Sala de Lo Constitucional
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SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1 SENTENCIAS DE ENERO DEL AÑO 2002 SENTENCIA No.1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Managua, veinticuatro de enero del año dos mil dos. Las doce y treinta minutos de la tarde.- VISTOS, RESULTA: I , Mediante escrito presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado OSMAR VALLE ESPINOZA, en su carácter de Apoderado Especial del Señor ALFREDO FRANCISCO MARTIN MARENCO CARDENAL, interpone Recurso de Amparo por la vía de Hecho, en contra de la SALA CIVIL NÚMERO UNO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES CIRCUNSCRIPCIÓN MANAG UA, por dictar el auto de las diez y cinco minutos de la mañana del día dos de octubre de año dos mil uno,enla que se deniegaelrecurso de Amparointerpuesto por el recurrente en el carácter en que comparece en contra del Abogado ALCIDES MUÑOZ ALEMAN, Juez Suplente de Distrito del Crimen de Granada, por haber dictado la Sentencia de lascincoytres minutos de la tarde del veintitrés de agosto del dos mil uno, que anula todo lo actuado en el Juicio interpuesto por el Señor Marenco Cardenal en el que se condena al Señor Barney Vaughan Pérez, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y AUTENTICOS Y USURPACION DEL DOMINIO PRIVADO.Afirma el recurrente que recurrió de Amparo por considerar al Juez suplente de Distrito del Crimen de Granada, incompetente para dictar esta sentencia, violando con ella preceptos Constitucionales de su Mandante contenidos en los artículos: 27, 34 numeral4; 130, 165 y 183 por lo que esta Sala CONSIDERA: Enelrecurso de Amparo por el de Hecho,la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tiene como facultad determinarsiel Tribunal de Apelaciones ante quien se interpuso el recurso actuó conforme a derecho, cumpliendo conlosrequisitos que la Ley de Amparoleexige para el estudio del escrito de interposición del recurso.En el caso que nos ocupa, la Sala Número Uno del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, en auto del dos de octubre del año dos mil uno, se niega a tramitar el Recurso interpuesto, por considerar que: “...de conformidad
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SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1
SENTENCIAS DE ENERO DEL AO 2002 SENTENCIA No.1
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONSTITUCIONAL. Managua, veinticuatro de
enero del ao dos mil dos. Las doce y treinta
minutos de la tarde.-
VISTOS,
RESULTA:
I ,
Mediante escrito presentado ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
el Abogado OSMAR VALLE ESPINOZA, en su
carcter de Apoderado Especial del Seor
ALFREDO FRANCISCO MARTIN MARENCO
CARDENAL, interpone Recurso de Amparo por
la va de Hecho, en contra de la SALA CIVIL
NMERO UNO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES
CIRCUNSCRIPCIN MANAG UA, por dictar el
auto de las diez y cinco minutos de la maana
del da dos de octubre de ao dos mil uno,enla
que se deniegaelrecurso de Amparointerpuesto
por el recurrente en el carcter en que comparece
en contra del Abogado ALCIDES MUOZ
ALEMAN, Juez Suplente de Distrito del Crimen
de Granada, por haber dictado la Sentencia de
lascincoytres minutos de la tarde del veintitrs
de agosto del dos mil uno, que anula todo lo
actuado en el Juicio interpuesto por el Seor
Marenco Cardenal en el que se condena al Seor
Barney Vaughan Prez, por el delito de
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y
AUTENTICOS Y USURPACION DEL DOMINIO
PRIVADO.Afirma el recurrente que recurri de
Amparo por considerar al Juez suplente de
Distrito del Crimen de Granada, incompetente
para dictar esta sentencia, violando con ella
preceptos Constitucionales de su Mandante
contenidos en los artculos: 27, 34 numeral4; 130,
165 y 183 por lo que esta Sala
CONSIDERA:
Enelrecurso de Amparo por el de Hecho,la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
tiene como facultad determinarsiel Tribunal
de Apelaciones ante quien se interpuso el
recurso actu conforme a derecho, cumpliendo
conlosrequisitos que la Ley de Amparoleexige
para el estudio del escrito de interposicin del
recurso.En el caso que nos ocupa, la Sala Nmero
Uno del Tribunal de Apelaciones Circunscripcin
Managua, en auto del dos de octubre del
ao dos mil uno, se niega a tramitar el Recurso
interpuesto, por considerar que: ...de conformidad
-
con el artculo 25 de la Leyde Amparovigente,
estatribuido a la Corte Suprema de Justiciay
paralosefectosdelainterposicin, admisin y conocimiento
de las primeras actuaciones hasta la
suspensin del acto inclusive,corresponder a las
Salas de lo Civildelos Tribunales de Apelaciones
...Elmismoartculocitadoestablecequeelrecurso
seinterpondr ante el Tribunalrespectivo, talvaco
y vaguedad legal lo que significa es que la
competencia se fijaratendiendo a las reglascomunes
de la autoridad recurrida, y en los casos
como el de autos atendiendo a la fijacin de la
jerarqua superior para determinar la competencia
de la tramitacin y conocimiento de las primeras
actuaciones y por cuanto la autoridad recurrida
lo es el Juez de Distrito del Crimen de Granada,
cuyodomiciliolegalestfijado por su
competenciaterritorialystecorresponde
al Tribunal de
Apelaciones Circunscripcin Sur, Sala Civil, que
comprende el departamento de Granada, por lo
que viene a ser el superior jerrquico de aquel, es
ante esa Sala que debi interponer el presente recurso
de Amparo, por lo mismo de conformidad
con el artculo 25.... Alrespecto se estima que,
laLey de Amparovigente en su artculo 41 establece
como supletorias en aquellos aspectos no
previstos en ella, las normas contenidas en el
Cdigo de Procedimiento Civil y siendo que sta
no contiene normas que regulen cuestiones de
competencia, esta Sala se pronunciar de conSENTENCIAS
DE AMPARO DEL AO 2002 2
formidad con las normas de procedimiento civil
relacionadas en ese orden. En el Ttulo X del
Cdigo de Procedimiento Civil de la Repblica
de Nicaragua, artculos 260 se establece: Ser
Juez competente para conocer de los juicios a que
d origenelejercicio de las acciones de toda clase,
aquelaquienloslitigantes se hubieren sometido
expresa o tcitamente. y artculo 262 Se
entender hecha la sumisin tcita: 1 Por el demandante
en el mero hecho de acudir al Juezinterponindole
la demanda. Por consiguiente,ya que
el Seor OSMAR VALLE ESPINOZA, en su calidad
de Apoderado Especial del Seor ALFREDO
FRANCISCO MARTIN MARENCO CARDENAL, -
segn puede constatarse en la Escritura de Poder
Especial de Interposicin de Recurso de Amparo,
- es del domicilio de Managua, presenta
como representante del recurrente,elescritode
interposicin del Recurso de Amparo que nos ocupa
ante la Sala Civildel Tribunal de Apelaciones
Circunscripcin Managua, lo que significa su
-
Sometimiento Tcito a la Competencia de este
Tribunal, por lo que esta Sala de lo Constitucional,
considera que el presente Recurso de Amparo
por el de Hecho deber ser declarado con
lugar,ordenando a la Honorable Sala Civildel
Tribunal de Apelaciones Circunscripcin Managua
que d trmite al mismo, para que as la
Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre el
fondo del asunto y dilucidar sobre la
Constitucionalidad o no del acto recurrido.
POR TANTO:
De conformidad con las consideraciones hechas,
artculos 260, 262, 424, 426, y artculo 25 de
laLey de Amparo,los Magistrados miembros de
la Sala de lo Constitucional RESUELVEN: I- HA
LUGAR A ADMITIR POR EL DE HECHO el Recurso
de Amparo interpuesto por el Doctor
OSMAR VALLE ESPINOZA, en su carcter de Apoderado
Especial del Seor ALFREDO FRANCISCO
MARTIN MARENCO CARDENAL, en contra
de la SALA CIVIL NMERO UNO DEL TRIBUNAL
DE APELACIONES CIRCUNSCRIPCIN MANAGUA.
El Honorable Magistrado Doctor RAFAEL
SOLIS CERDA disiente de la mayora de sus colegas
Magistrados por considerar que se puede
tambin aceptar como criterio el domicilio del
recurrido parafijar la competencia. Esta sentencia
est escrita en dos hojas de papel bond de
tamao legal con membrete de la Corte Suprema
de Justicia y Sala de lo Constitucional y rubricadas
por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.-
Cpiese, notifquese y publquese.-
Julio R. Garca V., Josefina Ramos M., Francisco
Plata Lpez, M. Aguilar G., F. Zelaya Rojas, Fco.
Rosales A.,-Guillermo Selva A.- RafaelSolsC.I.
Escobar F.- Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-
Srio.-
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 3
SENTENCIA No.2
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONSTITUCIONAL. Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos.Las ochoytreinta minutos
de la maana.
VISTOS,
RESULTA:
Mediante escrito presentado a las cuatro y cuarenta
minutos de la tarde del da veintinueve de
M ayo del ao dos mil, ante la Sala Civildel Tribunal
de Apelaciones de la Circunscripcin Central,
compareci el Seor DAMASO ROMANO
GONZALEZ, mayor de edad, casado,ganadero
y del domicilio de Juigalpa, quien en sntesis expuso:
Que desde el uno de noviembre de mil novecientos
noventa y nueve, es dueo en dominio
-
y posesin de una finca rstica de cinco manzanas
de extensin superficial, ubicada en el poblado
de La Palma, jurisdiccin del Municipio de
San Pedro de Lvago, Departamento de
Chontales, lo que demuestra con original de escritura
pblica debidamente inscrita en el Registro
PblicodelaPropiedad de ese departamento.
Que el da cuatro de mayo del ao dos mil,
sorpresivamente,lefuenotificado el Acuerdo 05-
2000, de Declaratoria de Utilidad Pblica por
el Consejo Municipal de San Pedro de Lvago,
de una manzana y un cuarto de su propiedad, y
que por las vas de hecho haban procedido a
introducirtractores en su propiedad parainiciar
trabajos de construccin, no permitindosele la
entrada. Contina exponiendo el Seor Romano,
que con la actuacin de los funcionarios antes
mencionados,violaron sus garantas Constitucionales,
dejndolo en absoluta indefensin al
haberlo sometido a un proceso de confiscacin e
iniciado obras, sin haberle indemnizado tal y
como lo establece nuestra Constitucin Poltica.
