falta que cada país tenga un sistema de evaluación y acreditación que valide los diplomas de su propio país. Argentina es el país que más avanzado en este sentido mientras que Uruguay y Paraguay están organizando sus agencias de evaluación. Queda por ver los avances con Chile, Bolivia y Venezuela. El objetivo estratégico sería formar un bloque científico-tecnológico capaz de respaldar un modelo de desarrollo regional autosustentable. Desde el punto de vista de los recursos humanos el MERCOSUR tiene la capacidad para intentarlo. El avance en la compatibilización de normas y acreditación de carreras son requisitos funcionales para la libre circulación de estudiantes, profesores y graduados. Pero no define el aprovechamiento del potencial científico y educativo disponible. Hacen falta políticas de conocimiento asociadas a un proyecto de desarrollo regional.

VI. EL USO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 1. Perfil educativo de la Población Económicamente Activa y déficits de recursos humanos Hace ya tiempo, desde los estudios de la CONADE y la OCDE sobre los recursos humanos y el desarrollo en Argentina (1968), que sabemos que el problema crucial de Argentina no es el déficit de recursos humanos calificados sino su aprovechamiento. En todos los sectores, y sobre todo en el Estado, el sub-aprovechamiento de las capacidades existentes tiene un costo que se refleja en la baja productividad o en la ineficiencia de los servicios. En los organismos públicos o en las PYMES no existe, salvo excepciones, gestión del conocimiento para valorizar al personal por sus competencias. Puede darse el caso, como en las universidades públicas, en que se informatiza un sector pero se conservan las prácticas burocráticas de principios del siglo XX.

Si se toma en cuenta el número de diplomados de la Educación Superior y de

investigadores del país, Argentina tiene el más alto perfil educativo de la PEA en América del Sur. Hemos observado, también, que un gran número de profesionales se orienta hacia la función pública. De modo que teóricamente el perfil educativo de la fuerza de trabajo en Argentina es satisfactorio aunque existan, como en todas partes, déficits determinados de especialistas.

Pero, cuando analizamos el perfil educativo de los Administradores y Gerentes en la Agricultura o la Industria, veremos que la mayoría (alrededor del 60%) no tiene estudios superiores. Predomina la gestión familiar o el empresario que se forma a sí mismo cuya versión minimalista es el “cuentapropista”.

Dentro del sistema público los altos funcionarios del Estado Nacional tienden a ser profesionalizados a través de varios programas de la Secretaría de la Función Pública. La Provincia de Buenos Aires ha tratado de seguir esta experiencia. Pero los alcances de la profesionalización de los funcionarios públicos todavía son limitados y sujetos a decisiones discrecionales. La mayoría de los cargos superiores se consigue por intervenciones políticas, gremiales o de parentesco.

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En el sector privado encontramos diferentes situaciones según se trate de las empresas transnacionales, de las grandes empresas nacionales y de las pequeñas y medianas empresas. En las empresas transnacionales se reclutan profesionales y técnicos capaces de reproducir las normas o sistemas creados por las casas matrices. Cabe señalar que en 2007 sobre las 500 empresas líderes del país 360, o sea, el 72% son de capital extranjero. Estas empresas eran responsables del 84% de las exportaciones en el 2003 y su importancia ha seguido creciendo. En las grandes empresas nacionales el empleo de profesionales, científicos y técnicos innovadores es más frecuente. En las PYMES el empleo de profesionales es menos frecuente pero en cambio se recurre a técnicos y especialistas de todo tipo.

Un sector como el de las industrias culturales y el del turismo recurre a mucho personal calificado y creativo. Estos sectores han cobrado mucha importancia en los últimos años generando nuevos empleos, nuevas calificaciones, valor agregado y bienes culturales de exportación. Algunas universidades y muchos institutos superiores intervienen en la formación de administradores culturales y profesionales del turismo. La Universidad del Cine, creada por cineastas, es un ejemplo de respuesta y anticipación al desarrollo de una industria que atravesó con crecimiento las crisis de la última década. Las industrias culturales constituyen un nuevo espacio económico-social que debe ser tenido en cuenta en la formación de recursos humanos y en la investigación (como sucede en Francia, en Estados Unidos o en España).

2. Educación Superior, gestión del conocimiento y demandas de la sociedad

Los indicadores y tendencias que presentamos nos permiten identificar en primer término algunos problemas críticos para la evolución de la educación superior argentina.

Los podemos resumir en algunos puntos:

• los bajos rendimientos académicos que son un síntoma de baja calidad en la enseñanza y también constituyen un problema social en cuanto impiden la socialización de miles de jóvenes;

• la vulnerabilidad del sistema de gestión y de gobierno que impide un planeamiento estratégico de las instituciones universitarias y que limita los aportes que las universidades pueden hacer a la sociedad;

• la ausencia de políticas de conocimiento para orientar hacia el futuro la gestión académica y científica teniendo en cuenta la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de la sociedad en general;

• la falta de programas de becas estudiantiles de tiempo completo y la baja inversión en investigación y desarrollo;

• la baja inversión en los posgrados que en general están fuera de los presupuestos universitarios y en particular el déficit en la preparación de doctores cuyo número resulta claramente inferior a países comparables;

• las deficiencias en el sistema de información estadística y en la cultura de la información para la toma de decisiones;

• el bajo índice de cooperación y articulación entre universidades (públicas y privadas), entre éstas y los IES, con el sistema educativo y con el sistema productivo.

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En segundo término podemos destacar las potencialidades de la educación

superior que podemos resumirlas del siguiente modo: • un gran abanico de ofertas académicas y una gran diversidad de opciones

institucionales que permiten a los jóvenes acceder masivamente a la enseñanza superior y procurar múltiples posibilidades de formación;

• una tasa de escolarización muy alta, comparable a la de los países desarrollados que coloca al país en una situación competitiva en América del Sur;

• un desarrollo amplio de la actividad científica y una gran experiencia de proyectos de transferencia hacia el medio pese a las limitaciones financieras;

• un conjunto muy grande de recursos humanos altamente calificados en profesores, investigadores y graduados que responden a las demandas actuales y que están disponibles para una estrategia de desarrollo con uso intensivo del conocimiento.

Podemos señalar también el desarrollo progresivo de los sistemas de información

universitarios y el crecimiento de los programas de educación a distancia como oportunidades que podrían ser fortalecidas con políticas adecuadas.

La internacionalización de los intercambios académicos, en la cual ya tienen

experiencias muchas universidades, así como el proceso de integración en el Mercosur Educativo aparecen como oportunidades para el país y para la educación superior en la medida en que existan políticas destinadas a ocupar un lugar satisfactorio en ese espacio.

TERCERA PARTE

I. ESCENARIO A: PROYECCION DE TENDENCIAS ACTUALES

1. Contextos

La Educación Superior argentina ha vivido durante los últimos 50 años en permanentes crisis y cambios. Entre las causas de este proceso podemos designar la inestabilidad política, las crisis económicas, la expansión de la matrícula y de las instituciones universitarias, las crisis internas de las mismas universidades, los cambios en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Con respecto al entorno político y económico suponemos que la estabilidad

institucional y la continuidad del crecimiento brindarán mayores posibilidades para mejorar la eficiencia y la calidad del sistema. Las políticas de reindustrialización y de inclusión social avanzarán progresivamente con impactos en las demandas de conocimiento y en la escolarización de los jóvenes. Igualmente, se pueden prever nuevas demandas de conocimiento con la informatización de la sociedad, con las nuevas aplicaciones de las biotecnologías, con las investigaciones en torno a energías alternativas, con la consolidación de las industrias culturales.

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El financiamiento de la educación superior y del sistema científico podrá mejorar tal como se proponen las metas de las estrategias gubernamentales. Pero la expansión de la matrícula y de las instituciones universitarias públicas podrá limitar el alcance de las nuevas inversiones si no existen políticas destinadas a mejorar la eficiencia.

La internacionalización de los intercambios académicos (con programas

cooperativos con instituciones del MERCOSUR y de otras regiones) y la difusión de las tecnologías de la información y comunicación (que facilitarán el desarrollo de programas de educación a distancia) brindarán nuevas oportunidades para ampliar y mejorar el acceso a la educación superior.

Pero, la capacidad para aprovechar las nuevas inversiones públicas como para

aprovechar las nuevas oportunidades de la internacionalización y la informatización de la sociedad, dependerá de políticas orientadas al uso intensivo del conocimiento. Desde este punto de vista el escenario que aquí analizamos tiene como limitante la ausencia de tales políticas y la incapacidad de los gestores universitarios para establecer consensos para una gestión estratégica concertada.

El envejecimiento de la población económica activa (PEA) es un dato muy

importante para prever la renovación de los recursos humanos de nivel superior. Por ejemplo, el informe de la Subsecretaría de la Función Pública sobre “Algunas características del personal comprendido en el sistema nacional de la profesión administrativa al 31 de diciembre de 2004” señala que sobre 7.481 profesionales analizados la edad promedio era de 50 años y advertía sobre la necesidad de planificar el recambio. Según estimaciones del INDEC para 2005 cerca del 40% de la PEA que se encontraba en la categoría de profesionales era mayor de 50 años lo que quiere decir que unos 300.000 profesionales estarán jubilándose entre 2010-2020. Esto puede significar que habrá una demanda sostenida de nuevos profesionales en el mercado de trabajo.

