ndescoAAsociación Nacional de Empresas deServicios Públicos y Comunicaciones

Una publicación semestral de

la Asociación Nacional de

Empresas de Servicios

Públicos y Comunicaciones.

REVISTA ANDESCO No. 26

Junio de 2013

Gustavo Galvis Hernández

Presidente

Carolina Andrea Villamil Esguerra

Secretaria General

Adriana Ramírez García

Editora General

CONSEJO EDITORIAL

Mauricio López González

Director Técnico

Patricia Torres Martínez

Jefe Ocina Planeación y Con-

trol de Gestión.

Edwin Cruz Caballero

Director de las Cámaras Secto-

riales de Energía y Gas

Juan José Fuentes

Director de la Cámara Financiera

Juan Pablo Fonseca Cruz

Director de las Cámaras Secto-

riales de Acueducto, Alcantari-

llado y Aseo

Alberto Solano Venegas

Director Cámara de las Tecno-

logías de la Información y las

Comunicaciones

Principales

Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P.

Electricadora del Caribe S.A. E.S.P.

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - Telefónica,Telecom.

Isa - Interconexión Eléctrica S.A E.S.P.

Sociedad de Acueducto,Alcantarillado y Aseo deBarranquilla S.A. E.S.P.

Acueducto Metropolitano deBucaramanga S.A. E.S.P.

Gas Natural S.A. E.S.P.Chec - Central Hidroeléctrica de

Caldas S.A.Empresas Varias de Medellín

E.S.P.

Suplentes

Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.Celsia S.A. E.S.P.Isagen S.A. E.S.P.Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.Une Epm Telecomunicaciones S.A.Codensa S.A. E.S.P.Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.Transportadora de GasInternacional S.A. E.S.P.Aguas de Manizales S.A. E.S.P.Empresa de Acueducto yAlcantarillado de Bogotá E.S.P.

ANDESCO

Calle 93 No. 13-24 Piso 3. Tel. 616 7611 Fax. 218 4154Bogotá D.C. Colombia

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Los artículos rmados no reejan el pensamiento de Andesco.

Diagramación y Armada: Wilfredo Guevara RodríguezFotografía: Yulder Jimenez Clavijo,

Empresas Públicas

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de Medellín E.S.P.Presidente Junta Directiva

Empresa de Energíade Bogotá S.A. E.S.P.

Vicepresidente Junta Directiva

Índice

EDITORIAL 4

INFORME ESPECIALEl sector de energía como factor de competiti-

vidad en Colombia 8

AL CORRIENTENotas sobre las perspectivas para el desa-rrollo de las energías renovables en América Latina y el Caribe 18

Producción de energía limpia en colombia, la base para un crecimiento sostenible 26

GASBiogás, combustible alternativo de gran interés para el sector energético 38

CANALDescubriendo el agua 52

DE UTILIDADAlcance de la implantación del derecho a la libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, en especial el de aseo 66

RSEEl modelo institucional de EPM en derechoshumanos 82

El Pacto Global como estrategia para el desa-rrollo empresarial 88

DE AMBIENTEISAGEN tiene sede ecológica y sostenible 94

Valorización agronómica de los lodos de ptar en el cultivo del arroz 98

Alianza para la conservación 114

ACTUALIDAD JURIDICALa defensa del usuario:¿El servicio público como funciónadministrativa? 122

El análisis económico del derecho aplicado a los servicios públicos domiciliarios y las tic 136

GALERIA FOTOGRAFICA 142

Editorial

#26 / 5EDIToRIAL

El desarrollo del país pasa por los proyectos de infraestruc-tura de todo tipo para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social. En el caso de los servicios públicos y TIC hay que garantizar su prestación para satisfacer las necesidades de la población y generar la competi-tividad que el país requiere.

Sin embargo, cada vez con ma-yor frecuencia los desarrollado-res de proyectos enfrentan con-diciones cada vez más adversas para su ejecución. En efecto, muchas externalidades ajenas por completo a sus capacidades y responsabilidades generan incertidumbre para poder llevar a cabo los proyectos, dentro del cronograma previsto, además de imponer sobrecostos elevados para los mismos.

Sin parecer exhaustivos, las principales causas de los proble-

mas de desarrollo de la infraes-tructura en Colombia pasan por:

• Dicultades en el trámi-te de licenciamiento ambien-tal en temas como el tiempo previsto para la expedición de las licencias; su falta de arti-culación con las necesidades y cronogramas de los proyectos; falta de criterios, únicos objeti-vos en la interpretación de las normas; vacios jurídicos frente al régimen de transición apli-cable a activos existentes no licenciados; gran dispersión de trámites asociados al licencia-miento ambiental; entre otros.

• Dicultades en el trámi-te de consulta previa y parti-cipación comunitaria, por la ausencia de reglamentación de los mecanismos y tiempos de la consulta; en ocasiones, utilización no debida del legíti-mo derechos las comunidades

En el caso de los servicios públicos y TIC hay que garantizar su prestación para satisfacer las necesidades de la pobla-ción y generar la competitividad que el país requiere

#26 /6 EDIToRIAL

por parte de intereses parti-culares; ausencia de un marco normativo para la concertación del proyecto con comunidades diferentes a aquellas con las que se debe adelantar por ley la consulta previa.

• Problemas de orden públi-co donde existe presencia acti-va de actores al margen de la ley; ausencia o débil presencia de instituciones del Estado que garanticen la seguridad en la zona de desarrollo del proyecto y disputa en los territorios por el control de actividades eco-nómicas ilegales e informales y sus rentas.

• Problemas de orden so-cial, con situaciones complejas como la oposición al desarrollo de los proyectos por parte de la comunidad, y por organiza-ciones no gubernamentales, causada en algunos casos por desinformación; baja o débil

presencia del Estado en las comunidades y altos índices de Necesidades Básicas Insatisfe-chas (NBI) en los territorios y presencia activa y beligerante de organizaciones que se opo-nen al desarrollo de los pro-yectos. Igualmente, exigencias desmedidas a los desarrollado-res de los proyectos de cubrir necesidades insatisfechas de la población que exceden las res-ponsabilidades de las empre-sas; dicultades en la adquisi-ción de predios y constitución de servidumbres; dicultades en la declaratoria de utilidad pública, ocasionadas por la exi-gencia de requisitos no previs-tos en la ley para obtener dicha declaratoria; falta de mecanis-mos de censos; entre otros.

• Debilidades en la planea-ción debido a la falta de coordi-nación en la planeación de los usos del suelo; inexistencia de un esquema unicado entre la

es imperativo que el Estado acompañe con su apoyo y medidas que estén a su al-cance, sin menoscabo de las obligaciones contractuales y de mercado

#26 / 7EDIToRIAL

planeación territorial y la im-plementación de los planes en el desarrollo de los proyectos de todos los sectores económi-cos; fallas en la inclusión de factores de riesgo en el proceso de planeación de los proyectos

• Ineciencias en la asigna-ción de riesgos, ya varias ex-ternalidades no se encuentran previstas en la normatividad como causal eximente de res-ponsabilidad ni como argu-mento para modicar la fecha de entrada en operación de los proyectos, lo cual, genera una asimetría en la distribución de riesgos que opera en contra de quienes no tienen la capacidad de gestionarlos.

Es por esto que para los secto-res de servicios públicos y TIC, es imperativo que el Estado acompañe con su apoyo y me-didas que estén a su alcance, sin menoscabo de las obligacio-nes contractuales y de mercado que tienen los desarrolladores de proyectos, la ejecución exi-tosa de los proyectos en cues-tión, desde múltiples áreas de intervención. Ese es el reto y

estamos convencidos que el Gobierno Nacional está toman-do las medidas adecuadas para lograrlo.

El sector de energía como factor de

competitividad

Infor

en Colombia

meEspecial

Edwin Cruz Caballero

Director de Energía y Gas- ANDESCo

#26 / 9INFoRME ESPECIAL

En el panorama geopolítico in-ternacional y de integración global, la energía se convierte en un elemento esencial, en pri-mera instancia, para el desarro-llo económico y humano en el contexto de acceso y calidad de vida de la población, y segundo, como factor clave de competiti-vidad de los países en el comer-cio de bienes y servicio en la escala regional.

En ese sentido, el análisis sobre la competitividad de la energía parte del hecho de entender cuales son los factores clave que denen el panorama de precios de la energía en el contexto in-

ternacional, esto es, el papel de la OPEP en la denición de las condiciones de oferta de petró-leo, la relación entre los precios del gas en el Henry Hub res-pecto al WTI- y este último res-pecto al BRENT-, la prospectiva sobre la dependencia relativa de

combustibles en la región asía-tica (China, India), la depen-dencia de Europa del suminis-tro de Rusia y la importación de los Estados Unidos, el desarro-llo de las energías renovables, la mayor entrada de tecnología e innovación en los sistemas eléctricos (smart grids), así como políticas públicas de sub-venciones, o la oferta, o bien, a la demanda.

Por su parte, en el contexto de competitividad de la energía en el ámbito local, y especíca-mente para el caso colombiano, es conveniente comprender la

estructura y el arreglo insti-tucional, así como las reglas y funcionamiento de los mercados energéticos, en el contexto de los objetivos de acceso a la ener-gía, la seguridad energética y la mitigación del impacto ambien-tal, y evaluar si las institucio-

el análisis sobre la competitividad de la energía parte del hecho de entender cuales son los factores clave que denen el panorama de precios de la energía en el contexto internacional

#26 /10 INFoRME ESPECIAL

nes y políticas públicas respon-den a las necesidades energéti-cas o; si existen condiciones de mercado con un marco regula-torio estable que estimulen la inversión en infraestructura de

1energía y tecnología .

En este sentido, es oportuno contextualizar el concepto de competitividad de la energía. En principio, un país competi-tivo en el área de energía tiene

2las siguientes características :

1. Bajos niveles de décit de energía, uso eciente de la energía, alta participación de energías renovables en la oferta de generación y baja dependencia de crudos fósiles

2. Altas tasas de acceso a la energía, y limitadas pérdidas en transmisión y distribución,

y participación de la energía nuclear en la seguridad del suministro

3. La energía primaria usada por unidad de producto es baja y las emisiones de CO2 per cápita son limitadas

4. Adecuado ambiente de inver-sión

5. Existencia de una canasta energética balanceada, donde se asegura el acceso y la dis-ponibilidad de energía

Al respecto, KMPG y el Institu-to Choiseul de Francia se die-ron a la tarea de medir la com-petitividad de la energía para 146 países a través del Índice de Competitividad Energética Global 2012. En este análisis de competitividad se tuvo en cuenta la calidad de la matriz energética, el acceso a la ener-gía y los niveles de compatibili-dad de las políticas energéticas con los desafíos ambientales.

Sorpresivamente, Colombia es el quinto país más competitivo en términos de energía, y su alto desempeño según el Índice,

1. World Energy Council. Wolrd Energy

obedece a la sostenibilidad de

Trilemma: The Case for sustainable energy policy, 2012.

2. KPMG , Institute Choiseul. 2012 Global EnergyCompetitiveness Index, 2012. Pg 7. Disponible en: http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Barometer-2012-Global-Energy-Competitiveness-Index.pdf

#26 / 11INFoRME ESPECIALINFoRME ESPECIAL

la matriz energética y al menor impacto ambiental.

En el Informe sobre Competiti-vidad Energética Global 2012, Colombia es superada solamen-te por Noruega, Canadá, Islan-dia y Dinamarca, y es el único país de América Latina y el Caribe que se encuentra dentro de los 20 países del Índice, por encima de países como Perú (32), Brasil (38), México (50) y Chile (61).

Gráca 1. The 2012 Global Energy Competitive-

ness Index. KPMG , Institute Choiseul

Noruega (1) y Colombia (2) son los países con la mayor calidad de la matriz energética basada prin-cipalmente en el alto componente de hidroenergía y baja dependen-cia del crudo, lo cual incide en el caso de Colombia, en el alto de-sempeño del Índice Global (5)

No obstante, en términos de calidad, acceso y disponibilidad de energía, Colombia ocupa el puesto 88, lo que lo ubica en el promedio de la muestra de paí-ses utilizada por KPMG y Choi-seul. -

Gráca 2. The 2012 Global Energy Competitiveness Index. Colombia

De otro lado, el World Economic Forum también llevó a cabo un análisis de competitividad de la energía a través del The Global Energy Architecture Perfor-

3mance Index 2013 (EAPI) .

3 Reporte disponible en: http://www3.wefo-rum.org/docs/WEF_EN_NewEnergyArchitec-turePerformanceIndex_Report_2013.pdf

#26 /12 INFoRME ESPECIAL

El EAPI compara 105 países respecto al aporte de sus siste-mas energéticos al crecimiento económico, y al desarrollo de la seguridad energética, la soste-nibilidad ambiental y el acceso a la energía. En particular, el índice EAPI mide la adaptación de los sistemas energéticos de los países a los cambios del pa-norama energético mundial.

Colombia ocupa el puesto no 6 en el ranking EAPI, como se

4muestra a continuación :

Gráca 3. WEF. The Energy Architecture Perfor-

mance Index 2013- Map of top performers overall

Las 16 variables que componen el Indice EAPI 2013 están in-tegradas en tres grupos: Creci-miento económico y desarrollo, Sostenibilidad Ambiental y Ac-ceso a la Energía, y se presen-tan en el siguiente cuadro.

4 http://widgets.weforum.org/energy-archi-

Cuadro 1. The Energy Architecture Performance

tecture-index/

Index 2013 Data Platform. Colombia

De acuerdo con el EAPI 2013, Colombia es eciente en el uso de energía y presenta una baja distorsión de precios respec-to a subsidios a combustibles fósiles. En general, el alto des-empeño de Colombia en el ín-dice EAPI 2013 está asociado a la relación entre energía y crecimiento económico y desa-rrollo, en tres componentes de análisis:

1. Que tan accesible es la ener-gía?- teniendo en cuenta las distorsiones de precios como resultado de las subvencio-nes y los impuestos

2. Que tal eciente es empleada la energía?

#26 / 13INFoRME ESPECIAL

3. La provisión de energía agrega o resta valor a la eco-nomía?

El análisis del World Econo-mic Forum respecto al EAPI 2013 para Colombia es con-cluyente sobre la mejora en el marco regulatorio colombiano, el impulso de la situación de seguridad a la inversiónpor parte de compañías petroleras internacionales, ajustes a la política de regalías. Así mismo, se resalta la alta contribución de la generación hidroeléctri-ca en la provisión de electri-cidad en el país (más del 70% de acuerdo con los datos de la EIA) y potencial de exporta-ción eléctrico. Finalmente, se destaca que la riqueza de re-cursos geológicos del país im-plicará una sólida corriente de ingresos para el país.

Reexiones para Colombia res-pecto a la competitividad de la energía

Los índices internacionales re-lacionados con el Global Energy Competitiveness Index 2012 y Global Energy Architecture Performance Index 2013 ubican a Colombia en una posición de

privilegio en la escala mundial respecto a la competitividad de la energía del país, y evidencian la coherencia del marco insti-tucional del sector energético colombiano, en los términos del Trilema de Sostenibilidad Ener-gética del Consejo Mundial de Energía (WEC):

1. Acceso a la energía: Los nive-les de cobertura en el sumi-nistro eléctrico en Colombia están por encima del 99%. No obstante, en los términos de lo planteado por el Mi-nisterio de Minas y Energía de Colombia en la Cumbre Empresarial de las Américas – Iniciativa «Conectando Las Americas 2022», el país tiene una enorme responsabilidad “…de conectar a las 400,000 familias que hoy no tienen acceso a la energía en Colom-bia»

1. Mitigación de Impacto Am-biental. La Hidroenergía es la fuente primaria de energía que más acerca a Colombia a la Sostenibilidad, e inclu-so, esta fuente de energía tendrá incluso a futuro una mayor participación en la composición de la matriz de

#26 /14

generación en Colombia, lo cual implica una reducción de emisiones en el mediano plazo fruto de la entrada de proyectos hidroeléctricos. En términos de la agenda de Cambio Climático la hi-droenergía pone a Colombia en la siguiente posición:

Mitigación: La baja intensi-dad de carbono es una opor-tunidad para conanciar proyectos de generación a través de los recursos nan-cieros de los mercados de carbono internacionales.

Adaptación: Se requiere una gestión de los riesgos asocia-dos a la variabilidad climáti-ca y por la vulnerabilidad.

2. Seguridad Energética. Las entidades de planeación energética y regulación han diseñado los incentivos ade-

cuados para que se garantice el abastecimiento energético en el largo plazo. De hecho, el mix de generación cuen-ta con alta participación de la generación hidráulica así como plantas térmicas, éstas últimas, muy importantes para asegurar la conabili-dad del sistema eléctrico en situaciones de hidrología crí-tica.

Así mismo, se cuenta con un esquema adecuado de planea-miento eléctrico que propende por asegurar que la infraestruc-tura de redes eléctricas cuente con redundancia y holgura para atender una eventual estrechez en el Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, en el largo plazo, el mecanismo del Cargo por Conabilidad ha ase-gurado la energía rme que

las autoridades energéticas de Colombia están desarrollando planes de expansión de la infraestructura y modelos regulato-rios orientados a garantizar la conabilidad energética, y que permitan asegurar el abas-tecimiento de la energía en el largo plazo

INFoRME ESPECIAL

#26 / 15

requiere el sistema a partir de proyectos de generación hi-dráulica y térmica.

Por último, conviene señalar que las autoridades energéti-cas de Colombia están desa-rrollando planes de expansión de la infraestructura y mode-los regulatorios orientados a garantizar la conabilidad energética, y que permitan asegurar el abastecimiento de la energía en el largo plazo en condiciones adecuadas de pre-cio, calidad, competitividad y sostenibilidad.

En el caso particular del sector de gas natural, el Regulador se encuentra construyendo las reglas del mercado de gas natural de largo plazo, lo cuál, deberá contribuir a fortalecer la robustez, conabilidad y redundancia de la infraestruc-

tura de gas en Colombia, en el marco de inserción del merca-do mundial de gas natural.

Lo anterior, ubica al sector de energía en Colombia como de talla mundial, lo cual implica un reto importante, y es tener una proyección internacional que le permita al país ser el principal jugador en la inte-gración energética regional.

No obstante, para el logro de éste objetivo, existen oportu-nidades de mejora identica-das que podrían contribuir a aumentar la competitividad del sector de energía en Colombia.

Se plantean algunas de ellas:

1. Racionalizar subvenciones e impuestos: (Ley ambiental, Estampillas Regionales, Fon-dos FAER, FAZNI y PRoNE, Subsidios y Contribuciones)

el Regulador se encuentra construyen -do las reglas del mercado de gas natu -ral de largo plazo, lo cuál, deberá con -tribuir a fortalecer la robustez, cona -bilidad y redundancia de la infraestruc -tura de gas en Colombia

INFoRME ESPECIAL

#26 /16

2. Garantizar la expansión oportuna de la infraestructu-ra de redes de energía (Sis-tema de Transmisión Nacio-nal- STN y Sistema de Trans-misión Regional- STR)

3. Llevar a cabo los ajustes de política para desarrollar de manera ágil los proyectos de infraestructura de energía

4. Concretar el esquema nor-mativo de largo plazo para el abastecimiento de combusti-bles

5. Articular la política energéti-ca y la regulación respecto a la eciencia energética

6. Establecer una política orientada al desarrollo de redes inteligentes (Smart Grids)

7. Analizar esquemas de incen-tivos para auto y cogenera-ción por parte de usuarios y mecanismos de respaldo

#26 / 17

AlCorriente

Notas sobre las pers-pectivas para el de-sarrollo de las ener-gías renovables en América Latina y el Caribe

Edwin Cruz CaballeroDirector de la Cámara de Energía y Gas de Andesco

#26 / 19AL CoRRIENTE

El actual contexto económico y energético mundial ha dado lugar a un nuevo paradigma de desarrollo económico y tecnoló-gico en el contexto de adapta-ción al cambio climático, donde los conceptos de ciudades soste-nibles implican fuertes desafíos de reconversión industrial y tec-nológica, junto a la evaluación del uso de energías renovables, lo que implica un desarrollo eventual de un nuevo ciclo de inversiones de largo plazo.

Los indicadores de energía de años recientes muestran una tendencia mundial a incluir energías renovables no con-vencionales dentro de la matriz energética. De hecho, países como China, Estados Unidos y Alemania se muestran como los principales desarrolladores de energías alternativas en el mundo, especialmente en tec-nologías de fuentes de energía eólica, solar y geotermia. A su vez, acorde con la EIA y el World Energy outlook (2012), la expansión en generación en energías renovables al 2035 es-

tará liderada por tecnología de energías limpias.

Por su parte, la contribución de las energías renovables no con-vencionales en América Latina y el Caribe es marginal, so pena de que algunos países (caso Brasil) han avanzado incorporando es-quemas de mercado a través de subastas que han priorizado la instalación de nuevos proyectos de generación de fuentes eólicas y termoeléctricas a biomasa o de suministro de gas natural.

