Revista de Buen Gobierno y RSC de El Economista · examen del ‘compliance ... sobre todo el de...

1 Buen GobiernoelEconomista

EL TURISMO SOSTENIBLE FRENA LA CRECIENTE ‘TURISMOFOBIA’ El sector realiza unas prácticas diseñadas para conservar en el futuro altos los niveles medioambientales, de empleo y crecimiento económico | P4

España, un paraíso para trabajar por su bienestar, salud y esperanza de vida | P11

La Audiencia introduce el examen del ‘compliance’ en la Instrucción | P33

elEconomista Revista mensual

21 de julio de 2017 | Nº 3

y RSCBuen GobiernoBuen Gobierno

y RSCEntrevistas

Isabel Garro Directora de la Red Española

del Pacto Mundial | P7

María Ángeles Alcalá ‘Of counsel’ de Ramón y Cajal

profesora de la UCM | P24 Begoña Fernández Socia de Regulatory y Compliance

de Deloitte Legal | P30

Buen Gobierno2 elEconomista

04

El escaparate

Turismo sostenible: fin a las prácticas de devastación

La Organización Mundial del Turismo declara 2017 como el año

de las prácticas con un mínimo impacto ambiental y social

14. Gobernanza

El cibercrimen se centra en la pequeña empresa

El 70% de los ciberincidentes de 2016

los sufrieron las pequeñas y medianas compañías

22. Cumplimiento

Las denuncias del canal interno, anónimas

El anteproyecto de Ley de Protección de Datos

admite esta opción y pone fin a la controversia

28. Opinión

¿Cuándo se regulará el ‘compliance’?

Miguel Ángel Rodríguez-Sahagún, presidente del

Comité de Cumplimiento del Grupo Norte

42. Cumplimiento

El delegado de privacidad ya tiene regulación

La futura ley y el Esquema de certificación perfilan

las funciones de una figura clave

11

Gobernanza

España, un paraíso para los trabajadores

Los expertos sitúan a nuestro país en el primer lugar en salud

y bienestar por su alta esperanza de vida

24Entrevista

María Ángeles Alcalá, ‘of cousel’ de Ramón y Cajal Abogados “

“Avanzamos enormemente en la calidad de la regulación

interna y en la eficacia del modelo de control”

33Cumplimiento

El examen del ‘compliance’ se traslada a la Instrucción

La Audiencia se inclina por evitar a la empresa el calvario judi-

cial y empieza a levantar ‘imputaciones’ en la investigación

SUMARIO

Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente de Ecoprensa: Alfonso de Salas Vicepresidente: Gregorio Peña Director Gerente: Julio Gutiérrez Directora de Relaciones Institucionales: Pilar Rodríguez Subdirector de RRII: Juan Carlos Serrano Director de elEconomista: Amador G. Ayora Coordinadora de Revistas Digitales: Virginia Gonzalvo Director de ‘elEconomista Buen Gobierno y RSC’: Xavier Gil Pecharromán Diseño: Pedro Vicente Fotografía: Pepo García Infografía: Clemente Ortega Redacción: Ignacio Faes, Pedro del Rosal y Eloísa Lamata


Del turismo masivo a la ‘turismofobia’ urbana

La irrupción del turismo masivo en la vida cotidiana de los

ciudadanos causa problemas. Bien por el

agobio que supone tanta gente en la calle,

o por los problemas de convivencia que se generan por ruidos y

falta de civismo

EDITORIAL

El turismo se ha hecho global, el tiempo turístico es intensivo. El turista sigue suponiendo una población flotante durante un corto espacio de tiempo, pero ahora a un turista le sucede otro y luego otro sin que de tiempo para recuperar el

entorno e, incluso el ánimo de los residentes habituales. El turismo masivo, sobre todo el de sol y playa, se ha

convertido, junto con la construcción, en la gran locomotora de la economía española y en uno de los grandes motores de la creación de empleo. Sin embargo, situaciones como las que genera el turismo de borrachera, estilo Magaluf, o el hastío que está generando la supermasificación que se vive en Barcelona, capaz de crear un espíritu de turismofobia, hace necesario replantearse el actual modelo con urgencia.

La revolución del viaje low cost, ha logrado que en menos de un lustro se haya disparado hasta extremos impensables el abanico de usuarios del transporte aéreo y el uso de las más variadas formas de alojamiento turístico.

La irrupción del turismo masivo en la vida cotidiana de los ciudadanos causa problemas. Bien por el agobio que supone tanta gente en la calle, por los problemas de convivencia que se generan por ruidos y comportamientos poco cívicos, como

por el encarecimiento de las viviendas del centro de las ciudades, que va en detrimento del alquiler de vivienda para residentes y el incremento interminable de las rentas.

Y es que no se puede perder de vista, que en torno a 1.100 millones de personas recorren cada año el mundo. Ante esta invasión, las ciudades tienen la necesidad de preservar su patrimonio urbano y hacer que reviertan en sus habitantes los beneficios del negocio, porque está más que comprobado que un destino que pierda personalidad se arriesga a perder también a sus visitantes.

Por ello, adquiere un valor superlativo la designación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible, basado en los tres pilares para el desarrollo sostenible, como son el económico, el social y el del medio ambiente.

El turismo figura en las metas de tres de los objetivos de desarrollo sostenible, como son: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; el consumo y producción sostenibles; y conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Mucho hay que hacer.


El año 2017 ha sido declarado por Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional del Turismo Sostenible por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el contexto de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Con esta efeméride se trata de sensibilizar de las ventajas del

turismo sostenible tanto a las Administraciones Públicas como a los grupos de interés del sector turístico, desde los grandes touroperadores hasta el turista más sencillo.

Este tipo de realidad turística tiende a producir un mínimo impacto ambiental, ya que se da un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Además, respeta a la autenticidad sociocultural de las comunidades locales conservando sus activos culturales y arquitectónicos, así como sus valores tradicionales y se

XAVIER GIL PECHARROMÁN

TURISMO SOSTENIBLE: FIN A LAS PRÁCTICAS DE DEVASTACIÓN La Organización Mundial del Turismo ha declarado 2017 como el año de las prácticas turísticas con un mínimo impacto ambiental y social frente a la actual globalización del turismo convencional

EL ESCAPARATE

ISTOCK


personas, mientras que en 2012 ya eran más de 1.000 millones. Pese a estos beneficios, el turismo convencional, que se ha globalizado y masificado, produce cada vez más efectos negativos evidentes, como el aumento de la contaminación del agua -incluso con productos derivados del crudo por el incremento del uso de embarcaciones deportivas-, introducción de especies vegetales invasoras con carácter decorativo, erosión, excesiva producción de basura, hacinamiento hotelero, desplazamiento de la población local ante la llegada de visitantes, congestión del tráfico, etc. Por ello, cada vez tiene más importancia el concepto de turismo sostenible.

¿Pero, que es el turismo sostenible? La OMT lo define como: “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Gracias a la diversidad de relaciones implicadas en la actividad turística, el turismo sostenible tiene la capacidad de actuar como catalizador de cambio en el mundo, beneficiando a la lucha de causas como el hambre, la paz y seguridad, el fomento de las economías locales”. Los objetivos de la OMT para haber declarado 2017 como año del turismo sostenible persiguen que esta actividad fortalezca el crecimiento económico inclusivo y sostenible; se

contribuye al entendimiento y la tolerancia intercultural. Y en el capítulo de la generación de empleo local, se estimula el desarrollo de empresas turísticas -agencias de viajes, transportes, alojamiento, alimentación, recreativas y complementarias-, así como también de empresas dedicadas a actividades suplidoras -ganadería, agricultura, comunicaciones…-.

Según los datos de la OMT, el turismo supone el 10 por ciento del PIB mundial, el 7 por ciento del comercio global y uno de cada 10 puestos de trabajo. Exceltur -entidad que agrupa a 23 relevantes empresas de la cadena de turística- cifra en un 4,1 por ciento el crecimiento del turismo en el ejercicio de 2017 en España, que eleva la contribución del sector a la economía nacional hasta el 11,2 por ciento del PIB y asciende a ocho los años consecutivos en que el sector ha experimentado crecimiento económico.

Una muestra de la necesidad de acabar con el turismo devastador la dan las cifras históricas de los desplazamientos en España que maneja el sector. Así, en 1950 el número de desplazamientos, lejos aún del turista.

En 1950 se registraron 20 millones, mientras que en 2010 vinieron a sumar 1.000 millones y para 2030 se espera que la cifra superará los 1.800 millones de desplazamientos. Otra comparativa, según las cifras de la OMT, es que en 1950 hacían turismo fuera de las fronteras de sus países 25 millones de

■ EI Turismo Sostenible es una modalidad que responde a las necesidades de los turistas y de las regiones en las que se realiza la actividad. En esta modalidad se incluye la sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental, a la vez que protegen y mejoran las oportunidades de futuro. Por su parte, la Sociedad Internacional de Ecoturismo define esta actividad como: “el viaje responsable a espacios naturales, que implica la conservación del medio ambiente y mejora del bienestar de la población local”. Aunque suena similar, poco tienen que ver un concepto y otro.

EL ESCAPARATE

El respeto a la naturaleza en el turismo responsable va más allá del ecoturismo y del turismo rural. ISTOCK La sostenibilidad social es clave en las experiencias del turismo sostenible. ISTOCK

Diferencias entre esta modalidad y el Ecoturismo


incremente la i inclusión social, el crecimiento y fortalecimiento del empleo y reducción de la pobreza; el uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático; los valores culturales, diversidad y patrimonio; y la colaboración del entendimiento mutuo, paz y seguridad.

Preservar los tesoros actuales para futuras generaciones Como ejemplo de la actividad de turismo sostenible, gracias al acuerdo de colaboración alcanzado por la OMT y la Red Española de Pacto Mundial trece compañías españolas se han sumado al compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa que aboguen por un turismo sostenible. Bajo el título Turismo responsable: un compromiso de todos, la iniciativa, que se lanzó el 19 de septiembre de 2016, destaca el papel de estas empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estas trece empresas son: Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, Ilunion Hotels (Grupo Ilunion), Minube, NH Hotel Group, Ostelea, School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y Viajes El Corte Inglés.

La Carta Mundial de Turismo Sostenible, adoptada por unanimidad en la Sesión Plenaria de la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible -celebrada en Vitoria en noviembre de 2015-, establece que “El turismo bien gestionado puede ser un protagonista trascendental a la hora de preservar los tesoros actuales para las generaciones futuras, asegurando la protección y la integridad de nuestro patrimonio común, material e inmaterial”.

Por ello, esta actividad debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, ya que un medio ambiente sano constituye un recurso turístico fundamental y sirve para tomar conciencia del valor intrínseco de la naturaleza para todos. Además, tiene que responder de forma activa y de manera urgente al cambio climático, en el marco evolutivo de las Naciones Unidas, reduciendo progresivamente sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para poder crecer de manera sostenible.

Una de las claves fundamentales del turismo sostenible es maximizar los beneficios económicos del turismo para la comunidad de acogida y crear vínculos fuertes con la economía local del destino y otras actividades económicas del entorno, así como preservar los valores de destino diseñando procesos de seguimiento del cambio, evaluando las amenazas, los riesgos y las oportunidades, y permitiendo a los líderes públicos y privados sostener la esencia y la identidad del sitio.

■ En favor de la paz Desempeña un papel vital para lograr un planeta más pacífico, permitiendo nuevas posibilidades para que se convierta en un instrumento de paz y tolerancia. ■ Recuperación económica Contribuye a su propia resiliencia y a la recuperación económica mundial, mediante la descarbonización, la innovación del uso en la energía, los recursos, el transporte y los sistemas de comunicación. ■ Tres pilares básicos La Organización Mundial del Turismo ha declarado que permite luchar contra la pobreza, proteger la naturaleza y el medio ambiente, y promover el desarrollo sostenible. ■ Economía circular Debe proporcionar soluciones innovadoras para ser más eficiente en el manejo de los recursos en una economía circular, evitando la generación de residuos, a través de un aumento de la eficiencia y reduciendo el consumo y la contaminación.

EL ESCAPARATE

ISTOCK

Más allá del ocio, descanso y diversión


“Los incumplimientos existen y son clamorosos, pero hay muchas empresas que cumplen”

Directora de la Red Española del Pacto Mundial y presidenta del Consejo Asesor de Redes del Pacto Mundial


Isabel Garro es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE E-2 y ha realizado estudios de postgrado en IESE Business School. Es la directora General de la Red Española desde 2007, desde el comienzo de la Red su labor ha sido fundamental en la creación y consolidación de la asociación, considerada por Global Compact como la Red Local más activa a nivel mundial. Isabel es, además, una reconocida experta en los Diez Principios del Pacto Mundial así como una ponente habitual en eventos a nivel nacional e internacional. ¿Qué papel juega el Pacto Mundial en el desarrollo y conocimiento del turismo sostenible? La Red Española del Pacto Mundial es la primera del mundo por el número de organizaciones que lo han suscrito, más de 3.000, y por los reconocimientos que han recibido estas empresas, pero no es suficiente. Tenemos casi cuatro millones de organizaciones en nuestro país, así que, si hacemos la resta, salen muchos millones que no saben de qué va la sostenibilidad. Nosotros hemos intentado conocer el turismo desde dentro, de la mano de las trece entidades con las que trabajamos en esta materia, aprendiendo sobre los riesgos a los que se enfrentan desde un punto de vista

EL ESCAPARATE

Isabel GARRO

NACHO MARTÍN


de la sostenibilidad, como son las áreas de medio ambiente, derechos humanos, normas laborales y en materia de lucha contra la corrupción. Lo que ha hecho el Pacto Mundial es organizar un grupo de trabajo, que empezó a operar en 2015, y sobre el que recopilamos sus principales inquietudes y las buenas prácticas que estaban poniendo en marcha, teniendo en cuenta la importancia que este sector tiene para el PIB español. ¿Cómo realizan los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? El año pasado, junto con la Organización Mundial del Turismo, lanzamos una iniciativa para hacer ver que todas las prácticas de sostenibilidad, no estamos hablando de prácticas alejadas del turismo, sino de una gestión, desde un punto de vista de la eficiencia del turismo, pero que no son los tradicionales… de que voy a ahorrarme para mejorar los beneficios en este ejercicio. Se trata de un punto de vista amplio, con recursos humanos, económicos y medioambientales en los que incide el negocio. Y hacemos una página web sobre buenas prácticas de la sostenibilidad y están ordenadas en torno a la agenda 2030, adoptada por Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre de 2015, que son lo que se conocen como objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Allí se pueden escuchar las conversaciones muy sinceras de los líderes de estas organizaciones, sobre qué retos se afrontan y como los resuelven, incluso retos abiertos que están afrontando en esos momentos. ¿Y qué papel están desarrollando las Administraciones en este tipo de actuaciones? Estamos intentando, con la Organización Mundial del Turismo (OMT) que tiene la interlocución con el Ministerio, aunar esfuerzos, porque dentro de la Agenda 2030 existe un objetivo específico, que es el objetivo 17, con el que promovemos alianzas público-privadas para trabajar en el turismo sostenible. El Ministerio lanzó una iniciativa de turismo sostenible y para nosotros es imprescindible el apoyo y la sensibilización a la cual no llegamos por falta de ‘altavoces’. El papel de la Administración es clave para sensibilizar no solo al empresario sino también al turista. Sin embargo, España es un país de turismo convencional, invasivo ¿no le consideran así en el Pacto Mundial? Nuestra lectura si es positiva, aunque es cierto que estamos trabajando con los que ya están comprometidos con la sostenibilidad, pues hay empresas que aún no lo conocen. Se acaba de lanzar una iniciativa como la Hostelería

sobre el Clima, que persigue el arreglo de agua y combatir el cambio climático. Creo que cada vez más se van a ver este tipo de iniciativas. Y puede haber empresas que no cumplan, pero esas no están trabajando con el Pacto Mundial. Hay muchas empresas que están trabajando en serio por lograr esos objetivos. Nosotros estamos buscando innovadores que quieran afrontar esos retos. Y cada vez se van a ver más ese tipo de ejercicios, como es la gestión del agua, de la energía, del comportamiento de los turistas, las buenas prácticas en el empleo, el mantenimiento de los lugares donde están los complejos… los incumplimientos existen y son, incluso, clamorosos, pero hay muchas empresas que cumplen. ¿Cómo casa el turismo sostenible con el de sol y playa imperante desde hace décadas en España? El paso número uno tiene que ser siempre analizar lo que tenemos en el sector local y partir de ello no de alguna utopía. Lo importante es establecer un plan. Tú puedes estar trabajando en la playa, pero tienes que conocer los riesgos que tiene ese tipo de turismo y como atenuar el impacto sobre la playa, el bosque o el entorno en el que trabajes. Una vez analizado, se deben elaborar y poner en marcha unas políticas específicas para decidir cuál es el impacto y el turismo que quiero tener. También, cuáles son las herramientas específicas que debo poner en marcha en mi compañía para que ese impacto no se produzca. Tengo que medir y luego informar a los grupos de interés, que son las personas que rodean a la compañía, ya sean turistas, Administraciones Públicas, sobre los resultados sobre una práctica, como aquello que intenté hacer, como la contratación en el mes de agosto del año pasado, si funcionó bien o no y que puedo hacer para mejorarlo este año. Lo que hace el Pacto Mundial es buscar esas alianzas, esos partners, para poder trabajar determinadas áreas de riesgo. Una de las áreas que trabajamos en el Pacto Mundial es el de la contratación de personas con discapacidad. Esos riesgos tienes que afrontarlos con quienes saben hacerlo y conocen los riesgos y las oportunidades para poder afrontarlos y conseguir un éxito con la contratación. En la Red española del Pacto Mundial Trabajamos con organizaciones medioambientales que nos dicen cómo debe actuar el empresario de una forma sostenible en su actividad, con organizaciones de gestión de riesgos, de todos los sectores. Lo más importante es el diagnóstico, conocer cuáles son los riesgos y a partir de ahí empezar a trabajar. Hay que reconocer que te has equivocado en el caso de que así haya sucedido.

EL ESCAPARATE

NACHO MARTÍN

“La Red española del

Pacto Mundial es

la mayor por suscriptores”

“Lanzamos una iniciativa, con la OMT, para hacer

visible la sostenibilidad”

“Tenemos una página web en la que los líderes

empresariales detallan retos”

9 Buen GobiernoelEconomistaEL ESCAPARATE

¿Qué se está haciendo frente a prácticas tan erradicables como el turismo sexual? La ONU está realizando una publicaciones específicas para el sector del turismo, con recomendaciones sobre el turismo sexual y hay documentación muy extensa sobre cómo hay que identificarlo, gestionarlo y que es lo que hay que hacer. Las naciones que han firmado el pacto se encuentran comprometidas para ir combatiendo determinadas prácticas. Saben muy bien que el Pacto Mundial tiene recursos y materiales que les pueden ayudar a gestionarlo. Luego ya no es un problema de desconocimiento sino un tema de voluntad en querer trabajar. La buena noticia es que las herramientas están y que el Pacto Mundial puede ayudarte a erradicarlo y demostrar que tu empresa está en contra de prácticas de este tipo. ¿Qué representan los objetivos de desarrollo sostenible aprobados y divulgados por Naciones Unidas? El Pacto Mundial tiene cuatro áreas principales de actividad que están relacionadas con los derechos humanos, los temas de normas laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Surge en el año 2000 a raíz de un discurso de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, cuyo mensaje es que la globalización se está produciendo y tenemos que darle una gestión diferente a ese fenómeno globalizador. Y hay que trabajar en esas cuatro áreas, el sector privado, de la mano de los empresarios con las Administraciones Públicas y la sociedad civil. Es necesario trabajar conjuntamente para detectar. En el año 2015, la ONU aprueba los ODS, que es un paso adelante muy importante. Los ODS son la columna del desarrollo sostenible. Están aprobados por Naciones Unidas y por primera vez en la historia contemplan a las empresas como agentes de desarrollo. Otra característica es la amplitud de temáticas que abarcan, ante las que las empresas tienen mucho que decir, tales como, tecnologías, consumo, conectividad, energía. ¿Estos objetivos son uniformes aunque existan países con muy diferentes niveles de desarrollo? Todos, absolutamente todos los países tienen que realizar sus propios deberes que se traducen en unas rutas concretas que tiene establecidas Naciones Unidas para cada región del mundo porque no es lo mismo un país de la Unión Europea como es España que uno que aún no está en fase de desarrollo, como pudiera ser Namibia.

“Es necesario analizar lo que

hay en el sector, no partir de una utopía”

“Las áreas principales de actividad son cuatro y 10

los objetivos”

“La ONU publica informes para

plantar cara ante el turismo sexual”

GETTY

10 Buen GobiernoelEconomistaEL ESCAPARATE

LA FALTA DE ACCESIBILIDAD LIMITA EL DESTINO ELEGIDO

FUNDACIÓN ADECCO

Seis de cada diez personas con discapacidad se verán obligados este año a cambiar el lugar elegido para sus vacaciones ante las barreras que les limitan


Según la Red Española de Turismo Accesible, el 70 por ciento de los ciudadanos europeos con algún tipo

de discapacidad tiene posibilidades económicas para viajar. Teniendo en cuenta que suelen hacerlo acompañados de familiares y amigos, el potencial del turismo accesible asciende a 58,11 millones de viajeros, según los resultados de una entrevista realizada con personas con discapacidad realizada por la Fundación Adecco. En sus conclusiones se señala que se trata de un potencial que no se está aprovechando, habida cuenta de la insuficiente accesibilidad: el 85 por ciento de las personas con movilidad reducida cree insuficiente la oferta de turismo accesible.

Además, este verano, seis de cada diez dejará de viajar a ciertos destinos que le resultaban de interés, debido a la falta de servicios e instalaciones accesibles. Este porcentaje ha descartado destinos de vacaciones que le resultaban de interés, pero cuyas dificultades de accesibilidad -transporte, vías públicas, hoteles, etc- le impedían visitarlos con normalidad.

