REVISTA DEBATES N° 40

ENERO — ABRIL/2005

No. 40REVISTA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contenido

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Realistas versus idealistas en el proceso de paz con los grupos paramilitaresPor Francisco Cortés Rodas*

Venezuela: asustas con tu modeloPor Faber Cuervo

Europa y Colombia hermanadas en la mala educaciónPor Myriam Ríos Madrid

Internacionalización, una palabra de moda o una paradoja para la universidad colombiana en el actual escenario global de la educación superiorPor Jorge Uribe Roldán

La reelección en Colombia: sus implicaciones sobre el escenario políticoPor Gloria Isabel Quintero Pérez

Universidad, Región y CulturaPor Lucelly Villegas Villegas

Movimiento mundial contra la privatización del AGUA

Entre la sed de vida y la sed de gananciasPor Raúl A. Wiener Fresco

Agua, trasnacionales y nanotecnologíaPor Silvia Ribeiro

“Para vivir con dignidad: acceso universal al agua”

Alerta por el deterioro ecológico del planeta

La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible tiene hoy plena vigencia

Excluir el agua de la esfera del comercio y de las reglas del mercado

Se podía haber evitadoPor María Jesús Izquierdo

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresiónde las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

Alberto Uribe Correa, Rector - Ana Lucía Herrera Gómez, Secretaria General

Editores: Alberto González Mascarozf, [email protected] Luis Javier Londoño Balbín, [email protected]: Carlos Alberto Mejía WalkerDiseño original: Saúl ÁlvarezDiagramación: Juan Camilo Vélez RodríguezImpresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia

Departamento de Información y Prensa – Secretaría General - Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. Teléfonos 2105023 y 2105026. Fax 2331627. E-mail: [email protected] Consulte DEBATES en almamater.udea.edu.co/debates

El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

Agua, agonía e indignaciónEstamos en el siglo XXI. Aquél que los relatos de hace cinco décadas pintaban como la época donde la

imaginación de la ciencia ficción se haría realidad. En efecto, eso ha ocurrido, incluso antes de las prediccio-nes que, además, pronosticaban un bienestar generalizado a partir de los adelantos en todos los campos en donde ha incursionado la mente humana. Pero, la paradoja no puede ser más angustiante, cuando las cifras son puestas sobre la mesa y se constata que más que cifras son denuncias irrebatibles. En plena “era del conocimiento”, en plena “era de la comunicación”, en plena “era de la información sin fronteras”, en mo-mento en que los adelantos de la biología, la genética y la bioingeniería casi han develado los secretos más profundos de la vida, sobre la corteza del planeta deambulan 50 millones de personas infectadas con el HIV y la gran mayoría sin ningún tratamiento ni atención, 800 millones sin acceso a comida suficiente para alimen-tarse, 1.100 millones sobreviviendo con menos de un dólar diario, 10 millones de niños y niñas muriéndose antes de cumplir los cinco años por causas evitables, y más de 1.200 millones de seres humanos sin acceso al agua potable.

A propósito de este último tema, dice el analista de la AIS, Iñigo Herraiz: “El agua potable es un lujo fuera del alcance de uno de cada cinco habitantes del planeta y son dos quintas partes de la humanidad las que carecen del saneamiento más básico. Una situación que amenaza con arruinar los esfuerzos por erradicar el hambre y la pobreza extrema, universalizar la educación y la atención sanitaria, o acabar con las desigual-dades de género en el mundo. Y es que estamos ante una crisis humanitaria ‘silenciosa’ que se cobra dia-riamente la vida de miles de niños, socava el desarrollo de muchos países y despoja a los más pobres de su salud, su tiempo y su dignidad. De ahí que un grupo de expertos de Naciones Unidas haya llegado a la con-clusión de que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pasa por poner el acento en la expansión de los servicios de agua y saneamiento a escala global”.

Frente a este panorama, es claro que sobra todo argumento explicativo de la incursión de DEBATES en un tema que, no obstante su vigencia en foros y ambientes académicos mundiales –debido a la progresiva pri-vatización del servicio–, de él poco o nada registra la prensa masiva en Colombia. Y no es que el periodismo colombiano sea insensible ante el creciente estado de sed de la población. Todo lo contrario: la acción infor-mativa frente a la reciente crisis del agua vivida por los habitantes del Chocó, es prueba más que fehaciente.

Y compartiendo espacio con el informe especial sobre el agua potable –el cual ofrecemos gracias a los servicios de la Agencia de Información Solidaria, de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España –CONGDE– y de la campaña Pobreza CERO–, está el tema del conflicto colombiano, la reelección presidencial, el modelo económico puesto en marcha y abanderado por el presidente venezolano Hugo Chávez, el proceso de internacionalización de la universidad y el siempre cuestionado sistema educativo, asuntos abordados cada uno desde la óptima de los colaboradores, pero todos con el sello particular de la opinión como un derecho y como un deber.

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Realistas versus idealistas en el proceso de paz con los grupos paramilitares

Por Francisco Cortés Rodas*Universidad de Antioquia

¿Es moral y políticamente legítimo exigir que en las negociaciones del gobierno con los parami-litares (y/o eventualmente con los grupos guerrilleros) no se dé ningún tipo de intervención externa que pueda afectar o bloquear el desarrollo de este proceso?

Los defensores de una posición políticamente rea-lista afirman que en Colombia, dadas las condiciones políticas objetivas «los paramilitares están en la mesa de negociación por su propia voluntad y no porque hayan sido derrotados militarmente, y las FARC por lo menos hasta inicios del 2005 no han sido debilitadas en forma crítica y mucho menos derrotadas puesto que la mayoría de sus frentes mantiene casi intacta su capacidad militar», se impone el pragmatismo, es decir, la definición de un marco jurídico que sea aceptable por los paramilitares. Este marco jurídico se traduce en la admisión de un alto grado de impunidad. Aunque los realistas dicen que no se trata de una impunidad total, sí de aquella que sea necesaria para alcanzar la paz, que es la prioridad absoluta para esta sociedad. La impunidad que sea necesaria es entonces la que propo-nen los paramilitares, que la conciben en los términos de una mínima duración de las penas, de unas barreras muy amplias a la confesión de los crímenes, de unos límites a la redistribución de los bienes mal habidos y de una débil política de reparación a las víctimas.1 “Debe existir tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria. Todo por la paz, que

* Filósofo, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Filosofía, Universidad de Konstanz (Alemania). Becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) y de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha trabajado como investigador en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt am Main. Profesor asociado e Investigador del Instituto de Filosofía y del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros De la política de la libertad a la política de la igualdad. Un ensayo sobre los límites del liberalismo. Siglo del Hombre Editores/Universidad de Antioquia, 1999; La verdad en el infierno. Diálogo filosófico en las voces de Hobbes, Kant y Maquiavelo, Siglo del Hombre Editores, 2002.

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es el valor supremo, incluso por encima de la justicia”, escribe el analista político del realismo Alfredo Rangel.2

Para los críticos de este proceso, tanto internos como externos, es inadmisible la negociación con los paramilitares en estos términos. Los crímenes contra la población civil, las masacres de personas indefensas, la apropiación indebida de los bienes, deben ser castigados de acuerdo con las normas del derecho vigente en el país, del derecho internacional y de los principios de los derechos humanos; es necesario que se dé un amplio proceso redistributivo de los bienes mal habidos; y la reparación a las víctimas tiene que ser un proceso resti-tutivo profundo que haga viable la recomposición de las condiciones sociales, políticas y económicas que permi-tan a los afectados vivir una vida digna.3

Para los políticamente realistas, estas exigencias con-ducirán al fracaso de la negociación con los paramilitares y, por tanto, a un grave revés de la política de seguridad democrática implementada por este gobierno. Las pre-siones internacionales, las exigencias de justicia política y social, así como las demandas fuertes de reparación a las víctimas, planteadas por varios sectores políticos y de opinión en el país, terminarán en la propuesta de un esquema de negociación que sea aceptable moralmente, pero irrealizable políticamente. El pragmatismo político reclama entonces, para garantizar el éxito de este pro-ceso, así como de un eventual proceso de negociación con los grupos guerrilleros, que se rechace toda forma de intervención externa, tanto la que provenga de la comunidad internacional como la que proceda de las concepciones universalistas de la justicia, la democracia y los derechos humanos.

El problema que quiero discutir aquí es que el recha-zo de toda forma de intervención externa no puede ser fundamentado como una exigencia de justicia interna puesto que el grado de intensidad y extensión de los crímenes perpetrados por las organizaciones armadas en Colombia involucra automáticamente al derecho internacional y a las instituciones conformadas por la comunidad internacional para el aseguramiento y protección de los derechos humanos. Ningún gobier-no podría reclamar, en aras de una paz definida como el máximo valor político, la prioridad del principio de la soberanía del Estado, si este principio no está vin-culado a la legitimidad del poder. Apelar al realismo, para defender la idea de un Estado absolutamente independiente, como es supuesto en los principios de autodeterminación política y de no intromisión en los asuntos internos, no corresponde, sin embargo, a la actual situación mundial. Esto es más bien la expresión

nostálgica de un pasado político, que al no reconocer las exigencias de justicia determinadas por las trans-formaciones del orden internacional, sirve a la defensa ciega y unilateral de los intereses de los grupos más poderosos. En este sentido, la intervención proveniente de la comunidad internacional y la que proceda de las concepciones universalistas de la justicia, la democra-cia y los derechos humanos, es inevitable en un pro-ceso tan conflictivo y disputado como el que estamos tratando. La sociedad colombiana no puede estar abier-ta a las exigencias determinadas por la globalización económica y cerrada frente a las pretensiones condi-cionadas por la globalización política y las demandas de justicia económica global. En este artículo quiero mostrar porqué el realismo es una concepción política insuficiente e inadecuada para justificar las orientacio-nes políticas de un Estado que busca legitimar su poder en el aseguramiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Siguiendo el modelo hobbesiano del estado de naturaleza, los realistas conciben las relaciones entre los Estados como un orden dominado por las leyes del estado de naturaleza, es decir, como un sistema dominado por la fuerza y el poder. Al igual que los indi-viduos en el estado de naturaleza están enfrentados en una guerra a muerte por la supervivencia, los Estados en la situación anárquica del estado de naturaleza no están limitados por ninguna ley y son por tanto com-pletamente libres para realizar la política internacional que ellos quieran de acuerdo con sus propios intereses. Para el realismo, si se quiere establecer un orden dura-dero y pacífico entre los Estados, éste tiene que soste-nerse en las capacidades de adecuación de los intere-ses nacionales a las exigencias de un sistema basado en la amenaza mutua, y no en un derecho que trascienda las fronteras de los Estados particulares. Para los realis-tas el problema fundamental de la política es cómo es posible mantener el poder del Estado. Para el político realista las acciones no son ni buenas ni malas, los valores de la moral no cuentan en la política. La esfera de la política es gobernada de diferente manera a como es dirigida la esfera de la moral. La moral no tiene por tanto ningún lugar en la política internacional. En la medida en que no existe en el orden internacional nin-guna instancia ni ninguna autoridad que pueda regular políticamente las relaciones entre los Estados, los Esta-dos se encuentran potencialmente en una situación de permante conflicto. Bajo estas circunstancias, la acción política realizada bajo la orientación de parámetros mo-rales sería no solamente peligrosa, sino inmoral, puesto que los Estados están obligados a proteger la seguridad

Realistas versus idealistas en el proceso de paz con los grupos paramilitares

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y el bienestar de sus propios ciudadanos. Para los rea-listas la justicia es interna al Estado y es posibilitada por el Estado. Las fronteras de la justicia son las fronteras establecidas por cada comunidad. Los derechos y los deberes de los ciudadanos entre sí y de ellos frente al Estado son aquellos definidos y establecidos por cada comunidad, construidos a partir de su historia y con su propio lenguaje normativo. Para el realismo no hay ninguna comunidad universal, ni ningún sistema del derecho que trascienda las fronteras definidas por cada Estado nacional, como por ejemplo los derechos humanos. No hay por tanto ningún sujeto unificador de la historia de la humanidad que conforme la identidad ni hay la posibilidad de construir las condiciones que hagan viable un entendimiento global. El realismo no cree en la posibilidad del universalismo moral como instrumento para solucionar los problemas entre los Estados, que se base en principios universales de jus-ticia y en la validez universal de los derechos humanos y que exija recortes de soberanía a sus miembros para implementar las exigencias de justicia global. A partir de esta perspectiva, no tiene ninguna legitimidad la in-tervención justificada a partir de principios universales de justicia. La única intervención que se justifica es para asegurar el poder del Estado cuando su seguridad es amenazada por otro Estado.

Ahora bien, el paradigma realista del derecho in-ternacional dominante desde los años treinta hasta el fin de la guerra fría,4 «puesto de nuevo en juego por el gobierno de los Estados Unidos de América con su estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002», basado en las representaciones tradicionales de un Estado nacional soberano, se ha convertido en

obsoleto porque su instrumentario jurídico y político es insuficiente para dar cuenta de los nuevos problemas y realidades políticas que han emergido en los últimos tiempos. Los cambios en el orden mundial determi-nados por el colapso del modelo socialista dominante en la Unión Soviética y que llevaron a la terminación de la política del enfrentamiento de los dos bloques y al fin de la guerra fría, así como otra serie de hechos que han producido profundas conmociones en los órdenes políticos nacionales, regionales y globales, tales como el resurgimiento del nacionalismo y el re-greso de la guerra en Europa, la formación de nuevos Estados, la guerra del Golfo, el ataque terrorista en el centro de Manhathan, la invasión de Afganistán y de Irak, han producido en los últimos años la necesidad de una radical transformación de la filosofía política de las relaciones internacionales. Frente a los fenómenos producidos por la globalización económica, el creci-miento del desempleo a nivel mundial, el aumento de la pobreza en los países económicamente más atrasa-dos, la destrucción del medio ambiente, las grandes migraciones de poblaciones de los países más pobres a los más desarrollados, el modelo centrado en la idea del Estado nación ha perdido su validez y capacidad de acción política. La idea fundamental de un Estado soberano autónomo que se rige en virtud de la validez de los principios de la autodeterminación política y el derecho a la no-intromisión en los asuntos internos, se ha ido transformando en la dirección de una regulación por medio del derecho de las relaciones entre los Esta-dos. Este giro es resultado de una nueva interpretación y adecuación del idealismo kantiano a las transforma-ciones del orden internacional, del cual voy solamente a mencionar dos de sus elementos principales.

En la argumentación del liberalismo de orientación kantiano se destaca primero, que en el proceso histó-rico de conformación del orden político internacional en la modernidad ha jugado un papel fundamental la diferenciación establecida por Kant entre la creación de una constitución interior del Estado adecuada a los principios del derecho y la creación de un estatuto jurídico que reúna a las naciones en una especie de federación interestatal. Frente a la tesis del realismo político, según la cual, la posibilidad de establecer un orden duradero entre los Estados depende de la ca-pacidad de adecuación de los intereses nacionales a las exigencias del sistema de un equilibrio basado en la amenaza mutua, el paradigma propuesto por Kant permitió introducir al derecho como mecanismo re-gulador de las relaciones entre los Estados. Kant reem-plazó así, mediante la construcción de los principios

Ningún gobierno podría reclamar, en aras de una paz definida como el máximo valor

político, la prioridad del principio de la soberanía del Estado, si este principio no

está vinculado a la legitimidad del poder. Apelar al realismo, para defender la idea de

un Estado absolutamente independiente, como es supuesto en los principios

de autodeterminación política y de no intromisión en los asuntos internos, no

corresponde, sin embargo, a la actual situación mundial.


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fundamentales de la justicia tanto a nivel interno como externo, el paradigma de la guerra por el paradigma del derecho. La diferenciación hecha por Kant entre el nivel intraestatal y el nivel extraestatal ha sido fundamental en la modernidad por que ha constituido el marco de acción que ha hecho posible, de un lado, la conforma-ción de sociedades orientadas por principios liberales, democráticos y de justicia social y, de otro lado, la su-peración por medio del derecho de los conflictos entre los Estados.5

En segundo lugar, para el liberalismo de orientación kantiano, los derechos humanos son los derechos que le corresponden a todo hombre en tanto hombre, los cuales tienen validez universal con independencia de los contextos políticos particulares. La idea de que a to-dos los hombres les pertenecen una serie de derechos inalienables que deben poseer validez por encima de los órdenes de derecho positivo de cada comunidad, es una idea que ha servido para aclarar porqué al hombre le corresponden unos determinados derechos y cómo debe organizarse el Estado para poder realizar este conjunto de derechos. En el núcleo de la argumenta-ción de la moral universal del respeto igual está la idea de que el hombre está dotado de unos derechos que lo protegen de intervenciones del Estado en su espa-cio de libertad y que a estos derechos negativos les corresponden los deberes del Estado de asegurar las condiciones para que el individuo no sea limitado en su autonomía de acción. Los derechos humanos definen la pertenencia a la comunidad universal de los hombres, una comunidad, a la que a ningún hombre se le puede negar su pertenencia con buenas razones, es decir, con argumentos universales y recíprocos.6 La inviolabilidad normativa garantizada por los derechos fundamentales, así como también su función de ser instrumentos para el aseguramiento de pretensiones individuales de dere-chos, pretensiones que no pueden ser rechazadas con argumentos universales y recíprocos, se expresa en la necesidad de su formulación como derechos positivos, lo que presupone su realización al interior de un orden político particular. Esto quiere decir, que el primer des-tinatario político de las pretensiones de los derechos humanos es el Estado, y que un Estado es, por ende legítimo, cuando basa su poder en el aseguramiento y reconocimiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Si para concluir consideramos de nuevo la exigen-cia, hecha en el contexto político de la negociación con los grupos paramilitares, de rechazar toda forma de intervención externa, podemos decir, entonces, que

mediante esta argumentación el realismo político busca justificar un proceso de negociación basado en el no reconocimiento de las consecuencias de las acciones generadas mediante la violación sistemática de los derechos humanos de amplios grupos de la población colombiana. Al pretender ignorar la existencia de una tal injusticia para no poner en peligro la posibilidad de alcanzar la paz, el realismo estaría justificando una negociación que podría ser legal pero no legítima. Para autores provenientes del idealismo kantiano la legalidad del Estado se debe fundamentar en su legitimidad. Si un Estado es ilegítimo, porque basa su poder en la violación sistemática de los derechos fundamentales de sus ciuda-danos, no merece el reconocimiento como Estado por la comunidad de naciones. Por consiguiente, un tal Estado no podría apelar al principio de no-intervención para ocultar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurren en su territorio.

NOTAS

1 Véase: “Proyecto de ley para la desmovilización”. Representantes Benedetti, Jattin y otros, 02.09.05.

2 Alfredo Rangel, “La seguridad democrática”, en: El Tiempo, 10 de febrero de 2005, Bogota.

3 Proyecto de ley de justicia y paz, Gina Parody, Wilson Borja, Rafael Pardo, Luis Fernando Velasco y Andrés González, 09.02.05. “Proyecto de ley para la desmovilización”, Piedad Cordova, 02.09.05.

4 Véase: Hans Morghenthau, Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, 1948, New York; Reinhold Niebuhr, Moral Mann and Immoral Society. A Study of Ethiks and Politics, 1947, New York.

5 Kant, I, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Werke in zwölf Bänden, Edit. W. Weischedel, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, Vol. XI. (Edición en castellano: La paz perpetua, Espasa-Calpe, Madrid, 1982).

6 Según Reiner Forst, ésta es la pretensión basal y universal de cualquier hombre, y a partir de ésta es posible realizar una fundamentación constructivista de los derechos humanos. Véase Reiner Forst, “Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung. Zu einer konstruktivistischen Konzeption von Menschenrechten»,”en: Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik, Hauke Brunkhorst, Wolfgang R. Köhler und Mathias Lutz-Bachmann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999, P. 66-105.

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Venezuela: asustas con tu modelo

El gobierno del presidente Hugo Chávez ha puesto en práctica un modelo económico basado

en la Teoría de las Realizaciones Humanas del economista indio Amartya Sen, premio Nóbel en

1998, en cuya óptica, el ser humano es el fin supremo de la economía. En consecuencia, es

el único gobierno en Suramérica que se ha apartado del modelo

neoliberal sustentado en el abandono de lo público, la

privatización –concentración del patrimonio económico– cultural y

la exclusión social.

PorFaber Cuervo

Economista de la Universidad de Antioquia

El problema no es Chávez, el problema es su modelo

económico que nos va a desacreditar el “pan nuestro

de cada día”.

Al gobierno venezolano se le ha tildado sucesivamente de “dictadura”, de “corrupto”, de ser “causante de más pobreza”, de “conformar un eje del mal junto con Al Qaeda y las FARC”, de que “es mega-lómano”, de “ser alumno de Fidel Castro”, de “ser el mayor peligro para América latina”, de que “va a expor-tar su revolución”, de que “es demagógico y populis-ta”, de que “alberga y protege terroristas”, de que “se cree mesiánico”, de que “es negro”, de que “se está armando hasta los dientes”, de que “viola la propiedad privada”, etc. Cuando el presidente Chávez defendió la soberanía de su país por el procedimiento ilegal en la detención del insurgente Rodrigo Granda, columnistas y analistas colombianos le dijeron “radical”, “díscolo”, “vulgar”, “camorrero”, “cínico”, “patán”, “injusto”, “iracundo”, “intolerante”, etc. Ni Jesús cuando predicó en Tierra Santa recibió tantas acusaciones por parte de los incrédulos.

Cuando se difama y provoca al gobierno de Vene-zuela como viene ocurriendo con mayor vehemencia, no se está atacando a un líder, sino a un proyecto político, económico y social de una nación soberana; proyecto denominado Revolución Bolivariana, el cual merece ser respetado. Este nuevo modelo de desarro-llo humano es el que intentan desacreditar, sabotear y, finalmente, destruir, a través de las más infundadas

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acusaciones, la distorsión de la realidad, las mentiras convertidas en “”verdades” por los medios de informa-ción masiva.

¿Por qué atacan de esa manera el proceso de Vene-zuela? ¿Qué es lo que realmente les duele del gobierno venezolano? Son varias razones las que mortifican a los enemigos de la transformación del modelo so-cioeconómico venezolano. Todas se resumen en una: La dignidad. Sí, el empeño del gobierno venezolano por devolverle la dignidad a la mayoría de la población excluida, multiplicando las oportunidades para que ten-ga alimentación buena, salud con calidad, educación liberadora, techo sin UVR, y trabajo digno. Tampoco les gusta a los detractores de Chávez, la dignidad de éste al defender, con firmeza, la soberanía y la libre determi-nación de su pueblo, la cual hace expansiva a todos los pueblos del mundo incluidos Afga-nistán, Irak y Colombia. Le duele mucho a los críticos destructivos de Chávez que éste señale otro camino a transitar, libre y próspe-ro, diferente al que siguen la gran mayoría de gobiernos latinoame-ricanos, el de esclavitud y miseria.

Chávez y su proyecto se han convertido en el más idóneo polo integrador de los pueblos latinoa-mericanos, al ofrecer en la práctica real (no en la teoría) una verdadera alternativa de desarrollo humano, económico y social, basada en la Teoría de las Realizaciones Huma-nas del premio Nóbel de economía indio Amartya Sen. Esta teoría hace hincapié en que el modelo económico de un país debe ser un medio que facilite a las personas la definición y el desarrollo de sus capacidades y libertades, mediante la elección en igualdad de oportunidades de distintos tipos de vida, o combinación de diversos funcionamientos, según las cualidades de cada quien. La teoría de las Realizaciones Humanas parte del postulado de que el hombre no sólo es un animal ególatra y hedonista, simple consu-midor de bienes mercantiles; sino que es una persona moral, racional, con capacidades y libertades, el cual elige también bienes no mercantiles, como sus creen-cias filosóficas, religiosas, sus gustos estéticos, sus soli-daridades, sus representantes políticos, etc.

Las libertades son entendidas como la potencia de

estar bien nutrido, de ser educado, de estar saludable, de tener ingresos. Según este contexto, no existe libertad en una sociedad, si sus miembros aguantan hambre por limitaciones económicas, si no son atendidos debi-damente en un sistema de salud, si no acceden a una educación liberadora, si no disponen de una dotación que les permita elegir una eficiente canasta de bienes. Para Amartya Sen, los hombres requieren satisfacer unas libertades básicas para poder acceder a bienes de mayor calado como la participación política, el reconoci-miento social, la identidad ciudadana, la autoestima y la realización personal. Si una persona es analfabeta, está impedida para participar de cualquiera de esos estados significativos; lo mismo si no está adecuadamente nutri-da o si carece de unos ingresos mínimos. El modelo eco-nómico debe, entonces, garantizar a todas las personas

la satisfacción de estas libertades para impulsarlos al disfrute de una mejor calidad de vida.

En el horizonte de la Teoría de las Realizaciones Humanas no existe democracia ni ciudadanía, si no hay libertad. Si los supuestos ciudadanos, no han satisfecho sus necesidades esenciales, no están aptos para acudir, en igualdad de condiciones, a tomar unas decisiones políticas que afectan seriamente sus vidas y su futuro. Una persona, con una deficiente educación, además, mal informa-da, no está en un aceptable nivel de discernimiento para elegir, en-tre varias opciones, la que mejor le convenga. Cuando en la socie-dad, la mayoría de las personas tienen que dedicar doce o más horas para poder reunir una exi-

gua dotación con la cual puedan costear alimentación y transporte, estos individuos no tienen tiempo para leer, instruirse, convertirse en sujetos políticos competentes en la participación democrática.

El nuevo modelo de desarrollo, llevado a la práctica en Venezuela, se fundamenta en la redistribución de la renta nacional, principalmente la derivada por ganan-cias en la explotación del petróleo, entre la población marginada. Los logros de su política social saltan a la vista, pero ningún medio de “información” influyente se ocupa de esto. Entre esa cantidad de obras conse-guidas por la Revolución Bolivariana podemos destacar


Le duele mucho a los críticos destructivos de Chávez que éste

señale otro camino a transitar, libre y próspero, diferente al que

siguen la gran mayoría de gobiernos latinoamericanos, el de esclavitud

y miseria...Chávez y su proyecto se han convertido en el más idóneo

polo integrador de los pueblos latinoamericanos, al ofrecer en la práctica real (no en la teoría) una

verdadera alternativa de desarrollo humano, económico y social...

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la atención masiva en salud para la población excluida de este servicio durante décadas; la erradicación del analfabetismo que cultivaron los partidos tradicionales durante doscientos años; la creación de empresas en los barrios pobres para darle trabajo digno a los des-ocupados; los mercados y los comedores populares, con alimentos rebajados o gratis, que benefician a ocho millones de personas; el programa deportivo que popularizó las actividades físicas; la titularización de predios a miles de habitantes en los cerros de Caracas; el reparto de tierras y la formación de cooperativas de campesinos; el fortalecimiento de un sector de econo-mía social y solidaria.

El viejo Estado excluyente, corrupto y neoliberal, que criaron las anteriores administraciones de Venezuela, ha sido reacio a esta nueva concepción del poder, por lo tanto, se ha dedicado a retrasar la aprobación y apli-cación de leyes que benefician a la mayoría de la po-blación. De allí, que el presidente Chávez haya tenido que crear unas estructuras paralelas a las instituciones del Estado con el fin de hacer avanzar los programas sociales con mayor agilidad, eficiencia y participación popular. Son ellas las misiones de salud, las misiones socio–educativas y las socio–productivas. Por ejemplo, la Misión Barrio Adentro es un modelo que gestiona la Salud Integral de los venezolanos más pobres. Dispone de una Red Ambulatoria fortalecida con Consultorios y Clínicas Populares, con la presencia permanente de médicos en las comunidades con poco o nulo acceso a los hospitales existentes. Entre ese cuerpo de atención y prevención brillan por su filantropía y sacrificio más de 15.000 médicos cubanos que atienden un prome-dio de 250 familias cada uno. Ellos son alojados por la comunidad y comparten las mismas condiciones, en general austeras, de la demás gente. La Misión Barrio Adentro ha atendido más de diez millones de personas.

La Misión Robinsón, llamada así en honor al precep-tor de Simón Bolívar, Simón Robinsón Rodríguez, es la encargada de luchar contra el analfabetismo. Más de 100.000 maestros facilitadores se han desplazado por el país, alfabetizando a más de 1.500.000 personas. Muchas de ellas han sido motivadas para terminar la primaria, pues disponen de más de 1.000 Escuelas Bolivarianas en las que no se paga matrícula, tienen desayuno, almuerzo y merienda, canchas deportivas, computadoras, Internet, psicólogos y atención médica. Padres de familia de clase media ya están retirando a sus hijos de los colegios privados porque las escuelas públicas son mejores. La Misión Ribas, en memoria del héroe de la independencia José Félix Ribas, tiene como

objetivo recuperar y graduar a las personas que habían abandonado sus estudios secundarios. La Misión Sucre facilita el acceso a la educación universitaria a aquellos excluidos por razones económicas. Más de 140.000 bachilleres han sido becados en universidades públi-cas, entre ellas la recién creada Universidad Bolivariana que tiene siete sedes.

Todas estas misiones son gratuitas, además ofrecen becas a los más aventajados para proseguir sus estu-dios. Gran parte de su financiación recae en la com-pañía petrolera PDVSA y la de electricidad CADAFE, quienes vinculan posteriormente a los graduados en los sectores minero, eléctrico y petrolero. Chávez ha nacionalizado el petróleo para ponerlo al servicio de los 17.000.000 de venezolanos que siempre fueron ex-cluidos del desarrollo humano, entendido éste como la promoción de sus libertades, capacidades y derechos. Esto es lo que le duele a los privatizadores neolibera-les, de ahí que tilden al presidente Chávez de ser un impulsor del “populismo radical”, “seria amenaza para la región”; obviamente en este caso región significa los intereses petroleros y energéticos de las corporacio-nes norteamericanas. Si Chávez no fuera ni digno, ni se acordara de los pobres, ni redistribuyera la riqueza nacional, ni rechazara firmar contratos con el FMI y el Banco Mundial, ni liderara una auténtica unión latinoa-mericana basada en el respeto mutuo, la cooperación, el comercio integrador, entonces, Chávez sería un “ejemplar presidente latinoamericano”, un “impulsor de la democracia y la prosperidad”.

El viejo Estado excluyente, corrupto y neoliberal, que criaron las anteriores administraciones

de Venezuela, ha sido reacio a esta nueva concepción del poder, por lo tanto, se ha

dedicado a retrasar la aprobación y aplicación de leyes que benefician a la mayoría de la

población. De allí, que el presidente Chávez haya tenido que crear unas estructuras paralelas a las instituciones del Estado con el fin de hacer

avanzar los programas sociales con mayor agilidad, eficiencia y participación popular. Son

ellas las misiones de salud, las misiones socio–educativas y las socio–productivas.

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La Misión Zamora, en honor a un histórico líder campesino venezolano, entrega tierras a los campesi-nos, garantiza la oferta alimentaria e impulsa el desa-rrollo endógeno (no dependiente). La Misión Mercal vende productos alimenticios y medicinas directa-mente a los consumidores finales, a bajos precios. Su objetivo es la protección alimentaria a más de siete mi-llones de personas. La Misión Miranda capacita en ac-tividades productivas a los reservistas del Ejército que están sin empleo. La Misión Vuelvan Caras capacita a 1.200.000 desempleados de las zonas más humildes, en técnicas agrícolas, industriales y de servicios.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2001 – 2007 contempla fortalecer el desarrollo diversificado de la economía productiva –de un modo ecológicamente sostenible y a través de una planificación descentrali-zada y participativa–; reforzar el desarrollo de los mi-croempresarios y cooperativas; garantizar la seguridad alimentaria disminuyendo la dependencia externa; avanzar en un nuevo modelo de integración económica latinoamericana y caribeña. Es decir, Venezuela no le camina a ningún Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. En el plano social, Venezuela proseguirá la lucha contra la miseria y el desempleo. Propiciará la educa-ción de calidad y para todos, la salud y la calidad de vida, la seguridad social, la vivienda, el medio ambiente sano, el acceso universal a la cultura, a la democrati-zación de la propiedad de la tierra. En el plano político buscará crear un nuevo Estado que no se parezca en nada al viejo Estado, corrupto, tecnocrático e ineficien-te. Es decir, un estado social de derecho y de justicia.

Ningún medio de información masiva ha hecho una investigación acerca de la Venezuela que encontró Chávez cuando llegó al poder. Un somero balance de esto permitiría a los lectores deducir la vertiginosa re-cuperación que ha tenido esa nación. Veamos. Antes de posesionarse Chávez, la economía tenía un creci-miento negativo del – 7%. Logró volverlo positivo des-de el año 2001 con una tasa de 2,7% , luego la triplicó en el 2003 con un 9,7%, hasta lograr en el año 2004 un sorprendente 18%, la mejor tasa de América Latina (Datos de la CEPAL). El comercio exterior de Venezue-la creció no sólo por la exportación de petróleo, sino gracias a la expansión en un 20% de las actividades económicas no petroleras, lo cual es un signo claro de la diversificación de su economía. Chávez encontró una tasa promedio anual de inflación del 53% (periodo 1989 – 1998). La ha ido bajando hasta lograr el 20%. En el mismo periodo (1989 – 1998), encontró una devaluación promedio anual del 759%. En el periodo

1998 – 2003 bajó al 40,9%. En el año de 1995, el gasto social en relación con el PIB era de alrededor el 7,6%. En el 2000 subió al 11,3%. En dólares de 1997, el gasto social per cápita en 1995 fue de 287 US y en 2001 de 412 US. Al empezar 1999, las reservas internacionales eran de unos 14.000 millones de dólares. A finales del 2001 eran de 20.000 millones. El salario mínimo, en febrero de 1999 era de Bs. 75.000 / mes. En sep-tiembre de 2002 subió a Bs. 190.080 / mes. En los diez años anteriores a 1999, se habían construido con dinero público unas 65.000 viviendas, y sólo de 1999 a 2002 se crearon 92.000. En sus primeros cuatro años de gobierno logró reducir la mortalidad infantil en seis puntos.

Algo que no han podido entender los tecnócratas, es el equilibrio de las magnitudes macroeconómicas logradas por Chávez, pues se ha considerado un dog-ma entre los economistas oficiales, que los indicado-res macroeconómicos evolucionan positivamente, sólo cuando la economía crezca cuantitativamente y no cualitativamente. El panorama social que heredó Chávez de los gobiernos neoliberales privatizadores no puede ser peor. El 50% de los hogares no recibía agua potable; el 89% de los niños estaba en situación de pobreza; el 70% del consumo era importado; el 20% de las enfermedades estaba sin control; apenas el 25% de los trabajadores cotizaban a la seguridad social; el 20% de los hogares estaba sin ingreso fijo. Entre 1974 y 2000 se fugaron de Venezuela al exterior alrededor de 80.000 – 100.000 millones de US, algo así como el tri-


El cambio de Venezuela se llama Revolución Bolivariana porque retomó el sueño de Simón Bolívar, el cual era fundar una democracia que pudiera ofrecer la máxima felicidad al pueblo y unir a los pueblos de América Latina bajo este

mismo sistema...La palabra “bolivariano” en Venezuela significa entonces, retomar los ideales

truncados de Bolívar, para completar la obra libertaria. “Bolivariano” no es una palabra coca

como en otras latitudes. La historia se enseña, allí, para que los estudiantes la prosigan con hechos

enaltecedores, no para que la repitan de memoria como adocenados.