En la actualidad, las energías re-novables con mayor participación en América Latina y el Caribe corresponden a fuentes eólicas y biomasa1. Países como Costa Rica y México muestran instalaciones en geotermia. Por su parte, Co-lombia tiene algunas iniciativas en energía eólica y geotermia. Existen algunos proyectos de energía solar en la región a partir del desarrollo de energías fotovol-taicas para electricación rural. Por su parte, Brasil es el país que presenta la mayor participación de energías renovables no con-vencionales a partir de los pro-gramas de incentivos (PRoINFA).

1. CIER, 2012.

#26 /20 AL CoRRIENTE

Gráca 1. Objetivos de energías renovables en la

región. Fuente: REN21- RENEWABLES 2012

De otro lado, si bien hacia el 2030 se espera un mayor aporte de energías renovables (4.1%) -eólico y biomasa- , su aporte será menor frente a fuentes convencionales, de he-cho, predominará la hidroener-gía (50%) y la generación con gas natural (29.4%). Fuente: (World Bank, 2012).

Esta situación se presenta en América Latina y el Caribe por la composición de una matriz

energética con alta participa-ción de la hidroelectricidad, lo cual, podría considerarse una barrera a la entrada para el desarrollo de proyectos de energías renovables no con-vencionales en la región, da-das las eciencias económicas y ambientales de los proyectos hidroeléctricos de gran escala.

Adicionalmente, los gobiernos locales no han priorizado en sus planes de política energé-tica el desarrollo de proyectos de energías renovables que im-pliquen altos costos de energía

#26 / 21AL CoRRIENTE

dados los mayores esfuerzos scales que se requieren para su apalancamiento en la inver-sión, en un contexto de res-tricciones de nanciamiento y

Gráca 2. WEC- Geographical Tracking 2012- Renewable Energies

prioridades de inversión social en sectores que contribuyen en el corto plazo a reducir los pro-blemas de pobreza y desigual-dad que enfrenta la región.

#26 /22 AL CoRRIENTE

De hecho, como lo muestra el geographical tracking 2012 del World Energy Council (WEC), las energías renovables no son una prioridad en la re-gión.

No obstante, los impactos del cambio climático actual sobre las condiciones hidrológicas así como los retos de “Econo-mía Verde” (Rio + 20), con -vierten a las energías renova -bles no convencionales en una oportunidad para asegurar el abastecimiento energético en un contexto de complementa-riedad de las matrices energé -ticas e integración energética en la región de América Latina y el Caribe.

Por lo anterior, es adecuado denir en la región una hoja de ruta para evaluar el desa-rrollo de las energías reno -vables en América Latina y el Caribe, lo cual deberá incluir avances tecnológicos en costos de energías renovables que les permita participar en los mer-cado eléctrico competitivos, así como el diseño y adopción de políticas energéticas e incen-

tivos para el fomento de estas fuentes de energía.

A continuación se plantean algunas consideraciones que deberían tenerse en el contex-to de lineamientos de política energética, para el desarrollo de energías renovables no con -vencionales en la región de América Latina y el Caribe:

1. Integración energética

El escenario de integración energética, es una oportunidad para las energías renovables no convencionales desde la perspectiva de complementa-riedad con la hidroenergía

Los periodos secos (verano), hacen que la energía renovable no convencional pueda aportar conabilidad al sistema eléc-trico (seguridad energética) en las regiones donde sea técnica y económicamente viable la im-plementación de algunas fuen -tes de energía renovable.

#26 / 23

Gráca 3. World Bank. "Transmission Expansion for Renewable Energy Scale-Up | Emerging Les-

sons and Recommendations“, 2011

2. Costos de tecnología

Es necesario que los costos de generación de las energías renovables no convencionales disminuyan para competir en el mercado eléctrico de América Latina y el Caribe. El panorama actual de costos de energía en el mercado eléctrico, no es com-petitivo para tecnologías reno -vables no convencionales (solar, biomass, wind-offshore).

“..some forms of renewable energy are more expensive

than others, and some such as hydro where sunk costs have already been absorbed) are

much cheaper...” (World Bank, 2012)

Se debe tener en cuenta que por los altos costos de las re -novables no convencionales y como mecanismo para contri-buir al medio ambiente, en el pasado algunos países como España diseñaron políticas de subsidio a renovables en tari-fa. No obstante, un inadecuado diseño del esquema de subsidio puede inuenciar negativamen -te la dinámica del mercado eléc -trico (décit de tarifa)

3. Diseño regulatorio

El establecimiento de un marco legal, claro, estable y transpa -rente puede ser una condición sine qua non para atraer capi -tales privados en la generación eléctrica a través de renovables (Coviello Et Al, 2012)

En este sentido, es necesario desarrollar los incentivos regu-latorios para la promoción y en -trada de las fuentes de energías renovables no convencionales. No obstante, no se deben gene -rar distorsiones en las reglas de los mercados eléctricos com-petitivos.

AL CoRRIENTE

Algunos reguladores han intro-ducido contratos de largo plazo (15 a 25 años) para incorporar renovables en la generación eléctrica, mediante subastas (Brasil, Argentina, Perú). No obstante, se requieren medidas de apalancamiento y nancia-miento. Este esquema podría evaluarse en el diseño regulato-rio de otros mercados eléctricos en la región de América Latina y el Caribe.

Adicionalmente, los proyectos de energías no renovables no con-vencionales podrían ser conside-rados como esquema de alianzas público privadas (APP) ya que los riesgos pueden ser asumidos por el sector privado y público.

De otro lado, aplicados con e-ciencia, los fondos públicos se pueden utilizar para viabilizar inversiones con capital privado para impulsar el desarrollo de energías renovables. Los res-ponsables de política energética pueden apoyar el desarrollo de las fuentes de nanciación y, en particular, respecto a la pro-moción de green banks y green

4. Energías renovables para la

bonds.

electricación rural

Por ejemplo, teniendo en cuenta a la India como modelo a seguir, los países en desarrollo podrían adoptar este tipo de tecnologías para garantizar acceso a la ener-

2gía en zonas remotas .

En ese sentido, nuestros go-biernos podrían utilizar fondos públicos (subsidios) para incen-tivar la electricación rural a través de pequeños proyectos de energía renovable. Sin embargo, estas iniciativas deben ir acom-pañadas de programas públicos que establecen objetivos a me-diano y largo plazo en relación con el acceso y expansión del servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas a los sistemas eléctricos tradiciona-les.

2. Energy Revolution. A sustainable India Energy outlook. European Renewable., 2012.

Resumen

La diversicación de la matriz de producción de energía eléctrica en Colombia, gracias a la dispo-nibilidad de fuentes de energía renovables y a la estructura del mercado eléctrico, ha seguido una ruta de crecimiento de la capacidad instalada de genera-ción de manera amigable con el medio ambiente.

Gracias a la infraestructura de la matriz energética nacional, hoy se pueden presentar indicadores de producción de energía con un alto componente proveniente de fuentes hídricas, y una parte muy importante de la generación térmica proviene de gas natural, lo que conlleva una producción limpia de energía, situación que se puede evidenciar en la baja producción de dióxido de carbo-no (Co2), como resultado de la atención de la demanda de ener-

gía eléctrica que el país requiere para su crecimiento y desarrollo y que redunda en calidad de vida para la población.

De los diferentes indicadores denidos en los Mecanismos de Desarrollo Limpio –MDL–, el correspondiente a las emisiones de dióxido de carbono, que son el resultado de la producción de una unidad de energía eléctrica (kWh), representa la huella que está dejando en el medio ambien-te la generación de energía eléc-trica para un país determinado. Particularmente para el caso de Colombia, entre los años 2008 y 2013, considerando la gene-ración de energía de las plantas despachadas centralmente por XM, el promedio de este indica-dor se encuentra en 130 gramos de Co2 por cada kWh, que entre todos los países de América que suministran energía eléctrica mediante sistemas hidrotérmi-

Producción de energía limpia en colombia, la base para un crecimiento sostenibleLuis Alejandro Camargo María Nohemi Arboleda Edison Cardona

lcamargo@xm.com.co mnarboleda@xm.com.co ecardona@xm.com.co

XM, Compañía Expertos en Mercados, Filial de ISA, Colombia

#26 / 27AL CoRRIENTE

cos, es superado únicamente por Brasil que tiene 81 gramos de Co2 por cada kWh.

En la primera edición del Baró-metro Mundial sobre "compet-itividad energética" de los Esta-dos, publicado a nales del año 2012 por el instituto Choiseul y el gabinete KPMG Colombia, donde se evalúa "la competitiv-idad energética" de 146 países a través de una combinación de criterios que mezclan calidad del "mix" energético, acceso de los ciudadanos a la electricidad y "compatibilidad de las políticas energéticas con las problemáti-cas medioambientales", Colombia gura en quinta posición.

En este documento se presen-tan las estadísticas recopiladas por XM, ente que coordina la operación del sistema eléctrico colombiano y administra el Mer-cado Eléctrico Mayorista, de la producción de dióxido de carbono del sistema eléctrico Colombiano

entre los años 2008 y 2013. Estas estadísticas muestran la eviden-cia del bajo impacto contaminante que está teniendo la producción de energía eléctrica en el país; datos que identican a Colombia como un país con un sector eléc-trico de clase mundial que posi-bilita la exportación de energía limpia a países de la región.

Introducción

El desarrollo económico de los países, su correlación directa con el crecimiento de la demanda de energía eléctrica y la típica aso-ciación con el incremento en la afectación del medio ambiente mediante la creciente emisión de gases de efecto invernadero, es una cadena que, si no se toman acciones estratégicas, va a seguir mostrando el impacto devastador de la variabilidad climática.

Sería ideal que el crecimiento de todos los sistemas de suministro de energía eléctrica, tuvieran

Sería ideal que el crecimiento de todos los sistemas de suministro de energía eléctri-ca, tuvieran dentro de sus variables de en-trada el impacto en el medio ambiente

#26 /28

dentro de sus variables de entra-da el impacto en el medio am-biente y que los proyectos que nalmente se ejecuten sean los que puedan considerarse como fuentes de energía más limpia.

Gracias a la situación geográ -ca de Colombia, la desregu -lación del mercado de energía eléctrica desde el año 1995 y a las políticas de protección al medio ambiente, el país cuenta con un parque de generación de energía eléctrica que es sucientemente diversicado, contando con plantas hidráu-licas, térmicas a gas, carbón y combustibles líquidos y plantas eólicas que nalmente repre -sentan un suministro de ener -gía para el país de manera ami -gable con el medio ambiente.

Esta situación puede eviden-ciarse mediante el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono del sistema resultante de la atención de la demanda de energía eléctrica en el país.

Matriz energética colombia

La matriz de producción de energía eléctrica en Colombia,

gracias a la disponibilidad de fuentes de energía renovables y a la estructura del mercado eléctrico, ha seguido una ruta de crecimiento de la capaci-dad instalada de generación de manera amigable con el medio ambiente.

Hoy se pueden presentar indi -cadores de producción de ener -gía con un alto componente proveniente de fuentes hídricas y una parte muy importante de la generación térmica que proviene de gas natural, lo que conlleva una producción lim-pia de energía, situación que se puede evidenciar en la baja producción de dióxido de car -bono (Co2), como resultado de la atención de la demanda de energía eléctrica que el país requiere para su crecimiento y desarrollo y que redunda en ca-lidad de vida para la población.

En la Figura 1 se observa la distribución en porcentaje de la capacidad instalada de genera -ción en Colombia.

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1. Fuente: Elaboración Propia. y www.ucl.cl, http://web.ing.puc.cl/~power/mercados/matriz/Trabajo%20F%20Aceituno%20y%20F%20Hentzs-chel_archivos/Page361.htm

Figura 1. Distribución en porcentaje de la capaci-dad instalada de generación en Colombia

La Figura 2 muestra la participa-ción, en capacidad instalada, de las diferentes fuentes primarias de generación para energía eléctrica en Colombia, países de la región y algunos países de interés en com-paración con la matriz mundial.

1Figura 2 Matriz energética por capacidad insta-lada

En la gura se puede observar que Colombia ocupa el segundo puesto en alta componente de energía hidráulica (64%) luego de Brasil que posee el 71%. Este componente en la matriz mundial es del 2.1%.

Indicadores de desarrollo limpio

De los diferentes indicadores de-nidos en los Modelos de Desarro-llo Limpio –MDL–, el correspon-diente a las emisiones de dióxido de carbono que son el resultado de la producción de una unidad de energía eléctrica (kWh), repre-senta la huella que está dejando en el medio ambiente, la genera-ción de energía eléctrica para un país determinado. Ver Figura 3. Particularmente para el caso de Colombia, entre los años 2008 y 2013, considerando la gene-ración de energía de las plantas despachadas centralmente por XM, este indicador se encuentra en 130 gramos de Co2 por cada kWh, siendo superado únicamen-te por Brasil, con 81 gramos de Co2 por cada kWh, entre todos los países de América que rea-lizan el suministro de energía eléctrica mediante sistemas hi-drotérmicos.

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Figura 3. 2Factor de emisión por kWh

Publicaciones recientes realiza-das por instituciones de recono-cimiento internacional, muestran el buen posicionamiento de Co-lombia en temas relacionados. Particularmente la revista Cli-mascopio3 2012 que posiciona a Colombia en el puesto 7 en cuanto a “clima de inversión en cambio climático” para América Latina y el Caribe.

Para establecer este posiciona-miento, Climascopio, asigna una puntuación global a cada país y examina los siguientes cuatro pa-rámetros primordiales que están interrelacionados:

I. Marco Propicio – Las políti-cas existentes, estructuras del

mercado energético y niveles de capacidad de energía limpia en cada uno de los países, así como otros factores relacionados.

II. Inversión en energía limpia y créditos a proyectos en torno al cambio climático – Fondos desti-nados a la promoción de energías limpias, así como la disponibili-dad y costo de capital local como, por ejemplo, microcréditos.

III. Negocios de bajas emisiones de carbono y cadenas de valor de energía limpia – La capacidad de la industria local y cadenas de distribución de bienes, servicios y créditos de energía limpia.

IV. Actividades de gestión de emisiones de gas de efecto in-vernadero – La amplitud de las acciones realizadas y los proyec-tos desarrollados siguiendo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas.

2. IEA.2011. Co2 emissions per kWh from electri-city and heat generation. Average 2006-2008

3. Climascopio 2012, Cambio climático y clima de inversión en América Latina y el Caribe. Fondo Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BID y BLooMBERG New Energy Finance.

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Adicionalmente, la primera edi-ción del Barómetro Mundial so-bre "competitividad energética" de los Estados, que fue publica-do a nales del año 2012 por el instituto Choiseul y el gabinete KPMG4 Colombia, que evalúa "la competitividad energética" de 146 países a través de una com-

binación de criterios que mezclan calidad del "mix" energético, ac-ceso de los ciudadanos a la elec-tricidad y "compatibilidad de las políticas energéticas con las pro-blemáticas medioambientales", Colombia aparece en la quinta posición, tal como se presenta en la Figura 4.

Figura 4. orden de países en competitividad4 4. KPMG e instituto Choiseul. Global Energy energética

Competitiveness Index. Nov 2012.

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Seguimiento histórico colombia

Para mostrar la evolución de los indicadores de emisión del sis-tema eléctrico colombiano, se presentan las estadísticas recopi-ladas por XM, ente que coordina la operación del sistema eléctr-ico colombiano y administra el Mercado Eléctrico Mayorista. La Figura 5 muestra el aplicativo desarrollado en XM, para reali-zar seguimiento diario y semanal a las emisiones de dióxido de carbono de las plantas de gene-ración de energía eléctrica del país.

Figura 5. Despliegue5 para seguimiento diario y

semanal a las emisiones de Co2

5. Imagen tomada de: http://surfriderasturias.wordpress.com

En la Figura 6 se presenta la pro-ducción de dióxido de carbono del sistema eléctrico Colombiano entre los años 2008 y 2013.

En la gura se puede evidenciar el bajo impacto contaminante que está teniendo la producción de energía eléctrica en el país y que puede servir para continuar con el posicionamiento e iden-ticación de Colombia como un país con un sector eléctrico de clase mundial, además permitirá incentivar el fortalecimiento de la interconexión eléctrica andina y con Centroamérica y posibilitar la exportación de energía limpia a países de la región que, a causa del uso de fuentes primarias de energía mucho más contaminan-tes para generar energía eléctri-ca, están dejando una huella de carbón muy importante.

6.Emisiones diarias de dióxido de carbono por generación de energía Eléctrica en Colombia por cada kWh

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Con la promulgación en Colom-bia de la Ley Eléctrica (Ley 142 y Ley 143) del año 1994, se libera-lizó el mercado eléctrico colom-biano y se incentivó la inversión privada en plantas de genera-ción térmica, principalmente a gas, al pasar esta componente de ser el 20% del total de capa-cidad instalada, a ser en el año 2012 del 35%, situación que le agrega mayor conabilidad a la atención de la demanda con una matriz más diversicada, compe-titiva, eciente y amigable con el medioambiente.

Es importante que en Colombia se incentive el uso eciente de la energía eléctrica y de los com-bustibles fósiles y así poder ree-jar de una manera más racional el impacto medioambiental que representa el progreso de una nación, buscando que el creci-miento mediante cualquier pro-yecto de infraestructura, se eje-cute considerando un desarrollo

sostenible y con responsabilidad social como iniciativa

Conclusiones

Gracias a la infraestructura de la matriz energética nacional, hoy se pueden presentar indicadores de producción de energía con una alta componente proveniente de fuentes hídricas, y una parte muy importante de la generación térmica proviene de gas natural.

De los diferentes indicadores denidos en los Modelos de De-sarrollo Limpio – MDL–, el co-rrespondiente a las emisiones de dióxido de carbono, que son el resultado de la producción de una unidad de energía eléctrica (kWh), representa la huella que está dejando en el medioambien-te la generación de energía eléc-trica para un país determinado.

Particularmente para el caso de Colombia, considerando la gene-

Se identica a Colombia como un país con un sector eléctrico de clase mundial que posibilita la exportación de energía

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limpia a países de la región

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ración de energía de las plantas despachadas centralmente por XM, en promedio, este indica-dor se encuentra en 130 gramos de Co2 por cada kWh, que en-tre todos los países de América, que suministran energía eléctri-ca mediante sistemas hidrotér-micos, es superado únicamente por Brasil que tiene 81 gramos de Co2 por cada kWh.

Las estadísticas recopiladas por XM, entre los años 2008 y 2013, muestran la evidencia del bajo impacto contaminante que está teniendo la producción de energía eléctrica en el país; datos que identican a Colom-bia como un país con un sec-tor eléctrico de clase mundial que posibilita la exportación de energía limpia a países de la región.

De las estadísticas obtenidas, también se puede observar la afectación que tiene la variabi-lidad climática que en Colombia se evidencia con la ocurrencia de fenómenos climáticos de sequía (El Niño) o fenómenos de lluvia (La Niña) en la pro-ducción de dióxido de carbono.

Se puede observar que durante fenómenos de El Niño, el indica-dor ha subido hasta 400 gCo2/kWh, y durante los fenómenos de La Niña ha bajado hasta 50 gCo2/kWh.

Aunque se evidencia que el sis-tema eléctrico colombino es competitivo, eciente y amiga-ble con el medioambiente, es importante que se incentive el uso eciente de la energía eléc-trica, de los combustibles fósi-les y de las energías renovables para así poder reejar de una manera más racional el impacto medioambiental que represen-ta el progreso de una nación, buscando que el crecimiento mediante cualquier proyecto de infraestructura, se ejecute con-siderando un desarrollo sosteni-ble y con responsabilidad social como iniciativa

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Gas

Biogás, combustible alternativo de gran interés para el sector energético

Por: Juan Pablo Restrepo VelásquezIngeniero Mecánico – Especialista en Gerencia de Proyectos, Subdirec-ción Investigación y Desarrollo Negocios Energía, EPM. Profesional Investigación y Desarrollo, juan.restrepo.velasquez@epm.com.co

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¿Qué es el biogás?

El biogás es una mezcla de ga -ses resultantes de la descom-posición anaeróbica de materia orgánica (Nuñez ortega, 2009), el cual puede llegar a ser usado como fuente de energía gene-rando importantes benecios energéticos, económicos y am-bientales.

Entre las principales fuentes de obtención de biogás se encuen-tran (Aguas Andinas, 2010):

• Rellenos Sanitarios.• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.• Plantas de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos.• Descomposición de bio-masa de residuos industriales y agrícolas (Granjas, establos, plantas procesadoras de ali -mentos, entre otros).

Esta mezcla gaseosa está com-puesta fundamentalmente por metano (CH4) y dióxido de car -bono (Co2), donde las propor -ciones de composición varían según la fuente de obtención, siendo predominante el prime-

ro, el cual conere el carácter de gas combustible (Fonte Her -nández, 2010). Los rangos de composición del biogás oscilan con valores promedio de CH4 entre 50-75%, de Co2 entre 25-45% y en menor porcentaje otros componentes tales como: Hidrógeno (H2) entre 0-3%, Nitrógeno (N2) entre 1-5%, va-por de agua (H2o) entre 1-2% y trazas de Sulfuro de Hidróge-no (H2S) entre 0.1-0.5%, Mo-nóxido de Carbono (Co) entre 0-0.3%, oxigeno (o2) entre 0.1-1%; esto dependerá de las características del sustrato (AE-BIG, 2010).