Un 25 por ciento de las personas con movilidad reducida invierte más de 4.000 euros anuales en viajes, porcentaje que podría incrementarse con más oferta turística accesible. Y esta ausencia de accesibilidad repercute negativamente en el turismo senior, que tanta importancia está adquiriendo en los últimos años: en una sociedad que ha alcanzado su récord de envejecimiento.

APUESTA POR EL TURISMO DE CONVENCIÓN

ESPAÑA, POTENCIA MUNDIAL

Los alcaldes pertenecientes al Spain Conventión Bureau defienden ser destino de negocios para el desarrollo

X, G. P.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y Presidente del Spain Convention Bureau (SCB), Augusto

Hidalgo, ha afirmado en la inauguración del encuentro sobre turismo de negocios que se ha celebrado recientemente en Burgos, que “España es un potencia mundial como destino y nuestra intención es seguir creciendo, es una realidad imposible de parar”. En su intervención, avanzó que en 2016 se mejoraron los resultados de años anteriores y que el crecimiento puede estar en torno al 5 por ciento·.

Hidalgo intervino junto con el Alcalde de Burgos, Javier Lacalle, en este encuentro que ha reunido a representantes los destinos que integran elSCB, la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a la que están adheridas 56 Entidades Locales, entre ellas 46 capitales de provincia y una Diputación Provincial, que representan cerca del 85 por ciento de la oferta total nacional de este sector.

Además, constató el crecimiento constante de este sector en los últimos años y animó a las ciudades que son destino turístico de negocios adaptarse a las nuevas retos que suponen la evolución tecnológica y los cambios de comportamiento de los viajeros.

Los alcaldes coincidieron en la importancia del papel de liderazgo que juegan las Administraciones Públicas en el desarrollo del turismo en general y, en particular, en el turismo urbano; así como en la necesidad de que los planes estratégicos sean compartidos con la ciudadanía, porque “una ciudad quequiere ser turística tiene que ser una buena ciudad para vivir”.

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ESPAÑA, UN PARAÍSO PARA TRABAJARLos expertos sitúan al país en primer lugar en la categoría de salud y bienestar por su alta esperanza de vida y la baja tasa de suicidios y en la clasificación global mejora un puesto con respecto al año anterior, ocupando la posición 16 de una lista de 128 países

GOBERNANZA

IGNACIO FAES

ISTOCK

12 Buen GobiernoelEconomistaGOBERNANZA

España es uno de los mejores países para vivir y, por tanto, para trabajar. Esto genera un atractivo especial para captar talento de fuera y retener el propio, genere una red de profesionales difícil de encontrar en el resto de los países. Una competencia que sirve para seguir poniendo en valor el estilo

de vida español que, según reflejan los datos, es la envidia de muchos países.

¿Tiene el país la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos que habitan en él? ¿Ofrece oportunidades de crecimiento personal? Estas son algunas de las preguntas que resuelve el Índice de Progreso Social, un proyecto desarrollado por la firma de servicios profesionales Deloitte y la organización Social Progress Imperative (SPI) que clasifica a 128 países según su nivel de progreso social, yendo más allá del PIB. El informe sitúa a España en primer lugar en la categoría de salud y bienestar por su alta esperanza de vida y la baja tasa de suicidios. Además, en la clasificación global, mejora un puesto con respecto al año anterior, ocupando la posición 16.

En la categoría calidad medioambiental, España es el tercer país del mundo, solo por detrás de Suecia y Suiza. Dinamarca, por el contrario, lidera la clasificación global este año, por su buen resultado en los 50 indicadores evaluados.

“Ayudar a afrontar los retos tan complejos por los que atraviesa la sociedad, tanto a nivel global como local, es un papel esencial de las empresas”, señala Ana Andueza, socia de Deloitte. “Su papel en la solución a problemas sociales es un reto que también nos hemos planteado y por esta razón la firma ha estado trabajando mano a mano con la organización SPI buscando nuevas maneras de pensar y medir cómo progresan las sociedades”, añade.

Los resultados son esclarecedores. Las puntuaciones más elevadas en la clasificación global las ocupan los países nórdicos -salvo Suecia, que cae a la octava posición- con Dinamarca a la cabeza liderando la clasificación arrebatándole el primer puesto a Finlandia, que queda en segundo lugar.

Islandia, Noruega, Suiza y Canadá ocupan los siguientes puestos. España es el décimo país de la Unión Europea en entrar en el ranking, superado por Bélgica, Alemania, Reino Unido e Irlanda entre otros, pero por delante de Francia, Portugal e Italia. Lo cual pone de manifiesto que el viejo continente sigue siendo puntero en cuanto a calidad de vida y, en consonancia, con una mayor calidad en el trabajo y la empresa.

El informe refleja que España ha escalado posiciones progresivamente y es, junto con Japón y Noruega, el país que más ha aumentado su puntuación total. El Índice señala a los tres países como “buenos ejemplos de cómo alcanzar progreso social a pesar de los retos económicos y políticos”. Esto es consecuencia de la mejora en métricas críticas como la libertad personal -que engloba libertades como poder elegir religión, tomar anticonceptivos o elegir la edad a la que casarse-; la tolerancia y la inclusión -hacia la religión y hacia los inmigrantes, el colectivo homosexual y otras minorías-; o la calidad medioambiental -englobando la polución del aire, la depuración de aguas o la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros-.

“Los resultados de este Índice miden aquellos aspectos que necesita la sociedad para avanzar y prosperar, ayudando a los líderes públicos, junto con los que están en las empresas y organizaciones, a identificar sistemáticamente una estrategia para lograr un crecimiento inclusivo y

3º Es la posición en el mundo que ocupa España en materia de calidad medioambiental

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responsable, priorizando aquellas necesidades más urgentes para cada comunidad”, apunta Ana Andueza.

Quince de los 50 indicadores incluidos en Índice han sido revisados de forma retroactiva por la fuente desde la publicación del Índice de Progreso Social 2016.3 Estos cambios revisados generalmente son pequeños, pero pueden afectar el desempeño relativo de un país a nivel de indicadores, componentes o dimensión. Esto quiere decir que no se puede comparar un Índice con índices de otros años sin antes recalcular.

La oportunidad del ‘Brexit’ No son pocas las voces que aseguran que el Brexit es una oportunidad para atraer a las firmas asentadas en Reino Unido. España es uno de los países que están barajando las firmas y el punto fuerte, precisamente, es por los altos niveles de calidad de vida del país que pone de relieve el informe.

Precisamente, los especialistas de la firma apuntaron hace unos meses a la posibilidad de que, tras el Brexit, el corazón financiero de la City londinense se traslade a otro países dentro de la Unión Europea. “De hecho, las entidades ya se están empezando a mover”, indicó Miguel Prado, asociado senior de Deloitte Legal.

En este sentido, discutieron la posibilidad de que las cabeceras de las grandes empresas se muden a España. A su juicio, los expertos ven posibilidades de que Madrid acoja a todas estas empresas.

1 . Dinamarca 90.57 2. Finlandia 90.53 3. Islandia 90.27 4 . Noruega 90.27 5 . Suiza 90.10 6 . Canadá 89.84 7 . Países Bajos 89.82 8 . Suecia 89.66 9 . Australia 89.30 9 . Nueva Zelanda 89.30 11. Irlanda 88.91 12. Reino Unido 88.73 13 . Alemania 88.50 14. Austria 88.50 15. Bélgica 87.15 16. España 86.96 17. Japón 86.44 18. Estados Unidos 86.43 19. Francia 85.92 20. Portugal 85.44 21 . Eslovenia 84.32 22. República Checa 84.22 23. Estonia 82.96 24. Italia 82.62 25. Chile 82.54 26. Corea, República de 82.08 27. Chipre 81.15 28. Costa Rica 81.03 29. Israel 80.61 30. Eslovaquia 80.22 31. Uruguay 80.09 32. Polonia 79.65 33 . Grecia 78.92 34. Letonia 78.61 35. Lituania 78.09

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Calsificación global de los países

“Es una gran oportunidad”, señaló Miguel Prado. El jurista destacó el plan que ha preparado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las entidades domiciliadas en Reino Unido que quieran trasladarse a España. La Comisión ha establecido un procedimiento de admisión que en el plazo de alrededor de tres meses puedan estar habilitadas para operar desde España. “Es un proceso de autorización muy corto”, explicó.

En todo caso, reconoció que hay países en principio más atractivos para atraer a todas las empresas multinacionales radicadas en Reino Unido. En este sentido, subrayó que Luxemburgo sería el país “más deseable”, además, aseveró que otro de los nombres que más fuerza está cogiendo es Alemania, en concreto, Fráncfort.

Sin embargo, Miguel Prado afirmó que el procedimiento abreviado de la CNMV y otros factores están consiguiendo que muchas de las firmas se planteen España como su nuevo destino.

“Estamos viendo cómo muchas empresas de sectores regulados, como el fintech, están aterrizando ya en este país y muchas entidades de pago”, opinó. “Estamos ofreciendo muchas facilidades. Constituir un banco en otro país de la Unión Europea puede llevar más de año y medio. Aquí son meses”, concluyó.

Por otra parte, Pablo Renieblas, explicó que “nuestro hándicap es no tener un convenio con Estados Unidos; mientras no lo tengamos, no podremos ser competitivos”.


EL CIBERCRIMEN SE CENTRA EN LA EMPRESA PEQUEÑAEl año pasado se detectaron más de 115.000 ciberincidentes, de los cuales el 70% fueron dirigidos contra medianas y pequeñas entidades y el coste económico que supone hacer frente a este tipo de ciberdelito varía entre 20.000 y 50.000 euros

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Los ataques informáticos representan uno de los peligros más reales y actuales a los que se enfrenta hoy en día el gobierno corporativo de las compañías. Los consejeros de las principales empresas españolas reconocen esta nueva lucha como un asunto de “primera línea” en las reuniones de los consejos, tras los últimos

asaltos tecnológicos y demandan nuevos perfiles formados en estas materias. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen el doble

de posibilidades de convertirse en víctimas. Esto se debe a que, además del coste potencial que supone ser atacado por los hackers y otros cibercriminales, también se enfrentan al riesgo de perder la confianza de sus clientes. De hecho, un 58 por ciento de ellos afirma que sería menos propenso a utilizar los servicios de una empresa que haya sufrido un incidente, según el informe Small Business Reputation and the Cyber Risk.

El año pasado se detectaron más de 115.000 ciberincidentes, de los cuales el 70 por ciento fueron dirigidos contra medianas y pequeñas empresas (pymes), según los datos del Instituto Nacional de Seguridad (Incibe). El coste económico que supone hacer frente a este tipo de

ciberdelito varía entre 20.000 y 50.000 euros, y en 2016, el coste total de los ciberataques a empresas ascendió a 265 millones de euros. En el caso de España, nos encontramos con que es el tercer país con más ofensivas a nivel mundial, después de Reino Unido y Estados Unidos.

Raquel Aznar, director senior del área Comercial y de Marketing de Affinion, afirma que “a pesar de que son las grandes organizaciones las que normalmente ocupan los titulares relacionados con el cibercrimen, las pymes son aún más vulnerables.” En 2015, un informe de Symantec destacó que el 75 por ciento de las pymes, frente al 35 por ciento de las grandes empresas, fueron víctimas de ataques de spear phising –destinados a una organización determinada–, lo que abre la puerta al ransomware en el 97 por ciento de los casos, según otro estudio llevado a cabo por PhishMe.

Stephen Ridley, Jefe de tecnología, cibernética y datos de la compañía de seguros Hiscox, sostiene que “los cibercriminales perciben las PYMES como un blanco fácil y a menudo son vistas como una ruta hacia ‘un premio mayor‘, si son adquiridas por organizaciones más grandes y más inaccesibles directamente”.

Eduardo Esparza, Country Manager de Affinion, advierte de que “el hecho de que muchos propietarios de pymes no tengan ni el conocimiento ni los recursos necesarios para proporcionar ciberseguridad a sus empresas y a sus clientes es preocupante, pero quizás lo más alarmante es el hecho de que muchos otros den por hecho que el cibercrimen es algo que solo afecta

a las grandes empresas, lo que puede ocasionar dramáticas consecuencias”.

Los datos presentados en el informe Small Business Reputation and the Cyber Risk muestran que las posibles ramificaciones que una brecha

en ciberseguridad puede causar son “enormes y prolongadas”. El 89 por ciento de las pymes que han sido víctimas de un ciberataque han revelado que el 31 por ciento sufrieron daños en su marca. Por otro

El 31% de estas sociedades sufrió daños en su marca a través de estos ataques

El 75% de las pymes fue víctima de ataques destinados a una organización determinada

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lado, el 30 por ciento sufrió pérdida de clientes y, además, una reducción del 29 por ciento en su capacidad de generar nuevo negocio

Por otro lado, “enterrar la cabeza en la arena puede ahorrar dinero a corto plazo, pero el coste derivado de la piratería podría provocar desde simples incidencias hasta daño a la reputación, pérdida de datos de los clientes, multas y, en última instancia, el cierre de la empresa”, afirma el experto en negocios digitales y catedrático de Salford University, Alex Fenton.

R ecientemente muchas empresas han sido víctimas de ataques masivos a través de diferentes modalidades de ramsonware (WannaCry y Petya), por la que se han encriptado numerosos ficheros y datos de ordenadores perteneciente a múltiples usuarios y a corporaciones públicas y privadas. La ciberdelincuencia cada día impacta más en las empresas, y en los hogares, con las consecuencias que de ello se derivan para la actividad económica y nuestra vida cotidiana.

Javier Puyol, socio director de Puyol Abogados, recuerda que la ciberdelincuencia, lejos de decrecer va en aumento. “Se hace preciso, tal como señala Rafael Chelala, que las organizaciones mantengan, y aumenten, los presupuestos que destinan a la ciberseguridad”. En este sentido, apunta que la banca es el sector que más invierte en ella, seguido por las empresas de infraestructuras críticas, como la energía, las proveedoras de servicios de telecomunicaciones y las hidrológicas. “Sin embargo, suele dejarse de lado un detalle más sensible de lo que las organizaciones creen: la formación interna de los empleados, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas”, apunta.

De este modo, Puyol subraya que “muchas veces, las pymes consideran que no son el objetivo de los ciberataques porque su información es menos importante y su facturación está muy alejada de las cifras que manejan las grandes compañías”. Así el especialista destaca que “por ello, y precisamente por esto, al no tener los mismos recursos que un gran grupo, la formación de sus plantillas es mucho más limitada, y muchos ataques se dirigen a ellas”.

Javier Puyol recomienda tener los equipos y los sistemas operativos permanentemente actualizados, con la adopción de medidas elementales de seguridad, tales como: la instalación de los antivirus correspondientes en cada equipo, el cambio periódico de contraseñas de seguridad, la realización periódica de backup, y otras medidas de carácter análogo, que protejan a los equipos informáticos contra la gran mayoría de ataques que se puedan producir, que de hecho son, sin lugar a dudas, mucho más frecuentes de lo

GOBERNANZA

que se cree por lo general. “Pero ello, no obstante, si bien ha demostrado la conveniencia de estas medidas, es evidente que las mismas son insuficientes ante el auge que está demostrando la actividad de los ciberdelincuentes”, apostilla.

En palabras del CEO de ConnectOne Bank, Frank Sorrentino, “al igual que un simulacro de incendio, tener un plan de acción para responder a un ciberincidente es crucial. Y aún más importante, debe ser practicado para que todos sus empleados sepan exactamente qué hacer en caso de que suceda”.

Aquellos que puedan permitirse contratar a profesionales, deben hacerlo, ya que así ayudan a las pymes a proteger sus datos y su reputación online. Los paquetes de protección pueden ayudar a aliviar las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas sobre las ciberamenazas y ofrecer soluciones en caso de incumplimiento.

265 Son los millones de euros que suponen el coste total de los ciberataques a empresas en 2016

Los consejos de administración de las grandes sociedades reconocen su preocupación por el aumento de los ataques tecnológicos, o ciberataques, a las empresas tras el virus ‘Wannacry’ que sufrieron varias compañías hace unas semanas. “Son riesgos diferentes a los que estamos acostumbrados a medir y para combatirlo necesitamos nuevos perfiles en los consejos y dotar de formación a la alta dirección”, señala Carmen Gómez de Barreda, consejera y presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Red Eléctrica de España. Gómez de Barreda ha participado en el VIII

Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos. La consejera de Red Eléctrica subraya, sin embargo, que “España está muy avanzada en temas de gobierno corporativo”, aunque confiesa que “los consejeros estamos preocupados con estos nuevos riegos fruto de la globalización y la transparencia”. Por su parte, Álvaro Botella, secretario general y del consejo de administración de Correos, coincide con Gómez de Barreda y destaca que “estos nuevos problemas de los consejos de administración españoles se reproducen más allá de las fronteras”.

Las grandes compañías ya reconocen su preocupación

GETTY


ALCARAZ APUESTA POR LA TRANSPARENCIADIRIGIR A DIRECTIVOS

El nuevo presidente de la Asociación Española de Directivos (AED) asegura que trabajará para mejorar el reconocimiento de la profesión de los directivos en la sociedad y pide a estos profesionales “compromiso con grupos de interés y trabajo en equipo”

IGNACIO FAES

El nuevo presidente de la Asociación Española de Directivos (AED), Juan Alcaraz, ha subrayado durante su

toma de posesión la importancia de promover el valor directivo para la sociedad y ha apelado al conjunto de los directivos “para que el modelo de empresa y de directivo se base en los principios de transparencia, ética, trabajo en equipo, compromiso y calidad en el servicio”. En su opinión, “solo las empresas y directivos transparentes y comprometidos con sus stakeholders lograrán los objetivos establecidos”.

Para el nuevo presidente de la asociación, “la AED debe ser un punto de apoyo fundamental al servicio de todos los directivos, ofreciéndoles un espacio en el que compartir y aprender de forma colaborativa”. En este sentido, para Juan Alcaraz, “el buen directivo debe tener una actitud abierta al aprendizaje y ser lo suficientemente modesto para aprender de los demás. Porque sabe que dirigir no es mandar, sino dar ejemplo y hacer que los demás crezcan a nuestro lado liberando talento”.

Precisamente, ha concluido Alcaraz, “el modelo de directivo que promovemos en CaixaBank se implica en un diálogo continuo

con los miembros de su equipo, porque es clave promover la manifestación de opiniones distintas y generar espíritu de iniciativa”.

Alcaraz también ha tenido unas palabras de reconocimiento para su antecesor, Pau Herrera: “Quisiera subrayar los destacables hitos logrados por Pau Herrera en los últimos seis años de presidencia de la AED, que han contribuido de forma notable al avance de la Asociación”.

La consolidación y el aumento de la presencia de la asociación en todo el territorio español, la mejora del reconocimiento de la profesión de los directivos y la involucración de este colectivo

EL GOBIERNO CORPORATIVO, EN CÓDIGOS

Ramón y Cajal Abogados ha elaborado dos nuevos códigos para la colección Códigos Electrónicos.

De este modo, la firma colabora con el Boletín Oficial del Estado (BOE), dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la firma. Se ha desarrollado con carácter pro bono, no teniendo ningún coste para la ciudadanía.

Con esta colección, puesta en marcha hace dos años, el BOE pone a disposición los ciudadanos los códigos relativos no sólo a las principales áreas del Derecho, sino también a materias especializadas que tienen un gran interés sectorial. Todos ellos se mantienen actualizados permanentemente y se pueden descargar de manera gratuita en formato pdf o epub a través de la página web de este organismo o adquirir en soporte papel también completamente actualizados.

El proyecto de colaboración, que ha estado coordinado por Rafael Mateu de Ros y Ramón Fernández-Aceytuno, por parte de Ramón y Cajal Abogados, y por Manuel Tuero, por parte del Boletín Oficial del Estado, se ha materializado en la publicación del Código de Gobierno Corporativo, dirigido y coordinado por María Ángeles Alcalá, of counsel del despacho.

RAMÓN Y CAJAL

en la agenda social, serán las prioridades de actuación de la nueva Junta Directiva que preside Alcaraz y que cuenta con Xavier Brossa -actual consejero de Abertis, exsocio responsable de PwC Barcelona- y Javier Mira -director general de Mutua Madrileña- como vicepresidentes, Jordi Morral -consejero delegado de Europastry- como tesorero y José Nicolás de Salas -socio director de Ceca Magán Abogados- como secretario general.

El nuevo reglamento de la Asociación Española de Directivos amplía de tres a cuatro años la duración de todos los cargos de la Junta Directiva.

EE

GOBERNANZA


Un informe constata que las mayoría de compañías desconoce o incumple los deberes en materia de publicidad activa que impone la Ley como consecuencia de la recepción de ayudas o subvenciones

Como punto de partida, debe subrayarse el desconocimiento que hay del hecho de que muchas empresas son sujetos obligados de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es decir, que según lo establecido en la norma, le son exigibles el

cumplimiento de una serie de deberes en relación con la publicación de información institucional y de carácter económico y presupuestario.

El artículo 3.2 de la Ley determina que son sujetos obligados las entidades privadas que perciban, durante el período de un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales tengan el mismo origen, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

“Utilizar el segundo criterio es mucho más complicado porque necesitaríamos los informes de cada una de las empresas, con lo cual, de acuerdo con la información disponible, elaboramos el estudio en base al primer criterio: empresas que reciben más de 100.000 euros durante un año”, explica César Cruz, autor del informe Ley de Transparencia y grandes empresas en España, que analiza la implementación de la norma en el sector privado durante los años 2016 y 2017.

El documento, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, refleja que el nivel de conocimiento y cumplimiento de la norma en el sector privado es francamente mejorable. En muchos casos, no obstante, no se debe a que exista voluntad de esconder la información, puesto que las compañías tienen publicados datos institucionales o económicos, sólo que no concuerda con lo que exige la ley o resulta incompleta.

Cruz también señala que la deficiente técnica legislativa empleada en la redacción de la Ley 19/2013, pensada en un comienzo únicamente para el sector público, tampoco ayuda a facilitar el cumplimiento por parte de las entidades privadas. La ausencia de sanciones en caso de incumplimiento y las limitaciones con las que debe trabajar el Consejo de Transparencia también suponen un lastre para dicho objetivo.

