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Reporte CESOP • Número 123 • Noviembre de 2018 1

C O N T E N I D OC O N T E N I D O

Presentación 3

La Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿éxito o fracaso?Luis Angel Bellota 6

Desarrollo social ante un nuevo contexto

Guadalupe Morales Núñez 19

Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Omar Cortés García 27

Los programas sociales en México

Ignacio Jaromil González Bau sta 36

La percepción de los derechos sociales: “Cruzada Nacional contra el Hambre”Ernesto Cavero Pérez 40

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Reporte CESOP • Número 123 • Noviembre de 20182

D I R E C T O R I O

Netzahualcóyotl Vázquez VargasEncargado de la Dirección General

Ricardo Mar nez Rojas RustrianDirector de Estudios de Desarrollo Regional

Ernesto Ramón Cavero PérezSubdirector de Estudios de Opinión Pública

José Francisco Vázquez FloresSubdirector de Análisis y Procesamiento de Datos

Ka a Berenice Burguete ZúñigaCoordinadora Técnica

Enrique Esquivel FernándezAsesor General

Roberto Candelas RamírezFelipe de Alba MurrietaRafael Del Olmo González Gabriel Fernández EspejelJosé de Jesús González RodríguezGiovanni Jiménez BustosRafael López VegaSalvador Moreno PérezInves gadores

Luis Angel BellotaGuillermina Blas DamiánEdith Carmona QuirozÁlvaro Contreras RamírezOmar Cortés MacíasIgnacio Jaromil González Bau staNatalia Hernández GuerreroÉrika Martínez ValenzuelaMaría Guadalupe S. Morales NúñezRicardo Ruiz FloresFrancisco Téllez Girón AguilarKaren Nallely Tenorio ColónApoyo en inves gación

Alejandro Abascal NietoAbigail Espinosa WaldoStaff administra vo

Liliana Hernández RodríguezDiseño de portadaAlejandro López MorcilloDiseño de interioresJosé Olalde Montes de OcaFormación y diagramaciónNora Iliana León RebolloCorrección de es lo

Alejandro López MorcilloResponsable de edición

R eporte CESOP, núm. 123, noviembre de 2018. Publicación mensual del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Av. Congreso de la Unión 66, Edifi cio I, primer piso, Col. El Parque, Ciudad de México, CP 15960. Tel. 5036 0000 ext. 55237. Correo electrónico: [email protected]

Los ar culos contenidos en esta publicación y las opiniones ver das no refl ejan la postura de la Cámara de Diputados. El uso de fotogra as, obras y demás fragmen-tos de contenidos, así como el uso de la imagen de personas que se han reproduci-do por este medio, ha sido con la fi nalidad de realizar inves gación sobre temas de interés legisla vo y cultural.



Presentación

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) es una estrategia de política social, integral y participativa, que pretende una solución

estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

Impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciu-dadanía en general.

Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso bá-sico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Sistema Nacional contra el Hambre (SinHambre) fue creado por decreto presidencial el 22 de enero de 2013. Es una estrategia de política pública, la cual ha permitido que personas en condiciones de pobreza multidimensional extrema –que naturalmente no gozan de una alimenta-ción decorosa– sean parte de su padrón de benefi ciarios. A través de una bolsa de recursos y 70 programas de las dependencias públicas federales involucradas en su implementación y funcionamiento, la Cruzada tam-bién comprende otras áreas como educación, salud y vivienda. La CNCH no es un programa propiamente hablando, sino un esfuerzo que aglu-tina y conjuga el trabajo de 19 secretarías, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); los medios pecuniarios provienen de las instancias que participan en ella. En una primera fase, los municipios involucrados eran 400;1 al año siguiente de su lanzamiento alcanzaban un total de 1,012.2

El SinHambre se divide en cuatro apartados: el primero es la Comi-sión Intersecretarial para la Instrumentación de la CNCH; el segundo es el Consejo Nacional; el tercero los acuerdos con las entidades federativas y los municipios; y, fi nalmente, el cuarto lo componen los Comités Co-

1 Un subsecretario del área social afi rmó que la selección de esos 400 municipios obe-deció a consideraciones operativas y criterios de focalización, por concentrarse en ellos más del 50% de la población objetivo. Los parámetros para incluir unas demarcaciones y no otras fueron los siguientes: 1) el número total de pobres extremos; 2) el porcentaje de éstos en la población; el número de quienes además tienen carencia alimentaria; y 4) el porcentaje en la población con esta carencia. Reforma, 28 de febrero de 2013, p. 11.2 Coneval, Evaluación de la Coordinación Interinstitucional y de la Participación Comunitaria en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, México, s/f, p. 5.



munitarios, integrados por los benefi ciarios de los diferentes programas sociales. La Cruzada asume el compromiso de resolver la “inaceptable presencia de hambre en millones de mexicanos”.

Es por ello que el número 123 del Reporte CESOP lo dedicamos a la Cruzada Nacional contra el Hambre y se abordan temas como si la cru-zada ha tenido éxito o fracaso, el nuevo contexto del desarrollo social y el balance del programa de 2013 a 2018. Posteriormente se resume uno de los foros organizados por el CESOP sobre los programas sociales y fi -nalmente se da seguimiento de la opinión pública y la percepción que se tiene de los derechos sociales.

El primer artículo se titula “La Cruzada contra el Hambre, ¿éxito o fracaso?”, elaborado por Luis Angel Bellota, quien efectúa un breve aná-lisis de la que fuera una de las medidas más emblemáticas del gobierno de Enrique Peña Nieto: la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Comienza por defi nir a qué clase de política social pertenece y poste-riormente hace un diagnóstico que integra las observaciones de estudios académicos, información periodística y cifras ofi ciales disponibles.

El investigador estima muy apresurado hacer un juicio concluyente de lo que fue la administración pasada, sin embargo, nos dice que no está de más dejar algunas notas y comentarios críticos para futuros análisis del mencionado periodo presidencial. El artículo no pretende ser uno de los primeros y más tempranos intentos por dar una lectura global de los últimos seis años; se enfoca sólo en un aspecto del sexenio. El intento por acabar con el hambre, si bien es loable y concita opiniones unánimes, al parecer no quedó enmarcado por un cambio de fondo en el modelo de desarrollo.

El siguiente artículo, “Desarrollo social ante un nuevo contexto”, de Guadalupe Morales Núñez, explica el nuevo contexto político y le-gislativo, que enfrenta un doble compromiso en materia de Desarrollo Social. El primero que asumió el Estado mexicano (ONU-2015) fue con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, en donde la Secretaría de Desarrollo Social asume 13 de ellos y el segundo producto se refi ere a las recientes elecciones federales.

El artículo tiene el propósito de colocar en la mesa de análisis, y a disposición de los principales actores, elementos que puedan contribuir en ello. En ambos casos la Cámara de Diputados es un actor importante, como lo fue durante la aprobación de la Ley de Desarrollo Social (2004) y las reformas posteriores, así como en el contexto actual, en donde se reconoce que para erradicar el hambre y la pobreza es necesario partir de una política social que pase de una “visión asistencialista a una de inclusión productiva,3 que considere en primera instancia previsiones adecuadas en el PEF 2019 con un enfoque de largo plazo y para ello el Plan Nacional de Desarrollo será la hoja de ruta que articule las acciones del Estado.

3 Dip. Mario Martín Delgado Carrillo, de la Junta de Coordinación Política. El diputado Mario Delgado, durante la instalación de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. Acta del 17 de octubre del 2018, Gaceta Parlamentaria, año XXI, núm. 5156, miércoles 14 de noviembre de 2018.



El siguiente artículo lo elaboró Omar Cortés Macías y se titula “Ba-lance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2018”. Este tra-bajo muestra el proyecto y los alcances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue una de las estrategias emblemáticas del gobierno federal (2012-2018) para atender el fenómeno de la pobreza, para lo cual fue necesario revisar la Evaluación del Conveval a la CNCH 2013-2019.4

El cuarto artículo, “Los programas sociales en México”, de Igna-cio González Bautista, elabora una reseña de un foro organizado por el CESOP titulado “Hacia una visión transversal de los derechos sociales, salud, educación, alimentación”. Dicho foro contó con la participación del INEGI, la UNAM, el Coneval, Prospera, Mexicanos Primero, Secretaría de Salud, el Banco de Alimentos de México, la SEP, Canacintra, Oxfam México, entre otros.

Finalmente, Ernesto Cavero Pérez, en su artículo “La percepción de los derechos sociales: Cruzada Nacional contra el Hambre”, realiza un comparativo partiendo del conocimiento del ciudadano para determinar qué tanto conoce de los programas sociales. Toma como base las en-cuestas territoriales nacionales elaboradas por el CESOP durante los años 2016, 2017 y 2018 sobre derechos sociales y cohesión social, las cuales contienen datos relevantes respecto al cumplimiento, acceso y garantía de los derechos sociales. El ejercicio de investigación se realizó a través de la indagación de la percepción de las siguientes variables: conocimien-to y acceso a los derechos sociales, responsabilidad del Estado para la garantía de acceso, elementos para la garantía de los derechos sociales y causas de incumplimiento.

4 Coneval, Esquema general de evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/65658/Esque-ma_de_Evaluaci_n_de_la_Cruzada.pdf (consulta: 11 de noviembre de 2018).



La Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿éxito o fracaso?

Luis Angel Bellota*

Introducción

Dando por fi nalizada la presidencia de Enrique Peña Nieto, haremos un breve repaso de la que fuera una de sus medidas más emble-

máticas: la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Anunciada con bombo y platillo en una ceremonia ofi cial el 21 de enero de 2013, un día después se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación el decreto presiden-cial que la establecía.1 Así quedó instituido el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SinHambre), el cual se planteó unir la parti-cipación social de las comunidades benefi ciadas con una política pública enfocada en la erradicación de la desnutrición y la pobreza alimentaria. El instrumento más visible de esta estrategia fueron los comedores co-munitarios instaurados en septiembre de aquel año. Sus objetivos son los siguientes: 1) Cero hambre gracias a una alimentación y nutrición ade-cuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 2) Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños pro-ductores agrícolas; 4) Minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenamiento; 5) Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre en la población objetivo como personas.