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ple de la deuda externa exterior de ese país. Antes, esa nación era usufructuada por un sector privilegiado de la sociedad, entre un 20 – 30% de la población; un 70% estaba excluido del desarrollo humano y social. Ahora, están incluidos con las misiones de salud, socio – edu-cativas y socio – productivas. También, gracias a que la Revolución Bolivariana impidió la privatización del Seguro Social y de la Educación Superior. Por primera vez, en la historia bicentenaria de Venezuela, se ven negros, indios y personas comunes y corrientes entre los ministros y altos funcionarios. Por primera vez, las ganancias del petróleo son para el pueblo.

El cambio de Venezuela se llama Revolución Boli-variana porque retomó el sueño de Simón Bolívar, el cual era fundar una democracia que pudiera ofrecer la máxima felicidad al pueblo y unir a los pueblos de América Latina bajo este mismo sistema. “Sin un go-bierno americano unificado, decía, nuestros pueblos se verían envueltos en guerras civiles, y a merced de bandidos”…! Que premoniciones las del libertador! La palabra “bolivariano” en Venezuela significa entonces, retomar los ideales truncados de Bolívar, para comple-tar la obra libertaria. “Bolivariano” no es una palabra coca como en otras latitudes. La historia se enseña, allí, para que los estudiantes la prosigan con hechos enaltecedores, no para que la repitan de memoria como adocenados. El Ejército de Venezuela se llama el Ejército Libertador. Sus miembros han pasado por una formación humanista; han estudiado ciencias políticas; han terminado estudios universitarios, han estudiado el

pensamiento de Simón Bolívar y de otros grandes pen-sadores. Con esta educación, los militares venezolanos tomaron conciencia de ser solidarios con el pueblo, de protegerlos en lugar de reprimirlos, de ser agentes acti-vos de la transformación social. Por eso, el pueblo civil y el Ejército venezolano están hermanados, unidos por la Revolución Bolivariana, proyecto colectivo que gene-ra bienestar a todos, sin excluir a nadie. Los militares trabajan a hombro partido junto a los civiles, pintando escuelas, construyendo viviendas, limpiando calles, instalando inodoros, reparando clínicas, haciendo par-ques, abriendo carreteras.

Los “terribles” Círculos Bolivarianos son núcleos de personas que gestionan proyectos comunitarios. En su mayoría son gente joven que nunca tuvo opción de participar de la “democracia”, pero que ahora con los recursos que ofrece la Revolución Bolivariana, se or-ganiza en comités para atender las necesidades de sus barrios, para establecer cooperativas, para educar a los niños, para ofrecer recreación, para hacer mejoras en la infraestructura, para conseguir préstamos. Los Círculos Bolivarianos, como las misiones, también fueron una respuesta organizada de la población a la estructura paquidérmica del Estado. El freno que los golpistas y los burócratas anacrónicos hacen en la operatividad del Estado se contrarresta con un Estado paralelo, dinami-zado principalmente por la participación popular.

Son estas grandes conquistas de la Revolución Bo-livariana, la demostración palpable de que sí se puede cambiar el modelo económico neoliberal por un mode-lo humano incluyente. Esto es lo que asusta a los gran-des beneficiarios del orden (o desorden) de injusticia cotidiana, que dimana precisamente del sostenimiento del primer modelo. Si ese modelo nuevo no hubiera surgido en Venezuela, sino en Brasil, por ejemplo, la gran prensa estaría “informando” que Lula Da Silva “es heredero de viejas y nocivas prácticas sindicalistas”, que “tiene alianzas con el comunismo internacional”, que “viola la propiedad privada de los legítimos latifun-distas para mimar a los Sin Tierra”, que “no tiene título universitario”, que “amenaza convertir el Amazonas en un santuario de ONGs.”, que “ordena cuidar los cam-pamentos guerrilleros en la selva”, que “está aliado con poderosos narcotraficantes”, etc.

O si, por esas sorpresas que ofrece la historia, el cambio de modelo económico se hubiera cristalizado en Perú, los medios de desinformación masiva estuvie-ran gritando, con Mario Vargas Llosa a la cabeza, que “Toledo está aliado con reductos de Sendero Lumino-so”, que “recibe órdenes de Fidel Castro”, que “es más

Son estas grandes conquistas de la Revolución Bolivariana, la

demostración palpable de que sí se puede cambiar el modelo económico

neoliberal por un modelo humano incluyente. Esto es lo que asusta a

los grandes beneficiarios del orden (o desorden) de injusticia cotidiana,

que dimana precisamente del sostenimiento del primer modelo.

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corrupto que Fujimori”, que “masca coca como los in-cas”, que “practica el nepotismo”, que “el cholo Toledo no tiene estatura intelectual”, etc.

Pero, supongamos que el escenario de la trans-formación de modelo fuera Chile, hermoso país de nevados y cordilleras, con un presidente de talante socialista, eso dicen. ¿Qué información tendríamos? Lo más probable es que estuvieran coreando que “Ricardo Lagos es la resurrección de Salvador Allende”, que “es el principal perseguidor de la figura cimera de Augusto Pinochet”, que “representa una amenaza para todo el Cono Sur”, que “puede exportar su revolución hasta la sociedad de los pingüinos en la Patagonia”, que va a “expropiar los fondos de pensiones para devolverlos a los chilenos”, que “puede acabar con la industria turís-tica y el popular festival de Viña del Mar”, etc.

Ahora, trasladémonos a Bolivia. Si por obra y gracia del Espíritu Santo, el presidente Carlos Mesa hubiera enderezado el maltrecho timón que le dejó su ante-cesor y dimitente Gonzalo Sánchez de Lozada ( Goni el gringo), y hubiera generado un nuevo modelo de desarrollo basado en la nacionalización del gas, en consensuar una política de hidrocarburos y de manejo económico – social con los indígenas (mayoría de la población en ese país), lo más seguro es que RCN y Caracol estuvieran arrancando sus noticieros con frases efectistas como estas: “El castrista Carlos Mesa impi-de que llegue la inversión extranjera al empobrecido pueblo boliviano”, “el golpista Carlos Mesa, aliado con indios de El Alto y Santa Cruz, crean una nueva Cuba, pero rodeados de tierra”, “presidente de Bolivia se alía con los cocaleros y reta a EEUU en su política an-tidrogas”, “La Paz, sede de otro populismo radical en América Latina”.

En el caso hipotético de que el presidente del Ecua-dor, ex – coronel Lucio Gutiérrez, hubiera cumplido su palabra bajo la cual el pueblo lo eligió, estuviera, hoy, en el ojo del huracán por parte de los medios de co-municación, sindicado de ser “un nuevo chafarote en el mando de un país suramericano”, “revive el otoño del patriarca”. Para los “lúcidos” analistas políticos (re-munerados por el modelo neoliberal), Gutiérrez sería “otro autócrata”, un “populista que amenaza la estabi-lidad democrática de la región”, un “personaje con un perfil soberbio, caudillista y mesiánico”, etc.

Un eventual giro de la política argentina a favor de la esquilmada clase media y los piqueteros (obreros sin trabajo), hubiera asustado al Departamento de Estado de los EEUU. Muy pronto, saldrían al aire comunica-dos de prensa aludiendo a un “Kirtchner que le guiña

el ojo derecho a Bush, mientras hace lo mismo con el izquierdo a Castro”. La prensa influyente rugiría, entonces, en sus titulares: “revive el nefasto peronis-mo en el país del tango”; “peligroso acercamiento de Buenos Aires a la Habana”; “banqueros alarmados por restricciones de Kirtchner”. No faltaría la incitación a los militares gauchos para que nuevamente dieran un golpe de Estado, porque así es la democracia occiden-tal…cuando ésta no le funciona a Washington, hay que cambiarla por los sables.

El problema, entonces, no es de personas, llámense Chávez, Lula, Toledo, Mesa, Gutiérrez, Kirtchner, sino del modelo económico social que se pone en escena. Si aparece un modelo que se aparta de las directrices neoliberales, empieza a ser ensombrecido bajo las descalificaciones que se les hacen a sus constructores. Cualquier modelo alternativo al neoliberal debe mante-nerse en el silencio y la oscuridad, ignorado, incomuni-cado, vilipendiado. No quieren, no permiten, que surja, se consolide y sobreviva un modelo económico justo, humano, emancipador y solidario, distinto al modelo que nos ha tocado soportar en las últimas décadas.

La diferencia que Chávez marca con el resto de presidentes suramericanos es que él se atrevió a que lo tildaran de todo y a enfrentar los ataques, a cambio de ofrecer un modelo de vida mejor para sus paisanos. Esto requiere honestidad, conciencia, valentía y com-promiso. Al acatar el mandato del pueblo que lo eligió, Chávez defiende principios y no intereses. El gobierno venezolano ha sido el único en Suramérica que se ha


El problema, entonces, no es de personas, llámense Chávez, Lula, Toledo, Mesa, Gutiérrez, Kirtchner,

sino del modelo económico social que se pone en escena. Si aparece un modelo que se aparta

de las directrices neoliberales, empieza a ser ensombrecido bajo las descalificaciones que se

les hacen a sus constructores. Cualquier modelo alternativo al neoliberal debe mantenerse en el

silencio y la oscuridad, ignorado, incomunicado, vilipendiado. No quieren, no permiten, que surja,

se consolide y sobreviva un modelo económico justo, humano, emancipador y solidario, distinto al modelo que nos ha tocado soportar en las últimas

décadas.

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apartado de los dogmas doctrinarios del neoliberalismo global. En su lugar, ha puesto en práctica la teoría de la Economía de las Realizaciones Humanas del economis-ta indio Amartya Sen. En lugar de que el crecimiento económico de su país aumente las desigualdades sociales, ha hecho que su papel sea el de equilibrar al proporcionar mayores oportunidades para producir la libertad de tener una vida digna. En lugar de que la inversión sea origen de empobrecimiento, marginación y desplazamiento de comunidades campesinas e indí-genas, ha hecho que ella sea fuente y ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades ele-gidas y valoradas libremente. En lugar de que el mode-lo económico ahogue las libertades y los derechos, los valores y el desarrollo, las oportunidades y la justicia, la Revolución Bolivariana ha logrado poner la economía al servicio del hombre, convertirla en un medio para ase-gurar la equidad, la distribución y la eficiencia.

Si la Revolución Bolivariana prosigue su rumbo, sin interrupciones y saboteos, Venezuela será en pocos años el país más próspero de América. Próspero en sus variables sociales y económicas, por las mismas razo-nes que argumenta Amartya Sen en su Teoría de Las Realizaciones Humanas. Una población bien nutrida, bien educada, saludable, con una alta autoestima, re-conocida e incluida socialmente, activa y consciente en la participación política, es una población de la cual se puede esperar una mejor productividad, un mayor sen-tido de pertenencia a sus lugares de trabajo, una mejor competitividad (sin ser esto objetivo supremo), una mayor armonización en sus vidas, una integración en un tejido social dinámico y creativo, una predisposición al mejoramiento continuo, un deseo de cualificarse y estudiar permanentemente, etc. O sea, el asegura-miento de las libertades esenciales en un país es el fundamento de una sociedad cohesionada socialmente, productiva en la esfera de la producción, y feliz en sus autorrealizaciones.

La secretaria de Estado de los EEUU, Condoleeza Rice ha reiterado que “Chávez es una fuerza negativa en la región”. “Estamos preocupados porque gobierna de forma muy poco democrática, por algunos pasos que ha dado contra los medios de prensa y la opo-sición”, argumentó. ¿Por qué la doctora Rice no se preocupa, más bien, de la forma “democrática” como su gobierno ordenó invadir a Irak, llevándose por los cuernos todos los tratados internacionales, el concepto de la ONU y el clamor mundial contra la guerra? Los que estamos preocupados somos los ciudadanos sen-satos de este planeta por la forma arrogante, despia-

dada e impune como el gobierno de los EEUU ordena asesinar a miles de civiles en Irak y en otra regiones del mundo, en aras de imponer el único modelo económi-co que le gusta.

El gobierno más democrático en Suramérica es el de Venezuela, pues ha permitido que salga toda la propa-ganda desinformadora y las ofensas contra la figura del mandatario sin censurar las grandes empresas de la información. La oposición ha sido tan respetada en sus derechos que hasta tuvieron un referendo transparente para revocar el mandato de Chávez. ¿Qué otro gobier-no en América y en el mundo se permite esto? De otro lado, Venezuela ha sido el país latinoamericano más solidario con los países asiáticos devastados por los tsunamis del Océano Índico. La campaña “Un Bolívar para el Asia”, presentada en enero pasado por el presi-dente Chávez, recaudó más de 11 millones de dólares para las víctimas de las olas gigantes.

Lo que verdaderamente preocupa a la doctora Rice y a todo el gobierno norteamericano es la nueva propuesta de Venezuela a Latinoamérica, que puede conducir a perder todo su patio trasero. Preocupa un nuevo modelo incluyente del desarrollo económico y social, donde la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Si se repite la cantinela “Chávez es un problema para sus vecinos”, “Chávez amenaza la democracia”, “Chávez comparte la ideología de las FARC”, etc., es porque esa es una de las formas de minar su modelo de desarrollo, este si democrático, liberador, equitativo y humano. Al desa-

Lo que verdaderamente preocupa a la doctora Rice y a todo el

gobierno norteamericano es la nueva propuesta de Venezuela

a Latinoamérica, que puede conducir a perder todo su patio

trasero. Preocupa un nuevo modelo incluyente del desarrollo

económico y social, donde la economía está al servicio del

hombre y no el hombre al servicio de la economía.


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creditar a Chávez, se desacredita el modelo y se prepa-ra el terreno para que entre a operar otra de las formas “decentes” y “democráticas” de los EEUU: la injerencia en los asuntos internos de Venezuela a través del patro-cinio de complots, y finalmente, de intervención militar. Lo que seguiría en el libreto es el truco de convocar a unas “elecciones libres” para poner el candidato que sí va a instaurar el modelo de desarrollo que a EEUU le favorece.

Esos candidatos anhelosos de suceder a Chávez son los que entrevistan en la CNN y la NBC. Son los preferidos de Washington, entre ellos un expresidente corrupto que privó a millones de venezolanos de los recursos del petróleo. Los medios de comunicación masiva en Latinoamérica satanizan el nuevo modelo económico de Venezuela basados en fuentes sospe-chosas, verbigracia, en los más furibundos opositores del presidente Chávez, los cuales estaban enquistados en ese viejo Estado excluyente y neoliberal, involucra-dos en corrupción, en golpes inconstitucionales y en la defensa a ultranza de poderosos intereses privados. En Bogotá, entrevistan a damas cari ricas de Venezuela que no saben en qué gastar la plata, y a jóvenes apues-tos, con caras hermosas y mentes Light. Por supuesto, todos muestran un agrio desprecio hacia Chávez. La gran prensa no entrevista a los millones de venezola-nos que votaron por Chávez, el 60 % del electorado, ni a los millones de latinoamericanos que ven con simpa-tía la Revolución Bolivariana.

En la prensa, la radio y la televisión de Colombia, aparecen abrumadoramente las columnas, comenta-rios y entrevistas de personas que, genéticamente, son opuestas a cualquier cambio político que potencie el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Mu-chos de ellos son ácidos y virulentos detractores del proceso venezolano; algunos son, o delincuentes que defraudaron el Estado colombiano – que fueron expul-sados del Estado- , o portavoces de los más poderosos intereses económicos nacionales y multinacionales; otros son intelectuales intolerantes, periodistas superfi-ciales, expresidentes que no tienen vergüenza de mos-trar la cara, politiquillos de los ya inexistentes partidos tradicionales, o candidatos en turno que dicen ser de la tercera vía.

La mayoría de estas personas se valen de espacios que le brindan los periódicos y los medios audiovisua-les, no sólo para difamar un proceso esperanzador para la justicia social y la integración en la región, sino para difundir una subcultura ideológica y los valores más mezquinos y necios entre sus lectores. Con su dogma-

tismo, prejuicio y sectarismo, alientan la intolerancia más peligrosa, pues azuzan la violencia contra las personas que no piensan como ellos. Con el lenguaje y argumentación que suelen usar para “criticar” el pro-ceso venezolano, esconden una discriminación racial y social, una negación del pluralismo ideológico, una in-capacidad de aceptar lo diferente, representado en este caso en un nuevo modelo de desarrollo, un proyecto de una nación vecina que merece ser respetado y leído, más con ánimo de aprender que con el de vituperarlo destructivamente. Algunos utilizan un lenguaje penden-ciero, insultante, emotivo, lo cual alimenta un odio cie-go e irracional contra la transformación de Venezuela.

Llegará el momento en que algún alto funcionario de los EEUU dirá que “Chávez es un tirano como Sadam Hussein, que se apoya en su gran riqueza petrolífera para armar a su guardia pretoriana, que es una amena-za para sus vecinos con armas de destrucción masiva”. Arreciarán las infamias con el fin de llevarnos a los lati-noamericanos a enfrentarnos entre nosotros mismos. Este antiquísimo juego de “divide y reinarás” ya empe-zó con el conflicto diplomático entre Colombia y Ve-nezuela por el caso Granda. La desdichada historia de los países árabes la quieren repetir en esta región. Con tal de destruir el proyecto de la República Bolivariana de Venezuela, no está lejano el día en que digan que “allí le dan asilo a Osama Bin Laden, y que es preciso liberar a los venezolanos del terrorismo internacional”. Por eso, lo más sensato, para la paz y la hermandad la-tinoamericana, es apoyar la Revolución Bolivariana; no interferirla, no denostarla. Prestarnos para la acorralada que pretenden con ella nos puede costar un alto precio a todos. Negarnos a ver en ella otra propuesta de vida y convivencia es encerrarnos en un modelo que nos deshumaniza cada vez más y nos lleva a la debacle a todos, a subordinados y a gobiernos, a los estados y a sus mandatarios. Atacar un sendero distinto, un pro-yecto que también es la esperanza para la integración de 280 millones de latinoamericanos pobres, es un suicidio, donde los únicos que ríen son los amos de Washington.

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Europa y Colombia hermanadas en la mala educación

En un artículo aparecido en la revista Debates Nº 37, la autora hace un análisis sobre el dis-curso y el estado de la educación en algunos países europeos, situación en extremo parecida a la de nues-tro país. Este hecho no debería sorprendernos mucho, pues es sabido que no sólo en materia educativa, sino en casi todos los ámbitos, somos grandes copiadores. Tal parece que nuestra originalidad no se agota en las rebuscadas maneras de enviar coca al extranjero y en las numerosas formas de hacer trampa o “tumbar” a los demás, incluido el Estado, que de manera alarmista muestran día a día los noticieros y periódicos. A pesar de la omnipresente manía de copiar, queda siempre un margen para la originalidad, que en la educación, por ejemplo, permite algunas rarezas, así, desconozco si esto se ha dado en otros países, pero me parece su-premamente original el que un presidente, durante un año lleno de turbulencias políticas, sociales y económi-cas, se haya sentado a expedir un decreto en el que se obliga a que sólo el cinco por ciento de los alumnos de una institución educativa pueden perder el año escolar, es decir, que la promoción automática en nuestro país

PorMyriam Ríos Madrid

Profesora en el sector oficial y privadoLicenciada en Filosofía e historia

Psicóloga

La gran mayoría de nuestros jóvenes del nivel de bachillerato

y universitario, parecen estar narcotizados por un sistema

educativo, social y familiar que los trata eternamente como niños

indefensos, como víctimas y como débiles mentales...

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viene refrendada por la firma de un presidente que de-bió pasar sus años escolares “debiendo” los logros de muchas materias.

Vamos a tratar de comparar algunos aspectos plan-teados por la autora del texto, con los que se presen-tan en nuestro país en este mismo sentido.

Al parecer, hasta 1970 se dio en Europa un tipo de educación secundaria que podría caracterizarse así: “Esta formación se basaba más o menos en los siguien-tes presupuestos: una persona ilustrada necesita una formación general; la meta de la educación es convertir al alumno en persona culta; los conocimientos sirven para orientar al estudiante en el espacio y en el tiempo, dándole a la vez cierto manejo del lenguaje; se espera del alumno esfuerzos por adquirir los conocimien-tos en cuestión; si no aprende y aprueba, no puede ser promovido al curso superior; si el alumno no acepta las reglas de conducta, tampoco puede permanecer en el colegio o instituto... El “Ethos” de los estudios se basaba en el res-peto por los conocimientos y en el esfuerzo para adquirirlos”.1

La cita es bastante ilustrativa y casi podríamos comentarla frase por frase. También podría decirse que en nuestro país hasta la dé-cada de los setenta se vivió una situación muy similar, pero en los ochenta empezó un declive, so-bre cuyo abismo se escriben hoy estas líneas.

No se necesita una visión de águila para observar que a la educación secundaria, y hasta universitaria, les importa muy poco el nivel cultural de los estudiantes; de pocos jóvenes “cultos”, en el sentido tradicional del término, podría hablarse hoy. Así, un joven egresado de nuestros colegios, que posea una buena cultura general, es verdaderamente una pieza de museo, fuera de ser el hazmerreír de sus compañeros. Lo triste es que la universidad está en esta misma vía. Un desprecio tajante por lo que los maestros y pedagogos “baratos” llaman la “educación memorística”, ha terminado por convertir a las nuevas generaciones en amnésicas, en víctimas de un Alzhei-mer cultural más devastador que el neurológico, ya que, al menos, cuando sobreviene este último, los pacientes saborearon las mieles del conocimiento que alguna vez poseyeron, pero, en el primer caso, la am-

nesia se presenta de manera congénita, constitucional y radical; no es ni siquiera olvido, porque nunca se ha tenido nada en la mente, ¿puede haber algo más atroz que esto? Nuestra educación ha tendido en los últimos años equiparar conocimiento y memoria, convirtiendo esta segunda facultad en motivo de odios viscerales y desprecio enconado. Para ilustrar esto, podría decir que no ha sido raro encontrarme en mi práctica docen-te con estudiantes de las licenciaturas en educación o de las carreras de ciencias sociales, como la Psicología, que, aún en los semestres avanzados, muestran una lastimosa cultura general; ejemplo de esto son los es-tudiantes de séptimo semestre que no saben en qué continente queda Grecia, quién fue Lutero, o cuál fue el sistema económico que se dio en la edad media, entre otras cosas “tontas” por su sencillez, que debería tener

en su mente un futuro maestro o profesional de las ciencias socia-les.

Resulta sorprendente esta au-sencia de conocimientos que hace que los estudiantes no se ubiquen en el tiempo ni en el espacio, haciendo que para ellos sea igual la edad antigua que la moderna, el feudalismo que el esclavismo, la era espacial que la del caballo. Como la memoria ha sido sata-nizada, nadie debe tener nada en su cabeza, “obligar” al niño o al joven a poseer unos mínimos co-nocimientos, que le permitan, por ejemplo, escribir una página con coherencia, o hablar dos minutos sobre algo diferente al reality o la

telenovela del momento, es considerado un acto sal-vaje, propio de maestros anticuados y sádicos, que víc-timas a su vez de una educación memorística y rígida, se convierten en amos del saber, en “castradores” de niños y jóvenes indefensos a quienes cada segundo, según estadísticas de buena fuente, se les violan sus derechos fundamentales.

En el discurso de nuestra educación, el alumno no necesita saber nada, porque saber implica algún grado de memoria, y ésta, como la peste, debe ser desterrada de las aulas. En este sentido, podría decirse que hay dos palabras prohibidas en los establecimientos educa-tivos de nuestro país, verdaderas palabras tabú que casi no se pronuncian, que se evitan y se temen, son ellas: “memoria” y “disciplina”, maestro que las pronuncie,


Como la memoria ha sido satanizada, nadie debe tener

nada en su cabeza, “obligar” al niño o al joven a poseer unos

mínimos conocimientos, que le permitan, por ejemplo, escribir

una página con coherencia, o hablar dos minutos sobre algo diferente al reality o la

telenovela del momento, es considerado un acto salvaje,

propio de maestros anticuados y sádicos...

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corre serios riesgos.Igualmente sucede con el manejo del lenguaje;

ahora ya no es necesario adquirir un vocabulario que sobrepase las cien palabras con las que puede una persona pedir los alimentos, conversar sobre lo que ve en la televisión, hablar de sexo o rezar. Aquí, resulta igual de asombroso el nivel de manejo del lenguaje que presentan los estudiantes de semestres avanzados en la universidad, sólo por citar este caso, pues en el bachillerato no hay por donde arrimar. Como no he-mos perdido la capacidad de asombro, nos sorprenden cada día las palabras “difíciles” que suelen encontrar los alumnos en los textos que se ponen a leer en ca-rreras de educación o ciencias sociales; por ejemplo, no saben que es incidir, superfluo, coadyuvante, cau-salidad o pesquisa, entre otras, palabras todas sencillas que debían formar parte del vocabulario elemental de un profesional en formación. Ni qué decir, de palabras un poco más especializadas como epistemología, pre-socrático, introspección o dialéctica. Es lógico pensar que con un vocabulario tan corto, pocas cosas pueden decirse o escribirse, porque pocas cosas pueden pensarse.

El discurso que circula aquí, es que, al igual que con el manejo de los conocimientos generales, el alumno sólo necesita de aquello que le permita desenvolverse en la cotidianidad, en lo que la vida le pone cada mo-mento; los datos memorísticos, sean de la índole que sean, y las palabras raras, elaboradas , especializadas, caen en la categoría de cosas inservibles. En este as-

pecto, la dicotomía parece darse entre teoría – praxis; el discurso nuestro de la educación ha entrado a des-preciar profundamente el conocimiento teórico, defen-diendo que sólo importa lo práctico, lo que se necesita ya, ahora, en este momento, lo demás es “carreta”, basura. En virtud de esto, una obra de Homero o de Sófocles no tiene nada que decirnos porque plantean situaciones que hoy no se le presentan a ningún niño o joven, porque no estamos en la guerra de Troya, ni hay tiempo para tragedias psicoanalíticas. Igualmente, se dice, por ejemplo, sobre la edad media, para qué saber de eso si hoy no se da tal “oscuridad”, o, si la revolución francesa ya pasó y fue hecha por burgueses asquerosos, para qué los pobres muchachos de este pobre país van a querer saber nada de eso; la misma historia del país se ha olvidado, por el mero hecho de ser historia y no servir, según los actuales pedagogos y maestros, para nada. Nada, absolutamente nada les sir-ve a las nuevas generaciones porque en la práctica no se verán inmersos en situaciones similares y porque, entre otras cosas, el pasado con su acumulación de arrugas y años, debe permanecer en el cesto de basura de la historia.

Igualmente, para expresar lo que en su cotidianidad un joven necesita decir, sólo con unas cuantas palabras basta. Donde no hay, ni se necesita reflexión, análisis y juicio crítico, para qué tanta palabrería, parecen pensar quienes elaboran los currículos, quienes los aplican, y, por supuesto, quienes estudian.

Otro asunto, que puede ser bastante controvertido, tiene que ver con el esfuerzo personal del estudiante. Tanto en Europa como en nuestro país, hasta hace algunos años, lograr un título, fuera de bachillerato o de universidad, era un asunto de esfuerzo, requería dedicación, compromiso y disciplina personal. De un tiempo para acá, no. El esfuerzo académico ha pasa-do a ser algo tan despreciado como la honradez o la fidelidad. En los colegios, quienes se esfuerzan en el estudio son tachados de “nerds”, palabra que remite a patología; los nerds son, pues, enfermos, sujetos aque-jados de una patología grave que no los deja disfrutar la vida y que los condena a la reclusión en las aulas y los fríos cuartos de estudio, mientras sus pares, sanos en todo sentido, disfrutan la vida que late afuera de estos antros.

El estudiante que se esfuerza es blanco de burlas, de apodos y de chistes, ya que se encuentra desfasado, su conducta es anacrónica y ridícula. En el caso de nues-tro bachillerato, volviendo al decreto presidencial (de-creto 230), es claro que por ley, prácticamente todos

El discurso que circula aquí, es que, al igual que con el manejo de

los conocimientos generales, el alumno sólo necesita de aquello que le permita desenvolverse en la cotidianidad, en lo que la vida le pone cada momento; los datos

memorísticos, sean de la índole que sean, y las palabras raras,

elaboradas , especializadas, caen en la categoría de cosas inservibles.

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los alumnos, aunque hayan perdido muchas materias, deben ser promovidos al año siguiente, ya que las instituciones no pueden exceder el 5% de pérdida que tal decreto permite. No es raro que estudiantes que perdieron muchas materias, que literalmente no hicie-ron nada durante el año lectivo, sean promovidos al siguiente porque la cuenta da más del cinco por ciento. Esto lo saben los estudiantes y los padres de familia quienes viven felices con la medida gubernamental. Sólo se necesita una reflexión sencilla, tan sencilla como la que podría hacer el gato doméstico que duer-me plácidamente en el sofá: “si me sirven la comida tantas veces al día, para qué voy a esforzarme en salir a cazar”, para darse cuenta que lo mismo piensan los jóvenes y niños del país; “si de todas maneras voy a ser promovido, para qué esforzarme tanto”. Es esta una verdad de Perogrullo, para qué el esfuerzo, si éste no es necesario para alcanzar algo. Lo triste, es que este elogio del menor esfuerzo esté llegando a las universi-dades, en las que cada vez se vuelven más blandas las legislaciones educativas, más pobres los currículos, se suprimen los prerrequisitos y se merman los niveles de exigencia en general.

Siguiendo con la cita, podría enunciarse que ningún factor es tan elocuente para darnos una idea del discur-so que impregna la educación en nuestro país, como el de la disciplina o reglas básicas de conducta que el estudiante debe observar como condición para per-manecer en la institución. En esto, Colombia está en un nivel aún más perverso que el de Europa. Habría que hablar en pasado, el alumno “debía” observar reglas, ahora ya no; qué importa que no obedezca las pocas reglas que se ponen, por sobre todo, aún por sobre los demás, él tiene derechos absolutos que nada ni nadie le pueden quitar, uno de ellos, es el de permanecer, a toda costa, en la institución.

Para nadie es un secreto, aunque muchos lo nieguen o intenten desconocerlo, que la mayoría de las institu-ciones educativas, al menos en los estratos bajos, se han convertido en sitios de reclusión temporal en los que padres de familia dejan a sus hijos por unas horas (¡que ojalá fueran más!), buscando, por un lado, librar-se de ellos, y, por el otro, que no los maten muy ligero en las calles.

Acompañada del discurso omnipresente de los “de-rechos” y de la “pedagogía del amor y la tolerancia”, la escuela abrió sus puertas para toda la pluralidad que quisiera entrar, asegurándole la permanencia incondi-cional.

La nueva escuela, conmovida como nunca, suave y

afectuosa, se presenta transformada, ha dado un gran vuelco, producido en gran medida por el impacto del discurso de una psicología barata que predica como pilar profiláctico de la salud psíquica la “evitación del trauma a toda costa”, y por el impacto de las balas que mataron a muchos maestros, cuya muerte, algunos se atreven a decir, la tenían bien merecida por rígidos y exigentes con los pobres muchachos. Esta nueva es-cuela se presenta armada de una permisividad pasmo-sa, encubierta muchas veces bajo la palabra tolerancia.

Si para ganar el año no hay que hacer ningún esfuer-zo académico, para mantenerse en la institución, me-nos hay que hacer ningún esfuerzo de tipo conductual. La “tolerancia” y el “respeto” a los derechos saltaron al tablero y desde allí lo gobiernan todo. No hay acción, palabra o gesto que en la escuela no pase por el tamiz de estas palabras, hemos llegado a extremos tales, que saludar a un alumno y esperar que responda al saludo es interpretado como violar el derecho al libre desarro-llo de su personalidad. Otra cosa es todo lo que se per-mite en las instituciones educativas; bajo el amparo del Código del Menor; los alumnos cometen desde lo que puede verse como verdaderos delitos (prenderle fuego a la cabeza de sus compañeras, herir con armas blan-cas o de fuego a compañeros o profesores, extorsionar a los dueños de la tienda escolar), hasta lo que para pa-dres de familia y otros agentes educativos, ha pasado a considerarse como cosas menores (robar, consumir y distribuir drogas en la institución, destruir los mue-bles y enseres o masturbarse en público). Todo esto se


La nueva escuela, conmovida como nunca, suave y afectuosa, se presenta transformada, ha dado un gran vuelco, producido en gran

medida por el impacto del discurso de una psicología barata que predica como pilar

profiláctico de la salud psíquica la “evitación del trauma a toda costa”, y por el impacto de

las balas que mataron a muchos maestros, cuya muerte, algunos se atreven a decir, la

tenían bien merecida por rígidos y exigentes con los pobres muchachos...

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hace ante la mirada complaciente de padres de familia, administradores, maestros y jueces de menores, que al unísono repiten que aunque haya falta grave, niños o jóvenes no pueden desescolarizarse, porque al hacerlo se les estaría violando el derecho a la educación, y esto es sagrado, más sagrado que la vida o el cuerpo del compañero herido.

El discurso dogmático y omnipresente de los de-rechos ha ocupado el lugar que debería ocupar la exigencia del mínimo respeto que se debe tener por el otro y que es necesaria para vivir en sociedad.

El Estado se llena la boca pregonando el aumen-to de las tasas de escolaridad y de permanencia en las aulas, permanencia debida en gran parte a la no repitencia y a la tolerancia de conductas agresivas y dañinas dentro de las instituciones educativas. En esta dirección, es fácil reconocer aquí una de las nuevas metas del sistema educativo, que ha terminado por ahogar, entre otras, la meta de la adquisición de cono-cimientos, se trata de la “libertad personal del alumno”, meta bastante clara en Europa, y que en nuestro caso, emparenta muy bien con el cuento de los derechos y la tolerancia.

En un acto supremo de reconocimiento personal, al niño y al joven se les ha otorgado pleno status social; tal reconocimiento apunta a la libertad de hacer lo que quieran, pero no a la obligación de responder por sus actos. Este discurso señala que si algo define al ser humano, es la libertad, por eso, ésta debe fomentarse desde la infancia; el niño y el joven, dicen los psicólo-gos y los pedagogos, deben crecer en libertad, por lo tanto, debe erradicarse de su vida la norma y la disci-plina que sólo sirven para ponerle trabas a su libertad y para volverlo un ser solitario y miedoso. Así, en aras de la suavidad de los discursos que buscan evitar tocar la frágil sensibilidad del niño y el joven, por ejemplo, el término “reglamento” ha sido proscrito de los colegios; decir hoy reglamento es una herejía que se paga en la hoguera del señalamiento social y laboral. La palabra reglamento no debe usarse en presencia de una perso-na menor de 25 años, ya que causaría serias lesiones a su estructura psicológica, lesiones irreversibles, pues la magnitud del trauma podría deteriorar no sólo áreas extensas del lóbulo frontal, sino, marcar toda su con-ducta posterior, atrofiar su autoestima y crearle ideas irracionales sobre sí mismo y el entorno.