Usos de biogás y biometano

El biogás tiene diferentes apli -caciones tales como uso térmi -co directo en calderas y coge -neración, también existen otros usos del biogás en los cuales el aprovechamiento energético es mayor, en ellos el biogás se transforma en biometano eli-minando tanto su contenido de dióxido de carbono (Co2) como trazas de otros componentes, de tal forma que posea cuali -dades muy similares a las del

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gas natural (GN). El biometano acondicionado puede tener las siguientes aplicaciones: inyec-ción en la red de gas natural, denominado Gas Natural de Red (GNR) y como combustible para vehículos, denominado Gas Natural Comprimido (GNC) (AEBIG, 2009). En la Figura 1 se presenta un esquema de los usos del biogás.

Figura 1. Usos del Biogás a partir de Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Resi-duales.

Inventario de Biogás

El inventario de oferta conside-ra el biogás como una mezcla gaseosa compuesta fundamen-talmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (Co2), los cuales se encuentran en el gru-po de denominados gases de efecto invernadero (GEI) cuan-do son liberados a la atmósfera,

contribuyendo en el caso del metano con un 18% al cambio climático global y siendo este el segundo GEI más importante.

Se debe destacar que aunque ambos gases se encuentran den-tro del conjunto de los GEI, el metano es susceptible de recu-perar y emplear como agente para la combustión, para ob-tener un efecto útil como por-tador energético, en lugar de dejarlo escapar a la atmosfera y contribuir al calentamiento global de la Tierra (Fonte Her-nández, 2010). Por lo tanto, se están estableciendo proyectos de energía renovable a partir del aprovechamiento del gas metano, reduciendo las emisio-nes de gases de efecto inverna-dero y los contaminantes del aire, lo que conduce a una mejo-ra de la calidad del aire local y a la reducción de posibles riesgos para la salud, como también, mejorando la independencia energética, reduciendo costos, generando empleo y ayudando a la economía local.

Actualmente, las emisiones de GEI a nivel mundial siguen

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Figura 2. Participación de Colombia respecto a las emisiones mundiales de GEI.Fuente: (Cabrera Leal, Gutiérrez Arias, & Duarte, 2009), con base en las comunicaciones nacionales y

mostrando tendencia a aumen-

otras fuentes de información.

tar, según informe de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), donde se arma que las emisiones de dióxido de car-bono (Co2) que causan el ca-lentamiento del planeta podrían aumentar un 130 por ciento y la demanda por petróleo crecería un 70 por ciento para 2050 si los gobiernos continúan con sus políticas (Ianiszewski R., 2007). De igual manera y teniendo en cuenta los inventarios ade-lantados a nivel nacional, se aprecia un aumento en valores

absolutos de las emisiones para los años 1990 (129,466 Gg de Co2eq), 1994 (149,869 Gg de Co2eq), 2000 (177,575 Gg de Co2eq) y 2004 (180,010 Gg de Co2eq) (Cabrera Leal, Gutiérrez Arias, & Duarte, 2009).

La participación Colombiana para el año 2004 respecto a las emisiones mundiales de GEI es presentada en la 2 y en la Fi-gura 3 se muestra la participa-ción de los principales GEI en Colombia para los años 1990, 1994, 2000 y 2004.

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Según la Asociación Methane to Markets (M2M), las cuatro fuentes principales de emisio-nes de metano por sector a nivel mundial son: Agricultura (administración de desechos animales), minas de carbón, rellenos sanitarios, y siste-mas de petróleo y gas natural (Methane to Markets, 2008). En la Figura 4, se muestra cada una de las contribucio-nes de emisión de metano por sector a nivel mundial para el año 2005, donde los relle -nos sanitarios representan la tercera fuente más grande de emisiones antropogénicas a nivel mundial, contribuyendo aproximadamente con el 12% de las emisiones mundiales de metano, dado principalmente a la gran cantidad de materia-les orgánicos depositados, los tipos de prácticas de relleno, el nivel de descomposición anae-róbica, y el nivel de recupera -ción y combustión de metano de los mismos (Methane to Markets, 2008). En la Figura 5, se presenta la contribución porcentual a nivel mundial de emisiones de metano de relle -nos sanitarios en el 2005.

Figura 3. Participación de los principales GEI en Colombia.Fuente: (Cabrera Leal, Gutiérrez Arias, & Duarte, 2009), con base en las comunicaciones nacionales y otras fuentes de información.

Figura 4. Emisiones mundiales de metano antro-pogénico estimadas por fuente, 2005.

Fuente: (Methane to Markets, 2008).

Actualmente, en Colombia la digestión anaerobia de los residuos orgánicos no ha sido una práctica muy común y en general las empresas que tie-nen sistemas anaerobios para el tratamiento de los residuos

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no hacen un aprovechamiento del biogás generado. Diferen-tes organismos han impulsado muchas iniciativas para imple-mentar sistemas que permitan una reducción de emisiones, tales como los digestores tipo chorizo y de campana en gran-jas porcícolas. Las empresas extractoras de aceite de palma manejan las aguas residuales mediante lagunas de oxida-ción y han empezado a im-plementar el cubrimiento de las lagunas para la captura y aprovechamiento del metano. Además, existen experiencias aisladas de tanques de diges-tión anaeróbica con captura y aprovechamiento. Entre otras experiencias, se encuentra un biodigestor piloto para la esti-mación de factores de emisión de metano de acuerdo con las condiciones de la región, el cual fue implementado por el CNPML y el Centro agropecua-rio la Salada del SENA, em-pleando residuos de plaza de mercado, contenido ruminal y suero de leche (Centro Nacio-nal de Producción Más limpia, 2009).

Figura 5. Emisiones mundiales de metano de rellenos sanitarios en 2005.Fuente: (Methane to Markets, 2008).

En la tabla 1 se presentan los principales sectores en Colom-bia con potencial de reducción de emisiones metano, además se indica el tamaño y ubicación geográca de dichos sectores; siendo esto parte del resulta-do del estudio “Resource As-sessment for Livestock and Agro-Industrial Wastes – Colom-bia” del CNPML en el 2009.

Al procesar productos agrope-cuarios se pueden generar dos fuentes de emisiones de meta-no, aguas residuales y residuos orgánicos sólidos, donde se incluye materia prima no pro-

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cesada o descartada después del procesamiento. En las plan-tas de sacrico de ganado se identicó que el agua residual del lavado de canales, pisos, supercies y establos de espe-ra, es tratada principalmente mediante lagunas de oxidación, reactores UASB (Up Flow Slud-ge Blanked) y sistemas FAFA (Filtros Anaerobios de Flujo As-cendente). Mientras que en las plantas de sacricio de aves de corral, como el sacricio bovino y porcino, se generan grandes cantidades de agua residual con altos contenidos de materia orgánica la cual es tratada co-múnmente mediante reactores UASB y tratamientos aeróbicos de baja eciencia (Centro Nacio-nal de Producción Más limpia, 2009).

Tabla 1. Resumen de sectores con potencial de reducción de emisiones de metano en Colombia.Fuente: (Centro Nacional de Producción Más limpia, 2009).

Se debe tener en cuenta que la captura del metano del sector

de residuos es una alternativa interesante al tener un alto por-centaje a nivel nacional, donde se incluye la descomposición de la biomasa en rellenos sanita-rios y PTAR.

A nivel nacional, el inventa -rio de emisiones de GEI en el módulo de residuos para los años 2000 y 2004 describe las principales categorías y/o acti-vidades, denidas como fuen -tes antropogénicas de GEI, las cuales se dividen en dos categorías: Residuos sólidos y Aguas residuales; cada una de estas categorías es fuente de emisiones GEI; metano (CH4) producto de la disposición de residuos sólidos urbanos, del tratamiento de aguas residua-les domésticas urbanas y de las aguas residuales industria -les y óxido nitroso emitido por la disposición de las excretas humanas (IDEAM, 2008), en la Tabla 21 se presenta este in-ventario.

Además, el IDEAM reportó re-sultados del cálculo de emisio-nes de metano por la disposi-ción de residuos sólidos y por

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el tratamiento de aguas resi-duales tanto domesticas como industriales a nivel nacional para los años 2000 y 2004, en la Tabla 2 se presenta un cuadro resumen, donde la población Colombiana para el periodo aumento en 8.1%. Con respecto a los residuos sólidos dispues-tos, la cantidad de residuos sólidos generados aumento en 7.5%, la disposición en rellenos

sanitarios aumento en aproxi-madamente 2%, mientras que la disposición en botaderos a cielo abierto y residuos enterra-dos disminuyo en 4% y 15.8% respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo que la cantidad de residuos dis-puestos en tierra para el 2004 aumento en 8% y que la emi-sión neta de CH4 aumento en aproximadamente 9%.

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Tabla 2. Emisiones de metano por Residuos sólidos y Aguas residuales en Colombia. Basado en: (IDEAM, 2008)Fuente: (IDEAM, 2008).

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Inventario de demanda poten-cial de biogás enriquecido a GNC a nivel mundial.

En la perspectiva actual y ten-dencias a nivel mundial de la demanda de biogás, se registra que en la actualidad se en-cuentran en operación aproxi-madamente 237 plantas donde se realiza enriquecimiento al biogás generado a partir de di-ferentes materiales orgánicos

tanto a gran escala o de uso industrial como de uso domés-tico.

En la Figura 6 se muestra el porcentaje por país de las plan-tas a nivel mundial con enri-quecimiento de biogás, donde se observa que Alemania, Sue-cia y Estados Unidos son los países que poseen más plantas de enriquecimiento de biogás a nivel mundial.

Figura 6. Contribución por país de plantas con enriquecimiento de biogás a nivel mundial.Basado en: (Electrigaz Technologies Inc, 2008) y (Persson, Jonsson, & Wellinger, Biogas Upgrading to Vehicle Fuel Standards and Grid Injection, 2006).

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Adicionalmente se ha logrado realizar un análisis de ten-dencia de uso del biometano, donde se observa que entre las aplicaciones de este se encuen-tra principalmente GNC (Gas Natural Comprimido, haciendo referencia al gas que se em-plea como combustible para vehículos), GNR (Gas Natural de Red, haciendo referencia al gas inyectado a la red) y otros (turbina, cogeneración, entre otros); lo anterior, teniendo en cuenta su fuente (Digestores, PTARs, Rellenos Sanitarios y otros (Residuos industriales, entre otros)), esto se presenta en la Figura 7, donde el mayor uso a nivel mundial del biome-tano es como gas natural com-primido, el cual posee como fuente predominante las plan-tas de tratamiento de aguas residuales; mientras que para el gas natural inyectado en red la fuente predominante son los digestores.

En la Unión Europea, la pro-ducción primaria de biogás, es decir, biogás sin ningún tipo de enriquecimiento, y la pro-ducción bruta de electricidad a

par

Figura 7. Usos de biometano según la fuente del biogás.

tir de biogás, aumentaron casi un 18% entre 2006 y 2007. La mayor parte de este crecimien -to se logró en Alemania, donde las empresas alemanas de bio -gás ampliaron sus negocios en el 2008, a pesar del aumento de los costos del sustrato (AE -BIoM, 2009)

En la Figura 8 se presenta un mapa de Europa, donde se presenta para el 2007 la pro -ducción de biogás primaria por fuente: relleno sanitario, aguas residuales y otros (agri-cultura), donde se ratica que Alemania es el país que más contribuye para la producción de biogás.

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Figura 8. Producción de biogás en Europa por fuente para el 2007.

Fuente: (AEBIoM, 2009).

Entre otras generalidades, se encuentra que:

• Asia posee la mayor cantidad de instalaciones de Biogás. • El 70% del combustible do-méstico en zonas rurales de China proviene de descomposi-ción de paja y tallos de cultivos.• Casi medio millón de perso-nas en India ha utilizado biogás para uso doméstico.• En USA existen plantas de Biogás de gran tamaño en pro-medio de aproximadamente 5000 Nm3/h.• En Europa existen sobre 500 instalaciones productoras bio-gás (Holanda, Dinamarca, Ale-

mania, Suecia), donde Suecia posee sobre 200 plantas de pro-ducción de Biogás.• Finalmente, en América La-tina, se hacen esfuerzos aisla-dos en distintos países (Cuadra Urbina, 2009).

Además, se conoce que durante el año 2006 cerca del 60% del biogás producido en los países de la Unión Europea provino de rellenos sanitarios y se ge-neraron más de 17,000 GWH de energía eléctrica a partir del biogás producido con diferentes materiales orgánicos (CREG, 2009).

Tema Regulatorio para casos puntuales en Colombia, analiza-dos desde EPM

Si bien algunos usuarios indus-triales pueden tener posibilidad técnica de utilizar Biogás en sus procesos de producción, tam-bién es cierto que el enriqueci-miento de éste, para convertirlo en Biometano e inyectarlo a las redes de transporte o dis-tribución de gas combustible y ser comercializado a diferentes tipos de usuarios industriales,

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GNV y/o residenciales, es e-ciente y recomendable, siempre que se cumpla con la normati-vidad técnica actual de calidad del gas natural y con las condi-ciones ambientales y de seguri-dad aplicables.

En este sentido EPM, procu -rando el desarrollo de fuentes alternas de energía renovable, ha realizado estudios en el año 2001, que concluyeron en que es técnica y económicamente posible inyectar Biometano a sus redes de distribución de gas natural, en este caso espe-cial el proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Resi -duales de San Fernando, locali -zada en el Municipio de Itaguí, y del Relleno Sanitario de la Pradera. Tal suministro sería de manera continua y segura, cumpliendo condiciones técni-cas del RUT.

Puesto que la intención de EPM es incursionar en este tipo de tecnología para la pro -ducción del Biometano a par -tir de insumos provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y

Rellenos Sanitarios, y su pos -terior inyección de manera continua y con calidad a las redes de distribución de gas natural, es importante solicitar a la CREG que incluya dentro de su agenda regulatoria el análisis de los ajustes y/o mo-dicaciones que fueran nece -sarias para denir un esquema de comercialización del Bio -metano en el país y promover el desarrollo de sus tecnologías de producción.

Para este análisis hemos con -siderado que se debe denir un marco normativo para la comercialización del Biometa -no como se explica a continua -ción:

Se requiere de condiciones similares a aquellas estableci-das en el Artículo 6° de la Re -solución CREG 135 DE 2012, en cuanto a que la comerciali -zación del Biometano se pueda realizar de manera integrada con las actividades de comer -cialización desde la produc -ción, transporte, distribución e inyección en las redes del sis -tema de transporte o de distri -

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Según los estudios realizados, a nivel mundial existen en operación, a Febrero de 2011, 309 plantas de enriquecimiento de Biogás para obtención de Biometano

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ubicadas en 22 países.

bución, previo cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a exigencias de cali-dad establecidas en el RUT y ambientales, producto de un proceso de limpieza y enrique-cimiento de metano sobre el Biogás.

Lo anterior es deseable para aquellas empresas interesadas en prestar el servicio público domiciliario de gas combus-tible con Biometano, en espe-cial las que prestan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y la comercialización de gas dentro de su objeto social, porque la implementación con-junta de este tipo de proyectos permite sinergias y economías de escala para el aprovecha-miento eciente del Biogás.

Dado que técnicamente es po-sible garantizar parámetros de

calidad para el Biogás, luego de su enriquecimiento y lim-pieza cumpliendo las exigen-cias del RUT, se hace necesario la modicación de los Artí-culos 4 y 5 de la resolución CREG 135 de 2012, para acla-rar que el Biometano se podrá mezclar con gas natural en redes de transporte o distribu-ción y podrá tener otros usos como el residencial o el GNV, siempre que se garantice las mismas condiciones ambien-tales y de calidad y seguridad que brinda el gas natural.

Según los estudios realizados, a nivel mundial existen en operación, a Febrero de 2011, 309 plantas de enriquecimien-to de Biogás para obtención de Biometano ubicadas en 22 países. Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos son los paí-ses con mayor participación

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en este tipo de proyectos con el 28%, 26%, 8.4% y 14.77% respectivamente.

Hoy existen diferentes tecno -logías probadas en el mundo para aumentar la concentra -ción de metano, CH4, y eli -minar los componentes no deseados en el biogás, convir -tiéndolo en Biometano. Este gas cumple con las condiciones de los gases combustibles de la segunda familia de gases de acuerdo con la norma NTC-3527, en concordancia con el artículo 2 de la resolución CREG 011 de 2003.

Canal

Descubriendoel agua

By Asaf Uney*The writer is an environmental researcher invited by Miya to inde-pendently study the water efciency industry.

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Las empresas de agua están empezando a descubrir que es-tán sentadas sobre una verda-dera mina de oro, ya que hasta un cincuenta por ciento del agua potable en las zonas urba-nas no se factura. La adopción de un enfoque integral lidera el camino de quienes se involu-cran en proyectos de reducción de pérdidas de agua.

Cuando cualquier ciudadano promedio de una de las ciuda-des de rápido crecimiento del mundo abre el grifo por un vaso de agua, otra llave oculta sub-terráneamente se abre, dejando ltrar agua potable valiosa al subsuelo. En la gran mayoría de los entornos urbanos del mun-do en desarrollo, según estima-

ciones del Banco Mundial, más del 50% del agua que ingresa al sistema de abastecimiento se pierde a causa de fugas, infraes-tructura en malas condiciones, conexiones ilegales, exceso en la presión del agua, mala medi-ción (o incluso ausencia de ella) y una variedad de otros proble-mas.

En total, unos 5.000 millones de metros cúbicos de agua po-table se pierden cada año en los sistemas urbanos de acueducto, lo suciente como para llenar dos millones de piscinas olím-picas. El problema, explican los expertos, tiene dos característi-cas: en primer lugar, el agua po-table, que se está convirtiendo en un recurso escaso en muchas

según estimaciones del Banco Mundial, más del 50% del agua que ingresa al sis-tema de abastecimiento se pierde a cau-sa de fugas, infraestructura en malas condiciones, conexiones ilegales, exceso en la presión del agua, mala medición (o incluso ausencia de ella) y una variedad

CANAL

de otros problemas

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áreas debido al crecimiento de la población y al cambio climá-tico, se está desperdiciando. En segundo término, las empresas de acueducto con problemas de liquidez que necesitan recursos nancieros para el manteni-miento y expansión del sistema, están perdiendo dinero todo el tiempo. A nivel mundial, el va-lor de la pérdida del agua pota-ble (lo que los expertos llaman Agua No Facturada, en adelante ANF) se estima en cerca de 15 mil millones de dólares al año.

Se podría suponer que todo ese dinero sería suciente incen-tivo para que las empresas de acueducto redujeran la pérdida de agua; sin embargo, la expe-riencia mundial muestra que este proceso es lento, y aún más difícil de lo que se pensa-ba. Sólo unos pocos gobiernos o

empresas de agua privadas, han abordado hasta el momento el problema seriamente, aunque su número va en aumento. En la mayoría de los países, las em-presas de acueducto pertenecen al sector público, en donde los problemas del día a día impiden el desarrollo de una visión de largo plazo sobre las necesida-des del servicio y la importancia de la reducción de las pérdidas de agua. De igual manera, aque-llos quienes se arriesgan a en-trar en proyectos de gran escala para la reducción de pérdidas, a menudo fallan porque carecen de los conocimientos técnicos y la experiencia para ejecutarlos adecuadamente.

Según los expertos, el reconocer el problema es el primer paso hacia una solución. «Hasta tanto que los dueños de las empresas

«Hasta tanto que los dueños de las empre-sas de acueducto no sean lo sucientemen-te conscientes de que están ‘sentados en una mina de oro’, fracasará cualquier in-tento de incentivar o incluso obligar a sus gerentes a tomar acciones en este sentido»

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de acueducto no sean lo su-cientemente conscientes de que están ‘sentados en una mina de oro’, fracasará cualquier intento de incentivar o incluso obligar a sus gerentes a tomar acciones en este sentido», dice Roland Liemberger, quien es coautor de un inuyente informe del Banco Mundial sobre el tema, titulado "El reto de la reducción del agua no facturada en los países en desarrollo".

Liemberger vive en Manila, una de las mega-ciudades que reco-noció el potencial nanciero de un proyecto de reducción de las pérdidas de agua. Al igual que muchas ciudades de Asia en las últimas décadas, la capital de Filipinas experimentó el creci-miento acelerado de su pobla-ción y con ello una gran expan-sión del desarrollo urbano. La parte occidental de la ciudad es uno de los lugares más den-samente poblados de Asia, con nueve millones de habitantes, y continua creciendo.

«En 2007, antes que la Compa-ñía de Agua del oeste de Manila -Maynilad-, decidiera imple-

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mentar un proyecto agresivo de reducción de pérdidas, un tercio de la población seguía desatendida y sólo era abaste-cida por camiones cisterna o desde pozos, ambos privados », recuerda Liemberger. En conse-cuencia, el nivel de ANF alcan-zaba el 67%. En los cinco años siguientes, la pérdida de agua ha disminuido a la mitad, lo que signica un ahorro de 600 mil m3 por día, logrando que 1.5 millones de personas tuvieran acceso al servicio de acueducto, y que el valor de la empresa se

cuadruplicara en alrededor 2 mil millones de dólares.

