Revista Cánovas nº9 Octubre 2014
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Revista digital de pensamiento político, económico y social. Nº9 Octubre 2014. Edita Cánovas Fundación.
Transcript of Revista Cánovas nº9 Octubre 2014
nº
9
Oct
20
14
2 digital Cánovas
Edita: Cánovas Fundación
Presidente
Joaquín L. Ramírez Rodríguez
Secretario General
Miguel Ángel Ruiz Ortiz
Digital Cánovas
ISSN: 2255-5900
Nº9. Málaga. Octubre 2014
Dirección
Francisco M. Castillo Medina
Guillermo Díaz Gómez
Diseño y Maquetación
Rosa López Campos
NOTA: Cánovas Fundación no comparte necesariamente las opiniones expresadas por los diferentes autores.
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@CanovasFundac
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ÍNDICE
Noviembre.
Joaquín L. Ramírez 4
¿Qué está pasando?
¿Qué hay que hacer?
José Antonio Jurado 6
El voto en blanco, una reforma
necesaria para la mejora de
nuestra democracia
Fermín Vázquez 8
El ultimátum permanente del
nacionalismo catalán.
Alfredo Crespo 12
Descifrando el Nou Estado.
Alejandro Ibáñez 16
El éxito del Convenio Europeo
de Derechos Humanos.
Pablo Sánchez 18
Liderazgo que obtiene resultados
en democracia.
Ismael Sánchez Cañavate 20
La jauría humana.
Guillermo Díaz 24
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Noviembre
por Joaquin L. Ramírez
@JoaquinRamirez
Es una conocida paradoja que lo
malo de algunos sueños o algunos deseos
es que pueden convertirse en realidad.
Durante estos trepidantes días, alguna
marcial revista de los uniformados “Mossos
d´Esquadra” o el acto de impostada
solemnidad de firma del decreto de la
consulta soberanista, vinieron
escenificados con un molt honorable Artur
Mas de una actitud y mirada de monarca o
presidente de una república
protagonizando momentos históricos.
Nunca, en el seno de la coalición CIU y por
distintos motivos, se llegó a pensar que
estos momentos llegarían. Sin embargo, la
discordancia ha empezado a establecerse
entre los máximos dirigentes responsables
de este estado de cosas, porque ya
empiezan a no compartir ni acciones ni
propósitos.
Puede que el pasado sea a veces
esa losa que dicen. Las últimas decisiones
del presidente Mas, aún con las
resoluciones del Tribunal Constitucional
suspendiendo la ley de consultas catalana
y la convocatoria de la consulta del 9-N,
rayan en la ilegalidad. Las nefastas
consecuencias que tendría que el máximo
representante del estado en Cataluña
incurriera en la comisión de delitos no
hacen sino elevar la preocupación de
cualquiera que afronte con responsabilidad
este estado de cosas. No estamos en
1934, allá cuando Lluis Companys declaró
el estado catalán -6 de octubre- y fue
detenido por ello al día siguiente, tras
muchos tiros y la muerte de casi 50
personas. Pero pasado el tiempo, algún
guion histórico parece estar sirviendo de
libreto para reproducir según qué hechos.
La búsqueda del reconocimiento de
derechos, singularidades y autogobierno
en el caso catalán parece abocada a
concluir en enfrentamiento y separación
como en una suerte de cainismo que ni se
puede justificar ni favorece absolutamente
a nadie. El orgullo mal entendido junto a
una paroxística visión de la identidad
territorial, regional, nacional o cultural,
produce unos efectos tales que los más
relativos y menores derechos pueden
llegar a anteponerse a los más
elementales.
Contra corriente, como en un
proceso de tributo a un tótem
pseudorreligioso inevitable, en contra de la
más clara razón y, tras un complejo
ejercicio conductista de medias verdades,
el artificioso plan de ruta apenas avanza ya
más que por una estrecha angostura que
no conduce ni al progreso ni a la libertad.
El propio sacrificio de Artur Mas, ya
descontado, no justificará los errores y las
malas decisiones tomadas a sabiendas,
porque nada podrá ocultar que este
callejón sin salida que es la secesión era
bien sabido. Rehén de las consecuencias
de sus actos y de algunos compañeros de
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viaje propios y extraños, todos se
preguntan cuál es el instante elegido para
parar. Todos saben que lo hará ya muy
pronto, sus límites no parecen diferir
mucho de los que objetivamente se
divisan.
De hecho, serán otros los que
querrán tomar el testigo de continuar
irredentos el camino hacia ninguna parte
en esa engañada creencia de debilidad
española que no es sino un cálculo nefasto
y erróneo. En los momentos más magros
de nuestra crisis económica reciente,
muchos en Europa quisieron pensar que
éste era un país pequeño, arrasado e
inhábil. Con todos los respetos, pero se
nos quiso confundir con Grecia, Irlanda o
Portugal –países de mucho menor peso
que el nuestro-. Se habló de rescate
inminente, se nos afeaban conductas y
también costumbres. Todos opinaron sobre
quiénes éramos, como debíamos actuar,
cuánto teníamos de “PIGS” y cuánto más,
también. La mayor parte sabe hoy que su
menosprecio no pudo tapar ni nuestra
capacidad, ni nuestra potencialidad ni
nuestro auténtico peso real. Quizá esos
aficionados a dibujar caricaturas tan
irreales convencieron a los más optimistas
activistas de independencias catalanas,
secesiones o sucedáneos. Ni para unos ni
para otros la España real es tan fácil de
batir.
La complejidad de nuestra historia,
la violencia y los enfrentamientos civiles,
las injusticias y tantas situaciones dignas
de ser estudiadas y nunca repetidas, no
obsta en absoluto para concluir que
España es una nación democrática,
soberana y milenaria. La nación más
antigua de Europa, digna de ser respetada
tanto por sus nacionales como por el resto.
No es recomendable pensar que la
prudencia, el respeto o la democrática
tolerancia con las ideas de cada cual
mostradas por el gobierno de Rajoy son un
síntoma de debilidad o disolutos resortes.
El expreso apoyo y respaldo del PSOE y
otras fuerzas políticas a las medidas
gubernamentales de impedir la consulta
secesionista son una pista clara de dónde
está y qué es lo que significa España y sus
leyes. Los límites son los que la ley prevé y
quiénes pudieron suponer otra cosa
estaban o están equivocados.
Decía Mas que tenía un plan. También
lo dijo Junqueras. Puede que la ANC
también esté en el convencimiento de que
es posible volver a ser lo que nunca se ha
sido. Pero se acerca noviembre y ya nada
será como ellos afirmaron que querían.
Puede que un día haya urnas de cartón y
votantes de un extraño censo alegal, pero
no habrá más. No hay foto fija, las reglas y
el futuro dependen de todos y seguir
construyéndolo, en democracia y con
acatamiento de la ley, tiene el camino
expedito.
Joaquin L. Ramírez es Abogado, Senador
y Presidente de Cánovas Fundación.
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¿Qué está pasando?
¿Qué hay que hacer?
por José Antonio Jurado Ripoll
@MAGNApolitica
¿Qué está pasando? No puede ser casualidad que a este barco le aparezcan tantas vías de agua desde todas las partes del casco: partidos políticos, sindicatos, asociaciones patronales, sector financiero, instituciones, administraciones… No puede
ser casualidad; debe de ser un defecto de construcción: nos habremos equivocado en la elección de los materiales, en el diseño de los planos, en el proyecto, en la dirección y en la ejecución. Continúa el agua entrando; hay muchos ofreciendo diagnósticos, demasiados dando órdenes y pocos trabajando y achicando. Esto se hunde y no hay salvavidas para todos; los que consiguen saltar a algún bote, se pelean por decidir en cuál dirección remar. Aunque acabe hundida, España seguirá siendo España, desde luego, pero muchos españoles acabaremos ahogados.
¿Qué hay que hacer? No creo que lo sepa certeramente nadie. Sí me aventuro a opinar sobre lo que no hay que hacer:
A. No hay que renegar de la “política con mayúsculas”.
La solución a un problema político y social ha de venir de la política y la sociedad. Hemos de ser “radicalmente
políticos”, entendida la política como firme
actitud de servicio que busca el mayor respeto a la dignidad de la persona y persigue el bien común.
Esto es lo que nos ofrece verdadera legitimidad; en efecto, la legitimidad no la dan por entero las urnas (sin desconocer la necesidad de una previa elección democrática): las urnas legitiman para el simple acceso a las funciones de gobierno, pero a partir de entonces, la “legitimidad”
para los cuatro años sucesivos de
“servicio” (“mandato”, lo llaman) solamente
se gana por el desempeño fundado en la dignidad de la persona y en pro del bien común.