Que en virtud de lo antes expuesto, interpone
Recurso de Amparo en contra del Alcalde Municipal
de San Pedro de Lvago,Ingeniero MIGUEL
ANGEL MIRANDA MIRANDA y el Consejo Municipal
integrado por los seores ARMENGOL
HURTADO, comerciante, OMAR MIRANDA, ganadero,
HENRY CASTRILLO ,transportista y
CRISTINO RODOLFO AROSTEGUI, ganadero,
todos mayores de edad, casados y del domicilio
de San Pedro de Lvago, Chontales, por haber
ejecutado el Acuerdo No. 05-2000 de declaracin
de utilidad pblica de su propiedad, sin base
alprocedimiento legal establecido y de conformidad
a lo establecido en los artculos 23, 24,
26 y 27 de la Ley No. 49 Ley de Amparo.Cita
como disposiciones Constitucionales violadas los
artculos27, 32, 44, y 46 Cn. Enlorelacionado
alagotamiento de la va administrativa, expresa
que en esta clase de actos no hay va administrativa
que agotar,puesto que contra stos no
existe ningn tipo de recurso legal, salvo el de
Amparo, Que considera estar en tiempo y forma
y solicita que sea admitido el Recurso de Amparo.
Finalmente pide a la Sala Civildel Tribunal,
decrete de oficio la suspensin del acto sealado
ya que de mantenerse esa declaratoria de
utilidad pblica, cuyo procedimiento es ilegal, se
consumara la construccin iniciada lo que le causara
graveseirreparables perjuicios; y seala
casa para or notificaciones. La Sala Civil del
Tribunalreceptor,dictprovidencia de las nueve
de la maana del da nueve de junio del dos mil,
mandando al recurrente a llenar omisiones,consistentes
en demostrar que efectivamente agot
-
la va administrativa. Mediante escrito del veintids
de junio del mismo ao,elrecurrente procedi
a enviar los documentos requeridos.Enlo
concerniente a la suspensin del acto, el Seor
Romano procedi a rendirlafianza por la suma
de Un mil crdobas pararesponder por los daos
que ocasionare la suspensin del Acuerdo
recurrido.La Sala Civildel Tribunalreceptor,dict
providencia de las nueve de la maana del seis
de septiembre del ao dos mil, admite el recurso,
tiene como parte y concede intervencin de
ley al seor DAMASO ROMANO GONZALEZ, Ha
lugar a la suspensin del Acuerdo No. 05-2000
SENTENCIAS DE FEBRERO DEL AO 2002
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 4
del Consejo Municipal de San Pedro de Lvago,
ordenando giraroficio a los funcionarios recurridos,
previnindoles de la suspensin, as como
tambin del deber de enviarInforme del caso a
este Supremo Tribunal dentrodeltrmino de diez
dasylaremisin de las diligencias creadas del
presente recurso. Lo pone en conocimiento del
Procurador General de Justicia para lo de su
cargo y emplaza a las partes para que dentro
del trmino de tres das hbiles comparezcan
ante Secretara de la Sala de lo Constitucional,
a hacer uso de sus derechos.Dicha providencia
fue notificada al recurrente el seis de septiembre
y a los funcionarios recurridos el siete de
septiembre del ao dos mil. A las once de la
maana del dieciocho de septiembre compareci
a personarse el Seor DAMASO ROMANO
GONZALEZ. A las dos y diez minutos de la tarde
del mismo da comparecieron a personarse y
rendirInforme los funcionarios recurridos y a las
doce y nueve minutos de la tarde del veintiuno
de septiembre compareci a personarse la Doctora
DELIA MERCEDES ROSALES SANDOVAL, en
su carcter de Procuradora Administrativa y
Constitucional y como Delegada del Procurador
General de Justicia. Mediante auto de la Sala
de lo Constitucional de las doce y cinco minutos
de la tarde del tres de noviembre del ao dos
mil, setuvo por personadas a las partesyorden
pasar el presente Recurso a la Sala para su
estudio y resolucin. Encontrndose el recurso en
estado de sentencia, cabe dictar lo que en derecho
corresponde;
CONSIDERANDO:
I ,
La Ley de Amparovigente,Ley No.49, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, del veinte de
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho,garantiza
el derecho de Amparo a favor de toda
-
persona natural o jurdica, contra toda disposicin,
acto o resolucin y en general contra toda
accin u omisin de cualquier funcionario,autoridad
o agente de los mismos que viole o trate de
violar derechos y garantas consagrados en la
Constitucin Poltica, y para su admisibilidad y
procedencia deben observarserequisitosformales
que la misma Ley establece. Corresponde al
Tribunal de Apelaciones respectivo,receptor del
Recurso o a la Sala Civil de los mismos donde
estuvieren divididos en Salas, determinar si el
Recurso llena los requisitos que establecen los
artculos26L.A., sobreeltrmino legal parainterponerloyelartculo27L.
A., sobrelosrequisitosformales
que lo legitiman.
I,
El artculo 27 inciso 6) de la Ley de Amparo
establece que el recurrente deber haber
agotado los recursos ordinarios establecidos por
laley,o no haberse dictado resolucin en la ltima
instancia dentro del trmino que la leyrespectiva
seala. Siendo la Ley de Municipios,lalegislacin
correspondiente al caso de autos, es importante
sealar lo que se establece en el artculo 40 de
lasReformas e Incorporaciones a la Ley No. 40
Ley de Municipios, publicada en La Gaceta
No. 162 del veintisis de agosto de mil
novecientos noventaysiete: Los pobladores que
se consideren agraviados por actos y
disposiciones del Alcalde podrn impugnarlos
mediante la interposicin del recurso de revisin
ante el mismo, y de apelacin ante el Consejo
Municipal, agotndose la va administrativa. El
recurrente manifiesta en su escrito de interposicin
que habiendo agotado la va administrativa y
estando en tiempo y forma solicitaba la admisin
del recurso de autos, en contra del Acuerdo de
Declaratoria de Utilidad Pblica dictado por el
Consejo Municipal de San Pedro de Lvago,el
que le fue notificado el da cuatro de mayo del
ao dos mil. Esta Sala examin las diligencias
del caso y de su estudio hemos constatado en
primer lugar,queelrecurrente no demostr haber
agotado la va administrat iva tal y como se lo
previniera el Tribunal de Apelaciones
Circunscripcin Central, por auto de las nueve de
la maana del nueve de junio del ao dos mil; es
decir que no demostr haber interpuesto el
Recurso de Revisin ante el Consejo Municipal en
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 5
contra de la Declaratoria de Utilidad Pblica
antes mencionada y en segundo lugar, que la
Resolucin del Consejo, hace mencin de nombres
de los propietarios del terreno, declarado de
-
utilidad pblica, que no corresponden con el
nombredelrecurrente.
POR TANTO:
En base a lo considerado y a los artculos 424 y
436 Pr., yartculo 27 inciso 6) de la Ley de Amparovigente,
los suscritos Magistrados de la Sala
de lo Constitucional de la Excelentsima CorteSuprema
de Justicia, RESUELVEN: SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR FALTA DE AG OTAMIENTO
DE LA VA ADMINISTRATIVA,elRecurso de
Amparointerpuesto por el Seor DAMASO ROMANO
GONZALEZ en contra del Alcalde Municipal,
Ingeniero MIGUEL ANGEL MIRANDA MIRANDA,
y los Seores ARMENGOL HURTADO,
OMAR MIRANDA, HENRY CASTRILLO Y CRISTINO
RODOLFO AROSTEGUI, todos miembros del Consejo
Municipal de San Pedro de Lvago,
Chontales.Esta sentencia est escrita en tres hojas
de papel bond de tamao legal con membrete
de la Corte Suprema de Justicia y Sala de
lo Constitucional y rubricadas por el Secretario
de la Sala de lo Constitucional.- Cpiese,
notifquese y publquese.- Julio R. Garca V.,
Josefina Ramos M., Francisco Plata Lpez, M.
Aguilar G., F. Zelaya Rojas, Fco.Rosales A.,-
Guillermo Selva A.- Rafael Sols C.I. Escobar F.-
Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-Srio.-
I ,
El Doctor NOEL LINDO PALMA, mayor de edad,
casado,Mdico Cirujano y Oftalmlogo,de este
domicilio, por escrito presentado ante este Supremo
Tribunal, a las dos y cincuenta minutos de
la tarde del da Cinco de Octubre del ao dos
mil, junto con setenta y dos folios de un Testimonio
expedido por la Sala Civil del Tribunal de
Apelaciones,Circunscripcin Managua, expres
que recurra en la va de hecho en contra del
Tribunal de Apelaciones Circunscripcin Managua,
por haberle denegado un Recurso de Amparo
en contra de la Licenciada MARIA ANGELES
ARGUELLO, Ministra de Salud, del Doctor
ARMANDO JOSE PARAJON BUITRAG O, Director
de Regulacin de Profesionales de la Salud y
de la Doctora MARIA DE LOS ANGELES GALO
PACHECO,Directora de Profesionales de la Salud,
todos funcionarios del Ministerio de Salud.
En las diligencias que contiene el testimonio librado
por el Tribunal de Apelaciones,se constata
que efectivamente el Doctor Lindo Palma, present
personalmente Recurso de Amparo ante la
Sala de lo Civil de ese Tribunal de Apelaciones
en que recurra en contra de la Licenciada Mara
Angeles Argello, Doctor Armando Jos
Parajn Buitrago y Doctora Mara de los Angeles
Galo Pacheco,por haberlenegado la autorizacin
para ser Regente de su propio establecimiento
-
de Optica (Optica Americana) y paralo
cual debe contratar a un Optometrista. Que mediante
auto de las cuatro y cinco minutos de la
tarde del trece de septiembre del ao dos mil,
la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones
Circunscripcin Managua, neg la admisin del
mismo. Que ante la negativa del Tribunal A-quo,
present escrito a las nueveytreinta minutos de
la maana del veintids de septiembre del ao
dosmil, mediante el cual solicit se le librase testimonio
de todas las piezas que forman el Recursointerpuesto,
testimonio que le fue entregado a
las dos de la tarde del cinco de octubre del ao
dos mil y el cual adjunta al presente escrito. Que
el Tribunal A-quo por resolucin de las cuatro y
cinco minutos de la tarde del trece de septiem-
SENTENCIA No.3
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONSTITUCIONAL. Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos. La una de la tarde.
VISTOS,
RESULTA:
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 6
bre del ao dos mil, lorechaz por extemporneo,
diciendo: Estima la Sala que constando en
autos,que el Recurso de Apelacin ante la Ministro
de Salud, lointrodujo el siete de Julio del ao
dos mil, conforme la Ley 290, teniendo ste el
plazo de treinta das pararesolver, o para que
se considere que ha operado el silencio administrativo,
es decir, a ms tardar el seis de Agosto
del mismo ao.A partirdelseisde Agosto, mencionado,
elrecurrentetienetreinta das parainterponer
el presente Amparo, los que se vencieron
el cinco de septiembre del ao dos mil. Siendo
que el presente Recursofueinterpuesto el siete
de Septiembre del dos mil, o sea, despus de
transcurridoslostreinta das que dispone la ley,
ste no puede tramitarse, por EXTEMPORANEO
y as se declara, de conformidad con el artculo
26 de la Ley de Amparo.
