Resumen Dcho Proc Administrativo Licari (1)

Lisandro Lcari - Ao 2009

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Derecho procesal administrativo

Unidad N 1: Proteccin de derechos e intereses. Procedimiento administrativo

1) Procedimiento administrativo: concepto:

El procedimiento administrativo es el conjunto de normas y principios, tanto de

carcter adjetivo formal cuanto sustantivo material, en virtud del cual se fijan los

trminos de la interactuacin Administracin-administrado, dentro de la relacin

jurdica-administrativa, posibilitando por parte del Estado, a travs de sus rganos, el

ejercicio de la funcin administrativa dentro del marco de legalidad, y asegurando para

el administrado el modo de satisfaccin de sus necesidades y la defensa de sus derechos

e intereses.

El procedimiento administrativo resulta ser un conjunto normativo

multidimensional, susceptible de ser apreciado desde distintos puntos de vista: como

habilitacin del ejercicio del poder, como regulador del mismo, como conducto jurdico

de la actuacin administrativa, como encuadre de la relacin administracin-

administrado.

El procedimiento es el encauce propio de la funcin administrativa, por lo que

los actos que pueden llevarse a cabo de acuerdo al mismo no reviste en forma alguna

naturaleza jurisdiccional. Quien dirige el procedimiento no es un juez imparcial, sino la

propia administracin que resulta siempre parte interesada en las cuestiones que se

suscitan con motivo de su propia actividad.

Desde un punto de vista procesal, el procedimiento administrativo es la etapa

previa al proceso administrativo. Los objetivos del procedimiento, en cuanto etapa

necesaria para el agotamiento de la va administrativa son:

1. producir una etapa conciliatoria anterior al juicio.

2. Dar a la administracin la posibilidad de revisar el acto y corregir algn error.

3. Promover el control de legitimidad y conveniencia de los actos de los rganos

inferiores.

4. Facilitar la tarea tribunalicia, al llevar ante los jueces una situacin

contenciosa ya planteada.

5. Permitir una mejor defensa del inters pblico1.

2) Diferencia entre procedimiento y proceso administrativo:

No debemos confundir procedimiento administrativo con proceso

administrativo. Si bien ambos tienen en comn que consisten en una serie o sucesin de

actos, reconocen diferencias fundamentales.

Procedimiento administrativo Proceso administrativo El procedimiento administrativo es cauce

de la funcin administrativa

El proceso administrativo es cauce de la

funcin jurisdiccional.

El procedimiento se inicia de oficio o a

peticin de parte, transita ante un rgano

administrativo que no es estructuralmente

parcial, y culmina con el dictado de un

acto administrativo por parte de un

El proceso administrativo se inicia a partir

de una demanda judicial, se desarrolla

ante un rgano imparcial que constituye

un poder del Estado, culmina con un acto

jurdico llamado sentencia, y a su vez,

1 CSJN en autos Gaspari y Cia S.A


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funcionario de la propia administracin.

El procedimiento administrativo y el acto

administrativo, puede a su vez ser

controlado por el Poder Judicial, lo cual

obedece a que la funcin administrativa es

subjudicial.

tiene como caracterstica fundamental que

una vez firme la decisin all recada

tiene fuerza de verdad legal.

En el procedimiento administrativo no

rige el principio de la preclusin,

admitindose el informalismo como

criterio rector en la sustanciacin de los

trmites procesales.

El proceso jurisdiccional se encuentra

basado en el principio de la preclusin,

apareciendo como etapas que una vez

cumplidas no pueden reabrirse ni por el

juez ni por las partes.

En el procedimiento administrativo como

regla general la cosa juzgada no es

inmutable, ya que sin perjuicio de la

estabilidad que posee el acto en sede

administrativa, la decisin final puede ser

revocada a favor del administrado, o

incluso en contra del mismo.

La institucin de la cosa juzgada le

atribuye a la sentencia una inmutabilidad

prcticamente absoluta.

El procedimiento tiene la finalidad de

aplicar no solo el orden jurdico

garantizando los derechos e intereses de

los administrados, sino que esencialmente

pretende salvaguardar el inters pblico.

El objeto fundamental es dirimir una

controversia entre partes por una

autoridad imparcial e independiente

aplicando el derecho correspondiente.

3) Reglas constitucionales que enmarcan el procedimiento administrativo.

Caracteres y principios constitucionalizados:

El artculo 176 de la Constitucin de Crdoba expresa: La Administracin

Provincial y Municipal sujeta su actuacin a la determinacin oficiosa de la verdad, con

celeridad, economa, sencillez en su trmite, determinacin de plazos para expedirse y

participacin de quienes puedan verse afectados en sus intereses, mediante

procedimiento pblico e informal para los administrados.

De la expresin mediante procedimiento se deriva que el mismo es la va

procesalmente consagrada para determinar la verdad en las relaciones administrativas,

que resulta el objetivo primero del procedimiento.

La verdad a que hace referencia el texto constitucional, resulta ser la de carcter

material, por necesaria congruencia con el papel que se le impone a la administracin.

4) Principios del procedimiento:

1. Sustanciales:

Son los que emanan del derecho natural y han sido receptados por nuestra

constitucin. De ah se han proyectado al derecho administrativo como principios

generales que no son exclusivos del derecho constitucional. Los principios sustanciales

son:

a) Principio de legalidad: Su base es el artculo 19 de la CN y su concordancia

con los artculos 16, 17 y 18. Supone que toda actividad de la administracin debe:


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I) tener un fundamento normativo;

II) que las normas deben aplicarse en su totalidad, respetando siempre el nivel de

supremaca determinado por la Constitucin;

III) que la administracin debe obrar con igualdad jurdica, de acuerdo a

patrones generales, no negando a unos lo que da a otros en semejanza de condiciones.

Tambin el principio de legalidad se encuentra en el artculo 12 de la LNPA que

dispone: El acto administrativo goza de presuncin de legitimidad; su fuerza ejecutoria

faculta a la Administracin a ponerlo en prctica por sus propios medios -a menos que

la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervencin judicial- e impide que los

recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecucin y efectos, salvo que

una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administracin podr, de

oficio o a pedido de parte y mediante resolucin fundada, suspender la ejecucin por

razones de inters pblico, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se

alegare fundadamente una nulidad absoluta.

b) Principio de defensa: Comprende los derechos a:

I) Ser odo antes de decidir;

II) Producir prueba respecto de sus afirmaciones;

III) Obtener una decisin fundada.

c) Principio de gratuidad: No existe condena en costa en el procedimiento

administrativo. Tal particularidad es una derivacin de la participacin posible e

igualitaria, como valla para impedir que, por va de la imposicin tributaria, la

administracin ponga traba al acceso ciudadano a este procedimiento.

d) Principio de proporcionalidad justicia: Resulta de los artculos 28 y 99 inc

2 de la CN. Desde un punto de vista administrativo, impone la razonabilidad de medios

a fines respecto de la actuacin administrativa. Se ha sostenido tambin que la ausencia

de proporcionalita implica un vicio de irracionabilidad respecto del acto administrativo

que lo invalida.

2. Formales:

Los principios formales resultan ser pautas procesales esenciales como

principio- y complementarias, que coadyuvan al cumplimiento de los principios

sustanciales. Los principios formales son:

a) Principio de oficialidad: La actuacin de la Administracin no se halla

sujeta a las peticiones o impulsin de parte de los administrados. Acta por si de haber

intereses pblicos comprometidos.

b) Principio de naturaleza pblica del procedimiento: Este principio de

aplica en cuanto al acceso de las actuaciones, no as respecto de las posibilidades de

actuacin en el mismo, que estn sujetas al requisito de una potencial afectacin.

Esto es una necesaria consecuencia de la publicidad de los actos estatales,

carcter intrnseco del sistema republicano que nos rige.

c) Principio de informalismo a favor del administrado: Frente al judicial, el

procedimiento administrativo puede caracterizarse por su sencillez, lo que le permite

prescindir de ritualidades innecesarias, en aras de la celeridad, economa y ausencia de

entorpecimientos,


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d) Principio de celeridad: Supone la articulacin en el procedimiento de

normas que impiden la prolongacin de los plazos y elimina los trmites superfluos o

innecesarios para el esclarecimiento de la verdad formal.

e) Principio de economa: Es una aplicacin del principio de economa de la

actividad administrativa del Estado.

f) Principio de sencillez del trmite

g) Principio de determinacin de los plazos para expedirse: Este principio es

consecuencia del principio de celeridad. Surge asimismo del artculo 19, inc. 9 de la

constitucin provincial.

i) Principio de participacin del afectado: La participacin de los interesados

que puedan ver afectados sus intereses guarda relacin, tanto con la garanta de defensa

y el debido procedimiento administrativo como del principio democrtico de gobierno

(artculo 1 de la C de Crdoba), que supone la participacin del pueblo en el gobierno

por los mecanismos legalmente establecido, siendo este uno de tales casos.