B. No hay que identificar la política con los políticos.
Esta confusión posiblemente sea la causa de la actual desesperanza y desazón de los ciudadanos respecto de la política. Si hemos permitido que algunos auténticos “ladrones” o malversadores
hayan accedido (y se hayan mantenido) en el poder (“servicio” lo he llamado antes) es
porque nos hemos despreocupado negligentemente de la política.
Enlazando con lo anterior: hemos votado cada cuatro años y nos hemos desentendido, al igual que quien contrata un servicio determinado o un seguro y sólo se acuerda del mismo cuando algún recibo es devuelto o acontece alguna incidencia. No hemos sido diligentes a la hora de comparar “precios y servicios” cuando
compramos; tampoco lo hemos sido a la hora de comparar “programas e ideologías”
cuando votamos. Ello ha provocado que la “oferta electoral” se difumine y se relaje y
se centre en los intereses particulares sobre los generales: empleando de nuevo la figura del símil, si el potencial cliente de servicios telefónicos cree que todas las compañías son iguales y se decanta por una u otra en función de cuál le regale mejor móvil o le haga mejor oferta (intereses particulares todos), las empresas del sector se esforzarán en ello (en atender estos intereses particulares) y no en una mejor prestación de servicio o calidad de infraestructura durante el tiempo de “permanencia”; para la aplicación de este supuesto al ámbito político, basta substituir a los “clientes” por ciudadanos
electores, a las compañías telefónicas por partidos políticos y añadir una “permanencia” de cuatro años (los
“intereses particulares” se mantendrían
igual).
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Cambiar esto exige aprehender que el voto constituye un ejercicio de responsabilidad y de conciencia y que su sentido no debe depender de intereses particulares o finalidades “colaterales”
(para el “voto de castigo” ya está el voto en
blanco); unos electores exigentes demandan unos políticos a la altura.
La corrupción contamina (presunta o declaradamente) a una buena parte de nuestros políticos, pero me niego a pensar que la política “sea” corrupción.
Ciertamente, la corrupción aqueja a políticos que copan o han copado muchos puestos en “el sistema” (partidos,
sindicatos, entidades de crédito, instituciones estatales o autonómicas…),
pero ellos no son “el sistema”, no son las
instituciones, como tampoco ellos son “la
política”; se trata de oportunistas que no
sirven al interés general ni al bien común, sino que pisotean la dignidad de todos nosotros.
La confianza en la “política con
mayúsculas” es el mejor antídoto frente a
estos minúsculos políticos. C. No hemos de caer en el
relativismo y la tibieza. Ante este paisaje y este “paisanaje”
(obligado recuerdo a Unamuno), resulta difícil no sentirse tentado a adoptar posturas radicales o de ruptura. Cada uno es libre de pensar como le plazca, pero el límite de toda acción o pretensión política no lo impone el momento o la coyuntura (eso sería relativismo), sino una razón superior: el consabido mayor respeto a la dignidad de la persona y el bien común.
Ello implica, desde luego, desdeñar el relativismo (porque no todo vale y el fin no justifica los medios), pero también la tibieza (porque los principios y valores son por esencia estables y han de ser sostenidos con firmeza en cualquier situación).
Resulta fácil observar en la presente política una gran carestía de
liderazgo y una gran indefinición ideológica; ello configura una situación propicia (como el caldo primigenio) para que florezcan personas y formaciones que, enarbolando la bandera del descontento, canalicen muchos esfuerzos e intereses, que son diversos pero que se encuentran unidos en su causa frente al “poder”
establecido. Ya reflexionaré en otro momento
sobre este fenómeno, que merece un análisis más detallado; ahora conviene resaltar que en estas recientes “formaciones del descontento” predomina
el “relativismo democrático”, es decir, “todo
vale, si la mayoría así lo decide”; frente a
esto, la tibieza no es ni siquiera arma defensiva. No todo vale, la conciencia moral no es disponible, la dignidad de la persona tampoco, aunque lo decida la mayoría, porque, como se sabe, la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el verdadero fin (¿o acaso se olvida por cuál medio el nacionalsocialismo accedió al poder en Alemania?).
En definitiva y para concluir:
1º. Es preciso entender que el poder y el dinero están al servicio del hombre y no viceversa, es decir, emplearlos como medios y no como fines.
2º. España “no se merece” unos
políticos que mientan, roben o sean corruptos, ciertamente, pero tampoco “se
merece” unos ciudadanos indolentes en
sus responsabilidades políticas y sociales. 3º. Cambiar esto y empezar a
construir no es tarea de todos, sino de cada uno.
José Antonio Jurado Ripoll es
Abogado del Estado y Presidente de la
Asociación “Proyecto Magna Política”.
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El voto en blanco, una reforma necesaria
para la mejora de nuestra democracia
por Fermín Vázquez
@MAGNApolitica
Al contrario de lo que pudiera
parecer, la celebración de elecciones en un
Estado no es exclusivo de las
democracias. Las elecciones, en cuanto
técnica para la designación de los
representantes del pueblo, puede tener
como única finalidad confirmar estructuras
de poder previamente establecidas, de tal
modo que la elección queda en una mera
formalidad, totalmente vacía de contenido.
Los regímenes de corte autoritario y
totalitario suelen celebrar elecciones con el
fin de lograr una legitimidad de cara a la
escena internacional1.
En las elecciones propias de un
sistema democrático es imprescindible que
compitan entre sí las distintas opciones
políticas. A mayores niveles de
competitividad, mayor calidad del sistema
democrático. Las elecciones se erigen en
fundamento de la legitimación de la
totalidad del sistema y un Gobierno que no
surja de un proceso de sufragio universal,
libre y directo, será siempre cuestionado
por los destinatarios de sus decisiones,
que, en última instancia, cuestionarán
aquellas y se resistirán a llevarlas a efecto.
Afirmar que, en este momento, la
democracia, tal y como tradicionalmente ha
sido entendida, sufre de una profunda
crisis no es nada temerario ni innovador:
En las Elecciones Europeas de 2013 los
partidos de extrema derecha en toda
Europa, así como los partidos antisistema
de corte populista, han obtenido un
preocupante ascenso. En España, las
encuestas del CIS de los últimos años
colocan el problema de la corrupción y el
fraude como el segundo que más preocupa
a los españoles, solo por debajo del paro,
y, en un cuarto lugar, a los políticos en
general, los partidos políticos y la política.
La crisis del sistema democrático
incide especialmente en la confianza de los
ciudadanos, que cada vez más alienados,
se sienten extraños al mismo e incluso, en
ocasiones, enfrentados. De esa falta de
confianza se nutren fuerzas internas que
contradicen la propia democracia, y “luchar
contra ellas y neutralizarlas resulta mucho
más difícil, puesto que también ellas
reivindican el espíritu democrático, y por lo
tanto parecen legítimas2.”
Dieter Nohler, en su libro “Sistemas
Electorales y Partidos Políticos”, enumera
una serie de principios que procuran la
capacidad legitimadora de las elecciones
competitivas en las democracias
occidentales de corte liberal. Entre dichos
principios señalaremos dos por ser de
interés para la cuestión objeto de este
artículo: por un lado, la propuesta electoral,
los candidatos y sus programas
electorales, que se someten al sufragio de
los ciudadanos; y por otro lado, el sistema
electoral, esto es, la reglas que rigen la
conversión de los votos en escaños.
Sobre ambos principios inciden las
propuestas de reforma electoral que son a
día de hoy objeto de vivo de debate, tanto
en el ámbito doctrinal3 como en la plaza
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pública: del lado de la propuesta electoral,
las listas abiertas y el desbloqueo de las
listas cerradas, así como la necesidad de
imponer a los partidos políticos la
celebración de primarias para la selección
de sus candidatos. Del lado del sistema
electoral, se discute la necesidad de
incorporar una circunscripción única a nivel
nacional, de forma similar al modelo
electoral Alemán, aumentando el número
de escaños al máximo previsto en la
Constitución (400 en el Congreso de los
Diputados), así como la reforma del
método D´Hondt y la reducción del número
de escaños asignados a las provincias en
cuanto circunscripciones electorales, todo
ello para dar una mayor proporcionalidad y
representatividad al sistema. Los más
atrevidos incluso plantean reducir estas
últimas a su mínima dimensión, planteando
un sistema de elección mayoritario y
uninominal, favoreciendo un mejor
conocimiento del candidato y una mayor
rendición de cuentas. Al hilo del desarrollo
de la sociedad del conocimiento, hay quién
requiere mayor presencia de las redes
sociales y las TICS como instrumento para
nuevas formas de participación, dando
lugar a los conceptos de “ciberdemocracia”
y “tecnopolítica”.
