Revista HERENCIA: El peligro de ser niña y adolescente en La Paz

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    actualidadEl peligro de ser niay adolescente en La Paz

    Helen lvarez Virreira*

    Ser nia y adolescente

    mujer en la ciudad de La

    Paz es un peligro, ya que

    cada semana al menos tres

    sufren un ataque sexual.

    El 90% del riesgo de violacin est entre

    las cuatro paredes del hogar, donde ace-

    chan padres, padrastros, hermanos, tos,

    abuelos, es decir que cualquier pariente

    del sexo masculino, y tambin los ami-

    gos de la familia, puede ser un potencial

    agresor sexual.

    Esta ltima armacin puede ser cho-

    cante y con seguridad injusta con much-simos varones, pero deriva de los regis-

    tros de cuatro instituciones que atienden

    los casos de violencia contra nias, nios

    y adolescentes: Defensora de la Niez

    y Adolescencia, Defensora del Pueblo,

    Fuerza Especial de Lucha contra la Vio-

    lencia (FELCV) y Hospital del Nio

    Ovidio Aliaga Ura. Los casos en los

    que una mujer protagoniza la agresin

    son muy raros, segn indicaron.

    Los desconocidos, tanto en el rea

    urbana como rural, representan alrededor

    del 10% del riesgo de violacin para las

    nias y adolescentes, y en estos casos el

    ataque rara vez ocurre dentro de la casa;

    la mayora se produce cuando se encuen-

    tran en la calle, ya sea de ida o retorno del

    colegio, cuando hacen alguna compra o si

    estn inmersas en trabajo infantil.

    La edad de mayor peligro est entre

    los seis y los 16 aos, aunque en el

    mbito educativo las adolescentes estn

    expuestas hasta el ltimo curso. Sin

    embargo, la trabajadora social de la salaPediatra General del Hospital del Nio,

    Fresia Saravia, ha observado en los lti-

    mos dos aos algo que no haba visto en

    sus 15 aos de trabajo en ese nosocomio:

    la violacin a nias muy pequeas que

    terminaron con lesiones gravsimas. En

    2013. hubo dos casos, el de una nia de

    un ao y dos meses, y el de una beb de

    siete meses, y en 2014 un caso, el de una

    pequea de tres aos.

    El director de la Defensora de

    la Niez y Adolescencia del Gobier-

    no Autnomo Municipal de La Paz

    (GAMLP), Marcelo Claros, inform de

    que en el primer cuatrimestre de 2014 se

    registraron 2.300 denuncias de violencia

    contra nias, nios y adolescentes.

    De ese total entre el 4% y 5%, unas

    115 denuncias, corresponden a delitos de

    orden sexual: violacin, estupro y abuso

    deshonesto; pero la violacin representa

    ms del 50% de los casos. En ms del

    90% de estos las vctimas fueron nias

    y adolescentes; es decir que cada mes-entre enero y abril de este ao- fue

    destruida la vida de al menos 13 mujeres

    menores de 18 aos.

    La beb de siete meses que sufri un

    ataque sexual en septiembre de 2013 se

    encuentra en un hogar de acogida; fue

    separada de sus padres por negligencia,

    pues la dejaron sola con su amigo de 24

    aos. Tienen que practicarle una segun-

    da ciruga para reconstruir el dao de la

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    Laedad de

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    proyectos

    regin plvica y cuando la llevan a las consul-

    tas, se ve a una nia con una innita tristeza

    en el rostro, segn relata la trabajadora social

    del Hospital del Nio.

    Desde 2012, cuando se emitieron los decre-tos supremos 1302 y 1320 que dispone que el

    Ministerio de Educacin y las direcciones

    departamentales de educacin tienen la obli-

    gacin de denunciar y ser parte en los proce-

    sos penales por delitos sexuales, la Direccin

    Departamental de La Paz lleva adelante 38

    casos tanto en provincias como en la capital.

    El director Basilio Prez indic que los

    principales obstculos que tienen son los

    directores distritales y los scales que no

    actan rpido y dejar escapar a los violadores.

    Las conciliaciones en el rea rural tambin

    son un problema, porque las familias desisten

    y as se les desarman los juicios. Una ven-taja es que pueden coordinar entre direcciones

    departamentales y distritales, esto les permiti

    ubicar en planillas a dos agresores sexuales

    prfugos: uno estaba en Arcopongo y el otro

    en una comunidad del Beni.