Unidad N 2: Procedimiento especial de seleccin del contratista de la administracin

1) Introduccin:

El contrato administrativo es una especie dentro del genero contrato, cuya

especificidad est dada por la singularidad de sus elementos, caracteres y efectos; en

suma, por su rgimen jurdico. Se caracteriza por elementos especiales, tales como que

una de las partes intervinientes es una persona jurdica estatal, que su objeto est

constituido por un fin pblico, y lleva insertas implcita o explcitamente clusulas

exorbitantes del derecho privado.

En la contratacin administrativa es frecuente que el ordenamiento jurdico

positivo obligue observar ciertas normas o procedimientos de seleccin, a fin de

asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato y evitar toda sospecha de

inmoralidad en la respectiva contratacin.

Los procedimientos de contratacin administrativa son procedimientos

administrativos especiales. Entre ellos podemos mencionar:

1. Licitacin pblica

2. Licitacin privada

3. Contratacin directa

4. Concurso directo

5. Subasta

2) Fundamento legal de los procedimientos administrativos de seleccin:

Al fundamento legal de los procedimientos administrativos de seleccin lo

encontramos en:

1. El artculo 74 de la C de Crdoba: La enajenacin de los bienes de la Provincia o de los municipios se hace en los trminos que determinen las leyes u

ordenanzas.


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Toda contratacin del Estado Provincial o de los municipios se efecta segn sus leyes

u ordenanzas especficas en la materia, mediante el procedimiento de seleccin.

2. El artculo 106 de la ley 7631: Toda contratacin del Estado Provincial se efectuar mediante el procedimiento de seleccin, la que podr realizarse

mediante los mecanismos de Licitacin, concurso de precios, contratacin directa o

subasta.

3) Principios bsicos de los procedimientos administrativos de seleccin:

Principio Artculo Consiste Publicidad 107 Los avisos de licitaciones y subastas se harn

obligatoriamente en el BOLETIN OFICIAL de la

provincia, sin perjuicio de utilizar otros medios de

difusin y de acuerdo a lo que disponga la Ley

Normativa de Ejecucin del Presupuesto.

Igualdad de los

posibles

oferentes

108 En todas las contrataciones se deber asegurar la

igualdad de los posibles oferentes, la defensa de los

intereses colectivos y de la hacienda pblica provincial,

as como la responsabilidad inherentes de los

funcionarios que intervengan

Defensa de

intereses

colectivos y de

la hacienda

pblica



intereses colectivos y de la hacienda pblica

provincial, as como la responsabilidad inherentes de

los funcionarios que intervengan

Responsabilidad

inherente a los

funcionarios

que intervienen



intereses colectivos y de la hacienda pblica provincial,

as como la responsabilidad inherentes de los

funcionarios que intervengan

4) Los procedimientos de seleccin en particular:

Licitacin pblica:

Concepto: Es el procedimiento por el cual, mediante una convocatoria o

llamado a los eventuales interesados para que formulen sus propuestas con arreglo a un

pliego de condiciones, la Administracin procede a elegir o aceptar la que resulte ms

conveniente.

Naturaleza de la licitacin pblica: Una corriente entiende que se refiere a la

competencia de los rganos administrativos; pero la predominante es a la que adhiere

Scola quien sostiene que hace a la forma del accionar administrativo, o sea, que es un

procedimiento.

Objetivos: Estn sentados en el artculo 108 de la ley 7631 que dispone: En

todas las contrataciones se deber asegurar la igualdad de los posibles oferentes, la


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defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pblica provincial, as como la

responsabilidad inherentes de los funcionarios que intervengan.

Principios fundamentales:

1. Oposicin o concurrencia: Este principio tiene por objeto afianzar la

posibilidad de oposicin entre los interesados en la futura contratacin, e implica la

prohibicin, para la Administracin, de imponer condiciones restrictivas para la

admisin al concurso. No obstante este principio no es absoluto, puesto que la

normativa jurdica impone ciertas limitaciones a fin de asegurar la seleccin de un

contratista idneo. Por tal motivo, los pliegos de base y condiciones pueden exigir

determinados recaudos de capacidad tcnica y de solvencia econmica-financiera, sin

perjuicio de las dems restricciones respecto de quienes se encuentran imposibilitados

de contratar con la Administracin.

2. Igualdad entre los oferentes: Implica que los oferentes que concurran a la

seleccin deben tener iguales posibilidades en la adjudicacin del objeto del futuro

contrato. Tambin exige que todos los oferentes se encuentren en la misma situacin,

contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idnticas.

3. Publicidad del proceso: La publicidad del procedimiento licitatorio significa

su toma de conocimiento por parte del mayor nmero de interesados, ampliando as su

concurrencia y competencia. Tambin implica que durante el desarrollo del

procedimiento la licitacin debe efectuarse en forma pblica. Este principio tiene por

objeto garantizar la transparencia de la actividad administrativa pblica, de manera de

posibilitar a todos el pleno conocimiento de sus actos.

Este principio se encuentra plasmado fundamentalmente en tres momentos

distintos:

a) Desde el llamado a licitacin hasta la apertura de las ofertas, debiendo la

Administracin dar suficiente publicidad de todas las modificaciones y/o aclaraciones

que, de oficio o a peticin de parte, efecte la Administracin respecto de los pliegos

generales y particulares.

b) Desde la apertura de las ofertas hasta la formalizacin del contrato, etapa

donde la publicidad se manifiesta en el libre e irrestricto acceso de los oferentes a las

propuestas de sus competidores, lo dictmenes de los diversos rganos intervinientes,

etc.

c) Desde la formalizacin contractual hasta la conclusin del mismo, periodo en

el cual toda modificacin contractual debe tener una profusa publicidad para que tanto

los oferentes no adjudicatarios como el defensor del pueblo y los usuarios tengan la

posibilidad de obtener una acabada informacin sobre el destino y cumplimiento del

contrato original.

Caracteres:

1. Falta de limitacin en el nmero de licitantes (procedimiento abierto).

2. Procede cuando su realizacin est impuesta por el ordenamiento jurdico.

Etapas:

Preparacin Aprobacin de los Presentacin Apertura y Adjudicacin

de los pliegos y de propuesta anlisis de

pliegos llamado a propuestas


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licitacin

1) Preparacin de los pliegos:

Consiste: Los pliegos son el conjunto de clusulas formuladas unilateralmente

por la administracin.

Los pliegos tienen un costo, ya que generalmente no se entregan gratuitamente.

Si alguna de las clusulas que contiene el pliego perjudica a algn particular, ya sea

porque considera que es un llamado a licitacin dirigido de antemano, o que tiene

clusulas discriminatorias, que atentan contra el principio de participacin, el afectado

podr impugnarlas, acreditando haber adquirido el pliego y alegado cual es la clusula

que impugna y porqu lo afecta.

Existen tres clases de pliegos, a saber:

1. Pliegos de condiciones generales: Contienen el conjunto de disposiciones aplicables a los contratos de una misma categora. Estos pliegos contienen

habitualmente las especificaciones bsicas de todo procedimiento licitatorio tales como:

a) Las garantas de la oferta y ejecucin.

b) La forma de adjudicacin.

c) Subcontratacin.

d) Sanciones.

e) Etc.

2. Pliegos de bases y condiciones especiales: Los pliegos particulares se preparan y aprueban para cada licitacin en particular, y especifican de manera concreta

la contratacin. Regulan aspectos tales como:

a) Presupuesto oficial.

b) Capacidad econmica y operativa de los oferentes

c) Plazos

d) Formas de pago

e) Plazo de mantenimiento de la oferta

f) Lugar, da y hora de apertura de sobres.

3. Pliego tcnico: Contiene las especificaciones tcnicas referentes a los materiales, estructuras, ensayos de laboratorio, etc. destinados a los profesionales

tcnicos.

Naturaleza: La CSJN en el fallo recado en la causa Espacio asign

expresamente carcter de reglamentos a las previsiones de los pliegos de condiciones

generales.

Por su parte, Gordillo entiende que los pliegos son conjunto de disposiciones

reglamentarias de carcter minucioso destinado a regir el contrato.

Dorm distingue entre el pliego de condiciones generales y el pliego de

condiciones especiales. El primero de ellos es para el autor un reglamento

administrativo; este obliga tanto al licitante como al oferente y la relacin entre ellos no

es contractual sino reglamentaria. El pliego de condiciones especiales, por su parte,

preparado para un contrato determinado y con efectos individuales respecto de los

oferentes que se presentan, reviste naturaleza de acto administrativo.