Sin embargo, las reformas
electorales que están en el “candelero”
difícilmente servirán de bálsamo: En primer
lugar, los efectos de una reforma electoral
son limitados, pues por un lado, debe
arrojar un resultado neutral4, donde todos
los partidos políticos pierdan y ganen al
mismo tiempo, y, por otro lado, ciertas
tendencias del sistema adolecen de
irreversibilidad material: resulta
extremadamente complejo pasar de un
sistema proporcional a otro mayoritario5.
Tampoco podemos obviar el hecho de que
será muy difícil determinar a priori el
comportamiento de los distintos actores
políticos, por lo que toda reforma siempre
será imprevisible6.
En segundo lugar, no olvidemos
que las propuestas citadas han sido
probadas en su totalidad por los sistemas
electorales de nuestro entorno. No
suponen nada nuevo, y los efectos que
producen son desiguales. Sirva a modo de
ejemplo nuestro derecho histórico
electoral, en el que, desde la Restauración
hasta la Dictadura, el sistema de elección
era mayoritario, con designación de
candidatos según distritos establecidos en
función de la población y, a partir de la
República, agrupados en listas abiertas
(nominalmente). Los excesos del periodo
republicano, el problema del caciquismo y
las redes clientelares, y demás desmanes
de nuestra historia constitucional, hicieron
aconsejable imponer el sistema de listas
cerradas y bloqueadas, que hoy tantas
críticas suscita, a partir del Real Decreto
Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre
Normas Electorales. La ciberdemocracia7,
por su parte, se llegará a integrar como un
instrumento más en el futuro, pero, aunque
favorezca la participación, está por ver si
será capaz de recuperar la falta de
confianza de los ciudadanos en el sistema,
dando lugar a posturas políticas aún más
extremas a las ya existentes.
Quizás sea hora de revisar las
teorías y doctrinas conocidas e introducir
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un principio nuevo. Algo no probado hasta
la fecha. La calidad de la democracia no
puede únicamente medirse por el nivel de
competencia entre los distintos partidos
políticos. Estos pueden falsearla del mismo
modo que lo hacen los agentes
económicos cuando actúan de manera
concertada para monopolizar el mercado
de un producto determinado. La profunda
crisis del sistema democrático que vivimos
así lo atestigua, y así se percibe.
A las tres funciones que
tradicionalmente se han atribuido a las
elecciones en las democracias liberales -a
saber: controlar el Gobierno, constituir
cuerpos representativos funcionales y
expresar la confianza del electorado en los
candidatos electos8- es preciso añadir una
función más. Esa función debe ser la de
otorgar a la ciudadanía la facultad de
criticar el sistema de partidos, de posibilitar
el rechazo a los programas electorales, y
de expresar la disconformidad con los
candidatos que concurren a la elección. No
basta con controlar al Gobierno cesándolo
en el poder, es imprescindible que se
pueda instar por los electores la revisión de
la totalidad de la propuesta electoral
cuando esta, a todas luces, es insuficiente
o insatisfactoria.
Lo dicho se puede conseguir
otorgando eficacia al llamado voto en
blanco. El voto en blanco es aquél donde
no introducimos ninguna papeleta en el
sobre que llevaremos a la urna. Nuestro
sistema electoral lo considera válido
(artículos 96.5 y 108.1 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de 19 de
junio de 1985) y lo refleja en el escrutinio,
aunque legalmente no se le da ningún tipo
de efecto. Los partidos políticos ignoran el
voto en blanco, y son más proclives a dar
más relevancia a la abstención, dato que
nada refleja con certeza, salvo la apatía o
la desidia hacia el sistema. La abstención,
no lo olvidemos, deja en manos de una
minoría la decisión sobre los designios del
Estado.9
La República de Colombia modificó
en el año 2009 su Constitución de 199110,
considerando el voto en blanco como
expresión política de disentimiento,
abstención o inconformidad. Tras
matizaciones de la Corte Constitucional
(sentencia C-490 de 201111), si el voto en
blanco en una determinada convocatoria
electoral alcanza la mayoría absoluta de
los votos válidos, por encima de los
candidatos o listas que obtengan mayor
número de votos, deberá repetirse la
elección, y no podrán presentarse las
mismas listas, que no superen el umbral
para acceder al reparto de escaños, o los
mismos candidatos para el caso de
elecciones a órganos unipersonales. En el
año 2011, tanto las elecciones a la Alcaldía
del municipio de Bello, como al Concejo de
Bogotá, tuvieron que repetirse, al ganar el
voto en blanco sobre el resto de
candidaturas.
En el sistema político el español la
mayor parte del proceso de elección de los
candidatos ocurre en el ámbito intrapartido
antes de someterse a las urnas. Los
partidos políticos se erigen sobre
estructuras monolíticas, cerradas, muy
jerarquizadas12, y sus cabezas de lista solo
tienen como mérito el haber desarrollado
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su carrera profesional a la sombra del
mismo, sin haber obtenido previamente
logros profesionales o académicos
relevantes. Para poder dotar de mayor
legitimidad al sistema es necesario que la
decisión de la ciudadanía pueda incidir
indirectamente en la designación de los
candidatos, en la propuesta electoral,
rechazándola cuando no es apta para
acceder al poder público.
Tan solo se precisaría reformar los
artículos 96 y 108 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, regulando la
utilización del voto en blanco de forma
similar a la prevista en Colombia. Se
fomentaría la participación de los
disconformes con el sistema de partidos,
sus candidatos, o programas electorales;
alejándolos de los extremismos de derecha
y de izquierda. Su utilidad podría
extenderse incluso a las consultas
populares, pudiendo rechazarlas cuando
los términos de las preguntas planteadas
fueran inaceptables por capciosas,
sugestivas o inteligibles. De esta forma el
voto el blanco se erige en una herramienta
nueva, que permite la crítica al sistema, de
tal modo que cuando se refleja en una
mayoría suficiente tiene importantes
consecuencias políticas.
Fermín Vázquez Contreras es
Abogado del Estado y miembro de la
Asociación “Proyecto Magna Política”.
1 Ésta, y muchas otras referencias, han sido tomadas del libro
del autor alemán Dieter Nohlen, “Sistemas Electorales y Partidos
Polticos” Editorial SL Fondo de Cultura Económica de España,
2004, que se ha seguido como principal obra de consulta.
2 Tzvetan Todorov, “Los enemigos íntimos de la democracia”, Ed.
Galaxia Gutenberg, 2012.
3 A modo de ejemplo, el artículo publicado por Enrique Guillén
López, “El Sistema Electoral del Congreso de los Diputados.
Principios constitucionales y recientes propuestas de reforma”,
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 92, mayo-
agosto de 2011, páginas 195-241.
4 Según Enrique Guillén López, “hay que definir reglas del juego
neutrales para conjurar el peligro de que quienes pierdan no
acepten el resultado” (página 199, párrafo segundo).
5 En palabras del mismo autor: “es extremadamente complejo
que un Estado pase de un sistema proporcional a un sistema
mayoritario porque supondría conducir al ostracismo a fuerzas
políticas con presencia parlamentaria hasta que se concrete la
modificación del modelo” (página 202, párrafo primero)
6 Politikon, “La Urna Rota, crisis política e institucional del
modelo español”, Ed. Debate, 2014.
7 http://www.ciberdemocracia.es/
8 Dieter Nohlen, “Sistemas Electorales y Partidos Polticos”
Editorial SL Fondo de Cultura Económica de España, 2004
9 Raffaele Simone, “Cómo fracasan las democracias”, Revista
Claves de la Razón Práctica nº 236, páginas 39 a la 49.
10 http://www.registraduria.gov.co/-Voto-en-blanco-.html
11 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-490-
11.htm
12 Politikon, “La Urna Rota, crisis política e institucional del
modelo español”, Ed. Debate, 2014, y Luis Garicano, “El dilema
de España. Ser más productivos para vivir mejor”. Ed. Península,
4º Edición, 2014.
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El ultimátum permanente del
nacionalismo catalán
por Alfredo Crespo
El órdago lanzado por
Convergencia i Unió (CIU) y Esquerra
Republicana de Cataluña (ERC) a la
unidad de España ha copado los dos
primeros años de la legislatura que inició
Artur Mas en diciembre de 2012. La
propuesta de “consulta” (que cabe
denominar referendo), prevista inicialmente
para el 9 de noviembre de 2014, supuso la
penúltima fase de esta acometida
rupturista. En efecto, la suspensión de
aquélla no debe entenderse como
sinónimo de que el nacionalismo catalán
haya dado por finalizada la tarea en la que
ha estado inmerso desde 1980, basada
esencialmente en buscar la separación de
España1.