A propósito de lo anterior, “autoestima” es otra pa-labra que ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en el Olimpo educativo. Todo, absolutamente todo lo que haga o diga un maestro debe ser muy bien pensado

y calculado, ya que podría dañar y afectar seriamente la autoestima del estudiante. Por el miedo a que esto pase, son muchas las cosas que se callan y se evitan ver y señalar en las instituciones educativas. Se ha lle-gado al punto de decir que el maestro no debe señalar, y mucho menos corregir los errores que cometen los alumnos, sean del tipo que sean, pues al hacerlo está ocasionando un grave daño a una personalidad apenas en formación, bajándole la autoestima, poniéndolo en la vía del fracaso y del trauma indeleble.

Dentro de esas cosas que han pasado a considerar-se como atentados contra la libertad de los alumnos, también se encuentra el cumplimiento de las tareas y la preparación de exámenes, cosas que implican una “obligación” o “compromiso”. Si algo tiene claro el discurso pedagógico actual es que los niños y jóvenes no deben hacer nada “obligados”, los únicos que tene-mos obligaciones somos los adultos, seres amargados, resentidos y tristes, que agobiados por el peso del principio de la realidad arrastramos nuestros pies por empresas, fábricas y hogares, exhibiendo la miseria hu-mana, en un espectáculo que no deberían contemplar niños y jóvenes, pues esto también los traumatiza.

Al unísono, se repite que los menores sólo deben conocer la dicha, la felicidad que brinda una vida libre de compromisos, de tareas que cumplir. La infancia y la juventud, son jardines que hay que dejar crecer libre-mente, dicen de manera poética psicólogos, jueces, pe-dagogos y publicistas, abanderados de esta campaña en pro de la nueva educación.

Si para ganar el año no hay que hacer ningún esfuerzo académico, para mantenerse en la

institución, menos hay que hacer ningún esfuerzo de tipo conductual. La “tolerancia” y el “respeto” a los derechos saltaron al tablero y desde allí lo gobiernan todo. No hay acción, palabra o gesto que en la escuela no pase por

el tamiz de estas palabras, hemos llegado a extremos tales, que saludar a un alumno y

esperar que responda al saludo es interpretado como violar el derecho al libre desarrollo de su

personalidad.

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El cuento de la libertad ha descentrado también al maestro, figura triste, que de ser comparado en otras épocas con el policía, ha pasado a ser conside-rado como el sirviente, alguien presto a satisfacer los deseos del amo; que de inspirar miedo y respeto, ha pasado a inspirar lástima y risa. El maestro ya no es maestro, alguien que posee un saber y puede transmi-tirlo, sino alguien que acompaña las horas en las que los estudiantes hacen lo que quieren, pues es poco lo que él puede exigir. Por eso, los currículos se volvieron flexibles y pobres, hay que contar con lo que se vive en el medio, con la voluntad del estudiante, con sus necesidades, y hasta con sus traumas, lo cual deja poco margen para una mínima formación a la que bien po-dría aspirar un bachiller de nuestro país. Para enseñar lo poco que queda, no se necesitan personas muy capacitadas, para hacerse el de la vista gorda frente a todo lo que se ve en un patio de recreo o en un salón de clase de una institución educativa, tampoco; debe ser por esto, que por ley, también se ha determinado que cualquiera puede ejercer la profesión docente, lo que ha llevado a que en la actualidad haya una gran pugna entre licenciados y profesionales de todas las carreras que buscan ingresar a la educación.

En este sentido, señala la autora del artículo, que debi-do a la situación tan difícil, en Europa, muchos maestros prefieren abandonar la profesión, desmotivados y cansa-dos. Respecto a esto, en nuestro país es rara la renuncia de un maestro, pues como las cifras de desempleo lo in-dican, no es fácil encontrar empleo en otra cosa, también, porque a pesar de todo, después de algunos años de ejercicio profesional, los maestros se van “acomodan-do” a su trabajo y permanecen en el puesto muchos años. Así, la gran mayoría de docentes del sector oficial ya están jubilados y continúan en sus puestos, pues, tienen por ley, derecho a quedarse hasta los sesenta y cinco años, devengando sueldo y pensión, hecho que parece ayudar, no sólo a subir el maltrecho ingreso, sino, a soportar las múltiples dificultades que se presentan en las aulas.

A propósito de esto, se habla de altos índices de consulta por enfermedad mental entre el gremio do-cente, consultas que en alto porcentaje se convierten en reclusiones periódicas en manicomios y casas de reposo. Situación que ha dado pie a chistes y bromas en los que se cuestiona seriamente la salud psíquica de quienes se dedican a formar las nuevas generaciones. No puede desconocerse, desde ningún punto de vista, que la labor docente en nuestro país, con las condicio-nes que reinan no sólo en las grandes ciudades, sino

en el campo, es una labor supremamente dura, estre-sante y mal remunerada, que lleva implícitos ciertos riesgos profesionales que afectan no sólo el aspecto físico, sino el psíquico de quienes se dedican a ella, máxime, cuando las nuevas reformas estatales han su-primido períodos de vacaciones y han aumentado las horas de trabajo semanales. Sobra, igualmente decir, que desde tiempos inmemoriales se han enloquecido los maestros, como se han enloquecido los de otras profesiones, cada uno a su manera.

En aras de la “adaptación al medio”, muchos maes-tros de vieja data han terminado por cambiar, aunque sólo sea en apariencia, sus esquemas pedagógicos, personales y didácticos, asumiendo el modelo de edu-cación ligth que predica el Estado y reciben con bene-plácito estudiantes y padres de familia.

Aunque han cerrado sus puertas algunas facultades de educación, todavía siguen ingresando a la profe-sión docente personas que, desconocedoras en gran medida de la legislación laboral y educativa, ven en esta profesión una opción futura de trabajo. Muchos de ellos son personas aburridas en otras profesiones, mujeres cansadas de estar en la casa desempeñando oficios domésticos y jóvenes que vieron negado su ingreso a la universidad por la vía de otras carreras más lucrativas y de más status social. Otra cosa son los pro-fesionales de otras áreas diferentes a la pedagogía, que cansados de buscar empleo en su saber específico, pa-ran de maestros, amparados en la nueva legislación que les ha dado pleno derecho para ingresar al medio.


En un acto supremo de reconocimiento personal, al niño y al joven se les ha otorgado pleno status social; tal reconocimiento apunta a la libertad de hacer lo que quieran, pero no

a la obligación de responder por sus actos. Este discurso señala que si algo define al ser

humano, es la libertad, por eso, ésta debe fomentarse desde la infancia; el niño y el joven,

dicen los psicólogos y los pedagogos, deben crecer en libertad, por lo tanto, debe erradicarse

de su vida la norma y la disciplina que sólo sirven para ponerle trabas a su libertad y para

volverlo un ser solitario y miedoso.

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Vistas así las cosas, no se muestra, en la actualidad, muy alentador el panorama de la profesión docente y la educación en nuestro país, y no lo será en el futuro, pues las generaciones nuevas de normalistas y licen-ciados han sido formados, desde la primaria, en este nuevo discurso pedagógico que venimos presentando. Como hecho nuevo, en algunos colegios se confunden alumnos y docentes, no sólo por la juventud, sino por la mentalidad y posición de los segundos frente a la norma y la adquisición de conocimientos. La peda-gogía del “pobrecito” y del “amor” parece estar bien arraigada en estas generaciones nuevas de maestros a quienes no es raro escuchar decir que “los jóvenes sólo necesitan amor y libertad para crecer sanamente, que el conocimiento no es necesario en la vida”. Aquí podría señalar las serias dificultades que encuentran muchos docentes universitarios en clases impartidas en facultades de educación, en las que resulta particu-larmente difícil la exigencia intelectual, la concentración en el trabajo y el cumplimiento de las tareas y obliga-ciones académicas por parte de los futuros licenciados. Por ejemplo, todos quieren ganar, o mejor dicho, tie-nen que ganar; una gran mayoría no acepta que se le corrijan sus trabajos y quieren una nota excelente por cualquier cosa que hagan, así no cumpla mínimamente con los parámetros establecidos; tienen por norte la fi-losofía del “menor esfuerzo”, según la cual, el maestro tiene que valorar cualquier cosa, porque ella, por mala que sea, necesitó un esfuerzo y esto es lo que vale. Son pues, maestros en potencia, con mentalidad de alum-nos de primaria o bachillerato. Así, es dudoso esperar que la situación mejore en los próximos años.

Volviendo a los estudiantes en general, en una cita, un poco extensa, la autora presenta el testimonio de un joven profesor francés, que igualmente parece saca-do del diario de un profesor nuestro, veamos:

“...sus estudiantes de formación profesional no en-tienden instrucciones y no tienen conocimiento previo alguno. Su único lenguaje es la jerga juvenil. Vienen a clase cuando les apetece, dan explicaciones fantasiosas y repiten absurdos aunque el profesor les haga ver la imposibilidad de sostener lo que dicen. Una respuesta típica cuando se les corrige por algo es decir que “fue una broma”. No aceptan ningún tipo de responsabili-dad por su trabajo escolar. Dicen no tener dinero para comprar un cuaderno pero visten ropa de marca y tie-nen el último modelo de teléfono móvil. Son chicos de dieciocho años incapaces de concentrarse más de una hora, que por cualquier ruido se distraen e interrum-pen su actividad. Su autoestima es tan baja que a veces interpretan una simple instrucción como un ataque

personal insufrible. Viven en el presente en el sentido de que consideran sin importancia todas las referencias a lo que se ha dicho o hecho anteriormente, a la vez que son incapaces de hacer planes para el futuro. No se orientan en el mundo por el pensamiento sino por el sentimiento. Durante una excursión, el profesor se sorprende de que constantemente quieran comer o ir al lavabo. En otras palabras, su desarrollo físico, social y psíquico es semejante al de un niño preescolar mien-tras sus cuerpos ya poseen la fuerza física del adulto. Las palabras que tienen constantemente en la boca son sus “derechos” y el “respeto” que exigen, lo cual suena hueco porque ellos mismos no respetan, para empezar, el derecho a la educación de sus propios compañeros”.2

Prácticamente no hay necesidad de comentar la cita, sólo resta decir, de manera parroquial, que si por allá llueve, por aquí no escampa. La gran mayoría de nues-tros jóvenes del nivel de bachillerato y universitario, parecen estar narcotizados por un sistema educativo, social y familiar que los trata eternamente como niños indefensos, como víctimas y como débiles mentales, sin capacidad de responder por sus actos, sin compro-miso personal o social, sin interés por el conocimiento y repetidores del discurso vacío de los “derechos”, que ha terminado por convertirse en un discurso cir-cular del que es imposible salir, pues todos lo repiten y apoyan, unos por miedo, otros por comodidad, una gran mayoría porque creen en él, y unos más, porque así se ganan la plata.

NOTAS

1 Enkvist, Inger. El discurso europeo actual sobre la educación. Ejemplos de Suecia, Inglaterra y Francia. En Revista Debates Nº 37 Enero – Abril de 2004. Medellín, Universidad de Antioquia. p. 4.

2 Ibíd., p. 7.


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Puede resultar un contrasentido hablar de la internacionalización de las Universidades Colom-bianas y los efectos de la globalización en la Educación Superior, cuando todos aceptamos el carácter universal e internacional de las universidades y su compromiso con las ideas de la universalización del conocimiento.

Indudablemente el actual escenario global, donde rápida e inadvertidamente han confluido en el campus universitario la sociedad de la información, determina-da por las nuevas tecnologías de información y comu-nicaciones y la sociedad del conocimiento, determina-da por su rápida producción y distribución, cambia por completo el rol de las Universidades en la formación del individuo como epicentro de la globalización.

El término internacionalización referido a la educa-ción superior tiene diferentes significados y alcances; puede ser simplemente el convenio o acuerdo con uni-versidades del exterior, la presencia de profesores ex-tranjeros en simposios o seminarios locales, la posibili-dad de alcanzar o verse beneficiado por alguna beca de estudios en el exterior o incluso la simple expectativa e ilusión que abriga todo estudiante de tener la oportu-nidad de salir del país. Cualquiera que sea la interpre-tación que se le de al término, es de todos aceptado que la Universidad de hoy debe ser más internacional. La pregunta entonces radica no tanto en su significado, sino en las estrategias y acciones encaminadas a alcan-zar una verdadera internacionalización.

Internacionalización, una palabra de moda o una paradoja para la universidad colombiana en el actual escenario global de la educación superior

PorJorge Uribe Roldán*

* Canciller de la Universidad del Rosario y Profesor Universitario

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Del mismo modo, una verdadera internacionalización implica a su vez acciones y compromisos mayores, que no sólo deben ser analizados con cierto detenimiento por los gestores de la educación superior en el país, sino también deben ser incorporados en las políticas, programas y actividades de las Universidades como dimensión estratégica fundamental para el desarrollo y la verdadera inserción del país en el contexto mundial.

Este artículo busca hacer un análisis del entorno inter-nacional en el cual se encuentra inmersa la universidad colombiana y una reflexión sobre las opciones estraté-gicas y respuestas a ese complejo y cambiante entorno.

El punto de partida es que la internacionalización no es ya un concepto abstracto ni libre de interpretaciones subjetivas. Si bien la internacionalización puede ser descrita en términos de promoción de la cooperación y el entendimiento entre las naciones; o como el ins-trumento para facilitar la calidad o la pertinencia de la educación superior, su definición debe ser lo suficiente-mente objetiva como para describir un fenómeno que aunque de hecho universal, ofrece diferentes riesgos y oportunidades según el contexto y tiempo en que ten-ga lugar o aún, según los actores que se beneficien o afecten del fenómeno.

La definición neutral comúnmente aceptada la han venido desarrollando los profesores Jane Knight de la Universidad de Toronto y Hans de Wit de la Uni-versidad de Ámsterdam quienes la definen como «el proceso de integrar la dimensión internacional, in-tercultural y global en los propósitos, las funciones y la forma de proveer la enseñanza, la investigación y los servicios de la Universidad» (De Wit y Knight 2004).

Esta definición tiene cuatro características funda-mentales:

En primer lugar debe entenderse como un proceso en continua evolución y desarrollo central al quehacer de la universidad.

En segundo lugar integrador de la dimensión inter-nacional para que en forma transversal abarque las políticas y programas académicos en forma central y no marginal.

En tercer lugar es tridimensional; internacional en cuanto a la relación entre países, naciones y culturas; intercultural en cuanto a la diversidad cultural en un mismo territorio y Global frente a su cobertura y alcan-ce.

Por último se relaciona estrechamente con la misión, funciones y la forma como provee la enseñanza y el en-

trenamiento una determinada institución en un sistema de educación determinado territorialmente o aún, más allá de las fronteras territoriales o transfronterizo.

Hecha esta aclaración y como contribución al de-bate de la Educación Superior y la internacionalización vale la pena destacar temas sobresalientes que invitan a la reflexión:

1. La educación y el actual escenario global.No quiero iniciar el debate de «la internacionalización

de la educación superior», sin antes detenerme al aná-lisis del escenario en el cual se encuentra hoy inmersa la educación superior. Indudablemente es fácil entrar al debate de la internacionalización dejando de lado las realidades que nos plantea esta nueva década, y asumir posiciones teóricas o academicistas sobre el carácter de la educación como servicio público o bien canjeable; como si el debate de la educación se diera aisladamente o en el vacío. La realidad es bien distinta y por lo tanto, tener presente el actual escenario global nos permite abordar más objetivamente el análisis.

Es innegable que el rápido tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, llevó a las instituciones de educación superior, productoras de conocimiento por excelencia, y a los sistemas de educación mundiales, a una encrucijada donde con-vergen tres confusos y contradictorios escenarios, no necesariamente determinados por el fenómeno de la

...una verdadera internacionalización implica a su vez acciones y compromisos

mayores, que no sólo deben ser analizados con cierto detenimiento por los gestores de la educación superior en el país, sino

también deben ser incorporados en las políticas, programas y actividades de las

Universidades como dimensión estratégica fundamental para el desarrollo y la

verdadera inserción del país en el contexto mundial.

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globalización pero que claramente han cambiado por completo el panorama mismo de la educación y la forma como se enseña, y que a la vez exigen actitudes y respuestas urgentes y satisfactorias. Ya no es posible, desde el punto de vista de la academia, seguir hablan-do de estos cambios y encrucijadas de la educación sin empezar a transitar por ellas con una clara conciencia de cambio y en función de una verdadera internaciona-lización o globalización.

En primer lugar, nos enfrentamos a un nuevo esce-nario demográfico, determinado por un generalizado aumento de la población en busca de espacios y mo-delos de educación y formación no necesariamente satisfechos o de calidad; una creciente urbanización y abandono del campo y nuevas tendencias y corrientes migratorias transcontinentales que, acompañadas de un paulatino envejecimiento de las sociedades occiden-tales, están transformado el trabajo y el empleo.

Indudablemente estas nuevas fuerzas migratorias y composición demográfica en un determinado país o una región, ejercen una enorme influencia en la forma como se accede o se provee la educación superior. Consecuentemente, nos vemos ante la necesidad de ofrecer y suplir educación con mayor alcance y co-bertura en países en vías de desarrollo y educación especializada para unos pocos en países desarrollados; educación de calidad en todos los niveles, educación para el trabajo urbano, educación multicultural para sociedades multiétnicas y educación para toda la vida.

En segundo lugar vivimos en el escenario consolidado

de la globalización, determinado por el flujo, mas allá de las fronteras nacionales, económicas, culturales, tecnológicas o institucionales, de personas, bienes, servicios, ideas, información, imágenes, valores o creencias. Escenario inevitable e irreversible que deja de ser un concepto neutral para convertirse en otra realidad, acompañada de promesas, oportunidades y serias amenazas.

La globalización es no sólo con los mercados sino también más allá de los mercados; la globalización es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconectividad entre ellas; la globalización es integración global y regional, es global y local a la vez y curiosamente es igualmente racional y pasional a la vez.

Consecuentemente, este fenómeno con sus para-dojas exige desde el punto de vista de la educación la imperiosa necesidad y compromiso de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalización. Sistemas de educación para preservar el lenguaje, la herencia, la cultura y los modos de vida en un mundo cada vez más homogenizado y el establecimiento de vínculos más estrechos y más racionales entre la educación y la economía local y al propio tiempo entre la educación y el mercado global. Educación para la adquisición de tecnologías, educación para reducir el impacto de la fuga de cerebros en un mundo con mayor movilidad académica y sistemas de educación que den respuesta al cambiante rol de la educación en los mercados y para los mercados.

En tercer lugar y tal vez en forma inadvertida, pre-senciamos atónitos el escenario de la explosión del conocimiento.

La producción y distribución del conocimiento se ha convertido en la más potente fuerza del cambio social. Las permanentes y siempre nuevas tecnologías de información y comunicaciones transforman todas las actividades de la vida humana y a ellas no escapa la forma como se enseña y se provee la educación. La Internet ha cambiado la forma como se guarda y se distribuye la información, y se obtiene y se usa el cono-cimiento. Este incontrolado flujo de información inunda por igual a la universidad y al estudiante, quienes en ocasiones no logran darle una lectura apropiada a un conocimiento que proviene de fuentes diversas, disper-sas y no confiables, llevando a las universidades a re-pensar su papel para responder a una sociedad basada en el conocimiento, al igual que al estudiante le resulta más importante desarrollar habilidades para encon-

Internacionalización, una palabra de moda o una paradoja para la Universidad colombiana...

Indudablemente estas nuevas fuerzas migratorias y composición demográfica

en un determinado país o una región, ejercen una enorme influencia en la

forma como se accede o se provee la educación superior. Consecuentemente, nos vemos ante la necesidad de ofrecer y suplir educación con mayor alcance y

cobertura en países en vías de desarrollo y educación especializada para unos

pocos en países desarrollados

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trar, analizar, procesar y sintetizar la información que memorizarla o recordarla. Sin embargo transformar la información en nuevos conocimientos aprovechables frente a un limitado acceso a las TIC’s, nos presenta una brecha enorme en este escenario del conocimien-to. El 90% de los usuarios de Internet proviene de países desarrollados que sólo representan el 16% de la población mundial.

Consecuentemente, estos cambios exigen acceso a formas y métodos de enseñanza flexibles y novedosos, a recursos de educación apoyados por plataformas inte-ractivas de Internet y lo que es tal vez más importante, al desarrollo de habilidades para buscar, seleccionar y analizar información dispersa por el ciberespacio.

En este mismo contexto y bajo estos tres confusos escenarios que han cambiado el rol de la educación, las universidades han tenido igualmente que afrontar complejos retos y asumir nuevos roles en la forma de proveer los servicios de educación. De allí la nueva ola de la internacionalización de las IES, donde igualmente las universidades empiezan a orientarse a los mercados para responder a un creciente espíritu de competencia o competitividad si se quiere, y donde universidades tradicionales, gracias a las TIC logran expandir sus hori-zonte y atravesar sus fronteras territoriales para atender una nueva demanda en educación, suplida igualmente por nuevos proveedores de educación, no necesaria-mente ÍES en sentido estricto, pero si orientados al lucro.

2. Educación Transnacional, Educación sin fronteras o Educación Transfronteriza. Otra consecuencia de los tres escenarios descri-

tos arriba, determinada por la creciente movilidad del conocimiento, las instituciones y las personas, es el surgimiento de lo que se ha llamado la educación transnacional, educación sin fronteras o educación transfronteriza. Conceptos interrelacionados que tien-den a confundirse y que no necesariamente significan lo mismo.

El término Educación Transnacional fue acuñado por la UNESCO en 2001 (UNESCO, Consejo de Europa 2001) para referirse al tipo de educación donde el estudiante está ubicado en un país diferente al que está ubicada la ÍES que otorga el respectivo título. En cambio el término educación sin fronteras se refiere en sentido amplio a la desaparición de las fronteras geográficas, culturales, y aún legales que circunscribían tradicionalmente la acción de las ÍES. Curiosamente el término educación transfron-

teriza enfatiza la existencia de fronteras geográficas, las cuales son traspasadas o superadas por las IES que proveen el servicio de educación.

A pesar de lo reciente de la terminología, parece que el término Educación Transfronteriza es el de mayor aceptación. Entonces, ¿cuál es el significado de este tipo de educación, su impacto y sus implicaciones?

Estas fronteras se dan con relación al nivel y tipo de educación; bien sea educación superior o educación para adultos o educación continuada. También se da con relación al carácter de la institución, pública o privada, o sus fines, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, así como con relación al tiempo y el espacio, educación virtual o enseñanza en línea. Claro está que el impacto y alcance de la educación transfronteriza varía entre países de acuerdo con el nivel de penetra-ción y uso de las TIC, las preferencias y hábitos de los estudiantes frente a las formas en que la educación es proveída y las regulaciones y restricciones impuestas por el Estado.

Igualmente, bajo este tipo de educación aparecen en el escenario los nuevos proveedores de educación superior generalmente orientados al lucro y no necesa-riamente constituidos como IES en sentido tradicional, que toman distintas formas, tales como alianzas regio-nales o internacionales de universidades, universidades empresariales o corporativas, intermediarios de la edu-cación o proveedores de servicios conexos a la educa-ción. Proveedores claramente orientados al mercado, con estrategias de penetración y cobertura de merca-dos claramente definidas y generalmente muy bien financiados, que con ofertas novedosas e innovadoras orientadas al mercado del trabajo atraen a sus puertas números cada vez más significativos de estudiantes.

Otra consecuencia de los tres escenarios descritos arriba, determinada por la

creciente movilidad del conocimiento, las instituciones y las personas, es el

surgimiento de lo que se ha llamado la educación transnacional, educación sin

fronteras o educación transfronteriza. Conceptos interrelacionados que tienden

a confundirse y que no necesariamente significan lo mismo.

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Indudablemente este tipo de educación impone re-tos políticos e institucionales. El solo hecho del traspa-so de las fronteras implica la reducción de las barreras fronterizas para facilitar o liberalizar la provisión global de la educación; tema central que se debate y negocia actualmente en tres foros multilaterales. OMC, ALCA y TLC’s.

Este tipo de educación con todas sus variantes y múltiples actores, está cambiando la forma de hacer educación. Nuevos proveedores y nuevas formas de proveer el servicio de educación, dan lugar a nuevos tipos de titulaciones, calificaciones y reconocimientos frente a la exigencia de calidad, pertinencia y cobertura de la educación. Habrá que encontrar los mecanismos, posiblemente de selección del mercado y los consu-midores, para evitar la proliferación de «fábricas de títulos», «universidades de garage» como se les llama en Colombia, o «mecanismos de auto acreditación» o «entidades acreditadoras de garage».

Es así como empezamos a ver Universidades intere-sadas en transformar estos retos en nuevas oportunida-des de reconocimiento y posicionamiento institucional y de financiación, preocupadas por mejorar la calidad de su oferta para aumentar el acceso y lograr reducir los costos de la educación. Universidades con una ofer-ta de educación modularizada, de manera que pueda ser usada y re-usada. Universidades revisando el papel de su cuerpo docente para desarrollar competencias y habilidades en educación virtual o e-Iearning, y univer-sidades que adoptan nuevos estilos de liderazgo y for-mas innovadoras de gestión institucional para ser más adaptables y flexibles a los cambios del entorno.

3. La educación como industria globalGeneralmente cuando se nos pregunta a los acadé-

micos, qué es la educación, pensamos en todo menos en la educación como un sector o industria. La verdad es que a los académicos nos cuesta pensar en términos del mercado. Sin embargo, la educación hoy es una industria global.

De acuerdo con un reciente estudio de la OECD (Mayo 2002)1 los servicios de educación terciaria mueven US$30 billones anuales, aproximadamente el 3% del comercio global en servicios, emplean 50 millones de personas , tienen alrededor de 97 millones de consumidores-estudiantes y es un sector que crece rápidamente.

Actualmente hay aproximadamente 1.54 millones de estudiantes recibiendo instrucción fuera de sus países

de origen. Europa es la región receptora más atractiva con 840.000 estudiantes, seguida de Estados Unidos con 582.000. China, India, Corea y Japón ocupan los primeros lugares en envío de estudiantes al exterior. En América Latina sólo México, Brasil y Colombia presen-tan cifras significativas de envío a USA; 10.670, 8.846, 6.765 respectivamente.

IDP Australia estima que para el año 2025 habrá en el mundo alrededor de 263 millones de estudiantes en educación terciaria de los cuales 7.3 serán estudiantes internacionales, 1.2 estudiando en Australia. El número de estudiantes internacionales en Australia y el Reino Unido se ha triplicado desde 1990.

Según datos oficiales de los Estados Unidos, las ventas transfronterizas de servicios de enseñanza por empresas estadounidenses a compradores extranjeros totalizaron US$8.300 millones en 1997, representadas en gastos de enseñanza y manutención de los residen-tes extranjeros matriculados en universidades e institu-tos de enseñanza superior en USA2 .

Estas cifras no incluyen los servicios prestados por educación virtual y de nuevos proveedores, y se re-fieren exclusivamente a la OECD, Estados Unidos y Australia, únicos países que se han dado a la tarea de medir en términos cuantitativos su sector de educa-ción. Para estos países, el desarrollo de la educación como sector de exportación obedece a una política pública de educación internacional clara, definida y focalizada que se fundamenta en una estrategia de ne-gociación comercial donde de antemano, se conoce la capacidad de respuesta del sector y de las IES frente a la competencia, bien sea bajo un escenario globalizado


...Nuevos proveedores y nuevas formas de proveer el servicio de educación, dan lugar a nuevos tipos de titulaciones, calificaciones y

reconocimientos frente a la exigencia de calidad, pertinencia y cobertura de la educación. Habrá que encontrar los mecanismos, posiblemente

de selección del mercado y los consumidores, para evitar la proliferación de «fábricas de

títulos», «universidades de garage» como se les llama en Colombia, o «mecanismos de auto

acreditación» o «entidades acreditadoras de garage».

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regulado exclusivamente por las fuerzas del mercado o liberalizado, y ciertamente regulado vía los acuerdos multilaterales del GATS.

Curiosamente en América Latina, el sector de edu-cación parece ser el más diagnosticado pero el menos medido en términos cuantitativos; y a pesar de que en términos de las negociaciones comerciales del GATS y aún del ALCA, es el que menos restricciones tiene, no sabemos su tamaño ni su capacidad de respuesta fren-te a la competencia, ni menos aún su competitividad, si se me permite la expresión, en un mundo demográfí-co-globalizado-interconectado.

Desde el punto de vista estratégico político, tanto para los gobiernos como para las IES, tal vez sea más importante conocer las cifras del sector para determi-nar su capacidad de respuesta a la competitividad, y al propio tiempo para fijar una política de internacio-nalización del sector y de las propias IES definida y conocida por todos los actores, que preocuparse por la dinámica de las negociaciones dentro de la compleja técnica del comercio internacional que ellas mismas encierran.

Es claro que en el curso de la liberalización del co-mercio en general habrá que tomar en consideración los objetivos de política de comercio exterior y las prioridades de los sectores en el desarrollo, pero referi-dos siempre a la especificidad del sector de educación como motor del desarrollo humano y social. Grave sería entrar a procesos de negociación comercial sin conocer de antemano el marco regulatorio, el tamaño del sector, su capacidad de respuesta y su competiti-vidad pues se puede correr el riesgo de jugar la carta de la educación en aras a proteger o desarrollar otros sectores aparentemente más estratégicos como el transporte, el turismo o el financiero.

4. Educación y Comercio, ¿un binomio posible? Dentro de los objetivos de este artículo no me es

posible entrar a debatir el alcance y las consecuencias de la inclusión de la educación como servicio en las negociaciones tanto multilaterales como bilaterales orientadas a la liberalización del comercio en servicos. Igualmente sí la educación es hoy un bien público o un bien transable susceptible de ser comercializado, o si el binomio educación y comercio planteado en las negociaciones multilaterales y bilaterales del comercio, llámese, TLC, ALCA o GATS es posible.

Quisiera solamente resaltar dos interesantes con-

tribuciones sobre el tema; una de la profesora Jane Knight de la Universidad de Toronto en Canadá, publi-cada por el Observatory on Borderless Higher Educa-tion con sede en Londres (www.obhe.ac.uk) titulada «Servicios de educación superior: implicaciones del Gats», posteriormente complementada en « GATS, Tra-de and Higher Education, perspective 2003- Where are we? Mayo 2003,3 y otra de la Doctora Carmen García Guadilla del Centro de Estudios del Desarrollo, CEN-DES de la Universidad Central de Venezuela, quienes desde ópticas y perspectivas diferentes plantean en for-ma práctica, objetiva y balanceada las posibles alterna-tivas, escenarios y salidas al debate de la liberalización del comercio en servicios de educación. Planteamien-tos que, sin tapar el sol con las manos, pueden respon-der sin subordinaciones (C. García-Guadilla, 2002)4 o apasionamientos, al reto que plantea la nueva globali-zación en la década de los 00’s, atendiendo igualmente a las diferentes opciones que ofrece la integración re-gional en educación terciaria, como motor del desarro-llo y mecanismo para la reducción de la pobreza.

5. La Internacionalización en casaDe la misma forma que me he referido a la educa-

ción transfronteriza, es importante resaltar la especial importancia que cobra la llamada internacionalización hacia adentro o Internacionalización en casa (Nilsson 2003). Esta modalidad se preocupa por determinar lo que sucede en el campus universitario y concretamen-te en el salón de clases frente al aspecto tridimensional de la internacionalización y la relación estudiante-profesor; ya no referida a la movilidad académica, sino a las estrategias, los programas y las acciones encaminadas a traer al salón de clases esta dimensión, de manera que el estudiante que no tiene la opción de salir del país, no sólo pueda acceder a las fronteras del conocimiento, sino también le pueda dar una lectura apropiada y contextualizada, o si se quiere Glocal, lo-cal y global a la vez, a lo que acontece en el escenario global. Igualmente ofrecer la opción en los estudiantes de desarrollar las habilidades para desempeñarse en ambientes académicos y profesionales multiculturales y en los profesores la posibilidad de participar en redes internacionales de producción, intercambio y distribu-ción de conocimiento.

La internacionalización en casa comprende tres as-pectos:

a). El conocimiento y dominio de otras lenguas, especialmente aquellas que por efectos del mismo fe-nómeno de la globalización se han convertido en lingua

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franca, no sólo en el mundo académico, sino también en el político y laboral.

b). La internacionalización del currículo, como estrategia para aproximarse a las fronteras donde se produce el nuevo conocimiento científico, esencial para la inserción participativa en el escenario global de la información y el conocimiento.

c). La Glocalidad, si se me permite acuñar el térmi-no, referida a la necesidad de fomentar y desarrollar las competencias y las habilidades que le permitan al estudiante y al profesor entender la diversidad y las di-ferencias del entorno para desempeñarse en ambientes multiculturales de trabajo e investigación.

Esta nueva tendencia de la internacionalización de la educación superior hace especial énfasis en el proceso intercultural de la enseñanza y la formación para el tra-bajo, así como el papel que juega el elemento curricu-lar. Sin embargo, no debe ser incorporada en las políti-cas institucionales en forma aislada de los procesos de movilidad académica. De hecho son complementarias y contribuyen a acelerar el proceso de internaciona-lización del campus, de la comunidad académica en general y de las actividades mismas de la universidad.

6. El espacio común de educación superior entre Europa. América Latina y el Caribe. UEALCFinalmente me quiero referir, así sea en forma rápida, al

intenso proceso de convergencia y homogenización aca-démica que acontece actualmente en Europa a instan-cias de lo que se conoce en el mundo académico como el Proceso de Bolognia, y su impacto en los sistemas

de educación y en las relaciones con América Latina y el Caribe.

Europa se encuentra embarcada en un proceso irreversible de construcción curricular o aggiornamento que busca entre otros, no sólo fomentar la movilidad académica en el espacio europeo, sino hacer más atractivos los estudios en las universidades europeas, como centros universales de excelencia, producción y distribución del conocimiento.

De la misma forma como circula el EURO ya empieza a circular el ECTS o European Credit Transfer System, como moneda para la movilidad de estudiantes entre universidades y la convertibilidad de los programas de formación académica en todo Europa. En otras pala-bras, un estudiante que inicia una carrera profesional en un país podrá mediante el reconocimiento de los créditos académicos cursados en su universidad de ori-gen, continuar en otra de otro país europeo.

Si bien este proceso y sus efectos parecen estar circunscritos a Europa, trascienden las fronteras trans-continentales e impactan a América Latina, no sólo por la estrecha relación de los sistemas de educación superior, derivada de la natural vocación histórica, sino por la necesidad de aproximar los marcos de referencia académica a través del diálogo ínter universitario para seguir fomentando la investigación conjunta y la movi-lidad académica, además para contrarrestar los efectos de la competencia entre bloques, entiéndase Estados Unidos y Australia principalmente, por el mercado de estudiantes internacionales.

Reflexiones generales Ciertamente el tema de la internacionalización de la

educación se ha convertido en el tema prioritario de la agenda de los organismos internacionales, los gobier-nos y las instituciones de educación superior. Sin em-bargo es importante tener en cuenta varios aspectos:

¿Es la internacionalización una moda pasajera produc-to del actual fenómeno de la globalización o es la inter-nacionalización una respuesta a la globalización? Si es así, ¿cuáles son los fundamentos detrás de las políticas, estrategias y programas de internacionalización de la educación en todos los órdenes y en todos los niveles? ¿Obedecen estas políticas, estrategias y programas a los mismos racionales? Puede la educación transnacio-nal prosperar regulada únicamente por las fuerzas del mercado.