I,
Contina expresando el recurrente que la resolucin
emitida por la Sala Civildel Tribunal Receptor
es oscura y confusa por cuanto dice que
el plazo de treinta das parainterponer el Amparo
corran desde el seis de agosto y venciel
cinco de septiembre del ao dos mil y l se pregunta
que como puede un plazo de treinta das
iniciarse un seis de agosto del mismo ao y vencerse
un cinco de septiembre del ao mencionado.
Que se trata de un error grave que le causa
perjuicio por la ligereza de su concepcin y las
dudas que se pueden crear, quitndole toda
-
validezadicharesolucin de extemporaneidad.
Que por otra parte,el Tribunal receptor distingue
donde la ley no lo hace por cuanto el artculo
45 de la Ley 290 se refiere a un trmino de
treinta das sin especificar si son calendarios o
hbiles, como s lo define el artculo 39 de la
misma Ley.por lo que viene a interponer Recurso
de Hecho con el objeto de que le sea admitido
el Recurso de Amparo que le fuera denegado
por el Tribunal de Apelaciones. Concluye su escritoexpresando
que interpone Recurso de Amparo
contra los funcionarios del Ministerio de
Salud: Mara Angeles Argello,Armando Parajn
Buitrago y Martha Pacheco, a fin de que se le
permita ejercerlaRegencia de su Optica sin necesidad
de contratar un Optometrista. Acompa
las copias de ley y seal lugar para notificaciones.
Llegado el momento de resolver,
SE CONSIDERA:
I ,
Elartculo 25 de la Ley de Amparo,en sus partes
conducentes,establece: ... Siel Tribunal de Apelacin
se negareatramitar el recurso, podr el
perjudicado recurrir de Amparo por la Va de
Hecho ante la Corte Suprema de Justicia, yel
artculo 41 de la referida Ley seala: ...yenlo
que no estuviere establecido en esta Ley se seguirn
las reglas del Cdigo de Procedimiento
Civil en todo lo que sea aplicable., siendo en
este caso supletorio el Cdigo de Procedimiento
CivildelaLey de Amparo,debiendo aplicar por
ello las disposiciones establecidas en los artculos
477 Pr. , y siguientes que regulan el Recurso
de Hecho, el cual manda que despus de denegada
la apelacin por el Juez, elapelante pedir
testimonio a su costa de los escritos pertinentes
y que con dicho testimonio se presentar
elapelante ante el Tribunal Superior, el que hallando
fundado el recurso,proveer lo que tenga
a bien. Esta Sala considera que se han llenado
los requisitos establecidos por la Ley para
recurrir de hecho, por lo que cabe pronunciarse
sobreloexpuesto por el recurrente.
I,
Ha sido criterio de los miembros de esta Sala
que una de las funciones especficas de las Salas
Receptoras de los Tribunales de Apelaciones,en
cuanto a los Recursos de Amparoserefiere,esla
de examinar si el escrito que lo contiene cumple
con todos los requisitos de formalidad establecidos
en los artculos 26 y 27 de la Ley de Amparo
y si no cae dentro de las causales de improcedencia
sealadas en el artculo 51 de la referida
Ley de Amparo.
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
-
7
III,
Enloreferente a la extemporaneidad sealada
por la Sala de lo Civildel Tribunal de Apelaciones
de Managua en la providencia dictada a las
cuatro y cinco minutos de la tarde del trece de
septiembre del ao dos mil, esta Sala observa
que efectivamente el recurrente dej transcurrir
ms del trmino expresamente sealado por la
Ley de Amparo en su artculo 26 para interponer
su Recurso. En cuanto a la mencin que hace
elrecurrente de que la Resolucin del Tribunal
receptor es oscura y confusa, elartculo 448 del
Cdigo de Procedimiento Civil le otorgaba la
facultad de solicitar a la Honorable Sala del Tribunal
de Apelaciones,laaclaracin y por consiguiente
la reposicin de esa providencia, facultad
que no fue ejercida por el Doctor Lindo Palma.
Por lo que en base a lo expuesto, esta Sala
no puede admitirle al compareciente por la Va
del de Hecho,elRecurso de Amparo que le fue
denegado debidamente por la Sala Civil del
Tribunal de Apelaciones, Circunscripcin Managua,
y as debe de declararse.
POR TANTO:
Con fundamento en lo considerado,artculos424,
426, 436 y 448 Pr., artculos 25 y 26 de la Ley
de Amparo,los Magistrados miembros de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
RESUELVEN: NO HA LUGAR A ADMITIR
POR LA VIA DE HECHO,elRecurso de Amparo
interpuesto por el Doctor NOEL LINDO PALMA
en contra de la Sala Civildel Tribunal de Apelaciones,
Circunscripcin Managua. Esta sentencia
est escrita en tres hojas de papel bond de tamao
legal con membrete de la Corte Suprema
de Justicia y Sala de lo Constitucional y rubricadas
por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.-
Cpiese, notifquese y publquese.- Julio
R. Garca V., Josefina Ramos M., Francisco Plata
Lpez, M. Aguilar G., F.ZelayaRojas,Fco.Rosales
A.,-Guillermo Selva A.- RafaelSolsC.I. Escobar
F.- Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-Srio.-
SENTENCIA No.4
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONSTITUCIONAL. Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos.Lasnueve de la maana.
VISTOS,
RESULTA:
Mediante escrito presentado a las doce y quince
minutos de la tarde del dieciocho de mayo de
milnovecientos noventa y tres, ante la Sala Civil
y Laboral, del Tribunal de Apelaciones de la V
Regin, compareci JULIO REYES GRANADOS,
mayor de edad, soltero,agricultor y del domicilio
de San Buenaventura, de la jurisdiccin del
-
Municipio de Boaco,Departamento de Boaco,de
trnsito por esa ciudad, expuso en sntesis: Que
compareca en su carcter de Representante
Legal de la Cooperativa Agropecuaria de
Produccin BALTAZAR JARQ UIN R.L., y en su
calidad de Presidente de dicha Cooperativa,
quien era duea en dominio y posesin de
novecientas veinte manzanas de extensin,
ubicada en la Comarca de San Buenaventura,
jurisdiccin de Boaco, lo que demostraba con la
certificacin extendida por el Registro Pblicode
Boaco,del Ttulo de Reforma Agraria, inscritocon
el nmero once mil novecientos cincuenticinco,folios
ciento treinta y uno y ciento treinta y dos, tomo
CXXVI. Expres el recurrente que el da catorce
de mayo de mil novecientos noventa y tres,el
Doctor Gonzalo Molina, mayor de edad,
odontlogo, casado y del domicilio de Boaco,le
amenaz que deban desalojar dicha propiedad,
y que de no hacerlo, los expulsaran el Sub
Comandante Arnoldo Pastrn, Jefe de la Polica
del departamento de Boaco, mayor de edad,
casado, militar y de ese domicilio. Que tales
amenazas de desalojo, eran arbitrarias e
ilegales, violando sus derechos constitucionales
consignados en los artculos25inciso2), 26, 36,
44 y 130 todos de la Constitucin Poltica,
atentando contra su seguridad jurdica,
inviolabilidad del domicilio, y el derecho de
propiedad personal. Expreselrecurrente haber
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 8
agotado la va administrativa, alnoexistirrecurso
administrativo sealado por la ley, y que su
reclamo era por la falta de procedimiento y
competencia de las referidas autoridades para
ordenar dicho desalojo. Que recurran de
Amparo en contra del Doctor Gonzalo Molina,
Delegado de Gobernacin y del Sub
Comandante Arnoldo Pastrn, Jefe de la Polica
del Departamento de Boaco, en su carcter de
Agente Ejecutor.Solicit la suspensin del acto y
dej lugar sealado paraornotificaciones.Por
auto de las tres de la tarde del diecinueve de
mayo de mil novecientos noventaytres,el Tribunal
receptor tuvo como parte en el presente Recurso
de Amparo al seor JulioReyes Granados en su
carcter de Representante Legal de la
Cooperativa Agropecuaria de Produccin
BALTAZAR JARQ UIN,R.L. yPresidente de dicha
Cooperativa, mayor de edad, soltero,agricultor
y del domicilio de San Buenaventura de la
Jurisdiccin del Municipio de Boaco, declar con
lugar la suspensin del acto,orden dirigir oficio
a los funcionarios recurridos, previnindoles de
-
la suspensin del acto, para que se abstuvieran
de desalojar al seor Julio Reyes Granados,
Presidente de la Cooperativa Agropecuaria
BALTAZAR JARQ UIN R.L., y que deban enviar
informe junto con las diligencias ante la Corte
Suprema de Justicia, asimismo, orden dirigir
oficio al Jefe de la Polica Nacional para que
garantizara el cumplimiento del presente Recurso,
y que se pusiera en conocimiento a la
Procuradura General de Justicia. Emplaz a las
partes para que dentro del trmino de tres das
ms el de la distancia se personaran ante el
Supremo Tribunal. En escrito de las doce
meridiano del da nueve de junio de mil
novecientos noventa y tres, se person el seor
Julio Reyes Granados, en su carcter ya
relacionado. A las diez y cuarentisiete minutos
de la maana del da siete de junio de mil
novecientos noventa y tres,rindiinforme el Sub
Comandante Arnoldo Pastrn Dvila, Jefe de la
Direccin Policial Nacional de Boaco. En escrito
de las doce y dos minutos de la tarde del veintisis
de julio de mil novecientos noventa y tres, se
person el Doctor Armando Picado Jarqun, en
su calidad de Procurador CivilyLaboral Nacional
y como Delegado del Procurador General de
Justicia. Por auto de las ocho y veinte minutos de
la maana del once de agosto de mil novecientos
noventa y tres,setuvieron por personados a los
seores JULIO REYES GRANADOS, en
Representacin de la Cooperativa Agropecuaria
de Produccin BALTAZAR JARQ UIN R.L. y al
Doctor Armando Picado Jarqun en su carcter
de Procurador Civil y Laboral Nacional y como
Delegado del Procurador General de Justiciay
se orden pasar el proceso al Tribunal para su
estudio y resolucin.