Todo invita a pensar, por tanto, que
estamos ante un punto y seguido. Esta
tesis viene avalada por la manera de
actuar del nacionalismo catalán durante la
última década, pasando de la moderación
a la radicalidad, característica que se ha
observado también en formaciones como
el PSC (Partido dels Socialistes de
Catalunya) o ICV (Iniciativa per
Catalunya). Los antecedentes inmediatos,
que no remotos, podemos ubicarlos en la
reforma del Estatut de 1979, proceso
plagado de anomalías que se tradujeron en
desafíos a la legalidad constitucional.
CIU frente al Tripartito
Apartada durante dos legislaturas
(2003-2006; 2006-2010) del ejecutivo de
Cataluña, Convergencia i Unió jugó un rol
protagonista en la oposición. Primero,
durante la fase de redacción del Estatut,
posteriormente en la negociación del
mismo (reunión de Artur Mas con
Rodríguez Zapatero, al margen del
gobierno tripartito de Cataluña) y
finalmente, liderando las protestas contra
la sentencia del Tribunal Constitucional.
Entre medias, como elementos que
caracterizaron su modus operandi,
arremetió contra el Partido Popular,
obviando deliberadamente que gracias al
apoyo del Partido Popular de Cataluña
(PPC), Jordi Pujol pudo gobernar en su
última legislatura (1999-2003).
Al respecto, la lectura que hicieron
los convergentes de su colaboración con
los dos gobiernos de Aznar fue negativa,
recurriendo en ocasiones a estigmatizar al
PPC, firmando ante notario que nunca
pactarían un acuerdo de gobierno con
aquél con motivo de las elecciones
autonómicas de 2006. Éstas dieron como
resultado un segundo gobierno tripartito
(con José Montilla como Presidente de la
Generalidad), lo que aumentó la
radicalidad de CIU ya que, como ocurriera
en 2003, fue la formación con más
escaños (y en 2006 también con más
votos) pero insuficientes para gobernar en
solitario.
En este punto toca hablar de la
actitud de los socialistas catalanes.
Pascual Maragall, antes de convertirse en
Presidente de Cataluña (año 2003), lideró
las críticas al PP, particularizándolas en
José María Aznar. Al mismo tiempo, el ex
alcalde de Barcelona promocionó
conceptos de difícil comprensión (“España
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plural” o “federalismo asimétrico”). En
consecuencia, parecía asignarse una
función mesiánica en lo relativo a la
configuración territorial del Estado, no
exento de victimismo, puesto que tras
firmarse el Pacto del Tinell (diciembre de
2003), insistió en que o se reformaba el
Estatuto de 1979 o el drama estaría
servido2.
Josep Piqué (líder del PPC entre
2003 y 2007) ha hecho recientemente un
acertado análisis que aúna ayer y hoy en
Cataluña: “Porque el origen inmediato de la
actual deriva política proviene de la
pretensión política del president Pascual
Maragall de poner en marcha un nuevo
Estatuto sin que nadie lo pidiera (de hecho
Pujol, en sus 23 años de mandato, jamás
lo reivindicó), y sobre todo que arrancara
del futuro presidente del gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el compromiso
de aceptar el proyecto que viniera del
Parlamento de Cataluña. Juego de
tramposos. Y de frívolos. Porque ni el
tripartito ni el PSOE pensaban que las
elecciones del 2004 iban a darle el triunfo a
Rodríguez Zapatero y, por lo tanto, la
reivindicación iba a quedar en un mero
elemento de confrontación política contra
el futuro gobierno del PP, presentándolo
como insensible a las demandas
catalanas. Nada nuevo bajo el sol. El
resultado de las elecciones generales de
2004 cambia totalmente el escenario
previsto. Y acelera el debate en el
Parlament para elaborar no ya una reforma
del Estatuto vigente, sino un nuevo
Estatuto que, claramente, desde el
principio, vulnera el espíritu y la letra de la
Constitución”3.
Aceleración del radicalismo
Una vez aprobado el Estatut por las
Cortes Generales, fue sometido a
referendo en Cataluña (junio de 2006),
registrándose una participación menor que
la habida con motivo del de 1979. Los
recursos de inconstitucionalidad
interpuestos ante el Tribunal Constitucional
por el Partido Popular y por Enrique
Múgica (Defensor del Pueblo), provocaron
que en Cataluña aumentara la
radicalización verbal y factual. Dentro de la
primera, destacó el editorial conjunto (“por
la dignidad de Cataluña”) firmado por la
prensa catalana el 26 de noviembre de
2009. En cuanto a la segunda,
sobresalieron los referendos
independentistas ilegales (el primero de
ellos, en Arenys de Mar en diciembre de
2009).
Cuando tuvo lugar la sentencia (28
de junio de 2010), que declaró
inconstitucionales 14 artículos, el
nacionalismo y amplios sectores
socialismo catalán describieron la situación
creada con la abstracta definición de que
“Cataluña había sido humillada”.
Transcurridos varios años desde
entonces, sectores del PSC persisten en
esta idea. A modo de ejemplo, para el ex
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu “se nos
tumbó el Estatut de una manera frívola,
agresiva, humillante. Porque más allá de
errores jurídicos o tácticos, entre ellos,
reconozcámoslo, el de marginar a una
parte de España de ese proceso, me
refiero al PP, lo cierto es que en Cataluña,
tanto el cepillo de carpintero, el cepillazo
de Alfonso Guerra y la sentencia del
Tribunal Constitucional no se interpretaron
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como un tema de debate jurídico, sino
como la voluntad de humillar a una
comunidad”4. Que el PSC hiciese y haga
esta interpretación no sorprende, debido a
la permisividad mostrada hacia el
nacionalismo durante los años
precedentes.
CIU tras 2010
El retorno de CIU al gobierno de
Cataluña tras las autonómicas de 2010 no
detuvo la espiral de desorden; por el
contrario, la potenció, aunque inicialmente
moderó su discurso de cara a las
elecciones de 2010, lo que provocó que el
PPC le apoyara en sus primeros
presupuestos (Pacto del Neri).
No obstante, pronto empezaron las
reivindicaciones de los convergentes, cuya
cúpula daba pasos cada vez más
agigantados. El mejor ejemplo fue la
petición (exigencia) de pacto fiscal al
gobierno de Mariano Rajoy, en función de
la premisa de que Cataluña aporta más a
la solidaridad territorial que lo que recibe.
Sectores independentistas acompañaron
esta explicación con algunas otras que no
facilitaban la negociación (“expolio”,
“España nos roba”)5 y sí favorecían el
conflicto.
Ante la negativa del gobierno de la
nación, Artur Mas convocó las elecciones
autonómicas de 2012 en las cuales, la
independencia fue la gran protagonista,
aunque CIU nunca se refirió a ella
directamente, sino que empleó una
ambigüedad deliberada, con expresiones
del tipo “estructuras de Estado” o petición
de “una mayoría excepcional para tomar
decisiones excepcionales”, en palabras del
candidato Artur Mas.
Se trató, sin duda, de una lectura
errónea de CIU que no logró la mayoría
absoluta por lo que se vio obligado a
pactar con ERC, que recuperaba de este
modo el protagonismo ostentado durante
los ejecutivos de Maragall y Montilla. A
partir de esa fecha, 25 de noviembre de
2012, la búsqueda de la independencia, a
través de diferentes fórmulas y conceptos
(derecho a decidir o la declaración de
soberanía del Parlamento de Cataluña), se
ha convertido en el monotema de la
legislatura. Para ello, además de la acción
gubernamental, se han empleado ingentes
recursos públicos (subvenciones a medios
de comunicación y a organizaciones como
la Asamblea Nacional de Cataluña,
fomento de actos como el seminario
“España contra Cataluña”).
Asimismo, se ha perseguido
internacionalización “del conflicto” y la
asimilación de Cataluña con otros
escenarios. Al respecto, Escocia ha
ocupado el lugar de privilegio que en otro
tiempo copó Québec, aunque en la
comparación Cataluña/Escocia, el
antagonismo supera a las semejanzas6.
Dentro de esta amalgama de
conceptos, el máximo protagonismo lo ha
adquirido la expresión “derecho a decidir”,
la cual sólo cabe interpretarse como
derecho de autodeterminación. A través de
su reiterada difusión, CIU y ERC han
buscado rodear “al proceso” de
credenciales democráticas que, como puso
de manifiesto la dimisión de Joaquim
Brugué de la Junta Electoral del 9-N, no
eran tales7.
Aún con ello, CIU y ERC sí que han
obtenido el apoyo de otras formaciones
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catalanas (como las CUP o ICV) y
respaldos individuales en diversas partes
de España, aspecto este último que
analiza de manera tan irónica como
realista Albert Boadella: “los nacionalistas
han sido enormemente astutos, les han
engatusado siempre, acomplejándolos, y
eso viene haciéndose desde los tiempos
de Cambó. (…). Es algo que trabajando
fuera de Cataluña se aprecia con mayor
claridad. La autodeterminación les va
pareciendo cada día más legítima e
incuestionable. ¿Quién se atreve a poner
en duda semejante derrame de libertad y
derechos humanos a un pueblo al que se
ha oprimido? O sea, carnudos y
agradecidos”8.