De las 67 empresas obligadas, sólo 2 cumplieron El informe analiza un conjunto de 67 empresas cotizadas durante los años 2016 y 2017. Al ofrecer la Ley de Transparencia un criterio temporal –las ayudas percibida durante el año anterior–, el número de sujetos obligados identificados fluctúa: en el primer año fueron 19 y, en el segundo, 25; el 28 por ciento y el 37 por ciento, respectivamente.

PEDRO DEL ROSAL

LAS EMPRESAS INCUMPLEN SUS DEBERES DE TRANSPARENCIA

GOBERNANZA

GETTY


Obligaciones de publicidad activaCumplimiento de la Ley de Transparencia en el sector privado

EMPRESAS EVALUADASEN 2016

EMPRESAS EVALUADASEN 2017

Sujetos obligados (empresas)

Obligadascumplidoras

1%

Obligadasno cumplidoras

27%

No obligadasque cumplen2%

No obligadasque no cumplen70%

Cumplen la Ley

No cumplen la Ley

Total

SUJETOOBLIGADO

1

18

19 (28%)

SUJETONO OBLIGADO

1

47

48 (72%)

TOTAL

2 (3%)

65 (97%)

67 (100%)

Cumplen la Ley

No cumplen la Ley

Total

SUJETOOBLIGADO

2

23

25 (37%)

SUJETONO OBLIGADO

0

42

42 (63%)

TOTAL

2 (3%)

65 (97%)

67 (100%)

Fuente: Transparencia Internacional. elEconomista

Sujetos obligados (empresas)

Obligadascumplidoras

3%

Obligadasno cumplidoras

34%

No obligadasque cumplen63%

No obligadasque no cumplen0

1

1

2

18

47

42 23

2016 2017

En relación al nivel de cumplimiento, en 2016 sólo dos empresas cumplieron con los requisitos de la Ley. Una de ellas se encontraba obligada de acuerdo con el artículo 3.2; mientras que la otra, al no haber superado los 100.000 euros en ayudas recibidas en 2015, lo hizo de manera voluntaria.

En 2017, por su parte, sólo dos de las 25 obligadas cumplieron con las exigencias de la norma.

Dentro del grupo de empresas seleccionadas, para identificar aquéllas que debían cumplir los requerimientos de la Ley, Transparencia Internacional acudió al Portal del Sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones, puesto en marcha en su versión actual en enero de 2016.

En la determinación del montante anual recibido, la investigación no ha distinguido entre tipos de ayudas o subvenciones concedidas.

Uno de los elementos que destaca el informe es la discontinuidad en el tiempo de la obligación, al depender de las subvenciones recibidas el año anterior. En este sentido, de las 67 empresas seleccionadas, 12 tuvieron durante los dos años anteriores ayudas por encima de los 100.000 euros.

“La discontinuidad es un problema”, subraya Cruz, que señala que el Reglamento de desarrollo de la Ley es una oportunidad para fijar algún sistema que haga permanentes las obligaciones de publicidad, puesto que lo contrario puede producir confusión o una laxa observancia.

Junto con el desconocimiento del contenido de la norma y la problemática de la discontinuidad de la obligación, el informe también pone de manifiesto

la escasa relevancia que el sector público concede a la Ley 19/2013 y la problemática asociada a la falta de un desarrollo reglamentario –confusión terminológica, indeterminación sobre cómo debe presentarse la información, etc.–. Otro de las cuestiones que se apunta que requerirían ser abordadas es la aprobación de una normativa que aborde la diversidad empresarial.

Recomendaciones Ante los datos, Transparencia Internacional plantea cuatro recomendaciones. En primer lugar, la publicación de un listado-repositorio sobre los sujetos obligados en materia de publicidad activa. Asimismo, que el Reglamento de la Ley de Transparencia desgrane cómo cumplir las exigencias de la norma.

En tercer lugar, la ONG ve necesario que el Gobierno desarrolle, junto con el Consejo de Transparencia, y con la participación de la patronal y la sociedad civil, una guía práctica para que las empresas puedan dar cumplimiento a la Ley. Finalmente, el informe reclama que se modifique la norma para “ganar en continuidad”, evitando que haya empresas que se vean obligadas un año sí y un año no.

Por último, el documento recoge algunas recomendaciones hechas anónimamente por parte de los miembros de las empresas entrevistados. Entre ellas destaca el desarrollo de una ley o una normativa de transparencia específica para el sector privado, o el establecimiento de un sistema de validaciones o una certificación para acreditar su cumplimiento.

Uno de las circunstancias que destaca el informe es que existe voluntad de las empresas de publicar información, aunque mal enfocada. De hecho, un 25 por ciento de las compañías seleccionadas llevan a cabo acciones de transparencia en distintos frentes y áreas de trabajo. En este sentido, el documento detalla las características de la información que se publica actualmente. ■ Institucional Las 67 empresas evaluadas publica información institucional y organizativa. Sin embargo, ésta difiere mucho en cuanto a calidad y especificidad. ■ Contratos y convenios Sólo dos de las 67 empresas ofrecen información sobre si tienen contratos con la Administración. El mismo número publica la información sobre si había suscrito convenios. ■ Subvenciones y ayudas Del total de empresas analizadas, sólo da publicidad a sus ayudas o subvenciones. ■ Cuentas y retribuciones Finalmente, de las 67, 63 presentaba información sobre sus cuentas anuales. El mismo número rendía cuentas sobre sus retribuciones e indemnizaciones. Por último, 32 compañías publica sus auditorías de cuentas y control de riesgos.

¿Qué información se está publicando?

GOBERNANZA

Buen Gobierno20 elEconomistaOPINIÓN

La importancia del soporte digital

En el caso de personas individuales, el objetivo

es determinar si se ha cometido el delito

eludiendo los modelos de organización y de

prevención. También se toma en cuenta si el

órgano de control no ha producido una omisión o ejercicio insuficiente

Joao Claro

Director comercial de eShare España y Portugal La Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de

las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la ley orgánica 1/2015 de la Fiscalía General del Estado establece instrucciones generales para valorar la eficacia de

los planes de compliance en las empresas. La aplicación de las mismas puede ser un eximente de la responsabilidad penal de los administradores. Abordamos un análisis de dichos requisitos y de los soportes ideales para llevarlos a cabo. El aspecto más novedoso de la reforma de 2015 es la regulación de los programas de cumplimiento normativo o compliance guides. Se recoge, entre otras medidas, que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos o para reducir el riesgo. En el caso de personas individuales, el objetivo es determinar si se ha cometido el delito eludiendo los modelos de organización y de prevención. Por último, también se toma en cuenta si el órgano de control no ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión y vigilancia.

El legislador da algunas pistas sobre los modelos de organización y gestión que podrían asegurar la que dicha

supervisión ha sido ejercida. La norma recoge que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos (…) o para reducir (…) el riesgo de su comisión”. En este sentido, el programa de compliance debe cumplir los siguientes requisitos:

Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Establecer los procedimientos que concreten el proceso de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas.

Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos.

Imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención.

Establecer un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

Realizar una verificación del modelo y de su eventual modificación.

La primera condición que el legislador impone al órgano de administración es que éste haya “adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de


organización y gestión” que contengan medidas de vigilancia y control. Los requisitos de tales modelos se recogen en el apartado 5 del art. 31 bis., que establece que los programas deben ser claros, precisos y eficaces, además de estar redactados por escrito. La Ley establece que no basta la existencia de un programa de compliance, sino que los modelos de organización y gestión deben estar adaptados a la empresa concreta y a sus riesgos.

¿Cuál es el mejor soporte para diseñar el programa de compliance que responda a estos requisitos? El legislador también nos da una pista cuando dice que “en las empresas de cierto tamaño, es importante la existencia de aplicaciones informáticas que controlen con la máxima exhaustividad los procesos internos de negocio de la empresa. En general, pues depende del tamaño de la empresa, ningún programa de compliance puede considerarse efectivo si la aplicación central de la compañía no es mínimamente robusta y ha sido debidamente auditada”. Redactar y aplicar un programa de compliance a través de medios manuales, basados en documentación física, es posible. Sin embargo, su robustez, es decir, su efectividad como instrumento de transparencia y control documental, difícilmente podrá ser la misma que cuando el programa está soportado por una solución tecnológica que permite automatizar los procesos y conservar las pruebas documentales. Las soluciones de software de cumplimiento normativo deben estar diseñadas de manera que faciliten el trabajo basado en la documentación compartida y la transparencia en la información en el Consejo de Administración. Deben comprender las herramientas necesarias para el cumplimiento de los criterios de buen gobierno,

incluyendo el reporte y grabación del proceso de toma de decisiones.

En este sentido, detectamos hay cuatro pasos críticos: Reuniones: con instrumentos para la transparencia y

colaboración eficaz entre los miembros del Consejo de Administración, que les permiten disponer de toda la información en el mismo momento.

Conocimiento: por una parte, el grupo trabaja siempre sobre la última versión del mismo documento; además, la gestión de los permisos de descarga y modificación permite que cada miembro accede solo a la información que necesita.

Acciones: con instrumentos para la definición de tareas, su seguimiento y el control de lo realizado por cada miembro. Entre una reunión y otra se puede observar el progreso en las tareas y se incrementa la efectividad en su seguimiento.

Control de riesgos: una herramienta de gestión de riesgos que posibilite el análisis y prevención de problemas adaptados a las características de cada compañía es muy necesaria para prevenir problemas. Es interesante que la misma esté integrada en la información disponible en las reuniones para que se disponga de toda la información sobre riesgos y controles.

Podemos concluir que la herramienta así concebida responde a los requisitos de la reforma del Código Penal, que introduce como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica la existencia de un programa de cumplimiento normativo que conlleve una reducción del riesgo de comisión de delitos. No cabe olvidar que la información recogida por el software puede constituir un apoyo legal para demostrar el cumplimiento normativo de la legislación relacionada con la transparencia y buen gobierno empresarial.

La herramienta responde a los requisitos de la reforma del Código Penal, que introduce como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica la existencia de un programa de cumplimiento

Joao Claro

Director comercial eShare España y Portugal


El anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), de aprobarse tal y como se dispone su redacción original, consagra la posibilidad de que puedan presentarse denuncias anónimas a través de los canales de denuncia internos de las empresas -o mecanismos de

whistleblowing-. El artículo 17 del texto, que regula los sistemas de información de

denuncias internas en el sector privado, determina que “será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable”.

La opción de que a través de los canales internos se pudieran realizar

PEDRO DEL ROSAL

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos pone fin a una de las cuestiones más polémicas del ‘compliance’ y apuesta por la posibilidad del anonimato en las comunicaciones. La Agencia Española de Protección de Datos se había pronunciado en contra para no poner en riesgo la integridad y la exactitud de la información transmitida

CUMPLIMIENTO

ISTOCK

denuncias anónimas, más allá de la confidencialidad de los datos del denunciante, ha sido una de las cuestiones más controvertidas en la implantación de los sistemas de gestión de compliance, ofreciéndose criterios contradictorios por parte de los tribunales y las autoridades de protección de datos.

La problemática es clara. Por un lado, la obligación de identificarse -aunque se garantice la confidencialidad de la identidad- puede frenar a muchos denunciantes a comunicar los ilícitos o los incumplimientos de los que tengan conocimiento, lo cual mermaría la efectividad del canal de denuncias.

Por otro, la denuncia anónima libera de toda responsabilidad al denunciante, dejándole amplio margen para que comunique hechos falsos, inexactos o con los que pretende perjudicar a un tercero.

LAS DENUNCIAS DEL CANAL INTERNO PODRÁN SER ANÓNIMAS

23 Buen GobiernoelEconomistaCUMPLIMIENTO

Además, prohibir la investigación de denuncias anónimas puede tener el efecto perverso de que sea el propio infractor quien la utilice para blindarse ante una posible investigación.

Un elemento fundamental del ‘compliance’ El artículo 31 bis del Código Penal exige que los programas de compliance impongan “la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”. Los canales de denuncia se configuran así en un requisito fundamental para apreciar la efectividad del modelo.

La polémica en relación con la posibilidad de que las denuncias sean anónimas proviene del Informe Jurídico 128/2007 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, tras analizar la creación de sistemas de denuncias internas, determinó que lo que debería es garantizarse “el tratamiento confidencial de las denuncias presentadas [...] de forma que se evite la existencia de denuncias anónimas, garantizándose así la exactitud e integridad de la información contenida en dichos sistemas”. La confidencialidad podría asegurarse impidiendo que el denunciado accediera a los datos identificativos del denunciante.

La AEPD se mostraba de esta manera más restrictiva que el Grupo de Trabajo del Artículo 29 -que reúne a las autoridades de privacidad de los Estados miembros y de la UE-, que en su Dictamen 1/2006 se había manifestado a favor de poder realizar denuncias anónimas, pero siempre que se estableciera esta opción como una medida excepcional a la regla ordinaria. Asimismo, subrayó que el canal de denuncias debía configurarse siguiendo la máxima de no fomentar la presentación de informes anónimos mediante medidas tales como informar al denunciante de que no sufrirá represalias y que su identidad se mantendrá confidencial.

Más recientemente, la norma UNE 19601 de la Asociación Española de Normalización, que contiene los criterios y exigencias para que los sistemas de compliance puedan ser certificados, admitía también la opción de que las denuncias o comunicaciones que se hagan a través de los procedimientos que implante la organización para tener conocimiento de irregularidades o incumplimientos sean anónimas. La UNE, además, requiere que se asegure la investigación de todas las comunicaciones recibidas y se adopten las medidas adecuadas en caso de que se verifique su contenido.

El artículo 17 del anteproyecto de LOPD exige, asimismo, que se informe a los empleados y a terceros de la existencia de los canales internos. El acceso

a los datos contenidos en el mismo quedará limitado exclusivamente al personal que lleva a cabo las funciones de “control interno y de cumplimiento y, sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos”.

La futura norma también impone a la organización el deber de preservar la identidad y garantizar la confidencialidad del denunciante -cuando éste no realice la comunicación de forma anónima-.

Los datos del denunciante y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema únicamente el tiempo imprescindible para la averiguación de los hechos denunciados, imponiéndose un límite máximo de tres meses desde su introducción en el sistema para procederse a su supresión. Si fuera necesaria su conservación para continuar la investigación podrán seguir siendo tratados, “pero en un entorno distinto”.

ISTOCK

Obligar a la identificación puede mermar la eficacia

de los canales de denuncia


“Se avanza enormemente en la calidad de la regulación interna y en la eficacia del modelo de control”

‘Of counsel’ en Ramón y Cajal Abogados. Profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Exdirectora general de los Registros y el Notariado


En la actualidad ejerce como of counsel de Ramón y Cajal Abogados, despacho con el que acaba de publicar un Código de Gobierno Corporativo, dirigido y coordinado por ella y elaborado en una actividad pro bono para el Boletín Oficial del Estado (BOE). María Ángeles Alcalá es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que ha desempeñado diversos cargos, como directora del Centro de Información y Promoción del Empleo, vicerrectora de Estudiantes o secretaria general. Durante tres años ha sido directora general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, cargo en el que ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito del Derecho privado. ¿Qué supone la elaboración del Código de Gobierno Corporativo para el BOE en una actividad ‘pro bono’? Los dos Códigos que hemos elaborado en Ramón y Cajal para el BOE relativos a Gobierno Corporativo y Cumplimiento normativo de las Entidades de Crédito son el resultado de una estrecha colaboración con la institución, dentro del perfil de la Agencia como un servicio público. Ayudar a la sistematización de las normas jurídicas, a facilitar su comprensión o a tener una visión global de instituciones jurídicas muy complejas son objetivos del

CUMPLIMIENTO

MARÍA ÁNGELES ALCALÁ

PEPO GARCÍA


BOE a los que el despacho ha querido contribuir. La experiencia ha sido tan grata y fructífera que se va a mantener en el futuro con nuevas publicaciones. ¿Con las nuevas exigencias y tipologías normativas, hasta dónde llega la labor supervisora del consejo de administración? Esta es una pregunta para la que no hay una única respuesta, ni siquiera probablemente una respuesta general. Todo va a depender de la estructura accionarial, de la propia cultura empresarial o de la implementación por la sociedad de instrumentos eficaces de control sobre la gestión societaria. Las últimas reformas legales, especialmente en relación con la sociedad cotizada, han ido encaminadas a delimitar con claridad y, en su caso, a reforzar la labor supervisora del consejo de administración sobre los ejecutivos de la compañía. Se está avanzando enormemente en la calidad de la regulación interna y también en la eficacia del modelo de control, pero todo es mejorable y los estándares internacionales cada día son más exigentes. Todavía quedan muchas cosas por hacer en los instrumentos de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y en especial en esa función de supervisión y control del consejo de administración. ¿Cree que está cerrada la normativa sobre sociedades de capital o asistiremos a la promulgación de nuevas leyes en los próximos años? No me atrevo a hacer predicciones especialmente después de que la normativa sobre sociedades de capital haya sido objeto de numerosas y sustanciales reformas entre 2011 y 2015. En mi opinión han sido demasiadas reformas en poco tiempo, quizá de forma un poco apresurada y poco coordinada. La que más importancia ha tenido en materia de gobierno corporativo ha sido la gran reforma de 2014, que sin negar su enorme transcendencia, también presenta cuestiones dudosas. Por otro lado, en el CUBG de 2015 se han incorporado recomendaciones de gran interés, así como en la Guía Técnica sobre las Comisiones de Auditoría de la CNMV este mismo mes de julio, o los nuevos principios de gobierno corporativo de la OCDE. No descarto nuevas reformas que introduzcan mejoras técnicas, conviertan las recomendaciones en leyes o incorporen los nuevos estándares internacionales. La normativa es muy ambigua. ¿No es extraño que sobre el deber de lealtad de los administradores, sea obligatorio adoptar medidas que les prevengan de incurrir en conflictos de interés, pero otras prohibiciones

puedan ser susceptibles de dispensa por acuerdo de la Junta General, incluso si se refieren a comportamientos cercanos a algunos delitos? En la normativa societaria se ha avanzado mucho en los últimos años y se han ido incorporando sistemas de control sobre administradores y, particularmente, instrumentos preventivos y sancionadores de los conflictos de interés. Los escándalos empresariales conocidos parecen indicar que las normas no son suficientes o que dejan sin control efectivo la actuación de los gestores, incluso, quedando exentos de responsabilidad cuando cuentan con un acuerdo de dispensa de la junta general. Aunque las normas siempre son mejorables, los gestores toman sus decisiones y si han sido negligentes o desleales o han cometido un delito, el respaldo de la junta no va a impedir que los socios minoritarios interpongan acciones de responsabilidad civil o que intervenga la fiscalía cuando su comportamiento es constitutivo de delito. ¿La comisión de Cumplimiento es una herramienta para mejorar la conducta de las personas o una herramienta para su control? Pues yo creo que sirve para las dos cosas. En las organizaciones de cualquier tipo la existencia de un órgano encargado de verificar el cumplimiento de las normas legales es un elemento de control que incentiva dicho cumplimiento. Como a veces pasa con nuestro comportamiento como ciudadanos, si nos sentimos observados probablemente seamos más cumplidores con las normas, pues con las organizaciones pasa un poco lo mismo, de forma que prever un sistema de controles internos puede ser un instrumento de mejora del funcionamiento de la propia organización y del comportamiento de las personas que se integran en ella. Cuando las facultades de gestión en la empresa recaen en un consejo de administración, ¿el hecho de que todos sus miembros también desarrollen actividades ejecutivas deviene un factor de riesgo en las decisiones de ‘Compliance’? ¿Hasta qué punto es importante la independencia del ‘Compliance Officer’? Son dos preguntas conectadas y que tienen todo el sentido. En esta materia hay que saber encontrar un equilibrio entre la independencia en el cumplimiento de las funciones y un conocimiento profundo de la compañía. Además, en sociedades de pequeñas dimensiones no siempre va a ser fácil separar completamente la composición del órgano de gestión con la función de Compliance. Por ello en muchos casos resulta imprescindible contar con asesoría externa en esta función de control.

CUMPLIMIENTO

PEPO GARCÍA

“Los dos Códigos elaborados son una estrecha

colaboración con el BOE”

“Los estándares internacionales son cada día mucho más exigentes”

“No descarto nuevas reformas que introduzcan

mejoras técnicas”


corporativo y ‘compliance’ están cambiando la forma de gestionar las empresas, en especial, las más grandes? No puede negarse que, como he dicho antes, ambos aspectos han mejorado los sistemas internos y organizativos de las empresas en la línea de integrar una cultura de cumplimiento de la norma, así como de generar mecanismos de control sobre la gestión societaria. Tampoco puede dudarse de que externamente hoy contamos con instrumentos de transparencia de información relevante, financiera y no financiera, fundamental para el buen funcionamiento de los mercados de capitales y para la toma de decisiones de los inversores. Todo ello son mejoras que se han implementado en los últimos años y que no son nada desdeñables, al menos en un plano formal. Hace poco la gran filósofa doña Adela Cortina, catedrática de Ética, decía algo así como que estamos viviendo un momento en que la ética está siendo sustituida por la cosmética. Y en relación con lo que pregunta, hemos avanzado mucho en los aspectos estéticos y me refiero a exigencias de publicidad, informes, comisiones, etc., pero ahora hay que verificar si ello ha contribuido de verdad a grandes avances en una gestión ética de la empresa. Yo soy optimista y creo absolutamente que las mejoras son importantes, pero conviene ser consciente de que lo esencial es esa cultura de la gestión ética y del cumplimiento de la norma. ¿En qué medida considera que puede y debe mejorarse en el corto plazo la legislación orientada a las pymes? Es cierto que las grandes reformas se han centrado en las sociedades cotizadas, aunque sabemos que son las pequeñas y medianas empresas las que sustentan el tejido económico y son las que crean puestos de trabajo y las que en buena medida han sufrido los efectos de la crisis económica. Algo se avanzó con medidas como la Ley de Fomento de la Financiación empresarial de 2015 con la que se pretendió formas de financiación no bancarias, ante la contracción del crédito, la Ley de apoyo al emprendedor o las medidas favorecedoras de su internacionalización. Todas son medidas interesantes, pero se ha demostrado que algunas no son demasiado eficaces. Creo que más que reformas parciales, y a veces sin coordinación, hace falta un plan integral, coherente que incluya la simplificación en la creación de empresas, el abaratamiento de costes, el apoyo a la creación de empleo, que facilite la financiación y, algo muy importante, que ayude y mejore todo lo relativo a investigación, innovación y desarrollo, en mi opinión, el punto más débil de la empresa en España.