CONSIDERANDO:
UNICO
La Ley de Amparo,Ley No.49, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 241 del 20 de
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho,en
suartculo38, establece que una vezresuelta la
suspensin del acto reclamado,seremitirn los
autos en el trmino de tres das a la Corte
Suprema de Justicia para la tramitacin
correspondiente,previnindoles a las partes que
debern personarse dentro del trmino de tres
das hbiles, ms el de la distancia, para hacer
uso de sus derechos,yquesielrecurrente no se
persona dentro de dicho trmino, se declara
desiertoelrecursopresentado.Esta Sala observa
que el auto de las tres de la tarde del diecinueve
de mayo de mil novecientos noventa y tres,
dictado por la Sala Civil del Tribunal de
Apelaciones de Juigalpa, que rola en el folio
-
nmero cinco del cuaderno primero, previno a
las partes para que dentro del trmino de los
tres das ms el de distancia se personaran ante
el Supremo Tribunal, auto que le fue notificado
al recurrente a las tres y quince minutos de la
tarde del veintiuno de mayo de mil novecientos
noventa y tres. El trmino de la distancia de
conformidad con el artculo 29 de nuestro Cdigo
de Procedimiento Civil, es de un da por cada
treinta kilmetros de distancia y habiendo
sealado el recurrente como domicilio para or
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 9
notificaciones, la ciudad de Juigalpa, que dista
de Managua a 137 kilmetros de distancia, le
corresponde cinco das, ms los tres das
determinados por el Tribunal de Apelaciones,un
total de ocho das, inicindose el cmputo el
siguiente da de la notificacin, o sea el veintids
de mayo de ese mismo ao,vencindose los ocho
das concedidos, el da lunes treinta y uno de
mayo,habindose personado el recurrente hasta
eldanueve de junio de mil novecientos noventa
y tres, fuera del plazo establecido para ello,
debiendo declarar esta Sala de conformidad con
elartculo 38 de la Ley de Amparo, desiertoel
presente recurso.
POR TANTO:
De conformidad con el considerando expuesto,
los artculos 424, 426 y 436 Pr. , y los artculos
38 y 45 de la Ley de Amparo, los Magistrados
de la Sala de lo Constitucional de la Excelentsima
Corte Suprema de Justicia RESUELVEN: SE DECLARA
DESIERTO EL RECURSO DE AMPARO ,
interpuesto por JULIO REYES GRANADOS, mayor
de edad, soltero,agricultor y del domicilio
de San Buenaventura, de la jurisdiccin del Municipio
de Boaco,Departamento de Boaco,quien
dijo comparecer en su carcter de Representante
Legal de la Cooperativa Agropecuaria de
Produccin BALTAZAR JARQ UINR.L., yensucalidad
de Presidente de la misma, en contra del
Doctor Gonzalo Molina, odontlogo, en su calidad
de Delegado de Gobernacin y del Sub
Comandante Arnoldo Pastrn, militar, en su carcter
de Jefe de la Polica del departamento
de Boaco, ambos mayores de edad, casados,y
del domicilio de Boaco.Esta sentencia est escrita
en dos hojas de papel bond de tamao legal
con membrete de la Corte Suprema de Justiciay
Sala de lo Constitucional y rubricadas por el Secretario
de la Sala de lo Constitucional.- Cpiese,
notifquese y publquese.- JulioR. Garca V.,
Josefina Ramos M., Francisco Plata Lpez, M.
Aguilar G., F. Zelaya Rojas, Fco.Rosales A.,-
-
Guillermo Selva A.- Rafael Sols C.I. Escobar F.-
Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-Srio.-
SENTENCIA No.5
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO
CONSTITUCIONAL. Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos. Las diez de la maana.
VISTOS,
RESULTA:
I ,
A las ocho y cuarenta minutos de la maana del
da diez de marzo de mil novecientos noventa y
dos, la Sala Civil del Honorable Tribunal de
Apelaciones de la III Regin recepcion escrito
de interposicin de Recurso de Amparo
presentado por el Doctor Jorge Quintana Garca,
delegado por los seores Alejandro Serrano
Caldera, Abogado, casado, en representacin
de la Universidad Nacional Autnoma de
Nicaragua, UNAN-Managua; Alvaro Arguello
Hurtado, clibe, Sacerdote Catlico, en su
carcter de representante legal de la
Universidad Centroamericana, UCA; Edgard
Zuniga Herrera, Arquitecto, soltero, en
representacin de la Universidad Nacional de
Ingeniera, UNI; Sergio Denis Garca, casado,en
representacin de la Universidad Politcnica de
Nicaragua, UPOLI; Noel Zuniga, Ingeniero,
casado, en representacin de la Universidad
Nacional Agraria, UNA; Octavio Martnez
Ordoes, Abogado, casado, del domicilio de
Len, en representacin de la Universidad
Nacional Autnoma de Nicaragua, UNAN- Len;
Jos Alonso Martnez Lazo,catedrtico, casado,
del domicilio de Estel, en representacin de la
Escuela de Agricultura y Ganadera de la ciudad
de Estel, EAGE-Estel; y Gregorio Barrales
Barrales, clibe, catedrtico del domicilio de
Rivas, en representacin de la Escuela
Internacional de Agricultura y Ganadera de
Rivas; EAGE-Rivas; todos mayores de edad y de
los domicilios de Managua, Len y Rivas. En el
escrito expusieron: Que en nombre de las
Instituciones de Educacin Superior antes
mencionadas comparecan a interponer Recurso
de Amparo en contra de la seora Presidenta
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 10
de aquel entonces, doa Violeta Barrios de
Chamorro,quien es mayor de edad, soltera y de
este domicilio,en su carcter de titular del Poder
Ejecutivo,ya que viol la Constitucin Polticacon
las acciones y omisiones siguientes. El da doce
de diciembre de mil novecientos noventa y dos,
la Asamblea Nacional de la Repblica aprob
laLey de Presupuesto Anual para el mismo ao.
-
Dicha ley fue objeto de Recurso por
Inconstitucionalidad por parte de los ahora
recurrentes. Mediante sentencia numero 113, de
las diez de la maana del da 21 de julio del
mismo ao este Supremo Tribunal se pronunci
declarando la Inconstitucionalidad parcialdela
ley objetada (artculos 4 y 5 de la misma) en lo
que respecta a las Instituciones de Educacin
Superior mencionadas en la Ley de Autonoma
de las Instituciones de Educacin Superior,ley 89,
ya que estas disposiciones limitaban la autonoma
financiera de las Universidades. Que producto
de la interpretacin autentica del artculo 55 de
laLey 89, la Asamblea Nacional aprob la Ley
# 151, que entr en vigencia a partir de su
publicacin en el Diario Barricada, el da 12 de
septiembre de 1992. Que con base en dichaley
y en la sentencia dictada por este Supremo
Tribunal, qued establecido que la base sobre
la cual debe calcularse el 6% establecido en la
ley,esta constituida por el total de los ingresos y
que la asignacin estatal a las Universidades
debe hacerse a travs de una cifra global, sin
especificacin de gastos por rubros,ya que la
autonoma financiera de las Universidades
establece la facultad de elaborar su propio
presupuesto, basndose en sus prioridades. Que
el ejercicio presupuestario de ese ao ascenda
a las suma de 155,377.692 crdobas, que
corresponda al 6% de los ingresos totales.Pero
del 6% del total de los ingresos ordinarios y
extraordinarios el Gobierno entreg nicamente
la suma de 117.530.000.00, quedando un saldo
de 37.847.692.90 crdobas. Que el da 21 de
septiembre del mismo ao se celebr una reunin
entre autoridades universitariasyelMinistro de
la Presidencia, Ingeniero Antonio Lacayo, para
determinar la forma de pago del saldo restante.
En dicha reunin se acord que el Gobierno
entregara la suma debida en varios aos,
considerando la situacin presupuestaria del
Gobierno. Que en fechas siguientes continuaron
reunindose con autoridades del Gobierno de
la seora Violeta Barrios de Chamorro, entre
ellos, la Vice Ministro de Finanzas, Licenciada
Marta Palacios, quien luego de prometer un
sinnmero de cosas, incumpli todo lo acordado.
Que el da 22 de febrero de 1993 la seora
Presidente de la Repblica de ese entonces
remiti a la Asamblea Nacional el anteproyecto
de ley del Presupuesto Anual de la Repblica
para el ao mil novecientos noventa y tres,yeste
no inclua en el presupuesto de gastos los
37.847.692.90 de crdobas que el Gobierno
deba a las Instituciones de Educacin Superior,
pues el presupuesto de la Universidades apareca
-
incluido dentro de lo asignado al Ministerio de
Educacin, entidad que recibira la cantidad de
483.100.35 y que en forma de transferencia
entregara a las universidades la cantidad de
151.155.900. Que el presupuesto de ingresos
no inclua los prestamos y donaciones, ni las
existencia en el tesoro al 31 de diciembre del
ao mil novecientos noventa y dos. Que por lo
antes expuesto interponian el presente Recurso
de Amparo en contra de la titular del Poder
Ejecutivo de la poca, seora Violeta Barrios de
Chamorro,ejecutora de los actos y omisiones ante
relacionados que lesionaban las leyes, la
Constitucin Poltica y perjudicaban a las
Instituciones de Educacin Superior que ellos
representaban. Consideraron como disposiciones
Constitucionales infringidas los artculos112, 113,
125, 130 prrafo1; y 150, inciso1; todos de la
Constitucin Poltica. Tambin sealaron la
violacin de las siguientes leyes ordinarias: Ley
# 151, Ley de Interpretacin Autentica del
artculo 55, inciso 1 de la Ley 89, elartculo VI
del Titulo Preliminar del Cdigo Civil de la
Repblica de Nicaragua, el artculo 7, prrafo
1; de la Ley de Rgimen Presupuestario y el
artculo 55, inciso 1; de la Ley 89. Sealaron
haber agotado la va administrativa con las
gestiones realizadas, tanto de manera publica
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 11
como privada en cumplimiento de lo sealado
en el artculo55, inciso1; de la Ley 89, as como
con las consultas hechas a las instituciones que
ellosrepresentaban. Solicitaron se admitiera el
presente Recurso de Amparoafinderestablecer
el imperio de la Constitucin Poltica ylasleyes,
ya que con la actuacin de la titular del Ejecutivo
se violaban los derechos y garantas de las
Instituciones que legalmente representaban.
Sealaron lugar para or notificaciones. Al
presente recurso adjuntaron fotocopias de
documentos relativos al caso.