Cassagne plantea que los pliegos de bases y condiciones poseen una peculiar

condicin jurdica, que a su entender resulta ser variada y progresiva. Sostiene que la

naturaleza jurdica de los pliegos va cambiando progresivamente en cada etapa del

proceso de seleccin y durante la ejecucin del contrato. Expresa que:


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a) Antes de la publicidad, los pliegos no operan efectos jurdicos directos en la

esfera de los particulares interesados, por lo que permanecen como actos internos de la

administracin.

b) Una vez que han cobrado publicidad, asumen una condicin normativa, hasta

el momento de la presentacin de las ofertas.

c) A partir de all y hasta la adjudicacin, los pliegos no pierden su carcter

normativo aunque poseen un rgimen peculiar que, en principio, excluye la posibilidad

de modificar las reglas de juego sobre las cuales los oferentes formularon sus

propuestas, salvo para permitir la subsanacin de recaudos formales.

d) Al producirse la adjudicacin y durante toda la etapa de ejecucin integran la

relacin contractual.

2) Aprobacin de los pliegos y llamado a licitacin:

Los pliegos son aprobados por decreto del Gobernador o Resolucin

Ministerial, aunque es ms frecuente la primera de las formas. Este decreto o

Resolucin aprueba el pliego y ordena al llamado a licitacin.

El llamado es la invitacin al pblico para que se presenten ofertas con el fin de

contratar con la administracin.

3) Presentacin de las propuestas:

La oferta consiste en una declaracin de voluntad del particular, que tiene por fin

un doble efecto. Por un lado que lo admitan en el proceso de seleccin invocado y por el

otro que se considere sus propuestas a fin de que se cree el vnculo contractual.

Quienes presentan la oferta tienen un inters legtimo.

La oferta de acuerdo a lo que se disponga en el pliego- se puede presentar en un

solo sobre, en el que se incorporarn los antecedentes tcnicos, empresarios y dems

requisitos que se exijan como antecedentes, as como la propuesta econmica. Puede

suceder que el pliego disponga que la oferta se har en dos sobre; en el primero se

incorporarn antecedentes tcnicos, empresarios, nomina del personal, etc., y en el

segundo la propuesta econmica.

La presentacin a la seleccin implica el pleno conocimiento y aceptacin de las

condiciones que rigen la misma.

En las selecciones, los proponentes debern constituir garantas de sus ofertas y

acompaar junto con la oferta la constancia que acredite haber cumplido con este

requisito. nicamente pueden exceptuarse del requisito de constituir garantas los

organismos pblicos.

4) Apertura y anlisis de las propuestas (comisin de preadjudicacin):

Luego de la presentacin de las ofertas las mismas son estudiadas por los

rganos consultivos de la administracin que se denominan comisin de

preadjudicacin a los fines de llegar a la ms conveniente. Esta tarea recibe el nombre

de adjudicacin provisional o preadjudicacin.

La preadjudicacin consiste en un asesoramiento contenido en un dictamen,

producido por la comisin de preadjudicacin, dirigido al rgano administrativo que

tendr a su cargo la adjudicacin. Se trata de un acto de la Administracin preparatorio

de la voluntad contractual que no obliga al organismo licitante a adquirir lo que la


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Comisin de Preadjudicacin ha aconsejado ni tampoco al oferente a entregar esas

mercaderas hasta su adjudicacin.

La ley cordobesa establece que las preadjudicaciones debern ser comunicadas a

los interesados y anunciadas durante dos das como mnimo en lugares visibles del local

del organismo licitante al cual tenga acceso el pblico.

Dentro del plazo que se fije en las clusulas particulares, los oferentes podrn

formular impugnacin fundada a la preadjudicacin. Este plazo empezar a contarse

desde el vencimiento del trmino fijado para los anuncios.

Las impugnaciones son resueltas por la autoridad competente para aprobar la

contratacin, previo a la adjudicacin. Para presentar impugnacin el interesado debe

constituir un depsito de garanta del 1% (uno por ciento) del valor del o de los

renglones impugnados.

5) Adjudicacin:

Finalizada la preadjudicacin se dicta el acto administrativo que determina,

reconoce, declara y acepta la propuesta ms ventajosa concluyendo as el procedimiento

de seleccin.

La adjudicacin recae en favor de la propuesta ms ventajosa y consiste en el

acto administrativo que decide cual es la oferta ms conveniente, manifestando de este

modo la Administracin su voluntad de contratar.

La adjudicacin se realiza por medio de un decreto del Gobernador. Este decreto

puede recurrirse.

Con la adjudicacin, el adjudicatario adquiere el derecho subjetivo de

convertirse en contratista de la administracin en las condiciones establecidas en los

pliegos de licitacin.

La adjudicacin debe ser comunicada al interesado por carta certificada remitida

dentro de los 7 das de acordada, mediante orden de compra, provisin o venta y

excepcionalmente en cualquier otra forma documentada, constituyendo esa

comunicacin la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones

estipuladas.

Vencido dicho plazo sin que se hubiere efectuado la comunicacin, el interesado

podr requerirla por cualquier medio fehaciente.

La adjudicacin debe recaer sobre la oferta ms ventajosa. Por regla general

debe tenerse en cuenta, adems del precio, la calidad, la idoneidad del oferente y dems

condiciones de la oferta. La oferta ms conveniente no necesariamente es la de menor

precio, ya que a veces las normas reglamentarias establecen que la reparticin licitante

podr preferir, frente a propuestas ms baratas, otra de las presentadas cuyo titular

ofrezca mayores garantas para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la

adjudicacin, siempre que el mayor valor no exceda el 2 o 3%, segn sea el objeto de la

licitacin.

Licitacin privada:

La licitacin privada consiste en un procedimiento en el que intervienen como

oferentes slo las personas o empresas expresamente invitadas por la Administracin,

prescindindose de este modo de la publicidad que rige para la licitacin pblica. Sin

embargo, los distintos regmenes jurdicos establecen como requisito de validez de la

licitacin privada la exigencia de que la invitacin sea formulada a no menos de un

cierto nmero de potenciales oferentes. En este sentido, la ley cordobesa establece que


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para las licitaciones privadas se invitar a la totalidad de los posibles oferentes

inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado. Si hubiera menos de tres firmas

inscriptas, se invitar a stas y a los posibles oferentes de acuerdo con las informaciones

que se dispongan

En la licitacin privada se aplican los principios y normas de la licitacin

pblica, en forma supletoria salvo en lo atinente al llamado a licitacin ya que en la

licitacin pblica hay llamado y en la privada invitacin.

Contratacin directa:

Podemos decir que hay contratacin directa cuando se efecta la seleccin del

co-cotratante sin las formalidades establecidas para los restantes procedimientos de

seleccin.

La contratacin directa es un procedimiento excepcional, ya que la regla es la

libre concurrencia y la puja de oferentes. En general este procedimiento ha sido reglado

por el ordenamiento jurdico para supuestos tales como:

1. Cuando el monto de la operacin no exceda el lmite fijado por la ley

normativa de ejecucin del presupuesto.

2. Cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas no pueda

esperarse, sin perjuicio de la funcin o servicios pblicos, un llamado a licitacin o

concurso de precios.

3. Cuando hubiera sido declarada desierta una licitacin o no se hubiesen

presentado ofertas admisibles o convenientes.

4. Cuando no hubiesen proponentes o las propuestas fuesen inaceptables,

despus de un segundo llamado a concurso de precios.

5. Cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que slo puedan

confiarse a artistas o especialistas.

6. Cuando se trate de productos fabricados o servicios prestados o distribuidos

exclusivamente por determinada persona o entidad o que tengan un poseedor nico,

siempre que no hubiera sustitutos convenientes.

7. Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se

mantengan secretas.

8. Cuando medien razones de seguridad.

Concurso de precios:

El concurso de precios consiste en solicitar cotizaciones por escrito,

efectundose la adjudicacin, frente a dos propuestas concretas por lo menos, a la ms

conveniente.

En los concursos de precios se invita a por lo menos tres firmas del ramo,

inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado. En caso que el nmero de inscriptos

en el ramo sea superior a tres, dicha invitacin se debe efectuar en forma rotativa. Si el

nmero de inscriptos fuese menor a tres, se procede a ampliar la invitacin a firmas del

ramo no inscriptas.

No obtenindose para el concurso de precios, en el primer llamado dos

propuestas admisibles por lo menos, se proceder a un segundo llamado.

Subasta:


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La subasta son las operaciones realizadas en un remate pblico de acuerdo a las

condiciones que previamente se determinen sin limitacin de concurrentes y al mejor

postor. La adjudicacin se hace en el mismo acto, en pblico, previa publicidad del

llamado.

5) Impugnacin de los actos del procedimiento licitatorio:

El procedimiento administrativo dirigido a la celebracin de un contrato

administrativo est integrado por una serie de actos interrelacionados y conexos

destinados a la eleccin del cocontratante, que en si mismos son autnomos y

diferenciados del acto jurdico que pone fin al procedimiento. Esto implica que

cualquier oferente se encuentra legitimado para impugnar un acto administrativo de

inadmisin, rechazo de oferta, preadjudicacin, adjudicacin, etc. Si bien es claro que el

oferente no puede exigir la adjudicacin o la celebracin del contrato, si puede

impugnar los actos que vulneren la legalidad y la igualdad del procedimiento.