¿Es preciso atender a las responsabilidades personales para que los verdaderos protagonistas no escapen sin consecuencia alguna? Por supuesto que las responsabilidades personales de los cargos empresariales que cometen un delito no pueden quedar amparadas en la responsabilidad penal o civil de las sociedades. Como decía antes, que la junta general dispense de una prohibición o autorice una operación que puede ser constitutiva de delito o dar lugar a daños, no sirve como eximente de responsabilidad civil o penal de los administradores. Por otro lado, la previsión de sistemas internos que eviten la comisión de delitos, como pueden ser los programas de cumplimiento normativo, son instrumentos eficaces de carácter organizativo-funcional de las sociedades, pero no sirven de parapeto ni de salvaguarda para las personas que individualmente actúan de forma ilegal o directamente delictiva. ¿En qué medida las reformas legislativas experimentadas en gobierno

GETTY

“Los escándalos empresariales

muestran que las normas no son

suficientes”

“La responsabilidad de la sociedad

no puede amparar la de la persona

física”


Transparencia Internacional (TI) ha presentado su Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción, una herramienta con la que las empresas podrán

evaluar la calidad de sus sistemas de compliance, así como sus estándares de transparencia, integridad y buenas prácticas. El documento, que puede descargarse gratuitamente desde la web del Proyecto Integridad -www.integridad.org.es-, contiene más de 270 ítems a través de los cuales la organización puede examinar sus políticas en cuatro áreas clave: el cumplimiento normativo, el gobierno corporativo, la prevención de la corrupción y el reporting público país por país.

Tras el verano, la ONG confía en poder sacar una app que agilice la evaluación y que, además, permita crear automáticamente el informe de autodiagnóstico, que permitirá a la organización trasladar a sus socios, inversores o consumidores su compromiso con la cultura de la integridad.

El destinatario principal de la Guía son empresas españolas cotizadas por su carácter “relativamente homogéneo en cuanto a su perfil empresarial, fruto de su capitalización bursátil y de su similar volumen de facturación y de negocios, así como su representativa presencia internacional, su número semejante de trabajadores y, finalmente, análogas obligaciones” en las materias analizadas. No obstante, su utilización también puede resultar valiosa para las empresas no cotizadas, así como las pequeñas y medianas.

“Es un primer punto de partida para que las empresas puedan fortalecer estas áreas y, además, mantener una

comunicación veraz, eficiente y útil con sus grupos de interés, creando una verdadera confianza entre las partes”, subraya David Martínez, investigador del Proyecto Integridad de TI-España y coautor de la guía.

“En Estados Unidos impera la idea de que ‘todo lo que se mide, mejora y lo que no se mide no mejora’. En España, sin

CUMPLIMIENTO

Transparencia Internacional pone a disposición de las empresas una herramienta gratuita a través de la cual podrán medir la calidad de sus sistemas de cumplimiento y prevención de delitos y la corrupción. El informe de autodiagnóstico será un instrumento para dar confianza a inversores y consumidores

PEDRO DEL ROSAL

GUÍA PARA EVALUAR EL ‘COMPLIANCE’

embargo, no medimos. Somos más de decir ‘más o menos’”, asevera, por su parte, Antonio Garrigues Walker, presidente de la fundación Garrigues y fundador de TI-España.

La UNE 19601 exige indicadores medibles La disposición 9.1.6 de la UNE 19601 -sobre certificación de los sistemas de gestión del compliance- establece que las organizaciones deben desarrollar un conjunto de indicadores medibles para evaluar sus sistemas de cumplimento. Y, precisamente, a esa necesidad responde la Guía. Dentro de las cuatro áreas evaluadas, se establecen tres niveles de cumplimiento: moderado, medio y máximo. Los parámetros evaluados corresponden a exigencias legales, indicadores de cumplimiento voluntario -cuyo origen se encuentra en el soft-law- y recomendaciones de Transparencia Internacional.

Según los autores de la herramienta, la clasificación obtenida permitirá a la empresa dos grandes avances. Por un lado, le dará un conocimiento “claro y preciso” sobre la calidad de su nivel de prevención de la corrupción, compliance y buen gobierno corporativo. Por otro, alimenta la autoevaluación y permite hacer patentes sus avances y progresos.

“Va a potenciar la creación de valor a las empresas a través de la protección de la competencia leal, los inversores y los consumidores”, incide Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y coautora del manual.

La Guía, no obstante, no es equiparable ni sustituye a un programa de compliance ni puede tener la consideración de un examen de idoneidad. Más bien se trata de una herramienta cualificada de autoevaluación y reporting.

EE


¿Para cuándo una regulación de la actividad de ‘compliance’?

Para transferir la responsabilidad a la

persona jurídica deben haberse incumplido

gravemente los deberes de supervisión,

vigilancia y control, lo que deja fuera del

ámbito penal los incumplimientos de

escasa entidad

Miguel Ángel Rodríguez-Sahagún

Presidente del comité de cumplimiento de Grupo Norte. Socio

de Sahagún & Viciana AbogadosLa modificación del Código Penal, operada mediante

Ley Orgánica 1/2015 que reformó la anterior Ley Orgánica 5/2010, introdujo la figura del “debido control” y la exención de la responsabilidad de la persona jurídica -sujeto al cumplimiento de ciertas

circunstancias-, en mi opinión, ambos conceptos insuficientemente regulados por el legislador. La realidad es que con la reforma del Código Penal de 2015 se ha modificado el artículo 31.bis, se reforma parcialmente el artículo 66.bis y se introducen los artículos 31.ter, 31 quater y 31 quinquies. La citada modificación del Código Penal del año 2015 hizo inevitable la Circular de la Fiscalía General del Estado nº 1/2016, de 22 de enero que, en palabras de la propia Fiscalía, “ante las dudas que ha suscitado la regulación”, estableció numerosos criterios de interpretación sobre los denominados “modelos de organización y gestión” de las empresas, cuya observancia permitirá exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Desde entonces, se ha escrito mucho sobre este asunto. Los Tribunales cada vez más atribuyen la responsabilidad penal de las compañías, especialmente -pero no en exclusiva- en el seno de los partidos políticos. Algunos casos recientes y considerados mediáticos en la Audiencia Nacional han decretado, o bien la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica por haber acreditado fehacientemente la “eficacia de su modelo de organización y gestión” con anterioridad a la comisión del delito,

o bien se ha considerado como atenuante la acreditación de haber implementado un modelo de organización y gestión con anterioridad a la celebración del juicio oral. Simplificando al máximo, algunas de las recomendaciones de la Fiscalía son las siguientes:

La Circular aclara que para transferir la responsabilidad a la persona jurídica deben haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control, lo que deja fuera del ámbito penal los incumplimientos de escasa entidad. La Fiscalía sugiere que, como criterio interpretativo y con las necesarias adaptaciones, se acuda a la norma que regula el control interno de las Sociedades Gestoras de Inversión Colectiva y Sociedades de Inversión, Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Los programas deben ser claros, precisos, redactados por escrito y adaptados al tipo de empresa. Se deben identificar y evaluar los riesgos potenciales -mapa de riesgos-, considerando la actividad concreta de la empresa. El canal de denuncias debe contar con una regulación protectora del denunciante, facilitando la confidencialidad sin riesgo a sufrir represalias. El modelo debe ser verificado periódicamente.

El órgano de control no debe ejecutar todas las tareas que configuran la función de cumplimiento normativo, que pueden ser desarrolladas por otros órganos o áreas funcionales de la empresa, lo esencial es que haya un órgano supervisor del


funcionamiento general del modelo y que al menos todos sus miembros no sean simultáneamente administradores.

Las actividades de cumplimiento pueden ser encargadas a un asesor externo, que deberá ocuparse de la formación de directivos y empleados. Respecto al canal de denuncias, se sugiere que su externalización garantiza un mayor nivel de independencia y confidencialidad. Lo relevante es la implicación de los administradores y de los directivos de la compañía como verdadera expresión de la cultura de cumplimiento en la empresa. Las certificaciones de evaluadores pueden apreciarse como un elemento adicional de la observancia en el cumplimiento de las obligaciones, pero no acreditan la eficacia del sistema.

La mayoría de los criterios anteriores no se deducen de forma nítida en la reforma operada en el Código Penal, y en relación con las sociedades no cotizadas o no sujetas a regulación específica no hay otra normativa concreta de aplicación en España. Esto implica, irremediablemente, un cierto espacio de inseguridad jurídica para la empresa. Otras jurisdicciones, particularmente las latinoamericanas, están profundizando algo más en este campo. Así, por ejemplo, la Ley 1778/2016 y el Decreto 1023/2016 en Colombia han emitido guías específicas destinadas a poner en marcha los denominados Programas de Ética Empresarial desde el organismo de la Superintendencia de Sociedades (2016) para evitar prácticas de prevención anti-soborno. La Ley 30424/2016 del Congreso de la República de Perú y el Decreto Legislativo 1352/2017 contienen una mayor regulación que la española del Código Penal. En esta jurisdicción, está prevista la publicación de un Reglamento de desarrollo a propuesta del Ministerio de la Producción con el refrendo de los Ministerios de Economía y Finanzas, y Justicia y Recursos Humanos. Por su parte, en la jurisdicción de Chile,

la Ley 20393/2009 y la Ley 20931/206, regulan de forma amplia el contenido del Modelo de Prevención de Delitos, las consecuencias de la declaración de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y normas concretas procesales sobre la investigación del proceso penal.

En nuestro país, por ahora sólo disponemos de la Circular de la Fiscalía General del Estado que, siendo estimable en cuanto a su contenido, parece insuficiente, y ello sin contar con que quien ha emitido los criterios es un actor principal de la acusación en la investigación penal de la persona jurídica.

En el último año, muchas empresas de tamaño mediano y grande que no son entidades cotizadas están creando áreas de Cumplimiento Normativo, implementando programas de prevención y gestión de riesgos -penales o no-, organizando canales internos de denuncia y, en definitiva, divulgando y formando a los empleados y directivos sobre las actividades internas de prevención en las empresas. Las razones son diversas: (i) evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica; (ii) crear una cultura de cumplimiento; (iii) reorganizar y coordinar las áreas de control del riesgo, y en definitiva la propia actividad. Sin embargo, los formatos de los programas de gestión y prevención son diversos y no hay uniformidad, ya que no existe una normativa concreta sobre la que sustentar los requisitos de implantación y seguimiento. La diversidad de los modelos y programas no beneficia a las compañías que deciden su implantación y, en cambio, puede ser utilizado como argumento de defensa del gestor ineficaz de prevención. Los partidos políticos por su parte parecen estar al margen, a pesar de que algunos de sus miembros son intermediarios o partícipes en actividades de corrupción.

¿Hasta cuándo una reforma de la Ley de Sociedades de Capital con delimitación de derechos y obligaciones en la implementación de los modelos de gestión y prevención?

Muchas empresas de tamaño mediano y grande que no son entidades cotizadas están creando áreas de Cumplimiento Normativo, implementando programas de prevención y gestión de riesgos -penales o no-

Miguel Ángel Rodríguez-Sahagún

Presidente del comité de cumplimiento de Grupo Norte. Socio de Sahagún & Viciana Abogados


“La mayoría de entidades

ya están concienciadas”

“Los modelos no están pensados para vigilar al consejo y, sin embargo, cada vez más empresas lo buscan”

Socia de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal

IGNACIO FAES

Es la nueva moda en el sector legal y todavía queda tiempo para que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en la reforma del Código Penal, se asiente y se conozcan todas las implicaciones de los planes obligatorios de cumplimiento normativo para las empresas. Entre tanto, los expertos de Deloitte Legal ya han implantado más de 200 de estos planes. Una cifra que les sitúa en primera línea como especialistas en esta novedosa materia. Begoña Fernández, socia de Regulatory & Compliance de la firma, conoce de primera mano las implicaciones que conlleva que las empresas puedan cometer delitos y, sin embargo, reconoce que “hay que esperar un poco” a que llegue más jurisprudencia al Tribunal Supremo para cimentar las recién aparecidas responsabilidades. El ‘compliance’ está cada vez más de moda. ¿Están ya los profesionales suficientemente formados y preparados en esta materia? Es cierto. No había nadie especializado fuera de algunos sectores concretos. Ahora, cada vez hay más másteres y cursos que estudian estos asuntos. Además, en las propias empresas hay empleados que se están formando ya en esto. Es decir, que hay dos perfiles en estos profesionales. Por un lado, los jóvenes que se están formando ya en las universidades en todas estas

ENTREVISTA

Begoña FERNÁNDEZ

nuevas materias y, por otro lado, los especialistas que se reciclan y quieren dedicarse a esto. ¿Y las empresas? ¿Están preparadas y concienciadas lo suficiente con esta filosofía nueva del cumplimiento normativo? La mayoría ya lo están. Es cierto que esta materia es muy nueva pero, además de ser una obligación, las compañías vienen cada vez más a preguntarnos y lo toman ya como un asunto real, de primera línea, antes era un asunto más próximo a la responsabilidad social corporativa. Entonces, están haciendo los deberes. Sin duda. Hasta 2010, las empresas buscaban más los manuales de buenas

N. MARTIN

“Los planes tienen que tener implantación real y eficaz”


prácticas. Era un asunto más bien estético que implantado correctamente para su funcionamiento. Con el paso de los años hemos visto como se ha formado realmente una cultura de cumplimiento normativo más efectiva que es, precisamente, lo que busca la reforma del Código Penal. ¿Cómo tienen que ser esos modelos de cumplimiento? Efectivos y reales. Es lo más importante. Al principio, las compañías creían que era suficiente con tenerlo pero ahora las empresas buscan implantarlo de manera real. Además, la aparición de la ISO 37001 ha supuesto una concienciación muy importante para ellas. Es el estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Uno de los puntos calientes de todo esto es la figura del oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son las cualidades de un buen responsable en esta materia? Sería muy bueno que tuviera conocimientos legales. Hay que tener en cuenta que el asunto del que estamos hablando es de delitos y de responsabilidades penales cometidas en el seno de la empresa. Debe ser una persona que tenga un profundo conocimiento de la compañía. Nosotros tenemos ya muchos alumnos que están en las propias sociedades. Este tipo de profesional no se encuentra ahora fácilmente en el mercado. Otro aspecto importante es que tenga experiencia y conocimientos en control de riesgos. Tienen que entender el impacto de todo esto y cómo se hace. Es un perfil muy parecido al del auditor en este sentido. Ya se han producido las primeras imputaciones de ´compliance officers’. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? No creo que haya que imputar al responsable de cumplimiento por cualquier infracción que se produzca. Lo más lógico es que vaya a declarar al juzgado en nombre de la persona jurídica y no en nombre propio. En todo caso, si es una responsabilidad delegada y está en su ámbito de acción, tienes un deber de diligencia que hay que cuidar. El responsable de cumplimiento podría en algún momento dado que tomar decisiones difíciles. ¿Le podrían parar los pies sus superiores? Tiene que ser una persona que tenga autoridad y autonomía. Debe estar en un nivel alto de la dirección para evitar que sucedan esas cosas. No todos los

miembros de la unidad de cumplimiento deben tener esto. Se puede tener un responsable y por debajo todo un equipo que de soporte. En todo caso, si el que dirige esto está a un segundo o tercer nivel dentro de la compañía, no va a tener una autoridad suficiente para imponer sus resoluciones y su plan de acción. Será mucho más complicado que sus decisiones impacten en el consejo de administración. Incluso, a la hora de ejecutar una sanción, si el que incumple es un alto directivo. Sin esto es muy difícil que el modelo sea efectivo y exista una verdadera cultura de cumplimiento dentro de la empresa. ¿No es muy complicado que un oficial de cumplimiento sea capaz de vigilar al consejo de administración? Los planes de cumplimiento no están pensados para vigilar al consejo. Aquí hay una dificultad. Es difícil que detecte un comportamiento ilegal en el máximo órgano de gobierno de la empresa. ¿Quién vigila al vigilante? Sin embargo, nos llegan muchas empresas que quieren introducir controles en el consejo y están preocupadas por este tema. Antes, los códigos éticos eran solo para los empleados y como los consejeros no tienen esa figura, no les afecta. Ahora las empresas cada vez más buscan que estos códigos les aplique también. Además, están incorporando reglamentos con códigos de comportamiento para los consejos. Y, además, quieren formación. Al final, a esta materia lo que le falta es formación, por lo novedosa. Nosotros impartimos mucha, y específica en esto. Los consejeros tienen que tomar conciencia de sus responsabilidades. Ahora bien, en el caso de que se produjese una infracción, sí se pondría en una situación difícil al resto de consejeros si no toman una posición al respecto. En el caso de que llegue el asunto al juzgado, ¿qué novedades jurisprudenciales hay sobre la materia? ¿Por dónde están caminando los tribunales? Todavía tenemos que esperar a que la jurisprudencia se asiente. Hay pocas sentencias que hayan llegado al Tribunal Supremo y no se meten en un análisis detallado sobre el fondo de la cuestión. En todo caso, lo que sí se ve ya es que el tema estrella en esta materia es la estafa. Pero no hay uniformidad. Es necesario que suban más fallos al Supremo porque hay sentencias contradictorias. En ese ámbito, hay autos que archivan asuntos por entender que tienen el modelo implantado. Sin embargo, también los hay

ENTREVISTA

NACHO MARTIN

“Hasta hora, estos asuntos se trataban desde la estética

empresarial”

“¿Quién será el encargado de

vigilar al vigilante en la compañía?”

“El responsable

tiene que tener autoridad y autonomía”

32 Buen GobiernoelEconomistaENTREVISTA

que entienden que debe continuar el procedimiento, en la fase oral, porque no está implantado el modelo. ¿Algún asunto curioso en este tiempo? Hay un fallo sobre una sociedad unipersonal que, por ser tan pequeña, no condenan a la persona jurídica porque va en contra del principio Non bis in idem, que impide condenar dos veces por un mismo hecho. Entienden que no hay demasiada diferenciación entre la empresa y el administrador. Sin casi empleados, dice que se provoca una confusión entre la persona física y la persona jurídica. No les faltará trabajo en estos asuntos. Dentro del departamento, somos alrededor de 52 personas. De ellas, 22 se dedican al cumplimiento penal propiamente dicho. Estamos divididos por especialidades dentro de esto y, además, por tipo de industria. Hay una parte que es más de regulatorio financiero, y otra de regulatorio en el ámbito de seguros. Por otra parte, está el área de cumplimiento penal, buen gobierno y prevención de blanqueo de capitales que es un equipo más específico. De todas maneras, solemos trabajar mucho con equipos mixtos. Y todavía les queda tiempo para enseñar. Impartimos mucha formación. Somos profesores colaboradores con el curso del IEB y también con la Universidad Complutense de Madrid. Realizamos bastante. No hay perfil del alumno. Nos encontramos de todo. Y con todo esto, ¿qué es lo que sale? Hemos creado una aplicación de desarrollo propio para gestionar los canales de denuncias en las empresas. Simplemente se les entrega a las empresas y nos llega directamente a nosotros. Hacemos el informe y vemos si es necesaria la asistencia de forensic si la necesitamos. Entre los servicios que más realizamos es el de esternalización del cumplimiento, que no de la responsabilidad. ¿En qué están trabajando ahora más? Ahora estamos ayudando mucho a las empresas a implantar la ISO 37001 y estamos ampliando el foco no solo a España sino a modelos más internacionales. A existir estos estándares es más fácil tener medidas que sirvan para todas las filiales sin tener en cuenta las connotaciones locales.

“Antes, los códigos éticos solo eran para

los empleados de la entidad”

“Tenemos que esperar a que lleguen más asuntos al Supremo”

“Hemos creado una aplicación

para gestionar el canal de denuncias”

GETTY


EL EXAMEN DEL ‘COMPLIANCE’, EN

LA INSTRUCCIÓNLa Audiencia Nacional se inclina por evitar el calvario judicial a la empresa que demuestre en la investigación la eficacia de su programa de cumplimiento. En el caso Bankia, el juez Andreu ha levantado la imputación a Deloitte por “acreditar sobradamente” su compliance

CUMPLIMIENTO

PEDRO DEL ROSAL

ISTOCK


El momento procesal idóneo para realizar el examen de la efectividad de los programas de compliance es uno de los extremos que debe perfilar la jurisprudencia en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De momento, y a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie, la

Audiencia Nacional (AN) se inclina por poder realizar una primera exploración de la efectividad durante la fase de instrucción. Así, las empresas que acrediten ante el juez instructor la eficacia de su sistema de prevención de delitos podrán librarse del nocivo efecto que para su imagen y reputación tiene el verse implicada en un interminable proceso judicial.

Este criterio es el que defiende el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el que ya ha aplicado el magistrado Fernando Andreu en la instrucción del caso Bankia.

Así, en el auto el auto de 11 de mayo de 2017, por el que se da por concluida la investigación del caso por el que se investiga al salida a bolsa de la antigua Cajamadrid, Andreu sobresee las actuaciones penales contra la firma Deloitte por haber aportado la documentación que “acredita sobradamente” que cuenta con un manual de compliance que cumple con los requisitos expuestos en el artículo 31 bis del Código Penal, “así como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas, políticos y protocolos que componen el llamado Sistema de Control de Calidad adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos”.

Siguiendo el criterio de que el compliance puede revisarse en fase de instrucción, la Fiscalía también solicitó en su escrito de conclusiones provisionales del mismo caso, el sobreseimiento de la causa contra Bankia al haber acreditado “el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial”.