    VULNERACIN ALDERECHO A LA ATENCINMDICA INMEDIATAPor lo general, debido a la brutalidad del

    ataque, sumada a la fragilidad de los cuerpos

    infantiles y a la desproporcin con el de los

    adultos, son necesarias las intervenciones

    quirrgicas. Antes debe realizarse el examen

    forense, pero hasta que llegue el mdico pue-

    den transcurrir varias horas, ya que no acuden

    sin orden de la Fiscala y en esta instancia

    deben recibir primero la denuncia de la Defen-

    sora de la Niez y la Adolescencia.

    Esa demora atribuida a la burocracia

    podra evitarse si se aplicara el protocolo que

    emiti el Viceministerio de Igualdad de Opor-

    tunidades del Ministerio de Justicia en 2010,

    en coordinacin con Salud, para la atencin de

    la violencia sexual. Es decir que el personal

    mdico est capacitado para la recoleccin de

    pruebas que permitan castigar al agresor y que

    un familiar est presente durante el examen;

    que cuenten con una autorizacin escrita yrmada por la madre, padre o tutor, y que

    realicen un informe adecuado.

    Sin embargo, a pesar de que la vida de

    las nias podra estar en riesgo y del dolor

    que sufren algunas deben ser sedadas para

    que soporten la espera y luego el examen,

    el personal mdico no acta hasta que llegue

    el forense, porque temen que los acusen por

    negligencia mdica, segn Saravia.

    En el rea rural del departamento de La

    Paz la situacin puede ser ms grave incluso,

    sobre todo si el violador tiene algn cargo en

    la comunidad o si es cercano a las autoridades

    locales. Eso ocurri en La Asunta, en Sud

    Yungas, donde a una nia de 11 aos los diri-

    gentes le privaron de la atencin mdica que

    requera. La madre traslad a la pequea a la

    ciudad de La Paz y la llev al Hospital de la

    Mujer donde no la aceptaron y la mandaron al

    Hospital del Nio.

    En el nosocomio demoraron en atenderla y

    tuvo que intervenir la Representacin Depar-

    tamental La Paz de la Defensora del Pueblo,

    inform la representante Tela Guarachi.

    La directora general de Prevencin y Elimi-

    nacin de toda Forma de Violencia en Razn

    de Gnero y Generacional del Ministerio de

    Justicia, Ana Clavijo, considera que el hecho

    de que la atencin mdica de la nia haya

    dependido de los dirigentes es una deshuma-

    nizacin total.

    INCUMPLIMIENTODE LA NORMATIVALo que ocurre en el mbito de la salud se observa

    tambin en el educativo y esto pone en evidencia

    que no tiene prioridad el inters superior de la

    nia, nio y adolescente que comprende la pree-

    minencia de sus derechos, la primaca en recibirproteccin y socorro en cualquier circunstancia,

    la prioridad en la atencin de los servicios pbli-

    cos y privados, y el acceso a una administracin

    de justicia pronta, oportuna y con asistencia de

    personal especializado.

    Esta preeminencia que se incumple ha sido

    establecida en el artculo 60 de la Constitucin

    Poltica del Estado y en toda la normativa des-

    tinada a proteger a la niez y la adolescencia:

    Cdigo del Nio, Nia y Adolescente, Ley

    348 contra la Violencia Hacia las Mujeres,

    Ley 263 contra la Trata y Trco de Personas,

    Ley 054 de Proteccin Legal de Nias, Nios

    y Adolescentes y Ley 1063 de la educacin.

    Pasa lo mismo con la aplicacin del artcu-

    lo 10 de la Ley 073 de deslinde jurisdiccional

    que establece los lmites entre la justicia ordi-

    naria y la justicia indgena originario campe-

    sina. Esta disposicin indica que los delitos

    cometidos en contra de la integridad corporal

    de nios, nias y adolescentes, los delitos

    de violacin, asesinato u homicidio deben

    tratarse en el mbito penal. Sin embargo, en

    algunas comunidades hasta estn expulsando

    a las madres con las nias que han sufrido

    violacin, por haber denunciado el hecho a

    la justicia ordinaria, segn inform una scal

    que preere guardar su nombre en reserva.