I I
A las ocho y treinta minutos de la maana del
da cinco de mayo de mil novecientos noventa y
tres, en la Sala Civil y Laboral del Honorable
Tribunal de Apelaciones de la III Regin se dict
un auto en el que se resolvi: I- Admitir el presente
Recurso de Amparo interpuesto por el Doctor
Alejandro Serrano Calderayotros,tenerlos como
parte en los presentes autos y brindarles la
inter vencin de ley que en derecho les
corresponda. II- Poner en conocimiento del
presente recurso a la Procuradura General de
Justiciayentregarle copia del mismo para lo de
-
su cargo.III-Dirigiroficio a la titular del Poder
Ejecutivo de la poca, seora Violeta Barrios de
Chamorro, con copia del mismo y prevenirle que
enviarainforme del caso a la Corte Suprema de
Justicia en el trmino de diez das contados a
partir de la recepcin del presente oficio.
Igualmente se le previno enviar las diligencias
del caso que ante su autoridad se hubiesen
creado. IV- Prevenir a las partes que en el
trmino de tres das hbiles se personasen ante
este Supremo Tribunal. Rola en el mismo auto,
disentimiento de la Honorable Magistrada del
Tribunal de Apelaciones de la III Regin, Doctora
Aidalina Garca Garca en el que expone que
mediante sentencia numero 113 del ao mil
novecientos noventa y dos,la Corte Suprema de
Justicia se pronunci favorablemente en cuanto
a la Inconstitucionalidad de los artculos 4 y 5 de
la Ley del Presupuesto General del ao mil
novecientos noventa y dos, alegada por los
recurrentes.Posteriormente se aprob la Ley #
151, deinterpretacin autentica del artculo 55
de la Ley 89 Ley de Autonoma de las
Instituciones de Educacin Superior, de lo que
se colige que lo que corresponda era hacer
cumplir la mencionada sentencia en concordancia
con la Ley # 151. Por lo que no caba admitir el
presente recurso en lo que a este punto se refiere,
pero si en lo que hace a la Ley del Presupuesto
del ao mil novecientos noventa y tres.
III,
A las ocho y cuarenta minutos de la maana del
da catorce de mayo de mil novecientos noventa
ytres,el Doctor Jorge Quintana Garcapresent
ante este Supremo Tribunal escrito de
personamiento de la parterecurrente. En dicho
escritoseexpresa que por impedimento temporal
delosrecurrentesfirma a su ruego el Doctor Julio
Icaza Gallard. A las diez y veinticinco minutos
de la maana del da catorce de mayo de mil
novecientos noventa y tres, el Doctor Armando
Picado Jarqun present en su calidad de
Procurador Civil y Laboral delegado escrito de
personamiento y solicitud de intervencin de ley.
A su escrito adjunt fotocopias relativas a su
nombramiento.Por auto de las ocho y treinta y
cinco minutos de la maana del da veintisietede
mayo de mil novecientos noventaytres,esta Corte
dispuso tener por personados en los presentes
autos a los recurrentes y al representante de la
Procuradura General de Justicia, y concederles
laintervencin de ley correspondiente.Tambin
se les previno a los recurrentes nombrar
procurador comn. De igual forma se dispuso
pasar el presente recurso para su estudio y
posterior resolucin. En atencin al auto
-
relacionado, a las diez y treinta minutos de la
maana del da siete de junio de mil novecientos
noventa y tres,el Doctor Jorge Quintana Garca
present escrito en el que los recurrentes
solicitaban a este Supremo Tribunal se tuviera
como procurador comn en el presente recurso
al citado Doctor. A las doce meridiano del da
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 12
ocho de junio del mismo ao esta Corte mediante
auto dispuso tener por personado en el presente
recurso al Doctor Jorge Quintana Garca en su
calidad de procurador comn de los seores
Alejandro Serrano Caldera, Alvaro Arguello
Hurtado y otros, y darle la intervencin de ley
correspondiente. En el presente recurso no rola
informe de la seora Violeta Barrios de
Chamorro, Presidenta de la Repblica de la
poca.
CONSIDERANDO:
I ,
De conformidad con los artculos 45 y 188 de la
Constitucin Poltica se establece el Recurso de
Amparo en contra de toda accin u omisin de
cualquier funcionario, autoridad o agente de los
mismos que viole o trate de violar los derechos y
garantas consagrados en la Constitucin Poltica.
De igual forma el artculo34, inciso 1 de la Ley
260, Ley Orgnica del Poder Judicial, establece
que corresponde a la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia conocer y resolverlos
recursos de Amparo por amenaza o violacin de
losderechos y garantas establecidos en la Carta
M agna. Por razones metodolgicas conviene a
esta Sala realizar un examen previo del
cumplimiento de los requisitos de forma
establecidos en el artculo 27 de la ley de
Amparo vigente.Losrecurrentes expresaron sus
nombres,apellidos y generales de ley.Tambin
sealaron el nombre, apellido y cargo del
funcionario recurrido. Igualmente la disposicin
contra la cual reclaman y las normas
Constitucionales que estimaron se les infringan.
Manifestaron haber agotado la va
administrativa y sealaron lugar para or
notificaciones.
I,
Que la Ley de Presupuesto Anual de la Repblica
debe ser considerada como una leysuigenereis,
de duracin limitada, caracterizndose por su
efecto en un tiempo y espacio,alavigencia del
periodo comprendido nicamente,exclusivamente
destinada a regular los ingresos y egresos de la
Administracin Publica durante un periodo de
tiempo determinado. Por esta vigencia
-
determinada, los efectos del presupuesto
desaparecen una vez cumplido el plazo o
ejercicio presupuestario para el que fue
aprobado. En el caso de marras, la Ley de
Presupuesto Anual del ao mil novecientos
noventa y tres, tuvo vigencia durante el mismo
ao, periodo para el que fue aprobada, pero
susefectos no se mantiene en el tiempo,sino que
desaparecieron al ser aprobada la Ley de
Presupuesto Anual de mil novecientos noventa y
cuatro,ley # 107 del da 9 de junio del mismo
ao, con lo que se convirtiennorma fallida.
III,
Que en otras sentencias este Supremo Tribunal
ha manifestado que entre los requisitos
indispensables para la procedencia del Recurso
de Amparo se encuentra el agravio, pues el
recurso solo puede interponerse por parte
agraviada. Sin embargo puede suceder que
durantelatramitacin del mismo ante esta Sala,
cesen los efectos del acto reclamado que caus
el agravio o este simplemente deje de existir,
privndolo de esa manera del elemento esencial
para su existencia, dejando el recurso sin
fundamento legal alguno como sucedi en el
presente caso,pues la ley anual del presupuesto
es elaborada nicamente para efectos del
presupuesto de cada ao.Con lo que se configura
una de las causales para declarar la
improcedencia del presente recurso y cuando se
declara la improcedencia de un recurso esta Sala
debe abstenerse de resolver sobre la
Constitucionalidad o Inconstitucionalidad del acto
reclamado. En sntesis el recurso ser
improcedente cuando hubiesen cesado los efectos
del acto reclamado y en este caso en particular
el Amparo ha dejado de tener razn de ser,por
lo que no cabria mas que declarar su
improcedencia.
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 13
POR TANTO:
Con base en lo considerado anteriormente y los
artculos 424 y 436 del Cdigo de ProcedimientoCivil
de la Repblica de Nicaragua y el artculo
45 de la Ley de Amparovigente,lossuscritos
Magistrados que integran la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia RESUELVEN:
Declrese IMPROCEDENTE por haber
desaparecido el objeto que motiv el presente
recurso interpuesto por los seores ALEJANDRO
SERRANO CALDERA, ALVARO ARGUELLO HURTADO
Y OTROS, en contra de la Presidente de
laRepblica de aquel entonces,seora VIOLETA
BARRIOS DE CHAMORRO. Esta sentencia est
-
escrita en cuatro hojas de papel bond de tamaolegal
con membrete de la Corte Suprema de
Justicia y Sala de lo Constitucional y rubricadas
por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.-
Cpiese, notifquese y publquese.- JulioR.
Garca V., Josefina Ramos M., Francisco Plata
Lpez, M. Aguilar G., F.ZelayaRojas,Fco.Rosales
A.,-Guillermo Selva A.- RafaelSolsC.I. Escobar
F.- Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-Srio.-
de noviembre de mil novecientos noventa y tres
expuso: que compareca en representacin de
la Cooperativa Agropecuaria de Produccin
JULIAN MORALES LOPEZ radicada en la Comarca
de su mismo domicilio, entidad con
personera jurdica conforme la Ley de la materia,
como lo demostraba con la certificacin extendida
por la Inspectora Departamental del
Trabajo. Seal que la Cooperat iva que representaba
es duea en dominio y posesin de una
finca rstica ubicada en la Comarca de su domicilio
con una extensin de 950 manzanas y comprendida
dentro de los siguiente linderos: Norte,
Edmundo Marn y Jos Mara Morales; Sur,IsidroMurillo;
Este,Bayardo Calero y Oeste,Alcides
Montiel, inscritaenelRegistro PblicodeJuigalpa
con el nmero 19,700, Asiento 1, Folio 152, Tomo
200 del Libro de Propiedades,Seccin de Derechos
Reales, cuyo ttulo fue extendido en forma
legal por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario. Sigui expresando y dijo que la
Cooperativa que representa desde su fundacin
en el mes de marzo de mil novecientos noventa,
ha estado en plena actividad econmica como lo
demostraba con los documentos que adjuntaba.
Que desde haca un tiempo atrs,laoficinadel
Instituto Nicaragense de Reforma Agraria de
Juigalpa, INRA V Regin, por medio del Delegado
Regional Seor ROLANDO ACEVEDO
ALVAREZ y del Asesor Legal Doctor MANUEL SIERRA
OCN haban venido presionando a los
miembros de la Cooperat iva aduciendo que esa
Cooperativa no tena ningn derecho y que la
deban desocupar para devolverla al Seor
JUAN MANUEL JMENEZ, su antiguo propietario.
Que el da once de noviembre de mil novecientosnoventa
y tresleentregaron a su esposa una
comunicacin fechada en Juigalpa, el ocho de
noviembre de ese ao y firmada por el Delegado
ROLANDO ACEVEDO en que lo citaban para
finiquitar la Cooperat iva y tambin recibi otra
comunicacin segnl, el once de noviembrefirmada
por el Licenciado JUAN MANUEL SIERRA
OCN como Director de Polticas de Tierra del
INRA V Regin en la que se le notificaba que esa
Institucin enviara un grupo de Topgrafos y
SENTENCIA No.6
-
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO
CONSTITUCIONAL.- Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos.Las diezytreinta minutos de
la maana.