La idea de la comercialización en servicios de educa-ción ha avivado el debate y en cierta forma ha exigido una pronta respuesta de todos los actores.


Esta nueva tendencia de la internacionalización de la educación superior hace especial énfasis en el proceso intercultural de la enseñanza y la

formación para el trabajo, así como el papel que juega el elemento curricular. Sin embargo, no debe

ser incorporada en las políticas institucionales en forma aislada de los procesos de movilidad

académica. De hecho son complementarias y contribuyen a acelerar el proceso de

internacionalización del campus, de la comunidad académica en general y de las actividades mismas

de la universidad.

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En el caso de las IES, las ha obligado a salir de su torre de marfil en busca de mecanismos que vayan más allá de la simple movilidad académica o de la cooperación vía convenios de colaboración. Lo que se ha llamado la tercera ola de la educación superior tiene como epicentro políticas, estrategias y programas de internacionalización que obedecen a la necesidad de incorporar la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y los servicios de las instituciones para la formación de los estudiantes y el fortalecimiento del desarrollo profesoral; a ampliar el horizonte académico frente a la producción del cono-cimiento o la cooperación y la colaboración académica; a fortalecer la gestión institucional y a buscar reconoci-miento y mejorar la calidad.

Del mismo modo, y en el caso de los gobiernos son necesarias políticas, estrategias y programas de internacionalización de la educación que obedezcan a racionales y fundamentos de política definidos y claros.

Australia, por ejemplo, a partir de los años noventa, se ha convertido en un gran jugador en el escenario de la educación internacional. Su política, definida a finales de los 80’s, consistió en convertir la exportación de ser-vicios de educación en su mayor generador de divisas y motor de desarrollo social; en otras palabras La edu-cación como una industria de exportación. Para ello fijó tres estrategias basadas en un marco regulatorio para la financiación de la educación superior, la coordinación de la promoción y el mercadeo de las universidades australianas en el exterior y un sistema de inmigración y visas flexible pero regulado. Los resultados son asom-brosos; Australia es hoy uno de los mayores receptores de estudiantes internacionales ( Modo 2 ) después de Estados Unidos y El Reino Unido: 1 de cada 7 estudian-tes es extranjero, frente a 1 de cada 1000 en México, y la industria de la educación es la tercera industria des-pués del turismo y el transporte, generando divisas por US$ 3.2 billones en 2002.

El ejemplo de Australia nos ilustra el significado, alcance y resultado de una política de internacionaliza-ción de la educación y sus efectos en todas las áreas. Sin embargo, articular una política de internacionaliza-ción en un escenario tan complejo y cambiante como el actual no es cosa fácil.

Los trabajos más serios que se vienen haciendo y que indudablemente le dan un sentido práctico a la articulación de las políticas de internacionalización de la educación superior, los han desarrollando, como lo mencioné arriba, los profesores Jane Knight y Hans de

Wit de las universidades de Toronto y de Ámsterdam, para la UNESCO, a través de la Asociación Interna-cional de Universidades y para la OECD a través del Instituto para la Gestión en Educación Superior, IMHE5.

Es interesante resaltar, de los hallazgos de los pro-fesores Knight y de Wit, que en Asia el fundamento detrás de la internacionalización de la educación, radica más en la reafirmación de la identidad local que en la búsqueda de una identidad global. Puede a simple vista resultar un contrasentido. Sin embargo esta doble di-námica de la internacionalización, que como dije ante-riormente es global y local a la vez o «glocal», nos lleva a reafirmar la tesis de la necesidad de que la educación participe más activamente en el escenario global.

La internacionalización igualmente no puede obede-cer exclusivamente al racional político. La complejidad e interdependencia que se entreteje particularmente en la educación exige tener en cuenta fundamentos económicos, culturales y académicos. Detrás de ellos aparecen orientaciones y perspectivas que van más allá de la política exterior y la seguridad nacional, y buscan afirmar la identidad cultural al tiempo que se fomenta el entendimiento multicultural y la diversidad junto con el desarrollo de los individuos para el trabajo o el des-empeño laboral en ambientes multiculturales.

En un reciente seminario organizado por la OECD y el Gobierno de Noruega, en Noviembre de 2003, titulado «Managing the internationalisation of post-secundary education».6 se hace un análisis juicioso y se plantean opciones frente a los fundamentos que orientan las políticas públicas de educación en los paí-ses de la OECD y que están determinando hoy su com-portamiento estratégico, no sólo para la articulación de programas de internacionalización, sino también sus posiciones en las negociaciones internacionales sobre educación. Son ellos:

1. Entendimiento mutuo. La política de in-ternacionalización de la educación bajo este racional se fundamenta en objetivos no sólo académicos sino también socio-económicos y políticos, y busca el fomento de la movilidad académica de alto nivel para que mediante los lazos y vínculos que se desprenden de la rela-ción académica se fortalezca el entendimiento mutuo y la cohesión social entre sociedades multiculturales. Por ejemplo, los programas de movilidad al interior de la Unión Europea ERASMUS y de ERASMUS Mundus fuera de ella se han formulado obedeciendo a este ra-cional.


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2. Generación de Divisas. Claramente el objetivo detrás de este racional es fomentar la movilidad académica y reducir el subsidio a la educación de estudiantes extranjeros, con el fin de que el país huésped obtenga recursos no sólo vía matrículas sino también vía los gastos asociados a la vivienda y la acomodación de estudiantes internacionales. Algunos países como Inglaterra mantienen una estructura de matrículas muy alta para estudiantes extranje-ros o el caso de Australia que como se dijo ha desarrollado una estrategia de promoción de su sector de educación como sector de expor-tación generador de divisas.

3. Desarrollo del Recurso Humano. Este racional busca promover la movilidad acadé-mica ya no por su impacto en la economía en general sino al sector de la educación en particular y se basa en la dinámica de atraer recurso humano altamente preparado para que durante su vida académica estimule la investi-gación y el desarrollo y puedan eventualmente quedarse en el país huésped después de la culminación de sus estudios. Este caso se da particularmente en sociedades que se están envejeciendo, por los efectos y cambios demo-gráficos explicados arriba.

Aunque estas políticas no necesariamente son exclu-yentes, definen o deberán definir la nueva forma de in-terrelación e integración de los sistemas de educación mundiales.

Finalmente y a manera de reflexión final considero importante destacar dos hechos políticos recientes que definitivamente tendrán incidencia en la Educación Su-perior en Colombia.

El primero es la Declaración de Guadalajara, firma-da en Mayo de este año en México por los líderes de Europa y América Latina y el Caribe en la Cumbre de Jefes de Estado, donde nuevamente se hace énfasis sobre la necesidad de continuar trabajando en la cons-trucción de un Espacio Común de Educación Superior UEALC. Ciertamente, el marco de la construcción de este espacio común es una oportunidad para acercar a las universidades para que, a través de un proceso de diálogo y trabajo conjunto, en la modalidad de redes, se desarrollen nuevas visiones y se aprovechen las experiencias de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe en tomo a los temas del intercambio y la cooperación, pero igualmente es una oportunidad para los gobiernos y los países de articular e integrar sus

sistemas de educación frente a temas como las com-petencias profesionales, la homologación de créditos académicos, la evaluación y la acreditación de progra-mas e instituciones así como la formación para la in-novación y la investigación, temas todos, en los cuales el Convenio Andrés Bello tiene una amplia trayectoria.

El segundo, las recientes conclusiones del trabajo de las comisiones técnicas de los ministros de educación de los países signatarios del Convenio Andrés Bello cele-bradas en Cartagena en Junio de 2004, quienes frente a la inminencia de las realidades globales del escenario en el cual se enmarca la educación superior y que he descrito aquí, planteaban lo que se podría llamar la es-trategia de las tres íes, como respuesta regional a los desafíos globales de la educación superior:

-Identidad antes que Transculturización.-Integración antes que Negociación. -Internacionalización antes que Mercantilización.Bogotá, Julio de 2004.

NOTAS

1 OECD (Organization for economic co-operation and development). «Trade in educactional services: Trends and emerging issues» Working paper. Paris, Mayo 2002, Págs. 7-8.

2 OMC, Consejo del Comercio de Servicios. Doc S/C/W55 20 Oct. 1998. Comunicación de los Estados Unidos, Servicios de enseñanza.

3 Versión en español, http://www.ci.com.br/faubai/textos/knight/knight.html

4 «Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS) y Educación Superior en América Latina, Algunas ideas para contribuir a la discusión». C. García-Guadilla. Paris Julio 2002. Convención de Universidades miembros de Columbus.

5 Intemationalizacion of Higher Education, Predices and Priorities: 2003 IAU Survey Report. Jane Knight http://www.unesco.org/iau/intemationalization/Internationalisation-en.pdf Changing Ratíonales for intemationalisation of Higher Educatio. 1999. Hans de Wit. http://www.bc.edu/bc org/avp/soe/cihe/newsletter/News 15/text 1 .html

6 http://www.flyspesialisten.no/vfs trd/ufd/confdoc.php

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La reelección en Colombia: sus implicaciones sobre el escenario político

PorGloria Isabel Quintero Pérez*

IntroducciónLa coyuntura colombiana del 2004, en términos polí-

ticos, fue bastante inquietante y controversial, procesos múltiples y heterogéneos fueron los encargados de na-rrar el transcurso político del país a lo largo de este año.1 El largo y extenuante debate político y social, sobre el proyecto de reelección presidencial alrededor del cual estuvieron puestas las miradas de los colombianos, de su poder político-económico y de sus medios de co-municación, es el proceso más representativo de esta coyuntura, encargado de dinamizarla y convulsionarla mediante el diálogo permanente con los otros procesos políticos, como el acontecimiento central del debate nacional en el escenario político colombiano del 2004. No obstante, esta coyuntura política no se desató res-pecto a la propuesta de reelección como institución po-lítica en abstracto sino como estrategia gubernamental para dar continuidad a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

La aprobación del proyecto de reforma constitucio-nal que permite la reelección presidencial inmediata y que acoge al actual presidente suscitó, tanto al interior del país como en el ámbito internacional, y tanto a nivel político como económico y social, una serie de posiciones y reacciones en contra y a favor de la pro-puesta que dividieron al país entre quienes aprueban la reelección presidencial pero no la propuesta que acoge

* Estudiante de último semestre de sociología, Universidad de Antioquia ([email protected]). Este artículo es el resultado de la investigación rea l i zada por l a au to ra durante su último periodo académico mediante el análisis de coyuntura al proceso de reelección.

Resumen: El presente artículo aborda la forma como el extenuante debate

nacional sobre la reelección en la coyuntura política del 2004, reconfigura parcialmente la dinámica del escenario político, entendido como el entramado de relaciones entre el poder ejecutivo

(gobierno), el poder legislativo (congreso), los grupos y partidos

políticos, los medios de comunicación y la opinión pública, centrándolo

alrededor del debate reeleccionista.

Palabras claves: Reelección presidencial inmediata, escenario

político.

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al actual presidente, quienes no aprueban la reelección y quienes la aprueban y esperan que el presidente Uri-be sea reelegido.

Los argumentos tanto de los detractores como de los defensores son convincentes y amplios, las polémi-cas originadas son muchas, las posiciones divergentes pululan, los cambios de estrategia y las alianzas son el pan de cada día y el escenario político, como emisor y receptor de todo este proceso, se convulsiona y recon-figura parcialmente en torno al debate reeleccionista y a la figura y popularidad del presidente, congelándose la manera cotidiana de hacer política y polarizándose el país alrededor de esta coyuntura.

Analizar dicha coyuntura política, observando en qué forma transcurre el proceso reeleccionista conducente a la reconfiguración del escenario político, entendiéndolo como el conjunto de relaciones entre los diferentes acto-res socio-políticos que modifican las relaciones de poder al interior de la institucionalidad colombiana, entre los que se mencionarán para el análisis el poder legislativo, el poder ejecutivo, los partidos y grupos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública, es el pro-pósito y objetivo de este texto.

Con el fin de lograr dicho objetivo se construyó una ruta metodológica que permitía abordar el tema desde la esfera teórica y la empírico/descriptiva. La esfera teórica fue trabajada a partir de la revisión bibliográfica de diversos textos que abordan la discu-sión conceptual frente a categorías como democracia, régimen político, grupos y escenario político, opinión pública y reelección.

La reconstrucción descriptiva del proceso (esfera empírica) fue realizada mediante el rastreo noticioso de los acontecimientos desarrollados entre octubre de 2003 y diciembre de 2004, en dos periódicos (El Tiem-po y Caja de Herramientas)2 y dos revistas (Semana y Cambio),3 que daban cuenta de la evolución del proce-so y debate sobre el proyecto de reelección.

Esta ruta tenía la cualidad de facilitar el abordaje simultáneo de ambas esferas de recolección de infor-mación, cualidad que posibilitó la comunicación y el contraste permanente entre lo teórico y lo empírico, permitiendo el análisis global de todo el proceso y aglutinando esfuerzos en la construcción final del pre-sente ensayo.

En esta dirección, es necesario anotar que este texto fue construido a partir de tres momentos de análisis: histórico, descriptivo y analítico. El nivel histórico es tratado en el primer apartado, titulado “La reelección:

una mirada histórico-teórica”, apartado que permite conocer tanto la evolución histórica de la reelección como estrategia política a lo largo de la vida republica-na de Colombia, como el desarrollo teórico construido frente al concepto de reelección.

El nivel descriptivo es introducido en el segundo apartado del texto, bajo el nombre de “El debate del proyecto de reelección en Colombia: su proceso”, abordando el desarrollo de los acontecimientos que giraron en torno al debate de la reelección durante el año 2004, a partir de los antecedentes, el contexto, el proceso y las manifestaciones del mismo.

El nivel analítico es trabajado en el tercer apartado, el cual se centra en los cambios generados sobre el es-cenario político dentro del contexto del debate reelec-cionista, a partir del papel de cinco actores políticos centrales durante el proceso: el gobierno, el congreso, los partidos y grupos políticos, los medios de comuni-cación y la opinión pública, titulado “El escenario políti-co colombiano: su reconfiguración parcial”.

Finalmente se concluye con un apartado en el que se recogen las ideas principales trabajadas a lo largo del texto, conducente a la apertura de la discusión con el ánimo de enriquecer el debate académico, porque los temas sociales y políticos están sujetos al análisis desde una gran variedad de perspectivas que no permiten ce-rrar la discusión ni construir edificios teórico-analíticos cerrados.

1. La reelección: una mirada histórico-teórica

Es verdad que el debate sobre la reelección ha sido reiterado en la historia política colombiana,

pero también es cierto que los colombianos han sido poco amigos de reelegir a los presidentes.

Vargas Velásquez, 2004

Un recorrido históricoDesde que el escenario político latinoamericano se

reconstruyó, bajo la figura de naciones independientes y soberanas, como resultado de los procesos de inde-pendencia de los siglos XVIII y XIX, el tema del poder político y de cómo administrarlo ha estado presente a lo largo de las construcciones latinoamericanas de Estados-Nación y de identidad nacional.

Debido a la temprana independencia de la nación norteamericana, el régimen político y las constituciones de las demás naciones americanas fueron pensadas a


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partir del modelo estadounidense, lo que condujo a la implementación del régimen presidencial en los países latinoamericanos, régimen que centraliza en la figura del presidente el poder político quien, a diferencia de otros regimenes, ejerce a la vez como jefe de Estado y como jefe de gobierno (véase: Vidal Perdomo, 1998: 172-180).

Como consecuencia del ejercicio del presidencialis-mo y del marcado poder que le fue asignado por este medio a un solo hombre, se generó entre los nuevos republicanos un temor constante respecto al ejercicio del poder político y al abuso que cualquier ciudadano pudiera ejercer de él. Como resultado de ello se cons-truyó una amplia gama de restricciones y limitaciones al ejercicio del poder político y administrativo de estos países, especialmente al poder presidencial.

Colombia, en medio de su propio proceso de cons-trucción de la nueva administración republicana, no se vio exenta de este temor al poder y a la posibilidad de su abuso (véase: Castro, 2004); muestra de ello fue la constante inestabilidad de las primeras décadas de vida de la nación, reflejada en el conflicto generado por la elección entre el federalismo y el centralismo y en el gran número de constituciones construidas en el país durante 1812 y 1886.4

Como resultado de este temor, implícito en la construcción de la Nación Latinoamericana, Colombia elaboró al estilo de otras naciones,5 un conglomerado de limitaciones al ejercicio del poder presidencial, es-pecialmente sobre el asunto de la reelección presiden-

cial. Por este motivo, las constituciones6 construidas durante el periodo republicano (1821-2004), han abor-dado el tema de la reelección de forma permanente y radical:

Por razones de distinto orden se ha prohi-bido la reelección inmediata durante la mayor parte del tiempo. En efecto, si se toma el pe-riodo 1821-2004, que es el correspondiente a las constituciones nacionales, sólo se permitió la de carácter inmediato entre 1821 y 1830. Luego entre 1830 y 1991, se autorizó, pero no para el periodo siguiente, sino de manera me-diata o diferida. Desde 1991 se ha prohibido en forma total o absoluta (Castro: 66).

Además de que constitucionalmente el asunto de la reelección ha sido ampliamente condicionado, la historia colombiana muestra frustraciones políticas e institucionales en los intentos, logrados o no, de reelec-ción. Sólo un presidente, en los 200 años de vida re-publicana, ha sido reelegido de forma inmediata y por consentimiento; éste fue el caso del libertador Simón Bolívar, durante el periodo 1819-1830; no obstante su reelección se debió a motivos de respeto y admiración por el libertador, más que a la fascinación de los repu-blicanos por la figura de la reelección.

Otros casos de reelección inmediata fueron el del General Rafael Reyes, quien en 1905, luego de cerrar el congreso, se prolongó el periodo presidencial por 10 años, los cuales no alcanzó a cumplir, porque diferentes motivos políticos y sociales lo condujeron a renunciar a la presidencia en 1909; y el del General Rojas Pinilla, que posterior al golpe de estado en 1953 a Laureano Gómez, conciliado entre varios sectores políticos, es reelegido para el periodo 1954-1958 “a través de una Asamblea Constituyente de Bolsillo” (Vargas Velásquez, 2004); no obstante, y por decisión de los sectores políticos que lo reeligieron fue obligado a renunciar en 1957. Ambos casos fueron producto de estrategias originadas al interior de la élite política y avaladas por el poder ejecutivo, sin embargo los acontecimientos históricos en ambas situaciones demuestran el fracaso de la reelección inmediata como estrategia política en el país y la permanente desconfianza que se ha tejido, en Colombia, alrededor del poder.

Desde otro ángulo se observan también los proce-sos de reelección diferida, como el caso de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934-1938 y reelegido para el periodo 1942-1945, periodo que luego de un muy exitoso primer mandato, no pudo cumplir debido a conflictos internos y discordias políticas entre la clase dominante, presentando su renuncia en 1944.

Además de que constitucionalmente el asunto de la reelección ha sido ampliamente condicionado,

la historia colombiana muestra frustraciones políticas e institucionales en los intentos, logrados

o no, de reelección. Sólo un presidente, en los 200 años de vida republicana, ha sido reelegido

de forma inmediata y por consentimiento; éste fue el caso del libertador Simón Bolívar, durante el periodo 1819-1830; no obstante su reelección se debió a motivos de respeto y admiración por

el libertador, más que a la fascinación de los republicanos por la figura de la reelección.

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Luego del fracaso del segundo periodo de López Pumarejo y en medio del contexto de las dictaduras políticas que azotaban a las naciones suramericanas, como resultado de abusos políticos del poder,7 los ánimos ante la reelección presidencial se avivaron y fue radicalmente rechazada, prueba de ello fueron los in-tentos fallidos de reelección mediata de Alfonso López Michelsen y Carlos Lleras Restrepo, ambos candidatos del post-frente nacional.

En otros países latinoamericanos se han vivido pro-cesos particulares sobre la reelección, que permiten construir un parangón con el proceso colombiano. Lo primero es conocer que “la reelección inmediata es-taba casi proscrita en América del Sur como reacción a las dictaduras militares que asolaron el continente (Navarro Wolf, Cambio, No. 554: 35); no obstante, en la segunda mitad del siglo XX varios presidentes sura-mericanos cambiaron las reglas del juego para hacerse reelegir, terminando desgastados y con profundas crisis políticas, tales son los casos de Fujimori en el Perú, Cardoso en Brasil, Menem en Argentina, Stroessner en Paraguay y Chávez en Venezuela.

Colombia, aunque no fue subyugada por dictaduras militares al estilo de Chile, sí ha presenciado fuertes momentos de abuso del poder (hegemonías liberal y conservadora, Olimpo Radical, Regeneración, Frente Nacional), los cuales llevaron a la constituyente de 1991, legislando de acuerdo a las experiencias pasadas y a los ejemplos de países vecinos, a construir una constitución, que en sus artículos 127, 152, 197 y 204, prohíbe la reelección presidencial en cualquier forma, desplazándola completamente del panorama político; sin embargo, durante los últimos años, algunos parla-mentarios intentaron reintegrar la posibilidad de reelec-ción a dicho panorama, pero sus iniciativas legislativas no tuvieron éxito.

Reflexiones teóricasFinalizando la segunda mitad del siglo XX, varios pre-

sidentes latinoamericanos, respaldados por un amplio nivel de popularidad y de eficacia política, modificaron las condiciones necesarias para ser reelegidos en sus respectivos países. Actualmente Colombia está pro-cediendo de igual forma. Estos acontecimientos han conducido tanto a teóricos como analistas a referirse al tema de la reelección en Latinoamérica y a construir algunas reflexiones teóricas alrededor del mismo.

Debido a la manifestación reciente de esta inquietud teórica, por lo menos en el panorama colombiano, la discusión y elaboración académica no es muy abun-

dante, sólo se han esbozado hipótesis sobre el tema, que se separan entre las que consideran la reelección presidencial como un estratagema político e institucio-nal para fortalecer la institucionalidad de los países lati-noamericanos y las que por el contrario, plantean que la reelección inmediata debilita dicha institucionalidad.

Lo primero que es referido en los análisis sobre el tema es el asunto de la continuidad; la continuidad como ga-rante de la estabilidad política en democracias en cons-trucción como lo son las latinoamericanas. Para Jaime Castro, ex acalde de Bogotá, “la continuidad de las po-líticas públicas puede conseguirse por medios políticos e institucionales distintos a la reelección, que no cau-san ningún trauma” (194). En la misma lógica, Eduardo Posada Carbó señala: “no es claro que la reelección sea el único camino, ni el más efectivo, para defender la continuidad de las políticas gubernamentales”; para él “la continuidad es posible sin la reelección inmediata. Lo que se necesita es reforzar esa ‘visión compartida’ a partir de la gestión gubernamental y sus resultados” (El Tiempo, abril 16). Por su parte, el informe presentado por la comisión primera del Senado, sobre el asunto de la reelección, asevera que “la reelección es una po-sibilidad que permite asegurar mayor continuidad en políticas y planes de acción y transformar las visiones cortoplacistas en el ejercicio de la política […] Con la reelección podrían disminuir los cambios bruscos y permanentes en las políticas, sus estancamientos o retrocesos y el inicio de nuevas acciones cada cuatro años, que no permite consolidar los avances del proce-

...“no es claro que la reelección sea el único camino, ni el

más efectivo, para defender la continuidad de las políticas

gubernamentales”...“la continuidad es posible sin la reelección

inmediata. Lo que se necesita es reforzar esa ‘visión compartida’ a

partir de la gestión gubernamental y sus resultados”.


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so de desarrollo” (mayo 6 de 2004). Un segundo aspecto que es tratado analíticamente,

desde la construcción teórica en torno al concepto de reelección, que se relaciona estrechamente con el tópi-co de la continuidad es el de las instituciones políticas. Para algunos la reelección, garantizando continuidad en las políticas de gobierno, permite generar estabilidad en las instituciones políticas, otorgándoles gobernabi-lidad y legitimidad social. Por su parte, los detractores del proceso reeleccionista han planteado que agregarle, al marcado régimen presidencial que caracteriza las democracias latinoamericanas, la posibilidad de reelec-ción, sería conferirle aún más poder del que ya tiene al presidente de la República, del país, de la Unión o de la Nación según sea el caso.

Siguiendo esta misma ruta, se han esbozado posi-ciones frente a la solidez democrática de las naciones latinoamericanas; la primera posición aduce que “en países políticamente subdesarrollados —como es el caso de Colombia— cuando hay reelección inmediata, quien decide es el poder y no el pueblo” (Castro: 89), además que, según el expresidente Julio César Turbay, “en el plano de las teorías jurídicas, la reelección inme-diata, en un país de escasa cultura política, es contra-producente” (El Tiempo, marzo 27).

La posición contraria afirma que “los ciudadanos tienen derecho a determinar cuándo un gobierno ha respondido a sus expectativas y decidir que ese gober-nante continúe al frente de los asuntos públicos. Al per-mitir esto, la reelección significa mayor apertura para el derecho ciudadano a elegir y ser elegido” (Informe primer debate del Senado, mayo 6 de 2004); comple-mentando esta posición, José Obdulio Gaviria, actual asesor presidencial, afirma que: “se entiende que es propio de la naturaleza de la política democrática que los electores tengan tanto el derecho a darle un nuevo mandato al gobernante, como a derrotarlo en las urnas y entregar el poder a la oposición” (2004: 21), y final-mente, bajo la premisa del derecho del electorado a decidir, se le otorga al mismo la posición de evaluador de la gestión política. Mauricio Vargas lo plantea de la siguiente forma: “me gusta que un mandatario tenga la posibilidad de presentarse para un segundo e inme-diato periodo. La idea de que al final de su mandato cuente con la opción de presentar un examen ante los electores, me parece un avance democrático” (Cambio, No. 564: 82).

Por otro lado, se argumenta que las democracias latinoamericanas han madurado y que el pueblo tiene la capacidad suficiente para decidir autónomamente

sobre los asuntos que le competen; “el electorado colombiano es cada vez más dinámico y menos sujeto a manipulaciones electorales y no podría negarse este proyecto por un temor paternalista frente a la capa-cidad de decisión de los electores” (Informe primer debate del Senado, mayo 6 de 2004); igualmente José Obdulio Gaviria complementa diciendo: “Colombia está madura para procesos electorales complejos en los que se postulen y compitan todas las corrientes del pensamiento e, incluso, compitan los representantes de los más disímiles —pero legítimos— intereses”.

Un tercer elemento que es tenido en cuenta en esta discusión es el concerniente a las políticas de Estado versus las políticas de gobierno,8 planteando que la reelección implicaría sólo continuidad en las políticas de gobierno y no en las de Estado, lo que en últimas puede generar un desequilibrio mayor en la institucio-nalidad política, como efecto del fortalecimiento al régi-men presidencial. Se asevera, por ende, que lo esencial en un sistema político es la continuidad en las políticas de Estado, y para ello no es necesario la reelección pre-sidencial, sino la construcción colectiva de políticas es-tatales que sean privilegiadas en el periodo de gestión de cada partido o grupo político; como ejemplo de ello es ilustrativo mostrar el caso de la ciudad de Bogotá, donde a pesar de que los tres últimos alcaldes: Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, sean de corrientes políticas diferentes, se ha mantenido una línea de gestión política y administrativa constante, matizada sólo por pequeños proyectos particulares o enfoques a esas líneas estratégicas ya anteriormente concertadas, lo que ha facilitado la construcción social y colectiva de la ciudad de Bogotá, como ciudad pensa-da y planificada.

...lo esencial en un sistema político es la continuidad en las políticas de Estado,

y para ello no es necesario la reelección presidencial, sino la construcción

colectiva de políticas estatales que sean privilegiadas en el periodo de gestión de

cada partido o grupo político...

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Finalmente se han esgrimido discusiones en relación al régimen político de los países latinoamericanos, po-sicionando al régimen parlamentario9 como una buena estrategia de cambio substancial en las estructuras po-líticas latinoamericanas, régimen que permite la reelec-ción del jefe de gobierno y de las bancadas parlamen-tarias, porque el poder no está centrado sobre la figura del presidente, sino sobre la del parlamento, dado que el presidente o primer ministro requiere las congratulacio-nes del parlamento para permanecer en el poder y es a éste a quien tiene que rendirle cuentas; sin embargo, esta discusión no ha tenido la suficiente fuerza, por lo menos en el caso colombiano.

2. El debate del proyecto de reelección en Colombia: su proceso

Siempre que un presidente ha buscado ejercer el poder más de un periodo, independientemente de que

lo haya logrado o no […], el país se ha polarizado, la confrontación ha sido dura, a veces se ha deteriorado el orden público. Se han generado graves problemas

institucionales y serios desajustes políticos.Jaime Castro, 2004: 21

El gobierno de Uribe, luego de ganar con más del 50% de apoyo las elecciones presidenciales de 2002, se embarcó en la tarea de realizar una serie de refor-mas legislativas y tributarias que le permitieran cumplir con lo estipulado en su programa de gobierno; esta campaña pretendió ser realizada a través de un refe-rendo, el cual de alguna forma se convirtió en un ple-biscito,10 y que por lo tanto, luego de ser derrotado en las urnas en octubre de 2003, se configura en un golpe para la legitimidad política del presidente.

El hecho de que el referendo no pasara es un doble golpe para el gobierno de Álvaro Uribe. En lo político porque deja su gobernabi-lidad averiada, y en lo económico porque debi-lita la confianza internacional en el desempeño del país al cargar de nubarrones el panorama fiscal (Semana, oct.27, 2003: 36).

Como resultado del fracaso del referendo y de las elec-ciones locales, el gobierno tuvo que acudir al Congreso para que fuera éste quien aprobara los proyectos de ley que el país estaba necesitando; dado que las propues-tas contemplaban reformas al Congreso y que la estra-tegia inicial del ejecutivo había sido desplazar al poder legislativo, el presidente Uribe se encontró con serias dificultades para que sus propuestas fueran aprobadas.

Sin embargo, y aunque el fracaso del referendo fue una derrota a la política uribista, el presidente continua-ba ostentando una dilatada popularidad entre el pueblo colombiano, lo que era respaldado por un 72% de fa-vorabilidad en las encuestas realizadas. Este hecho, au-nado al proceso de desmovilización llevado a cabo con los grupos de autodefensa –muestra que la propuesta gubernamental de seguridad democrática estaba fun-cionando– fueron los encargados de allanar el camino para que la propuesta de reelección tuviera acogida.

El contexto colombiano en el 2004 era bastante favorable para el presidente. Contaba con el apoyo del gobierno del presidente Bush, quien estaba interesado en la continuidad política de Uribe; el proceso con las autodefensas se veía caminar con satisfacción, o por lo menos eso le comunicaban los medios al pueblo colombiano; el presidente era constantemente noticia, por su diligencia administrativa y porque se encargaba de cualquier detalle personalmente, además sus conse-jos comunitarios le estaban dando una notoria publici-dad ante el pueblo; el gobierno tenía buenas relaciones políticas con los partidos y había abierto espacios de influencia para miembros importantes de la política co-lombiana como Horacio Serpa y Noemí Sanín.

Y fue precisamente Noemí Sanín, embajadora de Colombia en España, quien aprovechando el contexto favorable que se enardecía en el país y argumentando que el presidente Uribe estaba haciendo bien su trabajo, lanzó la propuesta de reelegirlo o por lo menos de ampliarle el periodo presidencial (Rueda, Semana, No. 1134: 42).

Esta propuesta no fue bien recibida por el medio intelectual y por algunos políticos; sin embargo, el asesor presidencial Fabio Echeverri retomó el tema y programando una reunión con los más fieles seguido-res uribistas sacó, redactada por el senador Óscar Iván Zuluaga, una propuesta bastante pulida que fue radi-cada en el Congreso el 16 de marzo de 2004, por 104 congresistas —43 del Senado y 61 de la Cámara — de un total de 268. El proyecto de reforma constitucional que permite la reelección presidencial en Colombia ya había sido propuesto, a mediados del año 2003 (julio), por cuarenta y cuatro congresistas, pero no había te-nido la suficiente acogida, por lo que se hundió en el Congreso en primer debate, luego del fracaso del presi-dente en el referendo.

No obstante, en este segundo intento el contexto social y político se perfilaba más amable, el presidente Uribe se encontraba en un buen momento de popula-ridad. Inicialmente la propuesta comenzó a ser publici-tada sin el aval presidencial, lo que generó malestar en


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el escenario político, pues si la propuesta era iniciativa de los miembros más cercanos al presidente, era de suponer que éste estuviera enterado. En medio de este descontento, el presidente y en su representación el ministro del Interior Sabas Pretelt, anuncia apoyar el proyecto de reelección y manifiesta el deseo de ser reelecto para el periodo 2006-2010.

Desde este momento, la bancada uribista y la propia casa de Nariño comienzan a mover diferentes fichas para agilizar el debate y garantizar la aprobación de la reforma. Entre ellas se destacan el concepto emitido por el Consejo de Estado, donde se dice que ningún le-gislador tiene impedimentos para votar el proyecto de reelección, la congelación del trámite legislativo de me-didas urgentes para darle tiempo a la discusión sobre el proyecto de reelección. Y las reuniones del ejecutivo con diferentes congresistas, con el fin de ofrecerles ayudas para sus regiones, mostrándoles las ventajas de la reelección (Semana, No. 1150, mayo 17-24, 2004: 44-47).

En su proceso, el proyecto de ley que reforma la Constitución para derogar la prohibición sobre la reelección presidencial,11 encontró diferentes obstácu-los, que en algunos instantes perfilaban su hundimien-to, como la plenaria en la Cámara de Representantes en primer debate. Obstáculos que el ejecutivo supo sortear estratégicamente, despejándole el camino al proyecto de reforma constitucional; la reelección tam-bién encontró aliados como el Partido Conservador y el expresidente Turbay con su movimiento Patria Nueva y las mayorías parlamentarias, que le dieron la victoria el 30 de noviembre, con 115 votos a favor y 15 en contra, luego de 12 horas de debate en la plenaria de la Cáma-ra de Representantes.

A lo largo de este extenuante debate nacional sobre el proyecto de reelección presidencial, y como produc-

to de la importancia que su aprobación conllevaba para la política colombiana, el escenario político y social del país se movilizó en torno al mismo, reconfigurándose parcialmente respecto al debate reeleccionista. En esta medida, tanto los políticos, como los intelectuales, los medios de comunicación y la opinión pública se vieron avocados y convocados por este debate, modificando su cotidiano transcurrir para concentrarse en la coyun-tura del 2004.

El Congreso modificó su agenda de trabajo con miras a debatir este proyecto, los medios de comunica-ción centraron su atención en el debate reeleccionista, la opinión pública comenzó a pronunciarse ante la im-portancia o no de la reelección, y los partidos y grupos políticos empezaron a hacer alianzas estratégicas y a moverse política y discursivamente entre posiciones reeleccionistas y no reeleccionistas. Estos cambios en la dinámica de los actores políticos del país y el abanico de opiniones y reacciones sobre la conveniencia o no de aprobar la reelección, se manifestaron desde diver-sas posiciones y configuraron una coyuntura particular en la Colombia del 2004.