Empezaremos por defi nir a qué clase de política social pertenece la CNCH y luego llevaremos a cabo un diagnóstico que integre las observa-ciones de estudios académicos, información periodística y cifras ofi ciales disponibles. Como mencionamos en el párrafo anterior, el gobierno de Peña Nieto prácticamente ha concluido. Dada la cercanía temporal y la vigencia de muchas decisiones tomadas entre 2012 y 2018, estimamos muy apresurado hacer un juicio concluyente de lo que fue la administra-ción peñista. Sin embargo, no está de más dejar algunas notas y comen-tarios críticos para futuros análisis del mencionado periodo presidencial. El artículo que presentamos a continuación no pretende ser uno de los primeros y más tempranos intentos por dar una lectura global de los

* Licenciado en Historia por la UIA y pasante de la maestría en Estudios Latinoamerica-nos por la UNAM. Investigador asistente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 1 Diario Ofi cial de la Federación, 22 de enero de 2013, pp. 4-8.

últimos seis años; perseguir dicha meta en estas páginas, además de desmesurado, nos haría perder nuestro objetivo principal. Por la concisión que impone la falta de espacio, nos enfocaremos sólo en un aspecto del sexenio. El intento por acabar con el hambre, si bien es loable y concita opiniones uná-nimes, al parecer no quedó enmar-cado por un cambio de fondo en el modelo de desarrollo.

La CNCH: objetivos, resultados, limitaciones

La CNCH, como ya lo adelantamos, es una estrategia de política públi-ca que ha permitido que personas en condiciones de pobreza multi-dimensional extrema2 —que natu-ralmente no gozan de una alimen-tación decorosa— sean parte de su padrón de benefi ciarios. A través de una bolsa de recursos y 70 pro-gramas de las dependencias públi-cas federales involucradas en su implementación y funcionamien-to, la Cruzada también comprende otras áreas como educación, salud y vivienda. La CNCH no es un pro-

2 Este concepto reconoce la pobreza como un fenómeno que encierra priva-ciones no sólo monetarias, sino también de acceso a más de tres satisfactores.



grama propiamente hablando, sino un esfuerzo que aglutina y conju-ga el trabajo de 19 secretarías, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia (DIF); los medios pecuniarios provienen de las instancias que participan en ella. En una primera fase, los mu-nicipios involucrados eran 400;3 al año siguiente de su lanzamiento al-canzaban un total de 1,012.4

El SinHambre se divide en cuatro apartados. El primero es la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la CNCH; el segundo es el Consejo Nacional; el tercero los acuerdos con las enti-dades federativas y los municipios; y, fi nalmente, el cuarto lo compo-nen los comités comunitarios in-tegrados por los benefi ciarios de los diferentes programas sociales. La Cruzada asume el compro-miso de resolver la “inaceptable presencia de hambre en millones de mexicanos” y se propone tener “cero hambre a partir de una ali-mentación y nutrición adecuada de las personas que viven en pobreza multidimensional extrema y caren-cia de acceso a la alimentación” y

3 Un subsecretario del área social afi rmó que la selección de esos 400 municipios obedeció a consideraciones operativas y criterios de focalización, por concentrar-se en ellos más del 50% de la población objetivo. Los parámetros para incluir unas demarcaciones y no otras fueron los si-guientes: 1) el número total de pobres extremos; 2) el porcentaje de éstos en la población; 3) el número de quienes ade-más tienen carencia alimentaria; y 4) el porcentaje en la población con esta caren-cia. Reforma, 28 de febrero de 2013, p. 11.4 Evaluación de la Coordinación Interins-titucional y de la Participación Comuni-taria en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, México, Coneval, s/f, p. 5.

“eliminar la desnutrición infantil aguda y a mejorar los indicadores de peso y talla en la niñez”.5

Por el tipo de políticas sociales que la preceden y el perfi l poblacional al que está dirigida, la CNCH reviste las características de un clásico pro-grama de acciones focalizadas para contener la pobreza. Este modelo de política social se basa en transferencias monetarias y ayudas específi cas a sectores bien identifi cados, a contrario sensu de las ayudas y servicios universales que habían distinguido al viejo Estado bonapartista. En otras palabras, los recursos son destinados para los más vulnerables y ya no para amplias capas de la sociedad, incluida una parte de las clases medias. Las transferencias son mecanismos diseñados para corregir las fallas del mercado que impiden a los pobres el acceso a bienes sociales básicos como la educación y la salud.6 Este modelo de combate a la pobreza, en resumen, está destinado a los segmentos en marginación extrema, bus-cando la mayor efi cacia de resultados al menor costo; interviene por el lado de la demanda para no distorsionar el mercado —pero no corrige sus excesos—; concentra sus operaciones en la infancia, la adolescencia y la juventud; estimula cambios en los hábitos de salud y costumbres familiares por medio de condicionalidades; paga los costos que genera en la economía familiar la asistencia de los menores a la escuela; y moni-torea las evaluaciones de sus resultados e impactos.7

Bajo la óptica “focalizadora” encontramos una concepción “mini-malista” —propia de los espacios hegemonizados por lógicas neolibera-les— en la cual los recursos públicos tienen que ser priorizados sólo en los más pobres, cuyo costo

[...] debe mantenerse en un nivel bajo, congruente con un gasto público, constituir un apoyo transitorio que desestimule a las familias a vivir de las transferencias públicas, y fomentar la contraprestación por parte de las fami-lias benefi ciarias a efectos de estimular una actitud pro-activa en los esfuer-zos sociales orientados a la disminución de la pobreza.8

La idea central o eje articulador de estas políticas sociales es la bús-queda de mecanismos de intervención pública que permitan romper la transmisión intergeneracional de las condiciones que mantienen en la miseria a amplias franjas de la población.

5 Gabriela García Vázquez, Cruzada Nacional contra el Hambre: un análisis de política pública, tesis de licenciatura, México, ITAM, 2014, p. 53.6 Carlos E. Barba Solano, “Los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina: ¿universalismo o focalización? El caso de Oportunidades en Méxi-co”, en Gustavo Meixueiro Nájera y Salvador Moreno Pérez (coords.), Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2012, México, CESOP, 2014, p. 102.7 Ibid., p. 103.8 Israel Banegas-González y Minor Mora-Salas, “Transferencias condicionadas y re-ducción de la pobreza en México: entre lo real y lo imaginado”, European Review of Latin American and Caribbean Studies, núm. 93, octubre 2012, p. 41; Nora Lustig, “El impacto de 25 años de reformas sobre la pobreza y la desigualdad”, en Nora Lustig (coord.), Crecimiento económico e igualdad, México, El Colegio de México (Los grandes problemas de México, IX), 2010, p. 312.



En el historial de las políticas públicas para atender a los grupos po-blacionales más deprimidos, la Cruzada Nacional contra el Hambre no es el primer proyecto en su tipo. Tal vez no sea el último, pero podríamos ubicar sus antecedentes más lejanos: primero, en el Programa de Inver-siones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider) del sexenio echeverrista; luego, en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Depri-midas y Grupos Marginados, mejor conocida como Coplamar, así como en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM),9 entre 1977 y 1982; también le encontraríamos un aire de consanguinidad con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).10

En 1995 se creó el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF),11 una política interinstitucional —en la cual trabajaron coordi-

9 “Durante [la] administración [lópezportillista] se instauró el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el propósito de promover la autosufi ciencia alimentaria, y con ello atacar los problemas del hambre, la pobreza, la salud y la desnutrición de los estratos marginados de la sociedad mexicana. Con este propósito se impulsaron dispositivos de asistencia técnica, fi nanciamiento oportuno, capacitación y transferencia de tecnología, inversión en infraestructura hidráulica, de almacenamiento, procesamiento, empaque y transporte; así como la instrumentación de un sistema de distribución y abasto de alimentos. Se establecieron programas de apoyo a la agricultura de temporal, se impul-só la agroindustria campesina y se otorgaron subsidios generalizados y dirigidos para facilitar el acceso a la tierra, a la tecnología y a los insumos. Asimismo, se desarrollaron mecanismos de detección de zonas críticas con alta prevalencia de desnutrición, y se establecieron programas de orientación alimentaria a la población.

Parte de su relativo éxito radica quizás en haber incorporado una visión particular del problema alimentario, muy diferente a las concepciones todavía prevalecientes en la década de los setenta, que atribuían a los factores técnicos, climáticos y de recursos naturales las causas principales del origen de éste. Con el SAM se generó la convicción de que la producción y transformación de bienes agrícolas de origen animal y vegetal, así como la industria de bienes de capital e intermedios y la distribución de alimentos, ya no podía ser abordada por separado”. Ricardo López Salazar y Enrique David Gallar-do García, “Las políticas alimentarias de México: un análisis de su marco regulatorio”, Estudios Socio-Jurídicos, vol. 17, núm. 1, enero-junio 2015, p. 15.

Otros autores apuntan que “el SAM concebía al hambre, la desnutrición y la po-breza extrema como problemas multinivel e interrelacionados; por ende, en el progra-ma se incluyeron acciones de corte sectorial, horizontal y transversal que pretendían involucrar diversas secretarías y órdenes de gobierno. El SAM, concibió dos objetivos fundamentales: recuperar la autosufi ciencia en la producción de maíz y frijol al termi-nar el sexenio (1982) y otros productos básicos en 1985; y mejorar la distribución de alimentos en aras de reducir en un tercio el número de familias con desnutrición”. Luis Huesca Reinoso, Ricardo López Salazar et al., “El Programa de Apoyo Alimentario y la política social integral en la Cruzada contra el Hambre en México”, Revista Mexicana de Ciencias Sociales y Políticas, año LXI, núm. 227, mayo-agosto 2016, p. 383.10 “De un comienzo modesto, pues se partía de los recursos inicialmente asignados a los programas regionales de la administración anterior, [Solidaridad] llegó a multiplicarse por más de 10 veces y constituyó el eje articulador de las políticas sociales del país [a lo largo del sexenio salinista]. Más que un programa en sí, Solidaridad constituyó un con-junto de más de 30 programas, algunos de los cuales, por su importancia y magnitud, rebasaban cualquier otro programa social del pasado. [Este programa, de ambiciosos alcances, fue el] eje articulador de políticas sociales que en muchas ocasiones perdían sus límites, tanto de lo social como de sus atribuciones con relación a otras dependen-cias federales y con respecto a los gobiernos estatales y municipales”. Baldomero Váz-quez Luna, “Los programas sociales en México como sustento de la economía social y solidaria”, México, Instituto Belisario Domínguez, 2012, p. 21.11 “Como su nombre lo indica, el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar tomó