Un fenómeno a tener en cuenta es la expansión del “teletrabajo”. Los informes de la

Consultora Carrier y Asociados señalan que hay en el país unas 980.000 oficinas hogareñas que ocupan una o más personas. El Ministerio de Trabajo ha presentado un proyecto de ley para institucionalizar la modalidad del teletrabajo. El Centro de Teletrabajo y Teleformación de la UBA así como la Asociación Argentina de Telebrajo son indicios de que se trata de un fenómeno que va a extenderse aún más en el futuro. Desde el punto de vista de este informe es de notar que un porcentaje muy alto de los individuos involucrados en estas experiencias poseen estudios superiores y técnicos.

La informatización de la sociedad, aunque incompleta y desigual, se encuentra en la

base del progreso del teletrabajo y también de la educación virtual que se expande vertiginosamente. Los usuarios formales e informales de educación superior a distancia pueden estimarse en más de 200.000 en el país. Existen cursos, foros e investigaciones provenientes de instituciones nacionales y extranjeras en todos los formatos que cubren una gama inconmensurable de temas. A lo cual hay que agregar los accesos a bibliotecas y centros de investigación de todo el mundo vía Internet. De modo, que la globalización del acceso al conocimiento superior es un hecho, cuyo tratamiento supera las respuestas locales. Cabe notar asimismo, que por diversas vías, instituciones nacionales han creado redes de educación internacionales. Lo cual nos indica que estamos asistiendo a una desterritorialización de la educación argentina.

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2. Expansión universitaria El crecimiento de la matrícula de la educación superior ha sido constante en las

últimas décadas aunque su intensidad ha disminuido en los últimos años. Si tomamos en cuenta el crecimiento demográfico la población entre 18-24 años podría rondar los 6 millones de individuos. Si consideramos la tasa bruta de escolarización superior actual (60%, según el Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias de la SPU) tendríamos hacia el 2020 unos 3,6 millones de estudiantes en la educación superior universitaria y no universitaria.

La tasa promedio de crecimiento de la matrícula en las universidades públicas entre

2001-2005 fue del 1,5% y la de nuevos inscriptos en el mismo período de 0,4%. Para las universidades privadas esos promedios fueron del 5,7 y el 7,8% respectivamente. Los institutos de educación superior no universitarios (IES) cubrían el 25% del total de la matrícula de la Educación Superior. En 2005 teníamos entonces estos números:

- total de matrícula de Educación Superior: 2.048.876 - universidades nacionales: 1.285.625 – 62.74% - universidades privadas: 254.117 – 12.40% - institutos de educación superior (IES) : 509.134 – 24.84% Si se conserva el sistema binario (universidades – institutos de educación superior) y

las universidades privadas mantienen su ritmo de crecimiento, sobre 3,6 millones de alumnos de la educación superior tendríamos: un 60% en las universidades nacionales, o sea, cerca de 2.160.000 estudiantes, las universidades privadas tendrían el 20% , o sea, 720.000 y otro tanto los IES. Estimamos que la matrícula de los IES tenderá a mantenerse o a situarse alrededor del 20% dado que existe ya un fuerte pasaje de la educación superior no universitaria a las universidades. El crecimiento se mantendrá por las ofertas técnico profesionales y por la expansión del sistema educativo. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente en el Ministerio de Educación de la Nación y de nuevas universidades nacionales y privadas tenderá a cubrir ciertas demandas de capacitación que hasta el presente eran cubiertas por los IES y las provincias.

De acuerdo con las tendencias que se observan en las últimas décadas las

universidades privadas ganarán mayores porciones relativas en las estadísticas de alumnos, nuevos inscriptos y egresados. En 2001-2005 la tasa promedio de crecimiento anual fue de 1,49 para las universidades nacionales y de 5,67 para las universidades privadas.

Hacia 2005 existían 38 universidades nacionales, 41 universidades privadas, 6

institutos universitarios nacionales, 14 institutos universitarios privados, una universidad provincial y dos universidades internacionales. Teniendo en cuenta que la demanda de escolarización seguirá constante es probable que la expansión institucional se prosiga con nuevas creaciones de universidades nacionales y privadas. De hecho, en septiembre de 2007 se aprobó la creación dos nuevos institutos universitarios estatales (dependientes de la Gendarmería y de la Prefetura Marítima) y esperan sanción del Congreso Nacional cinco proyectos de nuevas universidades nacionales. En la CONEAU más de una decena de proyectos de universidades privadas esperan la

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evaluación. En cuanto a la UBA es evidente que su capacidad de expansión está bloqueada,

tanto por la dimensión de la matrícula (cerca de 330.000 estudiantes) como por las limitaciones internas de presupuesto, cargos rentados e infraestructura. Otro tanto podría decirse de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Estas situaciones muestran que las universidades nacionales y privadas colindantes seguirán creciendo. No obstante, cabe resaltar que en el caso de Ingeniería, la matrícula puede crecer en todas las instituciones si se mantienen los estímulos actuales para mejorar el ingreso y la permanencia en dicha carrera. (Programa PROMEI y otros).

Nada permite suponer que las tendencias a la concentración de la demanda sobre

algunas carreras (abogacía, contador, informática, periodismo, medicina, arquitecto) vaya a disminuir.

En cuanto a las “carreras prioritarias” (identificadas por las cámaras empresarias y el

Ministerio de Economía ) que en 2005 tuvieron 238.409 alumnos para el 2020 podrán llegar a 400.000 alumnos y 20.000 egresados si se mantiene la reindustrialización, los programas PROMEI, PROMAGRO y el apoyo a las carreras de formación científica – tecnológica. El acortamiento de las carreras de ingeniería, de acuerdo a lo propuesto por el CONFEDI, podría mejorar el flujo de nuevos inscriptos. Una cuestión crucial que se planteará en los próximos años será el límite de expansión del sistema universitario estatal teniendo en cuenta las necesidades, ya existentes, para atender y renovar la infraestructura y el equipamiento. La crisis de financiamiento podría obligar a buscar nuevos consensos para optimizar los recursos , a establecer mejores mecanismos de planificación y a seguir explorando fuentes alternativas de obtención de recursos adicionales.

3. Rendimientos académicos e inclusión social de los jóvenes

Todos los actores institucionales reconocen que los rendimientos son bajos, que hay

mucha deserción, que se alargan excesivamente las carreras, que hay mucha repitencia. La tasa de graduación no supera el 20% y en algunas carreras, comos las ingenierías ronda el 10%. Esto quiere decir que la deserción está cerca del 80% en las universidades públicas y del 70% en las universidades privadas. Si se produjera una leve mejora de este porcentaje y la deserción bajara al 65% esto quiere decir que hacia 2020 tendríamos en términos absolutos más de 1,5 millón de jóvenes que fracasarían en su acceso a la educación superior en las universidades públicas.

Las consecuencias de este hecho son varias: incremento del número de jóvenes sin

una inserción social adecuada, derroche de recursos, reproducción de la ineficiencia en la gestión académica, desaprovechamiento de personas calificadas en el mercado profesional.

En este escenario no prevemos la existencia de políticas becas eficientes para

sostener a miles de jóvenes de bajos recursos estudiando en la universidad. Tampoco prevemos una política de becas para fortalecer los posgrados que en la actualidad carecen de financiamiento institucional. Por lo tanto, el rendimiento de los posgrados seguirá siendo muy bajo con alrededor de 15% de graduados y una cantidad anual de

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doctores que no sobrepasará los 600 si no median políticas que reviertan la tendencia. En este escenario prevemos que se intentará fortalecer la formación pedagógica de

los docentes universitarios y la cooperación con la enseñanza media para mejorar las competencias de los ingresantes a la universidad. Probablemente, se realicen investigaciones especializadas para comprender las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y las causas de los fracasos académicos.

4. Organización y políticas académicas

En las carreras reguladas por el Estado de acuerdo con el art. 43 de la Ley de Educación Superior seguirán produciéndose cambios en los planes de estudio para acortar la duración de los programas y para mejorar la calidad de la enseñanza. Todas estas carreras ya han establecido hacia 2007 estándares comunes y se han sometido a los procedimientos de evaluación y acreditación.

Siguiendo el ejemplo de las carreras de Ingenierías (Ver: Confedi : “Proyecto estratégico de reforma curricular de la ingeniería argentina, Bs.As., 2004) se intentará acortar las carreras, introducir un ciclo básico por competencias y flexibilizar los planes de estudio. Las carreras de Agronomía y de Veterinaria podrían seguir el camino.

La adopción del sistema de créditos y la flexibilización curricular figura en la agenda del MERCOSUR Educativo. Por lo tanto, ya existen algunas carreras que están dispuestos a adoptar estas reformas.

En este escenario suponemos que prevalecerá la estructura profesionalista de grado en las universidades nacionales y privadas, aunque paulatinamente la obtención del posgrado será considerada como una etapa normal de los estudios universitarios. Se planteará en este escenario la necesidad de articular las universidades públicas y privadas junto con los Institutos de Educación Superior (IES) en un sistema educativo más cooperativo y coherente.

5. Educación a distancia

Todo parece indicar que con la difusión de las TIC’s y con el mejoramiento de la conectividad informática, un mayor número de jóvenes y adultos buscará mejorar su escolarizacióln superior a través de la educación a distancia o virtual. En el supuesto de que no exista una política de estímulo para este proceso de todos modos los usuarios de educación superior a distancia podrían llegar a ser unos 400.000 en 2020. Entre ellos suponemos que unos 150.000 estarán inscriptos en programas completos de grado y de posgrado mientras que el resto serán alumnos de cursos o materias especialmente diseñadas por esos medios.