    Las regiones donde hay ms resistencia, e

    incluso retroceso, de parte de las autoridades

    originarias estn en el occidente, en el trpico

    y en zonas fronterizas, segn Clavijo. Aclar,

    sin embargo, que las conciliaciones propicia-

    das en el rea, que incluyen resarcimiento

    a la familia de la vctima de la violacin y

    aporte a la comunidad, no son recientes; lo

    que rescata es que ahora al menos en estas

    zonas ya reconocen que hay violencia contra

    la niez y la adolescencia.

    LAS NIAS Y ADOLESCENTES,LAS MS AGREDIDAS YABANDONADASEs la mujer nia y adolescente la que es ms

    maltratada y violentada en el Municipio de La

    Paz, arm Claros y para la representante de

    la Defensora del Pueblo en La Paz este tema

    no solo debera alarmar, sino se le debera

    poner solucin.

    En las 40 tipologas de violencia que

    maneja la Defensora de la Niez y la Ado-

    lescencia, que tambin incluye las tres rela-

    cionadas con delitos sexuales, las nias y

    adolescentes son las principales vctimas en

    un 60%. El Hospital del Nio, por ejemplo,

    entre enero y junio de 2014 atendi 60 casos

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    de maltrato fsico, de los cuales 39 eran sobre

    nias y adolescentes.

    De acuerdo a los datos del nosocomio, la

    cantidad de nios y nias que sufren maltrato

    es similar cuando tienen entre 1 y 4 aos,

    pero cuando tienen entre 0 y 1 ao, entre 5 y

    10 aos y entre 11 y 14 aos, el porcentaje de

    mujeres agredidas sube a entre 70% y 80%,

    respecto a los varones.

    Tambin las nias y adolescentes son

    las ms abandonadas. El albergue municipal

    recibe a la semana unos ocho bebs, de

    los cuales cinco o seis son mujeres, indica

    Claros. En el primer cuatrimestre, el Servicio

    Departamental de Gestin Social (Sedeges)

    realiz 18 trmites de inexistencia de liacin,

    de ese total 11 eran nias de hasta ao y medio

    de edad sin ningn familiar.

    El jefe de la Unidad Jurdica del Sedeges,

    Lenidas Soria, recibi adems unas 12 soli-

    citudes en 2013 y tres hasta mayo de 2014 de

    padres que queran dejar a sus hijas adoles-centes en los hogares de acogida de la gober-

    nacin de La Paz. Pero nunca se le present

    algn pedido similar en el caso de varones

    adolescentes.

    El argumento de los padres suele ser que

    las adolescentes tienen un comportamiento

    inadecuado en la familia, porque les gusta

    salir, estar con sus amigos, por ejemplo. Pero

    en denitiva lo que quieren es que sus hijas

    cumplan su rol de mujeres y ellos no cumplir

    su rol de paps, sostiene Soria.

    Para Guarachi esta es una cadena muy

    peligrosa que puede ser replicada por las adoles-

    centes en su edad adulta. Adems, puede desenca-

    denar en huida. De hecho, entre enero y marzo, la

    Defensora de la Niez y la Adolescencia recibi

    61 denuncias de abandono de hogar.

    El mbito educativo tambin es de mucha

    violencia para las nias y adolescentes, tanto

    fsica, psicolgica y sexual, segn Lidia Rodr-

    guez, Responsable de la Unidad de Derechos

    Humanos de la Infancia, Nia, Nio y Adoles-

    cente de la Defensora del Pueblo.

    La psicolgica es ms difcil de deter-

    minar, pero segn Karen Flores, directora

    de Voces Vitales, en un estudio determi-

    naron que siete de cada diez adolescentes

    fue objeto de burla de parte de sus profe-

    sores; de ese total el 40% son mujeres, es

    decir alrededor de tres. Pero a las chicas

    les afecta con mayor intensidad, porque

    hacen referencia directa a su cuerpo, a su

    sexualidad, a su sexo o a su gnero; es ms

    doloroso para ellas.

    TRES SITUACIONESPARTICULARESLas adolescentes embarazadas, las trabajado-

    ras del hogar y las nias indgenas son tres

    grupos sufren una carga adicional de violen-

    cia, por su misma situacin.

    En las primeras el embarazo suele ser

    el resultado de una violacin, pero adems

    deben soportar el estigma social que las res-

    ponsabiliza de su situacin. Esto hace que

    incluso les priven del derecho a estudiar, lo

    cual es inadmisible, indic Rodrguez. En las

    reas rurales son utilizadas incluso por algu-

    nos dirigentes para obtener ventajas o quieren

    aplicar la justicia comunitaria sobre ellas para

    ocultar al violador, segn Guarachi. En los

    servicios de salud tambin sufren de discrimi-

    nacin, como indic una madre adolescente

    a la que, por lo general, la hacen esperar ms

    que al resto.