nadamente las secretarías de De-sarrollo Social, Educación Pública, Salud, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, además del Ins-tituto Mexicano del Seguro Social y el DIF— para elevar la nutrición y la salud de la población carenciada. Sus labores estaban enfocadas a menores de cinco años, preescola-res y escolares, así como a las fami-lias en áreas de extrema pobreza, tanto rurales como urbanas.12 El PANF tuvo una vida breve. A dos años de haberse implementado, en su lugar quedó la Coordinación Nacional del Programa de Educa-ción, Salud y Alimentación (Pro-gresa). Este último fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),13 que

a la familia como eje articulador de sus acciones, factor que representó un giro en los mecanismos de combate a la pobreza. Sin embargo, lo novedoso y trascendental fue la focalización del programa hacia las personas consideradas con mayor rezago y vulnerabilidad”. Huesca et al., op. cit., p. 385. 12 Para fi nes de su operatividad y a cuenta de las características tan diversas —y par-ticulares— de las comunidades benefi cia-das, el PANF clasifi có el mapa nacional en 12 regiones. El programa funcionó a tra-vés de tres ejes: a) la Canasta Básica Ali-mentaria, que consistía en la distribución de alimentos que cubrían las necesidades esenciales de las familias indígenas y rura-les; b) el Programa de Desayunos Escola-res, que dotaba a los infantes preescolares y escolares de un desayuno que aportase el 30% de los requerimientos diarios de proteínas y calorías; y c) el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas Urbanas Marginadas, que subsidiaba la tortilla y la leche y que siguió funcionando después del año 2000 en las zonas urbanas margi-nales. Simón Barquera, Juan Ribera-Dom-marco et al., “Políticas y programas de ali-mentación y nutrición en México”, Salud Pública de México, vol. 43, núm. 5, septiem-bre-octubre 2001, pp. 471-472.13 En 1992 fue modifi cada la Ley Orgá-nica de la Administración Pública Federal



entre 1997 y 2003 promovió estrategias intersecretariales para auxiliar a las familias en pobreza extrema. Dicha coordinación, por cierto, tam-bién suplió al Pronasol. A diferencia de otros planes de ayuda social de gran calado, el Progresa integró la salud y la educación con la asistencia alimentaria. Sus autores intelectuales tuvieron a bien creer que “para ter-minar o disminuir los niveles de pobreza extrema no bastaba con otorgar alimentos a precios bajos, tal como lo hacía la Comisión Nacional de Subsistencias Populares”.14 Al hacer un balance de las políticas sociales entre el periodo de Luis Echeverría y el de Vicente Fox, María del Car-men Pardo ofrece la siguiente conclusión: “en México, durante los últi-mos cinco sexenios, las estrategias diseñadas para combatir la pobreza y lograr una sociedad más justa se han encuadrado dentro de programas de muy corto plazo que sólo han servido como paliativos a las presiones económicas y sociales”.15 La CNCH no es la excepción a esta regla que comenta la doctora Pardo.

En el ocaso del siglo XX, “una larga historia de empresas paraes-tatales, programas e instituciones de apoyo al campo, culminó con su desaparición y desincorporación. El declive del Estado benefactor [a la mexicana] fue notorio a principios de los ochenta”. La globalización de la economía —cristalizada en la fi rma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— modifi có la estructura productiva del país y, con ello, las políticas públicas que la acompañaban. Los impactos de estos cambios en la sociedad se podían ver refl ejados en las transformaciones administrativas y la especialización del aparato burocrático. Naturalmen-te, la provisión de bienes y servicios sociales fueron adecuadas a la nueva realidad. Los costos del ajuste después de las crisis de 1982 y 1995 y las contradicciones de una acelerada modernización económica que no daba los frutos prometidos ni democratizaba los mercados, adecuando los marcos regulatorios para evitar tendencias regresivas en la concentra-ción del ingreso, fueron correlativas a la instrumentación de programas y presupuestos focalizados.

En el caso de las políticas alimentarias de las últimas décadas también hallamos diversos proyectos de subsidiaridad que apelaban a criterios de racionalidad técnica, que enfatizaban los costos no infl acionarios de los mismos, que estaban dirigidos sólo a los más desposeídos y que armoni-

para darle cabida legal a la Sedesol, cuya meta principal ha sido combatir la pobreza y la pobreza extrema. La novel secretaría de Estado, en un principio, se apoyó en el Pronasol, pues éste era, por entonces, la mejor apuesta del gobierno para acabar con dicho fl agelo. La aparición de la Sedesol signifi có un cambio de fondo en la política social, hasta ese momento desperdigada entre los programas, fi deicomisos y ofi cinas de fomento de otras secretarías. Por primera vez una dependencia atendería de for-ma exclusiva el problema de la pobreza. Desde su instauración, ésta dirige, concentra, coordinada y distribuye los recursos de los programas sociales. En 1994, Diconsa y Li-consa, adjuntas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, hoy desaparecida, pasaron a la órbita de la Sedesol. [Nota del autor]14 Huesca et al., op. cit., p. 385.15 María del Carmen Pardo, “Política social”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), Una historia contemporánea de México. Las políticas, t. 4, México, Océano/El Colegio de Mé-xico, 2009, p. 138.

zaban perfectamente con los pro-cesos de adelgazamiento estatal, desde el Programa Nacional de Ali-mentación —que sustituyó al SAM y se planteó objetivos más modes-tos— hasta el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y la propia CNCH. El PAL, que bajo el gobierno calde-ronista estaba integrado al Progra-ma Oportunidades, pasó a formar parte de la Cruzada después de 2012. A lo largo de casi 40 años “se han implementado dos tipos de programas relacionados con la alimentación. Por un lado, se en-cuentra aquel orientado a procurar alcanzar el objetivo de la seguridad alimentaria a través de una serie de acciones como el otorgamiento de subsidios a las actividades pro-ductivas y el favorecimiento de la producción para el autoconsumo; y por otro, están las estrategias de combate a la pobreza alimenta-ria”,16 que son objeto de medición por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social (Coneval).

En este carrusel de proyectos para fomentar la producción, dis-tribución y consumo de productos alimenticios, ni en los últimos dos periodos presidenciales del pro-yecto posrevolucionario ni en 35 años de liberalización y reformas 16 Huesca et al., op. cit., p. 386.



estructurales hemos podido con-solidar un entramado de políticas de Estado que realmente detonen la modernización del sector rural para acortar las brechas socioeco-nómicas entre las regiones del país; más bien somos testigos de una continuidad de programas asis-tenciales que cambian de nombre, pero no sincronizan los esfuerzos ofi ciales con los de la iniciativa pri-vada y la sociedad civil para sacar avante un plan de desarrollo que, consecuentemente, eleve la pro-ductividad, pondere la inclusión como vector principal, fomente el bienestar local y demuestre susten-tabilidad (en todo sentido).

A pesar de los recursos y del trabajo invertido para reducir la pobreza, en 2010, de acuerdo con datos ofi ciales, 46.2% de la pobla-ción no contaba con los ingresos sufi cientes para adquirir o gozar de los bienes y servicios que cubrían sus necesidades más primordia-les. Dos años antes, el porcentaje era dos puntos porcentuales me-nos.17 Dicho incremento signifi có numéricamente tres millones de pobres más. Siguiendo la misma

17 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. En materia de Acceso a la Alimentación 2011, Méxi-co, Coneval, 2011, p. 9.

información proporcionada por el Coneval, México había celebrado su año bicentenario con 24.9% de su población sin un acceso digno a la alimentación.18 En otro traba-jo con datos estadísticos, también elaborado por la misma institu-ción, se estimaba que en 2008 las personas en pobreza alimentaria alcanzaban 18.2% de la población; es decir, más de 3 millones 800 mil hogares carecían de las rentas mí-nimas para adquirir los productos de la canasta básica. A través del análisis desagregado por entidad federativa, los estados que presen-taban los porcentajes más altos de población en pobreza alimentaria eran Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 47, 42 y 38%, respectivamente. Aclaremos que estas cifras son de 2005, pero igualmente sirven para tener una idea de la problemática. Asimismo, la citada fuente indica-ba que las personas con menores ingresos eran quienes destinaban la mayor parte de éstos en la com-pra de alimentos, hasta 52%; en el otro lado de la balanza, aquellos que se encontraban en el decil más alto destinaban únicamente 23%.19 Cuando arrancó el gobierno de Peña Nieto, alrededor de 22 millo-nes de mexicanos padecían de pe-nurias alimentarias.20

No fue casual que en octubre de 2011 se reformara el artículo cuarto constitucional para contem-plar el derecho a la alimentación. Meses antes de su inclusión en la Carta Magna, un relator especial de la ONU, Olivier de Schutter, realizó

18 Ibid., p. 16. 19 Dimensiones de la seguridad alimenta-ria: evaluación estratégica de nutrición y abasto, México, Coneval, 2010, pp. 22-23.20 Coneval apud Huesca et al., op. cit., p. 386.

una visita a nuestro país, así como un informe especial para examinar y dar cuenta de “la situación actual de la inseguridad alimentaria [...], el marco jurídico y de políticas” que había al respecto.21 La estancia del relator tuvo lugar en junio y las en-miendas al artículo 4º en octubre. El emisario de Naciones Unidas se reunió con los responsables de distintas secretarías, represen-tantes de los poderes legislativos, académicos, miembros de las co-munidades indígenas y varias or-ganizaciones no gubernamentales. También visitó los fi deicomisos relacionados con la agricultura que garantizan préstamos a los produc-tores agrícolas. Sus recomendacio-nes, que serían publicadas meses después, amén de la mencionada reforma constitucional, quizá ha-yan infl uido en la proyección de la CNCH. Nos atrevemos a sugerirlo porque las metas ofi ciales aducidas para lanzar la Cruzada —enume-radas al principio— coinciden, en ciertos aspectos, con el espíritu del informe a cargo de Naciones Uni-das. Sin embargo, en sus razones, la CNCH no partía de un análisis crí-tico al modelo económico actual. Schutter, subrayémoslo, propone un conjunto de leyes que deberían “dar lugar a la adopción de una es-trategia nacional para la realización del derecho a la alimentación”. Lo dice sin rodeos: las políticas agra-rias imperantes “favorecen a los estados, los municipios y los pro-ductores o las familias más ricas”.22 Resulta lógico preguntarnos por la