Maza va más allá: hay que poder ‘premiar’ a las empresas Ambos casos llevan a la práctica el criterio expresado recientemente por Navarro en unas jornadas sobre compliance organizadas por Lefebvre-El Derecho y el CEF. “Para una empresa, seguir la tendencia que tienen muchos jueces de que la prueba tiene que realizarse en el acto del juicio supone una carga reputacional gravísima”, manifestó. En este sentido, frente a los que defienden que la valoración del compliance sólo puede realizarla el magistrado juzgador, el presidente de la AN abogó por ofrecer a la empresa

“que colabora, entrega toda su documentación, presenta testigos y se pone completamente a disposición del juez” una salida previa que le evite el impacto de un proceso judicial puede provocar en su imagen.

Más allá va el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien no sólo reclama que pueda evaluarse el compliance durante la instrucción, sino que, además, quiere que se conceda a la Fiscalía la posibilidad de conceder “favores” a las empresas que colaboren con la persecución de delitos, en forma de ventajas penales o procesales.

Para ello, no obstante, es necesario abordar la reforma del proceso penal y depositar la investigación en los fiscales, dado que el juez instrucción no puede perder su imparcialidad entrando en negociaciones con alguna de las partes, o guiarse por el principio de oportunidad. Los pactos, una vez cerrados por la fiscalía y las partes, serían en todo caso revisados y convalidados por el juez de paz.

Rodrigo Rato, expresidente de

Bankia, entra en la sede de la

Audiencia Nacional. EFE

La Fiscalía pidió que se sobreseyera la causa al acreditar Bankia su “cultura ética empresarial”


fue ponente, precisamente, José Manuel Maza– determinó que es el Ministerio Fiscal o la acusación quien debe acreditar la inexistencia de medidas adecuadas para prevenir el delito.

“Sea cual sea la tesis que se defienda, no es demasiado relevante. Una empresa imputada será la primera interesada en probar que adoptó las medidas adecuadas”, remarcó Navarro.

Un debate al que también restó importancia Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del TS, uno de los siete firmantes del voto particular de la sentencia de 29 de febrero. “Desde posiciones dogmáticas muy diferentes e llegan a soluciones prácticas que van a ser iguales”, advirtió. E insistió en que lo lógico será que la carga de alegar la existencia del programa sea de la empresa. “Si se le acusa y ésta no dice nada, será que no tiene programa”.

Del Moral también incidió en que una actitud colaborativa jugará un papel determinante ante los tribunales. “Hay planteamientos que dicen: si la empresa colabora, es más fácil que crea que tiene un programa de cumplimiento eficaz. Y si no, sospecharé. Es un poco utilitario, pero algo de verdad tiene”, explicó.

Del Moral también advirtió a los compliance officers presentes en las jornadas de Lefebvre-El Derecho y el CEF que, aunque sobre el papel no deba ser así, en la práctica se enfrentarán con cierto prejuicio de los tribunales a la hora de enjuiciar a las compañías. “El juez siempre va a tener más facilidad psicológica para imponer una multa a una persona jurídica que para meter a una persona en la cárcel”, concluyó.

El fiscal general no sólo considera esta reforma conveniente, sino que la ve imprescindible para evitar el “fracaso” del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido en el ordenamiento español.

La UNE 19601 invierte la carga de la prueba José Ramón Navarro también se mostró a favor de que los tribunales otorguen un valor reforzado a la certificación de los programas de compliance, en especial a la UNE 19601, elaborada por la Asociación Española de Normalización. “Es un certificado reconocido y de prestigio; da un sello pre-pericial de que se ha cumplido”, expuso durante las jornadas. “En caso de poseer la UNE, yo haría volver a cambiar la carga de la prueba”, aseveró; es decir, que la empresa que la presente, tendrá la presunción de haber actuado correctamente, “y si alguien discrepa, será él quien deba demostrarlo”. Un criterio que, según sostuvo el presidente de la Audiencia Nacional, no sólo defendía en un plano teórico sino que sería el que aplicaría en el ejercicio de su jurisdicción.

Otra de las cuestiones que está siendo objeto de debate es si debe ser la empresa quien pruebe la eficacia de su modelo de compliance o sí, por el contrario, es la acusación quien debe demostrar que no sirvió para prevenir el delito.

La Fiscalía General del Estado, en su Circular 12016, defendió que es la organización acusada quien debe probar la eficacia del modelo. Sin embargo, el Supremo, en su sentencia de 29 de febrero de 2016 –de la que

CUMPLIMIENTO

El todavía juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que también fue el autor de una de las ponencias, hizo especial hincapié en que el compliance haga un análisis exhaustivo de todos los delitos a los que se puede enfrentar la empresa y, en consecuencia, se adopten medidas para prevenirlos. “Los jueces, cuando sentemos a una organización en el banquillo por un delito, no vamos a leernos qué se hizo para prevenir los otros 25, sino que

Eloy Velasco: “cuenta sólo el delito que se enjuicia”

iremos directamente a ver lo que afecta al delito que estamos enjuiciando”, advirtió. Asimismo, el juez Eloy Velasco aseguró, ante el centenar de compliance officers que estaban presentes en el acto, que será “difícil” que ningún juez aprecie la eximente completa. “Opten al 10, pero si sacan un 8 y logran una eximente incompleta, ya habrán conseguido una rebaja grande de la multa”, manifestó Velasco. En este sentido, subrayó que el programa de

cumplimiento “en parte” debe ir dirigido al juez. “Si está bien hecha la prevención, no va a haber que lamentar la reacción, pero en algunos casos algo fallará y ahí es donde tiene que haber guiños para evitar la sanción penal”, aseveró. En este punto concreto, el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, mostró su discrepancia y apostó por enfocar el compliance “no pensando en el juez, sino en que sea eficaz para prevenir delitos”.

EFE

ISTOCK


Bruselas estudia, en un proyecto piloto, la introducción de un tercero independiente que examine todo el proceso de la contratación pública; los objetivos: reducir costes , detectar y prevenir la corrupción

Por el momento es solo un proyecto piloto, pero una vez obtenga sus resultados, la Comisión Europea (CE) estudiará cómo y en qué tipo de contratos públicos implementar los pactos de integridad. “Por ejemplo, en los que estén por encima de los 50 millones de euros”, especial Pascal Boijmans, jefe de la Unidad

de la Dirección General de la Política Regional y Urbana del Ejecutivo comunitario.

Los pactos de integridad imponen la firma de un acuerdo por el cual las dos partes implicadas en un contrato público -administración licitante y empresa licitadora- se comprometen a respetar los principios de una conducta íntegra y a someter todas las fases del proceso a la supervisión de un tercero independiente -o monitor-, miembro de la sociedad civil. Este supervisor trabaja asistido por un grupo de monitores expertos áreas clave para poder supervisar con efectividad todo el proceso.

Esta idea-herramienta ha sido desarrollada por la ONG Transparencia Internacional para mejorar la eficacia y la transparencia en los procesos licitación y adjudicación. Su objetivo es doble. Por un lado, reducir el coste de los procesos de contratación pública, mejorando la eficiencia y la eficacia, y evitando el despilfarro y los habituales sobrecostes. Y, por otro, mejorar la lucha contra el fraude y la corrupción, garantizando los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato y permitiendo que el tercero independiente examine cada paso que se da en el marco del proceso.

Garantizar la independencia del monitor “Dentro del triángulo contratante-licitador-monitor es muy importante que se garantice la independencia plena del monitor y, para ello, será clave que su financiación no provenga de la autoridad contratante sino de una fuente externa”, incide Boijmans. En el proyecto puesto en marcha por la Comisión, la financiación de los supervisores proviene del propio Ejecutivo comunitario.

Cada pacto de integridad deberá referirse a una contratación específica y su implementación condicionará todas las fases del proceso y a todas las partes involucradas en él.

Así, las empresas licitantes tendrán que hacer explícito y por escrito su respeto a la libre concurrencia, absteniéndose de adoptar acuerdos colusorios, o de ofrecer o aceptar sobornos. En el otro extremo, la Administración reiterará la observancia de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación. En medio, el monitor independiente realizará un seguimiento

PEDRO DEL ROSAL

PACTOS DE INTEGRIDAD: UNA LICITACIÓN ‘SUPERVISADA’

GOBERNANZA

GETTY


sistemático de todos los compromisos, vigilando su cumplimiento, y, además, hará públicos los resultados de la supervisión.

Asimismo, el pacto de integridad deberá contener un régimen sancionador para el caso de que se detecten incumplimientos o irregularidades.

Los beneficios de este tipo de acuerdos se extienden tanto a las Administraciones, que ven reforzada su imagen y la confianza en las decisiones que adoptan, como a las empresas, que tendrán garantías de que compiten en condiciones de igualdad. También gana la sociedad como conjunto, porque la rebaja de costes permite destinar el dinero a otras partidas; la reducción de la corrupción y las irregularidades mejora la confianza de la ciudadanía en las instituciones; y, además, mejora el funcionamiento del mercado impulsando la competitividad y mejorando la obra o servicio que se licita.

La experiencia europea El artículo 125.4.c) del Reglamento 1303/2013, que regula el uso de los Fondos Europeos de Desarrollo, Social, de Cohesión, Agrícola o Marítimo y de la Pesca, habilita a las autoridades comunitarias a “aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados”, lo cual dota a la Comisión de una base jurídica para impulsar decisiones efectivas. Una de ellas, explica Boijmans, son los pactos de integridad.

En la actualidad son hasta 17 los proyectos piloto con participación de fondos comunitarios en los que se ha aplicado al fórmula de los pactos -todos ellos con la coordinación de Transparencia Internacional-.

El presupuesto conjunto de los mismos es de 920 millones -cofinanciados por fondos

europeos y por los presupuestos nacionales- y la duración del plan es de cuatro años: de 2016 a 2020.

“No esperamos que los 17 sean un éxito, aunque confiamos que lo tengan, pero nuestra idea es ver cómo podemos mejorar”, relata Boijmans. De momento, Bruselas no ha entrado aún en la fase de debatir cómo y en qué

tipo de contratos introducirlos, sino que aguarda a conocer los resultados para analizar su aplicación general.

Conclusiones provisionales El escaso año y medio de experiencia de los pactos de integridad, no obstante, ha permitido al Ejecutivo comunitario extraer ya algunas conclusiones. En primer lugar, los pactos de integridad han permitido mejorar la relación calidad-precio de la licitación y han servido de alerta temprana en caso de irregularidades.

Asimismo, ha mejorado la confianza en los organismos públicos, lo que impulsa a muchas más compañías a participar en los procesos de licitación, y se han logrado ahorros económicos y se han reducido los plazos de puesta en marcha y de ejecución de los proyectos.

La comunicación, tal y como subraya Bruselas, juega un papel fundamental en todo esto, pues es la “amenaza” del

conocimiento por parte de la opinión pública la que impulsa a las partes a evitar ineficiencias o irregularidades.

Como nota negativa, se subraya que hay factores externos que

escapan del efecto de los pactos de integridad como son las decisiones políticas o los procesos electorales.

La Comisión Europea, no obstante, subraya que los pactos de integridad “no son la solución para todo”, pero sí son “un elemento dentro de un paquete más amplio” para combatir el fraude y mejorar la confianza de la ciudadanía en los procesos de contratación pública.

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De momento, en España, el Ayuntamiento de Madrid es la única institución que ha dado el paso de someter un contrato público a los pactos de integridad. Lo ha hecho en el proceso de licitación de las líneas de atención al ciudadano ‘Línea Madrid’. A la espera de obtener resultados concretos de la monitorización, Transparencia Internacional exhibe las cifras de Hungría, uno de los países pioneros de la UE en la implantación de esta figura. Según la ONG, el ahorro medio obtenido en los procesos 30% Una reducción de costes que justifica con creces el coste que supone la financiación del tercero independiente, el grupo de monitores y su actividad de supervisión, cuya financiación ronda el 0,5% del coste total de la licitación. “Ha aumentado la confianza y, con ella, la competencia”, explica Gabriella Nagy, directora de Programas de Fondos Públicos de Transparencia Internacional Hungría: “Siempre es difícil arrancar y hay dudas y sospechas, pero hemos conseguido una buena conexión entre las partes implicadas”.

Madrid, la primera experiencia en España

La Comisión Europea apunta la relevancia

de garantizar la independencia

del monitor


La Entidad Nacional de Acreditación (Enac), tal y como avanzó esta publicación, ha aprobado el Esquema de acreditación para las organizaciones que quieran certificar los sistemas de gestión del compliance penal –entidades de certificación– de acuerdo con la norma UNE 19601, ofreciendo así un sello que transmita al

mercado una fiabilidad y una garantía reforzadas. La certificación es uno de los elementos de prueba a los que la Fiscalía

General del Estado ha reconocido, en su Circular 1/2016, un valor reforzado para acreditar la eficacia del programa de compliance. Para ello, no obstante, va a resultar determinante que ésta provenga de una entidad certificadora que cumpla con unos mínimos estándares de calidad y rigor que respalden la calidad dicho examen. Esto es precisamente lo que garantiza la acreditación.

En este punto es en el que juegan un papel fundamental los organismos de acreditación, que son organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de

PEDRO DEL ROSAL

PUBLICADAS LAS EXIGENCIAS PARA LAS CERTIFICADORAS DE ‘COMPLIANCE’La Entidad Nacional de Acredtación (Enac) concluye el Esquema que permitirá a las empresas lograr un certificado de su sistema de prevención de delitos que transmita una fiabilidad reforzada

CUMPLIMIENTO

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lucro, que se dedican a evaluar a las entidades de certificación. Su papel es, precisamente, dar certidumbre a los clientes de las empresas que aspiran a obtener el certificado, por la vía de garantizar que quien se lo ha concedido lo ha hecho en base a unas reglas y unos criterios serios y rigurosos. En España, la Enac es la entidad que realiza esta función.

La acreditación es voluntaria, pero permite distinguir una entidad de certificación que ofrece garantías de la que no. “Cualquiera puede decir que es una entidad de certificación, pero una empresa que no esté acreditada, no vas a saber qué hace. Puede haber hecho la certificación en media hora o certificarte sin ningún criterio”, explica Ignacio Pina, director técnico de la Enac.

Podrá acreditarse la certificación ‘con efecto retroactivo’ La publicación del Esquema no implica que, de forma inmediata, las empresas que quieran certificar su sistema de gestión del compliance vayan a encontrar entidades de certificación acreditadas.

El proceso es el siguiente. Una vez las certificadoras consideren que cumplen los requisitos del Esquema, deberán presentar su solicitud ante la Enac, que iniciará los trámites de la auditoría. Entre las exigencias de la acreditación se incluye el hecho de que hayan realizado ya tres procedimientos completos de certificación. Esto no implica que se exija que los tres hayan acabado con la concesión de la misma, pero sí que, al menos, se alcance el final del examen. “Pedimos cierta experiencia para acreditar”, asevera Pina.

¿Cuándo habrá certificadoras acreditadas? Desde la Enac no se atreven a aventurar un plazo en relación al Esquema del compliance, puesto que, al tratarse de una norma nueva, deberán ser especialmente rigurosos en su labor auditando a las certificadoras.

No obstante, la falta de acreditación no debe frenar a las empresas a que acudan a certificar su sistema de compliance, puesto que existe un procedimiento que recoge cómo convertir en certificados acreditados los emitidos antes de la obtención de la acreditación por parte de la entidad de certificación.

Lo que recomienda Ignacio Pina, en todo caso, es que las empresas que quieran certificar su compliance es que se aseguren de que la entidad de certificación a la que acuden vaya a solicitar en el futuro la acreditación. La revisión que realice la certificadora sólo obtendrá los niveles de confianza necesarios si, finalmente, resulta acreditada, ya que “sólo las entidades

certificadas acreditadas han demostrado ser técnicamente competentes e independientes de acuerdo con los estándares internacionales”.

Criterios de la acreditación El Esquema publicado por la Enac exige, entre otros criterios de acreditación, la identificación de determinadas actividades y servicios que estarían sometidos a la misma incompatibilidad con los servicios de certificación de los sistemas de gestión que la consultoría. Asimismo, la exigencia de un alto grado de información que el certificador debe conocer sobre el solicitante –entorno de negocio, riesgos penales, controles existentes, etc.–.

Asimismo, se reclama que el equipo auditor cuente con, al menos, un jurista con titulación y experiencia demostrable en el Derecho Penal; y que el resto de miembros cuenten con una competencia mínima en riesgos penales, leyes y regulación o el contexto de la organización.

La Fiscalía reconoce que el certificado es una prueba de la eficacia del modelo de cumplimiento

ISTOCK


El pasado 8 de julio se celebró la segunda convocatoria del año de la certificación de Compliance Cescom, emitida por la Asociación Española de Compliance (Ascom). Un examen a través del cual los profesionales del ámbito del

cumplimiento normativo podrán obtener la acreditación de sus competencias y conocimientos.

De momento, no existen estudios homologados para los oficiales de cumplimiento. “Cescom nace como un pilar estratégico de la asociación, para profesionalizar la figura del compliance officer, dar a conocer su perfil y fijar los mínimos conocimientos que debe tener este profesional”, asevera José Zamarriego, vicepresidente 1º de la asociación.

Hay dos cuestiones que obsesionan a la Ascom en relación con la certificación. En primer lugar, y dada la permanente evolución de la materia del compliance, mantener la calidad y la actualización de los materiales que componen el temario.

En segundo término, impulsar el prestigio y la credibilidad del certificado, garantizando la independencia de su Comité Académico. El Reglamento de Cescom posee un capítulo dedicado a evitar los conflictos de intereses que, entre otras cosas, prohibe que los miembros del órgano puedan participar en los cursos o programas de formación de Cescom.

En la actualidad, el Comité Académico de la Cescom lo componen Manuel Conthe -como miembro independiente-, Sylvia Enseñat, José Zamarriego y María Gracia Rubio -como miembros de Ascom-.

Para poder presentarse al examen no se requieren una titulación o unos estudios específicos previos. Lo que sí será

necesario es la estudio de los 20 módulos que componen el temario elaborado por Ascom.

Los aspirantes podrán prepararse por su cuenta o acudir a alguno de los centros de formación con los que Ascom ha suscrito un acuerdo. En la actualidad, la asociación está en conversaciones con algunas Universidades públicas para ampliar el número de instituciones que forman a los aspirantes. “Nosotros no somos los formadores”, aclara Zamarriego.

Sylvia Ensenyat, presidenta de Ascom, explica que los que superan el examen obtienen dos diplomas: uno de Ascom y otro de la Federación Internacional de Asociaciones de

CUMPLIMIENTO

Más de 200 aspirantes se presentaron el pasado 8 de julio a Cescom, certificación de la Asociación Española de Compliance (Ascom) para los profesionales del ámbito del cumplimiento normativo. A falta de estudios homologados, este examen se presenta como una garantía de conocimiento y competencias

PEDRO DEL ROSAL

CERTIFICAR AL ‘COMPLIANCE OFFICER’

Compliance (IFCA), en los que se identificará la fecha de su obtención. “Así las empresas verán la fecha de su obtención y valorará si requiere una actualización”, razona.

A medio y largo plazo, Ascom aspira a acreditarse como entidad de certificación ante Entidad Nacional de Acreditación (Enac), lo que reforzaría la credibilidad y las garantías que aporta su certificación. También dotarse de algún tipo de actualización de los conocimientos y competencias de los profesionales. Pero ambos pasos, tal y como explica, requieren algo más de experiencia: la de julio -con más de 200 aspirantes- ha sido la tercera convocatoria de Cescom.

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CUMPLIMIENTO

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EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS YA TIENE REGULACIÓNPEDRO DEL ROSAL

El anteproyecto de Ley Orgánica y el Esquema de certificación perfilan las funciones y requisitos de una figura clave en la nueva privacidad que arranca en mayo de 2018


autoridad de protección de datos, la resolución debe producirse en el plazo de un mes. Si transcurrido ese tiempo el delegado no respondiera, la autoridad proseguirá con el procedimiento.

Esta función de primera instancia, que además puede servir para evitar que la AEPD inicie un procedimiento sancionador si la organización implemente las medidas correctivas adecuadas en caso de incumplimiento, es para Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) “un incentivo para nombrar DPO voluntarios”.

“Sin perjuicio de que aumenta el trabajo del delegado, sin duda es mejor que la organización tenga la oportunidad de arreglar amistosamente con el afectado un problema –que puede ser un mero malentendido o un error voluntario que puede solucionarse rápidamente en beneficio del afectado y de la organización–, en vez de hacerlo en el seno de un procedimiento sancionador”, asevera Álvarez.

Diez días para comunicar a la AEPD su designación De aprobarse el anteproyecto en su redacción actual, los responsables y encargados del tratamiento tendrán diez días para comunicar a la AEPD la

designación, nombramiento o cese del delegado. La autoridad, por su parte, está obligada a mantener una relación actualizada de profesionales.

El anteproyecto atribuye al DPO la función de ser el “interlocutor del responsable o encargado del

tratamiento” ante la Agencia o las autoridades autonómicas. Asimismo, el texto ratifica la imposibilidad de que sea sancionado o removido de su cargo por desempeñar sus

funciones “salvo que incurriera en dolo o negligencia grave”.

El texto también obliga a la organización a poner a

disposición del delegado “los medios materiales y personales que resulten

precisos”, garantizando, a su vez, que tenga acceso a todos los datos personales

de los que disponga. En caso de que el profesional aprecie cualquier

vulneración relevante deberá comunicarlo inmediatamente a los órganos de administración y dirección

La publicación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y del Esquema de certificación han supuesto un gran avance en la concreción de las funciones y los requisitos de la figura del delegado de protección de datos -DPO, por sus siglas en inglés. Con la diferencia, no obstante, de que lo que finalmente

disponga la ley será de obligatorio cumplimiento, mientras que el certificado será un requisito voluntario -si bien, la práctica profesional puede convertirlo, de facto, en obligatorio-.