Finalmente, la pregunta prevista
para el 9 de noviembre (¿Quiere que
Cataluña sea un Estado? En caso
afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea
independiente?), se caracterizaba por se
“inducida”, en palabras de Lluis Foix
“porque deja fuera a muchas personas”9.
En conclusión, la suma de todos
estos factores ha dado como resultado el
actual escenario. El proceso
independentista ha dejado ya como
primera consecuencia la fractura social en
Cataluña, la cual de cicatrizar, lo hará de
manera lenta. Igualmente, será complicado
para CIU contentar a aquellos sectores que
han percibido la independencia como la
“tierra prometida” y que difícilmente se
conformarán con un posible retorno, más o
menos solapado, de CIU a la política de
“peix al cove”.
Alfredo Crespo Alcázar es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED.
1 Véase por ejemplo, DE CARRERAS, Francesc: Paciencia e
independencia. La agenda oculta del nacionalismo.
Editado por Ariel, Barcelona, 2014, 293 páginas.
MONTILLA, Javier: Los muros de Cataluña. Editado por Anaya Multimedia, 2013, 200 páginas. 2 ABC, 16 de diciembre de 2003.
3 PIQUÉ, Josep: “¿Qué se ha hecho bien o mal, desde aquí o desde allí?” VV.AA: Cataluña, claves para España y Europa.
Monográfico de Política Exterior, Madrid, septiembre de 2014, pág. 131.
4 SAN AGUSTÍN, Arturo: Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-
España: crónica de un portazo.
Editado por Península, Barcelona, 2014, pág. 90.
5 Para un conocimiento exhaustivo de los argumentos de quienes sostienen que España coloniza a Cataluña, proponemos la lectura de la obra Alfons López Tena, Cataluña bajo España. La opresión
nacional en democracia. Editado por Deria, Barcelona, 2009, 300 págs.
6 Véase, por ejemplo, TAMAMES, Ramón: ¿Adónde vas,
Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista. Editado por Península, Barcelona, 2014, págs, 245-253.
7 Brugué afirmó lo siguiente en la entrevista concedida a El País (8 de octubre de 2014).
“No se está haciendo una campaña informativa para explicar
todas las opciones y da la sensación de que lo importante no es
poder votar, sino lograr la independencia. Las cosas se están
haciendo tan mal que si viniera un observador internacional y lo
viera, creería que Cataluña es Guinea. No me podía imaginar que
no hubiera un plan b y que Artur Mas incumpliera su promesa de
que las cosas se harían bien. Daba por hecho que la consulta no
se iba a celebrar, que es lo que todo el mundo sabe que va a
pasar, pero pensaba que hasta llegar ahí seríamos escrupulosos
en la pluralidad democrática y no se traspasarían algunas líneas
rojas. Todo esto es un juego muy peligroso y una estafa al
ciudadano”.
8 BOADELLA, Albert: Diarios de un francotirador. Mis desayunos
con ella. Editado por Espasa, 2012, pág. 57. 9 SAN AGUSTÍN, Arturo: Op. Cit, pág. 302.
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Descrifrando el Nou Estado
por Alejandro Ibáñez
@Alejandro_Ibago
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”
Sabias palabras enunciadas por Cicerón, reputado abogado, grandísimo orador y uno de los más importantes autores de la historia romana. He querido empezar con un exordio que refleja a la perfección lo que quiero transmitir a lo largo de este artículo; la ausencia de luz en la oscuridad.
No voy a entrar en cuestiones moralistas, éticas, de sentimientos o como diría Pep “de feelings”. Por la sencilla
razón de que todo ello va ligado al pensamiento humano y como tal es variable, no es exacto, no está libre de juicios o prejuicios. Quiero ser más bien pragmático, aportar luz en la oscuridad y confusión inherentes a esta situación; tal y como recoge el prestigioso diario “The
Economist” en un artículo publicado el
sábado día 18 de octubre y titulado “Mas Observation” y en el cual describe el momento de total confusión en el que convivimos.
Podría empezar diciendo la que es una realidad a voces y que sin embargo todavía hay un cierto sector político que se niega a aceptar y no es más que: Si Cataluña abandona España, automáticamente abandonaría la Unión Europea. Como comentaba, hay ciertos sectores políticos que ignoran una resolución de la Comisión Europea reafirmando al Gobierno catalán que en caso de querer emprender una vida solitaria lo harían también fuera de la UE. Sigo profundizando, el hecho de abandonar la UE no supondría una salida
del euro, tal y como sugirió hace apenas unos meses la Comisión Europea. Cataluña podría usar el euro como moneda tal y como lo hacen Mónaco, Vaticano, San Marino, Andorra, Kosovo y Montenegro. Eso sí, sin ningún tipo de influencia o posición en el BCE, MEDE o Eurogrupo (ya me contarán ustedes como una nación que aspira a todo va a controlar cualquier tipo de macromagnitud sin ningún tipo de poder de influencia en ninguno de los organismos oficiales o medios de financiación como el MEDE).
Hablando de control, me sorprende que sea el propio Oriol Junqueras el que predique que por el simple hecho ganar las competencias de Educación y Sanidad el panorama catalán mejoraría en el ámbito económico. Ya de por sí una la tienen y cierran plantas de hospitales ante la escasez de recursos, mientras que por otro lado gastan lo mismo que el equivalente al resto de CCAA que tiene España en embajadas autonómicas en el exterior, llámenlo utopía.
¿Y qué hay de la prima de Rajoy? Si, aquella que denominamos de riesgo y a la que temíamos en cada telediario por miedo a un posible rescate e intervención parcial o total. Dicha prima no expresa nada más que la desconfianza de unos mercados financieros y potenciales inversores. A colación de esta idea déjenme que les dé un dato; en este mismo año dos de las más potentes agencias de calificación crediticia (Fitch y S&P) degradaron el rating de Cataluña a “bono basura” por el enorme deterioro de
su liquidez y la gran dependencia del apoyo estatal para cubrir sus vencimientos de deuda. ¿Me puede alguien explicar quién va a confiar su dinero en “bonos
estatales catalanes”?
Sigamos estableciendo correlaciones, si de por sí sería incapaz (El Nou Estado) de acudir a un hipotético
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mercado financiero para financiarse, ¿Cómo lo haría si a la deuda contraída de 70.000 millones de € regional le sumamos
la parte estatal que le corresponde? Aquí claramente podemos apreciar una pérdida de capacidad a todos los niveles, miren, si no hay inversión y no hay capital el resto les aseguro que no vendrá (se calcula que el endeudamiento del “Nou Estado” llegaría
hasta casi el 145% de su propio PIB y eso que ahora nos echamos las manos a la cabeza con el 97% de endeudamiento público que tenemos).
He comentado la incapacidad del “Nou Estado” para autofinanciarse, pero, ¿Cómo quedaría ese Estado? Credit Suisse considera en un escenario “ligeramente optimista” que el PIB per cápita caería en un 20% como poco (actualmente se sitúa en 26.666 €, por lo
que quedaría reducido en 5.334 €), aún no
he visto a nadie pronunciarse ante esta tremenda pérdida de capacidad adquisitiva que conllevaría a una disminución importante del consumo así como del ahorro, los componentes de la renta disponible. ¿Por qué no les explican esto a los ciudadanos catalanes?
Hablemos de inversión o de desinversión más bien, ya que este año la llegada de capital foráneo a Cataluña se ha desplomado un 66% interanual en el segundo trimestre, situándose en mínimos históricos (año 1993). En concreto ha pasado en solo un año de 1.268 millones de € a solo 523 ante el desafío soberanista
catalán. La desinversión no se queda ahí por desgracia, empresas multinacionales han expresado su incertidumbre ante una Cataluña independiente en la que tendrían que pagar aranceles para importar/exportar al resto de la UE, más allá de esto, la propia CaixaBank recientemente cambió sus estatutos (a petición del magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim entre otros) y dejó de reconocer a Cataluña y en concreto Barcelona como su principal sede
social, ahora puede estar situada dicha sede en cualquier parte del ámbito nacional español.
Me refería a exportaciones, hablemos de ellas. Las exportaciones suponen en la economía catalana lo que el petróleo en Emiratos Árabes Unidos; Cataluña exportó en 2012 un total de 58.853 millones de €, el 63% a la UE (sin
aranceles a día de hoy recuerden). Dichas exportaciones tienen un peso de alrededor del 66% de su PIB, ¿Se imaginan el impacto de introducir aranceles a tal cantidad de exportaciones? Teniendo en cuenta que gracias a esas exportaciones Cataluña presenta a día de hoy cerca de un superávit comercial con el exterior de cerca de 20.000 millones de €, imagínense
como quedaría tras la independencia, creo que aquí más de uno se lo va a querer replantear.