21 El derecho a la alimentación. Informe de misión a México. Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, México, ONU-DH, 2012, p. 11.22 A lo cual agregaba que “en 2005, los



relación entre este punto y la po-breza alimentaria. La nueva estra-tegia de apoyo al campo tendría que basarse en cuatro ejes:

1) [En primer lugar] aumen-tar la coordinación entre los diferentes ministerios competentes y entre los planos nacional y subna-cional del gobierno. En la actualidad existen incohe-

seis estados más pobres recibieron sólo 7% del gasto público total en agricultu-ra, a pesar del hecho de que en ellos vi-vía 55% de la población más pobre. Los estados pobres, como Chiapas y Oaxaca, obtienen sólo una décima parte del apoyo per cápita que reciben los grandes esta-dos agrícolas de Tamaulipas, Sinaloa, Chi-huahua y Sonora. En 2006, 70% de los municipios más pobres recibió sólo 40% del gasto de Procampo y 6% del Ingreso Objetivo. El efecto de las políticas agra-rias en los productores y las familias es tan regresivo como el que se constata en los planos estatal y municipal. En 2005, 10% de los productores más pobres (en términos de tierras) recibió 0.1% del In-greso Objetivo, mientras que el 10% más rico recibió 45% de la ayuda de Procam-po, 55% de la Alianza PRD, 60% de las subvenciones en las esferas de la energía y los recursos hídricos y 80% de las trans-ferencias del Ingreso Objetivo. El patrón mencionado de gasto agrícola contras-ta mucho con las políticas de desarrollo rural, que son claramente redistributivas y destinan 33% de las transferencias al 20% de las familias rurales más pobres. El Banco Mundial señaló la contradicción entre ambas […]: el gasto agrícola es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en el desarrollo rural. Los programas de desarrollo rural reducen el coefi ciente de Gini (reducen la desigualdad) en torno al 14.2%, mientras que el gasto agrícola au-menta el coefi ciente de Gini (aumenta la desigualdad) en torno al 6.7%”. El dere-cho a la alimentación. Informe de misión a México. Relator especial de la ONU so-bre el derecho a la alimentación, México, ONU-DH, 2012, pp. 21-22.

rencias entre las diversas políticas sectoriales. Por ejemplo, algunos progra-mas de apoyo a la produc-ción agrícola benefi cian desproporcionadamente a los productores más ricos de la zona más rica del país, aumentando de ese modo la desigualdad en las zonas rurales, que es lo que los programas sociales, a su vez, pretenden combatir. Las políticas comerciales ofrecen otro ejemplo. La liberalización del comercio agrícola, puesta en marcha a mediados del decenio de 1980 y culminada en 2008 en el marco del Tra-tado de Libre Comercio de América del Norte, creó oportunidades para algu-nos productores agrícolas orientados a la exporta-ción de productos básicos, mientras que la importa-ción de determinados pro-ductos de bajo costo bene-fi ció a la industria ganadera y a los consumidores po-bres. La liberalización pau-latina del comercio agrícola también tuvo, sin embargo, un grave efecto negativo en algunos de los produc-tores más vulnerables de-bido al dumping en los mer-cados locales de productos de los Estados Unidos de América con frecuencia muy subvencionados. Tam-bién alentó el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación, que suele ser menos favorable a los po-bres y contribuye menos al

desarrollo rural. Un tercer ejemplo es el efecto de las políticas agrarias y comer-ciales en la adecuación de las dietas [...]

2) En segundo lugar, una estra-tegia nacional podría ayudar a determinar la complemen-taridad entre los diversos instrumentos que sirven en la actualidad para aumentar la seguridad alimentaria, a fi n de lograr un efecto mul-tiplicador. En particular, las medidas destinadas a prestar apoyo a los productores de alimentos y las medidas des-tinadas a facilitar el acceso de los consumidores a una alimentación adecuada de-berían apoyarse mutuamen-te y no estar aisladas unas de otras. Por ejemplo, se podría alentar a programas de ayu-da alimentaria como los de Diconsa y Liconsa a que ad-quieran más alimentos a pe-queños productores locales para que éstos tuvieran ma-yor acceso a los mercados y lograran cierta estabilidad de ingresos, velando al mismo tiempo por que se ofrezca a los consumidores alimentos frescos y nutritivos.



3) En tercer lugar, debido a su carácter plurianual, las estrategias nacionales pue-den contribuir a resolver la tensión entre los objetivos a corto plazo (como el su-ministro de productos de bajo precio a la población urbana o el aumento de la producción agrícola) y los objetivos a largo plazo (como el aumento de los ingresos de los pequeños agricultores y del desarrollo rural inclusivo o el fomen-to del uso sostenible de los recursos naturales) [...]

4) En cuarto lugar, una estra-tegia nacional aumentaría la rendición de cuentas al asig-nar claramente las responsa-bilidades entre las diversas ramas del gobierno y esta-blecer calendarios precisos para la adopción de medidas con las que se haría paulati-namente efectivo el derecho a la alimentación. Un órga-no independiente, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, po-dría contribuir a supervisar la aplicación de la estrategia utilizando indicadores apro-piados. El Coneval también podría desempeñar este pa-pel, utilizando su metodolo-gía para medir la efi cacia de las estrategias de reducción de la pobreza.23

El informe de Schutter hacía una lectura crítica del modelo eco-nómico de las últimas décadas, a

23 Ibid., pp. 17-19.

partir del cual se explican tanto la pobreza alimentaria como la ausencia de una política pública que permita, en la medida de lo posible, una pro-ducción autosufi ciente de alimentos sin depender del exterior. El tema da para un estudio mucho más extenso. Por ahora, sólo puntualizaremos la contradicción entre las buenas intenciones de la CNCH y la realidad es-tructural que la delimita. La Cruzada, desde un inicio, se planteó aumen-tar la oferta de alimentos, elevar su disponibilidad, abrir los accesos de comercialización para los pequeños productores y apoyar la economía social. Estas metas podrían ser más asequibles si el modelo de desarrollo apostara por retomar un programa orientado hacia la soberanía alimen-taria, el fortalecimiento del mercado interno y el potenciamiento de las capacidades productivas regional y localmente.

Desde sus primeros meses, algunas voces, tanto académicas como mediáticas, comentaron que la CNCH aparecía en un entorno que no era el más favorable para los fi nes que se había trazado, pues los sistemas locales de producción y abasto de alimentos saludables estaban fractu-rados y el gobierno, durante años, había sido omiso ante la promoción y “el crecimiento intensivo de las cadenas y puntos de venta de alimentos chatarra, hasta [posicionarlos] como la única opción” alimenticia que tie-ne a su alcance un vasto número de personas.24 Este punto se relaciona directamente con el auge pandémico de la diabetes, uno de los principa-les retos para la salud pública mexicana que carcome los presupuestos destinados al rubro. El consumo de bebidas azucaradas, alimentos pro-cesados y productos con grasas saturadas se refl eja en el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso. Podríamos evocar un sinnúmero de razones para explicar el fenómeno, pero una de ellas tiene que ver, justamente, con el encarecimiento de las frutas y las verduras.25 La CNCH deja incon-clusa la tarea de romper, o cuando menos reducir considerablemente, el hábito masivo por los azúcares refi nados entre los sectores con menor poder adquisitivo.

Si bien la CNCH, per se, no pudo dejar atrás la pobreza alimentaria en seis años –o al menos reducirla a su mínimo–, sí debemos reconocer el ánimo que mostró para que este lastre no se agravara aún más. Que haya estado sujeta a un contexto de bajísimo crecimiento económico e insu-fi ciencia salarial no quiere decir que no funcionara en lo absoluto. Tam-poco estamos diciendo que fuera una panacea. La crítica al actual mo-delo de desarrollo y la necesidad de implantar otras vías para dignifi car las condiciones materiales de la población no deben hacernos perder la objetividad sobre este proyecto de trabajo intersecretarial. En términos de infraestructura, hasta junio del presente año, la Cruzada contaba con 5,709 comedores comunitarios en todos los estados del país, atendiendo principalmente a mujeres embarazadas o en lactancia, menores de 11 años, personas con discapacidad y adultos mayores.26

24 José de Jesús González Rodríguez, “Algunas refl exiones a propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, en Reporte CESOP, núm. 61, febrero 2013, pp. 28-29.25 La Jornada, 1 de marzo de 2017, p. 36.26 Secretaría de Desarrollo Social, Sexto informe de labores, México, Sedesol, 2018, p. 10.



Para saber los resultados de la Cruzada en la mejoría del bienestar de la población atendida, el Coneval desarrolló metodologías y publicó el documento llamado “Resultados intermedios de la Cruzada”. En él des-cubrimos un cambio u orientación en el uso de los recursos municipales para incidir de forma más directa en la reducción de la pobreza; la idea era identifi car el comportamiento del gasto en ese nivel de gobierno para saber si su participación en la CNCH había incentivado cambios rele-vantes. Los resultados mostraron que, a propósito de las modifi caciones a las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-tura Social (FAIS) en 2014, los principales cambios observados fueron una disminución de recursos destinados a proyectos de urbanización y un aumento de aquellos asignados a agua y saneamiento y vivienda.27

Además del análisis sobre el uso del FAIS, el Consejo de Evaluación elaboró la Encuesta Pánel para el Monitoreo de Indicadores de la Cru-zada. De más está decir que este instrumento ha servido para computar resultados. La información arrojada por la citada medición dice que “los indicadores de carencia social fueron menores en 2015 respecto a las presentadas por los benefi ciarios en 2013-2014. Destacan las disminu-ciones en las carencias por acceso a los servicios de salud y por acceso a la alimentación”. La privación de una alimentación aceptable “pasó de cien a 42.5% en la muestra levantada —representativa de 207,578 hoga-res—. Para todos los grupos dentro de la población de estudio se obser-vó que la menor carencia en 2015 fue el acceso a los servicios de salud”.28 Es preciso aclarar que estos saldos positivos se acotaban a un número de personas benefi ciadas y “que para el resto de la población objetivo no se contó con los recursos para atenderla, lo cual, aunado a la problemática del ingreso real de este periodo, afectó su bienestar general”.29