La “educación virtual” se hará cada vez más “presente” en el sistema de educación superior obligando a las autoridades a establecer mecanismos específicos de acreditación y evaluación como ya se viene haciendo. Para el 2020 podrían existir unas cuatro universidades virtuales establecidas en el país más una decena de ofertas que vendrán del exterior (como ya está ocurriendo). Aquí podrán presentarse problemas con el desarrollo de este tipo de ofertas si no se avanza sustancialmente en la elaboración de un marco regulatorio para la educación transfronteriza virtual con independencia de la forma institucional que adopten.

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La bi-modalidad (enseñanza presencial + educación a distancia) se irá imponiendo para acomodarse a los nuevos contextos culturales y tecnológicos. Para 2020 la cultura de la educación virtual tendrá una amplia difusión social. Pero las universidades nacionales seguirán teniendo serias dificultades para afrontar esta nueva cultura dada la rigidez organizacional que impide tomar decisiones “on time” y “on line”. Por otro lado, no dispondrán de los recursos necesarios para afrontar las exigencias de la innovación permanente. (Como ya lo ha mostrado la experiencia precursora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la experiencia de UBA XXI). Se hará evidente en ese momento la necesidad de una reforma de las instituciones universitarias a los efectos de ajustarse a las necesidades de los nuevos modelos y a las demandas crecientes de nuevas respuestas para hacer realidad una educación para toda la vida.

6. Graduados y demanda del mercado profesional

En el 2004 las universidades nacionales tuvieron 62.054 graduados mientras que las universidades privadas en el mismo año tuvieron 20.240, o sea, un total de 82.299 graduados. A esto hay que agregar los egresados de los IES que sumaban 68.252 en el 2005 (entre ellos 32.160 con títulos docentes y 34.889 con orientación técnico profesional).

Esto nos permite estimar que cada año hasta el 2020 se incorporarán al mercado profesional un promedio de 150.000 diplomados por año. Entonces, entre 2006-2020 tendremos unos 2.250.000 nuevos graduados.

El Censo 2001 registró 2.271.190 personas con educación superior, entre ellos, 1.142.152 con título universitario. Entre este último grupo, 198.231 tenían entre 50-59 años, 49.898 tenían entre 60.64 años y 94.058 eran mayores de 65 años. Esto indica que hacia 2020 la renovación de los recursos humanos con formación universitaria alcanzará a más de 300.000 personas.

De acuerdo al documento Secyt “Argentina: Escenarios demográficos hacia 2025” el país tendría 45,347 millones de habitantes y la población económicamente activa para 2025 sería de 22.859 millones.

Siguiendo las tendencias actuales la población económicamente activa va a registrar un cambio importante en el perfil educativo pues se dispondrá de un conjunto de más 3,5 millones de personas con educación superior, lo que representará más del 15% de la población activa una proporción cercana a la que registrara la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC en 2004. En términos absolutos, sin embargo, tendríamos 1,5 millón más de graduados de la educación superior.

Otro dato importante es que en la actualidad más del 50% de los graduados universitarios trabaja como empleado, la mayoría de ellos dependientes del Estado en alguna de sus jurisdicciones. Sin embargo, solo una ínfima minoría ha sido capacitada para la función pública. Por otro lado, estimamos que un porcentaje cercano al 60% no se encuentra aprovechando plenamente sus capacidades dada la ausencia de políticas de gestión del capital humano (o sea, gestión del conocimiento). Esto quiere decir que el principal desaprovechador de recursos humanos altamente calificados es el Estado mismo, con consecuencias tales como la baja productividad, alto índice de frustración profesional e ineficiencia institucional.

Una incógnita, tanto para el Estado Nacional como para las provincias y municipios, es el alcance que puede tener la informatización administrativa. En algunas instancias ya está preparando o experimentando el “gobierno electrónico”.

En cuanto a los graduados de las carreras denominadas prioritarias de acuerdo a las

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demandas del Ministerio de Economía y de las empresas, podemos prever que si el índice de crecimiento de las carreras involucradas se mantiene (con un crecimiento neto de mil nuevos graduados cada cinco años) a un número aproximado de 14 mil egresados de carreras prioritarias en el 2020. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las disparidades son muy grandes entre las distintas carreras que componen este conjunto y que el flujo y el reflujo de la matrícula en ellas depende tanto de las demandas del mercado como de las oportunidades científicas y académicas que brindan.

Teniendo en cuenta las tasas de graduación de las carreras informáticas en universidades públicas y privadas hacia 2005 (2.235 egresados de carreras de grado, 59 de carreras de posgrado, 1.761 técnicos) podría estimarse que entre 2007 – 2020 se formarán más de 25.000 nuevos informáticos. Sin contar los graduados de los IES. La adecuación de esta oferta académica a la demanda dependerá no solo de las aplicaciones que necesite el mercado sino también del tipo de innovaciones que se produzcan (algunas favorecen más la independencia del usuario respecto de los especialistas).

En este escenario va a prevalecer la política de adecuación o adaptación a los desafíos actuales. No prevemos que existan políticas para cubrir los temas vacantes en el mercado del conocimiento para afrontar los nuevos contextos nacionales e internacionales (la experiencia al respecto de países como Japón, Corea, Israel, Cuba, Finlandia, es ilustrativa). 7. Distribución territorial

El Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias muestra que la distribución

territorial de los estudiantes universitarios refleja en gran medida las concentraciones urbanas del país, pero también la atracción que tiene sobre los jóvenes las ciudades más importantes como Capital Federal y Córdoba. La Región Metropolitana registra el 40,09% de los estudiantes, la Región Centro – Oeste el 18,52% , la Región Bonaerense el 11,42%, la Región Centro – Este el 10,31% , la región Noroeste el 9,93%, la Región Noreste el 5,95% y la Región Sur el 3,77 %.

El país ha experimentado desde el comienzo de los años 70 un proceso de descentralización universitaria que se ha mantenido y reforzado con la creación de nuevas universidades y localizaciones en las distintas regiones. La tendencia a crear localizaciones de universidades establecidas en los grandes centros urbanos en todas las localidades del país ha sido muy grande. Con cinco nuevas universidades nacionales y de cerca de diez nuevas universidades privadas el sistema reforzará su distribución territorial.

Por otra parte, la expansión de los programas de educación a distancia o virtual ofrecerán oportunidades de acceso a la educación superior desde los lugares más distantes. La descentralización , por consecuencia, se profundizará. 8. Personal docente

Si consideramos que el sistema de educación superior mantendrá su expansión llegando a más de 3 millones de estudiantes, resultará crucial la renovación del cuerpo docente. En este primer escenario siguiendo las tendencias dominantes podría elevarse al 20% el porcentaje de profesores con dedicación exclusiva en la educación superior en general y al 40% el porcentaje de profesores regulares en universidades nacionales con diplomas de posgrado. El número de docentes universitarios con dedicación exclusiva

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en las universidades nacionales pasó de 12.933 en 2001 a 15.450 en 2005, sobre un total de 143.804 cargos (o sea, un 11% del total). Estimamos que podrían llegar a 25.000 en 2020, cifra significativa pero que representará apenas un 15,62 % del conjunto de 160.000 cargos docentes que estimamos existirá en las universidades nacionales. (Si se tiene en cuenta que varios cargos son ocupados por los mismos individuos, el porcentaje de dedicaciones exclusivas en este escenario podría llegar al 25%).

Si consideramos el conjunto de docentes requeridos en las universidades nacionales y privadas y en los IES tendremos una masa de cerca de 300 mil personas para el 2020. Esto muestra el esfuerzo pedagógico e institucional a realizar para la formación de los profesores y para mantener la calidad del sistema.

En la actualidad ya existen más de 20 programas de posgrado para la docencia superior. La formación de profesores universitarios se ha convertido en un objetivo del sistema.

Otro aspecto a tener en cuenta es que desde 2008 las universidades comenzarán a cooperar con el Instituto Nacional de Formación Docente para mejorar el perfil académicos de los docentes primarios y secundarios.

9. Sistemas de ingreso

El art. 50 de la Ley de Educación Superior se establece que la regularidad de los alumnos exige que rindan por lo menos dos materias por año. Cada universidad y cada facultad aplica este principio según su buen entender. El segundo párrafo del mismo artículo concedía el derecho a establecer su propio sistema de ingreso a las facultades de instituciones universitarias con más de 50.000 estudiantes. De hecho, en la mayoría de las universidades nacionales la política de ingreso depende de las decisiones de cada facultad. Por lo tanto, existen más de quince sistemas de ingreso en las universidades nacionales.

En este escenario no prevemos una modificación de estas políticas ya que suponemos que la SPU seguirá siendo débil para imponer políticas comunes. Por otro lado, se ha extendido el principio de autonomía de las universidades a las facultades, lo que promueve la atomización institucional.

El problema central de los sistemas de ingresos seguirá siendo la preparación de los aspirantes para evitar que fracasen en sus estudios. La deserción y la repitencia en el primer año seguirá afectando al 60% de los ingresantes. Las facultades de Medicina y Odontología continuarán aplicando cupos explícitos o encubiertos juntos con exámenes de ingreso para evitar esta situación y para mantener una tasa de graduación superior al 50% de los ingresantes.