«Ninguna empresa de acueduc-to, en mi amplia experiencia, ha alcanzado una reducción de las pérdidas de esta escala en tan

pocos años», dice Liemberger, quien ayudó a diseñar y a poner en práctica el proyecto en nom-bre de Miya, un grupo global de gestión de ANF que se asoció con Maynilad para este proyec-to, aún en curso.

Pero, lo que para Manila fue un éxito, para otras ciudades no lo ha sido.

La complejidad de ANF

Con el tiempo y sobre todo en la última década, las empresas de

acueducto de todo el mundo se están dando cuenta que el éxito en la reducción de las pérdidas de agua, especialmente a lar-go plazo, es difícil de alcanzar. A pesar de que los problemas son similares en todas partes, su solución puede requerir una

Con el tiempo y sobre todo en la última década, las empresas de acueducto de todo el mundo se están dando cuenta que el éxito en la reducción de las pérdidas de agua, especialmente a largo plazo, es difí-

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cil de alcanzar

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variedad amplia de medidas, las cuales pueden considerar una combinación de acciones tales como la sustitución de tube-rías, la detección activa de las fugas no visibles, la formación de personal, la implementación de nuevos dispositivos y meto-dologías para la medición de los consumos, acompañados estos de programas en gestión comu-nitaria. Pero la receta exacta cambia de una ciudad a otra.

«No hay una fórmula buena o mala», dice Arjun Thapan, Pre-sidente de Waterlinks y ex ase-sor especial en infraestructura y agua para el presidente del Banco Asiático de Desarrollo. «Una solución que se ajuste a una metrópolis no se ajusta a la otra, y la mezcla correcta debe ser determinada por expertos». Liemberger está de acuerdo y añade: «Hasta ahora, gran parte del fracaso se debe a que se han

subestimado las dicultades técnicas y la complejidad de la gestión del ANF. El ANF es un problema complejo e integrado y necesita una solución comple-ja e integrada».

otro problema clave es de ca -rácter organizacional. Ambos expertos creen que una de las medidas indispensables es el establecimiento de una única unidad de gestión -ya sea de carácter público o privado- y conferirle a ésta la responsa-bilidad general de resolver el problema de las pérdidas. «Hay que ver el agua como un negocio», arma Thapan, «No importa si la gestión está en manos de la empresa privada o de una pública, siempre y cuando los bienes sean públi-cos. La crisis del agua necesita ser abordada a través de solu-ciones empresariales para que pueda ser resuelta».

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«Hay que ver el agua como un negocio», arma Thapan, «No importa si la ges -tión está en manos de la empresa priva -da o de una pública, siempre y cuando los bienes sean públicos

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«Sólo si se logra que una de las partes sea realmente res-ponsable, entonces se podrá estar seguro de obtener el mayor benecio con la menor inversión», dice Liemberger, «Con mucha frecuencia la gran mayoría de los ‘cocineros’ es-tropean su plato, pero al nal nadie se hace responsable y no se logran los resultados espe-rados. Esto conduce a la frus-tración y a que las empresas de acueducto se rindan y no hagan ningún esfuerzo más».

De hecho, algunos expertos consideran que esta situación ya está ocurriendo; pues se sabe de proyectos de reducción de pérdidas de agua que parten con grandes expectativas, pero

que terminan abandonados, debido a un enfoque equivoca-do. «Llama la atención que en muchos casos las mejoras en la reducción del ANF tienden a re-vertirse con el tiempo; a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los gobiernos, institucio-nes nancieras internacionales, donantes, operadores de agua y centros de investigación inte-resados en esta problemática», dice Jan Janssens, ex líder del programa de Agua del Banco Mundial.

El problema no se limita al mundo en desarrollo. En los EE.UU., por ejemplo, se calcu -la que 23 millones de metros cúbicos de agua potable se pierden cada año, y se refe-

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«Llama la atención que en muchos casos las mejoras en la reducción del ANF tien-den a revertirse con el tiempo; a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los gobiernos, instituciones nancieras in-ternacionales, donantes, operadores de agua y centros de investigación interesa-dos en esta problemática»

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rencia que la mayor parte de su infraestructura tiene más de un centenar de años. Si se acude al supuesto tradicional que las pérdidas se eliminan con la sustitución de todas las tuberías, se requeriría una inversión asombrosa de más de 40 mil millones de USD. En la situación económica actual, este tipo de inversión parece poco realista. Y así, la pregun-ta de cómo reducir la pérdida de agua usando una variedad de métodos se convierte en un problema mundial.

Holístico es mejor

El enfoque correcto, como lo demuestran Manila y otros ejemplos recientes, puede estar en la elección de una solución integradora: el equilibrio de los

parámetros técnicos, nancie -ros y organizacionales según las necesidades, con la guía de asesores y expertos internacio-nales. «En última instancia», el UNW-DPC (Programa de oNU-Agua para el Desarrollo de Capacidades) declaró en 2011, «...lo que se requiere es el de-sarrollo de una serie de capaci -dades técnicas, institucionales, económicas y de gestión».

En los últimos años, cada vez hay más gobiernos que están adoptado este enfoque, susti tuyendo proyectos individuales a gran escala, como el reem-plazo general de tuberías o la construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua pota -ble, los cuales han demostrado ser altamente inecientes en la solución de este problema.

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El enfoque correcto, como lo demuestran Manila y otros ejemplos recientes, puede estar en la elección de una solución inte-gradora: el equilibrio de los parámetros técnicos, nancieros y organizacionales se-gún las necesidades, con la guía de aseso-res y expertos internacionales

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El gobierno de las Bahamas, por ejemplo, acaba de rmar un contrato que reeja esta visión holística, para un programa de reducción de pérdidas de agua con una duración de 10 años. Motivado por los altos niveles de ANF, este estado del Caribe pierde alrededor de 20 millones de litros de agua cada día, y se ve obligado a importar agua po-table costosa en buques cister-

na. Sólo las pérdidas, le cuestan a la empresa de acueducto 16 millones de dólares al año.

«Durante años hemos intentado casi todas las soluciones en las Bahamas», dijo Glen Leville, Ge-rente de la Corporación General de Agua y Alcantarillado local, en la conferencia regional de este año, «Nada ha logrado que nuestro sistema sea más ecien-te, ya que cada acción acababa por crear otro problema en otro lugar. Finalmente entendimos que sólo un enfoque que vea

todo el panorama podría resol-ver los problemas de toda nues-tra red».

El proyecto de las Bahamas también reeja la tendencia actual, cada vez mayor, de pro-gramas de ANF basados en desempeño. La lógica detrás de este enfoque, explican los expertos, es crear un incenti-vo mutuo para las empresas de

acueducto y las empresas de gestión de ANF. De acuerdo con el ministro de obras de Baha-mas, Philip Davis, la empresa a cargo del proyecto garantizó re-ducir las pérdidas de agua. «Si sus promesas para hacerlo no se materializan, no se pagarán las sumas de dinero que hemos acordado con ellos», dijo en una entrevista a un periódico local.

otro desafío clave, además de las complejidades técnicas, es entender la dinámica pública de los problemas del agua. «Los

Otro desafío clave, además de las comple-jidades técnicas, es entender la dinámica

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pública de los problemas del agua

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proyectos de reducción de pér-didas de agua no suelen ser tan atractivos para los gobiernos locales», dice Thapan: «Estos proyectos por su naturaleza son más pequeños y más difíciles de ejecutar, ya que por ejemplo signica ir a la red y reparar las fugas no visibles. No son com-parables con la exposición que la construcción de una nueva planta de tratamiento le pueda dar al político de turno».

Sin embargo, desde el punto de vista nanciero, los programas de reducción de pérdidas de agua crean el mayor retorno a la inversión en términos mone-tarios y de agua. Castalia, una rma consultora que se ocupa de proyectos de infraestructu-ra, comparó recientemente el retorno sobre la inversión en proyectos de ANF con el de las plantas de tratamiento de agua. Su conclusión es que un litro de agua potable procedente de

una planta de tratamiento es 2.5 veces más costosa que un litro de agua potable recuperada por programas de reducción de ANF.

Así por ejemplo, un proyecto de reducción de ANF llevado a cabo recientemente por la Em-presa de Saneamiento Básico del Estado Sao Pablo (SABESP) demostró el potencial nanciero de los programas de reducción de pérdidas de agua bien admi-nistrados. Con el propósito de hacer frente a las cifras de pér-dida de agua de más del 60% en el suburbio de la ciudad de Itapevi, el proyecto logró cubrir la inversión inicial en sólo 17 meses, y aumentar la oferta a toda la población mediante la reducción de más de la mitad de los volúmenes de ANF.

Mary Ann Dickinson, quien es la Presidenta del Grupo de Es-pecialistas de la IWA sobre Ges-tión Eciente del Agua Urbana,

desde el punto de vista nanciero, los programas de reducción de pérdidas de agua crean el mayor retorno a la inver-

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sión en términos monetarios y de agua

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dice que este tipo de proyectos han demostrado su ecacia en todo el mundo. «Las empresas de acueducto a menudo fallan cuando tratan de economizar en

la recopilación de datos y se ba-san en sus propias estimaciones inexactas, o cuando no hacen la previsión en el presupuesto para la gestión de las pérdidas». Ade-más arma, «toda es la gestión eciente de costos: el retorno positivo sobre la inversión puede ser fácilmente documentado».

Dickinson también cree que los proyectos de gestión de ANF envían el mensaje correcto al público, especialmente en las zonas urbanas que sufren es-casez de agua: «Cualquier em-presa de acueducto con escasez de agua debe demostrar a sus

consumidores que ellos mismos practican lo que predican», dice ella, «aunque el cliente prome-dio tiene poca comprensión de la mecánica de la gestión de las

pérdidas de agua, sin duda sí comprenden lo injusto de pedir-les sacricarse al reducir su con-sumo cuando el agua se ve salir por las fugas en la calle».

«El nuevo petróleo»

Como el agua es cada vez más escasa, al punto que algunos analistas la llaman «el nuevo petróleo», se espera que el uso eciente del agua potable se con-vierta en tema de alta prioridad en la agenda de los gobiernos del mundo. Las empresas de acue-ducto estarán bajo fuerte presión para evitar perder la mitad del

«Las empresas de acueducto a menudo fallan cuando tratan de economizar en la recopilación de datos y se basan en sus propias estimaciones inexactas, o cuando no hacen la previsión en el presupuesto

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para la gestión de las pérdidas»

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agua producida, como indican las cifras actuales anteriormente mencionadas, por lo que no es extraño que los programas de reducción de ANF se conozcan ahora como de mejora de ecien-cia, reconociendo así el valor de un recurso natural nito; aun cuando la profesión reconozca que siempre va a existir un nivel mínimo (económico) de pérdidas de agua.

Se espera que la experiencia desempeñe el papel clave. «Ma-nila funcionó porque la reduc-ción del ANF se convirtió en el buque insignia de la actividad de la empresa de acueducto lo-cal», dice Liemberger. «Funcio-nó debido a la adopción de una visión integral en la gestión de ANF y porque el Departamento a cargo, que se había establecido a principios de 2008, comenzó con sólo cinco empleados, pero creció hasta alrededor de 450 ingenieros». «Funcionó porque había fondos sucientes», añade, «y por último pero no menos im-portante, porque había voluntad de colaborar y aprender de las empresas y expertos internacio-nales».

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Alcance de la implan-tación del derecho a la libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, en espe-cial el de aseo

1Por: Alain Bussquet Niño

1. Abogado, con amplia experiencia en Derecho de Servicios Públicos Domiciliarios y las tecnologías de la

De

información y comunicaciones. Consultor independiente.

Utilidad

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Por estos días, se ha vuelto a hablar del derecho a competir en un sector en el que aparente-mente riñe con la naturaleza de una actividad en la que la admi-nistración pública ha tenido una injerencia particular al punto de que por su origen y naturaleza, no es extraño que se considere al Estado como el prestador na-tural de dichos servicios.

No obstante, la implantación de los derechos liberales reco-nocidos por la Carta Política de 1991 y la mención especial de los servicios públicos como un sector de especial relevancia para el Estado, a tal punto que amerita su vigilancia estrecha, aunque con la participación del sector privado en su prestación como primera opción, quedan-

do, en todo caso, el sector pú-blico como último prestador o como un agente más, compitien-do por el mercado. Implica esto un régimen en el que el Estado no otorgó la facultad excluyente para prestar este tipo de servi-cios.

Desde otro punto de vista, pocos sectores como el de los servicios públicos para sopesar el equili-brio de derechos y obligaciones que a lo largo de la Constitución de 1991 emergen como fruto de las diferentes vertientes que participaron en su elaboración.

En efecto, si bien los servicios públicos han sido una actividad que se ha desarrollado como una de las funciones propias de la naturaleza del Estado, la

los servicios públicos han sido una activ- idad que se ha desarrollado como una de las funciones propias de la naturaleza del Estado, la posibilidad que tienen los par-ticulares de prestarlos y más aún, de hacerlo en un ambiente competencia, presenta una serie de desafíos que en mucho desdibuja la losofía misma de los servicios públicos

DE UTILIDAD

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posibilidad que tienen los par-ticulares de prestarlos y más aún, de hacerlo en un ambiente competencia, presenta una se-rie de desafíos que en mucho desdibuja la losofía misma de los servicios públicos y a su vez, resta fuerza a los estímulos que la competencia impregna a los agentes en cualquier mercado.

Cuando se decide que una ac-tividad económica se desarro-llará en un ambiente de libre competencia, la decisión trae consigo una serie de consecuen-cias respecto a las facultades de los partícipes en el mercado en el ejercicio de su actividad. La publicidad como vehículo para promocionar los servicios y productos, las promociones y ofertas de los bienes y servicios, la posibilidad de entregar tem-poralmente servicios gratuitos, la nanciación de facilidades que se entregan al suscriptor/

usuario como justicación para pactar una cláusula de per-manencia mínima e incluso, la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago, entre otras muchas opciones con las que cuentan los proveedores de bienes o servicios en una mer-cado abierto, deben ser entendi-das como naturales en un am-biente de competencia.

Los anteriores aspectos son de difícil aplicación cuando un sec-tor está diseñado para estruc-turas de mercado monopólicas (áreas de servicio exclusivo o prestación directa del servicio por parte de los entes públicos territoriales), o en un “ambien-te” de competencia con presta-dores que no están acostumbra-dos a competir realmente en un mercado abierto, en el que las normas no están diseñadas para ello, en el marco de servicios con particularidades que los

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Cuando se decide que una actividad eco-nómica se desarrollará en un ambiente de libre competencia, la decisión trae consigo una serie de consecuencias respecto a las facultades de los partícipes en el mercado

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hacen únicos a cualquier otro por su impacto social, por la prestación misma y por el hecho de que se trata de servicios para cuya prestación el suscriptor o usuario, no se puede rehusar a contratar.

En este orden de ideas, es ne-cesario un análisis de toda la legislación con el n de ajustar su alcance para aquellos mer-cados geográcos en los que la autoridad competente concluya que la competencia es la opción más eciente para la prestación del servicio. De no ser así, las bondades de la competencia, que a grandes rasgos se tra-ducen en precios más bajos y mejor calidad para los suscrip-tores o usuarios, con empresas más ecientes, no podrán llegar a su máxima extensión por la inapropiada legislación que los cobija. Una actividad económica en libre competencia debe tener una legislación pro competen-cia, que se ajuste a las particu-laridades de cada mercado.

Para el caso especíco del servi-cio público de aseo, el sólo hecho que se trate de un servicio, que

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incluso puede contener produc-tos relacionados como otra fuen-te de ingresos para los presta-dores (nos referimos utensilios para la recolección de los dese-chos, grandes cajas de acopio de desechos que se acoplen a la ma-quinaria de las empresas o ser-vicios adicionales al de la mera recolección), que no puede ser rehusado por ningún ciudadano, ya le da una connotación especial que amerita regulación.

En este sentido, si bien en Co-lombia existe libertad constitu-cional para crear y desarrollar empresa, al igual que libertad para competir en el mercado, lo cierto es que la Corte Constitu-cional ha indicado también que esa libertad no es absoluta dado el modelo adoptado por nuestra Constitución y, en esa medida,

es posible desde la perspectiva constitucional, expedir normas para cualquier sector, inclui-do por supuesto el de aseo, que hagan compatible tanto el mo-delo de libertad como el de in-tervención estatal, incorporando al ordenamiento legal reglas de comportamiento para ser cum-plidas por quienes participan en el mercado, bien al momento en que decidan incursionar en él, como durante el desarrollo de su actividad en el mismo.

En este artículo se pretende lla-mar la atención sobre este últi-mo aspecto, en la medida en que algunas ciudades cuentan con prácticamente un 100% en co-bertura de muchos de los servi-cios públicos que allí se prestan, que era una de las grandes fa-lencias del país para el momento

DE UTILIDAD -

en Colombia existe libertad constitucional para crear y desarrollar empresa, al igual que libertad para competir en el mercado, lo cierto es que la Corte Cons-titucional ha indicado también que esa libertad no es absoluta dado el modelo adoptado por nuestra Constitución

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de la redacción de la Constitu-ción del año 1991, cumplido este objetivo, el mejoramiento del servicios vía la implanta-ción de la libre competencia en la prestación del servicio, no ya por el simple hecho de que sean los particulares quienes puedan prestarlo, sino porque tengan mayores libertades regulatorias y además, que cambien su forma de aproximarse al mercado, re-quiere de un respaldo reglamen-tario y regulatorio cierto.

A lo anterior hay que sumarle que las reglas de competencia son de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores, in-cluso para el mismo Estado en caso de que decida entrar en la puja por los suscriptores y usua-rios.

En las siguientes líneas se expo-nen los alcances de una y otra facultad de regulación en cabe-za del Estado y la posibilidad de expedir normas profundas y detalladas que permitan que la competencia sea efectiva y real.

1. Alcance constitucional de la competencia

El Estado interviene en la eco-nomía por expreso mandato constitucional, directamente o a través de órganos de regulación enfocados en ciertos sectores económicos. Las normas que regulan la libre y leal compe-tencia en el mercado son ejem-plo del primero de ellos y las resoluciones expedidas por las comisiones de regulación, son ejemplo de los segundos.

La libertad de competir no es 2absoluta y el Estado puede

intervenir en la economía, para evitar el abuso de la posición dominante, así como para ra-

3cionalizarla . “La economía so-cial de mercado, que reconoce

2. “La libertad de competencia no es una liber-tad absoluta sino una libertad sub lege sujeta a limites internos y externos. En efecto, la libertad de competencia de los agentes y, con ella, sus pre-supuestos o elementos constitutivos (el derecho de propiedad y de actuar al servicio de los propios intereses, la libertad económica de los agentes, y la igualdad) están, de un lado sujetos a los límites externos determinados al menos por la libertad de competencia de los otros agentes, esto es, la nece-sidad de reconocer al menos una libertad igual, y a los límites internos o de orden público determi-nados por la función social que el ordenamiento jurídico le atribuye”. Capell, Jaume Pellisé. La explotación abusiva de una posición dominante. Editorial Librería Civitas. Madrid. 2005. Página 21.

3. Artículos 333 y 334 de la Constitución Nacio-nal.

DE UTILIDAD

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a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y pro-porcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propó-sito de cumplir nes constitu-cionalmente valiosos, destina-dos a la protección del interés general”.4

1.1. Alcance desde el punto de vista legal

En desarrollo del ejercicio de los derechos a la libre compe-tencia, se consagró un régimen legal que propende por la pro-moción de la competencia en el mercado, estableciendo límites concretos al ejercicio del dere-cho a competir, para todas las empresas que ejerzan una acti-vidad económica en el mercado colombiano5. En general, las normas de competencia, enton-ces, son aquel conjunto de pre-ceptos que regulan la actividad de los agentes económicos en el mercado y se constituye en una forma de regulación per-manente y estática de la activi-dad económica. A este respecto

la doctrina dice que “(…). En el marco anteriormente indi-cado se desarrolla y cobra un papel decisivo el denominado derecho de la competencia, que supone la intervención del Estado en el ámbito de las re-laciones privadas en defensa de un interés general o público consistente en que el mercado funcione (…). Se trata de un nuevo tipo de intervención, puesto que el Estado interviene en el mercado no para regular-lo, sino para preservar la liber-tad de competencia (…).”6

La Ley 155 de 1959, el Decre-to 2153 de 1992 y la Ley 1340

DE UTILIDAD

4. Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. MP: Luis Ernesto Vargas Silva.

5. “…lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto a todo aquel que desarrolle una actividad económica que afecte o pueda afectar ese desarrollo, inde-pendientemente de su forma o naturaleza jurídi-ca y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico”. Artículo 2 ley 1340 de 2009.

6. Alonso Soto, Ricardo. El interés público en la defensa de la competencia, MARTÍNEZ Lage, Santiago-Petibó Juan, Amadeo. Directores. La modernización del derecho de la competencia, Madrid. Ediciones Jurídicas y Sociasles Marcial pons Año 2005. Página 33.