3. El escenario político colombiano: su reconfiguración parcial

Con la opinión pública a favor, el Congreso dividido, los intelectuales en contra y los empresarios entusias-

mados comienza uno de los debates nacionales de mayor importancia de los últimos tiempos.

Semana, No. 1146

El año 2004 fue el epicentro de todo el debate reeleccionista en Colombia, tema que siempre ha estado presente a lo largo de su historia, pero que en esta coyuntura específica adquiere otras características, invistiéndola de un especial interés para todo el público colombiano y todos los actores políticos. En primer lugar no se trata de la propuesta de reelección en abs-tracto, sino de una propuesta efecto de la popularidad del actual presidente y de los resultados de la política de seguridad democrática. En segundo lugar, su deba-te, por tratarse de un cambio sustancial en la cultura política del país con el ánimo de allanar el camino para reelegir concretamente al actual presidente, congeló la política colombiana y reconfiguró el escenario político, transformando las relaciones y posiciones cotidianas de los actores y sus niveles de actuación en el mismo.

Estas dos características particulares generaron en

A lo largo de este extenuante debate nacional sobre el proyecto de reelección

presidencial, y como producto de la importancia que su aprobación conllevaba

para la política colombiana, el escenario político y social del país se movilizó

en torno al mismo, reconfigurándose parcialmente respecto al debate

reeleccionista.

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el medio académico un mar de posiciones diversas respecto a la conveniencia o no de la reelección para el sistema político colombiano y de las ventajas y desven-tajas de que la propuesta se haya realizado bajo la co-yuntura momentánea de la popularidad del presidente Uribe.

Los analistas e intelectuales han reflexionado larga-mente sobre esto. En sus disertaciones se encuentran argumentos tanto a favor como en contra donde aflo-ran posiciones disímiles y opuestas, que no obstante convencen en sus argumentos y en sus ilustrativos ejemplos. Este es el caso de Jaime Castro, ex alcalde de la ciudad de Bogotá y José Obdulio Gaviria, asesor pre-sidencial. Ambos han analizado el proceso desarrollado por el debate de la reelección y escrito sus conclusio-nes cada uno en un libro, donde se contraponen las posiciones y los argumentos.

Jaime Castro por su parte, escribió el libro: Juicio a la reelección, editado por Planeta en mayo de 2004, en el cual hace un sucinto análisis, a partir de la historia de Colombia y de la actual coyuntura, de porqué la reelección a la medida de un presidente y suscitada por emociones momentáneas es contraproducente para la democracia colombiana. José Obdulio Gaviria por el contrario, en su libro: Reelección: que el pueblo decida, editado también por Planeta en el mes de junio, sub-vierte muchos de los argumentos de Castro y argumen-ta, también desde una perspectiva histórica basada en el caso estadounidense, que la propuesta de reelección no tiene nombre propio, porque una cosa es que se apruebe en el Congreso, y otra muy distinta es que el pueblo colombiano elija al presidente Uribe en el 2006, y que contradictoriamente a lo planteado por Castro, la reelección fortalece la democracia porque permite que en las contiendas electorales participen todos los juga-dores, promocionando un examen crítico de la gestión de los presidentes a la luz de los electores.

En torno a estas discusiones teóricas, metodológicas y procedimentales, se ha movido el escenario político colombiano. A partir de allí se han escrito numerosos artículos, ensayos, crónicas y reportajes y se han genera-do comportamientos específicos de los actores políticos, respecto al desarrollo de los acontecimientos, comporta-mientos diferentes a sus dinámicas cotidianas, que son la expresión de las implicaciones del proceso de reelec-ción sobre el escenario político colombiano:

1. El gobierno: propuesta con nombre propio

La fórmula colombiana de unificar jefe de Estado y jefe de gobierno, confunde acuerdos fundamentales

con alianzas electorales.(Romero, Caja de herramientas, No. 100, 2004: 5)

Álvaro Uribe Vélez fue elegido como presidente de Colombia, después de empezar con un 7% de popula-ridad en las encuestas, por más del 50% de electores. Desde su campaña mostró un discurso fuerte contra el terrorismo y la politiquería, y construyó su política de seguridad democrática, que le valió ganar las elec-ciones. Después de dos años de gobierno, en 2004, el presidente mantenía su popularidad ante la opinión pública con un 72% de apoyo según encuestas, a pesar del fracaso del referendo en octubre de 2003.

La imagen del presidente se había mantenido inaltera-ble y su posición contra la politiquería era aún radical, no obstante las relaciones políticas con su cúpula de minis-tros y el Congreso parecían estables. El presidente era el hombre del año en el 2003, y para inicios del 2004 conservaba su grado de confianza y legitimidad.

La política de seguridad democrática12 estaba mos-trando resultados y las relaciones internacionales, por lo menos con Estados Unidos, eran bastante sólidas. El presidente había construido en torno a él una fuerte ad-ministración política y estaba generando puentes de co-municación visibles entre el gobierno y la comunidad, a través de sus famosos sábados de consejos comunita-

...El presidente terminó desplazando las funciones de su cúpula de

ministros y de mandos medios, con el fin de garantizar que las

políticas y proyectos se cumplieran, construyendo a su alrededor

una administración con perfil microgerencial que lentamente, a través del desajuste institucional,

conducían su gobernabilidad a una crisis de legitimidad.


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rios, hechos que aumentaban el grado de confianza de los colombianos en su muy querido presidente.

Lo sentimientos nacionales de respaldo al presi-dente y la necesidad de producir resultados sociales, económicos y políticos en su gobierno, generaron dos situaciones coyunturales que se complementaban. La primera de ellas, fue que paulatinamente, el presidente se invistió de una suerte de atuendo de líder carismáti-co que le otorgó el rótulo de Mesías nacional: el pue-blo colombiano comenzó a creer que si el presidente no lo hacía, nadie podría. Esta situación gestó, en el escenario político, la sensación de que había mucho presidente pero poco gobierno. El presidente terminó desplazando las funciones de su cúpula de ministros y de mandos medios, con el fin de garantizar que las políticas y proyectos se cumplieran, construyendo a su alrededor una administración con perfil microgerencial que lentamente, a través del desajuste institucional, conducían su gobernabilidad a una crisis de legitimi-dad.

Para garantizar que las órdenes se cumplan y los mandatos se ejecuten, el presidente ter-mina por sustituir y reemplazar a funcionarios de diferente rango y por concentrar en torno a su persona una gran parte de los canales por donde fluye la gestión institucional (Uribe de Hincapié, 2004: 15).

En su papel de todero, como lo han parodiado algu-nos canales humorísticos de la talla de la zaranda,13 el presidente se ha dado a la tarea de regañar a sus minis-

tros y funcionarios y darles órdenes personales, donde “es enorme el riesgo de que una de las consecuencias del regaño presidencial sea una mayor desinstituciona-lización del país y un debilitamiento del estatus de fun-cionario que tiene que actuar desde un nivel de absoluta respetabilidad” (Cambio, No. 567: 90).

El rol de microgerente desempeñado por el presiden-te, a lo largo de sus primeros años de gobierno, facilita-ron la desestabilización de las relaciones al interior de su cúpula de ministros, hecho que se manifestó con la renuncia de algunos de ellos iniciado el año 2004.

La segunda situación generada en dicho contexto, fue la percepción entre el partido de gobierno14 de que el presidente debería prolongar su mandato por cuatro años más, “¿por qué no aceptar que hay hombres o mujeres que llegan en el momento justo y son la perso-na justa para una coyuntura histórica?” (Gaviria, 2004: 145). Esta percepción pasó de ser una simple idea a ser un proyecto de ley, y en menos de dos meses el país estaba hablando de la reelección del presidente Uribe. El gobierno se había embarcado en la tarea de promo-ver la propuesta y el Congreso comenzaba a debatir una reforma “que sería una de las más significativas de nuestra historia constitucional, al redefinir los tiempos democráticos, transformar la naturaleza de hacer políti-ca y modificar los ritmos del presidencialismo” (Posada Carbó, 2004: Web).

Para este momento, el presidente comenzaba a perder credibilidad entre el medio académico porque a pesar de sus comentarios de campaña —“La reelec-ción no me convence, puede ponerse al gobierno a buscarla. Hemos visto que hay un alto porcentaje de alcaldes que han logrado la reelección dejando un pe-riodo de por medio. Si eso ha funcionado, ¿para qué se necesita una reelección inmediata?” (Rodríguez Pico, Foro, No.52: 24)— estaba permitiendo que su asesor presidencial Fabio Echeverri condujera la mirada del gobierno colombiano hacia el extenuante y desgastador proceso del debate de reelección.

No obstante, el gobierno se embarcó en esta tarea y desde el 15 de abril de 2004 —momento en que el presidente decide apoyar el proceso— sus actividades se concentran en la promoción, por todos los medios, del proyecto de ley. En este punto se observa el primer cambio en el escenario político colombiano, cuando el gobierno desplaza muchos de los proyectos que tenía previstos para el 2004 y concentra toda su energía en la propuesta de reelección presidencial, porque “antes de encender luz verde en este asunto, el ejecutivo había congelado casi todo el resto de la agenda, en especial los temas económicos” (Cambio, No. 564: 25).

En su papel de todero, como lo han parodiado algunos canales humorísticos de la talla de la zaranda,13 el presidente se ha dado

a la tarea de regañar a sus ministros y funcionarios y darles órdenes personales,

donde “es enorme el riesgo de que una de las consecuencias del regaño presidencial sea una

mayor desinstitucionalización del país y un debilitamiento del estatus de funcionario que

tiene que actuar desde un nivel de absoluta respetabilidad”.

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En el momento en que el gobierno concentra su atención en el proceso y desplaza otros proyectos que antes de este momento eran urgentes para el país, como la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma a la justicia, pierde de vista el horizonte polí-tico de su mandato y se aleja de su papel como actor político, en un escenario donde las piezas tienen una función específica que es necesario para que la obra funcione adecuadamente. El gobierno, o más precisa-mente el presidente, se olvidó de que fue elegido gra-cias a su sonoro discurso inicial contra la politiquería y el terrorismo, cambiando y otorgándole, de esta forma, espacio suficiente a la proliferación de la politiquería que inicialmente tanto había rechazado.

No sólo se cambió el escenario político al permi-tir que las funciones gubernamentales cotidianas se alteraran, sino que se perdió de vista la esencia de la elección presidencial; sin embargo los colombianos, en un 72%, siguen pensando que Uribe es el mejor presi-dente que han tenido.

2. El Congreso: un cambio de agenda

El proyecto de reelección inmediata copó la agenda, polarizó las cámaras y generó la percepción

de que el gobierno se inclinaba por la politiquería (El tiempo, diciembre 12 de 2004)

El Congreso de Colombia está dividido en dos cáma-ras: El Senado y la Cámara de Representantes, con un total de 268 congresistas. Sus integrantes pueden ser reelegidos de forma inmediata, y su principal función es legislar en beneficio de las instituciones colombia-nas. Para legislar tiene dos periodos de debate anual, primer y segundo semestre del año. Cada cámara se subdivide en comisiones que estudian leyes con temas específicos, lo que facilita el trabajo de los congresistas, y luego de este debate se realiza un debate en la ple-naria de la respectiva cámara.

Para inicios de 2004, el Congreso tenía una agenda copada, en la que rebosaban los proyectos de ley a ser debatidos en la primera legislatura. Muchos de estos proyectos le competían, por sus temáticas, a las comisiones primeras, por lo tanto el trabajo de estas comisiones se vio saturado. El 16 de marzo se radica en el Congreso el proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata; dado que este proyecto es un acto legislativo para modificar la Constitución, su discu-

sión implica doble vuelta, es decir, debe discutirse dos veces en cada comisión y en cada plenaria, además por su temática el proyecto es discutido en las comisiones primeras. Ambas cosas obligaron al Congreso a despla-zar otros proyectos y con el aval y promoción del go-bierno, a concentrarse en la discusión de la reelección.

Para que pudiera acoger al presidente Uribe, el pro-yecto que implicaba doble vuelta en un debate nada fácil, debía ser aprobado antes del 16 de diciembre de 2004; por ello el Congreso vivió una carrera contra el tiempo en la discusión de la reelección. Consecuencia de ello fue la pobreza de su trabajo legislador: “la legis-latura del 2004, que culmina este jueves 16, concluirá con un balance más pobre del que se esperaba” (El Tiempo, dic. 12, 2004). El escenario político del 2004 es nuevamente reconfigurado, el Congreso colombiano al igual que el gobierno se concentró en la figura de la reelección, congelando sus demás funciones políticas.

Por otro lado, en el Congreso se presentó una fuerte división parlamentaria que generó conflictos internos, debilitando la institucionalidad colombiana y la repre-sentatividad parlamentaria, y que también posibilitó la aparición de conflictos con el ejecutivo, como el experimentado en un programa de radio con Yamid Amat, entre el presidente Uribe y el senador ex uribista Héctor Elí Rojas (Ver: Semana, No. 1147).

Estos conflictos, entre los dos pilares del poder po-lítico en Colombia, generaron la sensación del hundi-miento del proyecto en el Congreso, lo que condujo al ejecutivo a generar estrategias ‘políticas’ de promoción del proyecto al interior del parlamento, como reunio-nes privadas con congresistas y apoyo a las regiones de los representantes que apoyaran el proyecto, activi-

El gobierno, o más precisamente el presidente, se olvidó de

que fue elegido gracias a su sonoro discurso inicial contra la politiquería y el terrorismo,

cambiando y otorgándole, de esta forma, espacio suficiente a la

proliferación de la politiquería que inicialmente tanto había rechazado.


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dades que aunque mal vistas por el medio académico, admitieron construir al interior del recinto legislativo alianzas estratégicas entre uribistas y algunos parla-mentarios aún indecisos que posibilitaron que el deba-te se acelerara, y que el proyecto fuera aprobado, luego de todos los trámites necesarios, el 30 de noviembre de 2004.

Un comentario final. Los congresistas, al definir el ho-rizonte normativo y jurídico del país, deben garantizar la participación, en igualdad de condiciones, a la oposición política; sin embargo en las premuras del tiempo legis-lativo, el proyecto fue aprobado sin un claro contrape-so normativo que favorezca a la oposición y le permita equilibrar las desventajas que significaría competir con el presidente de turno, porque “cuando no hay institu-ciones fuertes, competir contra un presidente en cam-paña es una tarea bien difícil” (Semana, No. 1136: 28).

3. Los partidos y grupos políticos: alianzas estratégicas

Hasta hoy ha sido propio del sistema colombiano la ausencia de organizaciones partidistas diferentes a

los partidos tradicionales que compitan en el poder por las elecciones

(Pinzón de Lewin, 1989: 20-21).

En medio de su crisis política, los partidos tradicio-nales intentan mantener su estabilidad institucional, construyendo alianzas y acuerdos estratégicos que les garantice continuidad en el poder. Esto es lo que ha pasado con los partidos políticos en medio del debate reeleccionista.

Al iniciar el debate tanto el Partido Liberal como el Conservador estaban indecisos, calibrando cuál era la mejor opción. El Partido Liberal decidió no apoyar la reelección y más bien efectuar campañas políticas, aso-ciados con grupos de oposición, para promover el no a la reelección del presidente Uribe porque “el Partido [Liberal] no puede ser un traje desechable que se uti-liza en elecciones y luego se abandona para satisfacer intereses personales” (Vives, José Joaquín, entrevista, Cambio, No. 591: 28).

El Partido Conservador por su parte anuncia el 27 de abril su apoyo oficial al presidente Uribe y al proyecto de reelección, exigiendo mayor participación en el go-bierno y la jefatura de la Procuraduría y la Fiscalía; “los conservadores buscan con esto: mayor protagonismo político y más participación en el gobierno. Si a alguien

le conviene la reelección es justamente a un Partido Conservador que no tiene candidatos fuertes para la presidencia” (Semana, No. 1144: 35).

Simultáneamente a lo acaecido con los partidos políticos, se presentaron movimientos independientes de apoyo o rechazo a la reelección y por esta vía al presidente, ejemplo ilustrativo de ello es el caso del ex presidente liberal Julio César Turbay Ayala, quien ini-cialmente rechaza la propuesta de reelección inmediata y posteriormente, haciendo caso omiso a la decisión de su partido, decide no sólo apoyar la propuesta sino construir un movimiento nacional, llamado “Patria Nueva”, para promoverla. Otro ejemplo ilustrativo de posiciones independiente de los partidos tradicionales, es el caso del también ex presidente Andrés Pastrana, quien aunque su partido apoya al presidente, es desde el inicio del debate uno de los mayores opositores a la propuesta.

En el lado opuesto del cuadrilátero se encuentran los grupos y partidos políticos de oposición como el Polo Democrático y la Alternativa Democrática y figuras po-líticas representativas como Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Antonio Navarro Wolf, Carlos Gaviria, Gus-tavo Petro y Luis Eduardo Garzón, los cuales rechazan tajantemente el proyecto por considerarlo un atentado contra la democracia y un cambio ilegítimo en las re-glas de juego, propuestas al iniciar la candidatura del presidente actual.

Por considerar que la figura del presidente es bastante difícil de vencer en una contienda electoral, algunos miembros de la oposición han propuesto alianzas indispensables, entre ellos y con el Partido Liberal, para que con un sólo candidato puedan enfrentarse

Como resultado de la reconfiguración del escenario político colombiano en el 2004,

“los opositores y gobiernistas coinciden en que más allá de los acuerdos sobre los

candidatos, si hay reelección los candidatos serían solamente dos. Uribe y el anti-Uribe. Y los resultados de la contienda dependerán de

que tan fuerte sea la figura que aglutine a la oposición y de la popularidad que mantenga

el presidente después del desgaste que le implicará al gobierno sacar adelante el

proyecto de reelección en el Congreso”

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al presidente Uribe. Lo anterior sería contraproducen-te, porque se corre el riesgo de que lo único que los identifique sea su decisión de contener a toda costa la reelección de Uribe.

No obstante, se han dado los primeros pasos en pro de una coalición de resistencia a la reelección, “la primera convocatoria a un frente político contra la reelección la hizo recientemente la bancada Alternativa Democrática (AD), conformada por el Frente Social y Político, el Moir y otras fuerzas, al proponer el nombre del senador Carlos Gaviria como candidato de coali-ción contra Uribe” (Semana, No. 1155).

Como resultado de la reconfiguración del escenario político colombiano en el 2004, “los opositores y gobier-nistas coinciden en que más allá de los acuerdos sobre los candidatos, si hay reelección los candidatos serían solamente dos. Uribe y el anti-Uribe. Y los resultados de la contienda dependerán de que tan fuerte sea la figura que aglutine a la oposición y de la popularidad que mantenga el presidente después del desgaste que le implicará al gobierno sacar adelante el proyecto de reelección en el Congreso” (Semana, No. 1155).

4. Los medios de comunicación: abundancia de informaciónDesde que el presidente Uribe se posesionó como

candidato, los medios de comunicación en Colombia han mantenido una constante campaña de información alrededor de las actividades presidenciales y han cons-truido en torno a él la figura de un presidente invenci-ble, con base en las encuestas realizadas a la opinión pública, que le otorgan un 72% de popularidad. Si los medios —prensa, radio y televisión— no se hubieran dado a la tarea de saturar de información a la opinión pública sobre la popularidad del presidente, el fantas-ma de su fortaleza política no existiría.

De lo anterior se deduce que los medios de comu-nicación han jugado un papel fundamental en la cons-trucción y deconstrucción del proceso, no sólo desde la cobertura informativa del proceso reeleccionista, sino también desde el sostenimiento de la imagen y credibilidad del presidente Uribe. Su papel ha permiti-do reconfigurar el escenario político respecto al debate, dado que lo posiciona como el centro de la discusión nacional del año 2004.

Desde que inició el debate a principio del año 2004 y aún desde sus antecedentes históricos en el 2003, los medios de noticias nacionales han registrado cada acontecimiento y sobre-saturado al país de información

respecto al tema. Este actor, al igual que el Congreso, el gobierno y los partidos, ha estado concentrado en la discusión reeleccionista.

Esta abundancia en la información, de alguna for-ma, ha manipulado la volátil opinión de la ‘opinión pública’,15 generando la percepción de que el debate está modificando el rumbo político del país y de que en este proceso la continuidad política fortalecería la institucionalidad nacional, creando sobre la figura del presidente Uribe la imagen del redentor de los destinos nacionales, induciendo aún más al pueblo colombiano a favorecer a su carismático presidente.

Por el contrario, se han visibilizado otros medios, medios alternativos como el periódico Caja de Herra-mientas, y medios tradicionales como El Tiempo y Se-mana, que a pesar de que también se han pronunciado repetidamente sobre el proceso, lo hacen de una forma más crítica y no tan emocional, intentando convencer a la opinión, a través de los argumentos, de que ha sido una mala idea aprobar la reelección inmediata y de que será también una mala idea, para el fortalecimiento de la democracia, reelegir al presidente Uribe.

5. La opinión pública: en medio de la mira políticaHablar en términos de Opinión Pública es referirse a

la mayoría, a lo que piensa y manifiesta respecto a un asunto que la afecta, porque “la opinión pública sólo puede surgir cuando hay temas susceptibles de valo-ración diferente que concierne a la colectividad, que importan a la gente porque los percibe con sus propias vidas” y “se manifiesta en las relaciones con personas e instituciones con las que la gente entre en contacto en su vida cotidiana” (Chulea, 2000: 46).

Dado que la opinión pública “condiciona las actitu-des y los comportamientos tanto de actores individua-les, como de grupos sociales e instituciones, extrayen-do ese poder de esa idea de mayoría intrínsecamente ligada a ella” (47), juega un papel determinante en la dirección que puedan tomar los acontecimientos polí-ticos, ya que al generar la percepción de que determi-nado asunto es trascendental para la sociedad, revierte sobre éste, la mirada de todos los actores políticos.

En la coyuntura colombiana del 2004 se presenció este asunto. El poder que tuvo la Opinión Pública para determinar el rumbo de los acontecimientos fue bas-tante evidente, tanto que la favorabilidad del presidente ante el pueblo es el mayor argumento para proponer su reelección.


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No obstante, como la Opinión Pública es la expre-sión de la percepción de la masa y como la masa, en términos de Freud en su libro Análisis del yo y Psicolo-gía de masas, no piensa sino que actúa, es volátil y fá-cilmente manipulable. Lo que importa no es la realidad en sí misma sino la percepción que tiene la mayoría sobre determinado asunto, y esta percepción es fácil-mente transmitida y difuminada hasta lograr cambios en el rumbo de los hechos.

Por ello, los medios de comunicación generan es-trategias implícitas y explícitas de manipulación de la Opinión Pública, entendiéndola como “la acción por medio de la cual se procura dirigir la opinión pública, empleando no tanto mensajes directos sino más bien mensajes indirectos y meta mensajes (Mendoza, 1989, 275), porque a través de esta manipulación se pueden producir ciertos comportamientos en el desarrollo po-lítico del país.

En la coyuntura colombiana del 2004, los medios de comunicación, imbuidos en el debate sobre el proceso de reelección, mediante la estrategia de sobre abun-dancia de información, manipularon la versátil opinión pública para sostener el nivel de popularidad del presi-dente.

Por su política de seguridad democrática y por sus propuestas económicas, además del poder de decidir sobre políticas que afectan tanto a medios como a empresarios, el presidente se ha ganado el beneplácito de industriales y sectores de privados, que están ple-namente interesados en la reelección del presidente, quienes reconociendo el poder de la Opinión Pública, sobre asuntos de este calado, han utilizado a los me-dios para saturar de información al pueblo y generar la percepción de que todos quieren al presidente, ar-gumentando por este mecanismo que la reelección es necesaria.

Paradójicamente ha sido logrado. Los medios le di-cen al pueblo que el Ejército, a la cabeza del presiden-te, ha dado de baja tantos guerrilleros, rescatado tantos secuestrados y negociado con tantos paramilitares, hechos que por el contexto colombiano generan en el pueblo admiración y respeto, posicionándolo como el mesías Colombiano y generando la necesidad de que sea reelegido.

La Opinión Pública en su mutabilidad apoyó la reelección y apoya al gobierno Uribe, pero ¿qué pasará en cuatro años cuando cambie la inestable opinión de la Opinión Pública? 16

Conclusiones

La reelección presidencial inmediata, como figura política en abstracto, constituye una estrategia que puede fortalecer la institución política y dar solidez a la gobernabilidad del país, al permitir el reconocimiento del pueblo con su mandatario, teniendo la posibilidad de evaluarlo, y por la misma vía al conceder un alto nivel de continuidad a las políticas públicas.

No obstante, el asunto de la continuidad puede resolverse mediante la construcción colectiva de una estrategia política a largo plazo, que sea inmutable en su contenido al cambio de gobierno, a lo sumo que presente variaciones en su forma y en su aplicación, pero que permita construir una ruta visible para el for-talecimiento de la institucionalidad política y la planea-ción estable del territorio.

Por el contrario, el cambio constitucional a la medi-da del gobierno de turno y la propuesta de reelección con nombre propio y como resultado de una coyuntura momentánea, sólo debilita y permea el entramado político e institucional de un país. Las reformas cons-titucionales que transformen la cultura política y la for-ma como tradicionalmente se ha distribuido el poder deben hacerse tras un largo proceso de meditación y aplicarse luego de que la mayoría las haya asimilado.

Por otro lado, las coyunturas deben abrir camino para transformaciones políticas sobre la estructura tradicional del escenario político, luego de un análisis crítico del contexto y las condiciones particulares y generales, pero deben ser pensadas para el largo plazo. No se puede generar la desfiguración del panorama po-lítico para configurarse en torno al debate constante de determinada coyuntura.

Por su parte, el escenario político colombiano del 2004 se reconfiguró ante el desgastante alrededor del proyecto

Desde que el presidente Uribe se posesionó como candidato, los medios de comunicación

en Colombia han mantenido una constante campaña de información alrededor de las

actividades presidenciales y han construido en torno a él la figura de un presidente invencible...

Si los medios —prensa, radio y televisión— no se hubieran dado a la tarea de saturar de

información a la opinión pública sobre la popularidad del presidente, el fantasma de su

fortaleza política no existiría.

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de reelección, situación que convulsionó al país y congeló la forma cotidiana de hacer política, a través del desplaza-miento de la discusión de proyectos importantes y de la concentración de los actores políticos en torno a la reelec-ción, descuidando sus respectivas funciones.

Este cambio en el escenario convulsionó la forma natural de construir política en el país, y aunque di-namiza las discusiones nacionales sobre asuntos que a todos interesan, también, como resultado de su debate incontrolado y desgastante y de las manifesta-ciones emotivas que se presenciaron sobre el mismo, se abrieron fisuras en la gobernabilidad política, en la institucionalidad nacional y en la legitimidad del poder, que deben ser subsanadas si se quiere que el cambio originado sobre la Constitución y la cultura política colombiana sea fácilmente interiorizada y aprehendida por toda la nación.

De todos modos, a estas alturas de la coyuntura, pensar en términos de la conveniencia o no de la im-plementación de la reelección presidencial en el país, cuando la propuesta ya está aprobada, es innecesario e infructífero. Es pertinente mejor, pensar en las estra-tegias necesarias, primero para garantizar el equilibrio electoral y la igualdad de condiciones entre el candida-to-presidente y la oposición política, porque:

La propuesta gubernamental sólo es posi-ble si se acompaña de un serio programa de reforma (Estatuto de la oposición, control po-lítico por parte del Congreso, financiación de campañas, acceso a los medios, legitimidad y transparencia de la gestión pública) que man-tenga relativo equilibrio de poderes […] Si se aprueba como pieza suelta del ordenamiento institucional tiene elevado costo para el país (Castro, 113-114).

Segundo para construir instituciones políticas que legiti-men la figura de la reelección y permitan legislar pensando en este nuevo modelo institucional, y tercero para edificar los mecanismos suficientes para que la nueva forma de ejercicio del poder en Colombia, sea interiorizada y apre-hendida en la cultura política del país.

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“No contaban con mi astucia”, No. 1147, Abr. 26, 2004, 54-55.

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NOTAS

1 Las secuelas del fracaso del referendo dieron inicio al año 2004 bajo la tensión social de la implementación de un plan B por parte del gobierno; el proceso de desmovilización de las AUC y con ello el proyecto de ley de alternatividad penal y el estatuto antiterrorista, matizaron el escenario en el campo de la seguridad democrática del presidente Uribe; los heterogéneos y abundantes proyectos de ley que el gobierno presentó al congreso y que necesitaban ser aprobados, saturaron la agenda política del 2004 y generaron conflictos y discordias entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y finalmente el proceso reeleccionista alrededor de la figura del presidente Uribe, procesos que convulsionaron el escenario político y social del país.

2 El Tiempo es un periódico diario de tiraje nacional, emitido desde la ciudad de Bogotá, fundado el 30 de enero de 1911 y que señala la cara oficial de los acontecimientos. Por su parte, Caja de Herramientas es un periódico mensual, editado también en Bogotá, que nace en medio del debate de la constituyente de 1991 como un periódico alternativo que contara la otra versión de los hechos.

3 La revista Semana y la revista Cambio son revistas semanales, editadas en Bogotá que trabajan temas actuales mediante artículos de opinión o de análisis y crítica social.

4 En el país durante el periodo de tiempo comprendido entre 1811 y 1830 fueron redactadas ocho constituciones de provincias, entre 1830-1886 se redactaron seis constituciones nacionales y se hicieron alrededor de 12 reformas constitucionales, hecho que demuestra el alto grado de inexperiencia, inestabilidad y desconfianza de los republicanos frente a la administración política del país.

5 “De los 19 estados de Ibero América, hay cinco sin reelección, ocho con reelección alterna y seis con reelección inmediata. (Ver Gómez Buendía, Hernando. “Acaso nos creen bobos”, Revista Semana).

6 Desde la teoría del Contrato Social de Rousseau se “concibe a la sociedad y al ejercicio del poder político como fruto de un pacto entre gobernantes y gobernados” (Vidal Perdomo, 1998: 29), en esta medida las constituciones son la expresión escrita de ese contrato o pacto. El concepto de constitución nació vinculado en el siglo XVIII a la necesidad de control de los gobernantes y a la protección de los derechos del ciudadano; su supremacía como expresión democrática de la voluntad del constituyente primario (entiéndase el pueblo), la configura en la ley de leyes, frente a ella las demás normas pierden valor jurídico (Véase: Vidal Perdomo, 1998). Gracias a su supremacía jurídica, la constitución sólo puede ser reformada, para el caso colombiano, “por el congreso mediante acto legislativo; por una asamblea a través de una asamblea constituyente y por el pueblo a través de un referendo” (Pérez Restrepo, Debates, No. 13: 4).

7 A lo largo del siglo XIX y XX, se vivió en el continente latinoamericano un proceso de dictaduras de distinto orden que marcaron la historia latinoamericana y configuraron notorios abusos en el poder político; entre ellas se puede mencionar la del general Porfirio Díaz en México, a principios de siglo XX; la de Juan Manuel Ortiz de Rosas en Argentina, a mediados del siglo XIX; la de Gabriel García Moreno en Ecuador, durante la segunda mitad del siglo XIX; la de Getúlio Vargas en Brasil, entre 1930 y 1945; y finalmente, una de las más avasalladoras, la de Augusto Pinochet en Chile, en la segunda mitad del siglo XX.

8 El Estado, según el Banco de la República “debe entenderse como el agrupamiento social en un territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político público, que abarque normas respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. Puede ser entendido como una organización de la sociedad, con elementos que hacen que no sólo el gobierno y las autoridades manejen y controlen el poder, como en muchos casos se cree, sino que, por el contrario, se establezcan parámetros y normas para que se logre establecer una convivencia armónica entre la libertad y el poder” (pagina web del Banco de la República); por lo tanto, las políticas de estado son aquellos proyectos político-económico-sociales que trascienden las coyunturas administrativas y el interés de los partidos y que pretenden fortalecer la gobernabilidad y estabilidad de la nación. Por su parte, el gobierno es “el conjunto de personas que ejercen el poder político, o sea que determinan la orientación política de una cierta


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sociedad” (Bobbio, 1997: 710); en esta medida las políticas de gobierno son planteadas por el partido o grupo político que se encuentre en el poder en cada momento y por ende son modificadas de acuerdo al cambio de gobierno.

9 El régimen presidencial, propio de los países americanos, tiene como pieza clave para su funcionamiento al presidente, que es a su vez jefe de Estado y de gobierno, y al Congreso, que está dividido en dos cámaras legislativas. El presidente elige a su gabinete sin la participación del Congreso y no tiene que rendirle cuentas a éste, por ello su poder es tan amplio, porque el régimen presidencial se centra sobre el presidente, de allí la necesidad de las elecciones populares, “las grandes atribuciones que posee el presidente no serían bien vistas, desde el ángulo democrático, si quien las ejerce no fuera escogido por la voluntad popular” (Vidal Perdomo, 175). Por su parte; la idea básica del parlamentarismo es la de una estrecha conexión entre el gobierno y el parlamento. El poder ejecutivo, en su conjunto, está dividido en dos órganos: uno de ellos es el jefe del Estado (presidente o rey), que no tiene poderes de dirección política sino que representa al Estado como figura visible, y el otro el gobierno propiamente dicho, que asume la dirección política y está integrado por los diferentes ministros bajo el mando de un jefe de gobierno (primer ministro o canciller), que no es designado por elección popular directa sino investido por el jefe del estado con el apoyo del parlamento y sólo puede ejercer sus funciones si cuenta con el apoyo de este último” (Biblioteca Salvat, 1973, 84).

10 El referendo jurídicamente es un mecanismo de participación que implica la aprobación o el rechazo del pueblo a una propuesta de ley; el plebiscito por su parte, conlleva el apoyo que el pueblo le da al gobierno que lo convoca (véase: Constitución política de Colombia). “En el referendo se trata de aprobar una norma impersonal y en el plebiscito se trata de apoyar o rechazar una política y un gobierno” (Gómez Buendía, Semana, No. 1121: 21).

11 La propuesta de reelección al modificar la Constitución colombiana se convertía en un proyecto de ley que como

tal implica 8 debates en el Congreso, es decir doble vuelta legislativa. Por sus características, el proyecto de ley fue discutido en las comisiones primeras, que luego de su aprobación requerían debatirse en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara de representantes, y luego de ser aprobado debería iniciar nuevamente este trámite de discusión; sólo en el octavo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes era aprobado definitivamente, no obstante, la Corte Constitucional debe, en el primer semestre del 2005 pronunciarse ante la legitimidad y legalidad del mismo.

12 La política de seguridad democrática del actual gobierno es el pilar fundamental de la estrategia gubernamental del presidente Uribe. La idea esencial es garantizar la seguridad de los ciudadanos colombianos a partir del fortalecimiento del Estado y de la participación y colaboración de las comunidades en la construcción de dicha seguridad, es decir, se involucra a la sociedad civil como informante y co-constructor, garantía ‘democrática’ de seguridad.

13 Programa radial humorístico de RCN

14 Entiéndase partido de gobierno como el conjunto de organismos y personas que dirigen una nación y que apoyan el mandato del presidente en turno, que en el caso colombiano actual, el partido de gobierno estaría conformado por el gabinete de ministros y embajadores y la bancada uribista, a la cabeza del presidente Uribe.

