52

Internacional

En junio de 2006, el empresariado colombiano en cabeza de la ANDI, las centralessindicales y el Gobierno Nacional presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) el “Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia”.

Por: Alberto Echavarría SaldarriagaVicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales

Avances del plan de acción firmadocon el Gobierno de Estados Unidos

En junio de 2006, el empresariado colombiano en cabeza de la ANDI, las centrales sindicales y el Gobierno Nacional presentaron ante la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) el “Acuerdo

Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democra-cia”. Posteriormente, durante la visita a nuestro país de una Misión de Alto Nivel de la OIT en 2011, se acordó la refrendación de dicho acuerdo.

LA REVISTA DE LOS EMPRESARIOS DE COLOMBIA

53

En ese mismo año, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos suscribieron el 7 de abril el denominado “Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales”.

En el marco del plan de acción, el Gobierno de Colombia se comprometió a adoptar una serie de medidas en unos plazos determinados, en temas como: El Ministerio del Trabajo, las Cooperativas de Trabajo Asociado, los Programas de Protección, y la Reforma a la Justicia Penal, entre otros.

En ese mismo año, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos suscribieron el 7 de abril el deno-minado “Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales”, con el objetivo fundamental de proteger los derechos laborales internacionalmen-te reconocidos, prevenir la violencia contra sindicalis-tas y castigar a los autores de estos actos violentos.

Es así que los compromisos asumidos en el Plan de Acción fueron totalmente coincidentes con lo esta-blecido en el Acuerdo Tripartito y las recomendacio-nes de la Misión de Alto Nivel que visitó Colombia en 2011 para la verificación de la aplicación del mencio-nado acuerdo.

En el marco del plan de acción, el Gobierno de Colombia se comprometió a adoptar una serie de me-didas en unos plazos determinados, en temas como: El Ministerio del Trabajo, las Cooperativas de Trabajo Asociado, los Programas de Protección, y la Reforma a la Justicia Penal, entre otros.

La ANDI, en comunicación enviada al Gobierno, apoyó su iniciativa y la firma del Tratado de Libre Co-mercio (TLC) con Estados Unidos. En ese momento destacó que la suscripción de estos acuerdos daba un mensaje claro, tanto nacional como internacional, del interés de los actores tripartitos en promover el libre ejercicio de los derechos laborales en un país, que como el nuestro, venia alcanzado un crecimiento sostenido en todos los campos, entre ellos, el socio-laboral.

mentación. Para la ANDI, los avances, tanto en mate-ria laboral como social, son contundentes.

En los últimos tres años, el empleo formal ha cre-cido en más del 2%. En el trimestre móvil noviembre-enero 2014, del total de ocupados, el 51,04% tenía un empleo formal. Estamos hablando de un país con más bienestar, más inclusión, menor pobreza, menor desigualdad, con una población más educada y una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. Un país que disminuyó su pobreza en más de 20 puntos, en solo 10 años.

Al cumplirse tres años desde la firma del plan de acción, resulta conveniente hacer una síntesis de los progresos alcanzados y de los resultados en su imple-

54

Internacional

Los cuatro avances del plan de acción pueden agru-parse en cuatro grandes temas de la siguiente forma:

1. Fortalecimiento institucional

El primer punto del plan señala la creación del Mi-nisterio del Trabajo, su capacitación, el mejoramiento del sistema de quejas y de mecanismos de solución de controversias.

Después de la escisión del Ministerio de Protec-ción Social, se crea nuevamente el Ministerio del Tra-bajo, que da énfasis a los temas de empleo, inspec-ción, pensiones y relaciones laborales.

Indica el plan de acción, que el Gobierno colom-biano dispondrá de partidas presupuestales para la contratación de 480 nuevos inspectores de trabajo durante un período de cuatro años. En ese sentido, según información de este ministerio, el proceso ad-ministrativo y de reserva presupuestal para tal fin ya concluyó. Ya han pasado el proceso de selección 683 inspectores, distribuidos en todo el territorio nacio-nal, en las 35 direcciones territoriales.