El sistema del “ingreso irrestricto” (ingreso directo a las carreras, gratuidad incondicionada) seguirá formando parte del discurso de los dirigentes universitarios aunque de hecho ya existen carreras de grado aranceladas, sistemas de cupo, exámenes de ingreso y becas condicionadas a los rendimientos académicos. El Programa Nacional de Becas Universitarias se ampliará para alcanzar a más beneficiarios pasando de 6.529 asignaciones en 2006 a más de 15.000 en 2020. Los montos de las becas podrían mejorar pasando de un monto de alrededor de 800 U$S en la actualidad a unos equivalentes de U$S 2.000. Pero aún con estas modificaciones se puede apreciar que el esfuerzo para asegurar la igualdad de oportunidades educativas resultará todavía muy modesto teniendo en cuenta la población de bajo recursos de entre 18-24 años de edad.

10. Actividad científica

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Cumpliendo con la meta del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología de aplicar por lo menos el 1% del PBI a la actividad científica el gobierno estará en condiciones de mejorar los subsidios para proyectos específicos de las universidades nacionales y privadas. Desde este punto de vista suponemos que se incrementarán los proyectos de investigación, el número de investigadores involucrados y los resultados.

En el campo universitario el incremento de los recursos permitirá fortalecer los centros consolidados y mejorar los rendimientos en el programa de incentivos a la investigación que involucrarán a más de 30.000 docentes categorizados. Pero la gran dispersión en el otorgamiento de subsidios, ante la ausencia de prioridades y criterios de selección, limitará el impacto del crecimiento.

Por otro lado, ya se manifiestan límites para extender los proyectos de investigación. En primer lugar, porque es necesario cubrir las necesidades de equipamiento de los proyectos en curso. En segundo lugar, porque es necesario asegurar la contratación de los investigadores o doctorados formados. En tercer lugar, porque existe una demanda insatisfecha para realizar estudios en el extranjero. En cuarto lugar, porque el sistema necesita cubrir de manera urgente la formación de posgrado, y los doctorados, que se encuentran actualmente desfinanciados.

Las universidades privadas han comenzado a incrementar sus inversiones en investigación.. El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (2005) proponía que a mediano y largo plazo podrían cuadruplicar el número de investigadores. Esto significaría pasar de los 1.412 que tenían hacia 2003 a unos 8.000. Estimamos como más probable en este escenario que dupliquen los efectivos, es decir, que lleguen a unos 3.000 para el 2020. Las posibilidades de acceder a subsidios públicos concursables mediante proyectos de investigación fortalecerá el interés de las universidades privadas por la actividad científica.

11. Financiamiento

El financiamiento de las universidades públicas en 2007 llegaba al 0,54% del PBI (México: 0,93%; Brasil: 0,84%; Chile: 0,62%; Uruguay: 0,57%). Los aportes del Tesoro Nacional para las universidades públicas representaban 4.348.106.341 millones de pesos (unos 1.300 U$S millones.) Para 2008 el presupuesto para las universidades nacionales rondará los 6.000 millones de pesos (cerca de 2000 millones de dólares). Para el 2020 el financiamiento público de las universidades podría alcanzar unos U$S 3.000 millones. Evidentemente, el valor de estas estimaciones dependerá de la inflación acumulada entre 2007-2020 y de la tasa de cambio peso-dólar. El Estado deberá afrontar nuevos gastos para atender a más de 500.000 nuevos estudiantes, más de 50.000 nuevos docentes y a cerca de cinco nuevas universidades públicas. En estas condiciones es fácil prever que el incremento nominal arriba mencionado no alcanzará para mantener adecuadamente la infraestructura y equipamiento de las universidades.

Es probable que el número de docentes con dedicación exclusiva pase de 15.000 a 25.000, sobre todo teniendo en cuenta el régimen de incentivos y los nuevos subsidios para investigación. A partir de 2007 se efectivizan miles de cargos docentes universitarios ad honores. En 2007 los recursos propios obtenidos por las universidades nacionales ascendían a unos 600 millones de pesos. Esta cifra podría sobrepasar los 800 millones de pesos siguiendo las tendencias actuales. El gasto por estudiante universitario en Argentina en 2005 representaba unos

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633 dólares (Brasil: 6.223; México 4.885; Paraguay: 3.165; Chile: 2.570; Uruguay: 2.286). Es evidente que aún duplicando el presupuesto universitario no se alcanzan niveles de comparación favorables en la región. La Secretaría de Políticas Universitarias y las universidades nacionales han explorado nuevas fuentes de financiamiento y nuevas modalidades en la asignación de recursos. Estas políticas seguirán su curso ampliando probablemente las opciones para obtener fondos a través de programas especiales.

12. Actividades de transferencia

En 2005 las universidades públicas registraban $ 444.871.010 recaudados con recursos propios. Esta cifra podría llegar a $ 800 millones para el 2020. Tanto la necesidad de obtener fondos adicionales como las políticas activas en materia de vinculación con las empresas, las organizaciones sociales y organismos del Estado llevarán a multiplicar el diseño y ejecución de proyectos de servicios, consultorías, transferencia tecnológica y otros. Ya existe en la actualidad una RedVitec que articula los órganos de vinculación tecnológicas de las universidades e institutos que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional.

Existen en la actualidad seis incubadoras de empresas en distintas universidades nacionales. Hacia 2020 podrían llegar a existir más de 15 iniciativas de este tipo acompañando el proceso de re-industrialización del país.

Siguiendo las tendencias actuales todas las universidades nacionales van a incrementar sus contratos de vinculación tecnológica y de servicios. El límite estará puesto por el tamaño de las empresas con las cuales se puede negociar. Las multinacionales son reacias a contratar universidades públicas o privadas del país. Las pymes no tienen capital para investigación y desarrollo. De modo que mucho dependerá de las iniciativas gubernamentales (en la Comunidad Económica Europea fueron los gobiernos los que financiaron la sinergia entre las pymes y las universidades apuntando a las ventajas mutuas).

El modo de gerenciamiento de los proyectos de transferencia debido al peso de la cultura burocrática tradicional frenará la expansión.

13. Posgrados

El sistema de posgrado sigue dependiendo de su propio financiamiento. En consecuencia el acceso a este nivel sigue siendo limitado, sobre todo para los jóvenes recién egresados. El número de estudiantes en los posgrados podría llegar a estabilizarse cerca de los 40.000. Los doctorados seguirán siendo limitados por la falta de becas y de apoyo presupuestario. Podrían llegar a formarse unos 600 doctores por año.

La puesta en marcha de los programas de apoyo a los doctorados en áreas tecnológicas del FONCYT (Programa de Recursos Humanos – PFDT) podría mejorar los resultados en las ingenierías.

De no mediar becas y dispensas especiales para docentes universitarios la presentación de tesis y la tasa de graduación en posgrados no superará el 10%.

Todo indica que la proyección de estas tendencias colocará a la Argentina en una situación muy desfavorable en el plano del más alto nivel académico en el concierto de América del Sur y del mundo.

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14. Gobierno y gestión universitaria

Las estructuras actuales mantienen el modelo de gestión imperante que impide abordar el futuro a través de un consenso y un planeamiento estratégico. Es en este punto que los expertos consultados revelan mayor escepticismo. La gestión se encuentra atrapada entre la coyuntura, los conflictos internos y la burocracia. La universidad pública tiene serios problemas para afrontar los cambios.

La confusión entre los órganos de gobierno colegiados y los órganos ejecutivos, así como el sectarismo político desvirtúan tanto la democracia universitaria como los procesos de toma de decisiones.

Con una Secretaría de Políticas Universitarias menguada en su capacidad para coordinar y liderar el sistema universitario, y con universidades tensionadas por conflictos internos, la estrategia dominante consistirá en mantener el gobierno y conseguir ventajas relativas en el reparto de los recursos universitarios.

Las crisis de gobierno se reproducirán en varias universidades como viene aconteciendo. Los conflictos recurrentes debilitan las posibilidades cooperación inter-institucional. Por lo tanto, el sistema carecerá de una estrategia conjunta.

La administración seguirá dominada por la cultura burocrática de la administración pública. La informatización de la gestión continuará en cámara lenta. El atraso de las universidades nacionales en este aspecto se agravará con respecto a Brasil y Chile. Con respecto a Europa y EE.UU. ya lleva un retraso de veinte años.

Todo esto incidirá sin duda en la eficiencia, en la productividad y en la calidad institucional.

15. Sistema de evaluación y acreditación

Hacia 2007 la CONEAU ha evaluado el 70% de las instituciones universitarias

públicas y privadas. También tuvo a su cargo la acreditación de más de 2.800 proyectos de posgrado. Si se mantiene el volumen y la complejidad de sus funciones es probable que sus atrasos se agraven. Pueden crecer las demandas para las dos agencias de evaluación privadas con autorización.

Se consolidará el sistema de acreditación de carreras de grado y posgrado donde la CONEAU ha tenido un protagonismo decisivo. Se replanteará a estructura orgánica y la designación de los miembros de la CONEAU por el Congreso Nacional.

Para el 2020 podemos esperar que el 100% de las universidades públicas y privadas haya cumplido con las exigencias de la evaluación institucional. Asimismo, se puede esperar que todos los programas de posgrado hayan pasado por la evaluación de pares para su acreditación.

La consolidación del sistema de acreditación de carreras universitarias del MERCOSUR (luego de la etapa experimental del MEXA) reforzará la aceptación de estándares y criterios de calidad en las carreras profesionales del país.