15 “Los medios consiguen manipular la opinión pública a partir de dos formas: con abundante información o con escasa o ninguna información” (Mendoza, 1989: 279).

16 Hasta este momento la aprobación del proyecto de ley que permite la reelección ha recibido doce demandas de personas diferentes, ¿será que en el país se deroga un proyecto que fue aprobado con un amplio debate y que además la opinión pública ha aceptado?, ¿será que la Opinión Pública lo continúa apoyando?


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En el presente documento se tratará de mostrar la relación entre Universidad, Región y Cultu-ra, en el marco de la reflexión para la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad de Antio-quia. El texto consta de dos partes: en la primera se pretende reflexionar sobre el concepto de cultura y en la segunda, cómo entender la relación Universi-dad, Región y Cultura1 desde la normatividad, la re-lación con las regiones y la Universidad en sí misma.

1. El concepto de culturaEl concepto de cultura es ambivalente y hace refe-

rencia a diversos aspectos de la esfera social. Varios autores han recogido o “sistematizado” en términos de hoy los diversos conceptos de cultura que se han utili-zado. El concepto ha sido empleado recurrentemente por las diversas disciplinas, especialmente las cien-cias sociales desde las últimas décadas del siglo XX, cuando se hicieron más evidentes los procesos de globalización, cuando cada grupo cultural y étnico y cada localidad y región se ven en la necesidad de pensarse para hacerle frente a los procesos de mun-dialización de la economía, la política y la cultura. Se ve la necesidad de darle sentido a la forma como son producidos y reproducidos en la práctica, desde el discurso y los símbolos. Es en este contexto que se hacen más evidentes las nuevas frases: “actuar local-mente y pensar globalmente” y “glolocal”.

Universidad, Región y Cultura

Este texto está inscrito en el ciclo de reflexiones que

viene impulsando la Red de Cultura de la Universidad de

Antioquia, a instancias del Departamento de

Extensión Cultural y la Vicerrectoría de

Extensión. La acción de la Red se extiende

tanto a Medellín como a las regiones

del Departamento.

Por Lucelly Villegas Villegas*

* Docente Instituto de Estudios Regionales, INER Medellín, abril 13 de 2005

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El concepto de cultura se ha utilizado a lo largo de la historia por los pueblos y escuelas de pensamien-to (inglesa y francesa fundamentalmente) de muy diversa forma, para designar entre otros aspectos: la cultura material y espiritual, la identidad, los proce-sos civilizatorios, la diversidad de los grupos huma-nos, las costumbres y los hábitos, las tradiciones, las reglas, normas y valores, los símbolos, rituales y ru-tinas, lo aprendido en las instancias de socialización, las representaciones. Recientemente desde la teoría interpretativa se concibe la cultura como un texto que puede ser leído y desentrañado2.

Los conceptos de cultura se podrían agrupar en tres grandes grupos:

• Formas de adaptación al medio o “modos de vida”.• Creencias, actitudes, costumbres, valores, for-

mas de pensamiento que se transmiten a través de las instituciones en el proceso de socialización.

• Como sistema de representaciones colectivas, que comprenden el sentido y significado de las ac-ciones colectivas: perspectiva semiótica.

El concepto de cultura es dinámico y cuya defini-ción ha obedecido a la concepción o explicación de los grupos humanos en un periodo dado y de acuerdo a la realidad o el contexto en el que habitan dichos grupos.

Uno de los retos de la Universidad en esta materia es precisar desde lo conceptual y operativo cuál o cuáles son los conceptos de cultura que han prevale-cido en la Universidad y cuáles serían los vigentes en el mundo de hoy y en la Universidad que se quiere para la próxima década. La pretensión no es la de unificar el concepto de cultura al interior de la ins-titución, sino de reconocer los que coexisten y son utilizados en las tres actividades básicas, como lo son: docencia, investigación y extensión.

2. Relación Universidad, Región y CulturaLa relación Universidad, Región y Cultura es nece-

sario analizarla desde diversos aspectos: normativo, de la relación universidad y región y la Universidad en sí misma.

2.1 Aspectos normativosEs variado y amplio el marco normativo sobre cultura

que se tiene en la Universidad, tanto en el Estatuto Ge-neral como en los planes de desarrollo, el Plan Estraté-gico de Regionalización y los demás documentos jurí-dicos que se generan en la Universidad y fuera de ella.

El marco legal universitario recoge los linea-mientos de la Constitución Política de 1991 y las leyes 30/92, 115/94 Ley General de Educación y la ley 397/97 Ley General de Cultura, la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO; a las anteriores se podrían sumar la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural (Conferencia General UNESCO del 2 de noviembre de 2001) y Declaración sobre la Diversidad Cultural, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 7 de diciembre de 2000. Declaraciones en las que se reconoce que la diversidad cultural es la esencia para la condición humana como la biodi-versidad es a la naturaleza y declaran que los bienes culturales no deben ser tratados como meros pro-ductos de consumo.

La Constitución del 91 reconoce la cultura como fundamento de la nacionalidad y valora la multicultu-ralidad y la plurietnicidad como riqueza cultural del país, la educación que respete y desarrolle la iden-tidad cultural y la protección a los recursos cultura-les igual que a los naturales. La ley 30 promulga la educación como servicio público cultural, conservar y fomentar el patrimonio y la formación integral del ciudadano como factor de desarrollo, cultural, eco-nómico, científico, entre otros.3 La ley de Educación, fomenta el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. La Ley General de Cultura, reitera la “cultura como fundamento de la nacionalidad” y la preservación del patrimonio, entre otros4. La ley de Cultura en su artículo 1° define la cultura como “el conjunto de rasgos definitivos, espirituales, materia-les, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.

A estas leyes se sumaría la Ley 594/00 General de Archivos que propende por la preservación del pa-trimonio documental como un componente valioso del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Labor que viene haciendo la Biblioteca Central de la Universidad en la adopción de archivos privados de gran valor para su conservación y uso de la comuni-dad académica. No sólo los documentos en papel, sino también el patrimonio fílmico (Colección Luis Alberto Álvarez) y el musical (partituras y obras de músicos regionales y nacionales, caso el maestro Luis Uribe Bueno). La Ley General de Cultura defi-ne el Patrimonio Cultural de la Nación como aquel constituido, entre otros bienes por el documental,

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bibliográfico, testimonial, sonoro, audiovisual, fílmi-co, científico.

El Estatuto General (AS 01/97) considera a la “Univer-sidad de Antioquia como patrimonio científico, cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional”, y propende por desarrollar la sensibilidad hacia la cultura y las artes. De ahí que la misión de la Universidad sea la de “actuar como centro de creación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y de la cultura. En el Plan de Desarrollo 1995-2005, se buscó integrar los conceptos de cultura y ciencia, promover el respe-to de las diferencias que identifican las etnias5. El Plan de Regionalización por su parte, como misión, plantea “potenciamos los proyectos de vida de sus gentes, la identidad cultural y el reconocimiento de las particulari-dades regionales, generando conocimiento pertinente y formando integralmente a los agentes del desarrollo en cada región”6. Además, la búsqueda de sentidos de per-tenencia y arraigo territorial en la diversidad, la univer-salidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país; el respeto por lo plural, y una universidad en, desde y para las regiones.

Como puede apreciarse, el componente cultural ha estado presente en las normas y documentos que rigen la Universidad, pero es necesario reflexionar más sobre qué ha significado para la universidad, y eso cómo ha incidido en las tres funciones básicas de la misma.

2.2 Relación Universidad, Región, CulturaLa relación Universidad–Región se asume consi-

derando la Universidad como un actor más en la so-ciedad y por las demandas que la sociedad le hace a la Universidad en la generación de conocimiento que contribuya a la solución de las problemas de la so-ciedad a la cual se debe, en sus tres actividades fun-damentales: docencia, investigación y extensión. En

este aspecto es importante resaltar cuál es el conoci-miento que tienen algunos docentes e investigadores sobre las regiones, y cómo se articula ese conoci-miento a sus actividades, o si solamente se asume la clase como tal sin tener presente el entorno de los alumnos. ¿Qué sabemos de los grupos humanos allí asentados, sobre el paisaje natural y cultural, sobre las estéticas, los modos de vida, los rituales (no es lo mismo un ritual funerario en Necoclí que en Andes), la dieta alimenticia y los ritmos de su vida cotidiana?

Sobre la labor investigativa de la Universidad, Guillermo Páramo se preguntaba: “¿Tenemos ciencia para la diversidad en Colombia?”? y ¿somos capaces de “pegar un mundo con otros mundos”? refiriéndo-se al conocimiento parcializado de las disciplinas7.

Vincularse a la sociedad a la cual se debe y, sobre todo, ser un factor de transformación de las condi-ciones de vida de nuestro pueblo, responder a las actuales dinámicas del desarrollo regional, garan-tizar la circulación y generación de conocimiento socialmente útil, reconocer las particularidades de las distintas regiones y la formación de capacidades para que los actores construyan sus propios proyec-tos de desarrollo en los espacios locales y regionales “incorporándose como proyecto cultural y educativo propio y como parte del proyecto político regional”, han sido aspectos fundamentales de la Universidad de Antioquia en su proyecto de regionalización8.

La presencia de la Universidad en las regiones le implica cumplir tres funciones básicas:

1. Circulación y socialización de conocimientos para la formación profesional.

2. Apropiación consciente de las expresiones cul-turales y de los conocimientos pertinentes.

3. Formar actitudes y comportamientos para hacer líderes sensibles a las comprensiones de las dinámicas sociales y visión de futuro en un contexto mundial9.

La misión de la Universidad en las regiones es la de potenciar “los proyectos de vida de sus gentes, la identidad cultural y el reconocimiento de las par-ticularidades regionales, generando conocimiento pertinente y formando integralmente agentes de de-sarrollo en cada región”.

Universidad debe entenderse en, desde y para las regiones, lo que le significa fortalecer la Universidad en las regiones; el reconocimiento como un actor más; y consolidar organizaciones universitarias en las regiones10. Y en lo referido específicamente a la


Uno de los retos de la Universidad en esta materia es precisar desde lo conceptual y operativo cuál

o cuáles son los conceptos de cultura que han prevalecido en la Universidad y cuáles serían los

vigentes en el mundo de hoy y en la Universidad que se quiere para la próxima década. La pretensión no

es la de unificar el concepto de cultura al interior de la institución, sino de reconocer los que coexisten y son utilizados en las tres actividades básicas, como

lo son: docencia, investigación y extensión.

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cultura local y regional entre los objetivos del Plan estratégico de regionalización están:

– Vincular la acción académica universitaria a los procesos de desarrollo estratégicos y a la solución de problemas locales y regionales.

– Aportar al conocimiento y reconocimiento de la diversidad y el desarrollo cultural regional.

La inserción de la Universidad en las regiones se propone en dos sentidos:

– “Hacia fuera, es decir, de cara al territorio, o mejor, a los territorios, asumiendo el papel que le compete en relación con los actores y los entornos.

– Hacia adentro, es decir, de cara a las virtudes y restricciones desarrolladas internamente en sus fun-ciones básicas y en su estructura institucional para identificar su pertinencia frente a las demandas del desarrollo local y regional”11.

El acercamiento a la región desde sus pobladores y vivencias diarias le ha permitido a los docentes e investigadores y a la comunidad universitaria en ge-neral, obtener nuevos conocimientos, indagar por las problemáticas sociales, pero sobre todo, buscar so-luciones adecuadas a éstas, especialmente apoyando a los grupos más vulnerables de la población.

Fruto de este trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de la universidad y los líderes regionales y locales, se obtienen beneficios mutuos, para los pobladores poder reflexionar sobre sus contextos inmediatos, capacitarse y ser replicadores de ese sa-ber en las localidades y en la región, y ser impulso-res y gestores de proyectos de desarrollo para solu-cionar problemas prioritarios para las comunidades. Y a los docentes e investigadores les permite revertir en la docencia y extensión las actividades investi-gativas y el aprender de los líderes y pobladores sobre sus contextos (en términos de Apadurai como el marco o la escena donde los distintos tipos de la acción humana pueden iniciarse y realizarse con sentido) y buscar entre todos una vida más digna y equitativa para las comunidades.

La relación Universidad–Región se sustenta en los actores (individuales e institucionales; en la manera de resolver los problemas y tomar decisiones, apo-yados en la cultura y en la construcción de lo público y de ciudadanía. La Universidad no es poseedora de la cultura Universal sino una universidad del conoci-miento útil que contribuya a la solución de una de las principales problemáticas regionales en el ámbito de la cultura como es el “Escaso reconocimiento de

la diversidad y de los procesos de transformación cultural”12.

Como es por todos sabido, la Universidad no solo se debe a la sociedad colombiana en su conjunto como universidad pública que es, sino que particu-larmente se debe a las regiones en las cuales tiene las seccionales y vincularse como un actor más diná-mico del desarrollo regional, garantizar la circulación y generación de conocimiento socialmente útil, re-conocer las particularidades de las distintas regiones y la formación de capacidades para que los actores construyen sus propios proyectos de desarrollo en los espacios locales y regionales.

En las regiones donde la Universidad tiene presen-cia bien sea por las sedes regionales o por el trabajo académico e investigativo, se ha reconocido que és-tas son diversas social y culturalmente, pluriétnicas y multiculturales, en las que se presentan múltiples interacciones, a veces intensas, que se traducen en di-versidad de manifestaciones y en la riqueza cultural. Así mismo se dan formas diferentes de adaptación de los grupos sociales y étnicos al medio13.

En las regiones coexisten, de una manera incluyen-te o excluyente, diversos proyectos sociales y cultura-les, donde lo citadino y lo campesino, lo tradicional y lo moderno, los localismos priman sobre el recono-cimiento y la valoración de lo regional y lo nacional, donde se carece de identidad, sentidos de pertenencia y arraigo regional y territorial, y cuyo capital cultural requiere de ser encauzado como una ventaja com-parativa para el desarrollo social de las regiones. Es en esta tarea que la Universidad puede asumir un

En las Universidades se debe formar las gentes que piensen el país en su complejidad y de

una forma flexible respetando los desarrollos regionales y aportando sabiduría. “En las

universidades nos podemos dar el lujo y quizá, tenemos la obligación, incluso, de pensar en otro

tipo de valores: el valor de la vida, el valor de la estética. Y si no tenemos gente con la escala que requiere un país, el país se nos va ha achicar y ya

se nos ha achicado”...“ Se necesita crear gente que pueda pensar en este país, y que ojalá piense

el país desde San Andrés, desde Leticia, desde Tumaco, desde la Guajira y desde Urabá”.

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papel importante, y desde la academia emprender la reflexión sobre la riqueza cultural y no ver la diversi-dad como un obstáculo para el desarrollo. La idea de homogeneización de algunas regiones no deja ver la diversidad y la diferencia. Crear espacios incluyentes y equitativos para todos.

Es pues una tarea como universitarios el de cono-cer, visibilizar y socializar la riqueza cultural regional para potencializar sus valores y conocimientos, así como la de promover el estudio de la diversidad cultural, la difusión de valores culturales y distintos sentidos de identidad y pertenencia; respetar, valorar e incorporar la sabiduría tradicional y el afianzamien-to cultural y territorial de las minorías étnicas14. La universidad debe suministrar educación abierta a las influencias del mundo, pero que responda a las necesidades regionales y locales.

Con respecto al tema que nos ocupa en la interven-ción del Dr. Guillermo Páramo en el seminario cerrado El papel de la Universidad en el desarrollo Local y Re-gional15 en el Instituto de Estudios Regionales y la Di-rección de Regionalización en el año 2000, refiriéndose al papel de la universidad colombiana en las regiones señalaba algunos aspectos que quiero compartir.

Según él, a pesar de conocer que este es el país de la segunda megadiversidad de la vida, no lo sentimos, “Vivimos en un mundo extraordinario y desconocido”. “Éste es un país de una extraordinaria composición geográfica (...) tenemos sesenta y dos o sesenta y cinco o sesenta y ocho –no lo sabemos con seguridad– len-guas, no dialectos, lenguas humanas habladas acá (…) Hoy se nos habla de la riqueza de la biodiversidad, algún día se nos hablará de la riqueza lingüística. Son aptitudes y maneras de concebir el tiempo, de conce-bir el espacio, formas lógicas por explorarse en mu-chos casos, posibilidades estéticas, y están aquí y no las conocemos (…) Esas lenguas están integradas a cul-turas extraordinariamente complejas, de las cuales ha dependido la preservación de la biodiversidad, porque si no hubiera sido por esas culturas, no tendríamos esa biodiversidad y, esas personas, representantes de esas culturas son colombianos y están aquí”.

En las Universidades se debe formar las gentes que piensen el país en su complejidad y de una forma flexible respetando los desarrollos regionales y aportando sabiduría. “En las universidades nos podemos dar el lujo y quizá, tenemos la obligación, incluso, de pensar en otro tipo de valores: el valor de la vida, el valor de la estética. Y si no tenemos gente con la escala que requiere un país, el país se nos va

ha achicar y ya se nos ha achicado”. Continúa dicien-do el profesor Páramo: “ Se necesita crear gente que pueda pensar en este país, y que ojalá piense el país desde San Andrés, desde Leticia, desde Tumaco, des-de la Guajira y desde Urabá”.

Se pregunta el profesor Páramo qué conocemos de San Andrés, de La Guajira, del Amazonas, Tu-maco y Arauca. La misma pregunta no la podemos hacer para las regiones de Antioquia. ¿Qué tanto las conocemos?, ¿qué tanto valoramos su cultura y su diversidad? “La Universidad fue creada para eso; fundamentalmente las universidades públicas y tam-bién las universidades privadas, porque la verdad es que la universidad tampoco puede sacudirse de esa responsabilidad. La gente que gobierna este país y que ha gobernado este país ha salido de las universi-dades”.

La Universidad tiene la responsabilidad de pensar este país con mucho cuidado, con un sentido crítico y proponiendo acciones, de acuerdo a sus formas de vida, que redunden en el bienestar de sus gentes. Aportar al proyecto de país en el que se tenga en cuenta el territorio, la gente, la historia, la cultura y la identidad. Respetando los saberes de la gente del lugar. En palabras de Páramo: “La Universidad es para descubrir este país, para pensar este país; y lue-go también, para apropiarse de la cultura universal (...) El camino no es hacer que el tucano sea tucano y nada más, sino que él se apropie del universo, cosa que puede hacer sin dejar de ser tucano”

Por último afirma: “Yo en realidad creo que no se trata solamente de pensar en que la Universidad (...) esté en la región, yo creo que se trata es de que el país esté en la Universidad; si no tenemos una Uni-versidad que se preocupe por el país, el país no se va a preocupar por la Universidad”. Teniendo en cuenta el mandato que ordena la Constitución (...) educar a cada quien dentro de su propia cultura”.


La Universidad tiene la responsabilidad de pensar este país con mucho cuidado, con un

sentido crítico y proponiendo acciones, de acuerdo a sus formas de vida, que redunden

en el bienestar de sus gentes. Aportar al proyecto de país en el que se tenga en

cuenta el territorio, la gente, la historia, la cultura y la identidad.

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2.3 La Universidad en sí mismaLa Universidad en sí misma es “un proyecto cul-

tural”, afincado en sus actividades fundamentales: investigación, docencia y extensión. En la investi-gación además de la generación de conocimientos y solución a problemas del entorno en las ciencias consideradas duras, las ciencias sociales y humanas en su reflexión permanente de la sociedad, la cultu-ra ha sido un referente obligado.

Desde el año 1996 hasta el presente, la Univer-sidad ha apoyado investigaciones sobre múltiples temas referidos a la cultura como son: mapas cultu-rales, las imágenes, percepciones y representaciones colectivas de la ciudad, las migraciones y el despla-zamiento, los grupos étnicos, culturales y de géne-ro, las expresiones artísticas y las letras; el habla y las formas de expresión, diagnósticos y procesos so-cioculturales, familia y género, ritos y rutinas, la cul-tura somática, alimentaria y política; la religiosidad y cultos, la tradición popular, el conflicto y la violencia, la escuela como espacio de encuentro intercultural, entre otros temas16. Se espera que algunas de estas investigaciones hayan contribuido a la solución de problemas del entorno generando conocimiento útil y reflexiones sobre el tema de cultura, también a la docencia en la formación integral de los estudian-tes en lo referido a la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, comprometidos y dispuestos a comprender y asumir los valores culturales, la crea-ción y el goce de la cultura.

En la docencia explícitamente desde los currículos que ven la necesidad de la formación integral, a la que se han acogido algunos docentes que entienden la formación “para toda la vida” y no la formación sólo para el desempeño profesional o instruccional. La formación integral “presupone unas responsabilida-des de cada individuo frente a sí mismo, frente a sus propios deseos y necesidades, frente a sus relacio-nes con el otro y con su realidad, en tanto que debe asumirse como proyecto de vida”17. El reto es ser conscientes de que en la Universidad se están for-mando los agentes activos del desarrollo y líderes de la sociedad, dar respuestas nuevas al cambio, formar en el ser humano y el aprendizaje de la ciudadanía. En palabras de Gustavo López Ospina, educar con aptitudes para pensar, imaginar de forma creadora, estar abiertos a su medio, respetuosos del otro y analizar con espíritu crítico, entre otras.

En la extensión o en la relación directa de la Uni-versidad con la sociedad, la cultura se materializa de

diversas formas: en el reconocimiento de los saberes “científico” y “popular”; en la valoración del otro como actor e interlocutor; en la solución de proble-mas de la sociedad; en la generación de nuevos co-nocimientos; en las expresiones artísticas, deportivas y culturales; en el reconocimiento de la diversidad, en otras palabras, es por medio de la extensión que la comunidad universitaria se relaciona con su entor-no más directamente.

Sin embargo, en el conjunto de la Universidad coexisten diversas concepciones de cultura, que dependen de las maneras de ver el mundo, de la formación disciplinar, entre otros. Así, mientras que para unos la cultura son las bellas artes «lo culto», desde una mirada universal occidental; para otros, las artes como espectáculo y no como producto y obra del artista. Para algunos son las formas de ser y de vivir de los diversos grupos sociales en un tiempo y un espacio determinado. La pregunta entonces es ¿cuál es el concepto o los conceptos de cultura que se expresan en la Universidad en sus actividades básicas? Qué tanto se aporta desde la Universidad al entendimiento de la cultura regional y local y no en-tender la diversidad como un obstáculo al desarrollo y al progreso; a no continuar con un discurso homo-geneizante que no deja ver la diversidad y la riqueza cultural de la región y del país.

Por último, la Universidad en sí misma es escena-rio de actividades, procesos e inventario del patrimo-nio cultural. La Universidad puede pensarse como un Museo vivo o interactivo con la sociedad, con sus visitantes (hacia fuera), que puede ser leída por letra-dos y no letrados desde su arquitectura, distribución de los espacios, usos cotidianos, la forma de vestir y del comer, desde las ofertas culturales, santuario de fauna y flora, obras de arte, como lugar de la memo-ria definida en palabras de Gonzalo Sánchez como “la capacidad de conservar y actualizar informacio-nes pasadas” y como forma esencial de construc-ción de identidades colectivas y memoria de la vida cotidiana. Un Museo entendido como “un texto que puede ser visto por todos, un texto pedagógico, con eventos, obras y personajes dignos de ser imitados”.18

Asimismo, la Universidad es un patrimonio tangi-ble e intangible (Unesco), también es “capital cultu-ral” que produce rendimientos y es objeto de apro-piación desigual por parte de los diferentes grupos sociales”19. Es patrimonio cultural tangible por su estructura física, por el significado y valoración que varios espacios de la misma tiene para la sociedad y el país en la declaración de monumentos nacionales.

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BIBLIOGRAFíA

– Abrianzano, Roberto. “Globalización, regiones y fronteras”. Documento de Debate No 27. (Documento electrónico, sin más datos).

– Apadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Ed. Trilce y FCE. Montevideo, 2001.

– Barbero, Jesús Martín. El futuro que habita la memoria. En: Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1999.

– Blair, Elsa. Inventario sobre grupos y proyectos de la universidad que trabajan el tema de la cultura 1996-2002. Universidad de Antioquia. 2004

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– Comisión de Cultura Universidad de Antioquia. Actas. Medellín 2004-2005.

– Dirección de Regionalización e Instituto de Estudios Regionales. Plan estratégico de regionalización de la Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia. Medellín, 2002.

– Dirección de Regionalización e Instituto de Estudios Regionales. Desarrollo regional: una tarea común universidad-región. Universidad de Antioquia, Medellín, 2000 (Una edición por cada subregión: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente).

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– Herrera Gómez, Diego. Cultura. Reseña histórica sobre la génesis y desarrollo del concepto y elementos para un debate acerca de su sentido y pertinencia actuales. Documento elaborado para el Seminario Interno del Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia. Medellín, 2003.

– Jaramillo, María Adelaida. Hacia la definición de un marco conceptual del fomento cultural en la Universidad. Dirección de Extensión Cultural. Universidad de Antioquia. Medellín, 2001.

– Jaramillo, María Adelaida y otros. Hacia una formación integral. Vicerrectoría de Extensión. Universidad de Antioquia. Medellín, 2001

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– Páramo, Guillermo. Universidad y Nación. Ponencia en el seminario cerrado El papel de la Universidad en el desarrollo Local y Regional20 en el Instituto de Estudios Regionales y la Dirección de Regionalización en el año 2000. Ponencia inédita.

– Sánchez, Gonzalo. Memoria, museo y Nación. En: Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1999.

– Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo 1995-2005.

NOTAS

1 Las reflexiones sobre este tema fueron trabajadas en una subcomisión de Cultura, integrada por Marta Eugenia Arango de la Facultad de Artes, Silvia Ortiz de Extensión Cultural, Angela María Arteaga de la Dirección de Regionalización y Lucelly Villegas del Iner. Universidad de Antioquia, 2004.

2 Herrera Gómez, Diego. Cultura. Reseña histórica sobre la génesis y desarrollo del concepto y elementos para un debate acerca de su sentido y pertinencia actuales. Documento elaborado para el Seminario Interno del Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia. Medellín, 2003.

3 Jaramillo, María Adelaida. Hacia la definición de un marco conceptual del fomento cultural en la Universidad. Ude A. 2001

4 Ibid.

5 Jaramillo, María Adelaida. 2001

6 Plan de Regionalización. Pág. 17

7 Evento organizado por la Vicerrectoría de Investigación. Qué se investiga en Antioquia?. SIU. Universidad de Antioquia, Medellín, 26 de noviembre de 2004.

8 Plan de Desarrollo 1995-2006. Universidad de Antioquia y Plan estratégico de regionalización de la Universidad de Antioquia, 2002.

9 Plan estratégico de regionalización de la Universidad de Antioquia, 2002. p: 12

10 Ibid. Ps: 69-70

11 Ibid. P.27

12 Ibid. p: 37

13 Desarrollo regional: una tarea común universidad-región. Dirección de Regionalización e Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia. Medellín, 2000.

14 Es necesario pensar un caso como el de la China que conserva 56 etnias y 53 lenguas propias, y a su vez se abre a un mundo globalizado, teniendo en cuenta como lo señala Roberto Abrianzano en “Globalización, regiones y fronteras”. Documento de Debate No 27 que toda globalización regionaliza, especializa y singulariza, en la medida en que cada región trata de buscar sus especificidades.

15 Ponencia “Universidad – Nación”. Transcripción no corregida y revisada por el autor y sin edición. 2000

16 Inventario de investigaciones sobre cultura, realizado por la profesora Elsa Blair para el Comité de Cultura de la Universidad de Antioquia. 2004

17 Jaramillo, María Adelaida y otros. Hacia una formación integral. Universidad de Antioquia.2001

18. Sánchez, Gonzalo. Memoria, museo y Nación. En: Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1999.

19 Barbero, Jesús Martín. El futuro que habita la memoria. En: Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1999.

En su seno, la Universidad vive procesos culturales a su interior que le recuerdan que es parte de diná-micas regionales, nacionales e internacionales. De igual forma desarrolla y tiene una variada gama de actividades lúdicas, recreativas, artísticas y culturales que le permiten a sus miembros y visitantes un con-tacto permanente con la cultura propia y con otras culturas, tal es el caso del Museo Universitario, las actividades artísticas y culturales de la Facultad de Artes y Extensión cultural, la Emisora Cultural Uni-versidad de Antioquia, el Programa De país en país, La Biblioteca Central, las exposiciones permanentes e itinerantes de obras de arte, entre otras.

Para finalizar, la cultura en la Universidad debe ser “un compromiso de todos” y “un espacio “para el cuerpo y para el alma”.

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Movimiento mundialcontra la

delprivatización

AGUAFrente a las múltiples crisis del agua (acceso, distribución, degradación, despilfarro) –generada por esos actores, pero

que sufren principalmente los más desposeídos–, la solución mágica que impulsan los creadores de políticas del capital trasnacional, como el Banco Mundial, es la privatización. La mayoría de las fuentes de distribución de agua en todo el

mundo son públicas, pero debido a contratos de concesión para extraerla, distribuirla, purificarla y/o embotellarla, se está instrumentando su privatización de facto.

El agua es, por encima de todo, un derecho básico que, como tal, corresponde al Estado garantizar. De su disponibilidad dependen el sustento, la salud, la educación

y la dignidad de las personas. Demasiado para dejarlo en manos del mercado.

Ciento ochenta y nueve Jefes de Estado firmaron en 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que se incluye el compromiso de reducir a la mitad para 2015 el número de personas sin acceso al agua potable y al

saneamiento básico. ¿Qué logros se han obtenido hoy?

En la celebración del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, el movimiento “Pobreza CERO” lanzó el manifiesto reivindicativo “Para vivir con dignidad: acceso universal al agua”, por

medio del cual se denuncia que el consumo de agua en mal estado provoca más muertes que la guerra o el terrorismo.


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Privatización del agua

Entre la sed de vida y la sed de ganancias

Por Raúl A. Wiener Fresco*

Tras exponer diferentes casos en América, Europa y África que revelan la injusticia y la depredación de muchos de los derechos ciudadanos a causa de la privatización del agua, el economista y especialista en el tema Raúl Wiener Fresco concluye en el

presente texto que es falso que una gestión nueva y democrática del agua sólo pueda lograrse por el camino de la privatización. Todo lo que ha ocurrido en el mundo –

dice– muestra que las ganancias han favorecido de manera exclusiva a las empresas privatizadoras y no a las comunidades sedientas.

* Este documento fue leído por el economista Raúl Wiener Fresco en la conferencia realizada en la Escuela de Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Agua, el 22 de marzo de 2005.

Chile: los ríos son propiedad privada por disposición de la dictadura, no modificada por el gobierno de la concertación democrática. Más del 80% de las fuentes superficiales tienen ahora propietarios particulares. Lo que configura el curioso concepto del Código de Aguas: un bien público de aprovechamien-to privado. Se dice que de esta forma se conserva me-

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jor un recurso escaso, se obliga a su uso eficiente y se promueven las inversiones. Pero hay otros efectos que no se dicen tanto:

1—. Una sola empresa, Endesa de España, ha logrado apropiarse, prácticamente sin inversiones, del 60% de las fuentes fluviales, y es la que reparte el agua según su criterio e intereses. Como se trata de una empresa con inversiones en electricidad (en el Perú controla más del 30% del mercado en generación y distribución), sus posesiones favorecen sus operaciones en ese sector, y establecen una barrera de entrada de precios y opción, para otros inversionistas (similar a lo que ocurre aquí en Perú en el caso de la telefonía). Es decir no favorecen la inversión sino el monopolio.

2—. A través del pago del agua se discrimina a los receptores por dinero; muchos campesinos que no pueden absorber el costo han debido vender sus tie-rras. Grupos de agro-exportación han establecido aso-ciaciones con los vendedores de agua (a veces son los mismos) y se han convertido en los grandes consumi-dores del agua de riego. La privatización como siempre concentra, no democratiza el servicio.

3—. La actividad estrella del Chile moderno: la agro-exportación, lleva actualmente un contenido de agua cara (junto con otros servicios caros), que limitan su competitividad internacional, y que termina por ser compensado con reducciones en los costos laborales o en las participaciones del Estado. Este es un elemento adicional de la redistribución regresiva del ingreso que propician las políticas neoliberales.

4—. Contra la teoría del agua eficiente, Chile ha registrado una mayor contaminación de sus fuentes acuíferas, tanto por efecto de los proyectos mineros, la agro-exportación, la industria y la explotación ener-gética. En la zona norte se han detectado elementos de boro y arsénico en el agua potable, que han sido mate-ria de sonados escándalos periodísticos.

5—. El agua potable para las ciudades ha sido concesionada mediante su entrega a empresas priva-das regionales. El 80% de la cobertura de las conce-siones ha recaído en la empresa francesa Suez. Entre 1999 y 2000, el gobierno reconoce oficialmente un alza de tarifas entre 20 y 30%. Las organizaciones de consumidores opinan que fue entre 100 y 200%. Actualmente una familia chilena pobre invierte el 7% de su ingreso en agua potable, mientras que una rica con mucho mayor consumo gasta un 0.1%. La factu-ra promedio mensual en Chile por agua potable es de 30 dólares.

6—. Según la CEPAL, los países sudamericanos en los que el agua es más cara son Chile y Argentina, en ambos el servicio está privatizado.

México: llega Condolezza Rice, secretaria de Esta-do de Estados Unidos y hace la siguiente declaración: «debemos asegurar la cooperación continuada del manejo de recursos naturales preciosos, como el agua, para el beneficio de ambas economías». Nótese que está hablando de los recursos de México, del agua de México, para el beneficio de «ambas economías». De hecho, Estados Unidos está en proceso de cobranza de una deuda mexicana que se propone sea cancelada mediante la concesión de fuentes acuíferas en el norte de ese país para su conexión con el suroeste de los

ColombiaCartagena fue la primera ciudad en dar en concesión su servicio de agua, con el apoyo del Banco Mundial. La multinacional Aguas de Barcelona, cuyo accionista

es el gigante francés Suez, ganó un contrato a 20 años, y compró una participación en una nueva empresa de acueducto y alcantarillado de Cartagena llamada

Acuacar. La empresa mejoró la cobertura de agua pota-ble, pero el esfuerzo privatizador de Cartagena quedó

salpicado por acusaciones de irregularidades en la con-tratación y por la falta de transparencia. La controversia

implicó al BM.2. En Bogotá fue diferente. En contra de los conse-

jos del BM, los alcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus decidieron que el interés público estaría mejor

servido si se fortalecía a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) en lugar de privatizarla.

3. Eaab se recuperó y tuvo éxito, a pesar de la continua presión por privatizarla de parte del BM. En

agosto de 1998, funcionarios del BM insistieron en su tesis ante los ejecutivos colombianos, haciéndoles notar que para aprobar nuevos créditos era necesario

desmantelar subsidios y privatizar. La Eaab optó por no solicitar préstamos al banco, desde 1996, cuando

firmó el último.

Fuente:http://www.redvoltaire.net/article4597.html

“Barones del agua: En la privatización del agua sólo ganan las transnacionales”. Lilia Guerra/Natalia Vera. 10 de abril

de 2005

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Estados Unidos, donde se está sintiendo una creciente escasez de agua para riego.