Del total de municipios contemplados en la primera fase de la Cruza-da, el Coneval seleccionó cinco en 2014 para dar seguimiento ex profeso a los resultados de la estrategia. Las poblaciones seleccionadas fueron: Zi-nacantán, Chiapas; Guachochi, Chihuahua; Mártir de Cuilapan, Guerrero; San Felipe del Progreso, Estado de México y Tehuacán, Puebla. En ellos fueron analizadas las modifi caciones en los patrones de pobreza, carencias sociales e ingresos entre 2010 y 2014; se parte de 2010 puesto que es el úni-co año del cual disponemos de una medición multidimensional previa en esos municipios. La evolución de la pobreza extrema durante el cuatrienio mostró una reducción. La carencia por acceso a la alimentación se redujo en cuatro municipios pero aumentó en Tehuacán, municipio mayoritaria-mente urbano.30

Es importante señalar que el Coneval realizó otro estudio para exa-minar el programa estrella de la Cruzada: los comedores comunitarios.31

27 Coneval, Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre, México, 2016, pp. 41-44.28 Ibid., p. 48.29 Ibid., pp. 48-49.30 Idem.31 “El programa [...], a solicitud de la población organizada en comités […] en los mu-nicipios seleccionados para la Cruzada, otorga subsidios para la instalación y abasto de

Entre las conclusiones desprendi-das del trabajo de campo para eva-luarlos destacamos las siguientes:

• El programa de comedores comunitarios ha fomentado “la participación activa de los comités a fi n de identifi car otras necesida-des de las comunidades y recupe-rar la vinculación con otros pro-gramas de la CNCH”, permitiendo “que las personas voluntarias acce-dan a otros apoyos como incenti-vos para seguir participando en los comedores.

• Aunque el [programa de co-medores populares] no tiene entre sus objetivos asegurar el compo-nente de nutrición, sino el acceso a la alimentación, ha procurado fomentar mejores hábitos alimen-ticios en la población. En este sentido, en 2015 las autoridades del programa sustituyeron algunos productos y redujeron la cantidad de alimentos con alto contenido de

comedores comunitarios, cuya operación queda a cargo de la Comisión de Alimen-tación creada por cada comité comunita-rio. El [programa] abastece mensualmente los alimentos no perecederos [...] a través de Diconsa, y los alimentos perecederos son proporcionados por la propia comu-nidad [por medio] del pago de una cuota de recuperación, que no puede exceder los diez pesos por ración alimenticia”. Ibid., p. 54.



carbohidratos y azúcares —se eli-minaron las frutas en almíbar y las galletas, y se disminuyó el abasto de aceite comestible y azúcar refi -nada—. [...] la población entrevis-tada durante el trabajo de campo de la evaluación manifestó estar satisfecha por la calidad y cantidad de los apoyos alimenticios que re-ciben.

• Todos los comedores obser-vados en el trabajo de campo han establecido una cuota de recupera-ción, que oscila entre dos y ocho pesos; estas cuotas son adminis-tradas por las integrantes de la Co-misión de Alimentación y se usan principalmente para cubrir el costo de gas o leña, adquirir productos para la limpieza del equipo y las instalaciones de los comedores y para productos perecederos. La población benefi ciaria consideró que la cuota de recuperación es justa.

• Se encontró que la sostenibi-lidad y la autonomía de los [come-dores] se podría dar al fortalecer los mecanismos de participación comunitaria para que las personas de las localidades y comunidades en las que existe un comedor lo sien-tan propio y generen mecanismos alternativos de abastecimiento”.32

32 Ibid., pp. 54-56.

Por su parte, la comisión intersecretarial para la CNCH reportó que, hasta 2016, la población potencial de atención la componían 6.1 millo-nes de personas que cabían en la clasifi cación de pobres con carencias alimentarias, los cuales radicaban en los 2,457 municipios del país. Con-siderando esta cobertura, dice el último informe de la Sedesol, Dicon-sa tuvo presencia en 91.1% de ellos, en los cuales distribuye abarrotes comestibles, frijol, arroz y azúcar a 5,485 comedores comunitarios. La misma fuente da parte que en el bimestre julio-agosto de 2017, fecha de conclusión de la modalidad de la Tarjeta SinHambre, la nombrada red de provisión alimentaria aplicó a las familias benefi ciarias de ese carné una aportación de 16.22% en los productos que adquirieron, lo que sig-nifi có un apoyo adicional de 110 pesos mensuales.33 Como parte de la Cruzada, hasta junio del presente año, con una inversión de 2.6 millones de pesos, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha apoyado a 815 personas con becas para la permanencia en el aula escolar, así como transferencias denominadas “Apoyos al arribo” (un respaldo económico de 1,150 pesos por hogar que se extiende hasta en tres ocasiones por año para la jefa o jefe del hogar jornalero).34

Una exposición detallada sobre los alcances de la CNCH por todo el país requeriría otro trabajo mucho más extenso. Por ahora, haremos mención de un ejemplo local. En el Estado de México, una entidad con índices de pobreza rural y urbana bastante extendidos, cercanos al 50% de su población,35 las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel importante en la lucha contra el hambre. Existen 17 organismos registrados en la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado de México; a éstos hay que sumarle nueve de carácter fi lantrópico que tienen experiencia en asistir socialmente y repartir alimentos a grupos vulnerables. El lanzamiento de la Cruzada dio pie para que todas ellas se coordinaran con las autoridades estatales en la cobertura de los pro-gramas locales que se integraban a este trabajo intersecretarial.36 Uno de los resultados más alentadores, coinciden algunos investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido la articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil para identifi car los princi-pales focos con carencias alimentarias y actuar en consecuencia.

La CNCH también ha sido objeto de críticas que, al margen de sus limitados efectos positivos en la vida cotidiana de los sectores más pau-perizados, señalan falencias, objetivos no cumplidos e inclusive irregu-

33 Secretaría de Desarrollo Social, op. cit., p. 36.34 Ibid., pp. 41-42.35 Coneval apud Jorge Arzate Salgado, “Sociedad civil, pobreza y hambre en el Estado de México”, en Jorge Arzate Salgado, Lourdes Nava Nájera et al. (coords.), Las organi-zaciones de la sociedad civil y su relación con el desarrollo social en el Estado de México, Toluca, UAEM/FOEM, 2014, p. 113.36 Guillermina Díaz Pérez y Natalia Ixchel Vázquez González, “Paz, desarrollo y so-ciedad civil: una apuesta común para la satisfacción de necesidades”, en Jorge Arzate Salgado, Lourdes Nava Nájera et al. (coords.), Las organizaciones de la sociedad civil y su relación con el desarrollo social en el Estado de México, Toluca, UAEM/FOEM, 2014, pp. 103-107.



laridades. El primero de ellos ya fue señalado párrafos atrás cuando el consejo encargado de medir la pobreza en el país aceptaba que no toda la población objetivo pudo ser atendida. En un análisis de política pública realizado por Gabriela García Vázquez confi rmamos esta insufi ciencia. En su tesis de licenciatura, después de revisar números y porcentajes del Coneval entre los municipios benefi ciados, la autora estimó lo siguiente: del total de personas “que viven en condiciones vulnerables de acceso a la alimentación, [...] en su primera etapa, la CNCH sólo pudo atender a un total del 25 [por ciento] de las personas que viven en esta situación”.37 Una de las inconsistencias numéricas del programa subrayadas por la misma fuente es que:

El Coneval muestra que las personas que viven en pobreza extrema, suman un total de 11.5 millones y el número de personas que tienen carencia a la alimentación, suman un total de 27.4 millones. Por lo tanto, que la pobla-ción objetivo de la CNCH en sus 2 etapas sea de 5.3 millones es incorrecto, si como dicen se apegan a las estimaciones del Coneval. No sabemos si son todas las personas en pobreza extrema, pero si podemos asegurar que no son todas las personas en pobreza alimentaria en el país.

La Secretaría de Desarrollo Social plantea que existen 7.01 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema, mientras el Co-neval nos dice que son 11.53 millones. Sin importar el número fundamental que toma cada una de las dependencias y analizando los 7.01 millones de mexicanos que toma la CNCH, se hace una selección atípica en la elección de 400 municipios de la primera etapa. Aun tomando en cuenta a los 612 municipios de la segunda etapa, no se cubren las 27,988,899 personas vul-nerables por carencia en acceso a la alimentación. Si la CNCH especifi ca que tendrá como población objetivo a aquellos en situación de pobreza extrema de alimentación, debe atender a aquella población que presenta el mayor porcentaje en carencia alimentaria. No es claro su objetivo ni su focalización.38

Un segundo problema fue la falta de precisión conceptual, lo cual impactaba en la metodología y los objetivos del programa en cuestión. García descubrió que la Cruzada no tuvo clara la defi nición del problema que pretendía resolver. La explicación ofi cial de hambre es confusa

[...] ya que abarca aspectos como pobreza extrema, carencia alimentaria, carencias sociales, ingreso por debajo de la línea de pobreza, inseguridad alimentaria, desnutrición y derecho a la alimentación. Estos conceptos no son lo mismo ni se deben atender de la misma manera. No existe una única defi nición de hambre ni de la problemática que desean atender con esta estrategia.

37 García, op. cit., p. 68.38 Ibid., p. 72.

La misma Sedesol no se ha cansado de afi rmar que el progra-ma de colaboración interinstitucio-nal, que engloba a los tres niveles de gobierno, no es paternalista y busca garantizar el derecho a la ali-mentación. Hasta aquí no hay con-tradicción alguna. Sin embargo, el problema estriba en cómo la CNCH delimita conceptualmente el foco de sus acciones. “No existe una alineación entre objetivos y accio-nes”, arguye la citada politóloga.

En su monografía, García de-vela que la Cruzada no tiene claro el signifi cado de lo que es el ham-bre, lo cual, “es un terrible error metodológico.