Teniendo en cuenta los acuerdos ya establecidos entre distintas agencias sudamericanas, europeas y norteamericanas, podemos prever el establecimiento de normas comunes para el reconocimiento de créditos académicos a fin de facilitar la movilidad de estudiantes entre universidades de distintos países.

16. Mercosur universitario

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Se aplicarán progresivamente los acuerdos regionales sobre reconocimiento de diplomas y carreras. Hacia 2020 podría haber cerca de 10.000 estudiantes de países del MERCOSUR circulando entre distintas universidades. Se completará el proceso experimental de acreditación de carreras y progresivamente se autorizará la libre circulación de profesionales en ciertas áreas: ingeniería, agronomía, veterinaria, medicina. Los graduados de países con acreditación aprobada por el MERCOSUR Educativo podrán concursar para la docencia en los distintos países miembros.

Junto con la experiencia de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) podrán desarrollarse otras redes de cooperación e intercambio a través de la asociación de universidades del Norte Grande con los países limítrofes. Se ampliarán sobre todos los intercambios con universidades de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.

La ampliación del MERCOSUR Educativo con nuevos miembros (Venezuela, Bolivia, Perú) fortalecerá la región. Pero la falta de estrategias comunes limitará sus potencialidades.

Es muy probable que en los próximos años se aprueben las normas para el reconocimiento automático de créditos académicos entre los países miembros del MERCOSUR. En varias universidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se ha introducido el estudio alternativo de español-portugués como una forma de facilitar los intercambios. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha creado una Maestría en Gestión y Políticas Universitarias del MERCOSUR mientras que se analiza a nivel intergubernamental la creación de una Universidad del MERCOSUR. II. ESCENARIO B: AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ACTUALES 1. Caracterización general A fin de evitar reiteraciones remitimos a las consideraciones e informaciones presentadas en el escenario A. En este escenario presuponemos por un lado que las condiciones externas no serán favorables para el país y por otro lado que al no mejorar las políticas públicas los problemas se habrán de agravar. El debilitamiento de la capacidad de gestión estratégica tendrá consecuencias en el plano económico y social: mayores limitaciones para la disponibilidad de recursos por parte del Estado, mayores desequilibrios sociales (más pobreza, mayor conflictividad, más inseguridad). En el sistema universitario se puede agudizar la atomización institucional manifestada en el individualismo de cada universidad y de cada facultad para la adopción de políticas sin concertación alguna. 2. Contextos

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Desaceleración del crecimiento económico, del superávit fiscal y por lo tanto de la disponibilidad de recursos para mejorar el financiamiento de las universidades y la investigación científica. La reindustrialización se queda a mitad de camino. Se difunden las TIC’s pero sin industria en el sector. Las universidades y empresas privadas no mejoran su participación en el gasto en ciencia, tecnología y posgrado. .

Se agrava la crisis de gobernabilidad en las universidades nacionales. Se producen discontinuidades e incoherencias en las políticas científicas,

tecnológicas y universitarias destinadas a fortalecer la vinculación con las demandas del Estado, la economía y la sociedad. . 3. Expansión

La restricción de los recursos debido a la desaceleración económica y al déficit fiscal frena la expansión universitaria y científica. Las universidades nacionales no disponen de recursos suficientes para renovar su infraestructura y equipamiento. Por lo tanto, no están en condiciones de absorber las nuevas demandas de escolarización superior. Las universidades privadas tenderán a cubrir esta demanda insatisfecha a nivel de las carreras de grado más solicitadas. Los institutos terciarios no universitarios tenderán también a cubrir las demandas insatisfechas de educación superior pero sin los recursos para mejorar la calidad. 4. Rendimientos académicos

Si las condiciones de aprendizaje no mejoran en los niveles primarios y secundarios es probable que se agraven los déficits cognitivos de los alumnos. Por lo tanto, las condiciones del ingresante a la educación superior pueden mantenerse como hasta el presente o pueden agravarse. Entre otras consecuencias podemos prever una mayor segmentación entre un grupo mayoritario con pocas competencias cognitivas y una minoría cercana al 15% con muy buenas condiciones en lecto-escritura y conocimientos científicos básicos. En este escenario el sector más afectado será el de los institutos de formación docente que es el que tiene que atender las nuevas demandas educativas. 5. Organización académica La ausencia de políticas públicas coherentes acentuará la atomización del sistema de educación superior impidiendo que existan consensos estratégicos para reformar los planes de estudio y para mejorar la organización académica. En las

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grandes universidades, pero también en otras, se agravará la ingobernabilidad. 6. Educación a distancia La falta de consenso institucional impedirá el reconocimiento amplio de las nuevas modalidades de educación a distancia y virtual. Por lo tanto, se profundizará el atraso del país en esta dimensión. Algunas instituciones, privadas o públicas, seguirán explorando las posibilidades de la EAD pero sin una articulación sistemática con el resto del sistema. Las ofertas internacionales de enseñanza virtual tendrán mayor número de usuarios.

La falta de regulación del desarrollo de la Educación transfronteriza virtual por parte del Estado traerá aparejado una invasión de ofertas de todo tipo y valor lo que dejará a la población indefensa frente a las ofertas de escaso o nulo valor académico. 7. Graduados y demandas profesionales La ausencia de políticas para la formación y el aprovechamiento de recursos humanos altamente calificados acentuará las contradicciones actuales: saturación de graduados de carreras tradicionales, déficits de profesionales en las ingenierías estratégicas, déficits de profesionales y académicos con formación de posgrado, baja formación de los graduados en ciencias de la educación. En la alta gerencia de grandes empresas, nacionales y extranjeras, serán más competitivos los graduados de universidades privadas nacionales así como de Brasil, Chile y otros países. 8. Distribución territorial La ausencia de regulaciones claras y efectivas permitirá que se agrave la atomización del sistema, la superposición de ofertas y la concentración en los grandes núcleos urbanos. 9. Personal docente Al no existir políticas anticipatorios para la renovación y perfeccionamiento del personal docente se profundizará la desvalorización de la carrera docente universitaria y de nivel superior. En las universidades nacionales las restricciones presupuestarias impedirán mejorar el perfil académico y las dedicaciones de los profesores.

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10. Sistemas de ingreso

La falta de coordinación y de consenso entre las instituciones consolidará la atomización de las mismas en materia de políticas de ingreso. Cada facultad establecerá sus propios criterios. La deserción inicial seguirá siendo del orden del 50%. Sobre una matrícula global de 3.600 estudiantes de la educación superior esto significa que por lo menos un millón de jóvenes fracasarán en su intento de proseguir estudios superiores. 11. Actividad científica

Las universidades nacionales limitan sus fondos para ciencia y tecnología debido a la falta de recursos. Se congela el programa de incentivos a la investigación en las universidades nacionales por razones presupuestarias. Los programas de investigación de las universidades quedan sujetos a su propio financiamiento o a los fondos concursables establecidos por el FONCYT y el FONTAR. 12. Financiamiento La desaceleración del crecimiento económico, inferior al 3% anual, junto con el fin del superavit fiscal, colocará a la educación superior entre los sectores que sufrirán el congelamiento de los aportes federales. Por otro lado, la dispersión del gasto debido a la creación de nuevas universidades públicas limitará las posibilidades de incrementar en términos absolutos las asignaciones. La desaceleración del crecimiento económico y el predominio de empresas transnacionales en la economía limitará las inversiones del sector privado en educación superior y en investigación científica. 13. Transferencia Las restricciones presupuestarias frenan el crecimiento de los fondos para proyectos de innovación y transferencia tecnológica. La supremacía de las multinacionales entre las grandes empresas del país limita las posibilidades de conseguir un mayor compromiso de los inversores privados con la investigación científica y tecnológica en el país. Las universidades nacionales se concentran más en la atención de las nuevas demandas de enseñanza profesional. 14. Posgrados

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La matrícula actual de posgrado, que ronda los 40.000 alumnos puede llegar a decrecer debido a la falta de apoyo económico y al agotamiento de la demanda por parte de los graduados mayores de 40 años, que actualmente cubren el 60% de la matrícula. Ni el Gobierno Nacional ni las autoridades universitarias desarrollan políticas para fortalecer el desarrollo de los estudios de posgrado. 15. Sistema de gobierno

Los conflictos internos y políticos en las universidades generarán mayores

situaciones de ingobernabilidad bloqueando las posibilidades de consensos estratégicos para mejorar el sistema. En este contexto se afectará la convivencia de las comunidades universitarias produciendo conflictos que paralizarán varias universidades. 16. Sistema de evaluación y acreditación

El rechazo a la CONEAU y a los mecanismos de evaluación y acreditación se

extiende a varias facultades y universidades (en la actualidad la UBA y las universidades nacionales del Comahue, Mar del Plata, Jujuy, Catamarca, Gral. Sarmiento y Formosa no han cumplido con la evaluación institucional requerida por la Ley de Educación Superior). Algunas universidades provinciales proponen regionalizar y fragmentar la CONEAU debilitando los criterios nacionales de calidad. Hacia 2020 la Argentina podría encontrase por debajo de los estándares logrados por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y otros países de la región. 17. MERCOSUR universitario

Los desacuerdos y los conflictos de intereses sectoriales debilitarán el

MERCOSUR. Los países miembros se negarán a transferir competencias nacionales para definir las políticas educativas regionales. Se frenará la posibilidad de autorizar la libre circulación de graduados. V. ESCENARIO C: MEJORAMIENTO Y CAMBIOS EN LOS PROCESOS ACTUALES

1. Introducción

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Cabe reiterar aquí los propósitos de la SECYT (Primera Parte II.1) en relación con los valores esenciales sobre los que debe fundarse el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de Argentina:

• la educación como base del acceso al conocimiento, la calidad de vida y la

movilidad social • el conocimiento, como sustento de una cultura innovadora y solidaria • el progreso económico y social, en un marco de innovación permanente,

integración regional y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente

• la calidad y la pertinencia como guías permanentes de la investigación y desarrollo

También se estableció en el documento de marzo 2005 como propósito esencial

promover la transición hacia una economía basada en el conocimiento para lograr una sociedad más justa y equitativa. En este escenario C se tratará de presentar una implementación coherente de estos objetivos en la educación superior.