No quisiera pasar por alto el efecto que tendría sobre todos aquellos que nos quedaríamos dentro del “barco”. El daño es mutuo, quien piense que España saldría indemne de una posible secesión por parte de Cataluña ha de replanteárselo, ya que se estima que el PIB español podría retroceder cerca del 1,4% (cuando la amenaza de una tercera recesión en Europa se cierne sobre nosotros).
Ahora más que nunca creo que “better together”, confío en el diálogo, confío en que el auge nacionalista descenderá a medida que la economía mejore y confío aún más en que el día de mañana tendremos líderes sensatos que practiquen la escucha activa tanto en el Gobierno Central como en el Catalán.
Alejandro Ibáñez Gómez es
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por ETEA (Universidad Loyola
Andalucía) y Auditor en Deloitte SL.
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El éxito del Convenio Europeo
de Derechos Humanos
por Pablo Sánchez Molina
@PabloSMolina
Érase una vez una Europa dividida
en dos bloques, devastada y arruinada por
un conflicto de seis años, un continente
que en poco más de dos décadas había
sido el campo de batalla de dos guerras
mundiales. Si, están en lo cierto, nos
hemos trasladado a la Europa de 1945.
Si se paran a pensar unos
segundos podrán imaginarse las
numerosas violaciones de derechos
humanos que se produjeron. A día de hoy,
nos parecerá que su garantía es normal
pero la protección del derecho a la vida, a
la educación o a elecciones libres, la
prohibición de la tortura, discriminación o
trabajo forzado, la libertad de expresión o
de religión era una quimera hace setenta
años en muchos lugares de nuestro
continente.
Darle la vuelta a esta situación no
fue flor de un día, sino fruto de una ardua
labor que comenzó en el Congreso de
Europa celebrado en la Haya allá por 1948.
En él, algunos Estados de Europa
Occidental llegaron a la conclusión de que
lo sucedido no podía volver a repetirse.
Para ello, se plantearon la creación de una
carta que contribuyera a la consolidación
de sociedades democráticas. Bajo este
prisma nació, en 1950, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH),
en cuya redacción original se incluyeron
una serie de disposiciones cuyo
cumplimiento era imprescindible para este
afianzamiento. Tales son, además de los
citados anteriormente, los derechos a la
libertad y seguridad, a un proceso judicial
equitativo, al respeto a la vida privada y
familiar, a un recurso judicial efectivo, a
indemnización por anulación de condena o
error judicial, a la protección de la
propiedad y a contraer matrimonio bajo la
premisa de igualdad entre los cónyuges.
Además, el Convenio incluye una serie de
libertades; de pensamiento, conciencia,
reunión y asociación, así como otra lista de
prohibiciones; de discriminación,
esclavitud, prisión por deudas, aplicación
retroactiva de las leyes penales, pena de
muerte, doble condena por un mismo
hecho, expulsión de los nacionales y de los
extranjeros sin seguirse, en este último
caso, de un procedimiento legal. Por
último, este hace referencia al principio de
legalidad, en virtud del cual se imposibilita
una condena penal sin una norma que
tipifique el hecho y su correspondiente
pena.
En la actualidad, el CEDH ha sido
firmado y ratificado por 47 Estados, desde
Rusia hasta Gran Bretaña pasando por
Turquía, lo que engloba a más de 800
millones de personas. Parece lógico
entender la dificultad de que Estados tan
diversos se comprometan a acatar un
mismo catálogo de derechos, así, en la
superación de esta dificultad radica el éxito
de este sistema de protección de los
derechos humanos. Pero, ¿Cuál ha sido el
secreto de su triunfo? Gran parte de él
radica en la posición tomada por el órgano
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encargado de velar por el cumplimiento de
las disposiciones recogidas en el
Convenio, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH).
El también conocido como Tribunal
de Estrasburgo, debido al lugar en el que
se localiza su sede, ha logrado, sentencia
tras sentencia, imponer un mínimo común
de protección de los derechos reconocidos
a los Estados parte del Convenio. Esto es,
un estándar de cumplimiento, de manera
que si el derecho interno de los Estados lo
infraprotege se estará produciendo una
vulneración del mismo. Algo que, por el
contrario, no sucederá si la regulación
interna iguala o supera el mismo.
Por ello, en la jurisprudencia del
Tribunal de Estrasburgo se combinan dos
interpretaciones que conforman, en mi
opinión, el secreto de sus logros. En primer
lugar, una evolutiva, favorecedora de la
protección de los derechos y libertades y,
en segundo lugar, otra restrictiva, en la que
prima la soberanía de los Estados parte.
Mientras que en algunos pronunciamientos
se muestra un claro activismo en pro de la
protección de los derechos humanos que,
en ocasiones, llega a ir más allá de la letra
del CEDH, en otros, el propio Tribunal
concede un cierto margen de apreciación.
Mediante esta figura jurisprudencial se
concede una cierta deferencia a la hora de
que los Estados apliquen restricciones de
derechos reconocidos en el Convenio en
los que no existe un consenso (les da
libertad para que regulen conforme a sus
propias normas).
En este sentido, la clave del éxito
corresponde a la capacidad del TEDH de
conciliar la homogeneidad exigida en el
Convenio, en torno al cumplimiento de los
derechos reconocidos, y la subsidiariedad
derivada de su naturaleza de tratado
internacional (actúa en defecto de las
autoridades internas). De hecho, al ampliar
el campo de visión se vislumbra su
verdadero objetivo, que sus sentencias no
queden en papel mojado. Para ello, utiliza
una técnica eminentemente paternalista,
una de cal y otra de arena. Mientras que
en ocasiones es flexible y concede un
cierto margen, en otras opta por un
posicionamiento activista,
sobreprotegiendo los derechos en torno a
los que sí existe un consenso y, por lo
tanto, elevando su respectivo estándar de
protección. Asimismo, no se debe perder
de vista que si fuese de otro modo y este
impusiera una solución protectora en
aquellos ámbitos en los que la mayoría de
Estados estuvieran frontalmente en contra,
estos acabarían por no acatar sus
resoluciones y, por lo tanto, el presente
sistema de protección de los derechos
humanos no gozaría de su actual buen
estado de salud.
En definitiva, no debe olvidarse que
el secreto del éxito del Convenio Europeo
de Derechos Humanos radica en la actitud
mostrada por el TEDH que a golpe de
sentencia se ha ganado el honor de ser
considerado como un tribunal cuasi
constitucional.
Pablo Sánchez Molina es Licenciado
en Derecho, Máster en Derecho Constitucional y Becario de Postgrado de la Fundación La Caixa.
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Liderazgo que obtiene resultados
en democracia
por Ismael Sánchez Cañavate
@cannavate
El tipo de gobierno ideal y el
liderazgo en política han sido cuestiones
estudiadas durante muchos siglos por
autores de gran relevancia como Platón,
Aristóteles, Maquiavelo, en un plano
clásico, y por otros como Robert Michels,
Max Weber o Daniel Goleman, desde un
panorama más moderno. La conclusión a
la que se puede llegar es que no existe
una postura común que logre conciliar
todos los enfoques, por la
multidimensionalidad que presenta un
fenómeno como el liderazgo y sus
aplicaciones empíricas.
Resulta frecuente preguntar dentro
de los talleres de Liderazgo si el líder se
hace o se nace, o bien si los alumnos
prefieren ser cabeza de ratón o cola de
león, en relación con la idea de si les
gustaría ocupar el alto cargo en una
organización pequeña o bien el cargo más
bajo dentro de una grande. Esto acaba
dando lugar a que los propios alumnos
sean los que definan los principales rasgos
que deben ser atribuidos a un tipo ideal de
liderazgo. Se pueden observar atributos
como la comunicación, la empatía, la
visión, la motivación, la capacidad de
delegar y generar liderazgos en su
alrededor, entre otros muchos. Sin
embargo, algo que puede parecer tan
clarividente resulta muy complicado
trasladarlo al ámbito público, del que
forman parte nuestros representantes
políticos actuales.
De esta manera, en esta ocasión,
se encuentra un punto común en el que
converge la opinión social mayoritaria, que
es la desconfianza y falta de transparencia
que desprenden nuestros representantes
políticos en el ejercicio de sus funciones. El
manifiesto déficit de liderazgo político
emana de una carencia de rasgos
necesarios, como los que sujetaban los
autores citados anteriormente en sus obras
y los propios alumnos con sus
aseveraciones, junto con un conjunto de
posibilidades que se derivan de un
contexto determinado.