Respecto a la preadjudicacin, hay que recordar que si bien se trata de un

dictamen, podr impugnarse en tanto se encuentre previsto en el pliego o en alguna

norma que rija en la contratacin, y de no ser as se podr impugnar la adjudicacin

invocando un vicio de su antecedente.

Cuando el pliego de condiciones incluye clusulas ilegales, los interesados en

concurrir a la licitacin tienen la va previa de requerir aclaraciones o formular

observaciones con anterioridad a la fecha de apertura de las ofertas. Si dichos reclamos

no tuvieren efecto, podr presentar oferta dejando constancia de su rechazo a las

clusulas que consideren ilegales, o interponer recurso administrativo fundndose en la

ilegitimidad del pliego. En el caso de no haberse adoptado alguno de estos dos caminos,

se corre el riesgo de que la Administracin, y en su caso la justicia, consideren que se

han consentido las clusulas irregulares.

Es muy comn que para evitar la proliferacin de las impugnaciones en la etapa

de la seleccin, se establezca en los pliegos de condiciones la constitucin previa de una

garanta de impugnacin como requisito de admisibilidad de una presentacin de esa

naturaleza. En caso de que la impugnacin sea improcedente, se pierde dicha garanta.

Unidad N 3: Procedimiento sancionatorio vinculado al ejercicio del poder de polica:

1) Concepto de poder de polica:

Dentro de la funcin legislativa, se incorpora una modalidad reglamentaria de

derechos llamada poder de polica.

El poder de polica es la facultad, atribucin o competencia del rgano

legislativo de limitar los derechos individuales por razones de inters general.

Su fundamento constitucional es el artculo 14 de la CN cuando sostiene Todos

los habitantes de la Nacin gozan de los siguientes derechos, conforme las leyes que

reglamenten su ejercicio. Sin embargo, esta facultad reglamentaria no es absoluta, pues

la Constitucin contiene dos restricciones a esta facultad:

a) El artculo 28 que sostiene: Los principios, garantas y derechos reconocidos

en los anteriores artculos, no podrn ser alterados por las leyes que reglamenten su

ejercicio.

b) El artculo 19 segn el cual: Las acciones privadas de los hombres que de

ningn modo ofendan el orden o la moral pblica, ni perjudiquen los derechos de

terceros, estn solo reservadas a Dios, y exentas del poder de los magistrados.


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Dentro de estos lmites funciona el poder de polica, el cual es ejercido dentro de

sus respectivas atribuciones, por la nacin, las provincias y los municipios. El poder de

polica es entonces, inherente a la esfera de gobierno a la cual se le ha otorgado la

competencia sobre la materia que se trate. Por principio general, el poder de polica

corresponde a las provincias, puesto que se trata de una potestad que stas se reservaron

al constituir la unin nacional. Excepcionalmente dicho poder le corresponde a la

Nacin, cuando sta:

1. Ejercita atribuciones que la Constitucin le otorga expresa o implcitamente.

2. Cuando existe concurrencia de fines, caso en que este poder es ejercido en

forma conjunta.

De ms est decir que tambin los municipios, en el mbito de su jurisdicciones

y competencias, ejercen poder de polica, como por ejemplo en materia de urbanismo,

trnsito, sanidad alimentaria, etc.

Existe una idea restringida de poder de polica propio del derecho europeo, en

virtud del cual ste se limita a medidas tendientes a proteger la seguridad, la salubridad

y la moralidad pblicas. Como contrapartida, y por influencia del derecho

norteamericano, se ha formulado un criterio amplio de poder de polica, que adems de

los objetivos antes indicados se extiende a la defensa y promocin de los intereses

econmicos de la colectividad y al bienestar general de la misma.

Seguridad

Idea restringida Protege Salubridad

Poder de (D. Europeo) Moralidad

polica

Seguridad

Idea amplia Protege Salubridad

(D. Norteamericano) Moralidad

Intereses econmicos

Bienestar general

2) Concepto de polica:

Dentro de la funcin administrativa, se inserta una modalidad de obrar, de

contenido prohibitivo y limitativo, llamada polica.

No debemos confundir la nocin de poder de polica con el concepto de

polica. Esta ltima es una funcin o actividad administrativa que tiene por objeto

hacer cumplir las normas de polica, es decir, las normas dictadas en ejercicio del poder

de polica.

La polica es una funcin, no un rgano de la Administracin. La polica es parte

de la funcin administrativa y al igual que sta puede ser ejercida por los tres rganos

del poder. Toda polica es administracin. Slo un trozo de la Administracin es polica.

La polica no tiene peculiaridades que la distingan como funcin estatal propia y

autnoma. Su regulacin jurdica es comn al resto de la funcin administrativa.

3) Diferencias entre poder de polica y polica:


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Poder de polica Polica Es parte de El poder de polica es parte de

la funcin legislativa

La polica es parte de la funcin

administrativa y al igual que

sta puede ser ejercida por los

tres rganos de poder

Tiene por

objetivo

La promocin del bienestar

general, regulando a ese fin los

derechos individuales,

reconocidos expresa o

implcitamente por la

Constitucin, extendindose

hasta donde la promocin del

bienestar general lo haga

conveniente o necesario dentro

de los lmites constitucionales

(artculos 19 y 28 de la CN).

Hacer cumplir las normas de

polica, es decir, las normas

dictadas en ejercicio del poder

de polica.

Se expresa

mediante

Normas generales, abstractas,

impersonales, objetivas

Normas particulares (actos

administrativos) que

constituyen la individualizacin

o concrecin de la norma

jurdica general o abstracta.

4) Naturaleza jurdica de las sanciones administrativas:

Las sanciones administrativas son comnmente llamadas contravenciones o

faltas.

Delito y contravencin tienen en comn lo ilcito y lo incriminatorio del hecho;

ahora bien, mientras que el delito perturba real e inmediatamente el orden jurdico o un

derecho, la contravencin no presupone una lesin real y actual de ellos, sino ms bien

la violacin de una norma establecida en inters colectivo. La contravencin difiere

sustancialmente del delito en que la falta consiste en la mera trasgresin de una

reglamentacin administrativa.

5) Distintas clases de sanciones penales administrativas:

1. Arresto: Es la pena ms grave ante una contravencin y consiste en la privacin de la libertad. Por ello, cuando se trate de la sancin aplicable por la

realizacin de una falta a una norma de polica debe ser de breve duracin. No puede

confundirse al infractor con un delincuente.

2. Multa: Es la sancin pecuniaria que cabe a las personas fsicas o jurdicas, ante la infraccin de una ley de polica. Podemos mencionar las multas aplicables por

las transgresiones a la normativa de transito, a las normas de seguridad e higiene, entre

otras.

El acto administrativo que impone una multa carece de ejecutoriedad propia; de

ah que en caso de no pago por parte del infractor, el cobro compulsivo debe gestionarlo

la Administracin Pblica ante el rgano judicial.


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Segn Marienhoff, cuando se impugne judicialmente la multa impuesta como

pena de polica, y no como pena fiscal, para la promocin del recurso o accin judicial,

no se requiere el pago previo de la multa, no rigiendo en tal caso el principio de solve

et repete. La multa fiscal participa de los caracteres de los impuestos, cuya percepcin

tiende a asegurar que no se interrumpan los servicios del Estado. De ah la exigencia del

pago previo a la accin de repeticin. Pero en materia de multas administrativas de

polica, el pago previo slo procede excepcionalmente cuando la norma respectiva as lo

disponga.

3. Clausura: Es la sancin que recae sobre el espacio fsico en donde se ejerce la actividad que motiva la pena. Puede ser definitiva o temporaria, dando lugar a la

cesacin en el ejercicio de la accin, en el primer caso, o a su suspensin mientras dure

el perodo de clausura en el segundo.

4. Decomiso o comiso: Este tipo de sancin se aplica generalmente en forma accesoria a otro tipo de condena y consiste en la destruccin del objeto con el que se

lleva a cabo la infraccin; por ejemplo, el comiso de mercadera ingresada en el pas sin

respetar la normativa aduanera o el comiso de la mercadera ofrecida a la venta al

pblico en mal Estado. No debe confundirse esta sancin de tipo administrativo con la

confiscacin que tiene prohibicin constitucional (artculo 17 in fine).

Tampoco debe confundirse al decomiso con el secuestro que es una medida

procesal y un medio probatorio de la infraccin. En caso de absolucin, las cosas

secuestradas son devueltas al dueo, mientras que en el caso del decomiso, se trata de la

consecuencia de la pena.

5. Inhabilitacin: Tambin es una pena que se aplica en general en forma accesoria y que consiste en la prohibicin de ejercer determinados derecho por el retiro

de la autorizacin previamente otorgada para ello. la inhabilitacin puede ser

permanente o temporaria segn la gravedad de la accin que se sanciona. Por ejemplo la

inhabilitacin para conducir en caso de transgresiones de transito reiteradas.