Evidentemente cualquier per-sona entiende lo que es que una persona tenga hambre, pero no el signifi cado que le dan dentro de una política pública”. Expliqué-moslo. Mientras el Coneval en-tiende por hambre pobreza extrema alimentaria, la CNCH lo defi ne sólo como pobreza extrema; aunque ambos fenómenos están relacio-nados, son diferentes. La CNCH, en ninguno de sus documentos presenta una clara caracterización del problema. La cosa se complica cuando observamos que la Sedesol afi rma que no existe una defi nición consensuada del hambre, “sin em-bargo utiliza indisciplinadamente



conceptos [...] como el de la FAO que se refi ere [a ésta] como sinónimo de desnutrición crónica y como privación de alimentos”.

Por su parte, Desarrollo Social la mira “como la situación que en-frenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”. Esta defi nición confunde el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo —que contempla el costo de la canasta básica para tener una nutrición adecuada— con la falta de acceso a la alimentación. Ciertamente una cosa lleva a la otra, pero hace falta explicitar el porqué. La CNCH posteó un concepto del problema en su página web “con el objeto de que sea usada en los diversos documentos de trabajo de la misma”. Como no es posible encontrar un concepto concreto del reza-go que quieren resolver, tampoco podemos saber “si es un problema de mercado, de bienes públicos o de justicia social”.39

Un tercer cuestionamiento a la CNCH que no debemos dejar en el tintero es la revisión que hiciera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual fue retomada y reseñada en los medios. Ya no hablamos de un texto académico sino de un documento ofi cial con diagnósticos y recomendaciones concretas. En él, la ASF certifi ca el incumplimiento de las metas generales y, peor aún, responsabiliza a la Sedesol. Las obser-vaciones de la ASF se resumen en cinco sentencias: 1) la Cruzada careció de mecanismos de control y seguimiento para asegurarse del avance y cumplimiento de sus programas; 2) la población que debía recibir los apoyos no fue identifi cada con la precisión debida; 3) en 2017 operaron 30 programas, 45.7% menos de los 70 con los que arrancó la Cruzada cuatro años antes; y 4) la Sedesol no acreditó que su política pública más publicitada, en la que también estaban involucradas otras secretarías, haya sido una solución estructural y sostenible para revertir la pobreza alimentaria entre quienes la padecen.

El trabajo fi scalizador recién mencionado amerita especial atención en el cuarto punto, en la medida que evidencia la imposibilidad de haber alcanzado la meta de “hambre cero”. Hasta 2017, o sea a cuatro años de su instrumentación, la Sedesol no disponía de las herramientas me-todológicas para corroborar el cumplimiento de las metas que se había propuesto la CNCH; especialmente la de “hambre cero a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria”. Semejante defi ciencia, apunta la ASF, se explica porque la información registrada en el Sistema de Información para el Desarrollo carecía de confi abilidad. Ésta presentaba inconsistencias, tanto en el re-gistro del universo potencial de benefi ciados como en la vinculación de los programas presupuestarios que participaron en la estrategia.

En el veredicto de la Auditoría,

[...] a cinco años de la instrumentación de la Cruzada [...], la Sedesol en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la CNDH, no acreditó que dicha estrategia constituyó una solución para superar el

39 Ibid., pp. 69-71.

problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, ya que la dependencia no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las per-sonas en esa condición, ni que su atención permitió que abandona-ran dicha situación, por lo que no fue posible acreditar el avance del objetivo establecido en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.40

En cierto modo, el dictamen citado embona con las conclusio-nes a las que había llegado García Vázquez en su tesis.

Por último, el lado más opaco ha sido la utilización excesiva —y probablemente discrecional— de recursos públicos para publicitar los logros de la CNCH. La promo-ción de sus alcances ha salido más cara que los propios proyectos contemplados. En una investiga-ción que recurrió a solicitudes de transparencia y acceso a la infor-mación pública, Linaloe R. Flores sumó una controversia más a las

40 Auditoría de Desempeño: 2017-0-20100-07-0263-2018 263-DS. Secretaría de Desarrollo Social/Cruzada Nacional contra el Hambre, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, Auditoría Supe-rior de la Federación, p. 24.



tantas que rodean al sexenio pe-ñista. La periodista hizo cuentas y acusó que 80% del dinero que costaron 98 contratos entre 2013 y 2015 se fue al pago de publicidad, mientras la hambruna no desapa-recía de la realidad cotidiana que azota a millones de mexicanos en situación de pobreza. En el perio-do indagado

[...] se fi rmaron 92 contratos por 386 millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos por difundir la nueva política social impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, perió-dicos, uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 fueron para adquirir uniformes con la nueva imagen institucional de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del programa.41

La rebanada más grande del pastel presupuestal se la llevaron los medios informativos con 272 millones 466 mil 628 pesos. Por medio de spots fueron difundidos testimonios de la población bene-

41 Linaloe R. Flores, “De casi 500 millo-nes para la Cruzada contra el Hambre de Peña, 386 se fueron en presumir sus logros”, SinEmbargo, 22 de julio de 2018, en https://www.sinembargo.mx/22-07-2018/3445570.

fi ciada que daban fe de los resultados de la Cruzada. Los de sembolsos en publicidad fueron mayoritariamente para la televisora de San Ángel. El aludido emporio mediático, de acuerdo con esta información, obtuvo el 25 de octubre de 2017 dos contratos por 142 millones 691 mil 247 pesos. En menor medida, la televisora del Ajusto también se llevó una parte: 35 millones 988 mil 952 pesos. En cambio, para lo verdaderamen-te importante, como la adquisición de cinco mil sistemas potabilizadores de agua, se invirtieron 93 millones. Cotejando los montos, las empresas televisivas se llevaron más dinero que algunos proyectos que tendrían determinado benefi cio en la vida de comunidades aisladas y pobres. Por cierto, algunos de los contratos fueron por adjudicación directa. Al res-pecto, la ASF también tomó cartas en el asunto y, en sus observaciones a la Sedesol, advirtió sobre la existencia de “áreas de riesgo” en el ejercicio de los recursos, pues había encontrado “contrataciones con defi ciencias, aplicación de programas sin planeación ni seguimiento y fallas en los padrones”.42

Comentarios concluyentes¿Éxito o fracaso? Si consideramos el esfuerzo real de la CNCH por con-tener la pobreza alimentaria y la extensión de los comedores comunita-rios, tal vez haya sido un éxito muy parcial y a la vez cuestionable por la información que presenta el Coneval, la ASF y la academia; si partimos de las metas que se planteó y que no pudo cubrir, podemos hablar de un adeudo más que lega la presidencia de Peña Nieto. El programa guber-namental sobre el cual disertamos en estas páginas es el último capítulo de las políticas sociales emprendidas entre 1983 y 2018. El gasto social destinado a contener y combatir la pobreza se ha visto limitado por el bajo crecimiento en décadas recientes.

Por mejor que sea la disponibilidad de recursos fi nancieros para apo-yar con transferencias monetarias, becas escolares, servicios de salud y alimentos subvencionados a las personas que corren el riesgo de entrar en el umbral de la pobreza extrema, el trasfondo del problema no que-dará resuelto —o en vías de resolverse— sin un movimiento distribu-tivo de la economía. De ahí que sea imperativa la armonización entre el desarrollo regional —lo cual signifi caría el rescate del campo—, el aumento de la productividad, la mejora del poder adquisitivo y el trabajo coordinado entre las instancias públicas para lograr tan importante meta. Por ello hicimos mención del informe de la ONU, ya que contrasta con el rumbo y las metas no alcanzadas de nuestra política económica.

Un asunto que hubiera dado para ampliar más este trabajo es lo to-cante a las dietas y hábitos alimenticios adoptados por la sociedad mexi-cana que transitó del siglo XX al XXI. La libre importación de productos comestibles con alto contenido calórico y azúcares refi nados, el enca-recimiento de los productos más nutritivos y el deterioro salarial para

42 Idem.



acceder a ellos contribuyen a una multiplicación de la obesidad y la dia-betes que complican cualquier política pública para mejorar la dieta de las familias mexicanas. No menos importante ha sido el abandono de las estrategias para esbozar un proyecto de soberanía alimentaria que pase por la activación del mercado interno.

La Cruzada demuestra que las buenas intenciones no borran, en un lapso de seis años, inercias estructurales que llevan décadas sin corregir-se. Hemos visto ensayos y errores que se suceden sin una visión de largo plazo. El gran debate por venir que ocupará la atención de técnicos y to-madores de decisiones será la sustitución, gradual o acelerada, del actual modelo de desarrollo. De ello dependerá si la economía crece o no. Si a la parálisis económica le añadimos los connatos clientelistas de siempre, el dispendio de recursos vía publicidad ofi cial, los gastos desacertados que anulan oportunidades para mejorar la calidad de vida de las mayorías y las opacidades que encierran actos de corrupción, no podemos esperar que la política social dé los mejores resultados.



Desarrollo social ante un nuevo contexto

Guadalupe Morales Núñez*

“Reconocemos que los seres humanos son el elemento central de nuestras preocupaciones sobre el desarrollo sostenible

y que tienen derecho a una vida sana y productivaen armonía con el medio ambiente”.

Declaración de Copenhague sobre desarrollo social,Copenhague, Dinamarca, 19 de abril de 1995.

Introducción

EEll nuevo contexto político y legislativo enfrenta un doble compro-miso en materia de desarrollo social: el primero fue que el Estado

mexicano (ONU-2015), a través de la Secretaría de Desarrollo Social, asu-mió 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, y el segundo es producto de las recientes elecciones federales.

El desarrollo social se refi ere al proceso de promoción del bienestar de las personas a partir del desarrollo económico para combatir la po-breza y la desigualdad; su balance es complejo, sin embargo, destacan simetrías en el contexto de la aprobación de la Ley de Desarrollo Social en 2004 y los cambios planteados en el contexto actual.

En ambos casos la Cámara de Diputados es un actor importante, como lo fue durante la aprobación de la Ley de Desarrollo Social (2004) y las reformas posteriores, así como en el contexto actual, en donde se reconoce que para erradicar el hambre y la pobreza se debe partir de una política social que pase de una “visión asistencialista a una visión de inclusión productiva,1 que considere en primera instancia previsiones adecuadas en el PEF 2019 con un enfoque de largo plazo y para ello el Plan Nacional de Desarrollo será la hoja de ruta que articule las acciones del Estado”.

Este proceso involucra las variables económica y social que deben considerarse para construir una visión prospectiva a largo plazo, con la fi nalidad de articular a todos los actores involucrados en procesos asertivos e identifi car escenarios de riesgo como los cambios políticos, el uso electoral de los programas sociales o la corrupción, y el uso de las tecnologías, por ejemplo.