De otro lado, con el objetivo de fortalecer y faci-litar la inspección laboral, se implementó un sistema de quejas. El Centro de Orientación y Atención Laboral (Colabora), ha incorporado nuevas herramientas tec-nológicas como el inspector virtual, la línea 120 y la orientación a través de las principales redes sociales utilizadas en el país.

Dentro del desarrollo del plan de acción, se in-cluyó además un cronograma de talleres para los ins-

pectores de trabajo, sobre temas como conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos. En cumplimiento con este compromiso y con el acom-pañamiento de la Organización Internacional del Tra-bajo (OIT), se han capacitado aproximadamente 700 personas en negociación, mediación y resolución de conflictos, según cifras oficiales.

También se encuentra en curso un proyecto de cooperación técnica con la OIT, con el que se ha podi-do fortalecer la capacidad de acción de la inspección del trabajo, mejorar el diálogo social tripartito tanto a nivel nacional como local y articular el trabajo reali-zado por las instituciones públicas- Este trabajo persi-gue tres grandes objetivos:

a) Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio del Trabajo, especialmente aquellas re-lacionadas con la inspección del trabajo.

b) Reforzar las instancias del dialogo social exis-tentes y de los interlocutores sociales que partici-pan en ellas, en particular a nivel departamental y local.

c) Robustecer la capacidad institucional del Go-bierno colombiano para mejorar las medidas de protección de los dirigentes, miembros, activistas y organizadores sindicales, así como combatir la impunidad.

2. Contratación laboral

La formalización laboral se estableció como una política de Gobierno, que busca que trabajos en con-

LA REVISTA DE LOS EMPRESARIOS DE COLOMBIA

55

El Gobierno también ha emitido el Decreto 2025 de 2011 para evitar malas prácticas en la Cooperati-vas de Trabajo Asociado y el Decreto 2798 de 2013, sobre tercerización laboral, cuyo texto debe dero-garse por ser confuso. En tal sentido, la Comisión de Concertación Laboral acordó solicitar al Gobierno su derogatoria en días pasados.

3. Diálogo social

Los mecanismos de diálogo y solución de contro-

versias se han fortalecido. En este sentido, la Comi-

sión Permanente de Concertación de Políticas Salaria-

les y Laborales ha sido el escenario para acordar e

impulsar temas de la mayor importancia en el desa-

rrollo de las políticas laborales del país. Se han logra-

do importantes avances en materia de políticas labo-

rales entre empleadores y trabajadores, destacándose

el acuerdo del incremento del salario mínimo para los

años 2012 y 2014, con aumentos del 5,8% y el 4,5%,

respectivamente.

diciones ilegales se transformen en relaciones labora-les que respeten la normatividad.

Los acuerdos de formalización están regulados por la Ley 1610 de 2013 como mecanismo suscrito entre los empleadores y el Ministerio del Trabajo, con el ánimo de lograr compromisos en la materia.

Entre 2012 y 2013, se han vinculado a estos acuerdos diversos sectores, lo que ha permitido que 12.051 trabajadores hayan sido formalizados en em-presas principalmente de transporte, salud, aseo y entretenimiento, entre otros, según información del Gobierno Nacional.

En la actualidad, el ministerio impulsa la gestión de acuerdos marco de formalización por sectores eco-nómicos, como es el caso de la palma y el portuario.

La ANDI, si bien considera que ese mecanismo es una vía de encuentro para los sectores informales, tie-ne reservas sobre la forma en que se puedan orientar estos acuerdos en empresas formales; ya que la inade-cuada interpretación por parte de inspectores del tra-bajo, acerca del concepto de “actividad misional per-manente”, podría originar sanciones a las compañías por la forma en que contratan servicios con terceros. Ante este panorama, la única alternativa para contratar directamente personal en las empresas sería el acuer-do de formalización con el Ministerio del Trabajo.

En 2010 se expidió la Ley 1429, que tiene como cometido principal la formalización y generación de empleo en Colombia, privilegiando los sectores más vulnerables.

La ANDI, si bien considera que ese mecanismo es una vía de encuentro para los sectores informales, tiene reservas sobre la forma en que se puedan orientar estos acuerdos en empresas formales.