Concreción de supuestos en los que será obligatorio El proyecto normativo contiene un listado -no cerrado- de supuestos en los que será obligatorio que la organización designe un DPO. Más allá de la indeterminación de los términos “actividad principal” y “gran escala” contenidos en el artículo 37.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el artículo 35 del anteproyecto establece una relación de casos en los que deberá designarse un delegado de forma obligatoria. Entre ellos aparecen las entidades financieras, los centros sanitarios, las empresas de gas y electricidad, los centros docentes y Universidades, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, las empresas de publicidad o las entidades que haya detrás de redes sociales y comunicaciones electrónicas.

Las empresas y organizaciones que no se encuentren en la lista, no obstante, podrán designar un DPO de forma voluntaria.

La nueva normativa prevé que los delegados se conviertan en una suerte de primera instancia ante la cual los interesados dirijan sus reclamaciones antes de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), o, incluso, que sea la propia autoridad quien se las derive cuando se hayan formulado directamente ante ella.

Si ha acudido directamente a él, el DPO debe dar respuesta al afectado en el plazo de dos meses. Si la reclamación viene derivada de una

CUMPLIMIENTO

■ Rodrigo González, de EY El ‘senior manager’ de EY, Rodrigo González, considera que el anteproyecto “no afronta con suficiente detalle ni aclara el concepto de interés legítimo” y critica que no se mencione “la posibilidad de acogerse al interés legítimo prevalente para llevar a cabo un tratamiento con fines de mercadotecnia directa”. ■ Irene López, de RCD “La falta de concreción en cuanto a los medios para acreditar los conocimientos y experiencia del DPO puede dar lugar a que algunos responsables contraten a profesionales que carecen de conocimientos sólidos en la materia”, asevera Irene López, asociada de Rousaud Costas Duran. ■ Javier Guillén, de Herbert Smith F. Javier Guillén, ‘consultant’ de Derecho público y regulatorio de Herbert Smith Freehills reclama más concreción en la determinación de las sanciones. “Tal y como está redactado, puede resultar contrario al principio de legalidad y tipicidad en materia sancionadora”. ■ Jorge Villarino, de Vinces El socio y director de Regulación de Vinces, Jorge Villarino, ve adecuado que favorezcan los acuerdos antes que las multas. “Lo importante es garantizar un derecho fundamental y la sanción no es sino un instrumento más, que no el único, que nos da el Derecho para satisfacer ese derecho”, explica.

Los expertos analizan el anteproyecto de LOPD

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del responsable o el encargado, proponiendo, además, las medidas necesarias para evitar la persistencia en esa conducta.

La certificación tendrá una validez de tres años El Esquema de certificación del DPO, presentado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Entidad Nacional de Acreditación (Enac), es el primer paso dentro del proceso para que los profesionales de la privacidad puedan certificar sus conocimientos y competencias.

El texto contiene los requisitos que deben cumplir las entidades de certificación, que son las organizaciones a las que deberán dirigirse los profesionales de la privacidad para obtener el certificado. Las entidades, por su parte, tendrán que solicitar la acreditación ante la Enac, quien, tras examinar que cumplen todas las exigencias, le concederán la acreditación.

La acreditación de las entidades de certificación no es obligatoria. Tampoco lo es estar certificado para poder ejercer como DPO. Sin embargo, un certificado de una entidad no acreditada ofrecerá mucha menos seguridad y fiabilidad en el mercado. Del mismo modo que las empresas o administraciones que necesiten contratar un delegado, encontrarán serios problemas para tener garantizados los conocimientos y competencias de un candidato si éste no cuenta con la certificación.

“Con la acreditación, las entidades de certificación darán una información al mercado perfectamente procesada e identificable de lo que hay detrás del certificado. Los empleadores no van a tener que leer currículum y comprobar conocimientos, porque ya tendrán la información que les demuestra que esa persona es eficaz”, explica Beatriz Rivera, directora general de la Enac.

La certificación de personas, al contrario que los títulos, no es una foto fija sino que se trata de una garantía de conocimientos y competencias actualizada. Así, pasados tres años desde su obtención, deberá renovarse el certificado del DPO. Para su actualización el profesional deberá acreditar un mínimo de 60 horas de formación y, al menos, un año de experiencia profesional en proyectos o actividades relacionadas la privacidad.

Su validez también decaerá en el caso de que la persona certificada sea sancionada. Asimismo, en caso de cambios legales o tecnológicos relevantes, se establecerá algún método de actualización.

El Esquema ofrece varias vías para acceder a la fase de evaluación. Según establece, podrán presentarse a la misma los profesionales con una experiencia de, al menos, cinco años; también los profesionales con una experiencia de, al menos, 3 años, y 60 horas de formación; en tercer lugar,

los profesionales con una experiencia de, al menos, dos años y 100 horas de formación; y, finalmente, quienes hayan recibido 180 de formación.

La Enac calcula que a comienzos de 2018 podrán encontrarse en el mercado entidades de certificación acreditadas -aquéllas que inicien el proceso tras el verano-. Ello, no obstante, no quiere decir que los profesionales deban esperar hasta entonces para iniciar su certificación.

Las entidades certificadoras que soliciten iniciar el procedimiento de acreditación -éste es un requisito indispensable- pueden ser objeto de una designación provisional, no renovable, con la vigencia máxima de un año. Durante ese tiempo, pueden ir examinando y certificando candidatos. Una vez obtenida la certificación, existe un procedimiento para la conversión en certificados acreditados los emitidos antes de la obtención de la acreditación. Por ello, la Enac recomienda acudir a entidades de certificación que vayan a aspirar a la acreditación.

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). DANIEL G. MATA

60 horas de formación deberá acreditar el profesional de la privacidad para renovar el certificado


El Comité de Certificación de la Fundación Bequal celebrado recientemente ha concedido a Acciona, Gas Natural Fenosa y Tecnove Security la certificación Bequal, categoría Plus, como reconocimiento a las políticas de inclusión de las personas con discapacidad de estas empresas. Ernst & Young, PwC y Zardoya Otis han obtenido la certificación Bequal en su categoría Etandar. Por una parte, los procedimientos y políticas en favor de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad y, por otra, el compromiso de dichas organizaciones con la mejora e incremento de los niveles y la calidad del empleo de las personas con discapacidad, han sido reconocidos por la Fundación Bequal. El certificado Bequal verifica no solo el cumplimiento legal de las empresas, como la cuota legal de reserva de empleo del 2 por ciento para empresas de más de 50 trabajadores, sino la integración de políticas inclusivas con la discapacidad en las diferentes áreas de la empresa, políticas y procedimientos que facilitan la incorporación laboral a las mismas de personas con discapacidad.

ACTUALIDAD

Acciona, Gas Natural Fenosa y Tecnove Security reciben el Certificado Bequal

Air Liquide Healthcare ha renovado su acuerdo de colaboración con la Fundación Theodora para continuar contribuyendo de forma activa a la mejora de los cuidados a los pacientes hospitalizados. En concreto, la compañía participa en el programa de acompañamiento quirúrgico a pacientes pediátricos, que busca humanizar la estancia en el hospital para que la experiencia de la intervención quirúrgica sea lo más óptima posible. Este acuerdo permite a Air Liquide Healthcare completar su oferta de servicios en el hospital, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los pacientes hospitalizados. Gracias a este programa, los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora acompañan a los pequeños pacientes durante todo el proceso: desde antes de la operación hasta el postoperatorio. Los familiares y, sobre todo, el personal sanitario, también se benefician de este programa, ya que les permite concentrarse con mayor facilidad en su labor. Hasta la fecha, Air Liquide Healthcare ha colaborado con la fundación en cinco de los principales hospitales de España, beneficiando el pasado año a casi 800 niños y más de 1500 familiares y personal sanitario.

Air Liquide Healthcare renueva su acuerdo de colaboración con la Fundación Theodora

España acogerá el II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, un evento deportivo que se celebrará en Vitoria del 21 al 25 de Agosto. Estará organizado por IMAS (International MixedAbilitySports), entidad sin ánimo de lucro que ha desarrollado y defiende el modelo de habilidad mixta, para permitir que personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades que combinan el deporte y la educación. En el primer Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, que se celebró en 2015 en Inglaterra, el equipo vitoriano EscorGaztedi Rugby Taldea consiguió alzarse con el galardón Spirit of Mixed Ability por ser el equipo que mejor reunía los valores de la inclusión y del rugby. Este reconocimiento fue el impulso para que este año Vitoria, de la mano de este club, haya sido elegida como sede del II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, superando a otras ciudades de gran tradición en el deporte oval, como Londres (Reino Unido) y Cork (Irlanda). En palabras del director del IMAS, Martino Corazza, “queremos que la sociedad entienda que si la inclusión es posible en el ámbito deportivo, ha de serlo en cualquier faceta de la vida”.

España será la sede del ‘II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo’


L os especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los compliance officers una posición de garante respecto de los delitos que puedan cometerse en el seno de la persona jurídica. Un debate que ha resurgido con fuerza después de que se conociera la citación como investigados de 10

responsables de cumplimiento del Banco Santander y el BNP por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid. Ser garante es una

EL ‘COMPLIANCE OFFICER’ NO DEBE SER RESPONSABLE

PEDRO DEL ROSAL

Los expertos rechazan que quepa atribuir a los responsables de cumplimiento una posición de garante respecto de los delitos que cometa la empresa y alertan de los riesgos que podría conllevar

CUMPLIMIENTO

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condición indispensable para que quepa atribuir a un sujeto responsabilidad del resultado de la omisión; es decir, el delito cometido.

“La posición de garante respecto de la comisión de delitos la ostentan los integrantes del órgano de Administración”, asevera Francisco Bonatti, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (Ascom). Una opinión que comparte Juan Antonio García Jabaloy, of counsel de DLA Pipper para quien el compliance officer es “un medio, un instrumento

La posición de garante la ostentan

los miembros del órgano de

Administración


de los administradores para prevenir, mitigar o sancionar las posibles irregularidades dentro de la persona jurídica”, sin que el Consejo de Administración pueda delegar en él la posición de garante.

Algún matiz introduce Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y abogado de UM&DR. “Respecto de los delitos pasados que él no conocía ni pudo cometer, obviamente, no. Respecto de los delitos de inminente comisión o que, de hecho, se están cometiendo, si el compliance officer no cumple su función de reportar el hecho o si tiene atribuidas funciones de impedir o detener su comisión, de tal forma que se pueda entender que su inactividad ha permitido o favorecido el hecho delictivo, sí puede tener responsabilidad como partícipe en comisión por omisión”, explica.

Delimitación contractual de las funciones ¿Pueden las condiciones laborales pactadas entre el profesional y la empresa determinar su posible responsabilidad? Mariana Ladaga, asociada del Área de Penal-Económico y Compliance de Rousaud Costas Duran lo rechaza. “En ningún caso asume la posición de garante propia del órgano de administración, pese a la posibilidad de que los deberes de vigilancia y control propios de la administración de la entidad puedan ser parcialmente delegados en él”, sostiene.

Del Rosal, sin embargo, razona que las empresas “tienen un amplio margen de soberanía”, por lo que sí cabe atender a la posición o las responsabilidades del profesional, dado que “el Código Penal no es indiscutible a la hora de diseñar o delimitar las funciones que debe tener el compliance officer”. En la misma línea, Bonatti también aprecia que puede existir una delegación contractual de la posición de garante al responsable de cumplimiento, lo que no eximiría de responsabilidad al administrador, sino que ésta se extendería a ambos.

El catedrático de Derecho Penal, Adán Nieto, plantea en este punto dos dudas. En primer lugar, desde el punto de vista de Derecho del Trabajo, qué posición laboral tiene el compliance officer. “¿Qué trabajador puede tener la obligación de denunciar a su jefe?”, se pregunta. Y cuestiona el desequilibrio que puede suponer que se le exija responder por los delitos cometidos en la empresa, cuando se trata de un empleado con capacidades limitadas.

Asimismo, en el plano teórico, se pregunta si el programa de cumplimiento busca proteger a la empresa o proteger los intereses públicos. “Si defiende los intereses de la compañía, la omisión del compliance crea una responsabilidad frente a la empresa; pero si defiende intereses públicos, ahí

sí podríamos plantearnos otro grado de responsabilidad”, plantea.

No hay deber de denunciar, pero sí de reportar Todos los expertos consultados coinciden en que no cabe exigir al compliance officer la obligación de denunciar en caso de que tenga conocimiento de un delito. “Sus obligaciones están previstas para con la empresa”, manifiesta García Jabaloy. Opinión que respalda Bonatti, para quien “su función es reportar al órgano de administración”.

Del Rosal y Ladaga, por su parte, admiten la opción de que contractualmente se introduzca el deber de denunciar, pero sin que exista una obligación inherente e implícita del responsable de cumplimiento. “Podría contemplarse un plazo en el cual esperar una respuesta o reacción del órgano de administración y, vencido éste, quede automáticamente autorizado a efectuar la denuncia”, propone la asociada de Rousaud Costas Duran.

En plena implantación de un sistema tan novedoso en el ordenamiento español, como el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los expertos alertan del alto riesgo que tienen noticias como la imputación de los responsables de cumplimiento. “Poner a la función de ‘compliance’ en el torbellino de las responsabilidades individuales, con la actual inexistencia de regulación –y protección– de dicha función, sería la forma más eficaz de matar cualquier esperanza de que los

sistemas de ‘compliance’ funcionen en las organizaciones.

¿Quién iba a aceptar un trabajo en el que cualquier error

podría suponer una pena de cárcel?”, advierte Francisco Bonatti, de Ascom, la principal asociación de profesiones del cumplimiento de España. “No sólo desincentiva la profesionalización de este cargo, sino que además desfigura su verdadero objetivo. El ‘compliance officer’ no es un catalizador de responsabilidades legales, sino un instrumento de prevención, control y seguimiento”, añade Juan Antonio García Jabaloy, de DLA Pipper. “Prohibiría tajantemente hablar de responsabilidad penal de estos profesional en los próximos cinco años”, concluye Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal.

El riesgo de desincentivar la función del oficial de cumplimiento y “matar” el sistema de ‘compliance

Los especialistas debaten sobre

si cabe delegarla a través del contrato

de trabajo

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LAS EMPRESAS AVANZAN EN POLÍTICAS DE DIVERSIDADUn 49 por ciento de las compañías Top Employers en España -un 7 por ciento más que en 2016- ya monitoriza y gestiona los diferentes orígenes educativos y generacionales en sus políticas de diversidad, mientras que un 68 por ciento evalúa de forma regular la eficacia de sus programas en la materia

RSC

ELOÍSA LAMATA

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49 Buen GobiernoelEconomistaRSC

Las empresas están comprendiendo que existen muchos tipos de diversidad, todos de gran importancia, y que por tanto hay que generar una estrategia para gestionar conjuntamente las necesidades de los diferentes colectivos de empleados. Un 49 por ciento de las compañías Top Employers en España (un 7 por

ciento más que en 2016) ya monitorizan y gestionan los diferentes orígenes educativos y generacionales en sus políticas de diversidad.

Un número creciente de estudios globales demuestra que hay una clara correlación entre una mayor diversidad y unas mejores cifras de negocio. Las empresas, conscientes de ello, convierten en estratégicos sus programas de diversidad: un 69 por ciento de las compañías Top Employers en España (un 7 por ciento más que el año pasado) forma a grupos específicos de empleados respecto a prácticas de diversidad y un 68 por ciento (o 4 por ciento más que en 2016) evalúa de forma regular la eficacia de sus programas en la materia.

“El poder de la diversidad en todas sus vertientes es una ventaja de negocios tremenda. Los mejores empleadores están comprendiendo con nitidez que la diversidad es clave para mejorar los resultados”, destaca Salvador Ibáñez, country manager de Top Employers Institute en España.

Por ello, las compañías intensifican sus buenas prácticas en la incorporación de los millennials, el apoyo a las mujeres para que ocupen puestos de dirección o la contratación de empleados en riesgo de exclusión, pero van más allá y establecen políticas integrales.

“Hablar de diversidad no es tan solo establecer cuotas de edades, orígenes o género, sino construir sinergias con equipos y comportamientos diversos en toda la organización que ayuden a encontrar maneras de resolver los problemas de manera más creativa”, puntualiza Ibáñez.

Los programas de diversidad, con un enfoque crecientemente integrado, tienen en cuenta las dimensiones de género, discapacidad, diversidad cultural o generacional. DHL Express, Gas Natural Fenosa y Zurich son tres buenos ejemplos de compañías que cuentan con completos programas de diversidad.

DHL, la importancia del respeto DHL Express, presente en 220 países y territorios, está certificada como Top Employer en más de 60 de ellos. En España, el 48 por ciento de los empleados son mujeres y cuentan con empleados de 13 nacionalidades diferentes. Con la finalidad de seguir fomentando entre ellos la importancia

del respeto, la diferencia y la comprensión mutua, esta empresa ha celebrado recientemente su Semana de la Diversidad tanto a nivel global como en nuestro país.

Gas Natural: diversidad de género, edad y discapacidad La apuesta de Gas Natural Fenosa por las personas y su diversidad se refleja en iniciativas como el Código Ético, la Política de Igualdad de Género o el Protocolo de Prevención del Acoso laboral y por razón de sexo.

El compromiso de esta compañía con la igualdad y la diversidad ha sido una constante desde 2011. En 2015, se inicia una línea de trabajo más ambiciosa con la puesta en marcha del Plan Integral de Diversidad.

Este nuevo plan, concebido con carácter plurianual, supone el respaldo a las acciones que hasta la fecha se venían desarrollando, y se estructura en tres categorías fundamentales: género (con ejemplos como el programa

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69 Es el porcentaje de compañías que forma a grupos específicos de empleados respecto a prácticas de diversidad


específico de contratación de mujeres, objetivos concretos por Dirección General/Unidad Organizativa, mentoring de mujeres, equipo de trabajo específico, cuadro de mando, campañas de sensibilización, paquetes de beneficios y conciliación, la formación en liderazgo inclusivo o el programa Jóvenes Talentos); edad (con ejemplos como los programas Cuidamos la Experiencia y la FP Dual); y la discapacidad (con los programas Capacitas, Aflora y Plan familia).

Las distintas dimensiones del proyecto de Cepsa Cepsa ha decidido lanzar este año un Proyecto de Diversidad e Inclusión con el que se trabajan las dimensiones de género, discapacidad, diversidad cultural y generacional. Algunas de las iniciativas incluidas son las jornadas de sensibilización a los niveles directivos de la organización con el objetivo de trasladar el reto de la diversidad y su impacto en el negocio, el programa de mentoring generacional o la creación de un Comité de Diversidad que se encarga de incorporar la cultura de inclusión y gestión de la diversidad dentro de la organización.

Por lo que respecta a la diversidad de género, Cepsa cuenta con iniciativas como el programa formativo Women Empowerment, que ofrece píldoras formativas dirigidas a directivas y jefas de departamento vinculadas con aspectos clave como la gestión de la carrera, la marca personal y la influencia, o el Programa de Mentoring para jefas de departamento, basado en la transferencia de conocimientos y el aprendizaje.

La flexibilidad horaria de Zurich Zurich Seguros promueve diferentes iniciativas que se enmarcan dentro de la estrategia de Diversidad e Inclusión de la compañía en España. Una de ellas es la que pusieron en marcha el pasado mes de diciembre: el Flexwork para su plantilla. Se trata de una iniciativa que ofrece a los colaboradores la posibilidad de trabajar de la forma que mejor se adapte a sus necesidades y sin limitaciones horarias o de lugar. El Flexwork supone un cambio en la dinámica de trabajo de la compañía y promueve la conciliación, la atracción y fidelización del talento, generando un mayor compromiso entre los colaboradores.

“Actualmente, el 36 por ciento de los empleados de Zurich se ha adherido a esta nueva forma de trabajar tan ventajosa, ya que tras tres meses de prueba piloto, los participantes consideraron que su productividad y compromiso habían aumentado un 60 por ciento”, apunta Carlos Esteban, director de Responsabilidad Corporativa y Recursos Humanos de Zurich en España.

■ Etnia y orientación sexual La gran mayoría de los españoles considera que es positivo que haya diversidad étnica (88 por ciento) y de orientación sexual (82 por ciento) en su entorno laboral. ■ Contratación El 73 por ciento de los encuestados afirma no discriminar a la hora de contratar a alguien por motivos de sexo, etnia, religión u orientación sexual. ■ Sentirse excluido Un 19 por ciento de los españoles reconoce que se ha sentido alguna vez excluido en el trabajo por alguna característica personal, siendo los motivos más habituales el género (42 por ciento de los casos), edad (31 por ciento), raza (16 por ciento), religión (12 por ciento) y orientación sexual (8 por ciento). De hecho, el 24 por ciento de las mujeres afirma haberse sentido excluida laboralmente, una cifra muy superior a la de los hombres en dicha situación (15 por ciento). ■ Colectivo LGTBI El colectivo que más excluido se ha sentido en alguna ocasión en su trabajo es el LGTBI, ya que así lo afirma el 45 por ciento de ellos.

RSC

Diversidad e inclusión en la sociedad

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Volvo Group España, fabricante sueco de vehículos industriales líder del sector, ha firmado un acuerdo de colaboración con Fundación Seur para incorporarse al proyecto Tapones para una nueva vida®. El acuerdo, que tuvo lugar en las oficinas de la sede central de Volvo Group en España, fue firmado por Stéphane de Creisquer, ceo de Volvo Group España, y Ramón Mayo González, presidente de Fundación Seur. Gracias al acuerdo entre ambas entidades, Volvo Group España ayudará a recoger tapones de plástico para que sean entregados a una planta de reciclaje y ayudar a niños con graves problemas de salud: es el caso de Izan, que nació con una enfermedad genética rara, de la que solo se conocen 35 casos en el mundo. Gracias al proyecto Tapones para una nueva vida®, Izan podrá recibir todas las terapias que necesita. Desde que comenzó el proyecto Tapones para una nueva vida® en 2011, más de 134 niños han recibido 969.366 euros, gracias al reciclaje de 4.363 toneladas de tapones, lo que, además, ha evitado la emisión de 6.545 toneladas de CO2, principal causante del cambio climático.