VISTOS,
RESULTA:
I ,
El Seor CRUZ CENTENO MONTIEL, mayor de
edad, casado,agricultor y del domicilio de San
Francisco del Gamalote en la Jurisdiccin del
Municipio de Juigalpa en el Departamento de
Chontales, por escrito presentado ante la Sala
Civildel Tribunal de Apelaciones de la V Regin
a las cinco y cinco minutos de la tarde del quince
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 14
Tcnicos para desmembrar 300 manzanas,todo
segn esa nota, en cumplimiento de una resolucin
del da veinticuatro de septiembre de mil
novecientos noventa y tres. Consideraba el recurrente
que esas comunicaciones que contenan las
resoluciones sealadas violaban el principio de
legalidad contenido en los artculos 130 y 183
de la Constitucin Poltica, as como en los artculos
108 y 109 de esa misma Constitucin que
establecen la obligacin del Estado con la Reforma
Agrariayrespetar los ttulos que garantizan
los derechos de propiedad de la Tierra. Que
asimismo esos funcionarios violan el artculo 111
C.n., al quererle quitar sus propiedades, como
tambin violan el artculo 46 que contiene el Pacto
de San Jos y artculo 27 C.n., que garantiza la
igualdad ante la Ley, lo mismo que el decreto
11/90 que establece el procedimiento para la
revisin de las propiedades afectadas. Que por
todo lo expuesto recurra de Amparo en contra
del Delegado del INRA V Regin, Licenciado
ROLANDO ACEVEDO ALVAREZ, mayor de edad,
soltero,veterinario y del domicilio de Juigalpa
en su calidad de Delegado del INRA V Regin y
en contra del Licenciado JUAN MANUEL SIERRA
OCN,abogado, casado y de las otras generales
del anterior en su calidad de Asesor Legal
y Director de Polticas de Tierra de esa misma
Institucin, por las amenazas que constituyen esos
actosilegales.As mismo pidi la suspensin del
acto reclamado consistente en el envo de los
Topgrafos y Tcnicos a la propiedad relacionada.
El recurrente adjunt originales de las notificaciones
recurridas as como copias de documentos
relativos a la Cooperativaysuactividad
Agropecuaria.
I,
El Tribunal de Apelaciones de la V Regin por
auto de las cuatro de la tarde del diecisis de
-
noviembre de mil novecientos noventa y tres admitielrecurso,
teniendo como partealrecurrente
en su calidad relacionada. Declar con lugarla
suspensin del acto reclamado consistente en
enviar Topgrafo y Tcnico a la propiedad referida
y dirigi oficios a los funcionarios recurridos
previnindoles la suspensin del acto y solicitndoles
el informe de Ley. As mismo dirigi
oficioalJefe correspondiente de la Polica Nacional
para que garantizara el cumplimiento de
dicha providencia. Puso en conocimiento del Recurso
al Seor Procurador General de Justiciay
emplaz a las partes para que se personaran
ante este Supremo Tribunal en el trmino de Ley,
ms el de la distancia. El recurrente Seor CRUZ
CENTENO MONTIEL se person en tiempo as
como los funcionarios recurridos quienes rindieronelinforme
de Ley en los trminos siguientes:
El Seor ROLANDO ACEVEDO ALVAREZ en su carcter
de Delegado Departamental del INRA V
Regin expres que la propiedad de la Cooperativarepresentada
por el recurrente le fue afectada
a la Seora ROSA LETICIA ROSSMAN
CASTILLA viuda de JMENEZ y a sus hijos,
habindola declarado el Gobierno de la dcada
de los ochenta afectada por causa de utilidad
pblica e inters social parafines de Reforma
Agraria en mil novecientos ochenta y seis.
Que el Director actual de ese mismo ente por
resolucin de las nueve de la maana del trece
de abril de mil novecientos noventa y tres,orden
la devolucin de esa propiedad y que la Comisin
Agraria de esa Regin formada o integrada
por autoridades Civiles,Militares y Eclesisticas
de la Reginrecomend citar al representante
de la Cooperat iva para que aceptar
una desmembracin de 300 manzanas a la Cooperat
iva para no desalojarla. Rebatilosargumentos
de la parterecurrente.El Licenciado JUAN
MANUEL SIERRA OCN en su carcter de Asesor
Legal del INRA V Regin rindi su informe
expresados en similares trminos a los del funcionario
anterior, acompaando el expediente
administrat ivo del caso compuesto de veintinuevefolios.
ElDoctor ARMANDO PICADO JARQ UN
se person en tiempo en su carcter de Procurador
Civil y Laboral Nacional y como Delegado
del Procurador General de Justicia, acompaando
los documentos que lo acreditan como tal. La
Corte Suprema de Justicia por auto de las nueve
de la maana del veinticuatro de febrero de mil
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 15
novecientos noventa y cuatro, tuvo por
personadas a las partes y orden pasar el expediente
-
para su estudio y resolucin. El Seor
JUAN MANUEL JIMENEZ ROSSMAN por escrito
presentado por el Doctor PABLO SIERRA
CHACN a las diezytreinta y cinco minutos de
la maana del diecisiete de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro, pidi que se le tuviera
como tercero interesado y aleg que existan
anomalas e irregularidades en la tramitacin del
Ttulo Agrario asegurando la inexistencia legal
de dicha Cooperativa, presentando fotocopias
certificadas de testimonios de escrituras de adquisicin
de varias propiedades. El Doctor JOS
BLANDN RODRGUEZ por escrito presentado
a las doce meridianas del veinticuatro de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro, en su
calidad de Apoderado GeneralJudicial del Seor
JUAN MANUEL JMENEZ ROSSMAN solicit
una sentencia declarando sin lugar el presente
recursoratificando la calidad de tercerointeresado.
Acompa testimonio de la escritura de
Poder General Judicial. La Corte Suprema de
Justicia por auto de las once y diez minutos de la
maana del dos de mayo de mil novecientos noventa
y cinco, lo tuvo como tercero interesado.
Por auto de las diezytreinta minutos de la maana
del veintiuno de noviembre del ao dos mil
uno, se tiene por separado de conocer del presente
recurso de Amparo al Honorable Magistrado
Doctor MARVIN AGUILAR GARCIA.-
SE CONSIDERA:
I ,
ElRecurso de Amparo es un remedio legal que
secre para ejercer el Control Constitucional, a
fin de mantener y restablecer la supremaca de
la Constitucin Poltica, segn lo disponen los artculos
45, 188 y 190 de la Carta Magna. El
Recurso de Amparo procede en contra de toda
disposicin, actooresolucin y en generalcontra
toda accin u omisin de cualquier funcionario,
autoridad o agente de los mismos que viole o
trate de violar los derechos y garantas ciudadanas
consagrados en la Constitucin Poltica. Es
un Recurso cuyofin principal es hacer prevalecer
los principios Constitucionales establecidos en
nuestra Carta Magna. Su procedimiento est regulado
especficamente de conformidad con lo
prescrito en los artculos 23 y siguientes de la
Ley de Amparo y para su procedencia deben
observarserequisitosformales que la misma Ley
establece.Corresponde al Tribunal de Apelacionesrespectivo,
receptor del Recurso o a la Sala
Civil, de los mismos donde estuviere dividido en
salas, conocer las primeras actuaciones hasta la
suspensin del acto inclusive y a la Corte Suprema
de Justicia, el conocimiento ulterior hasta la
resolucin definitiva. Expuesto lo anterior, este
-
Supremo Tribunal debe examinar si la parterecurrente
cumpli con los requisitosformales establecidos
en la Ley de Amparo vigente, sin cuyo
cumplimiento el Recurso interpuesto correra indefectiblemente
la suerte de ser declarado improcedente.
I,
El recurrente Seor CRUZ CENTENO MONTIEL,
en representacin de la Cooperativa
Agropecuaria JULIAN MORALES LOPEZ se queja
de los funcionarios ROLANDO ACEVEDO
ALVAREZ Delegado Departamental del INRA V
Regin y del Licenciado MANUEL SIERRA OCN
Asesor Legal de esa Institucin por haberlenotificado
el primero en nota del ocho de noviembre
de mil novecientos noventa y tres,vistaenel
folio nmero 1 del cuaderno del Tribunal de Apelaciones
para que se personara a la oficina de
esa Institucin a fin de finiquitar asuntos relacionados
con esa Cooperativa y el segundo por haberle
notificado por nota fechada en Juigalpa
el once de noviembre de mil novecientos noventa
y tres, vista en folio 2 del mismo cuaderno, en
que se le notifica que por resolucin tomada se
procedera a enviar a un grupo de Topgrafosy
Tcnicos de Campo para desmembrar las 300
manzanas que le corresponden, segn l, a la
relacionada Cooperativa y que esos actos de
los funcionarios recurridos violentaban disposiciones
Constitucionales, como el principio de legalidad,
que le acarreaban perjuicios a sus reSENTENCIAS
DE AMPARO DEL AO 2002 16
presentadas. Los funcionarios recurridos al rendir
sus respectivosinformes a este Supremo Tribunal,
expresaron por una parte que el Director
del INRA haba declarado en mil novecientos noventa
y tres, la devolucin de la propiedad en
cuestin y por otro lado expresaron que la Comisin
Agraria de esa Regin habaresuelto otorgarle
300 manzanas de esa misma propiedad a
la Cooperat iva para no expulsarla de la misma,
con la anuencia de los anteriores propietarios y
alfinalalegaronilegalidades en la Constitucin
y desempeo de la Cooperativa. El Seor JUAN
MANUEL JMENEZ ROSSMAN en su calidad de
tercero interesado tambin aleg ilegalidades
similares.
III,
Del anlisis del expediente del presente Recurso
se observa que los actos reclamados, materializados
en las comunicaciones emitidas por los funcionariosrecurridos
contienen elementos de fondo
que por un lado tratan de obligar a los miembros
de la Cooperat iva en referencia a finiquitar
-
o sea a solucionar en forma definitiva un problema
relacionado con la tenencia de una propiedad
inmueble y por otro lado le notifican a
la parterecurrente que se ha tomado una resolucin
administrat iva con el fin de desmembrar
300 manzanas de la propiedad objeto de recurso
y que para ello estn enviando Topgrafos
y Tcnicos de Campo que haran realidad
esa resolucin administrativa. Estos actos administrativos,
resuelven situaciones de legalidad de
fondo,claramente jurisdiccionales que atentan
contra el Principio Constitucional establecidos el
artculo 160 Cn que ordena que la administracin
de la Justicia garantiza el principio de la
legalidad; y protege y tutela los Derechos Humanos,
mediante la aplicacin de la Ley en los
asuntos de su competencia. Asimismo invade las
facultades Jurisdiccionales de Juzgar y ejecutar
loJuzgado que corresponden en forma exclusiva
al Poder Judicial, tal como lo ordena el artculo
159 Cn segundo prrafo.Es oportuno sealar
tambin que ningn Poder del Estado, Organismo
de Gobierno o funcionario tendr otra
autoridad, facultad o Jurisdiccin que las que
confiere la Constitucin PolticaylasLeyes de la
Repblica, como lo seala el artculo 183 Cn, por
lo que debe declararse con lugar el presente
Recurso.