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de 2009, integran el régimen general de las conductas cons-titutivas de prácticas comer-ciales restrictivas y abusos de posición dominante que fueron expedidos por el legislador Colombiano para regular esos comportamientos reprochables.

La Ley 256 de 1996, por su parte, es el estatuto que en Co-lombia establece las conductas que constituyen competencia desleal y trae por demás los mecanismos para hacer efec-tivas medidas correccionales de llegar a presentarse una de esas conductas.

2. Regulación especíca para los servicios públicosDentro de los nes de la inter-vención que puede ejercer el Estado en el sector de servicios

públicos se destacan los si-guientes7:

• La calidad del bien objeto del servicio público y su dis-posición nal para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.• La prestación eciente.• La libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.• La obtención de economías de escala comprobables.

En tal medida y bajo esos su-puestos que establece la Ley 142 de 1994 es procedente es-tablecer normas que se encami-nen a que tales postulados se hagan efectivos y, por lo mismo,

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La Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009, integran el régimen general de las conductas cons-titutivas de prácticas comerciales res-trictivas y abusos de posición dominante que fueron expedidos por el legislador Colombiano

7. Artículo 2 ley 142 de 1994.

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es viable incluir en el ordena-miento jurídico reglas para que los prestadores cumplan por ejemplo con estándares de ca-lidad en la actividad de aseo, que se les permita a todos los prestadores por igual las condi-ciones de acceso a los sitios de disposición nal (rellenos sani-tarios) y que existan economías

de escala comprobables por los prestadores que hagan más e-ciente el sector.

En dichas materias, los munici-pios cobran especial relevancia, máxime en los eventos en que ellos también sean un agente que participa en el mercado, pues a más de ostentar la ca-lidad de competidor, lo cierto es que deben garantizar que el servicio se preste de manera eciente, ya sea que se haga por empresas de servicios públi-

cos de carácter ocial, privado o mixto, o directamente por la administración central del res-

8pectivo ente territorial y, en tal medida, la imposición de reglas de competencia en ese tipo de mercados se torna mucho más exigente, a n de evitar que el ente territorial obtenga o explo-te indebidamente las ventajas

que naturalmente ostenta por ser la máxima autoridad local.

2.1. Para los prestadores

En el ordenamiento colombia-no existe una gran variedad de normas generales y especiales que se encargan de velar por la libre y leal competencia en los servicios públicos domici-liarios, incluido por supuesto

DE UTILIDAD

8. Artículo 5 ley 142 de 1994.

9. Artículos 2, 9, 11, 34, 133

En el ordenamiento colombiano existe una gran variedad de normas generales y especiales que se encargan de velar por la libre y leal competencia en los servi -cios públicos domiciliarios

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el de aseo, la Ley 142 de 19949 contiene una amplía normati-vidad sobre la materia, lo cual signica, en principio, que actualmente al amparo de ta-les disposiciones las conductas tanto desleales como restricti-vas de la competencia, pueden ser denunciadas ante las auto-ridades judiciales como admi-nistrativas, con miras a conju-rar cualquier actuación que en esas materias se genere en el sector.

Ahora bien, a pesar de existir ya una normatividad al respec-to, lo cierto es que las normas que sobre libre y leal compe-tencia que aparecen en la Ley 142 de 1994 son muy genera-les y, en esa medida, no entran a denir comportamientos y mucho menos reglas especí-cas y especiales para el servicio de aseo. En este punto es pre-ciso mencionar que sectores como el de TICS, que incluso se ha escindido de la catego-ría de servicio público, como consecuencia, entre otras de la tecnología y el de energía, principalmente, han sido fuen-te de regulación especíca que

ha permitido el ejercicio de la competencia en escenarios pro-picios que responden a las par-ticularidades de la actividad.10

De acuerdo con lo anterior, se debe expedir una normatividad en el sector de aseo, para aque-llos eventos en los que el mer-cado esté en libre competencia, pues no obstante que ya existen un régimen general de conduc-tas constitutivas de prácticas comerciales restrictivas y abu-sos de posición dominante, al igual que normas especicas en materia de servicios públi-cos domiciliarios, lo cierto es que se hace indispensable tener una normatividad especíca que regule el mercado de aseo, pues dicho servicio tiene unas particulares condiciones que lo hacen especial por tener in-miscuidos temas de salubridad y medio ambiente, entre otros, que impactan no sólo a los usuarios especícos sino a la comunidad en general.

10. Ley 1341 de 2009. Entre otras, Resoluciones 042 del 31 de agosto de 1999, "por la cual se mo-dican y precisan algunas normas de las Resolu-ciones CREG 128 de 1996 y 065 de 1998”.

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Por otro lado, en los eventos en los que los entes territoriales pretendan ejercer la prestación directa del servicios en com-petencia, es posible y además recomendable que una vez que estos participes entren en el juego del sector, tengan que cumplir normas claras a n de evitar que entre ellos existan ventajas competitivas en razón de las particulares condicio-nes, que ciertos competidores ya establecidos o incluso los

nuevos, tienen por razón de sus especiales condiciones en un determinado lugar. Así por ejemplo, aspectos como la ne-cesidad de facturación conjun -ta, oportuna y en igualdad de condiciones por quien tiene la posibilidad de facturar el ser -vicio a sus competidores, o la necesidad de llegar a un relle-no sanitario (disposición nal) que maneja por ejemplo un

municipio prestador, son asun -tos que deben normatizarse para hacer de hecho, posible la competencia.

2.2. Para los suscriptores o usuarios

El motor de la competencia es la libertad que debe tener el consumidor, usuario, cliente o suscriptor, para elegir o cam-biar de prestador o proveedor del servicio. No hay nada que

estimule más la eciencia en la prestación de los servicios o en la calidad de los productos que el hecho que el proveedor o productor conozca que a quien considera “su” consumidor, usuario, cliente o suscriptor puede cambiarlo en cualquier momento que se sienta mal-tratado o que simplemente sea seducido por la competencia.

El motor de la competencia es la libertad que debe tener el consumidor, usuario, cliente o suscriptor, para elegir o cambiar

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de prestador o proveedor del servicio

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No obstante, un servicio con la complejidad del servicio de aseo en el que las economías de escala que surgen de la posibili-dad de concentrar suscriptores en la misma zona o en la misma calle o conjunto residencial, hace que no parezca irrazona-ble limitar el derecho a la libre escogencia de prestador.

La Corte Constitucional ha reconocido la facultad del legis-lador de condicionar el derecho de los consumidores a la libre elección de un prestador de sus servicios y por lo tanto, ello signica que la libre elección del usuario no es tampoco ab-soluta, tal como lo dejó sentado en la Sentencia C-1024 de 2004 con ponencia del Honorable Magistrado Rodrigo Escobar Gil, sobre el derecho de transi-tar de una empresa prestataria

de salud (EPS) a otra, a pro -pósito de la apertura de dicho mercado de la salud. En esa oportunidad señaló: “El dere-cho a la libre elección entre los distintos regímenes pensiona-les previstos en la ley, no cons-tituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señala-miento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al estableci-miento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales”. (Subrayado y negrilla fuera

de texto).

obsérvese como en otros servi -cios públicos como el de salud, por ejemplo, los usuarios tienen

La Corte Constitucional ha reconocido la facultad del legislador de condicionar el derecho de los consumidores a la libre elección de un prestador de sus servicios y por lo tanto, ello signica que la libre elec-ción del usuario no es tampoco absoluta

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una amplia gama de oferentes y no por ello pueden cambiar a su arbitrio de prestador en cual-quier tiempo, lo cual signica que si bien ostentan el derecho a la libertad de elección, el mis-mo puede ser racionalizado para evitar también colapsos opera -tivos, nancieros y técnicos en los sistemas de prestación.

En materia de servicios públi -cos domiciliarios, el artículo 133.16 de la Ley 142 de 1994 establece que están prohibidas en los contratos con los clien -tes las cláusulas “que permiten a la empresa, en el evento de terminación anticipada del con-trato por parte del suscriptor o usuario, exigir a éste: a) Una compensación excesivamente alta por el uso de una cosa o de un derecho recibido en desarro-llo del contrato, o b) Una com-pensación excesivamente alta por los gastos realizados por la empresa para adelantar el con-trato; o c) Que asuma la carga de la prueba respecto al monto real de los daños que ha podido sufrir la empresa, si la compen-sación pactada resulta excesiva; (…).” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Frente al tema del servicio de aseo se pueden entonces esta -blecer también reglas para que los usuarios hagan uso razona-ble de su derecho a la libre elec -ción del prestador como cláu -sulas de permanencia mínima y paz y salvos para tal n.

3. Conclusiones

• La normatividad y regulación sectorial existente no es su-ciente para otorgar reglas cla -ras al servicio público de aseo en competencia.

• La regulación existente per-mite desarrollar sus principios y adaptarlos a las particularida -des del sector.

• Es necesaria una reglamen-tación y/o regulación integral del servicio público de aseo, en libre competencia.

• No obstante, no siempre la libre competencia es la opción más eciente para todos los mercados, mecanismos como las áreas de servicio exclusi -vo, podrían brindar una buena alternativa, pero en todo caso

DE UTILIDAD

siempre que esté plenamente justicada.

• Se debe propender por desa-rrollar una reglamentación de la Ley 142 de 1994 para el sector de aseo, a n de incentivar es-quemas de solvencia nanciera empresaria que garanticen la eciencia y continuidad, requi-sitos técnicos de prestación del servicio, facturación conjunta, garantías en cuanto disposición nal y sistemas de desvincula-ción de clientes, entre otros pila-res fundamentales en un merca-do en competencia.

El modeloinstitucional de EPM en derechoshumanos

Por oscar Darío Gómez Hoyos – Subdirección Desarrollo Sostenible

RSE

EPM

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Quizás el mayor aporte de los principios rectores sobre em-presas y derechos humanos, promulgados por la organiza-ción de Naciones Unidas oNU en junio de 2011 para imple-mentar el marco “Proteger, respetar, remediar”, fue dar claridad meridiana en torno a la responsabilidad que las em-presas deben asumir frente al tema, para evitar violaciones de los derechos y manejar los impactos negativos asociados a ellos en su operación, y como complemento obligado para tomar las medidas apropiadas con el n de prevenir, mitigar y, cuando sea el caso, remediar estos impactos.

El hecho de que fuera la oNU la que propusiera un marco de actuación con unos principios de aplicación claros y sencillos, consti-tuye sin lugar a dudas un hecho esclarecedor, sobre todo para quienes a pesar de la existencia de diver-sas iniciativas en materia de negocios y derechos humanos, reclamaban una mayor claridad en

torno a la gestión que desde las empresas se debe adelantar al respecto.

Aunque los principios rectores se enmarcan en una iniciati-va de soft law, y por lo tanto no imponen responsabilidades jurídicas directas para las em-presas, se han ido consolidando a la par de esas otras iniciati-vas internacionales como una fuerza normativa que se deriva del reconocimiento de las ex-pectativas sociales, inicialmen-te asociadas a las obligaciones emanadas de la responsabilidad social de las organizaciones. Entre esas iniciativas podemos citar el Pacto Mundial de Nacio-nes Unidas, las Directrices de la organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económico

RSE

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(oCDE), las normas de desempeño de la Corporación Finan-ciera Internacional (CFI), la guía ISo 26000 y los índices de sostenibilidad adscritos a las bol-sas internaciona-les, como el FTSE-4Good y el Dow Jones Sustainabi-lity Index. Todas ellas con alusiones directas a los derechos huma-nos desde la gestión empresa-rial.

El caso de EPM

Justamente a partir del reco -nocimiento de las expectativas que tiene la sociedad en torno a la operación empresarial, EPM emprendió en 2011 la ta -rea de implementar un modelo de trabajo institucional alrede -dor de los derechos humanos, como un paso denitivo en la construcción de relaciones de conanza con todos sus gru-pos de interés, entendiendo y abordando sus preocupaciones y proporcionando una base que

integre la responsabilidad de respetar la dignidad humana a través de todas las operaciones empresariales.

De acuerdo con lo recomen-dado por los principios recto -res, el paso inicial para llevar a cabo una debida diligencia desde la empresa, es identi -car y evaluar la naturaleza de los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos en los cuales pueda verse involucrada. Con este n, EPM emprendió el ejercicio de identicación de los riesgos institucionales en derechos humanos en términos de vul-nerabilidades de entorno y de

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operación, denidas las pri -meras como aquellos hechos y circunstancias que generan fragilidad general en el entor -no y que le ofrecen capacidad o interés a los agentes para la generación de daños, y las segundas como condiciones o situaciones de la operación que pueden generar la proclividad de un agente para causar daño. Hoy la organización tiene en marcha un plan de tratamiento para los hallazgos del ejercicio.

El paso siguiente fue hacer pú-blico el compromiso de respeto y promoción de los derechos humanos a través de la política institucional, por medio de la

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cual se establecen líneas de ac -tuación dirigidas a desarrollar los objetivos del marco estra-tégico en derechos humanos y se orienta la acción del con-junto de operadores directos e indirectos de la empresa. Esta política constituye hoy un ele-mento clave en la relación con los proveedores y contratistas, a quienes se les pide un cum-plimiento estricto de los postu -lados contenidos en la misma.

Actualmente EPM desarrolla una campaña para dar a co-nocer su política de derechos humanos, con énfasis en los compromisos y actuaciones de-rivadas frente a todos los gru -pos de interés. Asimismo, hará extensivo un programa de for -

mación en el tema con diferentes áreas internas y grupos externos, para interiorizar dichos com-promisos y propiciar el despliegue de los prin-cipios de la política en programas e iniciativas tanto propias como del sector empresarial en el país. Gradualmente, ade -más, irá siendo adoptada por las demás empre -

sas que hacen parte del Grupo EPM.

Pero el trabajo no termina ahí, pues las acciones de cumpli-miento de esta política serán monitoreadas permanente -mente, con el propósito de ga -rantizar su real aplicación, al tiempo que se establecerán me -canismos de quejas y reclamos atentos a derechos humanos y se trabajará en la promoción de la gestión en el tema en el área de inuencia. Todo esto con la convicción de que cada vez es más importante el abor-daje de los derechos humanos para garantizar una operación transparente y responsable de la organización.

RSE

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Política institucional de dere-

chos humanos de EPM

Partiendo del reconocimien -to de que cada ser humano es sujeto de derechos, EPM se compromete a cumplir y a promover el acatamiento de lo consagrado en la Carta Univer -sal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Hu -manitario y lo dispuesto por la Constitución Política y el mar -co legal colombiano. Para la entidad, es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo asume como contribución suya a la generación de valor social, económico y ambiental.

Este compromiso se verá re-ejado en el desarrollo de to -dos los proyectos y procesos, al tiempo que estará alineado con las políticas de Respon-sabilidad Social Empresarial, Ambiental y de Gestión del Talento Humano, en coheren-cia con los principios del Pacto Global, con las directrices de la organización para la Coopera -ción y el Desarrollo Económico (oECD) en la perspectiva de las empresas multinacionales y, así mismo, con los principios rec-tores para la implementación del marco de la organización de Naciones Unidas: “Proteger, respetar y remediar”.

Este compromiso se verá reejado en el desarrollo de todos los proyectos y pro-cesos, al tiempo que estará alineado con las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, Ambiental y de Gestión del Talento Humano, en coherencia con los

RSE

principios del Pacto Global

El Pacto Global o Pacto Mun-1dial de la organización de las

Naciones Unidas oNU, es la red de responsabilidad social y ambiental más grande del mundo, articula diferentes acto-res (empresas, organizaciones, academia, gobierno, sociedad civil), y promueve las acciones socialmente responsable de

El Pacto Global comoestrategia para el desarrollo empresarial

• Pacto Global Colombia entre las diez primeras redes locales del mundo• La Responsabilidad Social Empresarial como una nueva forma de hacer negocios

Por: Mauricio López González, Director Ejecutivo, Pacto Global Colombia y Director Técnico de ANDESCoYulder Jiménez, Responsable de Comunicaciones Pacto Global Colombia y Comunicación organizacional de ANDESCo

parte de las empresas. Actual-mente Colombia cuenta con 370 organizaciones adheridas, de las 11.380 existentes en más de 130 países del mundo lo que la lleva a ser la tercera en América Latina y el Caribe y la octava a nivel mundial. (Cifra a mayo 24 de 2013)

1. Los términos Red Local del Pacto Mundial/Glo-bal, se reeren, de manera indistinta, a la misma iniciativa. La diferencia responde a la traducción y/o preferencias de uso de cada país. (Centro Re-gional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas).

Gráca 1, status de las 20 redes locales con más participantes Fuente: compact local network report 2012 april 2013 pág. 15

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Aquellas organizaciones que cuentan con más de 10 emplea-dos se comprometen de forma voluntaria a alinear sus estrate-gias bajo diez principios que se enmarcan en cuatro áreas temá-ticas: Derechos humanos, están-dares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Con la aplica-ción de estos principios univer-salmente aceptados y el trabajo conjunto con sus grupos de interés, estas organizaciones ratican su compromiso con el desarrollo sostenible del plane-ta (entendiendo por desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesi-dades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de

2las futuras generaciones)

Hoy en día los consumidores, clientes y usuarios cuentan con más información para llevar a cabo sus decisiones de compra o inversión, este grado de cono-cimiento les lleva a exigir a las organizaciones un mayor cuida-

RSE

2. Denición de Desarrollo Sostenible, introduci-do por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988)

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do con el medio ambiente, a re-clamar respeto por la dignidad de las personas o a exigir trans-parencia en la información; por ello, las empresas deben ser muy conscientes de cuáles son sus responsabilidades, al tiem-po que deben medir los riesgos que afrontan en todos sus ám-bitos de actuación. No es sólo lo que hacen sino también el cómo y el con quién lo hacen.

El Pacto Global, es la forma más fácil en que una organización puede entrar a la Responsa-bilidad Social y Ambiental, en el sentido que es de carácter voluntario, no tiene precio de adhesión y cada organización

hace un reporte de RSE (llama-do Comunicación de Progreso – CoP) en la medida de sus po-sibilidades; se convierte enton-ces esta iniciativa en estrategia empresarial, pues sus linea-mientos de Responsabilidad Social y Ambiental se conectan directamente con los principios éticos y morales de cualquier organización manejada desde la gestión humana, es por ello que cada líder empresarial es la pie-za clave para que la iniciativa se implemente como estrategia en su organización, convirtiéndose en una herramienta de gestión para él y toda su cadena de va-lor, pues involucrando los diez principios en las tareas cotidia-

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nas de ésta se lograrán mejores resultados en productividad, compromiso y calidad de vida para todos.

Dar muestras de liderazgo en la promoción de principios uni-versales y de la responsabilidad social y ambiental de las empre-sas para lograr que la economía mundial sea más sostenible e inclusiva, aumenta las oportu-nidades comerciales, mejora la administración empresarial, la imagen de marca, el sentido de pertenencia y compromiso de sus colaboradores (empleados), así como la ecacia operacio-nal; todo esto redunda en mayor productividad que conlleva a la competitividad. Las empresas líderes que ya han estructurado estrategias de RSE desde la ini-ciativa del Pacto Global, son aho-

Desde la visión de gestión humana em-presarial, debemos recalcar que la Res-ponsabilidad Social Empresarial parte de la “Responsabilidad Individual”, en este sentido, el talento humano es la materia prima para desarrollar estos parámetros estratégicos

ra más competitivas y con mayor aceptación por parte de las nue-vas generaciones de clientes y consumidores que van jalonando estas prácticas y que en últimas son el juez en el momento de la compra.

Desde la visión de gestión hu-mana empresarial, debemos recalcar que la Responsabilidad Social Empresarial parte de la “Responsabilidad Individual”, en este sentido, el talento hu-mano es la materia prima para desarrollar estos parámetros estratégicos, pues en últimas, todos como individuos, debemos colaborar y aportar en aras de buscar el desarrollo sostenible del planeta; teniendo en cuenta además que uno de los temas del Pacto Global son los estándares laborales, bajo el concepto de

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respeto por la negociación colec-tiva, cero tolerancias con cual-quier forma de trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación de cualquier tipo, adquieren un énfasis adicional para ser apro-piado por las organizaciones, teniendo en cuenta que cuatro ejes temáticos que trata el Pacto Global, se relacionan directa-mente con el bienestar del ser humano y de su entorno.

Podemos armar con orgullo, que empresas adheridas al Pacto Global han mejorado su desem-peño, al incluir estas estrategias al talento humano, pues con ellas se compromete a mejorar su labor, reejándose en el pro-ducto nal, gracias a un proceso de elaboración más limpio (utili-zando menos recursos naturales y propendiendo por los derechos humanos de la cadena de valor) y por ende más competitivos.La Red Colombiana del Pacto Global, lidera estrategias de

formación dirigidas a promo-ver una mayor comprensión de los principios de esta iniciativa, así como la difusión de herra-mientas para lograr estándares importantes de Responsabilidad Social Empresarial.