ACTUALIDAD

Volvo España se suma al proyecto ‘Tapones para una nueva vida’ de la Fundación Seur

Bankia ha lanzado una nueva herramienta, desarrollada en colaboración con Forética, que permite a las compañías autoevaluar su grado de avance en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y conocer así el nivel de integración de las empresas en aspectos sociales, ambientales o de Buen Gobierno. La herramienta está disponible para cualquier compañía, tanto si son grandes empresas como si se trata de pymes, con la finalidad de que puedan tener una radiografía completa de su gestión en materia de RSE. La aplicación analiza cinco áreas temáticas: Estrategia y gobierno corporativo, Recursos Humanos, Cadena de suministro, Relación con el entorno e Inversores, competencia y Administraciones Públicas. Una vez aplicados todos los criterios para el análisis de la empresa, se genera en segundos un informe que puntúa, en una escala del 1 al 10, el desempeño de la compañía en cada una de las áreas. Junto a ello, el informe recoge una puntuación global que se alcanza realizando la media aritmética de la calificación de las citadas áreas. En función de los resultados, la herramienta acompaña propuestas de mejora en las diversas variables.

Bankia lanza una herramienta para que las empresas autoevalúen su avance en RSE

El complejo La Manga Club acogerá del 29 de julio al 4 de agosto la Semana del Deporte Solidario, en la que se llevarán a cabo varias competiciones deportivas de tenis, fútbol y golf con el fin de recaudar fondos para la Fundación Alda. La semana solidaria culminará con la tradicional cena de gala benéfica y que este año estará ambientada en los gloriosos años 20. Todo ello, tiene como principal objetivo recaudar fondos para la Fundación Alda, una entidad privada, sin ánimo de lucro, que desde 2003, centra su labor en tratar de mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo de las comunidades vulnerables en Paraguay, especialmente los niños. La Semana del Deporte Solidario comenzará el sábado 29 de julio con el Torneo de Golf Solidario para toda la familia, que se disputará en el Campo Sur. El domingo 30, en el Centro de Tenis, se celebrará una jornada festiva para toda la familia que contará con actividades y juegos de raqueta y la entrañable mascota Max. El jueves 3 de agosto el fútbol tendrá una jornada especial con una sesión de entrenamientos exclusivos, a cargo del entrenador de la selección nacional escocesa Gordon Strachan.

La Manga Club celebra por cuarto año la semana benéfica de la Fundación Alda


relacionados con la discapacidad, como las sillas de ruedas inteligentes, tal y como asegura Xavier Mesalles.

La startup balear vio la luz en enero de 2015 y ya cuenta con más de 1.100 empresas registradas, 2.800 leads comprados por clientes y 313.000 seguidores en redes sociales, el germen de esta idea de negocio. En esta corta trayectoria, Discubre ha recibido el Premio Emprendedor XXI de La Caixa 2016 (ganador en Baleares y Accésit Social nacional) y el Premio Solidarios ONCE Baleares en julio del mismo año. Actualmente, cuenta con proveedores de todas las provincias españolas y está integrada en la aceleradora SHIP2B, especializada en proyectos de emprendimiento con impacto social.

Crecimiento Todos los usuarios que ingresan en la plataforma pueden ver en las secciones ortopedia, atención personal y vivienda la gran cantidad de soluciones que abarca Discubre distribuidas por categorías (vida diaria, movilidad, rehabilitación, aseo, salud, Infantil, vehículos, alquiler, segunda mano). Además, en este 2017 han incorporado el comparador de precios, pues según Mesalles, “era un servicio que nos demandaban los usuarios”. Y, aunque con este servicio no venden, comparan los presupuestos de los diferentes proveedores que existen en el mercado, con lo que consiguen cerrar el círculo.

De cara al futuro, la empresa está creando un web service, un espacio en el que todos los catálogos de los fabricantes o importadores se conectarán automáticamente con la red de Discubre a nivel mundial.

Elegir una silla de ruedas, colocar una rampa, buscar un asistente personal o adaptar la vivienda son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan los familiares y personas con discapacidad. Para ofrecer a estos colectivos

información, opiniones y soluciones que permitan mejorar su calidad de vida, nace Discubre: un marketplace online para conectar la oferta y demanda de productos y servicios para personas con discapacidad y personas mayores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo una de cada 10 personas que necesitan productos de apoyo y/o movilidad acceden a ellos, debido al desconocimiento en este ámbito, la falta de disponibilidad o su elevado coste. Ante esta situación, Discubre ofrece a las personas, familias y colectivos con necesidades de productos y servicios vinculados a la discapacidad o diversidad funcional el acceso, en un solo espacio, a la información sobre estos productos.

Además, a través de Discubre estos colectivos pueden comparar la oferta de productos en el mercado, contactar con empresas de accesibilidad y con especialistas para la atención de las necesidades concretas de las personas con discapacidad.

Para mejorar la plataforma, ampliar su comunidad de usuarios y llegar a países donde el acceso a la información de productos de apoyo para la discapacidad es limitado, la startup de origen mallorquín busca una ampliación de capital de entre 120.000 euros y 150.000 euros, a través de una campaña de equity crowdfuning en la Bolsa Social. La campaña se acaba de poner en marcha y ya han conseguido una inversión de 33.000 euros.

“Nuestro objetivo es la transparencia y eficiencia de las empresas y profesionales que ofrecen

productos o servicios asociados a la discapacidad y/o diversidad funcional y el

empoderamiento de los usuarios en este sector” afirma Xavier Mesalles Solsona,

fundador y ceo de Discubre.

Reconocimientos Próximamente, la startup lanzará el proyecto App Discubre, el wallapop de los productos de ortopedia y discapacidad, a través del que los usuarios de su marketplace podrán donar e intercambiar estos productos de un modo gratuito y libre. Aunque la app en sí todavía tiene mucho recorrido por delante, Discubre piensa en el futuro: su intención es aprovechar

la interacción del usuario para otros usos

INNOVACIÓN

La ‘startup’ mallorquina ayuda a las personas, familias y colectivos con necesidades de productos y servicios vinculados a la discapacidad o diversidad funcional a encontrar soluciones en un solo espacio, aportando transparencia al mercado y creando una comunidad de usuarios a través del uso eficiente de las TIC

E. L.

DISCUBRE, UNA RED SIN BARRERAS

ISTOCK


Los fundadores de esta ‘startup’ granadina están desplegando la red de balizas más extensa de España basada en la tecnología iBeacon de Apple, a través de la cual, el usuario recibe información precisa sobre la ubicación de un local y su accesibilidad, la situación de los elementos físicos o las barreras arquitectónicas

Una persona ciega no ve escaparates ni lee letreros. ¿Cómo puede descubrir nuevas tiendas en la ciudad o localizar un bar al que nunca ha ido? Los fundadores de la startup granadina Outbarriers se plantearon esto mismo

y crearon un sistema de balizas que, colocadas en locales, conectan con el móvil de los usuarios para hacerles visibles establecimientos y puntos de interés.

Outbarriers ofrece su solución a través de una aplicación móvil sincronizada con una baliza, basada en la tecnología iBeacon. A través estos dispositivos, el usuario recibe información precisa sobre la ubicación de un local y sus

condicionantes para la accesibilidad, como la situación de los elementos físicos o las barreras arquitectónicas. Las balizas de Outbarriers ofrecen también datos sobre el tipo de establecimiento del que se trata y la oferta disponible, como el menú de un bar o información turística y cultural. Todos estos datos posibilitan a las personas con discapacidad visual aumentar su autonomía y posibilidad de elección, descubrir nuevos lugares y facilitar sus tareas cotidianas, fomentando así la inclusión social de este colectivo. De esta manera, ayuda, además, a comerciantes, dueños de bares y de otros negocios a llegar y fidelizar a más clientes, lo que incrementa sus ventas.

Con el objetivo de aumentar este impacto social, la startup granadina acaba de abrir una campaña de equity crowdfunding para ampliar su capital entre 185.000 y 235.000 euros, a través de la Bolsa Social. La campaña ya ha conseguido una inversión de 36.000 euros.

Igualdad de oportunidades La red de Outbarriers es la más extensa de balizas iBeacon de España, con más de 250 establecimientos visibles en Madrid y Granada. La empresa se encuentra actualmente desplegando parte de esta red en bares, de la mano de la empresa cervecera Mahou, dentro de un plan de fidelización de clientes.

“Nuestra ambición es posibilitar un mundo con igualdad de oportunidades para todos, a pesar de las diferentes circunstancias, y empoderar a personas en riesgo de exclusión por discapacidad” asegura Adrián Martínez Rojas, director general de Outbarriers.

“Es un reto que podemos conseguir con una buena dosis de voluntad y, por supuesto, gracias a la tecnología. Sólo en España hay cerca de 80.000 personas con discapacidad visual y casi un millón con problemas severos de visión, que necesitan mejorar su calidad de vida”, añade.

La startup cuenta con la certificación de dispositivo FIWARE IoT Ready y en poco más de dos años de vida han pasado por aceleradoras y programas de formación como FIC3, Tetuan Valley, Alhambra Venture, Unreasonable Labs y BarLabs, la aceleradora corporativa de Mahou San Miguel.

INNOVACIÓN

ISTOCK

OUTBARRIERS HACE ‘VISIBLES’ LAS CIUDADES PARA PERSONAS CIEGAS

E. L.


Veolia, empresa dedicada a la gestión optimizada de recursos, apoya un proyecto de OAN International a través de la novena edición del Premio Solidaridad Estudiantil, cuya finalidad es fomentar las iniciativas y la participación de estudiantes y universidades en proyectos comunitarios solidarios. Con este proyecto se quiere llevar a cabo la implementación de un horno solar de bajo coste, un autoclave, que sirve para esterilizar los materiales del equipo quirúrgico en los hospitales.

INNOVACIÓN

Una autoclave solar, ‘Premio Solidaridad

Estudiantil’

El objetivo de Cartier con los Cartier Women’s Initiative Awards es reconocer la creatividad de emprendedoras sociales por todo el mundo y apoyarlas para que su carrera profesional tenga éxito. Los finalistas serán invitados a asistir a la Semana de los Premios en Singapur durante la cual tiene lugar la segunda ronda de la competición. Después de la evaluación final del jurado se anunciarán las seis premiadas una por cada región.

Cartier premia el emprendimiento

social femenino

Un estudiante de Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Guillermo Martínez, ha diseñado varias prótesis mediante impresión 3D y ha asegurado que las enviará a Kenia. El alumno viajará a Kabarnet, región del país africano, donde se ha puesto en contacto con la ONG Bamba Kenya con el propósito de “acercar a las personas de escasos recursos la posibilidad de contar con una prótesis sin ningún coste”, ha explicado el centro universitario.

Un estudiante diseña brazos protésicos por impresión 3D

Mapfre ha puesto a disposición de los empleados de la compañía que trabajan en su sede de Majadahonda (Madrid) dos vehículos eléctricos Renault ZOE que podrán disfrutar a lo largo del mes de julio gratuitamente. Los empleados que deseen tener la experiencia de conducir un coche eléctrico o para aquellos que estén pensando en cambiar su vehículo y quieran probarlo previamente, pueden hacerlo durante un día completo.

Mapfre fomenta la movilidad eléctrica

entre sus empleados

La European Social Innovation Competition ha dado a conocer los nombres de sus 30 semifinalistas, entre los cuales hay cinco startups españolas. Este año, la competición se centra en reinstaurar la igualdad e intentar crear una sociedad futura basada en la inclusión digital, la economía colaborativa, la conectividad y el desarrollo de habilidades. Los españolas seleccionados con Crowdpact, Change Dyslexia, Mouse4all, Sibox y The Rural Plaza.

Cinco españoles en la ‘Social Innovation

Competition’


El vicepresidente ejecutivo de Fundación Once, Alberto Durán, y el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives, han firmado un Convenio Inserta para facilitar la incorporación de personas con discapacidad en la plantilla del despacho. El acuerdo suscrito se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social que está desarrollando la Fundación Once a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

ACTUALIDAD

Fundación Once y Garrigues firman un Convenio Inserta

Lilly España ha publicado su Memoria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un ejercicio de transparencia y como respuesta al compromiso asumido con sus grupos de interés. La compañía recoge en 70 páginas los hitos más importantes registrados con el fin de impactar de forma positiva en la sociedad. Sigue la estructura del informe integrado de la compañía a nivel global e incorpora una referencia a los principios del Pacto Mundial y a los ODS.

Lilly publica su Memoria de RSE 2015-2016

Taymory vestirá a partir de ahora a los héroes de Iunion Hotels que participan durante el año en diferentes carreras deportivas con el fin de promover la integración social y laboral de personas con discapacidad. Bajo el lema #somosheroes, los trabajadores del grupo Ilunion Hotels, se marcan diferentes retos deportivos en territorio nacional, demostrando que son capaces de cumplirlos, sea cual sea la situación personal de cada participante.

Taymory se une al proyecto

de Ilunion Hotels

Nace Parental Click, la primera aplicación de control parental basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, gracias a la mediación activa de los padres y el consentimiento del menor, permite obtener pruebas legales y legítimas en caso de proceso judicial. El objetivo principal de la app es permitir a los padres llevar a cabo un control consentido de sus hijos en el día a día y prevenir de forma eficaz y legal los casos de acoso sexual, cibernético y bullying.

Nace la primera aplicación anti

‘bullying’ y acoso

La Fundación Sandra Ibarra ha creado la primera Escuela de Supervivientes que establece un antes y un después en la vida de los supervivientes de cáncer. El objetivo es impulsar planes institucionales de asistencia sanitaria para el “largo superviviente” y ofrecer a la sociedad una visión del cáncer desde la óptica de quienes han convivido con esta enfermedad. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año habrá 100.000 nuevos “largos supervivientes”.

La Fundación Sandra Ibarra crea la Escuela

de Supervivientes


La Fundación Mahou San Miguel refuerza, una vez más, su compromiso con el empleo juvenil gracias a los buenos resultados de Creamos Oportunidades en Hostelería, su iniciativa de formación para el empleo en el sector hostelero. El programa acaba de concluir su tercera edición, logrando, un año más,

grades cifras de inserción laboral. En concreto, el 77 por ciento de los alumnos que ha finalizado todo el proceso ya ha formalizado un contrato laboral en el sector hostelero.

Creamos Oportunidades en Hostelería es único programa que ofrece

III EDICIÓN DE ‘CREAMOS OPORTUNIDADES EN HOSTELERÍA’


El 77% de los alumnos, que son jóvenes en amenza de exclusión social, que ha finalizado el proceso de formación impulsado por la Fundación Mahou-San Miguel, ha formalizado un contrato laboral

FORMACIÓN

Los participantes en la tercera experiencia

formativa. EE


titulación oficial en Hostelería con un enfoque social y promovido por una fundación empresarial. En esta ocasión, además de en Madrid, Burgos y Bilbao, la iniciativa se ha extendido a Barcelona y Granada. Así, más de 130 jóvenes en situación de riesgo de exclusión han recibido formación cualificada, que se ha visto completada con masterclass y cursos de especialización, así como con prácticas laborales en 75 locales hosteleros que han colaborado en esta edición. Se consolida así un programa que ya ha logrado llegar a un total de 330 jóvenes en sus tres ediciones.

Alfredo Mahou, presidente de la Fundación Mahou San Miguel, señala que “nos alegra enormemente haber contribuido a impulsar la ilusión de muchos jóvenes para que puedan desarrollarse profesionalmente en un sector clave para la economía española, como es la hostelería. Acompañarles durante este proceso nos permite constatar el talento que hay en nuestro país”.

José Águila Álvarez, miembro de la Fundación, explica que el Programa se ha ampliado durante este curso a la modalidad de Formación Profesional Dual. Se trata de un modelo de innovación educativa de dos años de duración que, por su metodología de aprendizaje, combina los contenidos teóricos en los centros educativos en el primer curso, con la formación práctica en establecimientos de hostelería seleccionados por Mahou San Miguel durante el segundo, todo ello con la intención de que los alumnos conozcan la realidad actual del mercado laboral.

Certificado de profesionalidad En el caso de Madrid, donde el programa cumple ya su tercera edición, 87 jóvenes están recibiendo actualmente formación especializada. Concretamente, 65 de ellos han cursado el Certificado de Profesionalidad de Operaciones básicas de Restaurante y Bar en cinco centros colaboradores -la Escuela Hostelería y Turismo Simone Ortega, la Escuela de Hostelería Fuenllana, la Asociación Norte Joven, la Fundación Tomillo y la Fundación Juan XXIII, los dos primeros con el apoyo de Fundación Exit y, una vez concluida la fase teórica, desarrollan prácticas en establecimientos hosteleros elegidos por la Fundación para, finalmente, obtener su titulación oficial.

Los 23 restantes han sido becados para realizar el Grado Medio en Servicios de Restauración en la modalidad de Formación Profesional Dual que imparte la Escuela Hostelería y Turismo Simone Ortega gracias a un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid. De este modo, la Fundación Mahou San Miguel se convierte en la primera fundación empresarial que firma un acuerdo de estas características con la

administración local madrileña, algo que dota al programa de un carácter único y diferenciador.

Un ejemplo de esta experiencia la aportan, Rafa, uno de los muchachos que han seguido el curso y que está perfectamente integrado en el restaurante donde está haciendo las prácticas: Las Tortilla de Gabino. Rafa explica que “esta es una gran oportunidad porque he pasado de no hacer nada y cosechar un fracaso escolar a sacarme la ESO y a tener un trabajo. Todo ha cambiado. Ha sido encontrar motivación y una vez que he tenido ganas todo ha cambiado. Antes era muy vergonzoso y esta experiencia me ha dado mucha seguridad para tratar con la gente en la sala. Ahora me planteo dar el paso de la sala a la cocina”.

Para Ekaitz Almandoz, generente y director de sala de las Tortilla de Gabino, se trata de una satisfacción muy grande, “porque es muy bonito formar a los chicos. Además, un chico que necesitas, porqie la demanda de personal en hostelería supera con mucho a la oferta”.

■Reconocimiento “Creamos Oportunidades en Hostelería” fue reconocido en 2015 con el premio a la Mejor Práctica Responsable del Club de Excelencia y Sostenibilidad, así como con el premio Expansión a la Innovación Sostenible. ■Compromiso La iniciativa se enmarca dentro del firme compromiso de la Fundación Mahou San Miguel con el empleo, la formación y el emprendimiento y con dar oportunidades laborales a los colectivos que tienen más dificultados para acceder al mercado laboral. ■Formación Dual La formación Dual, con una duración de dos años, es un modelo de innovación educativa que, por su metodología de aprendizaje, combina la impartición de contenidos teóricos en los centros educativos en el primer curso con formación práctica en empresas durante el segundo, todo ello con la intención de que los alumnos conozcan la realidad actual del mercado laboral. ■Mentores voluntarios Un total de 51 profesionales y jubilados de Mahou San Miguel han participado por primera vez este año como mentores de los jóvenes de la III Edición de Creamos Oportunidades en Madrid y Burgos. Se trata de un voluntariado que pretende ayudar a los jóvenes a integrarse en el proyecto y a alejarsles de la exclusión.

FORMACIÓN

Una práctica en favor del empleo juvenil

Rafa y Ekaitz Almandoz explican

su experiencia en la Sala . EE

58 Buen GobiernoelEconomistaFORMACIÓN

LA UCM CREA UNA CÁTEDRA EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL

CON BANCO SANTANDER

Nace con el objetivo de promover el espíritu emprendedor de los jóvenes universitarios y apoyar sus proyectos en esta materia

EE

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha creado una Cátedra Extraordinaria en Emprendimiento

Social fruto de un convenio de colaboración firmado el pasado jueves por el rector Carlos Andradas y la directora de Santander Universidades España, Susana García Espinel. La Cátedra se ha inscrito en la Escuela de Especialización Profesional de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también en la Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende), ha explicado la institución académica a través de un comunicado. Tiene por objeto “difundir la actitud emprendedora y apoyar proyectos de emprendimiento social”, señala la UCM, al tiempo que ha adelantado parte del programa de actividades de la Cátedra. Este programa estará compuesto por un bloque de formación para estudiantes y docentes, otro de investigación para “conocer la realidad que representa el emprendimiento social”, y en un tercer bloque de difusión, “para fomentar toda clase de iniciativas que promuevan el emprendimiento social

mediante la celebración de foros, convenios, etc.”. El rector ha asegurado que la nueva cátedra “generará nuevas vocaciones científicas dentro de la universidad”, mientras que la directora de Santander Universidades ha destacado el compromiso de su entidad en el apoyo a jóvenes que emprendan “nuevos modelos de negocio sociales, inclusivos y en igualdad de oportunidades”.

III CAMPEONATO ENERGÍA CON CONCIENCIA

FUNDACIÓN REPSOL

Estudiantes de secundaria presentan sus propuestas para hacer un uso más responsable de los recursos energéticos

EE

El INS Berenguer D´Entença (Tarragona), el Colegio Internacional J.H. Newman (Madrid), el Colegio

María Rosa Molas (Tarragona), el IES Ortigueira (La Coruña) y el IES San Juan Bautista de la Concepción (Ciudad Real) han sido los cinco centros participantes en la final del Campeonato Energía con conciencia, entre los 23 que han participado en esta competición organizada por Fundación Repsol. Este campeonato ha puesto fin a la tercera edición de Energía con conciencia, un proyecto educativo de Fundación Repsol

que tiene como objetivo sensibilizar a alumnos de 3º y 4º de secundaria de la necesidad de ser responsables en el uso de los recursos energéticos, a través de actividades y experimentos relacionados con la eficiencia energética. Durante el curso 2016/2017 han participado más de 1.200 alumnos de 34 centros educativos de La Coruña, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Tarragona y Vizcaya.

En el marco de este proyecto, los alumnos han trabajado en una auditoría energética de su centro educativo, proponiendo aspectos de mejora para conseguir un centro más eficiente. Para ello, han contado también con el apoyo de 80 voluntarios Repsol, expertos en temas de energía, que les han ayudado a acercarse al concepto de eficiencia energética. Tras ver las cinco presentaciones, el jurado y el público han decidido que los campeones de la eficiencia energética de esta edición sean IES San Juan Bautista de la Concepción y el INS Berenguer D´Entença, que han recibido un premio en metálico de 7.000 y 3.000 euros, respectivamente.

