Djala decidir

Est en discusin en la comisin de Justicia y Derechos Humanos del Congreso la cuestin de la despenalizacin del aborto por violacin, y dentro de poco sus integrantes debern tomar una decisin. La campaa contra la despenalizacin est fuerte y sus promotores mueven todas sus fichas para impedir que las mujeres abusadas puedan obtener el derecho a decidir sobre el embarazo que se les impuso criminalmente. Son aquellos que ponen el fanatismo de sus creencias y sus prejuicios por encima de los derechos del ser humano.

Pero esta no es ni debera ser una cuestin en manos de fanticos. Para decidir sobre ella se debe pensar con objetividad y razn. Por eso es correcto que para decidir la cuestin el Congreso solicitara la opinin tcnica de los ms altos organismos del Estado, entre los cuales estn en primer lugar el Poder Judicial y el Ministerio Pblico. La despenalizacin no es un asunto a resolver en un aquelarre fundamentalista, sino en el marco de un estado basado en la ley, que reconoce la primaca de los derechos humanos por mandato constitucional. Un estado que, por definicin, es laico.

Por eso, si los congresistas atienden razones tcnicas y jurdicas, no tienen otra alternativa que aprobar la despenalizacin, pues as se pronuncian y de manera rotunda el Poder Judicial y el Ministerio Pblico, mximas entidades del sistema jurdico nacional. Sin contar con la opinin en igual sentido de otras entidades nacionales como la Defensora del Pueblo o el Ministerio de Salud.La opinin tcnica del Poder Judicial, en particular, reviste una importancia primordial por la claridad de sus conceptos y conclusiones. As, en relacin con el tema en discusin, nos remite a las obligaciones primigenias del Estado de proteger a sus ciudadanos, cuando afirma que frente a hechos de violencia de gnero como son: la violacin sexual de mujeres (), los Estados estn obligados () a garantizar que las consecuencias de los mismos no se prolonguen en el tiempo, a travs de la imposicin de un embarazo no deseado, producto de un evento por dems traumtico y lesivo para la integridad fsica, psicolgica y social de la mujer.

El documento remitido por el Poder Judicial al Congreso aborda la cuestin directamente y plantea: es razonable un embarazo forzado producto de la imposicin del acto sexual ejercido contra la mujer ()? Evidentemente que no (), de all que la despenalizacin del aborto sentimental por parte del Estado se constituya en la alternativa ms eficaz, razonable y proporcional para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres En la jerga jurdica se denomina aborto sentimental al aborto de la mujer que ha sufrido violacin.

El documento dice concluyentemente que: la imposicin a la mujer de un embarazo derivado de hechos graves como son la violacin sexual () se convierte en un ejercicio abusivo del poder del Estado, en una ilegtima coaccin legal, que no tiene otro sustrato que la discriminacin contra la mujer, la cual debe ser abolida. Porque se trata de la imposicin de un embarazo que a todas luces resulta traumtico y pluriofensivo para las mujeres.

El Poder Judicial plantea directamente la pregunta incmoda que los fanticos se niegan a responder: Debe acaso imponerse a la mujer el cumplimiento de su rol natural de perpetuadora de la especie human por encima de ella misma, de su salud, de su integridad personal, incluso de su propia autodeterminacin para decidir sobre el ejercicio de su propia sexualidad y reproduccin?

El dictamen del Poder Judicial tambin desbarata las mentiras que los autodenominados defensores de la vida ha echado a rodar, y dice claramente: El Proyecto de Ley materia de anlisis no pretende imponer el aborto a las mujeres que han quedado embarazadas a raz de un abuso sexual (..). Lo que busca es reconocerles la libertad de poder decidir la interrupcin o no del mismo, en pro de su bienestar fsico, emocional y material, y en salvaguarda del desarrollo de sus relaciones interpersonales y de su propio proyecto de vida, conforme a su conocimientos, creencias, sentimientos, emociones y valores.

Y agrega: La mujer, en su calidad de persona humana, debe ser considerada un fin en s misma, no como un instrumento para asegurar la perpetuacin de la especie, por encima de su propia integridad personal, su salud fsica, psicolgica y social, as como de sus derechos reproductivos y sexuales, y su propia autodeterminacin personal.

A ver pues, congresistas, tienen los argumentos ms autorizados sobre la mesa, y todos coinciden en la despenalizacin. Los desecharn para refugiarse una vez ms en los prejuicios y supersticiones? No sean timoratos, siquiera esta vez, y djenlas decidir.