Conocer y entender por qué ad-herirse a la Red, brinda muchas ventajas entre las que se desta-can:

Estar adherido al Pacto Global es hacer parte de una Red Global presente en más de 130 países, lo cual le proporciona poten-cial contacto con más de 11,000 organizaciones cómo empresas, órganos gubernamentales, aso-ciaciones de trabajadores, ONG y organizaciones internacionales en temas de aprendizaje en RSE a través del intercambio de in-formación y oportunidades co-mercialesLos principios del PG son un complemento de los ejes de la

Podemos armar con orgullo, que empre-sas adheridas al Pacto Global han mejo-rado su desempeño, al incluir estas estra-

RSE

tegias al talento humano

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RSE; por lo que la cultura em-presarial basada en ambos as-pectos consolida el compromiso de la empresa con sus grupos de interés (stakeholders).

Acceso a formación de su re-curso humano y la construcción de equipos internos de trabajo que puedan aplicar los conceptos de RSE y agregar competitivi-dad a los objetivos estratégicos de la empresa.

Cumplimiento con los aspec-tos normativos

Mejora en el manejo económi-co y nancieros, de gestión em-presarial, reputacional (Marca) Aumento de competitividad

y oportunidades comerciales en los mercados globales Apoyo técnico en mesas de trabajo que se realizan cada dos meses e incluye los 4 ejes temáti-cos del Pacto Global (actualmen-te hay 6 mesas de trabajo)

Apoyo a PymesEn estos temas de RSE hay que Insistir, persistir, resistir y nun-ca desistir, solamente así con-solidamos sendas de desarrollo armónico en donde el centro sea la persona en un mundo inclu-yente, solidario y sostenible.

ANDESCO y sus empresas a-liadas han sido, es y será una de las palancas para lograr este propósito.

RSE

ISAGEN tiene sede ecológica ysostenible

Sostenibilidad, medio ambiente y salud son los pilares sobre los que se levanta el nuevo edicio de ISAGEN.

De Ambiente

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Hablar de construcciones “ver-des” o amigables con el ambien-te no es una moda más entre las nuevas tendencias arquitectó-nicas del mundo. En muchos de estos proyectos se puede encon-trar una verdadera iniciativa que busca el bienestar social, pero también la eciencia y un menor impacto sobre la ecología.

Con su nueva sede, ISAGEN asume este compromiso. A n de que sea sostenible, saludable y respete el medio ambiente, el nuevo edicio sigue la certi-cación LEED (LEADERSHIP in ENERGY in ENVIRONMEN-TAL DESIGN), el estándar de construcción sostenible más prestigioso en todo el mundo, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Esta-dos Unidos (US Green Building Council (USGBC)), que evalúa,

mediante un sistema de créditos o puntos, todos los factores de construcción y operación de una edicación

ISAGEN contrató a Dibavela, empresa asesora en la certica-ción de proyectos LEED, para que acompañara el proceso de certicación ante el Consejo de la Construcción Verde de Es-tados Unidos. Para otorgar la certicación, el Consejo debe corroborar que todos los pro-cedimientos de construcción y operación sean ecológicos, salu-dables.

Una vez se entrega la obra, la rma asesora empieza un acom-pañamiento durante casi un año con el ánimo de vericar el cumplimiento de los requisitos para vericar y hacer los ajustes a que haya lugar, con miras a

A n de que sea sostenible, saludable y respete el medio ambiente, el nuevo edi-cio sigue la certicación LEED (LEADER-SHIP in ENERGY in ENVIRONMENTAL DESIGN), el estándar de construcción sos-tenible más prestigioso en todo el mundo

DE AMBIENTE

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la certicación en grado Plata. otras categorías contempladas para edicios LEED son Certi-cado Básico, oro y Platino.

Aunque en principio, los costos de construcción de un proyecto LEED son mayores si se com-para con los de un proyecto de construcción tradicional, cabe anotar que ese valor que inicial-mente podría tomarse como un sobrecosto, retorna en la me-dida en que la empresa ahorra en cada uno de sus sistemas. Después del quinto mes hay un retorno en la inversión que dura entre uno y dos años. ISAGEN espera conseguir su distinción durante los primeros cuatro me-ses de 2013.

Menos agua, menos energía

• El edicio contará con un sof-tware que ayudará a ahorrar ene-rgía cuando se identiquen peri-odos de receso en la empresa.

• El sistema garantizará que entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana todas las luces es-tén a un 10% de su producción y asegurará que a esa hora to-das las cortinas estén cerradas, reduciendo así la contaminación lumínica.

• Se espera que tras varios me-ses de funcionamiento se pueda tener un ahorro del 70% compa-rado con un edicio convencio-nal.

• Se optó por tener un sistema de aire acondicionado de última tecnología: un refrigerante con menor impacto ambiental y cuya vida útil es de 24 años. Éste ayuda a mitigar las emisiones de gases que afectan a la atmós-fera.

• El edicio contará con lava-manos electrónicos activados por sensor y accionados por ba-terías, con una menor descarga.

El edicio se construye con productos que tienen contenido reciclado como lo son el acero, el aluminio, el concreto, el

DE AMBIENTE

drywall y la madera.

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Todo con el n de ahorrar un 69% en el consumo del agua.

• Los orinales serán de 0.125 galones por cada descarga, fren-te a la descarga tradicional que es de un galón.

Los sanitarios contarán con dos sistemas de vaciado, según si se trata de residuos sólidos y líqui-dos.

Separación de residuos y reciclaje

• Se estableció un plan para que el 96% de los desechos y residuos generados por la cons-trucción y operación del edicio puedan ser reciclados y sólo un 4% se destine a un relleno sani-tario.

El edicio se construye con pro-ductos que tienen contenido re-ciclado como lo son el acero, el aluminio, el concreto, el drywall y la madera.

Más benecios

• El nuevo edicio estará cer-ca de diferentes servicios, como clínicas, restaurantes, bancos y peluquería, de modo que los

trabajadores puedan acceder a ellos caminando. Se estima que de la sede a estos lugares hay una distancia máxima en tiempo de 10 minutos.

• Los parqueaderos no estarán dispuestos sobre la supercie lo que ayudará a disminuir el efec-to de calentamiento.

• Contará con terrazas diseña-das con materiales reciclados, ecológicos y sintéticos, para que no se absorba ni se transmita el calor a la supercie.

DE AMBIENTE

Valorización agronómica de los lodos de ptar en el cultivo del arroz Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (CDAS-IVIA)Fernando Pomares García, Francisco Tarazona Pascual, María Estela Solsona. Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. (DAM)olga Herrero Chamorro, Laura Pastor Alcañiz, Silvia DoñateEntidad de Saneamiento de Aguas de la Comunidad Valenciana (EPSAR)Juan Luis Martínez Muro, Cesar Cañigral Ferrer, José Mª Santos Asensi

Resumen

La evaluación del resultado de la aplicación de los lodos de la PTAR de Alzira como fertilizan-te se ha realizado en función de las características físico-quími-cas del mismo y a partir de un ensayo experimental de campo en el cultivo de arroz en la zona de Alzira, durante dos campa-ñas consecutivas (2010 y 2011). La composición química de los lodos ha mostrado que tienen un alto valor como fertilizante órgano-mineral, presentando unos contenidos medios de: ma-teria seca 23%, materia orgáni-ca total 61,8%, nitrógeno total 4,57%, fósforo total (P2o5) 5,58% y potasio total (K2o) 0,18%. Los ensayos de aplica-ción en el cultivo del arroz han demostrado que el aprovecha-miento de los lodos de depu-ración como abono agrícola es bastante interesante. Las parce-

las de arroz abonadas con lodos dieron un rendimiento de grano más alto que las parcelas abona-das con fertilizante mineral, re-gistrando en las campañas 2010 y 2011, unos valores (media de las dos dosis de lodos) superio-res al obtenido con el fertili-zante mineral en un 46% y 8%, respectivamente. En el caso de la paja el rendimiento obtenido con la aplicación de lodos de de-puradora fue un 73% superior en la campaña 2010 y un 13% superior en la campaña 2011. El arroz producido en las parce-las abonadas con lodos de depu-radora ha dado un mayor conte-nido en nitrógeno proteico, un menor nivel de potasio, y unos contenidos similares en los restantes nutrientes y metales pesados potencialmente tóxicos. El muestreo del suelo al nal del ensayo puso de maniesto que las parcelas abonadas con lodos registraron un aumento

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signicativo en los contenidos de nitrógeno orgánico y fósforo asimilable; y en el contenido de metales pesados las diferencias entre los tres tratamientos com-parados fueron muy pequeñas.

Palabras clave:

Lodos, PTAR, abono orgánico, cultivo de arroz, suelo, materia orgánica, metales pesados.

Summary

The fertilizer value of sewage sludge from the WWTP of Al-zira (Valencia) was evaluated by physico-chemical characte-ristics and eld trials on rice crop grown during two seasons (2010 and 2011). The chemi-cal composition of the sludge showed a high fertilizer value as an organo-mineral fertilizer, giving the following average content : dry matter 23%, total organic matter 61,8%, total ni-trogen 4,6%, total phosphorus (P2o5) 5.6%, and total potas-sium (K2o) 0.18%. The results of production showed that the use of sewage as an organo-mineral fertilizer is very inter-

esting. Thus, the grain yied (average of the two rates of the sludge) obtained during 2010 and 2011 gave an increase of 46% and 8%, respectively, as compared to the mineral fertili-zer treatment. The yield of rice straw found under the sewage treatments was also higher than that obtained under mine-ral fertilizer, giving during the 2010 and 2011 seasons, increa-ses of 73% and 13%, respecti-vely. The rice grain obtained in the plots treated with slud-ge showed a higher content of protein nitrogen, lower level of potassium, and similar content of the other plant nutrients and potentially heavy metals. The soil samples taken at the end of the trial showed that the sludge application gave a signicant increase in organic nitrogen and available phosphorous, but the heavy metal values were very similar under the three treatments compared.

Keywords:

Sludge, WWTP, organic fertili-zer, rice crop, soil, organic mat-ter, heavy metals.

DE AMBIENTE

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Introducción

En numerosos estudios realiza-dos sobre los lodos generados en las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (PTAR), se ha puesto de maniesto que estos residuos o biosólidos pre-sentan un alto valor fertilizan-te, registrando unos elevados contenidos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, así como de otros nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

Los lodos de depuradora, a partir de la aprobación de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE de 1991 que obliga al tratamiento de las aguas resi-duales de núcleos urbanos con más de 2.000 habitantes, han aumentado de forma conside-rable y su gestión es uno de los problemas más importantes en

la actualidad para las entidades de saneamiento y depuración. Estos residuos, de código LER 19 08 05, tienen la peculiaridad respecto a otros tipos de resi-duos de que su aplicación en agricultura está regulada por la Directiva 86/278/CEE relativa a la protección del medio ambien-te y concretamente del suelo en la utilización de lodos con nes agrícolas. En la Directiva se indican los valores límites rela-tivos a las concentraciones de metales pesados en los suelos, en los lodos y las cantidades máximas anuales de estos me-tales que pueden ser introduci-das en los suelos destinados a agricultura con el n de evitar el posible efecto nocivo sobre las aguas, el suelo, y los seres vivos. Esta Directiva se tras-puso a la legislación española mediante el RD 1310/1990 y

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estos residuos o biosólidos presentan un alto valor fertilizante, registrando unos elevados contenidos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, así como de otros nu-trientes esenciales para el crecimiento de las plantas

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una orden ministerial posterior (BoE 5 de noviembre de 1993) lo desarrolla.

Asimismo, como residuos están sometidos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-los contaminados y también debe tenerse en cuenta que el RD 216/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias establece la máxima concentración de nitratos en las aguas subterráneas 50 mg/l. La aplicación de lodos de PTAR incrementa los niveles de nitra-tos, por lo que este RD debe ser contemplado.

El abono agrícola con lodos de depuradora se incentivó también con el I Plan Nacio-nal de Lodos de Depuradora

2001-2006 (I PNLD), en el que se priorizó el reciclado de los nutrientes de los lodos de de-

puradora sobre otras posibles opciones. Como resultado, en el año 2005 el 65% de los lodos de depuradora se destinaron a uso agrícola, una parte de ellos compostados. En el II PNLD (2006-2015) que pretendía seguir cumpliendo los objeti-vos planteados en el I PNLD se propuso como objetivo de obli -gado cumplimiento asegurar la correcta gestión ambiental de los lodos de depuradora y promover la valorización agrí-cola de los lodos de depuradora cuando se dieran ciertas con -diciones ecológicas y tecnoló -gicas. Además se propusieron unos objetivos cuantitativos de porcentajes a alcanzar en el año 2010 de valorización en

El abono agrícola con lodos de depurado-ra se incentivó también con el I Plan Na-cional de Lodos de Depuradora 2001-2006 (I PNLD), en el que se priorizó el reciclado de los nutrientes de los lodos de depura-dora sobre otras posibles opciones

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usos agrícolas (70%), recicla -je en usos no agrícolas (15%), valorización energética (15%), depósito en vertedero (15%) y la correcta gestión ambiental de las cenizas de incineración.

Teniendo en cuenta la legisla-ción desarrollada al respecto se hace patente que la agricultura junto con la jardinería están absorbiendo gran cantidad de estos lodos, ejerciendo un pa-pel importante en la elimina -ción de un problema medioam -biental como es la posible contaminación que podría pro-vocarse por otras formas de eli -minación/destrucción de estos

lodos. Y no sólo eso, al aportar nutrientes y materia orgánica al terreno con la utilización de estos lodos, se mejora la es-tructura, la permeabilidad y

la aireación del suelo, contri-buyendo al mantenimiento de los niveles óptimos de éstos, convirtiéndose además en un elemento vital para la lucha contra la erosión.

En términos generales puede indicarse que los benecios que se obtienen son:

• Valorizar los residuos que generan los núcleos de pobla-ción mediante su reutilización en la agricultura, aportando una solución a la eliminación de residuos energéticamente sostenible.

• Aportar nutrientes a los cul-tivos, así como materia orgáni -ca al suelo aumentando de este modo la capacidad productiva de los suelos.

DE AMBIENTE

Teniendo en cuenta la legislación desarro-llada al respecto se hace patente que la agricultura junto con la jardinería están absorbiendo gran cantidad de estos lodos, ejerciendo un papel importante en la eli-minación de un problema medioambiental

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• Disminuir los costes de pro -ducción del agricultor al redu -cir el uso de otros fertilizantes inorgánicos.

• Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir el consumo de pe-tróleo necesario para producir los fertilizantes sintéticos.

• Reducir las necesidades de otras materias primas no renova-bles como los fosfatos naturales.

• Desde el punto de vista de la PTAR, al realizar una aplica-ción directa de los biosólidos, si se compara con el compos -taje o el vertedero, se produce una reducción en los costes.

Considerando las característi-cas de los lodos de depuración, el aprovechamiento de estos subproductos orgánicos como abono en agricultura es consi-derada una alternativa ecológi -ca y económicamente razonable para la eliminación de este tipo de biosólidos.

Dado que existen pocos datos experimentales relativos a la

respuesta del cultivo del arroz en las condiciones de la Comu -nidad Valenciana a la fertili -zación con lodos de PTAR, se planteó un ensayo de campo con los objetivos siguientes:

1. Evaluar la respuesta del arroz a la aplicación de los lo-dos de PTAR en comparación con la obtenida con el abonado mineral usual en la Comunidad Valenciana.

2. Determinar los efectos de la aplicación de los lodos de depu-radora sobre la composición nu-tricional de los órganos del cul-tivo en condiciones de campo.

3. Estudiar las posibles modi -caciones en las propiedades químicas y sicoquímicas del suelo derivadas del uso agríco -la de los referidos lodos.

Planteamiento experimental

El trabajo experimental se ha realizado en una explotación agrícola del término municipal de Alzira (Valencia). Para el en -sayo se han utilizado dos par -celas contiguas (parcelas A y B,

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con una supercie de 1,1 y 1,5 hectáreas, respectivamente).

La referida explotación se suele abonar con fertilizantes mine-rales, y el suelo de la misma presenta unos niveles de me -tales pesados relativamente bajos, y en todos los casos in -feriores a los valores máximos admisibles por el Real Decreto 1310/1990, por lo que se trata de un suelo apto para la aplica-ción de lodos de depuración.

Para el experimento se han utilizado lodos generados en la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Al-zira, gestionada por la UTE SAV-DAM. Las características químicas del lodo utilizado se exponen en la Tabla 1, cum-pliendo también con los requi -sitos especicados por la legis -lación española vigente (Real Decreto 1310/1990).

DE AMBIENTE

Figura 1: PTAR Alzira de donde proceden los lodos empleados en el ensayo

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El trabajo experimental se ha realizado durante los años 2010 y 2011. En el primer año (2010), el diseño experimental ha consistido en una compa-ración de los siguientes trata-mientos de abonado:

1) Fertilización mineral, dosis de nitrógeno usual en la zona, a base de 420 kg de urea/ hec-tárea (193 kg N/hectárea).2) Abonado con lodos dosis 1 (calculada según el criterio del nitrógeno para que durante el primer año se mineralice una cantidad de150 kg de N/hectá-rea).

3) Abonado con lodos dosis 2 (calculada según el criterio del nitrógeno para que durante el primer año se mineralice una cantidad de 225 kg de N/hectá-rea).

Para poder realizar el corres-pondiente análisis estadístico de los resultados, se han esta-blecido dos repeticiones (par-cela A y parcela B) de cada uno de los tres tratamientos compa-rados.

Para el control de las hierbas adventicias (“malas hierbas”) se utilizó una aplicación del herbicida de postemergencia Viper (Penoxsulam 2,04%), y para el tratamiento contra pi-ricularia (Pyricularia orizae) se efectuaron dos tratamientos de fungicidas: el primero, el 25 – 07 – 2010, a base de Bumper P (Procloraz 40% + Propiconazol 9%) y, el segundo, el 15 – 08-2010, con Templo EW (Tebuco-nazol 25%).

Durante el segundo año (cam-paña 2011), no se aplicaron lodos de PTAR y el abonado mineral fue igual en los tres tratamientos comparados, a base 12.000 kg de gallinaza + 180 kg de urea/hectárea, con la nalidad de evaluar el efecto residual de los lodos aplicados en la campaña anterior. Y para el control de las malas hierbas y piricularia se utilizaron tra-tamientos similares a los de la campaña de 2010.

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Figura 2: ortofotoescala 1:1500 Recinto SIGPAC delimitado.

RESULTADOS

Producción de arroz

Los resultados de producción del cultivo de arroz (grano y paja) durante las dos campañas del ensayo se muestran en la Tabla 2. Puede observarse que en la primera campaña (2010) la respuesta del arroz al abo-nado con lodos de depuradora ha sido muy elevada, registrán-dose unos aumentos respecto al testigo en el rendimiento de grano del 41% y 50%, y en el

rendimiento de paja de 71% y 74% con los dos tratamientos de lodos (dosis 1 y dosis 2), respectivamente. Pero en la segunda campaña (2011), como era previsible, el efecto residual reejado por los lodos de PTAR fue mucho más bajo, con cifras de aumento res-pecto al testigo en el rendimiento en grano entre 6% y 9%, y en el rendimiento de paja

entre 10% y 15% con los dos tratamientos de lodos (dosis 1 y dosis 2), respectivamente.

Figura 3: Cosecha del arroz en las parcelas ensa-yadas

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Nutrientes en los órganos

vegetales

Los contenidos de nutrientes esenciales obtenidos en el grano del arroz durante las dos cam-pañas del experimento se mues-tran en las Tablas 3 y 4. Puede observarse en estos resultados que el principal efecto deriva-do de la aplicación de los lodos de depuradora se registró en el nitrógeno. Así, en los tratamien-tos con lodos (dosis 1 y dosis 2) se obtuvieron unos contenidos superiores a los encontrados con el abonado mineral, aunque las diferencias entre los tratamien-tos de abonado resultaron signi-cativas a nivel estadístico úni-camente en la primera campaña. Asimismo, se ha podido consta-tar que el abonado con los lodos de depuradora ha originado en la campaña 2010 unos contenidos de cinc similares a los encontra-dos en las plantas tratadas con abono mineral, pero en cambio

en la campaña 2011, el nivel fue superior, con signicación es-tadística al 95%, al del abonado mineral.

Por otra parte, los contenidos de nutrientes resultantes en las muestras de paja durante los dos años del ensayo se muestran en las Tablas 5 y 6. Y al igual que lo reejado en las muestras de granos de arroz, se ha encontra-do que la aplicación de los lodos de PTAR ha repercutido prin-cipalmente en unos contenidos de nitrógeno más altos que los originados por el abonado mi-neral, registrándose diferencias signicativas a nivel estadístico solamente en la campaña 2011 del estudio. De igual manera, cabe señalar que en la campaña de 2011 (Tabla 6) los resultados analíticos muestran también diferencias con signicación a nivel estadístico en los elemen-tos sodio y azufre, si bien con un patrón de variación diferente al

la aplicación de los lodos de PTAR ha re-percutido principalmente en unos conte-nidos de nitrógeno más altos que los ori-

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ginados por el abonado mineral

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encontrado en los casos del ni-trógeno y cinc.