El Consejo Europeo en su reunión de Lisboa 2000 adoptó el siguiente objetivo

estratégico para el año 2010: “Convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y cohesión social”.

Un propósito semejante ya había sido enunciado en 1992 por la CEPAL en su informe sobre “Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad”. En este documento se enumeraban las políticas para llevar adelante la estrategia de desarrollo propuesta que consistían en :

a. generar una institucionalidad del conocimiento abierta a los

requerimientos de la sociedad; b. acceso universidad a los códigos de la modernidad; c. impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación científico-

tecnológica; d. gestión institucional responsable; e. profesionalización y protagonismo de los educadores; f. compromiso financiero de la sociedad con la educación; g. desarrollar la cooperación regional e internacional.

Tanto en la propuesta de la Unión Europea como la de la CEPAL lo

característico es la importancia que asignan conjuntamente al Estado, al dinamismo de la economía, a la equidad social y a la participación de los actores, lo que las distingue de las políticas neo-liberales y voluntaristas que mostraron sus límites en la región durante las últimas décadas.

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Para que la educación superior y la actividad científica puedan tener el impacto deseable sobre el crecimiento económico y sobre la calidad de vida de la sociedad es preciso adoptar en el período 2008-2020 algunas orientaciones fundamentales tales como:

a. un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento que valorice la

educación, la investigación y la innovación; b. una política nacional de innovación en la que estén involucradas las

universidades, los centros de investigación, las empresas y el Estado; c. una reforma del Estado recurriendo a la informatización, la

profesionalización de los cargos públicos, la gestión inteligente de los recursos humanos, la articulación de políticas públicas nacionales, provinciales y municipales;

d. la formalización de un acuerdo para el crecimiento y la equidad entre el Estado (gobierno nacional y provinciales), los empresarios y los sindicatos;

e. la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Políticas Universitarias, las universidades estatales y las universidades privadas para fortalecer la cooperación interinstitucional (incluyendo a los institutos de educación superior), mejorar la calidad de la enseñanza, asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior, profesionalizar la carrera docente, apoyar el desarrollo del posgrado y la investigación, mejorar la articulación con el Estado, las empresas y las organizaciones sociales.

Con estas premisas suponemos que en el período 2008-2020 se consolida el Estado Nacional, que la gestión pública se vuelve más eficiente recurriendo a la profesionalización de los funcionarios y a la informatización de los procedimientos.

La gestión estratégica del sector público permitirá compensar las contingencias económicas y financieras locales y externas. El Estado ha de tener el liderazgo estratégico en un proyecto de desarrollo inteligente y solidario junto a empresarios , trabajadores y productores de conocimiento.

Un factor importante para la viabilidad de este escenario es la posibilidad de que el MERCOSUR se convierta en un bloque científico-tecnológico capaz de aprovechar sus potencialidades con el fin de alcanzar los niveles de bienestar y de equidad de los países de la Unión Europea. La lucha contra los desequilibrios regionales, contra la pobreza y la desigualdad social deben convertirse en estímulos para las políticas económicas, sociales y educativas. En esto América del Sur tiene un amplio espectro de iniciativas posibles que convocan a la creatividad de sus universitarios y científicos.

2. Contextos y políticas públicas Las políticas públicas mantienen la continuidad en sus objetivos de reindustrialización, inclusión social e inserción en el contexto regional e

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internacional. Se abren nuevas rutas de intercambio con México, India, Rusia, Asia y otras regiones. Se establece un consenso estratégico a nivel del gobierno y de las clases dirigentes para llevar adelante un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento. Se amplía el marco de posibilidades del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Crece la industria informática y el desarrollo de software para nuevas aplicaciones. Las industrias culturales se consolidan y se convierten en uno de los resortes de la acumulación económica.

Se llega a invertir el 3% del PBI en ciencia, tecnología, educación superior. Los impactos positivos de la educación y de la investigación en el crecimiento económico y en la organización social permiten mejorar la productividad y mantener un ritmo de crecimiento autosostenido. La renovación y profesionalización de la función pública permite mejorar los servicios, fortalecer la capacidad estratégica del país e incrementar las demandas de nuevos conocimientos y recursos humanos calificados. Se instala la idea de un Estado inteligente y solidario. El sector agropecuario se encuentra ante una demanda sostenida de alimentos y de bio- combustibles. La renta agropecuaria se orienta por la primera vez a la industrialización de las economías regionales y al repoblamiento rural. 3. Expansión Partiendo del consenso estratégico establecido en torno a las metas del desarrollo a mediano y largo plazo del país, la Secretaría de Políticas Universitarias convoca a las universidades nacionales y privadas para acordar conjuntamente una política de expansión y diversificación que apunta a la generalización de la educación superior y al mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los ingresantes. Se buscará consolidar el sistema universitario nacional a través de medidas que eviten la dispersión de los recursos públicos, apoyando la formación de programas de cooperación en la enseñanza, la investigación , la educación a distancia y otros temas. En este sentido la Secretaría de Políticas Universitarias apoyará la cooperación entre las universidades nacionales del conurbano de Buenos Aires para crear políticas de ingreso, de carrera docente y de movilidad alumnos comunes. Las crisis recurrentes de financiamiento, gobierno y gestión en la Universidad de Buenos Aires crearán las condiciones para que sus dirigentes busquen un consenso estratégico para reformar sus estructuras. Se acordará la

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descentralización de la UBA con seis campus en distintos puntos de la ciudad. Se fijará el límite del ingreso al CBC en 30.000 alumnos. Se fortalecerá el sistema de posgrado.

Los acuerdos de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior tendrán carácter vinculante. Lo que permite evitar la duplicación de esfuerzos y favorecer las cooperaciones interinstitucionales.

Con mayor financiamiento las universidades nacionales mejoran las condiciones de enseñanza y aprendizaje, se amplían los programas de becas y se optimizan las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación para programas de educación a distancia. Se amplía el número de especialidades técnicas en los Institutos de Educación Superior (IES).

La matrícula aumenta y mejora la calidad con un sistema universitario más diferenciado con circuitos de enseñanza masiva, circuitos de fuerte selección académica y circuitos con fuertes promociones para formar profesionales en las carreras prioritarias y doctores en todas las especialidades. El número de estudiantes de posgrado podría llegar a más de 100.000 con fuerte participación de jóvenes graduados.

4. Rendimientos académicos e inclusión social Se propone como meta lograr una tasa de graduación cercana al 40%. Se propone como política de ingreso fortalecer las competencias linguísticas (lograr un dominio básico de 700 palabras y la sintaxis), las competencias argumentativas y científicas (matemáticas) y la formación humanista (filosofía, ciencias sociales).

El esfuerzo sostenido y coherente para mejorar el sistema educativo nacional conforme a los objetivos de la Ley de Educación Nacional podría significar que en los próximos años se alcance el 6% de PBI en inversiones para la educación. Los sistemas de educación a distancia se perfeccionarán para brindar un apoyo sistemático a los programas formales de educación superior. Se pondrá un mayor énfasis en la formación de profesores de todos los niveles exigiendo como mínimo un título de grado en educación superior.

Se implementarán cursos preparatorios para el ingreso a la educación superior, se ampliarán los programas de becas estudiantiles. Se creará un programa de becas y subsidios para el mejoramiento de la enseñanza superior (psicología del aprendizaje, enseñanza de ciencias básicas, pedagogía

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universitaria). 5. Organización y políticas académicas La Secretaría de Políticas Universitarias convocará a las universidades públicas y privadas para una reforma de estructuras académicas para hacer frente a los nuevos contextos y para mejorar la posición del país en el contexto del MERCOSUR Educativo. Siguiendo la experiencia del CONFEDI se buscará un consenso estratégico para acortar las carreras, introducir un sistema de créditos, definir modelos curriculares flexibles, se promoverán los intercambios y la movilidad estudiantil y de profesores dentro del sistema nacional y en el MERCOSUR. Se implementará un sistema de movilidad estudiantil que permitirá el pasaje rápido de una universidad a otra. A esos efectos se creará un código único de matrícula universitaria para todos los estudiantes de universidades estatales y privadas. Se apoyará al sistema de educación superior en su conjunto para fortalecer los posgrados dotándolos de recursos específicos y de un programa nacional de becas. Se apuntará a mejorar el perfil académico de los docentes para que en cinco años sea una regla que todos los profesores titulares tengan un posgrado.