* Licenciada en derecho por la UNAM; investigadora-asistente de la Subdirección de Opinión Pública del CESOP. Correo electrónico: [email protected] Dip. Mario Martín Delgado Carrillo, de la Junta de Coordinación Política. El diputado Mario Delgado durante la instalación de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. Acta del 17 de octubre del 2018, Gaceta Parlamentaria, año XXI, núm. 5156, miércoles 14 de noviembre de 2018.

Este trabajo tiene el propósito de colocar en la mesa de análisis, y a poner a disposición de los princi-pales actores, elementos que pue-dan contribuir a dicha articulación.

La simetría de los contextos históricos, las reformas a la Ley de Desarrollo Social, así como los mecanismos de control y casos de estudios, son algunos elementos que ofrece este documento como un referente que bien puede to-marse en cuenta en los procesos deliberativos previos al mecanismo que permita afrontar rezagos y de-safíos en esta materia.

Antecedentes históricos

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Ley de Desarrollo Social (2004) se aprueba en el preámbulo del in-forme sobre el 43° periodo de se-siones de la Comisión de Desarro-llo Social (ONU 2005)2 con motivo

2 Comisión de Desarrollo Social, Infor-me sobre el 43º periodo de sesiones (20 de febrero de 2004 y 9 al 18 de febrero



del décimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995. Esta cumbre constituye el marco básico para la promoción del desarrollo social universal en los planos nacional e internacional del tema central, siendo delegada por México3 la diputada federal Clara Marina Brugada Molina, quien a su vez fue autora de la iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Rural presentada en la LVII Legislatura (2000).4 Esta iniciativa se planteó como solución ante la falta de un programa nacional de desarrollo social que precisara, articulara e hiciera efi cientes los programas sectoriales y de las diversas instituciones de desarrollo social, (...) en un contexto donde los derechos sociales no habían sido prioridad para el Estado y ante la apuesta de una reforma social que generara un proceso incluyente de equidad y justicia social.5

de 2005). Consejo Económico y Social, documentos ofi ciales, 2005. Recuperado de: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/261/97/PDF/N0526197.pdf?OpenElement 3 Clara Marina Brugada Molina, Sistema de Información Legislativa, perfi l del legisla-dor, LIX Legislatura. Recuperado de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_Per-fi lLegislador.php?Referencia=569218 4 Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 501, jueves 27 de abril de 2000. 5 Idem.

Esta iniciativa brindó a los ciu-dadanos la oportunidad de tener acceso a sus derechos sociales y a exigir al Estado el compromiso éti-co de hacer realidad las condiciones que propicien la superación de la pobreza, la miseria, el equilibrio del desarrollo regional y la promoción de estrategias sociales de empleo e ingreso.

Como mecanismos de control, la iniciativa planteó la creación de comités regionales en los estados y municipios para la instrumen-tación, evaluación y control de la política de desarrollo social en el ámbito de sus respectivas compe-tencias, y de la Procuraduría de los Derechos Sociales, como un órga-no descentralizado de Sedesol, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la atribución de defen-der los derechos sociales. A conti-nuación se presentan los aspectos más relevantes de la propuesta:

I. Proteger los derechos so-ciales, individuales y co-lectivos, contra las arbi-trariedades, desviaciones y errores cometidos por las autoridades en la presta-ción de los mismos.

II. Coadyuvar y en su caso re-presentar a las personas o grupos en asuntos y ante las autoridades responsables de las políticas y los programas de desarrollo social.

III. Asesorar a las personas o grupos sobre las cuestiones jurídicas que le sean solicita-das y que estén relacionadas con el artículo anterior.6

6 Idem.

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, 1995

Los aspectos más relevantes fueron:

Es preciso mantener la seguridad humana y el progreso social garantizando condiciones de

vida adecuadas.

La seguridad de cada persona tiene que ver con el ingreso sufi ciente y el empleo, la educación

y la capacitación, la salud y la vivienda, la igualdad y la protección legal, y el ejercicio de

los derechos humanos.

La palabra clave es solidaridad. Los medios son el poder político y el crecimiento económico

sostenible utilizado para los fi nes adecuados. No se trata de determinar si esto es algo

que podemos hacer. Se trata de establecer prioridades y actuar con decisión.

Debemos encontrar nuevas respuestas para esas cuestiones fundamentales y sobradamente

conocidas.

La pobreza está vinculada a la falta de acceso a los recursos, entre éstos, el conocimiento. Los

encargados de formular las políticas olvidan con facilidad a los pobres. Los programas

de lucha contra la pobreza no son por sí solos sufi cientes. Es necesaria la participación

democrática para garantizar igual acceso a las oportunidades, los servicios públicos y la

vida política.

Todos los gobiernos deberían emprender políticas orientadas a una mejor distribución de la

riqueza y el ingreso.

Debemos ofrecer protección social y oportunidades a quienes no se pueden mantener por

cuenta propia. Debemos ayudar a quienes están en una situación social angustiosa. En

resumen, debemos habilitar a la gente para que se convierta en auténtica copartícipe del

desarrollo de nuestras sociedades.



Tabla 2. Ley General de Desarrollo Social

Artículo Publicación en el DOF

3 DOF 01-06-201230 DOF 08-04-201336.IX DOF 07-11-2013

6, 14, 19 y 36 DOF 01-06-2016

3.VII DOF 01-06-201611.V DOF 26-01-201840 DOF 26-01-20186, 19 y 36 DOF 22-06-20183.XI DOF 22-06-201851 DOF 25-06-201868 DOF 25-06-2018

Este contexto empata con los objetivos de Desarrollo del Mi-lenio destinados a poner fi n a la pobreza e incidir favorablemente en otros indicadores como género, educación de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida y las opciones para combatir la pobreza en lo in-dividual como las mejoras laboral, la migración y el estudio y desde la colectividad impulsar proyectos sociales solidarios que motiven la micro y mediana empresa.7

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20308

En 2015 México se comprometió (ONU/CEPAL) a cumplir con los ODS de la Agenda 2030 con relación a la eliminación de la pobreza, y a llevar a cabo acciones legislativas e institucionales. Por cuanto a las primeras, ambas cámaras, por se-parado, crearon grupos de trabajo para dar seguimiento a su imple-mentación en diferentes escalas, pero el avance más importante fue la reforma legal para que el Con-greso aprobara el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que en el Presupuesto de Egresos de la Fe-deración incluyera previsiones pre-supuestales adecuadas.

7 Véase “La pobreza y su entorno so-cioeconómico en el México del siglo XXI”, Reporte CESOP, num. 119, julio 2018. Dis-ponible en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Es-tudio/CESOP. 8 Véase Guadalupe Morales, “Desempeño de México en el cumplimiento de los Obje-tivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-da 2030. Algunas consideraciones para su evaluación”, En Contexto, junio de 2018. Recuperado de: fi le:///C:/Users/Usua-rio/Downloads/CESOP-IL-72-14-Desem-pe%C3%B1oMexico-250618.pdf

Actualmente, frente al diagnós-tico que ofrece Coneval, los retos para el nuevo gobierno parten del resultado de la pobreza en Méxi-co durante 2016, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Tabla 1.

De acuerdo con CEPAL, entre 2013 y 2014 el número de pobres aumentó en casi 2 millones de per-sonas en Guatemala, México y Ve-nezuela.9

Nos preguntamos entonces si las decisiones en torno a mejorar las condiciones de pobreza del país deban encontrar sustento en refor-mas legales, o su confi guración en el Plan Nacional de Desarrollo con un presupuesto adecuado que arti-cule un desarrollo social enfocado al bienestar de las personas materia de desarrollo social, como un pro-yecto de Estado a largo plazo que no considere límites sexenales.

Los esfuerzos de la política social a partir de 2004 han dejado áreas de oportunidad que hoy re-presentan mayores retos para un nuevo gobierno que precisa un cri-terio prospectivo que identifi que escenarios de riesgo.

Balance legislativo en materia de desarrollo social

El Congreso da cuenta de avances legislativos en favor del Desarrollo Social, desde luego su aprobación en 2004. Sin embargo, ha recibido 11 reformas para incluir los temas de perspectiva de género, interés superior del niño, zonas de aten-ción prioritaria (entre otros), pero

9 CEPAL, Diccionario de indicadores y su vincula-ción con los ODS en América Latina y el Caribe.

resaltan dos aspectos: primero, la reforma relativa a los principios de la Política de Desarrollo Social que consagra el artículo 3, y segundo que la mayor cantidad de ellas se aprobaron durante 2018 (Tabla 2).

Para Coneval los cambios legis-lativos aprobados desde 2012 no han sido sufi cientes para cumplir el propósito de la Ley. Por cuan-to al desarrollo de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 2008, se estable-ció que dichos criterios permane-cerían inalterados por intervalos de al menos 10 años. Por esa ra-zón, en agosto de 2019 iniciará una nueva serie de pobreza con datos de 2018;10 por otro lado, considera que “las últimas dos décadas ha re-sultado insatisfactorio, puesto que se ha incrementado el número de pobres alimentarios hasta alcanzar

10 Coneval, op. cit.

Pobreza 43.6% 53.4 millones de personas

Pobreza extrema 7.6% 9.4 millones de personas

Fuente: Coneval.

Tabla 1. Pobreza en México, 2016



veintidós millones de personas, se ha desarrollado una creciente de-pendencia alimentaria con el ex-terior, al mis mo tiempo que se in-crementa el grado de in sufi ciencia alimentaria y disminuye la capaci-dad de compra de los estratos de la población más vulnerable”.11

Como corolario del análisis, se refl exiona acerca del vínculo que existe entre la pobreza y la seguri-dad alimentaria, enfati zando la ur-gencia de apuntalar la producción alimentaria, en especial de aquellos grupos de alimentos que son más consumidos por la po blación, para que ello derive en una baja sensi ble en sus precios y permita un mayor acceso a los alimentos de los estra-tos más vulnerables.12

En este contexto encontramos una desarticulación en los tiempos y el reto será cómo solventarlo si el PND y el PEF se publican antes de que Coneval presente una nueva evaluación en agosto de 2019.