Características del suelo

El efecto generado por la aplica-ción de los lodos de depuradora en las características físico- quí-micas y en los metales pesados del suelo al nal del ensayo se muestra en las Tablas 7 y 8, res-pectivamente. Cabe señalar que las parcelas abonadas con lodos de depuradora mostraron unos niveles más altos tanto de nitró-geno orgánico como de fósforo asimilable, registrando en ambos casos diferencias altamente sig-nicativas. El contenido de ma-teria orgánica también aumentó con la aplicación de los lodos, si bien las diferencias no mostra-ron signicación a nivel estadís-tico. Y respecto a los niveles de metales pesados potencialmente totóxicos, los valores resultaron muy similares en los tres trata-mientos de abonado comparados.

Conclusiones

A tenor de los resultados obte-nidos en las dos campañas del ensayo y en las condiciones es-pecícas del experimento, se desprenden las conclusiones siguientes:

- El uso de lodos de depuradora para el abonado del arroz ha re-sultado muy interesante, ya que ha permitido obtener un rendi-miento en grano muy superior al originado con el abonado mineral.

- La cosecha del arroz abonado con lodos ha resultado con un mayor contenido en nitrógeno proteico y unos niveles similares de metales pesados potencial-mente tóxicos.

- Las parcelas abonadas con lodos registraron unos niveles superiores de materia orgánica, nitrógeno orgánico y fósforo asi-

el abono con lodos de depuradora en el cu-ltivo de arroz ha demostrado que tiene efe-ctos muy positivos, fundamentalmente en la primera campaña de aplicación

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milable respecto a la fertilización mineral. En cambio el contenido de metales pesados resultó muy poco afectado.

- El efecto fertilizante de los lo-dos sobre el cultivo de arroz se ha manifestado principalmente durante el primer año de la apli-cación, circunstancia que debe tenerse en cuenta en el estable-cimiento de programas de dosi-cación de lodos de depuración para el abonado de los cultivos agrícolas.

En resumen, el abono con lodos de depuradora en el cultivo de arroz ha demostrado que tiene efectos muy positivos, fundamen-talmente en la primera campaña de aplicación por lo que se considera un fertilizante que pue-de ser muy adecuado si se planican de forma más detallada las dosis necesarias para el culti-vo.

Figura 4: Tractor trabajando en parcela de arroz inundada

Bibliografía

Canet, R., Pomares, F., Estela, M., Tarazona, F. 1996. Com-paración de distintos residuos urbanos como enmiendas or-gánicas en el cultivo de cítri-cos. Fruticultura Profesional, Nº 83: 106-113.

Canet, R., Pomares, F., Estela, M., Tarazona, F. 1996. Efecto de los lodos de depuradora en la producción de hortalizas y las propiedades químicas del suelo. Inves. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 11 (1): 83-89.

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Pomares, F. 1982. Valor ferti-lizante de los lodos de depu-radoras de aguas residuales. ITEA, 49: 47- 67

TABLA 1. Características químicas de los lodos de depuradora de la PTAR Alzira

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TABLA 2. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en la producción del cultivo de arroz

TABLA 3. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en el contenido de nutrientes en los granos de arroz (campaña 2010)

TABLA 4. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en el contenido de nutrientes en los granos de arroz (campaña 2011)

TABLA 5. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en el contenido de nutrientes en la paja del arroz (campaña 2010)

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TABLA 6. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en el contenido de nutrientes en paja del arroz (campaña 2011)

TABLA 7. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en las características químicas del suelo al nal del ensayo

TABLA 8. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en el contenido de metales pesados en el suelo al nal del ensayo

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Alianza para la conservación

Publicado por: Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación de ParquesNacionales Naturales de Colombia

A nivel mundial, las organiza-ciones son cada vez más cons-cientes de la necesidad y los benecios de un comportamien-to socialmente responsable, maximizando su contribución al desarrollo sostenible a través de la toma de decisiones y prácti-cas que reejan las expectativas de la sociedad hacia el cumpli-miento de las obligaciones le-gales y los valores éticos de las empresas. Las alianzas público-privadas son un medio para que las em-presas puedan practicar su res-ponsabilidad social y ambiental uniendo esfuerzos con el sector público. Esta alianza promueve la renovación de la conciencia empresarial hacia la conserva-ción, no solo de los ecosistemas, especies y hábitat, sino también del rescate social y cultural de la población: grupos étnicos y campesinos que son las manos

trabajadoras, el conocimiento empírico, el lenguaje expresado en el respeto por la naturaleza. Es por tal razón que Parques Nacionales Naturales de Co-lombia promueve el Programa ALIANZA PARA LA CoNSER-VACIÓN, el cual invita a las empresas social y ambiental-mente responsables de todos los sectores a que sumen ventajas competitivas en sus negocios, mientras practican su respon-sabilidad social ambiental con hechos concretos impulsando programas que ayudan a mejo-rar las condiciones ambientales y sociales en las áreas protegi-das y sus zonas de inuencia, con la activa participación de las comunidades principalmen-te indígenas, afrocolombianas y campesinas que habitan o cir-cundan los Parques Nacionales Naturales.

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Foto: Utria, Comunidad. Archivo Parques Nacio-nales Naturales de Colombia, David Perez

Los programas priorizados en el programa alianza para la conser-vación y que requieren del apoyo y de la constribución del sector

privado son:

1. Saneamiento y Compra de Predios: Busca la adquisición de predios en las áreas de Par-ques Nacionales, así como el apoyo con recursos para las respectivos estudios de titula-ción.

2. Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas: 8 sitios prio-ritarios, que hacen parte del portafolio de prioridades de conservación in situ del Sis -tema de Parques Nacionales

Naturales y del Gobierno Na-cional.3. Sistemas Sostenibles de Producción: Busca imple-mentar formas de producción sostenible con las comunida-des indígenas y afrocolombia -

nas que habitan al interior de las Áreas Protegidas, para así disminuir las afectaciones en el suelo, agua y biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulne-rables.

4. Energía Renovables: Busca contribuir a la disminución de las emisiones de los gases efec-to invernadero que están acele -rando el cambio climático glo -bal y sus devastadores efectos.

5. Ecoturismo: Busca Impulsar el ecoturismo, rescatando el patrimonio histórico-cultural y ambiental de las Áreas Protegi -das, contribuyendo a una me -jor prestación del servicio a los

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visitantes y disminuyendo los impactos negativos generados por la actividad.

6. Centros de Interpretación: Busca promover un ambiente para el aprendizaje creativo, en el cual el público pueda co-nocer la riqueza natural de nuestros Parques Nacionales Naturales. Busca apoyo con la construcción, mantenimiento y adecuación de Centros de In-terpretación, en las áreas don -de se realiza ecoturismo.

7. Programa de Divulgación y Posicionamiento de los Parques Nacionales: Dar a conocer a un mayor número de colombianos, la importancia de los parques nacionales y toda la riqueza que albergan. Se divide en pro-gramas de a) Señalización en las áreas de Parques, b) divul -gación de campañas ambienta -les. C) Programa Parques va a las empresas d) reproducción de material audiovisual y di-dáctico.

8. Programa de Guardapar -ques Voluntarios: Los guarda -parques nos dan su tiempo, nos

aportan sus conocimientos, su capacidad de trabajo, le ponen ganas y entusiasmo al servicio que nos prestan y sobre todo contribuyen a la conservación de las áreas protegidas!. Te invitamos a Poner tu Logo a través de tu aporte para la do-tación (gorra, chalecos, botas) de los guardaparques.

9. Programa Adopte una Es-pecie en Peligro: Apoye a la conservación de especies de fauna y ora y/o ecosistemas terrestre o marinos vulnerables que se encuentra en peligro, apoyando con la ejecución de acciones que contribuyen a la conservación y protección de las especies.

10. Programa de Restauración Ecológica: Contribuir al mane-jo efectivo de las Áreas prote -gidas, a partir de acciones de restauración ecológica, enmar -cadas de acuerdo a los cambios globales y con participación de la comunidad. Promover la recuperación de ecosistemas tanto terrestres como marinos que han sufrido un deterioro y requieren ser restaurado, los

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cuales contribuyen a garanti -zar la oferta hídrica, a mejorar la estabilidad y fertilidad de los suelos para la agricultura y la ganadería y en la lucha contra el cambio climático como cap-tadores de Co2 de la atmos -fera, todos estos factores in -dispensable para el desarrollo sostenible.

11. Programa de Investiga-ción: Las investigaciones pro -veen de información relevante para mitigar, prevenir o co -rregir las amenazas actuales y potenciales sobre la biodiver-sidad en las áreas protegidas y la acelerada dinámica en la transformación de los ecosis -temas, el conocer con exacti -tud el funcionamiento de los ecosistemas permite generar impactos mayores no solo a la conservación de las áreas sino también a las comunidades que las habitan o interrelacionan con las mismas. Este programa consiste en apoyar las diferen-tes investigaciones de Parques Nacionales para garantizar la conservación de estas valiosas áreas.

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12. Programas de Educación Ambiental: Este programa con -siste en apoyar en el fomento y fortalecimiento de procesos educativos, que promuevan la valoración social de las áreas protegidas, en el marco de la construcción de una cultura ambiental favorable para la conservación y a través de la reexión crítica y propositiva acerca de la realidad del con-texto ambiental.

¿Cómo se puede vincular la em-presa al programa alianza para

la conservación?

1. La empresa selecciona el programa que más le llama la atención, y se ajusta a sus expectativas, al igual que los parques o el Parque que desea apoyar, no es requisito que apoye el 100% del programa, puede apoyar una o varias de las acciones que se requieren,

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Foto: Sumapaz. Laguna 1. Archivo Parques Nacionales Naturales de Colombia, Angela Echeverry

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Foto: Los Nevados Cumbre de Santa Isabel. Archivo Parques Nacionales Naturales de Colombia, Milton Arias.

pero recuerde que el impacto es mayor cuando hay mayor cober-tura y más acciones por desa-rrollar.

2. Su aporte puede ser en re-cursos nancieros, en servicios o en especie, de acuerdo a las especicaciones de cada uno de los programas y en concer-tación con Parques frente a su aporte.

3. Si la empresa tiene interés o actualmente adelanta pro-gramas ambientales que tienen relación con la conservación y protección de los recursos na-turales pero no se encuentran descrito en los planteados por

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Parques, se puede concertar con Parques la pertinencia del programa y llevarlo a cabo en áreas de Parques Nacionales Naturales.

Benecios para los aliados de la

conservación

1. Benecio Tributario: Ley 1536 del 14 de junio del 2012 “ ley Gloria Valencia de Casta-ño”: Deducción por donaciones efectuadas para el apadrina-miento de Parques Naturales, tienen derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las donaciones efec-tuadas durante el año o perio-do gravable.

2. Reconocimiento a Nivel In -ternacional: Parques Naciona -les Naturales de Colombia con apoyo de la Secretaria de Con-venio de Diversidad Biológica, divulgaré en el boletín infor-mativo que se distribuye a 194 países dos veces al año, el apo -yo de la empresa al programa nanciado de Parques Nacio -nales, destacando su logo y el impacto social y ambiental que genera su aporte a la conserva-ción de las áreas protegidas y a la biodiversidad mundial.

3. Grabación del video clip Camisa de la Conservación con el presidente de la Compañía: Parques Nacional contribuye al posicionamiento y recono-cimiento a nivel nacional de la empresa a través de la graba -ción de un comercial de la Ca -misa de la conservación con el presidente de la compañía que apoye los programas de Par-ques, comercial que es difun -dido en los canales Nacionales y cuya grabación es un obse -quio que entrega Parques a la empresa para que pueda hacer uso del comercial tanto al inte-rior como pautar en diferentes

medios de comunicación con algunas restricciones.

4. Logo de la empresa: Se pon -drá el logo de la empresa en el programa o los programas nanciados en Parques Nacio-nales Naturales de Colombia.

5. Divulgación a través de la Alianza: Parque Nacionales, divulga a través de su página web www.parquesnacionales.gov.co, así como el programa de radio in situ y otros me-dios, el aporte de la empresa y el impacto social y ambiental que generan los aportes a la conservación.

Actualidad

JurídicaLa defensa delusuario:¿El servicio público como funciónadministrativa?Guillermo Sánchez LuqueProfesor de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y de Derecho Constitucional de Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Ponticia Universidad Javeriana. Ha sido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.

#26 / 123ACTUALIDAD JURÍDICA

Introducción

En vigencia del modelo cons-titucional anterior la función administrativa se podía denir como aquella que desarrollan fundamentalmente (más no exclusivamente) las autorida-des y funcionarios de la rama ejecutiva para el cumplimiento de los cometidos del Estado, la garantía de los derechos de los asociados y para la prestación adecuada de los servicios pú-blicos. Esos tres componentes eran el contenido tradicional

de una función administrativa, fuertemente inuida por la “Es-cuela del Servicio Público” de Burdeos, que entendía que éste era la piedra angular del Dere-cho Administrativo.

Con la expedición de la Carta de 1991 y de las leyes 142 y 143 de 1994 esa concepción tradicio-

nal de la función administrativa debió haberse revaluado a caba-lidad. La función administrativa no puede asimilarse a la presta-ción de los servicios públicos, o al menos no debería ser así.

Y decir a las puertas de los 20 años de las reformas legales del sector de los servicios públicos domiciliarios, que éstos dejaron de ser una expresión de la “fun-ción administrativa”, suena ya a lugar común. Mucho se ha es-crito sobre la supuesta supera-ción del modelo “afrancesado” y

de la implantación de un “nuevo servicio público”, bien para cri-ticarlo o para ponderarlo, pero muy poco para evaluarlo sere-namente.

Hay una suerte de consenso sobre la implantación de un modelo de competencia en o por el mercado, dentro de un am-

Hay una suerte de consenso sobre la im-plantación de un modelo de competencia en o por el mercado, dentro de un ambien-te de desmonopolización de las actividades

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biente de desmonopolización de las actividades. Y en esa medi-da, es claro que si por una par-te se implanta la concurrencia entre agentes prestadores, por otra se debe instituirse todo un marco de protección al consu-midor. Son las dos caras de una misma moneda, dicen los exper-tos. Cambio radical que hemos denominado, quizás de manera simplista, como la “desadmi-nistrivización” de los servicios públicos, en tanto el Derecho Administrativo dejó de ser el derecho de los servicios públi-cos, o al menos debía dejar de serlo según la Carta de 1991.

Sin embargo, no deja de ser pa-radójico que (i) los desarrollos legales en materia de protección al consumidor giran fundamen-talmente en torno a su “defensa en sede de la empresa”, concebi-do –como se dice ahora- en cla-ve de Derecho Administrativo

y (ii) la jurisprudencia especial-mente en sede de tutela comien-za a inclinarse por entender que la prestación misma del servicio es una manifestación de la fun-ción administrativa.

1. El marco legal de la defensa del usuario de servicios públi-cos: ¿dominado por institucio-nes típicas de prerrogativas de autoridades públicas?

El derecho de petición, esto es, la facultad de dirigirse a las autoridades para solicitar en interés personal o general algo, es propio de las relaciones entre la administración y los ciudada-nos. Se trata de una centenaria garantía que tiene por propósi-to controlar de alguna manera el cumplimiento de los nes del Estado y que modernamente permite un diálogo democrático con las autoridades. Mecanis-mo que por demás no busca su

El derecho de petición, esto es, la facul-tad de dirigirse a las autoridades para solicitar en interés personal o general algo, es propio de las relaciones entre la administración y los ciudadanos

ACTUALIDAD JURÍDICA

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sola satisfacción sino que se convierte en medio de defensa por parte de otros derechos. El derecho de petición se constitu-ye, entonces, en uno de los más caracterizados mecanismos de relación entre la administración y los ciudadanos.

Con esta perspectiva, el régi-men de defensa de los usuarios en “sede de la empresa” previs-to en el capítulo VII del Título VIII de la Ley 142 de 1994, fue concebido a partir de una con-cepción de corte eminentemen-te iuspublicista, a la manera de lo que antes solía denominarse “vía gubernativa”.

En efecto, el artículo 152 de esa ley previó que es de la esencia del contrato de servicios públi-cos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servi-cios públicos. Regulación del derecho de petición que, por cierto, no debería ser materia de una ley de intervención eco-nómica como es la de los servi-cios públicos, sino que más bien debería estar consignada en

ACTUALIDAD JURÍDICA ACTUALIDAD JURÍDICA

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una ley estatutaria, si se sigue el criterio sentado por la Corte Constitucional recientemente al estudiar los artículos la Ley

11437 de 2011 .

Para que no quedara duda de la concepción marcadamente ad-ministrativista de este instituto, la Ley 142 también previó en su artículo 158 un término perento-rio de 15 días hábiles a la empre-sa para responder no sólo las pe-ticiones, sino también las quejas y recursos y al hacerlo dispuso que si no se contestaba operaba la gura del “silencio adminis-trativo positivo”. Institución que -como su nombre lo sugiere- es privativa de las relaciones entre la administración y el ciudadano y que para que no quede duda de su traspolación al ámbito del derecho del consumo, guarda su nomenclatura original.

En la misma línea el artículo 159 de la misma ley estableció que la noticación sobre la de-cisión de un recurso o una pe-tición se efectuaría en la forma prevista en el Código Contencio-so Administrativo (anterior De-creto 01 de 1984, hoy Código de

Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrati-vo previsto en la ya mencionada Ley 1437). Y para guardar co-herencia con este enfoque admi-nistrativista, se dispuso que la Superintendencia de Servicios Públicos sería una suerte de segunda instancia, recurso de apelación que también queda-ría subordinado a las reglas del procedimiento administrativo previsto en la primera parte del mencionado Código.

Derecho de petición, silencio administrativo y recurso de apelación ante una entidad del orden nacional descentralizada por servicios que tiene por obje-to adelantar un control de lega-lidad de este auténtico procedi-miento administrativo especial. De ahí que en torno al derecho de petición gravita todo el mar-co legal de protección del consu-midor de los servicios públicos y por ello el vértice de la solución de las controversias de una re-lación de consumo, es un meca-nismo característico del Derecho Administrativo.

ACTUALIDAD JURÍDICA

1. Corte Constitucional, sentencia C 818 de 2011.

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Todo un esquema que riñe con la concepción de derecho de la competencia que previó la Cons-titución y que deja en evidencia no sólo una discutible óptica ad-ministrativista, sino que además dista mucho de ser ese “meca-nismo ágil y efectivo de solución de los conictos entre los usua-rios y las entidades encargadas de la prestación”, del que habló la Corte Constitucional al decidir su exequibilidad.

Se trata de una defensa en “sede de la empresa” dotada, como ha señalado la jurisprudencia, de una serie de prerrogativas de autoridad pública, o lo que es igual, privativas del poder públi-co en cabeza de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Una actividad que conceptual-mente había dejado de ser con-cebida por la misma Constitu-ción como una expresión de la función administrativa, sorpre-sivamente cuando quiera que la parte frágil reclama, se enfrenta a una empresa revestida de po-testades de autotutela, en tanto se le faculta para denir, a la manera en que lo hacen usual-

mente las autoridades adminis-trativas, de manera unilateral, y por supuesto mediante actos administrativos, controversias sobre el contrato de condiciones uniformes.

Privilegio de lo previo que se predica de asuntos tan impor-tantes como la negativa del con-trato, la suspensión, la termi-nación, el corte y la facturación del servicio. Eventos en los que, como dejó sentado el Consejo de Estado, no es menester la inter-vención judicial para adoptar

2una decisión ejecutoria .

No debe perderse de vista que la Corte Constitucional al estudiar este punto puso de presente que: “es evidente que si las empre-sas de servicios públicos domi-ciliarios (…) tienen derechos y ejercitan poderes y prerrogati-vas propias de las autoridades públicas, y desempeñan fun-ciones públicas, sus decisiones

2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 23 de septiembre de 1997, rad. S-701; Sección Terce-ra, Subsección B, sentencia AG 016 de 2011. En sentido similar de la misma Sección Tercera ver sentencias AP 254 de 2005 y AP 1470 de 2005.

ACTUALIDAD JURÍDICA ACTUALIDAD JURÍDICA

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unilaterales pueden ser pasibles de recursos parecidos a los que ordinariamente proceden contra los actos de la administración.”3 Criterio que luego reiteró al poner de relieve que este proce-dimiento es una “auténtica vía gubernativa para el sector de los servicios públicos domiciliarios, sin distingo alguno en cuanto a la naturaleza pública, mixta o privada de los agentes prestado-res, que a su turno obran como titulares de funciones adminis-trativas. Lo cual encuentra su razón de ser en la necesidad de que las empresas y entidades del sector tengan la oportunidad de revisar y enmendar sus propios actos hasta el grado de la re-posición, con la subsiguiente y complementaria competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en recur-so de apelación”4.

No deja de ser un tanto extraño que el objeto social de los pres-tadores de servicios públicos no sea una función administra-

ACTUALIDAD JURÍDICA

3. Corte Constitucional, sentencia C 263 de 1996.

4. Corte Constitucional, sentencia C 558 de 2001.

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tiva, pero sí lo sea la solución de ciertas controversias que su desarrollo suscite con el usuario nal: ¡sólo si reclama el usuario la empresa obra como adminis-tración!

Llama la atención, pues, la fal-ta de coherencia conceptual del legislador de 1994 al introducir categorías de Derecho Adminis-trativo a una relación típicamen-te de consumo, que no puede -o no debiera- ser tratada con insti-tuciones ajenas a su naturaleza.