56

Internacional

La ANDI participa en todas las subcomisiones temáticas que hacen parte de esta comisión: Comité Sectorial del Sector Público, Comisión Especial de Tra-tamiento de Conflictos ante la OIT (Cetcoit), Subcomi-sión de Asuntos Internacionales del Sector Trabajo, Subcomisión de Migración Laboral, la Subcomisión de Seguridad Social y la Subcomisión de Productividad Laboral. En marzo de 2014, se constituyó la Subco-misión de Formalización Laboral con el propósito de aclarar conceptos en esta materia y darle sentido a las diversas formas de contratación.

La Cetcoit es el organismo encargado de atender los conflictos suscitados en las materias reguladas por los Convenios de OIT ratificados por Colombia, específicamente aquellos atinentes al tema de la liber-tad sindical. Al día de hoy se han logrado 46 acuerdos en los 77 casos tratados.

De otro lado, se creó en 2011 el Observatorio de Conflictos Socio-Laborales, que brinda información para anticipar y prevenir conflictos laborales a nivel local, apoyándose en un sistema de alertas tempranas que reúne la información desde diferentes fuentes y permite adoptar medidas preventivas.

4. Derecho de asociación y libertad sindical

Con la firma del Plan de Acción, el Gobierno co-lombiano confirmó su compromiso con la protección de los derechos laborales y sindicales reconocidos a nivel internacional, la prevención de la violencia con-tra dirigentes sindicales, y el enjuiciamiento a los au-tores de estos delitos.

Los programas de protección a sindicalistas sub-sisten y las sentencias condenatorias por actos delicti-vos contra estos continúa a buen ritmo. La ANDI hizo un segundo estudio de los resultados de tales senten-cias en el que se concluye, entre otros asuntos, que los responsables por tales crímenes son los grupos alzados en armas y que el 15% de los homicidios obe-decen a móviles por la actividad sindical de la víctima.

Según la información del Ministerio del Trabajo, en los últimos dos años se han constituido 791 sindicatos, un 48% más que los creados entre 2010 y 2011.

LA REVISTA DE LOS EMPRESARIOS DE COLOMBIA

57

Según la información del Ministerio del Trabajo, en los últimos dos años se han constituido 791 sindi-catos, un 48% más que los creados entre 2010 y 2011.

La negociación colectiva ha tenido un fuerte in-cremento en los dos últimos años. Mientras que en el 2010 y 2011 se suscribieron 443 acuerdos, en 2012 y 2013 la cifra ha llegado a 840, lo que significa un incremento del 90% con respecto al período anterior.

El programa judicial previsto para atender actos de violencia contra sindicalistas se continúa fortale-ciendo: El Estado colombiano cuenta con 25 fiscales especializados; 5 fiscales para atender los Centros de Atención a Víctimas y un grupo especial de investiga-dores judiciales conformado por el Cuerpo Técnico de Investigadores (CTI) e investigadores de la Policía Nacional, institución que ha asignado 100 investiga-dores con todos los medios logísticos y de presupues-to, y tres juzgados especializados.

De otro lado, y como fue reconocido en el infor-me de 2013 del Consejo de Derechos Humanos de

la ONU, la Fiscalía General de la Nación ha adoptado una nueva política criminal de investigación de viola-ciones a los derechos humanos y ha dispuesto la crea-ción de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de carácter interdisciplinario, asumiendo los estándares adoptados por los tribunales internacionales.

La ANDI participa en el mecanismo de trabajo conjunto y tripartito con el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales, a través de reuniones periódicas en las que se atienden las inquietudes y comentarios frente a la gestión de la investigación de los casos de violencia sindical.

Conclusión

Tres años después de la firma del Plan de Acción entre el Gobierno colombiano y el Gobierno de Esta-dos Unidos, se han presentado avances en todos los campos, lo que permite afirmar que, con un decidido compromiso del empresariado colombiano, las rela-ciones socio laborales en Colombia han tenido progre-sos, los que se seguirán produciendo hacia adelante.