6. Retiro de la personera jurdica: En los supuestos de inhabilitacin definitiva, si se tratase de una persona jurdica autorizada por el estado, dicha

inhabilitacin puede aparejar a dems, a ttulo complementario, el retiro de la personera

jurdica que se le hubiere otorgado con motivo del ejercicio de la actividad que motiva

la sancin.

5) Extincin de las sanciones:

Las sanciones policiales se extinguen por diversas causas, como por ejemplo el

cumplimiento de la sancin, el perdn, la declaracin de legitimidad de la sancin, la

muerte, el pago y la prescripcin.

Unidad N 4: Procedimiento disciplinario en la relacin de empleo pblico:

1) Potestad sancionatoria de la administracin:

La potestad sancionatoria es la atribucin que tiene la administracin para

establecer y aplicar sanciones o correcciones a los administrados por conductas

contrarias a lo que establecen las leyes o lo resuelto por la administracin, y sanciones

disciplinarias a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo.

La potestad sancionatoria se divide en correctiva y disciplinaria, segn se dirija

al administrado o al funcionario o empleado.


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Correctiva Se dirige al administrado

Potestad sancionatoria

Disciplinaria Se dirige al empleado

El fundamento de la potestad sancionatoria se encuentra en que, slo a travs de

ella, la administracin puede cumplir el ejercicio de su cometido pblico.

La potestad sancionatoria es derivacin del sometimiento de la Administracin a

los principios de legalidad y juridicidad, ms amplio el ltimo en cuanto impone la

observancia de la constitucin del Estado, las leyes, los reglamentos y los principios

generales del derecho. Por lo tanto, la Administracin slo puede actuar si, en forma

previa, est habilitada para el ejercicio de las potestades que el ordenamiento jurdico le

confiere.

El mbito de la potestad sancionatoria se encuentra en la zona de reserva de la

ley, ya que la sancin administrativa involucra una limitacin o cercenamiento de

derechos individuales.

La naturaleza de la potestad sancionatoria es intrnsecamente penal, haciendo

la salvedad que en cuanto a su estructura, dicha penalidad se refiere a las faltas y no a

los delitos. La mencionada naturaleza penal de dicha potestad, implica que las

sanciones deben fundarse en normas que respondan a los requisitos sustanciales y

sistemticos de todo precepto penal.

Como consecuencia de lo anterior, se debern respetar los principios del debido

proceso y la sustanciabilidad de la normativa aplicable.

2) Poder disciplinario de la Administracin:

Podemos definir al poder disciplinario de la Administracin Pblica como

aquella virtualidad jurdica o aptitud de derecho de la que est munida de la

Administracin Pblica para imponer, por medio de sanciones determinada, una regla

de conducta a todos aquellos cuya actividad compromete a la misma organizacin

administrativa.

El fundamento del poder disciplinario de la Administracin Pblica no es otro

que el de procurar el orden de la organizacin para poder cumplir su finalidad para la

cual existe.

Para algunos la naturaleza jurdica del poder disciplinario de la Administracin

Pblica es de carcter civil, sosteniendo que hay una pretendida identidad entre las

sanciones disciplinarias y el resarcimiento a que tiene derecho el acreedor por el

incumplimiento contractual del deudor. Esta doctrina actualmente ha perdido vigencia y

fue criticada con el argumento de que la sancin disciplinaria tiene un obvio y

manifiesto contenido represivo y no resarcitorio.

Otros autores sostienen que la naturaleza jurdica es penal, por su contenido

represivo, constituyendo su rgimen jurdico el llamado derecho penal disciplinario.

Para una tercera corriente el derecho disciplinario no es de naturaleza civil ni

penal, sino administrativa, porque tal es la del deber cuyo incumplimiento determina su

ejercicio; dicho deber no es otro que el de colaborar para la eficacia, orden y decoro de

la organizacin de la Administracin Pblica.

3) Tipo de sanciones disciplinarias:


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La sancin disciplinaria es aquella que la Administracin impone a sus agentes,

frente a la comisin de faltas administrativas (accin u omisin), por violacin de los

llamados deberes de los empleados pblicos.

La falta administrativa es la violacin a un deber normativamente impuesto, sin

que se puedan prever en forma detallada las diversas conductas reprochables.

La falta disciplinaria se integra con la concurrencia de los siguientes elementos

esenciales:

1) Elemento material: Es necesario que exista un acto o una omisin por parte del empleado pblico.

2) Imputabilidad: El acto u omisin no debe ser provocado por la presin de una fuerza irresistible, violencia o coaccin.

3) Elemento formal: Dicho acto u omisin debe constituir actual o potencialmente una perturbacin a la unidad y decoro de la organizacin administrativa

o una afectacin de su eficacia funcional.

No todas las sanciones aplicables requieren la instruccin de sumario. Algunos

hechos son flagrantes o de objetiva comprobacin y no requieren la sustanciacin de un

sumario. Sin embargo, an en estos casos, como consecuencia del principio de

juridicidad que debe guiar al obrar administrativo, es imprescindible el descargo del

agente pblico. No obstante, la cesanta y la exoneracin requieren la instruccin de

sumario, salvo algunas excepciones.

Existen cuatro grupos de sanciones disciplinarias:

De alcance moral

Sanciones Pecuniarias

De alcance profesional

Expulsivas

a) Sanciones de alcance moral: Son leves y de carcter colectivo. En ellas se ubican:

1. Observacin o amonestacin verbal: Consiste en la reprensin en privado al funcionario que incumple.

2. Censura: Se da una reprensin formal por escrito, con anotacin en su foja de servicio.

3. Apercibimiento: Es una amonestacin calificada, donde se hace constar las sanciones que se aplicarn en caso de reincidir en la falta.

b) Sanciones pecuniarias: Entre otras aqu se ubica la multa, que consiste en la privacin parcial del sueldo con la obligacin de trabajar.

c) Sanciones de alcance profesional: En este grupo se ubican entre otras las siguientes:

1. Suspensin: Prohbe al funcionario desempear sus tareas y se le priva de la totalidad o parte del sueldo durante el perodo que dura la sancin. La suspensin trae

aparejada las siguientes consecuencias:

a) Privacin del sueldo proporcional al tiempo de la suspensin.

b) El tiempo de la suspensin no se computa a los fines del escalafn, del

beneficio de la licencia anual ordinaria ni jubilacin.

La suspensin como sancin disciplinaria se distingue de la suspensin

decretada con motivo de la instruccin de un sumario; esta ltima no constituye una


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sancin sino una medida precautoria, de naturaleza procedimental, y como tal no trae

aparejada ninguna de las consecuencias emergentes de la suspensin sancin.

Por lo general el lmite mximo de suspensiones es de treinta das en los doce

meses anteriores, puesto que de excederse dicho lmite se produce en forma automtica

la cesanta del agente.

Las suspensiones por ms de diez das requieren la previa instruccin de

sumario, salvo los supuestos de aplicacin automtica:

I) Incumplimiento reiterado del horario;

II) Inasistencias;

III) Embargos injustificados.

2. Traslado: Se destina al funcionario a otro cargo, de no menor jerarqua, en otra reparticin o localidad (ius variandi fundado).

3. Postergacin o prdida del derecho al ascenso: Se impide al funcionario ascender durante determinado lapso o definitivamente, salvo que, posteriormente, fuere

rehabilitado.

4. Retrogradacin en el escalafn: El funcionario desciende en el escalafn uno o mas grados, o se le pasa a una categora inferior.

d) Sanciones expulsivas: Consisten en la desvinculacin del funcionario de los cuadros de la Administracin, e importa la extincin de la relacin funcional. Son:

1. Cesanta: Se trata de la prdida del cargo extinguindose la relacin funcional, pero no va acompaada de sanciones accesorias. El procedimiento impone

sumario previo salvo en casos de aplicacin automtica:

I) Inasistencias injustificadas.

II) Abandono de servicio.

III) Prdida de la ciudadana.

IV) Embargos injustificados.

2. Destitucin o exoneracin: Extingue la relacin funcional e importa sanciones accesorias de inhabilitacin para desempear otro cargo pblico o la prdida

de los derechos jubilatorios.

La exoneracin tiene lugar ante sentencia condenatoria firme por delito contra la

Administracin Pblica, falta grave que perjudique materialmente a la Administracin,

prdida de la ciudadana, etc.

Observacin o amonestacin verbal

De alcance moral Censura

Apercibimiento

Sanciones Pecuniarias Multa

Suspensin

De alcance profesional Traslado

Prdida del derecho de ascenso

Retrogradacin en el escalafn

Cesanta

Expulsivas

Destitucin o exoneracin


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4) Sumario administrativo:

1. Concepto: El sumario administrativo es un procedimiento de carcter

administrativo que procede cuando es necesario acumular elementos de juicio

suficientes para comprobar la existencia de irregularidades administrativas,

individualizando a sus responsables a los efectos de hacer efectivas las

responsabilidades disciplinarias o las resarcitorias de perjuicios patrimoniales sufridos

por el Estado.

Tambin puede ser definido como el procedimiento necesario para la

acreditacin de la existencia de conductas irregulares de los administrados con la

finalidad de singularizar a los responsable.