Pero no sólo el régimen legal transita peligrosamente hacia la frontera de la función admi-nistrativa. Algunas decisiones judiciales, en materia de amparo constitucional, también lo están haciendo, como pasa a verse.

2. La defensa judicial de los usuarios en sede de tutela: ¿una jurisprudencia nostálgica del vie-

jo modelo de prestación?

No sorprende que si el mar-co legal concibió la defensa del usuario como una relación administración-administrado y con ello desdibujó de cierta manera el entorno constitucio-

nal, la acción de tutela emer-giera como un instrumento que guardara esos cánones. Al n de cuentas, el artículo 86 de la Constitución, no muy consis-tente con las reglas particulares contenidas en el capítulo 5º del Título XII de la misma Carta, previó que la tutela contra par-ticulares procedería justamente en el evento de prestación de servicios públicos. Y por ello era apenas natural que median-te ella se intentara la protec-ción de derechos íntimamente ligados a esa protección en “sede de la empresa”: petición y debido proceso. Defensa que sin duda, no obstante las vicisitu-des jurisprudenciales, bien pue-de calicarse de efectiva.

No obstante, algunas decisio-nes judiciales corren el ries-go de convertirse en toda una política pública en este sector. Nos referimos a la tendencia de garantizar el “mínimo vital” a la población más pobre vía acción de tutela. Nadie discute los loables propósitos que las inspiran, pero estas providen-cias que comienzan preocu-pantemente a ser tomadas con

ACTUALIDAD JURÍDICA ACTUALIDAD JURÍDICA

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mayor frecuencia en materia de suspensión y corte del servicio, están llevando a un resurgir de la vieja concepción de servicio público, como función a cargo del Estado.

En efecto, ha dicho la Corte que la suspensión de los ser-vicios públicos domiciliarios no puede tener lugar, pese al incumplimiento en el pago de los servicios, si sus efectos se concretan en un descono-cimiento desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos o establecimientos especialmente protegidos o “en una grave afectación en las condiciones de vida de una comunidad, todo ello en defen-sa especial de la población más pobre y de los niños que habi-ten en esas casas”5.

Preocupa que estas determina-ciones terminen por convertir-se en una “línea jurispruden-

cial” que destruya las bases del sistema constitucional y legal de subsidios y contribuciones, para en su lugar prever toda una política pública –con ries-go enorme de desarticulación y atomización- alrededor del inasible concepto de “mínimo vital”. En la práctica, ello po-dría llegar a suponer en últi-mas la gratuidad del servicio y su conversión denitiva en una expresión de la función admi-nistrativa. “Subsidios” vía deci-sión judicial que podrían alen-tar la denominada “cultura de no pago” y que en últimas po-dría entrañar el replanteamien-to total de la nueva concepción constitucional de operación.

5. Corte Constitucional, sentencias T 546 de 2009, T 915 de 2009, T 610 de 2010, T 614 de 2010, T 616 de 2010, T 717 de 2010, T 092 de 2011, T 740 de 2011, T 752 de 2011 y T 928 de 2011, entre otras.

ha dicho la Corte que la suspensión de los servicios públicos domiciliarios no puede tener lugar, pese al incumplimien-to en el pago de los servicios

ACTUALIDAD JURÍDICA

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Estas sentencias, a nuestro jui-cio, contradicen el marco cons-titucional que parte de una prestación subsidiada más no gratuita y enfocada a que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos que cubran sus necesidades básicas (art. 368 CP). Nótese que el man-dato superior ordena que la ayuda (subsidio) esté dirigida a que “puedan pagar” no a que sea gratuita, como en última termina siendo por esta nueva tendencia (pues la cartera lue-go de esos fallos termina sien-do de dudoso recaudo).

Adicionalmente, la norma fun-damental en cita prescribe que dicha ayuda está focalizada a cubrir sus necesidades básicas, esto es, el “consumo básico de

subsistencia”. Cuando la ju-risprudencia usa el impreciso concepto de “mínimo vital”, está previendo una situación ya regulada constitucional-mente con otro nombre. Eufe-mismo constitucional que se traduce en un subsidio extra-constitucional (¿inconstitu-cional?) que riñe no sólo con el mandato del mencionado artículo 368 C.N., sino tam-bién con el artículo 367 cons-titucional que señala dentro de los criterios constituciona-les del régimen tarifario el de “costos” (es decir la prestación no puede ser gratuita) e inclu-so con el artículo 355 ibidem que prohíbe a todas las ramas del poder público (incluida a la judicial) conceder auxilios, donaciones (léase subsidios) a particulares y que de paso pue-

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de amenazar la sostenibilidad nanciera de la prestación del servicio.Pero además esta tendencia riñe con los fallos que en sede de control abstracto de consti-tucional -es decir con efectos obligatorios y generales (art. 243 CN)- ha adoptado la mis-ma Corte. Jurisprudencia en la que dejó en claro que el usua-rio que se abstiene de pagar los servicios públicos que reci-be, no sólo incumple sus obli-gaciones para con las empresas que los prestan, sino que no obra conforme al principio de solidaridad y diculta que las empresas presten el servicio con criterios de eciencia, lo cual pugna con los principios que consagra la Carta para orientar la prestación, regula-ción y control de los servicios públicos6.

Y si bien la sentencia C 150 de 2003 previó una serie de excepciones a las que agrupó como “sujetos especiales de protección” (escuelas, centros de reclusión, hospitales, entre otros) dentro de ellas no en-caja la hipótesis que ahora se

maneja en sede de tutela: usua-rios de menores ingresos que tengan niños. Esta particular “reinterpretación” del fallo de constitucionalidad modulada por parte de la misma autori-dad que lo emitió ahora con ocasión de los amparos estu-diados, resulta francamente contraria al celoso respeto del alcance de las decisiones de constitucionalidad.

Podría alegarse que estas sen-tencias tienen tan solo efectos inter partes y que de alguna manera son aisladas. En cuan-to a lo primero, sabemos que en la práctica las decisiones de tutela cada vez más (táci -ta o expresamente) terminan por multiplicar sus efectos a situaciones no cobijadas en el asunto resuelto y en cuanto a su carácter “aislado”, es asunto relativo, si se tiene en cuenta la fuerza cada vez mayor que adquiere el denominado “prece-dente” judicial entre nosotros.

6. Corte Constitucional, sentencias C 566 de 1995, C 252 de 1997, C 389 de 2002, C 041 de 2003 y C 150 de 2003.

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Conclusiones

Una defensa del consumidor de los servicios públicos centrado en viejos mecanismos peculia -res del Derecho Administrati -vo, esto es, para las relaciones entre la administración y el ciudadano (o “administrado” para usar la odiosa expresión que enhorabuena intenta erra -dicar la Ley 1437), no parece lo más atinado.

Sería prudente evaluar la con -veniencia de aplicar categorías predominantes en el Derecho Administrativo y estudiar me-canismos que se acompasen más a las relaciones de con-sumo, centrados en la parte débil del contrato de adhesión, todo en el marco de lo que he-mos llamado de tiempo atrás la “Constitución económica de los servicios públicos” tan íntima-

mente atada a las nalidades sociales del Estado.

Ahora, el modelo neocapitalis-ta adoptado en por la Carta de 1991, revelador de una econo-mía social del mercado institu -yó todo un régimen especial de protección al consumidor en punto del precio: el esquema de subsidios, contribuciones y estraticación. Un diseño nor-mativo racional, que si bien

reconoce que se trata de “bie -nes meritorios” en tanto están atados a la solución de necesi -dades básicas insatisfechas, no pueden llegar a ser suministra -dos en forma gratuita como si se tratase de una función admi -nistrativa a cargo del Estado. La distorsión judicial, animada insistimos en buenas intencio -nes, podría llegar a ser la cau -sa eciente de sustitución del

Sería prudente evaluar la conveniencia de aplicar categorías predominantes en el Derecho Administrativo y estudiar meca-nismos que se acompasen más a las rela-ciones de consumo

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modelo de operación por la in -constitucional vía de regresar veladamente a uno ya supera-do que mostró sus deciencias estructurales: el monopólico estatal.

La racionalidad de las medidas perladas por el Constituyente en materia de subsidios se an-ticipó en años a las reglas de sostenibilidad scal de moda ahora en el constitucionalis-mo contemporáneo: Un diseño constitucional con “visión fu -turista” como lo anticiparon los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente7.

Sería bueno echar un vistazo a lo que está sucediendo en Eu -ropa y la crisis de su “Estado del Bienestar”. La indignación de las masas sólo se explica en que no se admite que el Estado no pueda proveer lo que qui-zás nunca debió haber asumido como función suya: la felicidad de las personas. Si no lo hace-mos, estaremos no sólo ante el desvanecimiento del concepto de servicio público a la colom -biana (lo cual de por sí debería llamar a la reexión) sino, más

grave aún, ante la inminente del desmoronamiento de todo un modelo de Estado: ¿una primavera a la colombiana en cierne?

7. Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta N° 53 de 18 de abril de 1991, pp. 2 y ss.

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El análisis económico del derecho

aplicado a los servicios públicos

domiciliarios y las tic

1Alain Bossuet Niño RiañoCon la colaboración de: Julio Cesar del Valle y Mario Andrés Pinzón Camargo

El presente documento es un preámbulo que muestra el ob-jetivo del estudio que próxi-mamente será publicado en su totalidad por la Asociación Nacional de Empresas de Ser-vicios Públicos y Comunica-ciones -ANDESCo -, sobre los efectos que desde la perspec-tiva del “Análisis Económico del Derecho” pueden generar las decisiones judiciales en materia de Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunica-ciones. El trabajo se organiza en dos bloques: El primero de ellos relacionado con los retos del “Análisis Económico del De-recho” y la Corte Constitucio-nal; el segundo corresponde a algunas reexiones sobre los efectos que bajo el análisis de

la gura se generan, respecto de algunas providencias anali-zadas en el documento2.

El estudio se inicia deniendo el concepto de “Análisis Eco-nómico del Derecho”, hacien-do un rastreo histórico de la gura y de las vertientes que lo han nutrido e inuenciado; esto es la Escuela Tradicional, la Escuela de la Nueva Eco-nomía Institucional (NEI) y la Escuela de la Elección Pública o Public Choice. Posteriormen-te, se analiza su llegada a Co-lombia de la mano del Derecho

1. Abogado consultor experto en Servicios Públi-cos y Tecnologías de la Información y las Comuni-caciones.

2. Concretamente la Sentencia T-925 de 2012 (derecho al agua y sujetos de especial protección) y Sentencia T-1077 de 2012 (sujetos de especial protección constitucional y principio de precau-ción: El caso de las antenas de telefonía celular y los menores enfermos de cáncer).

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Administrativo, contemplando además los aspectos metodoló-gicos para poder analizar los fallos especícos.

A partir de lo anterior, se de-termina que el “Análisis Econó-mico del Derecho” se convierte en una de tantas metodologías para el estudio e interpreta-ción del Derecho, que se carac-teriza por hacer parte de un conjunto de visiones denidas como deontológicas integra-das, lo cual implica tener en cuenta tanto el deber ser de la norma o la sentencia como los efectos que estos dos generan en el comportamiento de los individuos al momento de ser implementados. Adicionalmen-te el “Análisis Económico del Derecho” no sólo se preocupa de los efectos de primer nivel, también presta atención a los

efectos de segundo nivel que se derivan dependiendo de la forma como se construyan o redenan los diferentes arre-glos institucionales.

El texto pretende además de-mostrar que uno de los grandes retos para el “Análisis Económi-co del Derecho” es lograr dejar atrás su estereotipo ecientista, propio de la Escuela de Chica-go, y presentar el amplio es-pectro de alternativas que en él conuyen de manera tal que se logre romper el sesgo de repre-sentatividad que sobre esta me-todología tienen las diferentes cortes del país, particularmente la Corte Constitucional. Por su parte, el reto que se le propo-ne a la Corte Constitucional es que, independientemente que acuda o no al “Análisis Econó-mico del Derecho”, surge la ne-

el reto que se le propone a la Corte Cons-titucional es que, independientemente que acuda o no al “Análisis Económico del Derecho”, surge la necesidad de exa-minar los efectos multidimensionales a los que su fallos da lugar.

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cesidad de examinar los efectos multidimensionales a los que su fallos da lugar. Esto último implica buscar alternativas para garantizar el equilibrio entre principios como los que hacen parte de la economía social de mercado, libertad e igualdad.

No obstante, el trabajo no cues-tiona la necesidad de garantizar la protección de derechos fun-damentales o principios consti-tucionales, que visto en relación con los casos analizados se pue-de concretar en el amparo a su-jetos de especial protección. Sin embargo, se presentan varios reparos respecto de los medios a través de los cuales se debe garantizar su protección. Esto último en cuanto que este tipo de decisiones genera incentivos para que quienes no teniendo la categoría en mención, se bene-

cien de la protección otorga-da a terceros, implicando un desequilibrio evidente entre las nociones de equidad y solidari-dad sobre las cuales subyace la prestación de los servicios pú-blicos asociados a las sentencias estudiadas.

Una lectura, un poco más téc-nica sugiere que al no discri-minar entre sujetos de especial protección y aquellos que no lo son respecto del acceso a un determinado servicio (agua o luz) provocan incentivos para la aparición de free riders. Esto muestra en los casos analiza-dos, que se pueden generar con-ductas tales como que los ho-gares incorporen un sujeto de especial protección como forma para invocar los fallos de la Cor-te, por cuanto la manera en que fueron denidas las providen-

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Una lectura, un poco más técnica sugie-re que al no discriminar entre sujetos de especial protección y aquellos que no lo son respecto del acceso a un determinado servicio (agua o luz) provocan incentivos para la aparición de free riders

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3. Algunas preguntas que se deberían responder para cuanticar el costo en el que se debe incu-rrir para garantizar el acceso a los servicios en los términos denidos por la Corte son: ¿cómo se podrá determinar cuántas personas son objeto de especial protección?, ¿cómo determinar cuán-tos sujetos de especial protección viven en cada hogar teniendo en cuenta las diferencias proba-torias que se derivan del sistemas de SISBEN I y II?, lo anterior para determinar la cantidad del recurso a garantizar; ¿qué pasaría si una pobla-ción entera se niega a pagar el servicio de acue-ducto?, ¿debería entonces garantizarse su acceso en desarrollo de su interpretación como derecho fundamental?

4. Esto expresado a la luz de las ideas de John Rawls, respecto de dotaciones naturales y mate-riales que propone en su libro Teoría de la justicia (Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2002).

cias objeto de estudio convierte a estos servicios en bienes pú-blicos desde la mirilla de la teo-ría económica, particularmente en el caso de acceso al agua y energía eléctrica. Lo anterior, al amparo de la teoría económica, hace que sea imposible o muy

3costoso para el prestador del servicio excluir o rivalizar en el consumo de estos servicios, por tratarse, se reitera, de bienes públicos, según el alcance dado por la Corte en tales fallos.

En este orden, lo que se propo-ne es buscar alternativas técni-cas por medio de las cuales se logre de una parte el amparo de los derechos de los sujetos de especial protección y, de otra, la exclusión de quienes para su fortuna cuentan con las do-taciones naturales4 sucientes para procurar el acceso a estos bienes y coadyuvar así a garan-tizar el principio de solidaridad de la prestación de estos servi-cios, tal y como se menciona en la Sentencia C – 150 de 2003.

Se menciona también que per-der de vista lo anterior implica desconocer los efectos de se-

gundo nivel que generan los fallos, originando una evidente vulneración del principio de libertad económica de los pres-tadores del servicio, al poner sobre ellos una carga desmedi-da o inequitativa, así como el desconocimiento de su interés legítimo de obtener algún tipo de ganancias que no resulta incompatible en todo caso con el modelo de economía social de mercado.

Adicionalmente y respecto de las situaciones que proponen los fallos analizados, se advier-te que la falta de generación de estrategias alternativas para

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la provisión de este tipo de ser-vicios para sujetos de especial protección, se congurará en un fuerte incentivo para disua-dir la inversión para el mejora-miento del sector de servicios públicos domiciliarios y de TIC. Lo anterior lleva a dejar en ma-nos de prestadores públicos la obligación de aumentar niveles de cobertura, implementar nue-vas tecnologías y en general de efectuar las inversiones vitales para garantizar la prestación de los servicios públicos, lo cual en últimas se puede traducir en una eliminación de las condicio-nes para que exista un mercado competitivo, con lo cual se es-taría dando un claro y evidente viraje hacia el pasado, adoptan-do el modelo que se encontraba antes de la Constitución de 1991 y de la adopción de la Ley 142 de 1994 y 1341 de 2009, lo cual implicaría un claro retroceso en el desarrollo de estos sectores.

Sobre este punto, la reexión no sólo obedece al desconocimien-to del modelo de prestación de servicios públicos, adoptado en la Carta Política de 1991, sino al desconocimiento de la limita-

ción de recursos con que cuenta el Estado colombiano, y la afec-tación de otras prioridades de inversión que llevaría a conic-tos de derechos respecto de la garantía de éstos en otros esce-narios.

Finalmente, puede sugerirse que la existencia de sujetos de especial protección en una co-munidad se congura en las “cartas de triunfo” de las que hablaba Ronald Myles Dwor-kin, y con las cuales se puede bloquear el interés general, o si se preere la maximización del bienestar general5, por lo que resulta imperativo denir los mecanismos a través de los cua-les se logre amparar a los suje-tos de especial protección, pero sin que ello genere incentivos para el comportamiento oportu-nista de quienes no se encuen-tran dentro de esta categoría.

5. Lamprea, 2006, páginas 80 - 81

Galería

Fotográca

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La Asociación Nacional de Em-presas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCo, en el marco de su actividad de ges-tión del conocimiento, adelantó durante el primer semestre del 2013, una serie de jornadas de actualización en diferentes te-mas, dirigidas a los sectores de los servicios públicos y las Tec-nologías de la Información y las

III Seminario de Eciencia Ener

Comunicaciones. -

gética : -

En esta tercera versión del Seminario de Eciencia Energé-tica, Andesco contó con el apo-yo de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. El evento se realizó el 19 y 20 de febrero en el Hotel Sheraton de Bogotá y asistieron más 150 personas de empresas de servi-cios públicos y de otros sectores interesados en este tema.

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¿Están las Empresas de Servi-cios Públicos actualizadas con las adopciones tecnológicas que requieren?

En alianza con la rma Moto -rola, Andesco realizó este even -to el 24 de abril en el Hotel Windsor House de Bogotá, con

una asistencia de 97 personas. Motorola ha querido acercar -se a las empresas de servicios públicos y TIC mostrando las posibilidades tecnológicas que se pueden implementar para el desarrollo empresarial.

GALERÍA

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Curso Especial de Elaboración de Informes bajo la Metodología del Global Reporting Iniciative, GRI.

Andesco como la visión de la Responsabilidad Social Empresarial, desde el 2009 viene realizando este Curso Especial en alianza con la rma PwC Chile, quie-nes pueden certicar GRI en Latinoamérica. Con una asistencia de 32 personas, el curso se llevó a cabo en el Hotel Blue Suites el pasado 6, 7 y 8 de mayo de 2013

GALERÍA

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Utilización de Biogas de Rellenos Sanitarios

El pasado 15 de mayo la rma Global Methane Iniciative realizó nue-vamente el Taller de la Utilización de Biogas de Rellenos Sanitarios, evento que convoca los sectores de gas y aseo de Andesco. Con una asistencia de 66 perso-nas el evento se llevó a cabo en el Hotel Bogotá Plaza de Bogotá.

GALERÍA

Convergencia a NIFF en Servicios Públicos TIC Y TV

El pasado 23 y 24 de Mayo , Andesco reali-zó la actualización en Convergencia a las Normas Internacio-nales de Contabilidad únicamente para em-presas de servicios públicos, TIC y TV. El evento contó con una asistencia de 145 personas y se llevó a

cabo en los auditorios de la Cá-mara de Comercio de Bogotá.

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Primera Jornada de Ciberseguridad Industrial de Lati-noamérica.

En el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Andesco realizó una alianza con la rma española S2 Grupo, de gran trayectoria a nivel

internacional en el tema de Ciberseguridad. El evento se llevó a cabo en el Hotel Capital de Bogotá el pasado 28 de mayo con una asistencia de 80 personas. Este evento se extendió a otros sectores como Ministerio de Defensa, Policía Nacional, sector bancario, en-tre otros.

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José Miguel Rosell, Socio Director S2 Grupo

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Asamblea de Andesco

Durante la Asamblea Anual de Andesco, se contó con la conferencia “ Cómo obtener usuarios y clientes satisfechos” del experto en ser-vicio al cliente, Gabriel Vallejo. La Asamblea que se llevó a cabo en las Instalaciones del Gun Club de Bogotá, a la cual fueron invitados funcionarios del Gobierno Nacional relacionados con los servicios Públicos y las TIC.

Andesco además había realizado un Semanario se Servicio al Clien-te, con este reconocido experto y con la participación de casos es-peciales dirigidos al sector de los servicios públicos y las TIC.

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Gabriel Vallejo, experto en servi-cio al cliente

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