POR TANTO:
De cuerdo con lo considerado y con base en los
artculos 424 y 436 Pr y 159, 160 y 183 Cn, los
suscritos Magistrados de la Sala de lo Constitucional
RESUELVEN: HA LUGAR AL RECURSO DE
AMPARO interpuesto por el Seor CRUZ CENTENO
MONTIEL de generales en autos en su carcter
de representante legal de la Cooperativa
Agropecuaria JULIAN MORALES LOPEZ, en
contra de las resoluciones emitidas por los funcionarios
ROLANDO ACEVEDO ALVAREZ Delegado
Departamental del INRA V Regin y del
Licenciado MANUEL SIERRA OCN Asesor Legal
de esa Institucin, de que se ha hecho mrito.
Esta sentencia est escrita en cuatro hojas de
papel bond de tamao legal con membrete de
la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional
y rubricadas por el Secretario de la
Sala de lo Constitucional.- Cpiese,notifquese y
publquese.- Julio R. Garca V., Josefina Ramos
M., Francisco Plata Lpez, F. Zelaya Rojas, Fco.
Rosales A.,-Guillermo Selva A.- RafaelSolsC.I.
Escobar F.- Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-
Srio.-
SENTENCIA No.7
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO
CONSTITUCIONAL.- Managua, cuatro de febrero
del ao dos mil dos.Lastres de la tarde.
-
VISTOS,
RESULTA:
I ,
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 17
los convenios y declaraciones sobre derechos
humanos a nivel mundial, por haber enviado su
caso ante el Juzgado Segundo de Distrito del
Crimen sin habrsele impuesto responsabilidad
de presuncin penal. Por ltimo alega el recurrente
que la sub Contralora estaba inhibida de
ejercer las funciones del Contralor General de
laRepblica porque esta funcionaria estaba en
funciones como lo demostrara, por lo que interpona
Recurso de Amparo en contra de la Sub
Contralora General de la Repblica, Doctora
Claudia Frixione de Rosales,pidiendo que se suspendan
los efectos de la resolucin recurrida,
adjuntado los documentos sealados en su escrito
y copias suficientes de su escrito.La Sala de lo
Civil por auto de las doce y cuarenta y siete minutos
de la tarde del veintiocho de febrero del
dosmil, previnoalrecurrente para que rindiera
fianza por la suma de dos mil crdobas netos,lo
que as cumple. La Sala Civil del tribunal de
Apelaciones Circunscripcin de Managua, por
auto de las once y cuarenta y cinco minutos de la
maana del seis de marzo del ao dos mil, tuvo
como partealrecurrente,ordenando la suspensin
de los efectos de la resolucin recurrida.
Mand poner en conocimiento el Recurso al seor
Procurador General de Justicia y orden
notificar a la parterecurrida para que rinda el
informe de leyeneltrmino sealado y orden
personarse a las parteseneltrmino legal ante
el Supremo Tribunal de Justicia.
I,
Las partes se personaron en tiempo y forma, incluyendo
a la Doctora Delia Mercedes Rosales
Sandoval en su carcter de Procuradora Administrativa
y Constitucional. Los Contralores
Guillermo Argello Poessy,Francisco Ramrez Torres,
Jos Pasos Marciacq, Juan A. Gutirrez
Herreray Agustn Jarqun Anaya, presentaronel
informe de ley en los siguientes trminos: Que el
quince de julio de mil novecientos noventa y nueve,
la Contralora General de la Repblicarecibi
una denuncia en que se afirmaba que el seor
Nestor Elicer Abaunza Sandino, entonces
El seor Luis Alberto Guzmn Tllez, mayor de
edad, casado, Economista y de este domicilio,
por escrito presentado en su carcter personal
ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones
Circunscripcin Managua, a las once y cuarenta
y cinco minutos de la maana del once de febrero
-
del ao dos mil, expres que la Sub Contralora
General de la Repblica, Doctora Claudia
Frixione de Rosales emiti una resolucin a las
cuatro de la tarde del dieciocho de enero del
ao dos mil, la que en su punto resolutivotercero
estableci responsabilidad administrat iva en su
contra, por el presunto incumplimiento del artculo
157 numerales3, 9 y 11 de la Ley Orgnica
de la Contralora General de la Repblica, aplicndole
las sanciones establecidas en los artculos
171 numerales 37, 38 y 42 de la misma Ley
orgnica de la Contralora General de la Repblica.
Sostiene que tal resolucin le causa agravios
al imputarle una conducta ilcita y dolosa en
el ejercicio de sus funciones como Gerente Financiero
de la Lotera Nacional. Consideraelrecurrente
que la sealada resolucin viola las disposiciones
Constitucionales siguientes: artculo 130
Cn que ordena que ningn cargo concede a quien
lo ejerce ms funciones que las que le confieren
la Constitucin y las leyes, por las razones que
seala entre las que estn la de haber actuado
la Seora Sub Contralora con sorprendente ligereza
y desprecio de las disposiciones legales,
pues el recurrente afirma que no viol ninguna
disposicin legal ni administrativa, ya que si los
fondos de la ayuda especial de la Lotera entregados
al licenciado Abaunza no llegaron a la
Contralora no es por responsabilidad suya y que
talayuda estaba permitida conforme los artculos
13 inciso b y 84 del reglamento Interno de la
Lotera Nacional que permiten efectuar egresos
discrecionales.artculo 24 C.n., al no concederle
el derecho a su defensa. Elartculo 36 C.n., ya
que la Sub Contralora perjudica su integridad
psquica porque la resolucin recurrida produce
alteraciones de tipo psicolgico en su persona y
tambin perjudica su honor y por ltimo violenta
elartculo 46 C.n., que incorpora en Nicaragua,
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 18
Asistente Ejecutivo del Contralor Agustn Jarqun
Anaya, solicitayuda econmica por ciento cincuenta
mil crdobas a la Lotera Nacional para
poder equipar a las oficinas de ese ente
fiscalizador en las Regiones RAAN y RAAS. Que
de acuerdo a la denuncia la Lotera Nacional
accedi a la peticin emitiendo dos cheques Nos.
47145 y 0000083 por setenta y cinco mil
crdobas cada uno los que no fueron emitidos a
nombre de la Contralora sino de un particular
de nombre Francisco Rodrguez. El primer cheque
fue cambiado en el Banco Popular un seor
de nombreJorge Emilio Lpez Gngorayelotro
por Jos Abraham Mena Melndez, respectivamente.
-
El denunciante present copias de comprobantes
de pago y carta de solicitud del seor
Abaunza Sandino.En vista de la denuncia se
orden una Auditora Especial de Egresos de la
Lotera nacional en el perodo comprendido del
uno de enero de mil novecientos noventa y ocho
al treinta y uno de diciembre del mismo ao.
Sealaron los seores Contralores que la Lotera
no suministr los endosos de los cheques a pesar
de habrsele solicitado, por lo que no se verific,
sealando los seores Jorge Aguerri Hurtado,
Gerente General y Luis Guzmn Tllez, Gerente
Financiero que los cheques referidos se haban
extraviado, no permitiendo a los auditores
examinar los microfilmes respectivos. Que la
Contralora solicit al Laboratorio Central de
Criminologa de la Polica Nacional realizara un
peritaje de las firmas del Recib conforme de
los comprobantes de pago de los cheques sealados
pero que el Gerente Generalyarelacionado
se neg a facilitaralegando que el artculo
105 de la Ley Orgnica de la Contralora se
lo permita, lo que no es verdad. Contina expresando
que ese organismo de control haba
comprobado de manerafehaciente que la Lotera
Nacional libr los cheques relacionados por
la suma sealada anteriormente, a nombre del
seor Francisco Rodrguez y que fueron entregados
por el seor Gustavo Soto Garcaex Gerente
General quien no solicit la identificacin al
que los recibi como era su deber.Elrecurrente
seor Guzmn Tllezalrendir su declaracin ante
ese rgano de control admiti haber elaborado
dichoscheques.Tambin expresan en su informe
los seores Contralores que la carta de solicitud
del seor Abaunza tena las anomalas de no
tenersello,cdigo y nmero consecutivo como es
obligacin en la correspondencia oficial. Rebaten
los argumentos del recurrente y concluyen
afirmando que por todo lo expuesto y con la
confesin del recurrente en su declaracin ante
la Contralora, se le determin Responsabilidad
administrativa. Acompaan el expediente administrativo
compuesto de treinta folios legalizados,
solicitando se declare sin lugar el recurso.
Por auto de las nueve y treinta minutos de la
maana del veinte de noviembre del ao dos mil
uno, se tiene por separado de conocer de las
presentes diligencias de Amparo al Honorable
Magistrado Doctor FRANCISCO ROSALES
ARGUELLO .
SE CONSIDERA:
I ,
ElRecurso de Amparo es un remedio legal que
secre para ejercer el Control Constitucional, a
fin de mantener y restablecer la supremaca de
-
la Constitucin Poltica, segn lo disponen los artculos
182, 187, 188 y 190 de la Carta Magna.
ElRecurso de Amparo procede en contra de
toda disposicin, acto o resolucin y en general
contra toda accin u omisin de cualquier funcionario,
autoridad o agente de los mismos que violeotrate
de violar los derechos y garantasciudadanas
consagrados en la Constitucin Poltica.
EsunRecurso cuyofin principal es hacer prevalecer
los principios Constitucionales establecidos en
nuestra Carta Magna. Su procedimiento est regulado
especficamente de conformidad con lo
prescrito en los artculos 23 y siguientes de la
Ley de Amparo y para su procedencia deben
observarserequisitosformales que la misma ley
establece.Corresponde al Tribunal de Apelacionesrespectivo,
receptor del Recurso o a la Sala
Civil, de los mismos donde estuviere divido en
Salas, conocer las primeras actuaciones hasta la
suspensin del acto inclusive y a la Corte Suprema
de Justicia, el conocimiento ulterior hasta la
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 19
resolucin definitiva. Expuesto lo anterior, este
Supremo Tribunal debe examinar si la parterecurrente
cumpli con los requisitosformales establecidos
en la Ley de Amparo vigente, sin cuyo
cumplimiento el Recurso interpuesto correra indefectiblemente
la suerte de ser declarado improcedente.