El sumario administrativo es un proceso y como tal no es un fin en si mismo

sino que est ordenado a llegar a un acto estatal determinado; ergo, precede y prepara

dicho acto estatal y as entendido el sumario administrativo es una secuencia de actos

preparatorios de aquel acto estatal determinado.

Los actos preparatorios son irrecurribles en sede administrativa y por ende

cualquier recurso interpuesto contra el sumario debe ser declarado formalmente

irecurrible.

Cuando se produzca el acto estatal determinado sancionando o absolviendo, en

el supuesto de sancin el sumariado podr deducir los recursos administrativos

pertinentes y si la defensa que esgrime fracasa en sede administrativa, podr recurrir por

ante los estrados de la jurisdiccin judicial contenciosa administrativa en amparo de sus

derechos subjetivos y/o intereses legtimos que estime vulnerados y agraviados por la

Administracin Pblica.

2. Informacin sumaria: Es una investigacin preliminar que procede cuando existe

alguna circunstancia que puede importar una responsabilidad patrimonial o

disciplinaria, que exija una investigacin previa para comprobar su existencia y dar en

su caso origen al sumario.

En definitiva, la investigacin sumaria, en caso de existir, sirve para meritar

acerca de las circunstancias que hacen procedentes la apertura de un sumario, el que

debe ser ordenado por acto administrativo expreso.

No es necesario el dictado de una resolucin formal; debe instruirla (a la

investigacin) una autoridad con jerarqua no inferior al jefe de departamento o similar.

3. Etapas del sumario: El sumario administrativo se inicia a travs de un acto de

administracin, el cual no es acto administrativo en sentido estricto, atento a que no

constituye, altera o modifica, derechos subjetivos.

Dicho acto de administracin en principio es irecurrible porque ningn

administrado puede sentirse agraviado porque se investiguen hechos o conductas

eventualmente alterativas de la regularidad funcional. Slo son recurribles los actos

administrativos definitivos que lesionen derechos subjetivos o intereses legtimos. Caso

contrario, la Administracin vera obstaculizada su actuacin en los distintos

procedimientos si se recurriesen todas las etapas de los mismos. Consecuencia de lo

antes dicho es que el sumario administrativo tiene el carcter de un acto preparatorio, y

como tal resulta irecurrible,


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Luego de decidirse la confeccin o elaboracin del sumario, se designa al

instructor sumariante, quien podr ser objeto de recusaciones o podr excusarse frete a

situaciones atendible. Dicho instructor oportunamente designa al secretario de

actuaciones y, su primer paso procesal, es obtener la ratificacin de la denuncia, si la

hubiera, o tomar como base la investigacin previa.

A su turno ordena comparecer al sospechado y le hace conocer el derecho a

declarar, abstenerse o pedir el diferimiento de la audiencia, a los fines de hacerse asistir

por un letrado de su eleccin o proveerle uno de oficio. Si correspondiere se aconsejar

la suspensin preventiva del agente con el objeto de evitar la colusin (pacto para daar)

o el entorpecimiento de la investigacin.

Colectadas las pruebas liminares el instructor ordenar la clausura de la etapa de

informacin sumaria y har un informe haciendo mrito de las pruebas rendidas y

encuadrando los cargos si correspondiere. En el primer supuesto notificar al imputado

para que formule descargo y ofrezca pruebas y sucesivamente alegue sobre ellas.

Despus, el instructor cerrar el sumario y elevar a la autoridad pertinente sus

conclusiones, que pueden referirse a la responsabilidad del sumariado y a la sancin que

pudiere corresponder.

La autoridad administrativa, previo dictamen (de requerimiento obligatorio y

efecto no vinculante) del servicio jurdico permanente, rgano que controlar las

conclusiones del sumario, emitir el acto administrativo que eventualmente establezca

la existencia o no de la responsabilidad de los sumariados y las sanciones

correspondientes.

Las sanciones impuestas pueden ser objeto de impugnacin en sede

administrativa y judicial, aplicndose en tal caso los regmenes procedimentales y

procesales respectivos.

Unidad N 5: Procedimiento especial de la expropiacin:

1) Concepto de expropiacin:

Marienhoff define a la expropiacin como el medio jurdico mediante el cual el

Estado obtiene que un bien sea traspasado de un patrimonio a otro por razones de

utilidad pblica y previo pago de indemnizacin.

2) Fundamento de la expropiacin:

Bidart Campos seala que el fundamento de la expropiacin no radica en un

supuesto dominio eminente del Estado como atributo de la soberana, sino en:

a) El bien comn o la realizacin del valor justicia como fin del Estado.

b) El carcter relativo de la propiedad privada con funcin social.

Positivamente, la expropiacin tiene base inmediata y expresa en la Constitucin

en el artculo 17: La propiedad es inviolable, y ningn habitante de la Nacin puede

ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiacin por

causa de utilidad pblica, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Por su parte, el artculo 1 de la ley 6394 establece: La utilidad pblica que debe

servir de fundamento legal a la expropiacin, comprende todos los casos en que se

procure la satisfaccin del bien comn, sea ste de naturaleza material o espiritual.


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3) Elementos:

1. Calificacin de utilidad pblica: El artculo 17 de la CN establece: La expropiacin por causa de utilidad pblica, debe ser calificada por ley y

previamente indemnizada. La Constitucin exige ley del Congreso (en las Provincias hace falta la ley de

sus Legislaturas) como un requisito formal ineludible.

Es el Congreso quien, en forma discrecional, pondera la oportunidad, el alcance

y la conveniencia de la expropiacin, estableciendo la utilidad pblica de los bienes.

La exigencia de utilidad pblica para expropiar representa una garanta

constitucional en resguardo del derecho de propiedad de los particulares.

Por su parte, el artculo 2 de la ley 6394 establece: La declaracin de utilidad

pblica se har en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la

calificacin sea sancionada con carcter genrico, el Poder Ejecutivo individualizar los

bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes

tcnicos u otros elementos suficientes para su determinacin.

2. Sujeto Activo o expropiante: En la provincia de Crdoba, conforme a la legislacin vigente, la expropiacin puede ser efectuada:

a) Por el Estado Provincial. La expropiacin no pude recaer sino sobre bienes situados dentro de la jurisdiccin provincial;

b) Por las municipalidades y exclusivamente sobre bienes ubicados dentro de sus respectivas jurisdicciones. El rgano deliberativo de la municipalidad debe declarar,

en cada caso y dentro de la autorizacin legislativa, los bienes afectados a expropiacin;

c) Por las entidades pblicas de carcter autrquico, provinciales o

municipales, conforme a la autorizacin especial o genrica que les confiera la ley u ordenanza de creacin, exclusivamente para sus fines especficos;

d) Por los concesionarios de obras o servicios pblicos, para cuya realizacin se hubiese sancionado la expropiacin;

e) Por los particulares, sean personas de existencia visible o jurdica, cuando estuvieren autorizados por la ley que dispuso la expropiacin, justificada por la

envergadura del emprendimiento privado y el inters pblico que concita su

prosecucin.

3. Sujeto pasivo o expropiado: El sujeto pasivo, tambin llamado sujeto expropiado, es el titular del bien objeto de la expropiacin.

4. Objeto expropiado: Conforme a la legislacin cordobesa pueden ser objeto de expropiacin todos los bienes convenientes o necesarios para satisfaccin de

la utilidad pblica, cualquiera sea su naturaleza jurdica estn o no en el comercio,

sean cosas o no.

La provincia puede expropiar bienes del dominio municipal o de particulares,

con fines de utilidad pblica provincial.

La expropiacin puede comprender adems de los bienes necesarios, aquellos

otros que convengan al fin principal de la utilidad pblica declarada.

Por ultimo cabe decir que el Estado provincial est facultado para expropiar los

bienes afectados a un servicio pblico.


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5. Indemnizacin: La indemnizacin es la compensacin monetaria que se le da al titular del bien expropiado por el sacrificio que le genera la satisfaccin del inters

general.

Se priva al propietario de un bien a cambio de una indemnizacin que debe ser

previa (artculo 17), integral, pagada en dinero, nica y equitativa (justa).

La indemnizacin comprende: 1) El valor objetivo del bien

2) Los daos que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiacin.

3) El importe que correspondiere por actualizacin monetaria e intereses.

Se excluyen expresamente: a) Las circunstancias de carcter personal;

b) Valores afectivos;

c) Ganancias hipotticas;

d) El mayor valor que pueda otorgar al bien la obra a ejecutar;

c) El lucro cesante;

d) Las mejoras, salvo las necesarias.

La indemnizacin se debe pagar en dinero efectivo, salvo conformidad del

expropiado, para que dicho pago se efecte en otra especie de valor.

Es necesario tener en cuenta que no son indemnizables las restricciones

administrativas de carcter general establecidas por leyes especiales.