Se tratará de articular el pasaje normal del grado a los posgrados reduciendo la duración de las carreras de grado y ofreciendo becas de investigación y posgrados. Para superar las fragmentaciones actuales se construirá un consenso interinstitucional para lograr un sistema de educación cooperativo entre universidades nacionales, universidades privadas e institutos de educación superior. Se buscará establecer un espacio único, diferenciado y distribuído de la educación superior argentina. 6. Educación a distancia

Se institucionaliza la modalidad de la educación a distancia a través de una legislación adecuada. Se reconocen de pleno derecho las universidades virtuales. Se fortalece la red nacional de educación superior a distancia. Se destinan fondos específicos para equipamiento y para la formación de especialistas. Se apoya la investigación sobre los alcances e impactos de la educación a distancia y sobre el modelo pedagógico a desarrollar. Con las nuevas políticas el sistema de educación superior a distancia podría llegar a tener unos 600.000 usuarios.

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La actividad de fomento hacia la conformación de Consorcios Regionales para el desarrollo de la Educación a Distancia que estuvo realizando el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, durante varios años, comienza a dar frutos. Existen en el país varios Consorcios que, aprovechando racionalmente los recursos disponibles en cada universidad desarrollan la modalidad a gran escala.

La Secretaría de Políticas Universitarias promueve un programa cooperativo con todas las instituciones involucradas para la producción de materiales de educación a distancia en el país y en América del Sur. Se creará la Productora Argentina de Educación a Distancia para diseñar, producir y comercializar materiales en el país y en el extranjero.

En la Secretaría de Políticas Universitarias se creará un área para atender los problemas de control y regulación de las entidades de educación superior a distancia. Se establecerán normas específicas para el reconocimiento de ofertas académicas provenientes de entidades no comprendidas en el MERCOSUR Educativo. 7. Graduados y demandas de recursos humanos El proceso de reindustrialización y el modelo de desarrollo adoptado con uso intensivo del conocimiento incrementa la demanda de recursos humanos altamente calificados. Se fortalece la política nacional para la formación de graduados de la educación superior en sectores estratégicos, mediante sistemas de becas, equipamientos e incentivos para los centros de formación docente. Se profundiza el PROMEI y el PROMAGRO. Se extiende el programa de apoyo a carreras críticas. Se crean centros de excelencia. Mejora la tasa de graduación y el aprovechamiento de recursos humanos calificados tanto en el Estado como en las empresas. Se programa para la formación y el aprovechamiento de recursos humanos de alto nivel en coordinación con las universidades, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y sectores privados. Se establece una política sistemática para aprovechar la cooperación de graduados argentinos en el exterior facilitando contratos temporarios con universidades y centros de investigación. Se ampliará el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

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Productiva de la SECyT para dar cabida al estudio de los recursos humaos universitarios. Se publicará un informe anual sobre tendencias en las demandas de personal altamente calificado. Las universidades establecerán convenios con los organismos públicos para cooperar en la profesionalización y perfeccionamiento académico de los funcionarios del Estado. Se buscará una articulación más orgánica de las carreras de administración pública con los organismos nacionales, provinciales y municipales. Para fortalecer el sistema educativo y atender la demanda masiva de formación se creará un sistema de becas de estudio para docentes de todos los niveles. En las universidades nacionales se financiará el otorgamiento de becas a fin de que todos los profesores puedan culminar el posgrado antes del 2020. Se atenderán las demandas científicas, académicas y profesionales indicadas en la sección II, Primera Parte.

Las ciencias de la educación cobrarán una gran relevancia para atender los fines de universalización del acceso, de calidad y de inclusión social.

En el área informática se prevé un crecimiento sostenido de la demanda de especialistas. Se promoverá la formación de nuevos centros de investigación, de innovación y de posgrado en la materia. Las ciencias básicas seguirán siendo cruciales para distintos propósitos: mantener la calidad académica, participar en los avances científicos mundiales, atender las demandas de innovación del sistema productivo.

En ciencias sociales se tenderá a suplir la falta de investigadores, de posgrados y de especialistas. La reconstrucción de la sociedad requerirá formar nuevos especialistas en desarrollo local, social y regional. Asimismo, para apoyar la reconstrucción del Estado se fortalecerá la formación de los funcionarios y la creación de núcleos de investigación sobre gestión pública en todos sus aspectos y jurisdicciones. 8. Distribución territorial La Secretaría de Políticas Universitarias acuerda estrategias con universidades públicas y privadas para atender de manera equilibrada las demandas de educación superior en todo el país. Se perfecciona el funcionamiento de los CPRES y se establece el carácter vinculante de sus decisiones. Se formulan estrategias para instalar centros de excelencia en regiones periféricas y atrasadas (estímulos para la radicación de académicos y científicos de alto nivel, contratos de radicación para jóvenes investigadores y doctorados en el exterior, etc.)

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9. Personal docente Se buscará una política concertada con las universidades públicas para establecer la carrera docente a escala nacional, fortalecer la formación y las mayores dedicaciones de los profesores. Se propondrá como meta tener por lo menos un 40% de profesores con dedicación exclusiva. Se creará una carrera docente universitaria que se equiparará con el escalafón de la carrera judicial. Se establecerán acuerdos con universidades privadas para mejorar el perfil y la condición docente. 10. Sistemas de ingreso

Se establecerán acuerdos entre las universidades nacionales para realizar esfuerzos concertados para mejorar el ingreso. Se fortalecerán las competencias linguísticas y la formación científica y la formación humanista (filosofía, ciencias sociales) Se crearán programas preparatorios en modalidades presenciales y a distancia. Se aprovecharán las experiencias y los materiales didácticos de universidades que han tenido éxito en mejorar las condiciones de los ingresantes. La deserción inicial bajará al 30%. Se buscará reorientar a los postulantes hacia carreras cortas o intermedias de los institutos de educación superior no universitarios o de las mismas universidades. 11. Actividad científica

Acercándose a las metas de los países desarrollados el gobierno decide destinar

el 3% del PBI a gastos de investigación y desarrollo (meta que Brasil propone alcanzar para el 2010). Se asegura el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) en cuanto a lograr que el número de investigadores represente el 3% de la PEA. Esto supone crear más de 25.000 cargos de investigadores en universidades y centros científicos.

La convergencia de los proyectos de investigación con las prioridades nacionales permite mejorar los impactos sociales. Se incrementan las innovaciones y patentamientos. Se duplica el número de publicaciones con referato por investigador.

Se logrará un mejor equilibrio en la producción científica de las distintas áreas de conocimientos: ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias médicas, ciencias agropecuarias. Se desarrollan exitosamente los programas

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interdisciplinarios. El fortalecimiento de la actividad científica y de los posgrados permite colocar

a la Argentina entre los países de muy buen nivel académico y científico. Esto redunda en un mayor intercambio y una mayor cooperación internacional con el país.

12. Financiamiento

El gobierno decide establecer un nuevo modelo de financiamiento de las universidades y del sistema científico buscando una ecuación donde se incrementen las inversiones al mismo tiempo que se aseguran los impactos sobre el crecimiento del país. El gasto en CyT sube al 3% del PBI, el gasto en educación al 6% del PBI, alcanzando niveles que actualmente tienen los países avanzados. Las universidades y los centros de investigación establecen contratos para mejorar sus ingresos conforme a resultados. La investigación básica no está sujeta a contratos de contraprestación pero a sí a la conformación de centros de excelencia de calidad internacional.

Para mejorar la inversión privada en Educación Superior e Investigación Científica, las empresas transnacionales se verán obligadas a destinar un porcentaje de sus inversiones en actividad científica y formación de recursos humanos, como lo hacen sus países de origen. Se promoverán consorcios entre empresas y universidades, públicas o privadas, para crear centros tecnológicos, incubadoras de empresas y proyectos de desarrollo.

Se fortalecerá la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento por parte de las universidades nacionales (programas de cursos de idioma castellano para extranjeros, convenios con universidades del exterior para reconocer créditos por cursos pagos en el país, venta de patentes, producción de materiales para la educación a distancia, desarrollo de editoriales y productoras audiovisuales, etc.) Los recursos propios podrán alcanzar más de U$S 400 millones.

Se organizará la cooperación entre todas las editoriales educativas y científicas del país a fin de crear un conglomerado que permita cubrir todo el mercado nacional y sudamericano de publicaciones educativas y científicas. En el mismo sentido se organizará un holding de productores audiovisuales (cine, televisión, educación a distancia) para cubrir las demandas nacionales y regionales de materiales de enseñanza virtual y a distancia. 13. Transferencia

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El gobierno establece contratos de inversión con desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica local con las empresas transnacionales. Todas las universidades adoptan la creación de centros de transferencia e innovación. Los proyectos de este tipo podrán llegar a generar unos U$S 300 millones por año. Se perfeccionarán los mecanismos para el funcionamiento de las unidades de vinculación tecnológica. Se estimulará la creación de empresas tecnológicas en las incubadoras de empresas de las universidades públicas y privadas.

La reactivación de las industrias aeroespaciales y ferroviarias abrirán nuevas oportunidades de cooperación con las universidades y los centros de investigación. La asignación de recursos para las universidades nacionales contempla el financiamiento específico de proyectos de transferencia de acuerdo a prioridades nacionales o regionales. 14. Posgrados

El gobierno decide una política específica para fomentar los posgrados y los

doctorados dotándolos de presupuesto y de un sistema de becas. Esto permite que muchos jóvenes graduados busquen alcanzar el doctorado. La matrícula del nivel cuaternario podría llegar a 60.000 alumnos con unos 1.000 doctores por año. El perfil etario de los alumnos de posgrado se situará entre 25-35 años.