Estados Unidos: el investigador Bernardo Qualiotti explica que el 95% del agua potable de este país es subterránea. Las fuentes se están, sin embargo, secan-do debido a que los cultivadores bombean el líquido más rápido de lo que las lluvias rellenan los depósitos. El Oqallala, fuente principal de abastecimiento del su-roeste norteamericano, se está empobreciendo a razón de 12 mil millones de metros cúbicos por año. Alfredo Serra, del Foro Ecologista de Paraná, aprecia la situa-ción de la siguiente manera: «si Washington agredió a Irak por el petróleo –una sustancia reemplazable– qué no haría por el agua».

Hay un «estrés hídrico severo» que alcanza actual-mente a Estados Unidos y el sur de Canadá, Europa, Asia, Australia, África y algunas partes de América del Sur. La paradoja de América del Sur es que en esta zona se concentra el 47% de las aguas dulces –superficiales y subterráneas–, del mundo. Pero, a su vez, el 25% del continente es árido o semiárido y requiere urgente-mente de mayor agua. Todo esto es el terreno prepara-do para una enorme disputa global.

Europa: la Unión Europea repite insistentemente, con un gran sentido de culpa, que no se encuentra promoviendo la privatización de los servicios de agua en el tercer mundo. Sin embargo, todos saben que las trasnacionales de los principales países de la UE están presionando a sus gobiernos y la instancia comunitaria, para que saquen la cara por ellas ante el avance de los intereses estadounidenses en casi todas las actividades de servicios incorporadas al mercado global y ante el aumento de su influencia en toda Latinoamérica a tra-vés de los tratados de libre comercio. Que es también una disputa por el agua.

Es en el negocio del agua, donde los europeos tie-nen mayor hegemonía. Las francesas Suez y Vivendi, y la alemana RWE-Thames, controlan el 70% del mer-cado mundial. En 1990, estas tres compañías presta-ban servicios a 51 millones de personas en 12 países. Actualmente tienen 300 millones de clientes en 130 países. En la gran mayoría de países que privatizan, reaparecen estos mismos nombres. De hecho, Suez ha estado vivamente interesada en la concesión de Sedapal, y su influencia sobre el gobierno de Toledo se verifica a través de su subsidiaria Tractebel (energía de Ilo; privatización eléctrica fallida en Arequipa y Tacna; proyecto Yuncán en Pasco; planta de Chincha-Cañete de gas de Camisea; etc.).

Soweto, Sudáfrica: en el mismo lugar donde fun-

cionó el sistema del apartheid (exclusión de los africa-nos en su propia tierra), la gente pobre sufre de falta de agua. Antes estaban prohibidos de circular en su propia tierra, ahora de vivir con un mínimo de decoro. La so-lución del gobierno recogiendo la recomendación del Banco Mundial ha sido la privatización de las empresas municipales. Así es que se creó la Johannesburg Water, otro nombre de la Suez, que para enfrentar el dilema de conectar a poblaciones de bajos ingresos tomó una decisión inspirada: instalar medidores prepago para el servicio de agua. Las familias que contratan este sistema en Soweto, el barrio negro de la capital, deben hacer lo que se hace con un celular: comprar una tarjeta con el consumo adelantado que se proponen realizar. Cuando el medidor indica que el consumo autorizado se ha agotado, los caños se secan. Y nuevamente las mujeres acarrearán agua de los camiones. Si no tienen para adquirir una nueva cuota de agua, permanecerán así hasta que puedan hacerlo. Es como nos pasa en el Perú, que tanta gente tiene aparatos telefónicos muer-tos durante semanas y meses. Que estadísticamente se lee como aumento de la cobertura. El sistema, además, permite diversos menús intermedios, según el poder adquisitivo. Todo vale en la medida en que la trasna-cional pueda reducir el riesgo de no ser pagada. En el 2003 hubo manifestaciones de protesta y movimientos de activistas para romper estos medidores infames. Y muchas detenciones.

Argentina: en 1993 Saúl Menen privatiza el servicio de agua de Buenos Aires, y se configura la empresa «Aguas de Argentina», subsidiaria de la Suez, como la unidad empresarial de agua potable más grande del mundo, con 10 millones de usuarios. Empeñado en transferir toda la propiedad pública, Menen firmó un contrato de operación por 30 años, renovables. El pri-mer efecto de la privatización fue un ajuste de tarifas encima del 100% que afectó violentamente la estructu-ra de gasto de las familias argentinas. Asimismo la Suez disponía un contrato, que no fue hecho público, según el cual se le garantizaba una utilidad mínima anual de 19% a la compañía, que quedaba así autorizada a reajustar tarifas para alcanzar este compromiso. En otra cláusula se decía, además, que las tarifas estarían ama-rradas a las variaciones en la cotización de la moneda de Estados Unidos. Como se sabe, en los años 90 se siguió el modelo de paridad entre el peso y el dólar, que se derrumbó en la crisis de 2002. Desde entonces el agua se hizo prohibitiva en la Argentina y el gobierno Kirchner tuvo que recurrir a un decreto de urgencia para poner una barrera al esquilme que representaba mantener vigente la cláusula de paridad cuando la mo-


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neda local estaba totalmente depreciada. Esto llevó a un conflicto entre gobierno y empresa extranjera, que ahora se ventila como una negociación con el gobierno francés para el retiro de la concesionaria y se rebajen las demandas planteadas por Suez ante el tribunal del Banco Mundial reclamando por las ganancias no recibi-das en la explotación del agua potable en ese país.

Inglaterra: en 1988, la administración Thatcher de-cretó la privatización de los servicios de agua en la isla, con fuerte subsidio del Estado para alentar la interven-ción del capital privado. Entre 1990 y 1997, las utilida-des de las empresas de este sector registraron un incre-mento de 147%, con márgenes 3 ó 4 veces superiores a los que existían en Francia y Alemania. Esto hizo que las gigantes francesas y alemanas compraran las em-presas inglesas, y se aumentaron tan fuertemente que se multiplicaron los cortes y una parte de la población fue forzada a trasladarse al sistema de medidores pre-pago, que hoy cubre unas 30 mil conexiones.

Francia, Grenoble: el servicio de agua en Grenoble fue privatizado en 1989 (pasó a manos de la empresa Lyonnaise des Eaux, actual Suez) y el encargado de la privatización fue el alcalde de la ciudad, Alain Carig-non. Diez años después este acuerdo fue revocado, el servicio devuelto a la ciudad, y el alcalde procesado por haber estado recibiendo sobornos de la empresa.

Bolivia, Cochabamba: en 1999, el Banco Mundial puso como condición inapelable para la renovación de un crédito por 25 millones de dólares, que Bolivia

no podía cancelar que se procediera a la privatización de los servicios del agua. A raíz de este acuerdo se transfirió a fines de ese año la empresa municipal de Cochabamba (con una población de 500 mil habitantes) a la empresa constituida en Bolivia con el nombre de Aguas de Tunari, de propiedad de la constructora estadounidense Betchel. Entre enero y febrero de 2000, las tarifas saltaron en 250% porque la Betchel opinaba que estaban muy retrasadas. Los cochabambinos que pagaban una factura promedio de 5 dólares mensuales, pasaron a 20 dólares, de un día para otro, con un salario promedio en la ciudad entre los 100 y 150 dólares. La protesta fue muy violenta. Numero-sas personas quedaron heridas y dos jóvenes resultaron ciegos por efecto de la represión. El gobierno inició enton-ces una negociación con la población y la empresa, pero no hubo acuerdo. Estallaron nuevas protestas y un joven de 17 años cayó asesinado por la policía. Recién ahí, el gobierno aceptó que la batalla estaba perdida, por lo que procedió a rescindir el contrato que tenía sólo 6 meses y devolver la empresa al municipio. Betchel que hasta ese momento había desembolsado no más de 20 mil dólares, se consideró afectada en sus expectativas de ganancia y planteó una demanda por 25 millones de dólares al Estado boliviano ante el CIADI, que el gobierno Mesa ha dicho que va a pagar «por culpa de los cochabambinos».

Bolivia, El Alto: en 1997, se constituye la empresa Aguas de Illimani, subsidiaria del grupo Suez de Fran-cia, que toma a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de El Alto, próxima a La Paz, con un millón de habitantes y el más alto índice de po-breza urbana del país, donde se han dirigido el mayor número de migraciones de los últimos 20 años y don-de hay las más serias carencias de servicios básicos. Aguas de Illimani tenía un compromiso de incrementar anualmente el número de conexiones de la población sin servicios que no cumplió. En el año 2004 hubo cero conexiones nuevas. Y al igual que en el modelo argen-tino tenía un contrato reservado que le aseguraba una ganancia piso (en este caso por lo tanto la autorizaba a incrementar las tarifas cuando podía argumentar que sus operaciones normales no garantizaban el objetivo). Igualmente gozaba de la cláusula de indexación del dólar. Durante las movilizaciones que derribaron al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se manifestó claramente el malestar que existía contra la empresa del agua de El Alto. El tema ha reaparecido este año, en contra del presidente Mesa, que se ha resistido a rever-sar el contrato. Ni siquiera ha sido capaz de hacer valer las acciones que el Estado, la municipalidad e inversio-nistas bolivianos mantienen en la empresa de agua de El Alto, en la que formalmente cuentan con la mayoría

El 80% de la cobertura de las concesiones ha recaído en la empresa francesa Suez.

Entre 1999 y 2000, el gobierno reconoce oficialmente un alza de tarifas entre 20 y 30%.

Las organizaciones de consumidores opinan que fue entre 100 y 200%. Actualmente una

familia chilena pobre invierte el 7% de su ingreso en agua potable, mientras que una rica con mucho mayor consumo gasta un

0.1%. La factura promedio mensual en Chile por agua potable es de 30 dólares.

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y podrían cambiar la política. El conflicto, por lo tanto, no ha encontrado solución, y a estas alturas ha llegado a un punto irreconciliable, con la población reclamando el retiro de Suez y una nueva administración compar-tida, y la trasnacional negándose a dar marcha atrás enfrentada a los más pobres de Bolivia. Podrían caber algunas lecciones de la experiencia boliviana:

– No cambies deuda pagada por privatización, pue-des terminar pagando el doble;

– No te enfrentes a tu propio pueblo en defensa de las trasnacionales de servicios, la gente es más resisten-te de lo que piensas;

– No trates de engañar con mecanismos de propie-dad compartida, cuando se está entregando todo el control a los extranjeros, porque siempre se descubre que los socios menores están al servicio del más gran-de;

– No hay nada de inevitable o irreversible en la pri-vatización, los bolivianos la han evitado y revertido dos veces.

Perú, Pacasmayo: primer experimento de privati-zación de agua en el Perú. La empresa municipal de la provincia, con 7 mil conexiones, fue entregada en concesión a la empresa alemana Nor Wasser, con un compromiso de inversión de un millón de dólares, que anunciaba regularizar el servicio y elevar las horas de agua de cuatro a ocho, y conectar a la población de las zonas periféricas que no tenían acceso al recurso. Un

año después el contrato quedó rescindido. La empresa no invirtió un solo centavo. El tiempo de servicio bajó a dos horas. No hubo nuevas conexiones. Se descu-brieron manejos corruptos entre el anterior alcalde y la concesionaria alemana.

Perú, Tumbes: para el presente año, el gobierno de Toledo se ha comprometido con el Banco Mundial y el BID en comenzar el proceso de privatización de las empresas del agua. Se ha calculado empezar desde el norte, considerando que habrá una menor resistencia. Además, se ha elegido el caso de la empresa de Tum-bes, Emfapatumbes, por reunir varias características que favorecerían la decisión:

– Es una empresa con muy mal servicio, con muy pocas horas de atención (6 al día) y con un 16% de po-blación no servida;

– Es una empresa endeudada que genera pérdidas continuas y no tiene cómo resolver sus pasivos, por lo que está en un círculo vicioso;

– Es una empresa que ha tenido un manejo munici-pal muy politizado;

– Es una empresa relativamente pequeña (31 mil conexiones) que requiere un menor volumen de inver-sión que otras.

Proinversión, que es la agencia estatal de promoción de inversiones, ha elaborado un plan de privatización de la empresa, que plantea la obtención de una do-nación y crédito especial del Banco de Alemania KFW y una donación de este mismo origen, así como un compromiso estatal de subsidiar a la concesionaria privada. El propósito es amortiguar las alzas de tarifas en la primera etapa y facilitar las medidas de racionali-zación (recortes de personal). Obviamente se pretende hacer atractiva la transferencia, y al mismo tiempo lograr presentarla como un contra-modelo respecto a otras experiencias, por ejemplo las de Bolivia y Argenti-na. Esta será la privatización que sí funciona, con plata encima, que favorecerá a toda una ciudad y extenderá el agua a los que carecen de ella. Esto es por lo menos lo que se dice.

Para apreciar en su crudeza la lógica de la privatiza-ción conviene escuchar algunos diálogos sobre el caso Tumbes: «Sólo nos van a regalar la plata si hay un operador especializado… o sea un operador privado» (Jorge Villacorta, viceministro de Vivienda). «Necesita-mos agua para una cadena de hoteles» (Ricardo Flo-rez, alcalde de Tumbes). «No se puede hacer efectiva la donación de KFW, sino privatizamos» (Jorge Vida-lón, Proinversión).

Hay un «estrés hídrico severo» que alcanza actualmente a Estados Unidos

y el sur de Canadá, Europa, Asia, Australia, África y algunas partes

de América del Sur. La paradoja de América del Sur es que en esta zona

se concentra el 47% de las aguas dulces –superficiales y subterráneas–

del mundo. Pero, a su vez, el 25% del continente es árido o semiárido y

requiere urgentemente de mayor agua. Todo esto es el terreno preparado para

una enorme disputa global.


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Perú, Lima: la empresa estatal, no municipal, lla-mada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), existe como sociedad anónima, es decir regida por derecho privado, bajo propiedad y administración del Estado, desde noviembre de 1998. Sirve a 43 de los 49 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Los 6 restantes son atendidos parcialmente por la misma empresa o por administración municipal. Su cobertura es cercana al 90% de la población capita-lina, con un número de conexiones de casi 2 millones y alrededor de 7 millones de usuarios. Una parte de la población limeña, entre 800 mil y un millón de perso-nas carecen de servicios de agua, y en su mayoría se encuentran ubicados en zonas de ocupación reciente de la ciudad y en lugares de difícil acceso (partes altas de los cerros, quebradas, desiertos). Por su magnitud, Sedapal es un negocio apetecible. En la década del 90, el gobierno de Fujimori preparó a la empresa de agua de Lima y a las de provincias para su venta o conce-sión, a través de una legislación que las adaptaba a un régimen de administración diferente (Sedapal como empresa de derecho privado y el resto como unidades municipales). Se formaron las CEPRI respectivas y se empezó a buscar compradores para el gigante de Lima, mientras se dejaba a los alcaldes saber qué hacer con las empresas a su cargo, muchas de ellas en estado caótico por falta de recursos de funcionamiento y di-versos grados de ineficiencia.

El gobierno de Fujimori dispuso específicamente que las prestadoras municipales de servicios eran privatiza-bles. Aunque ese era un problema de los alcaldes y sus consejos municipales.

En el discurso del CADE 1998, sin embargo, Fujimori sorprendió a medio mundo cuando se quejó amargamen-te de haber sido engañado por las empresas privatizadas que no habían bajado sus tarifas sino que las habían incre-mentado sustancialmente. Pensando probablemente en la re-reelección y lo que podría costarle la subida del agua y mayores aumentos en petróleo y electricidad, anunció que no se privatizaría ni Sedapal, ni la refinería de Talara ni la Hidroeléctrica del Mantaro.

En la campaña electoral del 2001, Alejandro Tole-do hizo exactamente los mismos anuncios. Y ante la población de Lima, de Talara y de todo el país asumió solemnes compromisos. Pero según se supo luego, hizo promesas igualmente solemnes ante el Banco Mundial y las posibles compradoras –como la Suez de Francia–, de que sí privatizaría. Los presupuestos de los dos pri-meros años indicaban montos por privatización que el señor Kuczynski estimaba desde su escritorio, mientras

Toledo seguía maniobrando con declaraciones a las re-giones y a los sectores laborales afectados. Los dilemas del gobierno sobre el asunto de la privatización han sido pues sumamente estresantes y están en la base de sus muchas frustraciones. En el 2002, fracasó la priva-tización de las eléctricas de Arequipa a favor de Tracte-bel después de una dura batalla, con dos estudiantes muertos, y el gobierno tuvo que retroceder en toda la línea privatizadora por varios años.

Pero hoy está recuperando la iniciativa. Y, dada la de-bilidad extrema en que se encuentra, sólo queda con-cluir que estamos aquí ante el fenómeno exactamente inverso al de Fujimori. A Toledo ya no le importa lo que vayan a pensar de él, o hacer de él, por privatizar en sus días postreros. En definitiva, su futuro político es inexistente. En cambio, para él, como para varios en este gobierno, el futuro se refiere a la consideración que puedan recibir del capital internacional y tal vez de que puedan volver a ser convocados como gestores económicos de próximos gobiernos. Hay además una clara conciencia de que la oposición va a seguir apo-yando la institucionalidad y continuidad democrática a «pesar de los errores de Toledo», lo que quiere decir que Toledo puede seguir cometiendo errores. La pri-vatización del agua puede ser uno de ellos. Toledo ya sacó al presidente de Petroperú a pesar de una gestión positiva. Así que ya no hay como esconder las vergüen-zas.

Perú 2005: El director del diario «Correo», el con-

Es en el negocio del agua, donde los europeos tienen mayor hegemonía.

Las francesas Suez y Vivendi, y la alemana RWE-Thames, controlan el 70% del mercado mundial. En

1990, estas tres compañías prestaban servicios a 51 millones de personas

en 12 países. Actualmente tienen 300 millones de clientes en 130 países.

En la gran mayoría de países que privatizan, reaparecen estos mismos

nombres.

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ductor del programa «La Hora N», la conductora del programa «Prensa Libre», el diario «Expreso», el diario «El Comercio» y otros, han puesto en nuestra concien-cia un argumento que parece lapidario: no habrá solu-ción para los limeños sin agua y los peruanos que no tienen este servicio, si no se privatizan Sedapal y todas las empresas de provincias. Defender la empresa pú-blica es ponerse en contra de los más pobres, egoísmo puro y duro.

Evidentemente es una novedad que todo este conglomerado aparezca encarnando el altruismo y la preocupación por los pobres, cuando toda su trayecto-ria está vinculada a la promoción de intereses privados, a heroicas batallas para que las trasnacionales no pa-guen impuestos y que se los trasladen a los consumi-dores, a generosos combates contra los derechos de los jubilados y los trabajadores, etc.

Si la teoría liberal dice que uno tiene lo que puede tener y si no puede que se vaya a llorar al río, de dónde podemos pensar que ha salido este neo populismo. ¿No será que están usando a los pobres como coarta-da para que puedan entrar las trasnacionales del agua como lo hicieron en países vecinos?

Pero frente a su argumentación de fondo, lo que se debe hacer para solucionar las demandas de los lime-ños y peruanos sin agua, queremos presentar simple-mente algunas propuestas:

1—. El problema ante el que estamos es ante todo de cantidad de agua, no de propiedad o administra-ción. Lima tiene agua insuficiente para atender a las co-nexiones existentes, y por cierto tendría mucho mayor dificultad para abastecer a los que están desconectados así se tendieran los tubos para llegar a ellos. Por tanto es ineludible la captación de fuentes nuevas, a lo que apunta el proyecto Marca 2, de trasvase de aguas de la vertiente oriental, que tenía el crédito aprobado para su financiación, que el rey del endeudamiento, el señor Kuczynski, no quiso ejecutar porque no quería que se fortaleciese la posición de Sedapal. Es evidente que cualquiera fuera el dueño o administrador de la em-presa de Lima, dependerá de lo que se haga para au-mentar los flujos de agua hacia sus plantas, es decir, lo que se está proponiendo es privatizar la escasez. Y uno puede sospechar legítimamente que el Ministerio de Economía dará paso al crédito cuando hayan forzado el traspaso a una operadora extranjera.

2—. El segundo problema es de recursos, que su-puestamente el Estado no posee y los privados sí. Lo que en buena cuenta implica decir que Sedapal ha po-

dido dar agua a 7 millones, pero no puede hacerlo para un millón más. Esto es una falacia, salvo que partamos de explicar las cosas como un cambio radical de las prioridades del Estado. Sedapal es una enorme empre-sa, con una facturación mensual de cientos de millones de soles, con capacidad de endeudamiento y repago de sus créditos, que ejecuta miles de obras civiles cada año, pero que depende de un sistema institucional y de las directrices de gobiernos que están en una orien-tación privatizadora. Por eso se han priorizado unos gastos sobre otros (ensanchamiento de cañerías en ba-rrios residenciales, servicios para los nuevos edificios, colocación de medidores en zonas populares, antes que nuevas conexiones en áreas periféricas). En esto además ha estado la mano del BID y el Banco Mundial diciendo en qué se debe gastar. Cientos de millones de dólares se han ido en estudios para demostrar la «necesidad de privatizar», cuyo mayor efecto ha sido ganarse para esta perspectiva a los investigadores y di-fusores generando una opinión privatista. Una cantidad bastante más elevada se ha ido además a financiar la «racionalización» (despidos y tercerización) para poner la empresa a punto de concesión. O sea, dinero ha ha-bido y hay; todo depende de cómo lo emplean.

3—. Si se habla de fondos públicos para responder a necesidades públicas, tampoco es verdad el supuesto indiscutible de que el Estado no tiene plata. Entonces: ¿por qué el anuncio de Properú? Nuestra propuesta es

Argentina: año 1993, Saúl Menen privatiza el servicio de agua de Buenos

Aires, y se configura la empresa «Aguas de Argentina», subsidiaria de la Suez,

como la unidad empresarial de agua potable más grande del mundo, con 10 millones de usuarios. Empeñado

en transferir toda la propiedad pública, Menen firmó un contrato de operación

por 30 años, renovables. El primer efecto de la privatización fue un ajuste de tarifas encima del 100% que afectó

violentamente la estructura de gasto de las familias argentinas.


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que no tiene sentido querer ayudar a los pobres urba-nos si un millón de ellos carecen de agua, el producto más elemental para vivir. Por tanto, los fondos del programa deben ser destinados a dotar de agua a estas familias. Ninguna cosa puede ser más urgente.

4—. Lo que no puede aceptarse es que se derive de la tesis: el Estado no ha dado (o no ha querido dar) cober-tura a los limeños y peruanos sin agua, y como no tiene plata (aunque eso pueda ser una excusa), que la solución la dé la inversión privada, porque es «más eficiente» y «tiene más plata». Eso no ha sido probado por ninguna experiencia de privatización. Al contrario, al quitarle al Estado la responsabilidad de cubrir la necesidad de los sin agua (que es una responsabilidad política), ya no habrá nadie que esté obligado a hacerlo. Una empresa privada que administra un servicio sólo tiene compro-miso con sus clientes. Y de acuerdo a su conveniencia buscará nuevos clientes. No hay como obligarla. Su efi-ciencia se mide en cantidad y calidad del servicio, y su éxito en los ingresos que produce. Y eso de que tienen inagotable plata es una ilusión óptica, porque como se ha visto la misma empresa está de operadora en dece-nas de países, en cada uno de los cuales hay necesida-des de miles de millones de dólares, y nadie tiene la plata para hacer ese gasto. Bueno, alguien la tiene, los propios usuarios a través del pago de sus facturas, con las que se hace la caja para las obras en los siguientes años. El problema de la gente sin agua es muy serio. Lo que no es serio es engañarlas con falsas soluciones.

5—. La administración de Sedapal y las empresas de agua no tiene por qué seguir el modelo actual. El manejo del agua potable y la necesidad pública de que todos tengan agua, en las cantidades suficientes y con la calidad adecuada, es una responsabilidad que tras-ciende los gobiernos, los municipios y los partidos que ejercen temporalmente el poder. Por tanto, en vez de privatización se requiere tecnificación y democratiza-ción de las entidades prestadoras de servicio de agua. Tecnificación, en el sentido de gestiones que respondan ante la nación y las regiones, por la política de agua. Democratización, en tanto debe haber participación y fiscalización de las decisiones. Esto existe en otros países. Depende de la forma como se nombran los directorios, de su composición, de los mecanismos de control. Pero la principal condición es una gestión para el desarrollo de las empresas y no para su venta, como las que ha habido durante quince años y que causa una desorientación en el manejo y un espacio para la corrupción que se esconde en el «cambio de régi-men». Si se trata de impulsar una gestión sensible a las

necesidades de la gente y no cerrada sobre sí misma como la actual, el camino es aproximar la empresa a la gente, para que los burócratas perciban a quién se de-ben. En cambio la privatización aleja aún más la admi-nistración de los usuarios, invistiéndoles del poder, la trasnacional, lo extranjero, el dinero que no tenemos, la impenetrabilidad de lo privado, etc. Y, paradójicamente, muchas veces son los mismos burócratas y tecnócratas estatales insensibles, los que terminan de burócratas y tecnócratas privados, igualmente insensibles.

6—. En un proyecto de reforma de la empresa pú-blica no debe estar excluida la participación privada en diversos aspectos de la gestión, para fortalecer la gestión y tecnificarla. Esto se puede lograr a través de modalidades de asociación que atiendan zonas no cu-biertas. Es el caso de lo que ocurre en el valle Chillón de Lima, con la sociedad establecida por Sedapal con una empresa italiana para ampliar la captación de agua para el norte de Lima. Pero a nadie se le puede ocurrir, que para hacer este compromiso haya que entregar todo Sedapal a los inversionistas asociados.

7—. A la tesis de que habría algún gran inversionista privado (trasnacional) dispuesto a hacerse cargo de la extensión de la red hacia los sectores no abasteci-dos en forma inmediata, y resolver por su cuenta las necesidades de la población no atendida, habría que decir que nadie podría, en principio, oponerse a ello. Significaría que Sedapal haga un contrato especial de asociación y que los operadores hagan las inversiones y se encarguen de facturar a sus usuarios. Incluso podría ser una gestión compartida, para subsidiar los primeros años con un promedio de la tarifa general de la empre-sa, es decir compartiendo el costo. Obviamente que lo que estamos suponiendo es que esto no va a ser tan fácil y que lo que interesa a los privatizadores no es el hueso de los más pobres sino la carne de los que ya están pagando, entre los cuales también hay muchísi-mos pobres, que consiguieron el agua luchando contra la indolencia de muchos gobiernos, lo que nunca hay que olvidar.

Requerimos ciertamente una gestión nueva y demo-crática del agua. Pero es falso que eso se logre por el camino de la privatización. Nada de lo que ha ocurrido en el mundo y en el Perú, acredita que la privatización sea ganancia de alguien más que de las empresas pri-vatizadoras.


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Agua, trasnacionales y nanotecnología

Por Silvia Ribeiro*

Mientras el acceso al agua es una trage-dia para millones de personas en el mundo –según la Organización de Naciones Unidas más de 1.300 mi-llones sufren la escasez, y otro tanto sólo la consigue sucia o contaminada–, para otros es un fantástico ne-gocio. Según el Banco Mundial, el mercado del agua en el orbe excede el billón de dólares anuales.

Del total de agua del planeta apenas 2.8 por ciento es agua dulce. La mayor cantidad está en polos y gla-ciares, y resta sólo 0.02 por ciento de agua superficial y 0.37 por ciento en aguas subterráneas, cuyo acceso requiere tecnologías de extracción cada vez más pro-fundas.

Sin embargo, el problema del agua dulce no es que no alcance para la población mundial –al igual que la producción de alimentos, es suficiente para abaste-cernos a todos–, sino su injusto acceso y distribución, su acelerada contaminación y su despilfarro. El 70 por ciento del agua dulce disponible globalmente es utilizado en la agricultura industrial y 15 por ciento en otras industrias. Que, a su vez, son los responsa-bles de la mayor y peor contaminación, debido a la filtración de agrotóxicos, la salinización de aguas y la contaminación industrial.

Frente a las múltiples crisis del agua (acceso, distri-bución, degradación, despilfarro) –generada por esos actores, pero que sufren principalmente los más

Dos empresas –Vivendi y Suez– tienen el 70

por ciento del mercado mundial de agua, que

es controlado por 10 trasnacionales. Las

mayores son empresas múltiples que incluyen

extracción, construcción de redes, distribución y

rubros anexos –como las nombradas y Saur, RWE y Bechtel– hasta llegar a

empresas de alimentos y bebidas, como Nestlé, Coke, Pepsico, Danone,

Unilever, según Tony Clarke y Maude Barlow

en «Oro azul».

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desposeídos–, la solución mágica que impulsan los creadores de políticas del capital trasnacional, como el Banco Mundial, es la privatización. La mayoría de las fuentes y distribución de agua en todo el mundo son públicas, pero debido a contratos de concesión para extraerla, distribuirla, purificarla y/o embotellarla se está instrumentando su privatización de facto. En México, por ejemplo, las principales trasnacionales del agua (Suez, Vivendi, RWE) tienen una importante presencia en 20 estados, completamente fuera del radar público.

Tal como sucede en otros importantes sectores, como la energía, la agricultura y la salud, hay un pe-ligroso coctel de factores que se complementan: al control de mercado se suma el control de las patentes y las tecnologías claves.

Dos empresas –Vivendi y Suez– tienen el 70 por ciento del mercado mundial de agua, que es controla-do por 10 trasnacionales. Las mayores son empresas múltiples que incluyen extracción, construcción de redes, distribución y rubros anexos –como las nom-bradas y Saur, RWE y Bechtel– hasta llegar a empresas de alimentos y bebidas, como Nestlé, Coke, Pepsico, Danone, Unilever, según Tony Clarke y Maude Barlow en «Oro azul».

La nanotecnología (manipulación de la materia viva o inerte, a escala nanométrica, o sea de átomos y molé-culas) emerge como una tecnología pivotal en aspectos claves como la purificación y desalinización del agua.

Mark Modzelewski, director de Lux Research, ana-lista de la industria nanotecnológica, informó el 22 de marzo de 2005 a UPI que «los principales acuíferos sufren un proceso de salinización creciente debido a la agricultura, al tiempo que se espera que la deman-da de agua dulce crezca 70 por ciento en los próxi-mos 25 años». Frente a la salinización y los problemas de contaminación industrial y fecal, Modzelewski considera que solamente la nanotecnología puede en-frentar estos problemas simultáneamente.

Por ejemplo, KX Industries, de Connecticut, ha desarrollado filtros basados en membranas nano-tecnológicas antivirales y antibacteriales. El principio básico es que los poros de las membranas son tan minúsculos que pueden filtrar hasta los organismos más pequeños. A ello se agrega el tipo de material utilizado. La empresa Argonide de Standford hace nanofibras de aluminio, cuya carga eléctrica positiva atrae a los microbios cargados negativamente. Otras construcciones incluyen materiales fotocatalíticos que

someten el agua filtrada a rayos ultravioletas, poten-cialmente destruyendo solventes industriales, plagui-cidas y gérmenes.

Zvi Yaniv, presidente de Applied Nanotechnolo-gy en Austin, afirma que se pueden crear nuevos materiales con polímeros que se autoensamblen en membranas. Su compañía trabaja con un socio japo-nés para producir columnas nanométricas de óxido de titanio, que funcionarían como potentes fotocata-lizadores. Otra tecnología de su empresa se basa en sensores constituidos por nanotubos de carbono re-cubiertos por enzimas, que reaccionan frente a la pre-sencia de contaminantes. Es decir, nanobiotecnología.

Modzelewski afirma que tanto Vivendi y Suez, como General Electric, el mayor proveedor público y privado de equipamientos hidráulicos, están utili-zando nanotecnologías, licenciando patentes sobre ellas o por conducto de proveedores más pequeños. Estima que es sólo cuestión de tiempo para que algu-na de estas megaempresas compre a las pequeñas y controle, además del mercado, las patentes y tecno-logías claves.

Además del control corporativo, junto con la na-notecnología vienen nuevos riesgos ambientales y a la salud, así como cuestiones de bioética al crear organismos híbridos con nanobiotecnología. Aunque hay pocos estudios, varios científicos sugieren que el óxido de titanio en nanopartículas, así como los nanotubos de carbono, pueden tener efectos nocivos en la salud y el ambiente. ¡Y la apuesta es usarlos en las redes de agua que llegan a millones de personas! Paradójicamente, la industria presenta estos usos su-puestamente positivos y que según ellos «beneficiarán a los pobres» para justificar socialmente el uso de estas nuevas tecnologías. Sólo que de paso podrían estar agregando nuevos problemas, quizá aún más graves, a este recurso vital para la vida en el planeta.

* Investigadora del Grupo ETC México DF.

www.etcgroup.org

Investigadora de RAFI, Fundación Internacional para el Desarrollo Rural.

http://alainet.org/active/show_text.php3?key=7890


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En la celebración del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, el movimiento “Pobre-za CERO” lanzó el manifiesto reivindicativo “Para vivir con dignidad: acceso universal al agua”, por medio del cual se denuncia que el consumo de agua en mal estado provoca más muertes que la guerra o el terrorismo. El documento fue leído al mundo por el director de cine Benito Zambrano, en la Plaza del Pilar en Zaragoza, España.

ManifiestoHoy [22 de marzo de 2005] comienza el Decenio

Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida»,

“Para vivir con dignidad: acceso universal al agua”

proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se extenderá hasta el año 2015. En ese contexto, el Secretario General de Naciones Unidas ha establecido la Junta Consultiva sobre el Agua y el Saneamiento, para ayudar a promover medidas y movilizar fondos para el sector, así como fomentar nuevas alianzas internacionales.

Se vuelve a reconocer, como se hace reiterada-mente desde la Declaración de Dublín de 1992, que el acceso al agua potable y al saneamiento adecuado es un derecho humano imprescindible para la salud y el bienestar de las personas; que es un bien esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, sobre todo para la erradicación de la pobreza y el hambre, y lograr el equilibrio de los ecosistemas.

Los objetivos del Decenio son, entre otros, los con-tenidos en la Declaración del Milenio, es decir, la re-ducción a la mitad del porcentaje de personas que no tienen acceso al agua potable y al saneamiento, o no pueden costearlo; el fin de la explotación insostenible de los recursos hídricos; la participación de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua, y la aplicación de medidas que contribuyan a la rela-ción equilibrada entre el agua, el desarrollo sostenible y los asentamientos humanos.

Desde las organizaciones implicadas en el desarro-llo y la erradicación de la pobreza queremos llamar la atención sobre los siguientes hechos:

FUENTE

www.pobrezacero.org

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REVISTA

• El agua es un recurso limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El respeto del derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, como se reconoce en la Observación General 15 del Comité de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales de la ONU.

• El acceso al agua potable y al saneamiento en cantidad y calidad suficiente repercutirá directamen-te en la salud de las poblaciones y en la erradicación de la pobreza.

• A pesar de que ya han pasado casi cinco años desde que las Naciones Unidas asumieron los Com-promisos del Milenio, y que durante este tiempo se han producido avances en algunas zonas geográficas, las cifras, según el Informe de Desarrollo Humano 2004 del PNUD, siguen siendo escandalosas: casi 1.200 millones de personas no tienen acceso a fuen-tes protegidas de agua y 2.750 millones a saneamien-to adecuado.