4) Procedimiento expropiatorio:

Una vez cumplimentado el requisito de la declaracin legal de utilidad pblica,

el sujeto expropiante debe seguir un procedimiento para lograr la transferencia del bien

objeto de la expropiacin. Nos encontramos para ello con dos procedimientos:

1) Extrajudicial o avenimiento.

2) Judicial.

1. Avenimiento: Declarada la utilidad pblica de un bien, el expropiante podr

adquirirlo directamente del propietario, abonando el precio que estimen los organismos

competentes. En Crdoba el organismo competente para tal fin es el Consejo General de

Tasaciones.

Si el objeto de la expropiacin es un inmueble, al valor mximo estimado por el

Tribunal de Tasaciones se le adicionar un 10% por todo concepto.

En este supuesto, la transferencia de dominio de inmueble al sujeto expropiante

no requiere la celebracin de escritura pblica y se produce mediante la inscripcin en

el registro de la propiedad del acto administrativo que aprueba el avenimiento.

En consecuencia los requisitos para que la expropiacin quede perfeccionada

son:

a) Pago de la indemnizacin.


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b) decreto de avenimiento (inscripto en el registro de la propiedad en caso de

inmuebles).

c) Toma de posesin.

2. Contencioso expropiatorio: Si no fuese posible lograr un acuerdo extrajudicial o

avenimiento, la cuestin deber ser resuelta por un juez mediante el dictado de una

sentencia, previo cumplimiento del procedimiento estatuido por la ley.

Compete al sujeto expropiante promover el juicio de expropiacin.

En el procedimiento contencioso expropiatorio es competente el juez de primera

instancia en lo civil y comercial quien fijar la indemnizacin en base a las actuaciones

y dictmenes que deber elaborar para cada caso el Tribunal Administrativo. Dicho

tribunal se encuentra integrado por el sujeto expropiante y el sujeto expropiado o su

representante.

Juntamente con el requerimiento al Consejo General de Tasaciones de la

provincia, el juez intimar al expropiado para que dentro del trmino de diez (10) das

comparezca su representante a integrar el Tribunal Administrativo, bajo apercibimiento

de prescindir de su intervencin.

El Tribunal Administrativo deber pronunciarse dentro de los noventa (90) das

del requerimiento del juez.

El sujeto expropiante deber consignar ante el juez competente el importe de la

valuacin determinada por el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de

Crdoba.

Una vez realizada la consignacin, el juez otorgar al expropiante la posesin

del inmueble y ordenar la anotacin como bien litigioso en el Registro General de la

Propiedad. A partir de la inscripcin de la litis, el bien adquiere el carcter de

indisponible e inembargable.

Antes de dictar sentencia sobre la indemnizacin, el juez podr ordenar de

oficio, para mejor proveer una audiencia verbal a la que debern concurrir el

representante fiscal y el expropiado, o su legtimo representante.

La sentencia no podr fijar indemnizacin alguna menor a la ofrecida ni superior

a la reclamada. La sentencia conceder un plazo de noventa das para el pago de la

indemnizacin a contar desde la fecha en que la liquidacin sea aprobada judicialmente.

Desde dicha aprobacin y hasta el pago efectivo devengar intereses calculados a la tasa

corriente del Banco de la Provincia de Crdoba para operaciones de descuento.

Respecto a las costas del juicio la ley cordobesa establece que:

1. Sern a cargo del expropiante cuando la indemnizacin exceda de la ofrecida ms la mitad de la diferencia entre la suma ofrecida y la reclamada;

2. Se satisfarn en el orden causado, cuando no exceda de esa cantidad o si siendo superior a la ofrecida el expropiado no hubiese contestado la demanda o no

hubiese expresado la suma por l pretendida;

3. Sern a cargo del expropiado cuando la indemnizacin se fije en igual suma que la ofrecida por el expropiante.

De las resoluciones judiciales que se dicten habr lugar para el expropiante y el

expropiado a los recursos permitidos por las leyes de procedimiento.

Por ultimo cabe decir que el expropiante podr desistir de la accin promovida

en tanto la expropiacin no haya quedado perfeccionada estando las costas a su cargo.

Se entender que la expropiacin ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la

transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesin y

pago de la indemnizacin.


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Avenimiento

Supuestos

Contencioso expropiatorio

Declaracin de utilidad pblica

Etapas de la expropiacin Delimitacin del objeto en casos genricos

Supuestos Avenimiento

Contencioso

5) Abandono de la expropiacin:

La legislacin establece los plazos legales dentro de los cuales deber

promoverse el proceso expropiatorio. Si estos trminos no son respetados, la

declaracin de utilidad pblica carece de efectos jurdicos, y por lo tanto los bienes

afectados cesarn de ser expropiables.

Los plazos de expropiacin son los siguientes:

1. Dos aos cuando la expropiacin afecta a bienes individualmente determinados.

2. Cinco aos cuando los bienes se encuentran comprendidos dentro de una zona determinada.

3. Diez aos cuando los bienes estn comprendidos en una enumeracin genrica.

Todos estos plazos se computan a partir de la vigencia de la ley que autoriza la

expropiacin.

6) Expropiacin diferida:

El instituto abandono de la expropiacin no es aplicable en los casos de

reserva de inmuebles para obras o planes de ejecucin diferida, calificados por ley

formal.

En tal supuesto se aplicarn las siguientes normas:

a) Se notificar al propietario que se trata de una expropiacin diferida y el

importe resultante de la tasacin efectuada por el Tribunal General de Tasaciones. .

b) Si el valor de tasacin fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las

partes podr pedir su homologacin judicial y, una vez homologado, dicho valor ser

considerado como firme para ambas partes.

c) Si el propietario no aceptara el valor de tasacin ofrecido, el expropiante

deber solicitar judicialmente la fijacin del valor del bien.

d) La indemnizacin ser reajustada tomando en cuenta tasa corriente del Banco

de la Provincia de Crdoba para operaciones de descuento.

7) Expropiacin irregular:

En determinadas circunstancias el sujeto expropiado puede promover la accin

de expropiacin irregular.

El expropiado tiene la facultad de accionar judicialmente para hacer efectiva la

expropiacin declarada formalmente por la ley. En el supuesto que nos ocupa existe una

expropiacin autorizada legalmente que no ha sido ejecutada.

La accin de expropiacin irregular procede en los siguientes casos:

a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pblica un bien, el Estado

lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnizacin.


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b) Cuando con motivo de la ley de declaracin de utilidad pblica, de hecho una

cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para

disponer de ella en condiciones normales.

c) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pblica un bien o cosa el

Estado imponga al derecho del titular indebida restriccin o limitacin, que importe una

lesin a su derecho de propiedad.

La accin de expropiacin irregular prescribe a los cinco aos, computados

desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan

viable la referida accin.

8) Expropiacin complementaria:

Puede ocurrir que la declaracin de utilidad pblica se realice respecto de una

porcin del inmueble, es decir que se afecta slo una parte del bien.

En este supuesto, la parte restante es decir la que no se ha expropiado- puede

resultar inadecuada para el uso o explotacin racional, por lo que es denominado

sobrante inadecuado o remanente intil.

La ley cordobesa establece que si se tratase de la expropiacin parcial de algn

inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuera inadecuada para uso o explotacin

racional, el expropiado podr exigir la expropiacin de la totalidad del inmueble.

En los terrenos urbanos se considerarn sobrantes inadecuados los que por causa

de la expropiacin quedarn con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado

para edificar por las ordenanzas o usos locales respectivos.

Si el objeto declarado de utilidad pblica fuese un inmueble rural, se

determinarn las superficies inadecuadas teniendo en consideracin la explotacin

realizada por el propietario del bien.

La determinacin de las superficies inadecuadas ser realizada de comn

acuerdo entre las partes si existiere avenimiento, o por el juez competente en el supuesto

de un juicio expropiatorio.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo extrajudicial o avenimiento, el

expropiado podr reconvenir en el proceso expropiatorio o promover una accin de

expropiacin irregular.

9) Accin de retrocesin:

Para que proceda la retrocesin es necesario que la expropiacin haya producido

sus efectos, es decir, que el bien haya sido transferido al sujeto expropiante mediante

avenimiento o sentencia firme, debidamente inscriptos en los registros, si

correspondiere.

La legitimacin activa le compete a el propietario expropiado y sus sucesores a

ttulo universal, y podrn ser demandados el sujeto expropiante y los terceros a los

cuales se hubiese transferido el bien de que se trata.

La accin de retrocesin puede intentarse en los casos siguientes:

a) Cuando el expropiante d al bien un destino distinto al establecido para

efectuar la expropiacin;

b) Cuando despus de dos aos de perfeccionada la expropiacin no se hubiere

dado al bien el destino que motiv aqulla.

Previo a iniciar la accin de retrocesin, el expropiado deber interpelar al

expropiante para que le asigne al bien el destino que motivo la expropiacin. La


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interpelacin se har bajo apercibimiento de promover la accin de retrocesin si

dentro del plazo de un ao, a contar desde la notificacin.