Este Supremo Tribunal en sentencia
de las diez y cuarenta y cinco minutos de la maana
del veinte de mayo de mil novecientos
ochenta y siete,expres lo siguiente: Es oportuno
sealar que el Recurso de Amparo, es un Recurso
eminentemente Extraordinario y la persona
natural o jurdica que ha hecho uso del mismo,
tieneforzosamente que dar estricto cumplimientoaciertasformalidades
que adornan el Recurso,
para que el mismo pueda ser tomado en consideracin
por el Tribunal, yentrar a conocer as,
elfondo del Recurso,pronuncindose por su viabilidad
o no abilidad.
I,
Del anlisis del aspecto formal del presente Recurso
se observa que la parterecurrente,elseorLuis
Alberto Guzmn Tllez, ha cumplido con
losrequisitos de forma. Elrecurrente se queja de
que la resolucin emitida por la Contralora General
de la Repblica a las cuatro de la tarde
del dieciocho de enero del dos mil, en que se le
establece Responsabilidad Administrativa junto
conotros funcionarios de la Lotera Nacional, viola
artculos Constitucionales que contienen derechos
y garantas,entre los cuales estn entreotros,el
derecho a su Salario,asuintegridad psquica y
-
moral, etc. porque la seora Sub Contralora no
tenafacultades pararesolver en su contra como
lohizo y porque el artculo 13 inciso b) y 84 del
Reglamento Interno de la Lotera Nacional lo autorizaba
para la elaboracin de esos cheques.
Al analizar la resolucinrecurrida se observa que
sta fue emitida contraelrecurrente por haber
elaborado cheques a nombre de un particulary
no de la Contralora General de la Repblica;
no identificar al receptor de los mismos y por no
tener la documentacin adecuada y completa que
respalde las transacciones financieras examinadas
incumpliendo con ello el artculo 157 numerales
3), 9) y 11) de la Ley Orgnica de la
Contralora General de la Repblica e incurrir
en las causales de irregularidad y de Sancin
Administrat iva prescritas por el artculo 171 numerales
37), 38) y 42) de la referida Ley. En
cuanto a la alegada facultad que seala el recurrente
para que las autoridades de la Lotera
Nacional emitan cheques para beneficiosdeterceras
personas como en el presente caso,alestudiar
el Decreto 2-95 Creacin de la Lotera
Nacional publicado en La Gaceta No. 34 del
diecisiete de febrero de mil novecientos noventa
y cinco, ste establece en sus considerando que
la Lotera Nacional es una empresa estatal de
carcter comercial que concentra sus esfuerzos
en la generacin de recursos financieros para
impulsar los programas de atencin a los sectores
sociales priorizados por las polticas del Gobierno
de la Repblicayelartculo 14 establece
que los beneficios obtenidos por esa empresa
sern utilizados de la siguiente manera: el 50%
de los beneficios obtenidos sern destinados directamente
al organismo que ejecuta los Programas
de Bienestar Social del gobierno, para su
financiamiento y el otro 50% ser canalizado al
Sector Social parafinanciamiento de los programas
que determine la Presidencia de la Repblica,
priorizando los programas de Bienestar Social.
En consecuencia de lo establecido por ese
decretocreador, las autoridades de direccin y
de administracin de esa empresa comercialno
tienen facultades para otorgar erogaciones
dinerarias a terceras personas sin la debida
orientacin legal de la Presidencia de la Repblica,
por lo que se considera que la Contralora
General de la Repblica al emitir la resolucin
recurrida no actu violando normas Constitucionales,
sino ms bien en estricto apego a su Ley
orgnica que la faculta para velar por el correcto
uso de los bienes del estado y pararealizar
auditoras e imponer las sanciones que se
deduzcan de sus exmenes o auditorias,conforme
la ley, por lo que se debe declararsinlugar
-
elrecurso de Amparo de que se ha hecho mrito.
SENTENCIAS DE AMPARO DEL AO 2002 20
POR TANTO:
Con base en lo considerado y en los artculos
424 y 436 P.r., yartculo 45 de la Ley de Amparo,
los suscritos Magistrados de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVEN: NO HA LUGAR AL RECURSO DE
AMPARO interpuesto por el seor LUIS ALBERTO
GUZMN TLLEZ de generales en autos en
contra de la Resolucin de las cuatro de la tarde
del dieciocho de enero del ao dos mil, emitida
por la Sub Contralora General de la Repblica
Doctora CLAUDIA FRIXIONE DE ROSALES. Esta
sentencia est escrita en cuatro hojas de papel
bond de tamao legal con membrete de la Corte
Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucionalyrubricadas
por el Secretario de la Sala de
lo Constitucional.- Cpiese, notifquese y
publquese.-Julio R. Garca V., Josefina Ramos
M., Francisco Plata Lpez, M. Aguilar G., F.Zelaya
Rojas,Guillermo Selva A.- RafaelSolsC.I. Escobar
F.- Ante m: Rubn Montenegro Espinoza.-Srio.-
SENTENCIA NO.8
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO
CONSTITUCIONAL.- Managua cuatro de febrero
del dos mil dos.- Las doce y treinta minutos de la
tarde.
VISTOS,
RESULTA:
I ,
Por escrito presentado a las dos y quince minutos
de la tarde del diecisiete de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, ante la Honorable Sala
CivilyLaboraldel Tribunal de Apelaciones,Circunscripcin
Sur, por el seor ALFONSO
SOLRZANO ICABALCETA, en su carcter personal,
interpone Recurso de Amparo en contra
de los seoresLUIS ARMANDO TORRENTES CERDA
y MARTN FLORES JIMNEZ, en sus calidades
de Alcalde y Vice Alcalde del Gobierno Municipal
de Crdenas, Departamento de Rivas, por
la Cancelacin de Permiso de Operaciones de
Ruta de Transporte Suburbana Sapa-Peas
Blancas, Departamento de Rivas,ytrasladar dicho
derechoatransportistas del Municipio organizados
en una cooperativa de transporte.Porlo
que el recurrente solicita la suspensin del acto,
envirtud del Recursointerpuesto, por considerar
que se han violado los artculos 4, 24, 27, 32,
38, 46, 48, 57, 63, 80, 99, 103, 130 y 182 de
la Constitucin Poltica de la Repblica de Nicaragua.
I,
La Honorable Sala de lo Civil del Tribunal de
-
Apelaciones,Circunscripcin Sur, por auto de las
once de la maana del veinte de mayo de mil
novecientos noventa y nueve, admite el Recurso
de Amparo en contra de los seores LUIS
ARMANDO TORRENTES CERDA y MARTN
FLORES JIMNEZ en sus calidades de funcionarios
de la Alcalda Municipal de Crdenas, puso en
conocimiento al Procurador Departamental de
Justicia remitindole la copia correspondiente y
orden girar oficio a los funcionarios recurridos
con copia del libelo del recurso,para que dentro
de diez das a partirdesurecepcin, rindieran
el informe de ley ante la Corte Suprema de
Justicia. Asimismo orden de SUSPENDER DE
OFICIO la ejecucin de la resolucin del Consejo
Municipal de Crdenas del veintids de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, que acord
cancelar la licencia de operaciones que haba
sido otorgada al recurrente. Se dirigi exhorto
al Tribunal de Apelaciones Circunscripcin
Managua, paranotificaralProcurador General
de JusticiadelRecursointerpuesto y Carta Orden
al Juez Local nico de Crdenas para que
notificara a los funcionarios recurridos.Asimismo
orden remitir los autos de amparo a la Corte
Suprema de Justiciayprevino a las partes para
que se personaran ante esta Autoridad dentro
detres das hbiles ms el trmino de la distancia.
Por auto de las nueve de la maana del treintiuno
SALA DE LO CONSTITUCIONAL 21
de mayo de mil novecientos noventa y nueve,el
Juzgado Local nico de Crdenas orden cumplir
con lo ordenado,para lo cual asent notificacin.
El Tribunal de Apelaciones Circunscripcin
Managua, por auto de las dos y cinco minutos de
latarde del veintisis de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, cumpli con lo solicitado,
notificando las diligencias del recurso al Doctor
JULIO CENTENO GMEZ, en su calidad de
Procurador General de Justicia.
III,
Por escrito presentado a las tres y quince minutos
de la tarde del da cuatro de junio de mil
novecientos noventa y nueve, se person ante la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, la Licenciada DELIA MERCEDES
ROSALES SANDOVAL, en su carcter de
Procuradora Administrat iva y Constitucional y
como delegada del Procurador General de
Justicia de la Repblica, Doctor JULIO CENTENO
GMEZ. Por escrito de las doce y cincuenta y
siete minutos de la tarde del ocho de junio de mil
novecientos noventa y nueve,se personaron ante
esta instancia los seores LUIS ARMANDO
-
TORRENTES CERDA y MARTN FLORES JIMNEZ,
en sus calidades de Alcalde y Vice-Alcalde del
Municipio de Crdenas,Departamento de Rivas.
Se present por escrito de las dos y veinticinco
minutos de la tarde del catorce de junio de mil
novecientos noventa y nueve, el informe de las
autoridades recurridas.Elrecurrente Licenciado
ALFONSO SOLRZANO ICABALCETA, por
escrito de las diez y veintids minutos de la
maana del veinticinco de mayo de mil
novecientos noventa y nueve, se person ante la
Sala, por lo que por cumplidos los trmites de
ley se tuvieron a las partes por personadas
mediante auto de las diez y veinticinco minutos
de la maana del da veintisis de junio de mil
novecientos noventa, otorgndoseles la
intervencin de Leycorrespondiente y habiendo
rendido su informe los funcionarios, pasa el
proceso a la Sala de lo Constitucional, para su
estudio y resolucin, por lo que esta Sala,
CONSIDERANDO:
I ,
El recurso interpuesto por el seor ALFONSO
SOLRZANO ICABALCETA, a las dos y quince
minutos de la tarde del diecisiete de mayo de
milnovecientos noventa y nueve ante el Tribunal
de Apelaciones Circunscripcin Sur, plantea conforme
las diligencias en autos de Amparo un presunto
conflictonormativoentre la Ley de Municipios
y la Ley General del Transporte, al
cuestionarse las competencias que las mismas
otorganasustitulares en lo concerniente a PERMISOS
DE OPERACIONES para la prestacin del
serviciodetransporte suburbano en la Ruta Peas
Blancas-Sapo, en el Departamento de Rivas.
La Ley General de Transporte, contenida en el
Decreto No. 164 publicado en La Gaceta, Diario
Oficial No. 34 del diecisiete de febrero de
mil novecientos ochenta y seis, es el cuerpo normativo
que regula el transporte de personas y
bienes por cualquier medio de transporteterrestre,
ferroviario, martimo, acutico, lacustre o
areo; actividades que segn el propio instrumento
legalrequieren de una autorizacin para
su funcionamiento.Para el caso del sector terrestre
se impone como exigencia una licencia de
funcionamiento, por el cual el Est