    Las trabajadoras del hogar nias y ado-

    lescentes no solo sufren explotacin laboral

    y violencia fsica y psicolgica, sino que

    tambin son maltratadas en el Ministerio

    de Trabajo cuando quieren denunciar a sus

    empleadores, porque les piden pruebas que

    ellas no tienen. Yola Mamani es radialista y

    vivi esa experiencia. Cuando eres nia te

    golpean, no te puedes defender, solo lloras;

    te jalan del pelo, te pellizcan, te empujan; esohaca mi empleadora; adems a muchas no

    las dejan estudiar.

    Algunas tareas que las nias indge-

    nas deben realizar en el campo, como el

    pastoreo , tambin las expone al riesgo de

    violacin. Una joven emigrante fue violada

    por su hermano mayor entre los ocho y los

    14 aos, hasta que decidi dejar su casa.

    Call hasta los 18 aos, pero su familia se

    puso del lado del violador. A sus siete aos

    Mamani y su prima de 11 fueron testigos

    de una violacin; si bien no entendan lo

    que ocurra, respondieron al pedido de

    auxilio de la adolescente y le lanzaron

    piedras al agresor, y cuando lo distrajeron

    escaparon corriendo.

    LA JUSTICIA,UN PROBLEMAUna coincidencia entre todas las personas

    entrevistadas es que la justicia no responde de

    manera adecuada y oportuna para sancionar

    a los agresores, por diferentes motivos: indi-

    ferencia, insensibilidad, falta de personal, de

    recursos, burocracia, corrupcin, entre otros

    aspectos.

    La Paz cuenta con dos juzgados de la

    niez que recibe tambin los casos de los

    Yungas y El Alto con uno, donde se encar-

    gan de las denuncias de las provincias del

    Altiplano. El abogado del Sedeges considera

    que la saturacin se debe a que son mul-

    tidisciplinarios, ya que atienden casos en

    materia penal, familiar y laboral, adems de

    las adopciones.

    Por otro lado, en el caso de la Polica nohay claridad sobre si la atencin le corres-

    ponde a la Fuerza Especial de Lucha contra

    la Violencia (FELCV) o a la Fuerza Especial

    de Lucha contra el Crimen (FELCC). Un caso

    que puso en evidencia la descoordinacin

    se dio en mayo, cuando una nia y un nio,

    ambos hermanos, sufrieron una violacin. A

    la nia la derivaron a la FELCV y al nio a la

    FELCC. Esto en s mismo, segn Clavijo, es

    una vulneracin de derechos.

    Clavijo espera que el reglamento que

    estn elaborando para la Ley 348 deje claras

    las competencias. Asimismo, estn esperando

    que el Consejo de la Magistratura determine,

    en funcin a la poblacin, cuntos juzgados

    especializados hacen falta para atender los

    procesos por violencia; sin embargo, todava

    no se ha denido si habr alguno especco

    para la niez.

    Mientras tanto, hay algunas sugerencias.

    La Defensora del Pueblo plantea encarar una

    cruzada contra la violencia hacia la niez y

    adolescencia, que involucre tanto a las familias

    como a la sociedad en general y a las entidades

    estatales. Considera tambin que se deben

    crear mecanismos de vigilancia sobre algunas

    actitudes que propician situaciones de violen-

    cia, como la pornografa, la erotizacin de las

    nias, as como el consumo de alcohol y drogaen espacios donde viven menores de 18 aos.

    La abogada penalista Ana Brgida Sagre-

    do cree que el delito de violacin debera ser

    imprescriptible, de manera que las vctimas pue-

    dan iniciar los procesos al alcanzar la mayora

    de edad o cuando sientan la fortaleza suciente.

    Yola Mamani que el Ministerio de Trabajo

    tiene que cumplir lo establecido por la Ley

    263 contra la trata y trco y reglamentar el

    funcionamiento de las agencias de empleo, un

    pedido que las trabajadoras del hogar vienen

    haciendo desde hace unos diez aos.

    (*) Periodista. Investigacin realizada para la

    Fundacin para el Periodismo.

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