La demanda deber deducirse ante el mismo juez que intervino en el juicio de

expropiacin y si ste no hubiera existido por haberse llegado a acuerdo en el

procedimiento extrajudicial, ante el juez en turno de la jurisdiccin correspondiente.

La retrocesin ser sustanciada por el procedimiento del juicio verbal.

Para retrotraer el bien, el expropiado deber devolver, sin intereses, la suma

recibida, en su valor actualizado, menos el importe correspondiente a la inutilizacin de

edificios, instalaciones y plantaciones y ms el importe correspondiente a las mejoras

utilizables introducidas por el expropiante. La devolucin de la suma actualizada

recibida debe efectuarse dentro de los tres meses de reconocido el derecho de

retrocesin; caducando definitivamente ese derecho si venciere el plazo sin cumplirse la

obligacin.

La accin por retrocesin slo podr intentarse dentro de los dos aos,

computados desde que quedado perfeccionada la expropiacin La interpelacin previa

suspende el curso de este plazo.

Unidad N 6: Entes Reguladores y Audiencias Pblicas

1) Entes Reguladores:

Con anterioridad a la reforma del Estado llevada a cabo a partir de 1989, estaba

a cargo de ste la prestacin de los servicios pblicos. Pero luego de trasladar la

prestacin de esos servicios al sector privado a travs de distintas formas tcnicas y

jurdicas (privatizaciones, concesiones, licencias, etc.), se estimo que a los fines de

garantizar la eficiencia y eficacia de los mismos deba existir un rgano que ejerciera su

control.

Por todo ello, se crearon los denominados entes reguladores para realizar

tareas tpicas de control y fiscalizacin, pero tambin para que se ocupen de la

regulacin de la actividad o servicio que se trate.

La naturaleza jurdica de estos entes es la de la autarqua administrativa, en tanto

se conjugan en ellos las caractersticas de las organizaciones descentralizadas:

1) Son creadas por el estado;

2) Poseen la asignacin de recursos o un patrimonio afectado para cumplir con

sus fines;

3) Sus fines son estatales;

4) Se encuentran bajo el sistema de control comn a toda la Administracin

Pblica;

5) Ejerce las funciones y competencias atribuidas por la norma de creacin.

Como ya dijimos, los denominados entes reguladores se crearon para realizar

tareas tpicas de control y fiscalizacin, pero tambin para que se ocupen de la

regulacin de la actividad o servicio que se trate.

Regular desde un punto de vista jurdico consiste en dictar normas. La

regulacin es una herramienta utilizada por el Estado en su intencin de influir sobre las

conductas sociales, con relevancia jurdica y de contenidos variados para orientarlas

hacia el bien comn.

La regulacin es de menor utilizacin en un sistema liberal abstencionista,

mientras que su empleo se incrementa cuantitativa y cualitativamente con el crecimiento

del intervencionismo estatal sobre la vida social.


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No se debe confundir la regulacin con el rgimen jurdico de los servicios

pblicos. El rgimen de la regulacin es mucho ms amplio y responde a una

naturaleza o fundamentacin diversa que el servicio pblico.

2) Diferencia entre entes reguladores y entes de control:

El ente de control realiza una tarea esencialmente verificadora, de comprobacin, siendo lo normal aunque no esencial- su posibilidad de aplicar

sanciones en casos de infraccin. Pero no tiene competencia normativa regulatoria,

aunque pueda dictar normas, especialmente de procedimiento, a los efectos de

realizacin de la actividad de control.

Los entes reguladores, en cambio se caracterizan por gozar de la competencia normativa regulatoria. Para ello emiten reglamentos de ejecucin sustantivos. Si bien es

cierto que en principio estos reglamentos slo pueden ser dictados por el PE nada

impide que el Congreso determine, en materia especfica, cual ser la autoridad de

aplicacin de la norma, es decir, dentro del marco regulatorio, cual ser el ente

encargado de desarrollar las previsiones de la ley en las situaciones variadas que pueden

presentarse.

Realiza tarea esencialmente verificadora

De control Posibilidad de aplicar sanciones

Ente Carece de competencia normativa regulatoria

Gozan de competencia normativa regulatoria

Regulador Dictan reglamentos de ejecucin sustantivos

3) Anlisis del Artculo 42 de la CN:

El artculo 42 establece: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios

tienen derecho, en la relacin de consumo, a la proteccin de la salud, seguridad e

intereses econmicos; a una informacin adecuada y veraz; a la libertad de eleccin y a

condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveern a la proteccin de esos derechos, a la educacin para

el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia

de los servicios pblicos, y a la constitucin de asociaciones de consumidores y

usuarios.

La legislacin establecer procedimientos eficaces para la prevencin y solucin

de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios pblicos de competencia

nacional, previendo la necesaria participacin de las asociaciones de consumidores y

usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Maria Anglica Gelli expresa que la norma constitucional impone, en primer

lugar, que los procedimientos de prevencin y solucin de conflictos, los marcos

regulatorios y los organismos de control de los servicios pblicos deben ser creados por

ley. Sin embargo, Rodolfo Barra afirma que al utilizar la expresin legislacin en

lugar de ley, ha generado una competencia concurrente entre el Legislativo y el


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Ejecutivo. En efecto, la expresin legislacin es abarcativa de las normas legales y

reglamentarias lo que es conforme con la naturaleza del servicio pblico, que siempre es

gestin administrativa.

El artculo en cuestin obliga a la necesaria participacin de las asociaciones de

usuarios y consumidores y de las provincias interesadas en aqullos.

La regulacin es siempre competencia del Congreso, por tanto es ste quien debe

identificar a la autoridad encargada a proveer a la proteccin de los derechos de los

consumidores y usuarios pudiendo tambin establecerle los medios jurdicos para

cumplir con tal cometido.

En su ltimo prrafo cuando establece que los marcos regulatorios de los

servicios pblicos debe prever la participacin provincial y de las asociaciones de

consumidores y usuarios en los organismos de control, el constituyente se refiri a

organismos que realizan una tarea de control acerca del cumplimiento de la norma

regulatoria, es decir, estrictamente, rganos u entes de polica.

4) Caracteres de los entes reguladores:

Podemos caracterizar a los entes reguladores por las siguientes notas:

a) Descentralizacin con dotacin de personalidad jurdica, a los efectos de la eficiencia de la gestin y apoyo a su independencia funcional.

b) Independencia funcional, es decir no sometimiento a la relacin jerrquica y poltica en lo que se refiere a la modalidad tcnica para el cumplimiento de los

cometidos del ente. Para asegurar esta independencia, los directivos de los entes

reguladores son designados por perodos determinados, independiente de los cambios

poltico, y solo removibles por causa de mal desempeo fundada y probada.

c) Competencias jurisdiccionales, relativas a la resolucin de los conflictos que ocurran entre los sujetos del sector regulado. Naturalmente la decisin

jurisdiccional del ente no ser final ya que podr ser siempre recurrida ante la justicia.

d) Competencia normativa- regulatoria. Es de la esencia del ente regulador, para diferenciarlo de los entes de control.

La naturaleza jurdica de estos entes es la de la autarqua administrativa, en tanto

se conjugan en ellos las caractersticas de las organizaciones descentralizadas. Esto nos

lleva a preguntarnos quien tiene competencia para crearlos. Al respecto existen tres

posturas:

Autor Sostiene

Bielsa El Congreso de la nacin es el nico puede crear y suprimir entes autrquicos en virtud del art. 67 inc. 15 de la CN. Esta opinin es

compartida por Gigena.

Marienhoff El PE es el que tiene esa atribucin en virtud de ser el Jefe Supremo de la Administracin. Se trata de una facultad propia de la administracin,


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en virtud de la divisin de los poderes. La excepcin est dada por las

Universidades que son una creacin exclusiva y excluyente del

Congreso.

Cassagne Las entidades autrquicas pueden ser creadas por la ley o por decreto, por tratarse de facultades concurrentes, salvo entidades relacionadas

con las atribuciones expresas del Congreso. Ej.: Universidades y

bancos.

Determinar que rgano es el competente para crear a los entes autrquicos tiene

gran importancia pues:

a) Si el ente es creado por medio de decreto, el control de la administracin ser

amplio: legitimidad, oportunidad y conveniencia.

b) Si el ente es creado por ley el control administrativo del Poder Ejecutivo es

limitado: solo legitimidad.

5) Concepto de Audiencia Pblica desde el Derecho Administrativo:

La audiencia pblica es un procedimiento que posibilita la participacin activa

de los ciudadanos, a los cuales se les reconocen derechos que deben ser respetados por

los rganos que las celebran.

El mecanismo de la Audiencia Pblica se halla directamente emparentado con la

garanta constitucional del derecho de defensa, la que dentro del marco del

procedimiento administrativo se traduce en el derecho de todo interesado a ser odo

con carcter previo a la emisin de un acto de alcance general o particular- que pueda

afectar sus derechos subjetivos o intereses

Resumen Dcho Proc Administrativo Licari (1)

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