Es este contexto junto con las
acciones de un liderazgo lo que determina
que una acción política en democracia
tenga o no buena acogida por los
ciudadanos. Si se entiende al modelo
democrático como aquel en el que el
liderazgo es asumido por los dirigentes
políticos y su “equipo” se encuentra
conformado por un por un conjunto de
población muy dispar en sus intereses y
preferencias, pero unido por unos valores
democráticos que hacen su convivencia
plausible, podrá apreciarse que la tónica
que marca la actualidad necesita ser
reformada y que se precisa de líderes con
fuertes convicciones que sostengan un
proceso horizontal de relación con la
ciudadanía, ya sea en la negociación o en
la gestión de sus propios intereses, y que,
por medio de su liderazgo, devuelvan a la
población la esperanza, que no es más
que la motivación que necesita un equipo
para el alcance de sus propios objetivos.
Por lo tanto, la misión de un
liderazgo político en democracia se centra
en hacer del ciudadano una figura activa y
participativa en el sistema, alejándole de
situarse en un apático rol pasivo. Es, por
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ello, que es necesario que el liderazgo
genere resultados, tal y como afirmaba el
psicólogo y exprofesor de Harvard, Daniel
Goleman.
Daniel Goleman subraya seis
estilos de liderazgo, en su artículo
“Liderazgo que genera resultados”,
elaborado en 2005, que varían en función
de la obtención o no de una serie de
resultados en los que la inteligencia
emocional juega un importante papel. De
esta manera, en base a las cualidades que
muestre un líder y su impacto en el clima
se aprecian los siguientes seis estilos de
liderazgo: coercitivo, orientativo, afiliativo,
democrático, ejemplar y formativo.
Argumenta Goleman que, de todos ellos, el
liderazgo coercitivo y el ejemplar son los
que tienen un impacto más negativo para
el clima, mientras que la combinación de
los enfoques orientativo junto con afiliativo
proporciona el liderazgo más potente. Sin
embargo, Goleman también advierte que el
tipo de liderazgo ideal es aquel que es
polifacético y sabe emplear todos los
estilos mencionados en su justa medida.
Para poder visualizar el impacto de
estos estilos de Goleman en nuestro
contexto político, es preciso definir una
serie de factores que sean característicos
del modelo de gobierno más extendido y
cercano a nuestra realidad, el democrático.
Expresaba uno de los autores más
influyentes en el ámbito de la Ciencia
Política, Robert Alan Dahl, que todo
gobierno que se considere democrático
necesita del cumplimiento de cinco
criterios: participación efectiva, igualdad de
voto, comprensión ilustrada, control de la
agenda e inclusión de los adultos. Éste
último criterio, el referido a la inclusión de
los adultos, es una consecuencia directa
del respeto de los cuatro anteriores.
De esta manera, en una síntesis
combinada de los estilos de liderazgo de
Daniel Goleman junto con los criterios que
ofrece Robert Dahl para un gobierno
democrático, se puede llegar a una serie
de exposiciones teóricas dentro de seis
casos diferenciados.
En primer lugar, si se emplease un
estilo coercitivo en democracia los
resultados recogidos en el clima serían
muy negativos. El exceso de coerción
produciría el adoctrinamiento de la
sociedad y anularía la libertad del individuo
y su pensamiento subjetivo y creativo,
impidiendo, de esta manera, la
comprensión ilustrada de los asuntos
públicos y no permitiendo el válido ejercicio
de la participación ciudadana. Propio de
estados totalitarios, cabe afirmar que la
persona al mando no ejerce una labor de
autoridad para con sus representados,
dado que no se advierte un elemento de
voluntariedad desde los individuos para
reconocer las decisiones emanadas
verticalmente. Entonces, será más correcto
hablar de poder en este caso ya que las
decisiones vienen impuestas y los
ciudadanos no tienen posibilidades de
controlar la agenda fruto de la represión de
Estado ejercida. Puesto que no es un estilo
flexible, erosiona el orgullo y la moral de
los individuos, y no ofrece una motivación
a través de una visión clara, los individuos
no se encuentran incluidos dentro del
sistema, sino sometidos al mismo.
En segundo lugar, se encuentra la
otra cara de la moneda del caso anterior,
referido a la aplicación del estilo orientativo
en democracia. Es un modelo que se
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caracteriza por la presencia de un líder
carismático que irrumpe en un sistema en
crisis, que devuelve a los ciudadanos la
motivación por medio de la expresión de
una visión clara. Estos rasgos aparecen
acompañados de la no imposición de un
procedimiento concreto para el alcance de
objetivos, ya que trata de apostar por la
flexibilidad de un sistema en el que todos
los ciudadanos participen por medio de la
libre exposición de sus juicios generados
por la comprensión ilustrada que ofrece la
visión clara del líder orientativo. Tanto los
valores de la sociedad como la respuesta a
las demandas de los individuos serán
elementos clave a la hora de determinar el
éxito de este enfoque, así como la
inclusión de los ciudadanos gracias al
reconocimiento de una serie de derechos
plenos.
En tercer lugar, puede advertirse
una relación entre el liderazgo afiliativo
(aquel que apuesta por las personas por
encima de todo) y su aplicación en
democracia, con la corriente política
conocida como Populismo. La relación
entre Populismo y democracia suele ser
problemática, ya que sus efectos pueden
ser positivos o negativos dependiendo de
cómo se enfoque. Los detractores del
Populismo entienden a éste como un grito
de dolor de la democracia. Argumentan
que sienta las bases en un discurso
político excesivamente emocional, que
acaba desembocando en demagogia. Así,
sólo se hace hincapié en buscar en agrado
de los ciudadanos por medio de promesas,
más allá de un análisis serie de sus
posibles consecuencias en la vida real. Por
otro lado, los defensores del Populismo
entienden que este permite lograr una
apertura democrática a la ciudadanía,
renegando del elitismo del sistema, y
posicionándose a favor de la socialización
política. Por ello, los efectos en democracia
de este estilo dependerán de cómo sean
interpretadas las actuaciones en un
contexto determinado.
En cuarto lugar, el estilo ejemplar
en democracia se caracteriza por la fijación
de unos estándares de actuación exigidos
por el líder a la ciudadanía muy elevados
que promueven un sistema centrado
excesivamente en la competitividad y la
meritocracia. Es un modelo que se
relaciona con ideologías políticas como el
neoliberalismo, la tecnocracia y el elitismo.
El neoliberalismo que procura asegurar
solamente una igualdad formal a los
individuos como punto de partida, pero
prescindiendo de elementos formales para
su mantenimiento a lo largo del curso de la
vida de un individuo, deteriora el clima
democrático, puesto que aleja la
democracia de los individuos basándose
en argumentos fundados en la capacidad y
exclusión de los individuos (que acaba
dando lugar a la instauración de un modelo
de gobierno tecnócrata). El neoliberalismo
no se detiene a hacer un análisis más
profundo de las posibilidades de
participación ciudadana más allá de las
votaciones electorales convencionales.
Será un sistema que no favorecerá la
participación efectiva, ya que se asume
que existen individuos más capacitados
que otros para tomar las decisiones y la
comprensión ilustrada por las cuestiones
políticas solo estará al alcance de esta
determinada élite, que también será la que
gestione la agenda política de los intereses
de un Estado concreto. No se puede
afirmar que el ciudadano esté incluido en el
sistema.
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En quinto lugar, se encuentra el
liderazgo formativo en democracia. Este
estilo apuesta por la delegación de
funciones del líder a los individuos,
formándoles en democracia y logrando su
empoderamiento, ejercitando una tarea
basada en una inversión a largo plazo. Se
crea un diálogo constante entre líderes
políticos e individuos que potencia la
comprensión ilustrada de los asuntos
públicos y la apertura de otras vías de
participación. Es un modelo que concuerda
más con el modelo de democracia
participativa que representativa. Sin
embargo, más allá del plano normativo, la
práctica evidencia que ya no es correcto
hablar del “político-educador”, sino, más
bien, de “político-seductor”, entendido
como una “locomotora electoral” de
esencia puramente mediática. De esta
manera, la función formativa se ha ido
perdiendo de vista por el progresivo
ascenso del Marketing Político en los
sistemas políticos modernos.
Y, en último lugar, tendría lugar la
relación entre el liderazgo democrático y el
concepto de Democracia. Lógicamente, se
puede pensar, a priori, que el liderazgo
democrático puede ser el modelo más
compatible con el modelo de democracia
de Robert Dahl. Sin embargo, son algunas
las precisiones que han de realizarse
respecto a esta combinación. El principal
rasgo de este estilo de liderazgo se centra
en torno a la búsqueda de consenso por
medio de la participación cívica en política.