Los acuerdos con Brasil, México y otros países permitirán organizar posgrados regionales cooperativos. La doble titulación, en acuerdos con universidades europeas y norteamericanas, también fortalecerá la posibilidad de nuevos posgrados en universidades públicas y privadas, algo que ya comenzó hacia el año 2000. Se fortalecerá la calidad y existirán posgrados de prestigio y alcance internacional. A su vez, el arancelamiento de posgrados para extranjeros permitirá obtener recursos específicos.

La Secretaría de Políticas Universitarias y la SECYT establecerán un programa de mil becas de posgrado en el exterior.

Se adoptará como requisito de los posgrados el conocimiento del inglés y el portugués. 15. Gobierno y gestión universitaria

El Gobierno Nacional convocará a una concertación con representantes de todos los sectores de las universidades nacionales con el fin de compartir un plan de mediano y largo plazo que contemple metas de financiamiento, de

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profesionalización de la docencia universitaria, de compromiso con las demandas de la sociedad y de gestión estratégica para buscar la excelencia académica.

De esta concertación debe surgir también un compromiso para transformar los

mecanismos de gobierno que al mismo tiempo que aseguren la participación democrática de los claustros, permitan fortalecer la gestión y el sistema universitario nacional. Se adoptarán políticas de informatización y de gestión del conocimiento para lograr esos propósitos.

El impacto de estos acuerdos y reformas sobre el funcionamiento del sistema

universitario en su conjunto permitirá mejoras en las distintas dimensiones lo que será visible hacia 2020 año hacia el cual habrá culminado la informatización de las universidades públicas y privadas.

16. Sistema de evaluación y acreditación

El Gobierno y el Congreso de la Nación acuerdan fortalecer el sistema de

evaluacióln y acreditación universitaria introduciendo reformas en la Ley de Educación Superior. Se establece como única agencia nacional reconocida para la evaluación y acreditación a la CONEAU, lo que fortalece su representatividad ante las agencias nacionales de los países del MERCOSUR.

Se redefine la designación de los titulares de CONEAU poniendo al frente de la misma a un grupo de seis expertos seleccionados por concurso de antecedentes como en el caso de los jueces. Se concentran las funciones de la CONEAU en la evaluación de las universidades y en la acreditación de Maestrías y Doctorados (las especializaciones sólo requerirán la aprobación de las universidades y de la Secretaría de Políticas Universitarias). Se reglamenta la formación de técnicos y el reclutamiento de especialistas en evaluación y acreditación para trabajar en la CONEAU o formar parte de los comités evaluadores.

Se introducirá un mecanismo de participación de las universidades en la evaluación trienal de las actividades de la CONEAU. La Secretaría de Políticas Universitarias propondrá una concertación con las universidades para establecer consensos en cuanto a la importancia de los procesos de evaluación y acreditación. Se tratará de fortalecer el reconocimiento y la calidad de los graduados universitarios argentinos en el exterior. Se consolidará el sistema de evaluación y acreditación del MERCOSUR y se ampliará su influencia a otros países de América del Sur.

63

17. Mercosur universitario

Los gobiernos de la región establecen consensos estratégicos para fortalecer los órganos supranacionales en materia económica, social y educativa. El MERCOSUR Educativo se amplia y fortalece con la participación de Venezuela, Chile, Bolivia, Perú. Se incrementa el número de estudiantes y profesores que circulan entre distintas universidades mediante el sistema de créditos reconocidos automáticamente. Se crear un fondo de becas y de subsidios para permitir la movilidad de unos 30.000 estudiantes y 3.000 profesores universitarios entre las universidades del MERCOSUR.

Las agencias de evaluación y acreditación estarán consolidadas asegurando el mejoramiento de la calidad académica. Se aprueba la libre circulación de profesionales, científicos y técnicos a nivel regional. El MERCOSUR se convierte paulatinamente en un bloque científico-tecnológico-universitario con programas comunes para atender los problemas regionales y los avances científicos. RECOMENDACIONES Para avanzar hacia un modelo de desarrollo fundado en el aprovechamiento

pleno del potencial educativo, científico y tecnológico es necesario concientizar a la

clase dirigente pero también a la ciudadanía en general. Para valorizar el uso social del

conocimiento es necesario difundir los diagnósticos sobre el sistema científico y

universitario. Sobre todo, debe destacarse que el país tendría mayores oportunidades de

desarrollo y de bienestar general si apela coherentemente al uso intensivo de su

potencial científico, profesional y técnico.

La adopción de una estrategia de desarrollo fundada en el uso intensivo del

conocimiento, como propone la SECYT, es la piedra basal para la transformación de la

sociedad, la economía y el Estado. Los órganos de gobierno son los que tienen que

liderar este proceso, como ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Esto

implica fortalecer la capacidad de gestión estratégica profesionalizando el servicio

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público, valorizando los recursos humanos calificados, adoptando tecnologías

avanzadas de gestión con apoyo informático. La construcción de un Estado

inteligente y solidario es el principal requisito de un proyecto de desarrollo

nacional.

Desde este punto de vista, resulta evidente que debe fortalecerse la capacidad del

Ministerio de Educación y de la Secretaría de Políticas Universitarias para coordinar las

políticas y las programas prioritarios. Al mismo tiempo habrá que realizar esfuerzos

particulares para superar la atomización, crear consensos y mejorar la capacidad de

cooperación interinstitucional.

Desde el punto de vista organizacional un problema crítico de las universidades

nacionales radica en el modelo de gestión vigente, pre-moderno y ajeno a las

enseñanzas que la misma universidad transmite en las áreas de administración. Para

superar los distintos faccionalismos, clientelismos y corporativismos que deforman la

cultura universitaria, la Secretaría de Políticas Universitarias tiene que garantizar el

pluralismo filosófico, el predominio de criterios académicos, la evaluación de la calidad

institucional, el control de gestión a través de los órganos competentes. Sería

recomendable crear en todas las universidades una instancia de mediación y arbitraje de

los conflictos para zanjar cuestiones sujetas a litigios políticos, administrativos,

gremiales o académicos. Con los mecanismos actuales el índice de impunidad y de

persistencia de conflictos es muy grande.

Para llegar a un consenso de todos los actores del sistema de educación superior

(universidades públicas y privadas, institutos superiores incluidos) sería conveniente

adoptar la estrategia de convergencias progresivas y voluntarias que Europa adoptó para

llevar adelante los acuerdos de Bologna (1999). Esto supone que la Secretaría de

Políticas Universitarias disponga de capacidades para coordinar estos esfuerzos y para

promover procesos de cambio. La asignación de recursos a las universidades públicas

tiene que estar asociada a pautas de racionalización del gasto. Las evaluaciones de la

CONEAU tienen que ser vinculantes para que las instituciones puedan mejorar su

funcionamiento. La cooperación entre universidades públicas, universidades privadas e

institutos superiores debe institucionalizarse a través de normas que permitan los

intercambios y las articulaciones.

En el plano académico el problema crucial es el de los bajos rendimientos de los

alumnos que afecta la calidad de la enseñanza universitaria. No existen recetas únicas y

mágicas. El Ministerio de Educación debería convocar a todos los que han estado

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trabajando en este tema durante las últimas para transmitir sus conclusiones a todos los

actores y a la opinión pública. Sería importante destacar las reformas y experiencias

exitosas en distintas instituciones. También es importante aprender de la experiencia

internacional. El examen de competencias en el ingreso a la educación superior

denominado “vestibular” en Brasil ha dado mejores resultados que la experiencia

argentina de múltiples modalidades de ingreso con criterios divergentes. Mejorar las

competencias cognitivas del ingresante exigirá iniciativas de distinto orden : becas,

asistencia pedagógica, mayores exigencias en lecto-escritura y pensamiento científico,

cambios en los métodos de enseñanza, articulación del ingreso universitario con la

escuela media, etc.

El sistema debería mantener al mismo tiempo dos propósitos que están en todas las

declaraciones internacionales sobre educación superior: el acceso universal y la

selección académica según los méritos. Las políticas igualitarias (gratuidad de la

educación superior pública, multiciplicidad de ofertas y de puntos de acceso) tienen que

coexistir con las políticas selectivas (cupos para las carreras que requieren mayor

atención y selectividad, becas para carreras de posgrado en temas vacantes, promoción

de profesores de acuerdo con sus niveles académicos). Esta dualidad es la que ha tenido

éxito en EE.UU., Francia, Alemania, Japón, Corea.

A nivel nacional e internacional los especialistas vienen recomendando abandonar

los paradigmas academicistas y cientificistas del siglo XX por estrategias de vinculación

entre los productores de conocimiento y los problemas de la sociedad. Las pedagogías y

las políticas de investigación orientadas a la resolución de problemas reflejan este nuevo

consenso. En Argentina el problema se agrava por el deterioro de la socialidad lo que se

refleja en las dificultades para trabajar en equipo. La SPU y la SECyT han establecido

diversos programas que implica compartir responsabilidades entre distintas instituciones

y grupos académicos. La articulación con el sistema educativo y con la sociedad, junto

con el fortalecimiento de la cooperación inter-institucional tienen que figurar entre los

objetivos de las políticas universitarias.

El desaprovechamiento de los recursos humanos más calificados del país, tiene que

ver también con el desinterés de las empresas transnacionales en realizar programas de

investigación y formación en el país. Sería conveniente establecer acuerdos con dichas

empresas para convertirlas en aliadas del esfuerzo nacional en educación y en

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investigación científica. Al respecto los países de la Unión Europea presentan un menú

de opciones fundadas en sus diversas experiencias.

BIBLIOGRAFIA

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