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FINALIZA EL PLAN DE FORMACIÓN ‘ME @DMINISTRO’

La Asociación de personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) y la Fundación Vodafone han dado formación a 157 personas con discapacidad,

personas mayores, familiares y profesionales de entidades del Tercer Sector en el uso de la administración electrónica a través del proyecto Me @dministro. Desarrollado desde abril del 2016 hasta mayo del 2017, ha contado con la participación de personas con discapacidad, como agentes clave de la extensión de la formación y la dinamización de la administración electrónica. Destaca la contratación de una persona con discapacidad, experta y docente en nuevas tecnologías, que teniendo la experiencia de las barreras en accesibilidad y los conocimientos necesarios en soluciones tecnológicas, ha llevado a cabo una formación a distancia, para el uso y manejo de las nuevas tecnologías. Esta formación ha permitido la capacitación a otras nueve personas con discapacidad de distintos lugares de España, los llamados “delegados territoriales Me @dministro”, que han sido los encargados de transmitir los conocimientos adquiridos a los 157 beneficiarios.

ASPAYM / FUNDACIÓN VODAFONE

HUAWEI BECA A 15 ESTUDIANTES ESPAÑOLES

El programa El Futuro de las TIC, cuya primera edición en España tuvo lugar en 2013, es una iniciativa de Huawei España incluida en su estrategia de

Responsabilidad Social Corporativa, Creando Oportunidades a través de la Educación, y que se desarrolla en el marco del Memorandum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) firmado entre Huawei y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en septiembre de 2012. Los 15 estudiantes españoles becados en la quinta edición del Programa de Becas de Formación en China de Huawei disfrutarán de una estancia formativa en la sede central de Huawei, en Shenzhen, y en Pekín (China). Con el objetivo de aportar un valor añadido a sus currículos y una visión del funcionamiento y estrategia de una multinacional líder en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación, Huawei impartirá a estos estudiantes un programa formativo en torno a Cloud Computing, Big Data o redes 3G y 4G. Asimismo, conocerán in-situ el entorno dinámico y global de Huawei en su país de origen, así como la cultura china.

ESTRATEGIA RSC

52 EMPRENDEDORES VIAJARÁN A SILICON VALLEY

Alrededor de 50 jóvenes emprendedores españoles viajarán a Silicon Valley para conocer de cerca el mayor ecosistema de emprendimiento e innovación gracias al

programa Santander Yuzz que promueve el Banco Santander a través de Santander Universidades con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). El objetivo de Santander Yuzz es promover el emprendimiento a través del talento joven, el espíritu emprendedor y la creación de iniciativas innovadoras. Durante 2017 el programa ha brindado formación, apoyo y asesoramiento gratuito a más de 1.200 jóvenes de toda España.

El programa incluye visitas a empresas como Google, LinkedIn o Facebook, asesoramiento en aceleradoras pioneras como Founders Space y conferencias en prestigiosas universidades como Berkeley o Standford. Tras el viaje, un jurado integrado por representantes del Santander, CISE y otras entidades, seleccionarán a los ganadores finales. Los tres mejores proyectos recibirán una donación de 30.000, 20.000 y 10.000 euros para que puedan acelerar sus proyectos.

CON ‘SANTANDER YUZZ’

FORMACIÓN

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La hostelería es uno de los motores de la economía de España, con más de 1,6 millones de personas que trabajan en este sector y cerca de 300.000 bares y restaurantes en todo el país. Pequeñas acciones en estos establecimientos pueden contribuir a la lucha contra el calentamiento del planeta

Coca-Cola y la Comunidad #PorElClima han presentado la plataforma Hostelería #PorElClima, destinada a ayudar a los establecimientos hosteleros a aplicar acciones que les conviertan en espacios más sostenibles y a reducir su huella

ambiental, contribuyendo así a frenar el cambio climático. “No hay tiempo que perder en la lucha contra el cambio climático”, manifestó Cristina Monge desde Comunidad #PorElClima. “Es necesario actuar desde todos los sectores económicos, políticos y sociales, con sentido de urgencia”.

Hostelería #PorElClima nace tras el lanzamiento de Compromiso #PorElClima y Comunidad #PorElClima, ambas

iniciativas suscritas por Coca-Cola, y se traduce en la creación de una web, que incluye mensajes y recomendaciones en sostenibilidad, adaptados a la realidad del negocio del sector hostelero.

“Muchas empresas que perciben el cambio climático como una oportunidad de transformación ya están incorporando la sostenibilidad a su estrategia de negocio como palanca de innovación y competitividad”, señala Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia. “Por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las empresas tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático”.

La web Hostelería #PorElClima se ha diseñado con un aspecto muy visual e intuitivo que permite a los usuarios acceder a las recomendaciones de una forma muy sencilla. Todas ellas se encuentran agrupadas en seis ámbitos: movilidad, energía, huella de carbono, consumo responsable, agua y residuos. Los hosteleros tienen la posibilidad de sumarse a la comunidad a través de la creación de un perfil público en el que se recogerá su compromiso de poner en marcha acciones para contribuir a reducir el impacto ambiental de las actividades desarrolladas en su establecimiento.

El usuario podrá seleccionar, de entre las recomendaciones incluidas en la web, aquellas que considere más efectivas en los diferentes ámbitos e incluirlas en su perfil, donde también podrán hacer un seguimiento del resultado de su aplicación. Asimismo, podrán compartir las prácticas que lleven a cabo y que puedan servir de ejemplo a otros usuarios. Al tratarse de perfiles públicos, todos los usuarios de la plataforma tendrán la posibilidad de conocer tanto los establecimientos adheridos como los compromisos que han asumido.

“Esta plataforma nace con tres objetivos: difundir la iniciativa Comunidad #PorElClima entre el sector de la hostelería; ayudar a los establecimientos implicados a ser más sostenibles con el medio ambiente; y dar visibilidad y crear concienciación de que todos podemos luchar contra el cambio climático”, explicó Ana Callol, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia.

MEDIO AMBIENTE

ISTOCK

COCA-COLA AYUDA A LOS HOSTELEROS A REDUCIR SU HUELLA AMBIENTAL

E. L.


AXA CONSUMIRÁ SÓLO ENERGÍA RENOVABLE EN 2025

El Grupo AXA se acaba de incorporar a la iniciativa mundial RE100, que busca la implicación y el compromiso de las principales compañías mundiales

en el uso del 100 por cien de energías procedentes de fuentes renovables, por la que, en 2025, el consumo del 100 por cien de energía procederá de fuentes renovables. Con la adhesión de AXA, AkzoNobel, Burberry y Carlsberg son ya 100 el número de empresas que tratan de liderar la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de una economía baja en carbono. En este sentido, AXA se ha comprometido a que en 2025 toda la electricidad que consuma en el mundo procederá de fuentes renovables. De hecho, sólo en España, AXA ya consume un 71 por ciento de energía de fuentes renovables y en 2016 ha reducido el uso de energía un 26 por ciento debido a la eficiencia energética de la nueva sede de Madrid y la remodelación de la sede en Vigo. Además, con el propósito de reducir su huella medioambiental y en línea con su cultura paperless, AXA España ha reducido el consumo de papel de oficina un 24 por ciento (kg/empleado) respecto a 2015.

INICIATIVA MUNDIAL RE100

ARCELORMITTAL REDUCE SUS EMISIONES DE CO2

ArcelorMittal ha dado a conocer las conclusiones de su Informe Anual de Sostenibilidad de sus plantas en España que recoge información sobre la aportación de la

compañía en materia económica, social y ambiental, durante el ejercicio de 2016. En este sentido, durante el pasado año, la empresa invirtió más de 128 millones de euros (21,8 por ciento más que en 2015) para mejorar la competitividad de sus plantas españolas y 3,4 millones de euros en la búsqueda de tecnologías innovadoras que permitan redefinir el proceso siderúrgico y contribuyan positivamente a la lucha contra el cambio climático. El compromiso medioambiental de ArcelorMittal se traduce también en una inversión de 12 millones de euros para minimizar el impacto ambiental de sus actividades, lo que ha permitido reducir 9,9 millones de toneladas de CO2, un 17 por ciento más con respecto a 2015. Asimismo, el consumo de energía primaria disminuyó un 14 por ciento frente al realizado en 2015, y en cuanto al tratamiento de los residuos, el 83 por ciento fueron reciclados o valorizados. Además, actualmente un 87 por ciento del acero es reciclado tras su uso.

HUELLA INDUSTRIAL

EL NUEVO MODELO DE TIENDA EFICIENTE DE MERCADONA

Mercadona ha dado a conocer su nueva Memoria de Medio Ambiente 2015-2016, en la cual presenta cómo es su Modelo de Gestión Ambiental, cuyo

lema es hacer más con menos para mejorar el comportamiento ambiental en tres áreas principales: optimización logística, eficiencia energética y gestión de residuos. En este sentido, destaca la inversión total de 52 millones de euros por parte de la compañía para mejorar diferentes procesos, productos y servicios que tienen incidencia en el medio ambiente. Un ejemplo de optimización logística por parte de Mercadona es su estrategia de productos frescos, que busca incrementar la presencia de producto fresco de calidad y de proximidad y, por tanto, acortar la cadena logística con el consiguiente menor impacto ambiental. Asimismo, la compañía tiene implantadas numerosas medidas para conseguir que todos los alimentos a lo largo de la cadena se puedan aprovechar y, cuando esto no es posible, dispone de programas de redistribución de alimentos para hacerlos llegar a quienes más lo necesitan.

‘MÁS CON MENOS’

MEDIO AMBIENTE

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La transformación por el clima para una economía sostenible

Estamos en un momento en el que,

si no hablamos de una transformación real

de los modelos de producción

y consumo, de los mercados y de las

políticas públicas, será difícil garantizar la sostenibilidad

Ana Herrero

Directora de Proyectos y Servicios de Forética y coordinadora del Clúster de Cambio Climático El Acuerdo de París muestra que la transformación

hacia una economía baja en carbono es inevitable. Esta transición creará empleos y determinará la competitividad futura de las empresas en todo el mundo”. Así de rotundos se mostraban Paul

Polman y Peter Bakker, presidente y ceo del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) respectivamente, en un artículo que publicaban hace unas semanas.

Desde Forética, como representante en España del WBCSD, consideramos también que así de contundente tiene que ser la apuesta de Estados, ciudades y empresas en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático. Estamos en un momento en el que, si no hablamos de una transformación real de los modelos de producción y consumo, de los mercados y de las políticas públicas, será difícil garantizar la sostenibilidad en su triple dimensión. Los retos que plantea el cambio climático dejaron, hace mucho, de ser asunto exclusivamente ambiental convirtiéndose en importantes preocupaciones también para gobiernos e inversores.

La ciencia y la capacidad del planeta son quienes han determinado los límites tolerables respecto al cambio climático: el Acuerdo de París, alcanzado en 2015 y firmado por 195

partes, establece que es necesario contener el calentamiento global por debajo de los 2oC a finales de siglo y que para ello es necesaria una acción conjunta de países, empresas y ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, la única vía disponible es realizar cambios significativos, es decir, buscar la transformación hacia una economía baja en carbono.

En este contexto, el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, con la decisión de que el país abandone el Acuerdo de París, es sin duda una mala noticia. La salida de EEUU, que supone aproximadamente un 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totales, nos aleja del objetivo.

Sin embargo, la acción por el clima continúa en marcha y son muchos los motivos para seguir adelante.

Días después de la salida de EEUU del Acuerdo de París, el gobernador de California, Jerry Brown, se reafirmaba: “California está al 100 por cien con el Acuerdo de París. De hecho, vamos más lejos”. Fue precisamente Brown el impulsor, meses atrás, de un acuerdo a nivel subnacional, Under2 Coalition, en el que administraciones de todo el mundo se comprometen a cumplir ambiciosos objetivos climáticos. Hasta la fecha han firmado 175 jurisdicciones que representan más de 1.200 millones de personas y el 39 por ciento del PIB mundial.


En España, Andalucía, Cataluña, Navarra y País Vasco, son las regiones que ya se han comprometido.

Por su parte, la comunidad empresarial también ha reaccionado: desde la plataforma We Are Still In, más de 900 empresas e inversores americanos declaran estar comprometidos con el cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático y consideran que acelerar la transición hacia una economía baja en carbono beneficiará la seguridad, la prosperidad y la salud.

En España, 50 grandes empresas constituyen el Clúster de Cambio Climático -impulsado por Forética- como punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en esta materia y como canal para colaborar con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) para potenciar la promoción de la gestión empresarial sostenible y medioambientalmente responsable.

España firmó el Acuerdo de París y por tanto tiene unos compromisos internacionales que cumplir. Además, somos uno de los países más vulnerables de Europa a los efectos del cambio climático: el aumento de la temperatura y la reducción de recursos hídricos previstos, podrían poner en peligro sectores como la agricultura y el turismo. Es por esto que, de manera más urgente si cabe, debemos definir y poner en marcha la senda que nos encamine a dicha ambiciosa transformación.

Por el momento, desde el Gobierno ya se está trabajando en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Por su parte, el Clúster de Cambio Climático ha entregado a la Oficina Española de Cambio Climático unas propuestas concretas sobre aspectos clave que debería considerar dicha ley.

El rol de las empresas en la lucha contra el cambio climático

es fundamental para conseguir los objetivos, pero igual de relevante es para la sostenibilidad de la economía que las empresas integren el cambio climático en sus estrategias de negocio, como elemento de mitigación de riesgos y generación de oportunidades.

En este sentido las empresas necesitan incorporar con carácter urgente en sus estrategias corporativas el cambio climático. Han de conocer el nivel de su impacto y la vulnerabilidad y el de su cadena de valor respecto al cambio climático, cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, medir su huella de carbono para, a partir de ahí, alinear sus esfuerzos y objetivos de reducción de emisiones con los adoptados a nivel nacional e invertir en nuevas tecnologías, en el desarrollo de capacidades y en soluciones bajas en carbono.

En esta senda, cada día son más las empresas que incorporan mecanismos económicos, como el precio del carbono, para integrar el cambio climático en la toma de decisiones y así, considerar las externalidades negativas que producen las emisiones como criterio a la hora de aprobar y desarrollar proyectos e inversiones. Además, como elemento generador de confianza se precisa un compromiso efectivo con la transparencia y la rendición de cuentas través de herramientas de reporting que permitan el desarrollo de una comparativa a nivel global.

Si conseguimos, países y empresas, generar estos cambios institucionales y tecnológicos, tendremos no solo la oportunidad de que el cambio climático no supere los umbrales establecidos -limitando así los riesgos asociados-, sino generar nuevas oportunidades de negocio que conduzcan a una economía más sostenible y competitiva.

Somos uno de los países más vulnerables de Europa a los efectos del cambio climático: el aumento de la temperatura así como la reducción de recursos hídricos previstos, podrían poner en peligro sectores como la agricultura y el turismo

Ana Herrero

Directora de Proyectos y Servicios de Forética y coordinadora del Clúster de Cambio Climático


Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, recibió ayer el premio Financiero del Año, que otorga anualmente Foro Ecofin, en su tradicional gala La Noche de las Finanzas. En las ediciones anteriores, recibieron este premio personalidades empresariales de la talla de María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter; José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), o Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Asimismo, en este evento se entregaron los reconocimientos Imagen de España a las entidades y organizaciones que han destacado por la proyección de la imagen de España en el exterior. Este año, los galardones han recaído en El Corte Inglés, Banco Sabadell y las instituciones Universidad de Salamanca e Instituto Cervantes, por su labor en el fomento del idioma y la cultura españolas. Isidro Fainé estuvo representado por Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa. Según destacó Giró, el diseño de la Fundación Bancaria La Caixa “está hecho de tal manera que permitirá a la Obra Social llevar a cabo sus objetivos durante los próximos 50 o 60 años”.

PROFESIONALES

Isidro Fainé recibe el premio Financiero del Año 2017

KPMG ha nombrado a José Luis Blasco nuevo responsable global de Servicios de Sostenibilidad de la firma, presente en 152 países. Blasco se incorporó a KPMG en España en 2003, procedente del tercer sector y con el objetivo de desarrollar el área de Sostenibilidad, de la que fue nombrado socio en 2008. Cinco años después, en 2013, también fue nombrado socio y responsable de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Blasco ya lideraba entonces el área de Sostenibilidad de KPMG para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMA). “Este nombramiento refuerza el peso que ya tiene la firma española en la red internacional de KPMG, además en un área de especial relevancia para las empresas y donde contamos con una posición de liderazgo en el mercado local”, señaló Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España. En su trabajo de consultoría, asesora a destacadas empresas españolas sobre cómo incorporar los riesgos y oportunidades que representan las actuales tendencias medioambientales y sociales a sus estrategias corporativas. Con casi 20 años de experiencia, Blasco tiene una amplia proyección internacional.

José Luis Blasco, nuevo responsable global de Sostenibilidad de la firma KPMG

Jorge Villarino, socio y director de Regulación de Vinces, consultora estratégica de Asuntos Públicos, ha sido el ganador del Premio de Investigación de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, que este año ha celebrado su IV edición. El galardón le fue entregado el pasado jueves en el transcurso de la V Conferencia internacional de dicha cátedra por su trabajo titulado La privacidad en el entorno del cloud computing. El premio, que está dotado con 2.000 euros y la difusión del trabajo, tiene como objetivo estimular la reflexión académica y la investigación científica sobre un asunto central de la sociedad en la actualidad: el de cómo conjugar las exigencias de privacidad, con la lógica de la sociedad de la información en un contexto de crecientes posibilidades tecnológicas. El jurado ha valorado del trabajo de Villarino la profundidad en el análisis de los particulares retos que plantea la especial tecnología de la computación en la nube al derecho fundamental a la protección de datos. El galardonado ha manifestado al recoger el premio su voluntad de que “este trabajo contribuya al debate sobre la privacidad”.

Jorge Villarino, premio de la Cátedra Google CEU sobre privacidad e innovación


El Mutua Charity Tie Break Tens Madrid, torneo solidario contra la violencia de género celebrado en el marco del Mutua Madrid Open, ha entregado a Cáritas Española un cheque por valor de 100.000 dólares que se destinará al sostenimiento de cuatro casas de acogida para mujeres maltratadas y sus hijos gestionadas por Cáritas: María de Mattias, en Madrid; Montseny, en Barcelona; Nueva Esperanza, en Valladolid; y Besana, en Jaén.

ACTUALIDAD

Mutua Madrid Open apoya 4 casas de

acogida para mujeres

Multinacionales por marca España ha anunciado la convocatoria de los Premios Multinacionales por marca España RSC 2018 que reconocen la labor de las personas, empresas y organismos que hayan destacado este último año por su contribución al desarrollo de la responsabilidad social corporativa en España. Los interesados en participar podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 31 de enero de 2018.

Abierta la convocatoria a

los Premios RSC

Carrefour, a través de su fundación y en colaboración con Cruz Roja Española, ha puesto en marcha el programa Ilusiones Devueltas, una iniciativa solidaria vinculada al Plan Renove Bicicletas Carrefour, que nace con el objetivo de facilitar bicicletas en perfecto estado a niños y adultos en situación de vulnerabilidad. Aquellos que deseen colaborar con este proyecto podrán hacerlo hasta el 24 de julio acogiéndose al Plan Renove en cualquier hipermercado del grupo.

Carrefour y Cruz Roja lanzan

‘Ilusiones Devueltas’

La firma de moda C&A está aumentando la transparencia de su cadena de suministro y ha revelado detalles de las más de 2.000 fábricas de abastecimiento en 40 países por todo el mundo. “Nuestra prioridad es garantizar que las condiciones de trabajo en la cadena de suministro se adecúen a nuestros estándares así como una mejora constante en nuestra actividad social y medioambiental”, asegura Jeffrey Hogue, jefe global de Sostenibilidad en C&A.

C&A apuesta por una cadena de suministro

transparente

Un total de 600 personas han encontrado un puesto de trabajo gracias Programa de Ayudas al Empleo de Fundación Mapfre. En esta convocatoria se recibieron más 730 solicitudes, lo que llevó a la fundación a ampliar en 100 las ayudas iniciales. Más del 40 por ciento de las personas contratadas son menores de 30 años y en un 10 por ciento de los casos se les ha dado la oportunidad a personas mayores de 50 años, según informó la Fundación en un comunicado.

Fundación Mapfre encuentra trabajo a 600 personas


Día mundial contra la trata de personas

El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la trata de personas, una jornada que pretende

concienciar e impulsar las medidas legislativas y las actuaciones necesarias para poner fin a una

de las lacras que aún persisten en el mundo actual.

04

Curso de la APEP: aspectos jurídicos de la privacidad

Del 4 de septiembre al 15 de octubre se desarrolla esta for-

mación de la Asociació Profesional Española de Privacidad.

06Candidaturas a mejor proyecto de fomento del empleo

Hasta el 6 de octubre las empresas pueden presentar sus ini-

ciativas para esta convocatoria de Foroética.

30Alegaciones al Reglamento de Transparencia

El próximo 30 de julio concluye el plazo para que puedan presentarse observaciones en el trámite

de consulta pública previa del Reglamento que desarrolle la Ley 19/2013 de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 30Evento por la gestión empresarial responsable

El próximo mes de septiembre, el día 20, tiene lugar CSR Spain 2017, evento que aborda la ges-

tión empresarial responsable y sostenible y que está organizado por Forética. Tendrá lugar en la

sede del COAM.20Encuentro por la ética empresarial Los días 28 y 29 de septiembre tiene lugar en Valencia el RSEncuentro, que aborda la ética

empresarial y la responsabilidad social corporativa desde todas las dimensiones: administración,

empresarial, profesional, directiva; desde la consultoría y estudiantes al público en general. 28Prevención del blanqueo de capitales El 28 de septiembre, la Asociación para el Progreso de la Dirección organiza unas jornadas dedi-

cadas a los deberes que impone la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales

y de la financiación del terrorismo.28

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