Se consigue potenciar la flexibilidad y
responsabilidad en el clima democrático
gracias a la inversión de tiempo que
destina el líder democrático a conocer las
ideas y opiniones propias de los individuos,
que se sienten cómodos a la hora de
revelar sus preferencias por medio de un
debate grupal que potencia la comprensión
ilustrada. Este derecho será ejercitado a
través de un sistema equitativo de
votación. Desde la óptica de Robert Dahl,
de todos los criterios, el más reforzado de
todos es el último, el correspondiente a la
inclusión de los adultos por medio del
reconocimiento pleno de una serie de
derechos previos. Sin embargo, ya el
propio Dahl advierte de una serie de
problemas: pueden tener lugar reuniones
interminables fruto de que todos los
individuos quieran expresarse; que se dé
un fenómeno de subrepresentación; que
las dinámicas asamblearias deliberativas
sólo sean una tapadera para que la toma
de una decisión drástica tenga mejor
acogida por los representados.
En conclusión, tal y como se dijo al
principio, es la combinación estratégica de
todos estos liderazgos lo que favorece que
la acción de un líder sea más o menos
eficaz, y también que se encuentre mejor o
peor valorada por sus ciudadanos. Aún así,
al no vivir en una sociedad invariable en el
tiempo, y al no tener las Ciencias Sociales
la certeza exacta que pueden ofrecer las
Ciencias Naturales, no es posible elaborar
una fórmula matemática que mida con
exactitud una respuesta idónea que ha de
ofrecer un líder ante la imprevisibilidad del
comportamiento humano. En todo caso, se
habrá de atender siempre al estudio de
caso en un contexto determinado.
Ismael Sánchez Cañavate es
estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y de
la Administración en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla y Máster en Liderazgo y
Comunicación por la Universidad de Málaga.
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La jauría humana
por Guillermo Díaz Gómez
@GuillermoLugosi
En 1966, Arthur Penn firmaba una película maravillosa de la que posteriormente tendría que renegar por suponer una estocada a la conciencia del público de los Estados Unidos. Es una producción excepcional por muchos motivos. La adaptación que hace del guion Lillian Hellman quien recoge directamente del teatro un texto del genio de la escena Horton Foote, es fundamental. La maestría de Penn como director de actores y el reparto conformado por los mejores en su oficio en aquella segunda mitad de la década de los 60 permitirá que aparezca este trabajo clave en la historia del cine. Cómo no, tras todos ellos estaba uno de esos productores creadores de obras maestras: Sam Spiegel.
Robert Redford da vida a Charlie 'Bubber' Reeves un condenado – injustamente – que huye de la prisión en la que se encuentra recluido y se refugia en su pueblo natal, en Texas. La noticia de su evasión genera un gran revuelo en la localidad. El sheriff Calder (Marlon Brando) tiene el deber de encontrarlo para devolverlo a prisión, pero no es el único interesado en poner fin a la fuga de Reeves. Val Rogers (E.G Marshall), un acaudalado empresario local que ha hecho fortuna con el petróleo y el ganado, quiere la captura de Reeves para proteger a su hijo, Jason, el cual ha aprovechado la ausencia de Bubber para iniciar una relación con la mujer de éste, Anna Reves (Jane Fonda). Estos y otros intereses juegan en contra del fugado, cuya detención y linchamiento acabarán convirtiéndose en el objetivo de todo el pueblo. El sheriff Calder intentará evitar que Reeves muera a manos de sus vecinos.
Se trata de una película que destapa las miserias de una colectividad
que antepone sus prejuicios, intereses y odios a cualquier otro valor o bien que pudiera frenarlos. De una película cuyo eje central, el odio interesado, es un bucle recurrente y popular en mi sociedad. Del grito del que tiene derecho, por el mero hecho nacer, a que otros le deban todo. Uno de los productos estrellas del pensamiento basura y la pereza actuales.
Hace 5 años, no tantos como para olvidar, en Tenerife, Diego Pastrana de 24 años fue acusado por la prensa y la masa tras una cadena de fallos médicos y policiales, del asesinato de la hija de tres años de su novia. El ABC, en un ejercicio inquisitorial, publicó la famosa portada en la que veíamos al pobre linchado mediáticamente detenido por la Guardia Civil entrando en dependencias oficiales. “La mirada del asesino de una niña de tres
años”, subtitularon la imagen. “Tenerife
llora la muerte de Aitana, que no superó las quemaduras y los golpes propinados por el novio de su madre", rezaba el texto que vertía sobre este hombre los hechos consumados. Todos los medios, todos, se abalanzaron sobre esta persona. Era inocente. Se le pidió un perdón de baja intensidad.
Pero los españoles no solo tropiezan dos veces con la misma piedra, sino que se la llevan y la ponen a los pies de la cama para dar con ella todos los días al levantarse y al acostarse si de ello depende no rectificar. Y eso ocurrió el agosto pasado en Málaga donde una mujer fue hallada por la policía afirmando que acababa de ser violada por cinco hombres, dos de ellos menores de edad.
La turba a las calles. El racismo que vive agazapado esperando una oportunidad apareció disfrazado de solidaridad con una víctima y saltó sobre estos chicos (lean los comentarios de esta noticia publicada en uno de los diarios adalides del progresismo aquellos días pinchando aquí). Si en la película de hoy, el pueblo atacaba insistentemente a su culpable buscando su muerte, las nuevas
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tecnologías y la ausencia de un compromiso real en todo, hicieron que el pequeño pueblo tejano de la obra de Penn, fuera sustituido por los medios de comunicación y ¡cómo no! las redes sociales.
¡Condénelos quien pueda! Comenzó una carrera alocada, encabezada por todos aquellos que creen que ser feminista superpop es un ejercicio intelectual profundo, para destrozar la imagen y las vidas de cinco hombres gitanos. Un feminismo que conlleva la presunción de culpabilidad de los hombres. También de los hombres inocentes, que desde el bibianopajinato, son ciudadanos de segunda en lo que al derecho penal “de
género” (otra vulgaridad de la neolengua)
se refiere. Para qué esperar las decisiones judiciales, había que coger la bandera del asunto cuanto antes para pescar votos, popularidad y pintar las pancartas con la sangre de los desgarros vaginales (presuntos) de la mujer teóricamente agredida. Modo Colau ON. Todos ya sabían lo sucedido. Una competición para el trofeo del que más odiaba y era capaz de compaginar la poesía con la indignación. Estar en contra de las violaciones era algo meritorio que había que exhibir.
Un par de idiotas, entre los que me cuento, dijimos que tal vez habría que esperar a que la jueza dijese algo. Las respuesta de la turba fue que nos gustaba la violación, que le tenía que pasar a nuestras hijas, que éramos fruto de una educación machista, que sosteníamos “el
patriarcado” (más neolengua para repetir
cual mantra sin saber nadie lo que es) y otras monerías.
La presión de la chusma extrajo del Alcalde de Málaga unas declaraciones condenando los hechos y anunciando posteriormente que el Ayuntamiento se iba a personar como acusación particular. Sus concejales hicieron de palmeros ipso facto. Previamente, por supuesto, María Gámez
y sus féminos animadores ya señalaban que el regidor malagueño era un machista a quien importaba la imagen de la ciudad más que una mujer violada. Por no hablar de los aledaños del PSOE, como alguna que vio la posibilidad de recuperar el cargo perdido en nuestro linchamiento, mientras, como erró en el ataque, sigue escondida con sueldo a dedo en una ONG. Por supuesto los de Izquierda Unida, a quienes faltó repartir antorchas y estacas. Nadie se atrevía a llevar la contraria al pelotón de linchamiento. Nadie se paró a pensar si, tal vez, los jueces y fiscales tendrían que decir algo sobre el tema. Dichosos aquellos tiempos en que los periódicos y los políticos no daban siempre la razón al más chillón. Ahora todo es plegarse a la coacción del pueblo, porque este, siempre puede hacer lo que plazca, porque como la marca de cosméticos él lo vale. El pueblo, ese ente, que por una extraña (¡y laica, por supuesto!) transubstanciación se ubica siempre en unos cuantos.
Cuando se esclarecieron los hechos, lo más recurrente (de los pocos que rectificaron) era aludir a “la pinta” de
los muchachos (obviando la gitanez, incompatible con la inocencia) que podía llevar a equívocos. Y es que no hubo violación en Málaga. Y es que cinco hombres señalados, cuyas imágenes fueron abanderadas en la plaza pública pidiendo sus cabezas en picas todavía esperan las disculpas de millares. Y pueden esperar hasta el día de su muerte. Y volverá a pasar, y el próximo puede ser usted, o yo. Porque nadie está a salvo de las heces mientras todo el mundo porte un ventilador.
Guillermo Díaz Gómez es Abogado,
escritor y crítico de cine.…