• La resolución de los problemas planteados exige un considerable esfuerzo económico pero también adoptar una gestión integrada y sostenible de los re-cursos hídricos, que actúe sobre la oferta y la deman-da, compatibilizando equitativamente los distintos usos, y garantizar su necesaria protección medioam-biental a fin de garantizar la calidad de las masas de agua. Por eso, solicitamos al Gobierno que, al diseñar la estrategia sectorial de agua y saneamiento previs-ta por el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008:

– Aplique el enfoque de acceso al agua como un derecho humano.

– Impulse en sus líneas estratégicas una mayor y mejor gobernabilidad del agua, anteponiendo el bien común a intereses particulares.

– Oriente su cooperación hacia la protección y sos-tenibilidad de los recursos hídricos.

– De prioridad a los grupos más vulnerables y a las regiones y zonas de menor cobertura.

– Promueva la participación de la mujer en la ges-tión del agua.

– Refuerce los componentes de educación sanitaria y ambiental, así como la capacitación de las comuni-dades para que puedan asumir el control y la gestión del recurso y las infraestructuras.

– Concrete el alcance presupuestario de los planes de cooperación en materia de agua y saneamiento.

Cifras injustificables• Más de 1.200 millones de personas no tienen

acceso a agua potable.• Más de 3 millones –el 90% niños– muere por

enfermedades relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.

• 2,2 millones de personas mueren a causa de diarrea provocada por la misma situación.

• Los problemas de agua tienen una importante implicación de género. En los países pobres, las muje-

res son las encargadas de transportar el líquido. En promedio, tienen que recorrer a diario distancias de 6

kilómetros, cargando el equivalente de una pieza de equipaje, o 20 kilogramos.

• En la actualidad se gastan unos 30 mil millones de dólares al año para hacer frente al suministro de

agua potable y a las necesidades sanitarias en todo el mundo. Se calcula que se necesitarían entre 14 y 30 mil millones de dólares más al año para cumplir los

objetivos sobre agua y saneamiento.• El Programa de la ONU para el Medio Ambiente

(PNUMA), ha establecido en 50 litros por persona y día la necesidad básica de agua. Sin embargo, las personas más

pobres cuentan con 10 litros de agua diaria por persona para sobrevivir y, en el otro extremo, los personas de

países desarrollados utilizan 250 litros al día.• El 60 % de las fuentes de agua están localizadas

en sólo 9 países (entre ellos Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil, China e Indonesia).

• 80 naciones que reúnen el 40 % de la pobla-ción mundial están confrontadas a una verdadera

penuria hídrica.• Brasil cuenta con el 11 % de las fuentes de agua

dulce del planeta, pero 45 millones de brasileros no tienen todavía acceso al agua potable.

• Diez grandes empresas del planeta manejan el negocio del agua. Según datos privados y el Banco Mundial, se reparten por año 200.000 millones de

dólares en beneficios.• La evidencia indica que el suministro de servi-

cios adecuados de saneamiento, el agua segura y la educación sobre higiene son intervenciones eficaces que pueden reducir la mortalidad por enfermedades

diarreicas en 65% y la morbilidad relacionada en 26%.


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Alerta por el deterioro ecológico del planeta

Más del 60 por ciento de los recursos que permiten la vida sobre la tierra, y que forman los ecosistemas, como el agua dulce, la pesca, el aire o el clima, «se están de-gradando peligrosamente» o se utilizan de forma insos-tenible, según revela el estudio “Evaluación de los Eco-sistemas del Milenio” elaborado por Naciones Unidas y presentado en varias ciudades del mundo. Los autores del informe advierten que las consecuencias perniciosas de esa degradación «pueden aumentar significativamen-te en los próximos 50 años».

«Cualquier progreso que se alcance en la consecu-ción de los objetivos de erradicar la pobreza y el ham-bre, mejorar la salud y proteger el medio ambiente, probablemente no será sostenible si la mayoría de los recursos de los ecosistemas de los que depende la Hu-manidad continúan degradándose», señala el informe de síntesis de esta evaluación, elaborada por más de 1.300 expertos de 95 países.

Según los resultados obtenidos, la degradación

…los expertos están en condiciones de afirmar

que la degradación que se está produciendo en 15 de

los 24 recursos naturales que se encuentran en los ecosistemas analizados, tienen el riesgo de sufrir

cambios «potencialmente abruptos» que tendrían una repercusión «muy

seria» sobre el bienestar humano, como la aparición de nuevas enfermedades, cambios en la calidad del agua, aparición de ‘zonas

muertas’ en las costas, colapso de las zonas

pesqueras, o cambios en los climas regionales.

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actual de los recursos de los ecosistemas es un obs-táculo muy importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en la cumbre de Naciones Unidas en 2000. Aunque las pruebas no son «irrefutables», los expertos están en condiciones de afirmar que la degradación que se está produciendo en 15 de los 24 recursos naturales que se encuentran en los ecosistemas analizados, tienen el riesgo de sufrir cambios «potencialmente abruptos» que tendrían una repercusión «muy seria» sobre el bienestar humano, como la aparición de nuevas enfermedades, cambios en la calidad del agua, aparición de ‘zonas muertas’ en las costas, colapso de las zonas pesqueras, o cambios en los climas regionales.

El informe llega a cuatro conclusiones principales, entre ellas que en los últimos 50 años los seres huma-nos han cambiado los ecosistemas de manera «más rápida y extensa que en cualquier otro periodo de la historia», debido a la necesidad de satisfacer las cre-cientes demandas de alimento, agua, madera, fibra y combustible.

Los expertos afirman que esto ha llevado a una signi-ficativa pérdida de la diversidad de la vida en el planeta, en gran parte «irreversible», y a que entre el 10 y el 30 por ciento de los mamíferos, las aves y los anfibios es-tén ahora en peligro de extinción.

Estos cambios han permitido hacer progresos muy importantes en materia de bienestar humano y desa-rrollo económico, pero han implicado un coste cada vez más alto en lo referido a la degradación de otros recursos naturales.

La pesca, por ejemplo, ha sobrepasado «con creces» los límites de su capacidad de satisfacer la demanda actual, y por supuesto la demanda futura. Los expertos afirman que estos problemas «harán disminuir signifi-cativamente los beneficios de los que gocen las futuras generaciones».

En las condiciones de futuro ‘verosímil’ analizadas por los autores del informe, se prevén progresos en cuanto a la eliminación del hambre, pero a un ritmo «mucho más lento» que el que se necesitaría para reducir a la mitad el número de personas que sufren hambre para 2015, que es Objetivo del Milenio es-tablecido.

Los expertos advierten que los cambios en los eco-sistemas, como la deforestación, tienen una influencia sobre el número de agentes patógenos, como los de la malaria y el cólera, y también sobre el riesgo de apari-ción de nuevas enfermedades.

El informe hace referencia a las opciones que existen para conservar o mejorar los recursos, entre ellos, la protección de los bosques naturales, por ejemplo, que no sólo ayudaría a conservar las especies silvestres sino también a asegurar el suministro de agua y a reducir las emisiones de carbono y gases contaminantes.

«La conclusión primordial de esta evaluación es que las sociedades humanas tienen el poder de reducir las presiones que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales del planeta, al tiempo que continuamos utilizándolos para alcanzar un mejor estándar de vida para todos», señala este informe en el anexo titulado ‘Estamos gastando más de lo que tenemos: capital na-tural y bienestar humano’. Para lograrlo, sin embargo, se requieren «cambios radicales» en la manera en que se trata a la naturaleza «en todos los niveles de la toma de decisiones», y nuevas formas de cooperación entre gobiernos, empresas y sociedad, recuerda.

El informe de síntesis también concluye que son los países más pobres los que más sufren las consecuen-cias de los cambios en los ecosistemas. Las regiones con problemas más serios de degradación son el África subsahariana, Asia central, algunas regiones de Améri-ca Latina, y partes de Asia suroriental y meridional, que son también las que encuentran más dificultades para alcanzar los Objetivos del Milenio.

Este documento es el primero de una serie de siete informes de síntesis y resúmenes y cuatro volúmenes técnicos que evalúan el estado de los ecosistemas del mundo y su repercusión sobre el bienestar humano.

El trabajo ha sido respaldado por 22 de las institu-ciones científicas más importantes del mundo, como la Royal Society británica. El trabajo de la evaluación es supervisado por un consejo directivo de 45 miembros co-presidido por el científico jefe del Banco Mundial, Robert Watson, y el director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas, A. H. Zakri.

FUENTE

Europa Press (AIS)


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La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una creciente y seria amenaza para el desarrollo soste-nible y la protección del medio ambiente. La salud y el bienestar humanos, la seguridad alimentaria, el desa-rrollo industrial y los ecosistemas de que dependen se hallan todos en peligro, a no ser que la gestión de los recursos hídricos y el manejo de los suelos se efectúen en el presente decenio y aún más adelante de forma más eficaz que hasta ahora.

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron quinientos participantes, entre los que figuraban ex-pertos designados por los gobiernos de cien países y

Expedida el 31 de enero de 1992 e incumplida hasta el momento


representantes de ochenta organizaciones internacio-nales, intergubernamentales y no gubernamentales. Los expertos consideraron que la situación de los recursos hídricos mundiales se estaba volviendo crí-tica. En su sesión de clausura, la Conferencia adoptó la presente Declaración de Dublín y el Informe de la Conferencia. Los problemas en los que se ha hecho hincapié no son de orden especulativo ni tampoco cabe pensar que podrán afectar a nuestro planeta sólo en un futuro lejano. Estos problemas ya están presen-tes y afectan a la humanidad en este momento. La supervivencia futura de muchos millones de personas exige una acción inmediata y eficaz.

Los participantes en la CIAMA hacen un llamamiento para que se dé un enfoque radicalmente nuevo a la eva-luación, al aprovechamiento y a la gestión de los recur-sos de agua dulce, y esto sólo puede conseguirse gracias a un compromiso político y a una participación que abarque desde las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más elementales. Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e inmediatas, en campañas de sensibilización, en modificaciones en el campo legislativo e institucional, desarrollo de tecnología y en programas de creación de capacidades. Todo ello deberá estar basado en un mayor reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos y del lugar que les corresponde en el mundo natural.

Los participantes en la CIAMA hacen un llamamiento para que se dé un

enfoque radicalmente nuevo a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos de agua

dulce, y esto sólo puede conseguirse gracias a un compromiso político y a una participación que abarque desde

las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más elementales.

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REVISTA

Al encomendar esta Declaración de Dublín a los dirigentes mundiales reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-rrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, en junio de 1992, los participantes en la CIAMA instan a todos los go-biernos a que examinen detenidamente las diferentes actividades y medios de ejecución recomendados en el Informe de la Conferencia, y a traducir esas recomen-daciones en programas de acción urgentes sobre EL AGUA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

PRINCIPIOS RECTORESSe precisa una acción concertada para invertir las

actuales tendencias de consumo excesivo, la conta-minación y las amenazas crecientes derivadas de la sequía y las crecidas. El Informe de la CIAMA formula recomendaciones para que se adopten medidas en las esferas local, nacional e internacional, teniendo presen-te cuatro principios rectores.

Principio 1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desa-rrollo y el medio ambiente.

Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un en-foque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.

Principio 2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificado-res y los responsables de las decisiones a todos los niveles.

El planteamiento basado en la participación implica que los responsables de las políticas y el público en general cobren mayor conciencia de la importancia del agua. Este planteamiento entraña que las decisiones habrían de adoptarse al nivel más elemental apropiado, con la realización de consultas públicas y la participa-ción de los usuarios en la planificación y ejecución de los proyectos sobre el agua.

Principio 3. La mujer desempeña un papel funda-mental en el abastecimiento, la gestión y la protec-ción del agua.

Este papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora de agua y conservadora del medio am-biente viviente rara vez se ha reflejado en disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la gestión

de los recursos hídricos. La aceptación y ejecución de este principio exige políticas efectivas que aborden las necesidades de la mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar, en todos los niveles, en programas de recursos hídricos, incluida la adopción de decisiones y la ejecución, por los medios que ellas determinen.

Principio 4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.

En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en el pasado, del valor econó-mico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la con-servación y protección de los recursos hídricos.

PROGRAMA DE ACCIÓNTeniendo presentes estos cuatro principios rectores,

los participantes en la CIAMA elaboraron recomen-daciones que permitirán a los países afrontar sus pro-blemas en materia de recursos hídricos en una amplia variedad de frentes. Los principales beneficios que emanarán de la aplicación de las recomendaciones de Dublín serán los siguientes:

Mitigación de la pobreza y de las enfermedadesA comienzos del decenio de 1990, más de la cuarta

parte de la población mundial todavía no puede satisfa-cer las necesidades humanas esenciales de disponer de alimentos en calidad suficiente, de un abastecimiento de agua pura y de medios higiénicos de saneamiento. La Conferencia recomienda que se impulsen con carác-ter prioritario la explotación y gestión de los recursos hídricos, el abastecimiento de alimentos y de agua y de servicios de saneamiento a los millones de personas que carecen de los mismos.

Protección contra los desastres naturalesLa falta de medidas de prevención, agravada a me-

nudo por la carencia de información, origina que las sequías y crecidas se cobren un elevado tributo en vi-das humanas, calamidades y pérdidas económicas. Las pérdidas económicas causadas por desastres naturales, incluidas las crecidas y las sequías, se triplicaron entre los decenios de 1960 y el de 1980. El crecimiento de

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El aprovechamiento excesivo del agua y la descarga sin

control de desechos urbanos e industriales, durante más de

una generación, han sido la causa de que la mayoría de las

ciudades importantes del mundo se encuentren en una situación

aterradora y cada vez más dramática.

ciertos países en desarrollo ha quedado comprometido durante años por no haberse efectuado inversiones para el acopio de información básica y la prevención de desastres. El cambio climático y la elevación del nivel del mar previstos aumentarán los riesgos en algunos de esos países, a la vez que supondrán una amenaza para la aparente seguridad de los recursos hídricos existen-tes. Los daños materiales y las pérdidas de vidas hu-manas causados por las crecidas y las sequías podrían reducirse de manera espectacular gracias a las medidas de prevención para casos de desastre, que se reco-miendan en el Informe de la Conferencia de Dublín.

Conservación y reaprovechamiento del aguaLas pautas actuales de aprovechamiento del agua

llevan consigo un derroche excesivo. Existe un amplio campo para poder economizar un volumen conside-rable de agua en la agricultura, en la industria, y en el abastecimiento para uso doméstico. La agricultura de regadío contabiliza alrededor del 80% del agua consumida en el mundo. En muchos sistemas de rie-go se pierde hasta el 60% de agua desde su lugar de procedencia hasta su destino. Gracias a prácticas más eficientes de riego se podrá lograr un ahorro sustancial del agua. El reciclado podría disminuir el consumo de muchos consumidores del sector industrial en un 50% como mínimo, además de ofrecer la ventaja comple-mentaria de disminuir la contaminación. La aplicación del principio de que «quien contamina paga» y la fijación de precios que reflejen el valor real del agua fomentarán la conservación y el reaprovechamiento del recurso. En términos medios, el 36% del agua su-ministrada por los servicios urbanos de abastecimiento de los países en desarrollo «desaparece». Una mejor gestión podría reducir estas costosas pérdidas.

Gracias al efecto combinado de las economías reali-zadas en la agricultura, la industria y el abastecimiento de agua para uso doméstico se podría diferir de ma-nera significativa la inversión en costosos proyectos nuevos de aprovechamiento de recursos hídricos, y ello influiría de manera considerable en la posibilidad de mantener la sostenibilidad de abastecimientos futu-ros. Podrían realizarse otras economías gracias al uso múltiple del agua.

La observancia de normas eficaces de descarga basadas en nuevos objetivos de protección del agua permitirá a los sucesivos consumidores reaprovechar el agua que al presente está demasiado contaminada después del primer uso.

Desarrollo urbano sostenibleLa sostenibilidad del crecimiento urbano se ve

amenazada como consecuencia de haber disminuido el abastecimiento de agua abundante y barato como resultado del agotamiento y el deterioro causados por la anterior prodigalidad. El aprovechamiento excesivo del agua y la descarga sin control de desechos urbanos e industriales, durante más de una generación, han sido la causa de que la mayoría de las ciudades importantes del mundo se encuentren en una situación aterradora y cada vez más dramática. Como la escasez de agua y la contaminación fuerzan a explotar fuentes cada vez más alejadas, los costos marginales para atender a las nue-vas demandas crecen rápidamente. A fin de garantizar futuros abastecimientos, éstos han de basarse en una ta-rificación adecuada y en controles apropiados de las des-cargas. La contaminación residual del suelo y del agua no pueden considerarse ya como el precio que hay que pagar por los puestos de trabajo y por la prosperidad que aporta el crecimiento industrial.

La producción agrícola y el abastecimiento del agua en el medio rural

En muchos países la seguridad alimentaria constituye una cuestión de alta prioridad y la agricultura debe no sólo proporcionar alimento para atender las necesidades de la población creciente sino también economizar agua con destino a otros usos. La difícil tarea que se habrá de afron-tar consiste en desarrollar y aplicar técnicas y métodos de gestión para economizar agua y, gracias a la creación de capacidades, conseguir que las comunidades puedan establecer un marco institucional e incentivos con miras a que la población rural adopte nuevos planteamientos, tanto para la agricultura de temporal como de regadío. La población rural debe tener también mejor acceso al abastecimiento de agua potable y a los servicios de


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saneamiento. Esta tarea, aunque inmensa, no es im-posible, a condición de que se adopten las políticas y programas pertinentes en todos los niveles, es decir, el local, el nacional y el internacional.

Protección del ecosistema acuáticoEl agua constituye un elemento vital del medio am-

biente y abriga múltiples formas de vida de las cuales depende, en última instancia, el bienestar del ser hu-mano. La alteración de los escurrimientos ha reducido la productividad de muchos de estos ecosistemas, devastado la pesca, la agricultura y el pastoreo, y mar-ginalizado las comunidades rurales que dependen de estas actividades. Diversas clases de contaminación, incluida la contaminación transfronteriza, agravan estos problemas, deterioran los abastecimientos de agua, requieren un tratamiento más costoso del agua, des-truyen la fauna acuática e impiden las actividades de recreo y esparcimiento.

Una gestión integrada de las cuencas fluviales ofrece la posibilidad de salvaguardar los ecosistemas acuáti-cos, y de aportar ventajas a la sociedad sobre una base sostenible.

Solución de conflictos derivados del aguaLa entidad geográfica más apropiada para la pla-

nificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca fluvial, incluyendo aguas de superficie como subterráneas. En teoría, una planificación y explotación integrada y eficaz de cuencas fluviales o lacustres trans-fronterizas suponen necesidades institucionales simi-lares a las de una cuenca que se encuentra dentro de un solo país. La función esencial de las organizaciones responsables de las cuencas internacionales consiste en conciliar y armonizar los intereses de los países ri-bereños, medir sistemáticamente la cantidad de agua y su calidad, elaborar programas de acción concertados, intercambiar información y dar cumplimiento a los acuerdos.

En los decenios venideros, la gestión de las cuen-cas internacionales cobrará gran importancia. Por consiguiente, se deberá atribuir alta prioridad a la ela-boración y ejecución de planes integrados de gestión, refrendados por todos los gobiernos afectados y respal-dados por acuerdos internacionales.

El medio ambiente favorableLa ejecución de los programas de acción sobre el

agua y el desarrollo sostenible exigirán inversiones cuantiosas, no sólo de capital para proyectos, sino so-bre todo en la creación de capacidades de las personas

e instituciones encargadas de proyectar y ejecutar estos últimos.

La base de conocimientosLa medición de componentes del ciclo del agua, en

cantidad y calidad, y de otras características del me-dio ambiente que afectan al agua, constituyen la base esencial para emprender una gestión eficaz del agua. Las técnicas de investigación y análisis aplicadas con criterios interdisciplinarios permiten la comprensión y aplicación de dichos datos para fines múltiples.

Si se tiene en cuenta la amenaza que plantea el ca-lentamiento global causado por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se hace evidente la necesidad de realizar mediciones e intercambiar datos sobre el ciclo hidroló-gico a una escala global. Los datos son necesarios tanto para comprender el sistema climático mundial como los efectos potenciales sobre los recursos hídricos del cambio climático y de la elevación del nivel del mar. To-dos los países deben participar y, de ser necesario, re-cibir asistencia para participar en la vigilancia mundial, el estudio de sus efectos y la elaboración de estrategias de respuesta adecuadas.

Creación de capacidadesLa aplicación de las medidas contenidas en el Informe

de la Conferencia de Dublín exige personal bien capacita-do y cualificado. Los países deben identificar, como parte integrante de los planes nacionales de desarrollo, las nece-sidades de formación profesional en materia de evaluación y gestión de recursos hídricos y adoptar a nivel nacional las medidas oportunas, de ser necesarias, en colaboración con organismos de cooperación técnica, a fin de proporcionar

Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y

social y la protección de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece

una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.

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la formación necesaria y las condiciones de trabajo oportu-nas para ayudar a conservar el personal capacitado.

Los gobiernos deben también evaluar su capacidad para que sus especialistas en el campo del agua y en otras esferas conexas puedan llevar a cabo las múltiples actividades que requiere la gestión integrada de los re-cursos hídricos. Para ello será necesario un medio am-biente favorable gracias a disposiciones institucionales y legales, entre ellas las relativas a la gestión eficaz de la demanda de agua.

Una sensibilización más intensa constituye una parte esencial del planteamiento basado en la participación en la gestión de recursos hídricos. Los programas de apoyo, de información, enseñanza y comunicación de-ben formar parte integrante del proceso de desarrollo.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTOPor experiencia se sabe que para progresar en la eje-

cución de medidas y la consecución de los objetivos de los programas del agua habrá que instituir mecanismos de seguimiento para realizar evaluaciones periódicas en los niveles nacional e internacional.

En el marco de los procedimientos de seguimiento desarrollados por la CNUMAD para el Programa 21, todos los gobiernos deberían iniciar evaluaciones perió-dicas de los progresos realizados. A nivel internacional, las instituciones de Naciones Unidas responsables del agua deberán ser fortalecidas para llevar a cabo el pro-ceso de evaluación y de seguimiento.

Además, para conseguir la participación de insti-tuciones privadas, de organizaciones regionales y no gubernamentales, así como la de los gobiernos intere-sados en la evaluación y el seguimiento, la Conferencia propone que, a efectos de consideración por la CNU-MAD, se cree un foro o consejo mundial del agua en el cual podrían participar esos grupos.

Se propone que la primera evaluación completa de la ejecución del programa recomendado se ejecute para el año 2000.

Se insta a la CNUMAD a examinar las necesidades financieras de los programas relacionados con el agua, con-forme a los principios antedichos, en lo relativo a la finan-ciación del Programa 21. Al hacerlo así, deben proponerse objetivos realistas para fijar el calendario de ejecución de los programas, determinar los recursos internos y externos que se necesitan y los medios para movilizarlos.

Excluir el agua de la esfera del comercio y de las reglas del mercado

Foro Alternativo Mundial

Más de 1200 representantes de 150 organizaciones y movimientos de los cinco continentes participaron entre el jueves 17 y el domingo 20 de mar-zo pasados en el Segundo Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME según sus siglas en francés).

Exigieron que el agua sea considerada como bien común de la humanidad y, por lo tanto, excluida de la esfera del comercio y de las reglas del mercado.

El ex-presidente portugués Mario Soares y Danielle Mitterrand, fueron presidentes de honor del cónclave. Jean Ziegler, sociólogo y escritor suizo, relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, estuvo entre los invitados especiales.

La declaración final del Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME) destaca los cuatro pilares programáticos que en tanto ejes de contenido ordenaron los debates: el acceso al agua como derecho humano innegociable; el vital líquido en tanto bien común; el financiamiento colectivo del acceso del agua; y la gestión democrática del agua en todos sus niveles.

Dicha declaración sostiene enfáticamente que el agua no puede ser tema de negociación ni en los acuerdos comerciales multilaterales o bilaterales ni en las instituciones financieras internacionales.

FAME 2005 exigió un estatus del agua en el plano mundial que permita: tener en cuenta la globalidad del ciclo del agua; que impida su apropiación; que asegure la responsabilidad colectiva sobre el vital líquido y que asegure «su gestión y control por parte de una autori-dad pública fundada en un poder político legítimo».

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«El Foro que acabamos de clausurar ha mostrado la enorme riqueza de las diferencias así como el alto gra-do del debate democrático», enfatizó Alberto Velasco, presidente del comité de organización.

Junto con la Declaración Final fueron dadas a cono-cer las «Conclusiones de la Asamblea de Asociaciones» que reunió en la jornada del domingo a representantes de un centenar de ONG y movimientos asociativos que trabajan con el tema del agua.

Movimientos socialesDicho documento insiste en impulsar una campaña

contra los Acuerdos Generales de Comercio de los Ser-vicios, debatidos en el marco de la Organización Mun-dial del Comercio (OMC). Esta iniciativa internacional tendrá como ejes la movilización contra la privatización del agua y en defensa del servicio público de su distri-bución.

Además, contra las «empresas mutinacionales que actúan en el sector hídrico incluidas las que comer-cializan el agua en botella» y a favor «de acciones ciudadanas» a favor del acceso al agua y su inscripción como bien público mundial (siguiendo el ejemplo de la iniciativa popular de Uruguay de octubre pasado o la nueva propuesta de ley de la Región Toscana, en Italia).

Representantes de grupos sociales de 21 países, entre ellos 11 de Latinoamérica (Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Venezue-la, Costa Rica y Chile) incorporaron tres puntos clave a la declaración.

Una condena al tipo de asociación «público-privado» (gobiernos-empresas multinacionales) promovida por el Banco Mundial en muchos proyectos de agua impul-sados en países del Sur.

Una condena a la trasnacional Suez Lyonnaise de Aguas (Francia), con fuerte presencia en América La-tina, así como a la institución Abengoa y a la coope-ración alemana GTZ «que destruyen los procesos de consulta popular de nuestros pueblos».

Adicionalmente, ratifica que «la única forma de dominar la mercantilización del agua pasa por dar el poder a los ciudadanos a través de los movimientos so-ciales» que por sus luchas y proposiciones confrontan los fundamentales de ese modelo.

Por una Asamblea Mundial del AguaDe otro lado, diputados y representantes municipa-

les y regionales de 13 países (Brasil y Venezuela por La-

tinoamérica) realizaron también en Ginebra su primer encuentro mundial en el marco de FAME 2005.

El documento final, luego de denunciar «la deuda de los países del Sur», y «las políticas financieras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial», enumera 19 puntos en la dirección de aplicar la Declaración de Roma: «El Agua, derecho humano universal».

Entre otras iniciativas proponen instalar un fondo cooperativo mundial destinado a garantizar el financia-miento público de servicios e inversiones para asegurar el acceso de todos al agua. Así como promover «la constitución de una autoridad mundial del agua, inde-pendiente de las instituciones financieras, encargada de la prevención y la resolución de los conflictos en torno al agua».

En ese sentido, apuestan también a constituir una Asamblea Mundial del Agua, estructura que debería reunir a representantes de movimientos ciudadanos, autoridades electas, sindicatos, organizaciones de mu-jeres y otros grupos comprometidos en la defensa del agua como bien común.

Los diputados y autoridades electas proponen tam-bién «orientar las políticas de cooperación de los países del norte a través de la asociación de contrapartes públicas-públicas, en vista de promover y sostener los servicios públicos de los países del sur», oponiéndose así al criterio público-privado impulsado por muchos gobiernos del Norte y el Banco Mundial.

Como consecuencia directa del encuentro de Gi-nebra se propone un encuentro a principios de 2006, posiblemente a realizarse en Bélgica, para que repre-sentantes del Parlamento Europeo, del Panafricano, del Parlatino (de América Latina) y de entidades homólogas asiáticas analicen conjuntamente la posibilidad de crear un Parlamento Mundial del Agua.

Para asegurar la continuidad del trabajo del Foro, se constituirá un secretariado permanente con sede en Ginebra, que «será financiado por las organizaciones miembros y eventualmente con apoyo de fondos públi-cos», explicó Velasco.

FUENTESergio Ferrari. PeriodistaServicio Informativo «Alai-amlatina»[email protected]://alainet.org


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Los desastres «naturales» no son in-evitables; todo lo contrario, pueden gestionarse y reducirse tomando las decisiones políticas y técnicas apropiadas en materia de desarrollo. A nivel mundial existen buenas prácticas que podían haberse aplica-do en el Sureste Asiático, con lo que se hubieran evi-tado miles de muertes y cuantiosas pérdidas en las poblaciones afectadas por el desastre humanitario.

Tradicionalmente, los desastres se han visto como sucesos excepcionales, impredecibles, fruto de la mala suerte, ante los que no queda más solu-ción que atender sus consecuencias, una vez que se han desencadenado.

Sin embargo, no es así. Los desastres son predeci-bles y no son tan «naturales» como frecuentemente se señala. Efectivamente se producen por la inciden-cia de procesos ambientales como son los terremo-tos y los tsunamis, los huracanes o las sequías; pero es a consecuencia de su interacción con determina-

Se podía haber evitado

Por María Jesús Izquierdo*

Los desastres son predecibles y no son

tan «naturales» como frecuentemente se señala.

Efectivamente se producen por la incidencia de

procesos ambientales como son los terremotos

y los tsunamis, los huracanes o las sequías; pero es a consecuencia

de su interacción con determinadas

intervenciones humanas (como la urbanización, la deforestación, la falta de políticas preventivas y de preparación a desastres),

lo que determina que finalmente se desencadene

un desastre, como el que ha ocurrido en los países del

Sureste Asiático.

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das intervenciones humanas (como la urbanización, la deforestación, la falta de políticas preventivas y de preparación a desastres), lo que determina que finalmente se desencadene un desastre, como el que ha ocurrido en los países del Sureste Asiático.

Nuestra relación con el entorno no tiene por qué terminar en desastre humanitario. La definición de políticas eficaces y su aplicación es fundamental, por cuanto tiene el potencial de disminuir estos riesgos, evitando que se produzca el desastre. Es fundamen-tal poner la atención en las causas que definen de antemano la vulnerabilidad, para prevenir y evitar el desastre. Existen buenas prácticas que demuestran que es posible.

Un ejemplo de ello es la Red de Sistemas de Aler-ta Temprana en el Océano Pacífico, que a través de la recogida, análisis y procesamiento de datos relati-vos a tsunamis, alertan a los organismos de decisión política para que «a tiempo» adopten medidas que eviten las consecuencias de un desastre.

Las comunidades costeras del Pacífico son cons-cientes de las medidas inmediatas que hay que tomar si el mar retrocede después de un terremoto y alertan a su población de los riesgos de tsunamis. No así los países del Índico, como hemos podido ver. El Sistema de Alerta Temprana no hubiera evi-tado el maremoto y los tsunamis consiguientes, pero sí hubiera alertado a la población para eva-cuar la costa, y salvar miles de vidas.

Existe una estrecha relación entre el desarrollo de los países y el riesgo de desastres. Naciones Uni-das previene de las dificultades de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como consecuencia de las pérdidas en materia de desarro-llo y el gran sufrimiento humano que conllevan estos desastres humanitarios.

Según Naciones Unidas, los desastres causan al día 184 muertes, como promedio. Más de 1,5 mi-llones de personas perdieron la vida entre 1980 y 2000. Por cada persona fallecida se calcula que unas 3.000 personas se encuentran diariamente expues-tas a estas amenazas naturales.

El 53% de las víctimas mortales que se re-gistran como consecuencia de los desastres se produce en los países menos desarrollados. Esta cifra evidencia la estrecha relación existente en-tre desastres y nivel de desarrollo si tenemos en cuenta que sólo un 1,8% del total de muertes se produce en los países desarrollados.

En los últimos años se ha incrementado el com-promiso de los gobiernos y de los organismos internacionales al adoptar políticas y medidas es-pecíficas encaminadas a reducir los riesgos de de-sastres; sin embargo, su materialización continúa siendo un lento proceso.

El desastre humanitario en el Sureste Asiático se convirtió en la desoladora antesala a la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Naciones Unidas, que del 18 al 22 de enero de 2005 se reunió en Kobe (Japón), con la presencia de representantes de los gobiernos, organismos internacionales y or-ganizaciones de la sociedad civil. Allí se definieron políticas y un plan de acción que integre la reduc-ción del riesgo en la planificación del desarrollo en el próximo decenio (2005-2015).

Ojalá que las desoladoras noticias que llegaron de Asia no queden en el olvido con el paso del tiempo y cuando a propósito de la Conferencia Mundial se requiera el compromiso político de los gobiernos y organismos internacionales, así como de las orga-nizaciones de la sociedad civil, para prestar mayor atención a la prevención y preparación de desastres, de manera que podamos evitar lo que hoy tenemos que lamentar en Asia.

* Responsable de Gestión de Riesgos de Desastres de Ayuda en Acción

Agencia de Información Solidaria

[email protected]

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— PROGRAMACIÓN 2005 —

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8 de abril. Poesía del Renacimiento español: Garcilaso y Boscán. Profesor Jorge Alberto Naranjo.15 de abril. El Quijote. El amor en la primera

parte de la obra. Profesora Dora Tamayo.22 de abril. El Quijote. La lectura. Profesora

Dora Tamayo.29 de abril. La poesía mística española. Padre

Hernando Uribe.6 de mayo. Realidades y espejismos en la pin-

tura española. Profesor Alberto González R.13 de mayo. Novelas ejemplares de Cervantes.

Profesor Jairo Alarcón A.20 de mayo. La música del Renacimiento Es-

pañol. Profesor Rodolfo Pérez González.27 de mayo. El Teatro del Siglo de Oro. Profesor

Mario Yepes Londoño.5 de agosto. Publicación de la segunda parte

del Quijote, y el Quijote de Avellaneda. Profesores Dora Tamayo y Jairo Alarcón A.12 de agosto. Origen y sentido de la risa en

Cervantes. Profesora Olga Vallejo Murcia.19 de agosto. Las ilustraciones del Quijote.

Profesor Alberto González Rodríguez.26 de agosto. Planteamientos morales del

Quijote. Profesor Javier Escobar Isaza.2 de septiembre. El Quijote. La representación

en la segunda parte. Profesora Dora Tamayo.9 de septiembre. La ciudad en el Siglo de Oro.

Profesor León Restrepo.16 de septiembre. El Quijote. La Cueva de

Montesinos. Profesora Dora Tamayo.23 de septiembre. Poesía del primer barroco

español: Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Cer-vantes. Profesor Jorge Alberto Naranjo.30 de septiembre. La música en el Quijote.

Profesor Rodolfo Pérez González.7 de Octubre. Literatura colonial latinoame-

ricana. Sor Juana Inés de la Cruz. Profesor Fabio Jurado Valencia.14 de octubre. Metamorfosis y anamorfosis

en el Quijote. Profesora Ana Victoria Saldarriaga A.21 de octubre. El teatro en el Quijote. Profesor

Mario Yepes Londoño.28 de octubre. El asunto morisco en el Quijote.

Profesor Nicolás Naranjo Boza.4 de noviembre. El gobierno de Sancho Panza.

Profesor Jairo Alarcón A.11 de noviembre. Panel de clausura. Profeso-

res Jairo Alarcón, Mario Yepes, Alberto González y Dora Tamayo.

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