Mecanismos de control de los programas sociales

Por otro lado, en el tema de la eva-luación, control y fi scalización de los programas sociales podemos preguntarnos si el tratamiento que recibirán o las acciones para el combate a la pobreza y erradicar

11 Para mayor información sobre el de-sempeño legislativo en materia de desa-rrollo social puede consultarse la mono-grafía: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Desempeño legislati-vo”, en Desarrollo Social (actualización: 16 de junio de 2006). Recuperado de: http://archivos.diputados.gob.mx/Cen-tros_Estudio/Cesop/Comisiones/6_dsocial.htm#[Citar%20como] 12 Ricardo López Salazar, “Pobreza y se-guridad alimentaria: el caso de México”, Revista CIS, núm. 18, abril de 2015.

el hambre precisa reformas legales.13 Los mecanismos que la ley ofrece incorporan la participación ciudadana, de los cuales se citan los siguien-tes.14

Contraloría socialLa Secretaría de la Función Pública reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de colaboración ciudadana, donde los benefi ciarios monitorean la ruta de los recursos y programas a partir de la Ley de De-sarrollo Social que establece lo siguiente:

Comités comunitariosLos comités comunitarios integrados por benefi ciarios de los programas sociales de la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre15 forman par-te de los cinco componentes de esta estrategia. Su tarea es articular la parti-cipación social y colaborar activamente en la identifi cación de necesidades, así como en la defi nición de prioridades locales y de las acciones a seguir. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación informa que no cuen-ta con evidencia de su labor, ni de la Comisión Intersecretarial a la que pertenecen, de que se haya consolidado como la instancia de coordinación y articulación de programas, estrategias y recursos para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (ASF 2017).16

Comités regionales en los estados y la Procuraduría de los Derechos Sociales

Es importante mencionar que la propuesta inicial de Ley de Desarrollo Social (2000) incorpora una herramienta como mecanismo de control a partir de los Comités regionales en los estados y municipios para la instrumentación, evaluación y control de la política de desarrollo social en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la creación de la Procuraduría de los Derechos Sociales, como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la función principal de promover, investigar y vigilar el cumplimiento de los derechos so-ciales, así como la de emitir recomendaciones necesarias para el efi caz cumplimiento de la justicia social.

13 María Luisa Albores González, Sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Disponible en la Gaceta Parlamentaria, núm. 5156, miércoles 14 de noviembre de 2018.14 Coneval, Comunicado núm. 19, 26 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-19-actua-lizacion-medicion-multidimensional-pobreza.pdf 15 Sedesol, Cruzada Nacional contra el Hambre. Recuperado de: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938.16 Principales resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Dis-ponible en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/documentos/marco/Informe_oct2018_CP.pdf



Participación Ciudadana Contraloría Social 17

La Ley General de Desarrollo So-cial incorpora un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los benefi ciarios de dichos progra-mas monitorean el uso de los re-cursos. En 2015 la Administración Pública Federal tenía constituidos más de 78 mil comités de Contra-loría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas.18

En opinión de la ASF, no se cuenta con elementos para acredi-tar que la referida estrategia haya constituido una solución estructu-ral y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.

17 ¿Qué es la Contraloría Social y cuál es su marco legal? Disponible en https://www.gob.mx/sfp/articulos/que-es-la-contraloria-social-y-cual-es-su-marco-le-gal 18 Acuerdan Sedesol, PGR, SFP y la Fepa-de blindar programas sociales durante el proceso electoral de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/indesol/prensa/acuerdan-sedesol-pgr-sfp-y-la-fepade-blin-dar-programas-sociales-durante-el-proce-so-electoral-de-2018-145799?idiom=es

Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados

Los comités y la Procuraduría no fueron considerados en la Ley aprobada en 2004; sin embargo, comprometió a la Cámara de Di-putados no sólo a revisar la dis-tribución de los fondos probados sino a emitir recomendaciones vin-culantes en materia de desarrollo social.

Transitorio QUINTO.- Las comi-siones de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados deberán revisar la distribución de los fon-dos relativos al desarrollo social contenidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modifi cacio-nes que se consideren pertinentes19 (México, D.F., a 9 de diciembre de 2003).

19 Nueva Ley publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 20 de enero de 2004.

Más allá del diseño en materia de desarrollo social, ambas comi-siones están llamadas a ser “el es-cenario de la transformación de la nueva política social del país”, por lo que en este proceso de empode-ramiento el transitorio quinto aún vigente puede abonar en ello.

Casos de estudio

Homologar los programas socialesAl cuestionar qué aspectos puedan prevalecer en el proceso delibera-tivo sobre una nueva conceptuali-zación de desarrollo social, segura-mente el enfoque económico tome mayor fuerza, pero existen otros que puedan tomarse en cuenta. Por ejemplo:

1. Aprovechar las fortalezas del Plan Nacional de Desa-rrollo 2013-2018 (PND), cu-yos propósitos son compa-tibles con la Agenda 2030 de combate a la pobreza, que a su vez ratifi ca el com-promiso del Estado mexi-cano para que el siguien-te Plan de Desarrollo sea de largo plazo, con visión prospectiva e identifi que escenarios de riesgo.

2. El Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza,20 publicado recientemente el 5 de sep-tiembre de 2018.

20 DOF, Acuerdo por el que se crea el Sis-tema de Información Social Integral y se emiten sus lineamientos, 5 de septiembre de 2018, el cual abroga el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración del padrón único de benefi -ciarios, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 9 de febrero de 2017 (transi-torio segundo).

Artículo 71

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales res-ponsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recur-sos públicos;

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fi ncamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacio-nadas con los programas sociales.



3. El Padrón Único de Bene-fi ciarios de Programas Gu-bernamentales.

Ya que es una herra-mienta que favorece la Políti-ca Social Nacional, compro-mete partidas presupuestales necesarias con un enfoque de largo plazo en donde las Agendas Legislativas juegan un papel importante en los procesos de control y segui-miento, así como la labor conjunta de las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público con base en la competencia concedida en el transitorio quinto de la Ley General de Desarrollo Social.

4 La articulación interinstitu-cional encabezada por Se-desol se vincula con 13 de los 17 objetivos de desarro-llo sostenible de la Agenda 2030, a su vez se articula con 19 dependencias y 90 programas, más los go-biernos estatales y comités ciudadanos;21 ha generado una dispersión de acciones y actores que hacen vulne-

21 Secretaría de Desarrollo Social, abril de 2017. Disponible en https://www.gob.mx/sedesol/articulos/sedesol-esta-com-prometido-con-los-objetivos-de-desarro-llo-sostenible-de-la-agenda-2030

rable el uso correcto de los recursos destinados a los programas sociales, por lo que dicha articulación a partir de la Secretaría de Bienestar merece revisarse.

5. Adicionalmente, en materia tecnológica se precisa revisar los procedimientos de captura de información socioeconómica para la identifi cación, actualización y/o priorización de los hogares en condición de pobreza multidimensional, para la determinación de la población objetivo de los Programas de Desarrollo Social.

6. Transparentar el otorgamiento de apoyos mediante el uso de tec-nologías de la información.

Programa de infraestructura Una de las vertientes de este programa es el denominado “Piso Firme”, que consiste en promover la dotación de piso de cemento y de concreto a las viviendas con el objetivo de favorecer el bienestar familiar, mejo-rando sus condiciones sanitarias. El estado de Coahuila documenta un caso de éxito implementado desde el año 200022 respecto del impacto del programa en la calidad de vida de la población más alejada y sobre la cobertura de pisos de cemento, calidad y valor de la vivienda, calidad de vida percibida por los benefi ciarios y la salud de los miembros del hogar.

En 2005 la Sedesol23 se apoyó en el equipo de trabajo dirigido por el doctor Gertler de la Universidad de California en Berkeley,24 para evaluar el programa, encontrando los siguientes datos:

• El programa “Piso Firme” forma parte de las prioridades de los programas sociales asociados a la vivienda, porque es un compo-nente esencial de la calidad de vida y tiene efectos en la salud y el bienestar, y el piso de tierra es un indicador primario.

• El impacto en la salud va directamente relacionado con la reduc-ción de la diarrea, parasitosis y anemia, así como el aumento de la habilidad cognitiva. En la salud infantil, inhibe el contagio de enfermedades parasitarias.

• Dentro de sus características otorga a las familias 50 metros cua-drados de piso de cemento con un costo promedio de 150 USD y el gobierno otorga los materiales y las familias ponen la mano de obra.

22 Evaluación de resultados del impacto del programa “Piso Firme” en el estado de Coahuila. Recuperado de: http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/Sede-sol/EvaluacionProgramasSociales/Evaluacion_Impacto/EI_Piso_Firme/Informe.pdf (consulta: 15 de noviembre de 2018).23 La actualización de esta página data del lunes 1 de diciembre de 2014 a las 13:55:21. Por lo que esta información es sólo a manera de referencia debido a que no se cuenta con datos vigentes. Disponible en http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/Sede-sol/Piso_Firme (consulta: 15 de noviembre de 2018).24 Sedesol, Apéndice “Trabajo preliminar de datos”. Recuperado de: http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/Sedesol/EvaluacionProgramasSociales/Evaluacion_Impacto/EI_Piso_Firme/apendice_3_4.pdf y http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/Sedesol/EvaluacionProgramasSociales/Evaluacion_Impacto/EI_Piso_Firme/apendice_1_2.pdf



• El registro de benefi ciarios de 2001 a 2005 es de 34,000 en Coahuila, 100% de participación, y 284,000 a nivel nacional.

Los retos que enfrenta este programa están vinculados al aspecto tecnológico y de capacitación sobre el uso de las tecnologías debido a que la población benefi ciada se encuentra en zonas geográfi cas de difícil acceso y los municipios no cuentan con herramientas sufi cientes para actualizar el padrón de benefi ciarios ni para documentar diagnósticos especializados que expliquen públicamente su desempeño y la ruta de los recursos.

Ante ello nos preguntamos si el Presupuesto de Egresos de la Fede-ración puede asignar recursos para atender esta brecha en función de los requerimientos de la Ley Federal en materia de transparencia, que ayude a documentar duplicidades en los procesos y actualizar a la población objetivo, por ejemplo.

El programa de transferenciasde efectivo condicionadas Prospera (antes Oportunidades)

Este programa ha benefi ciado a casi 6 millones de familias y se ha repli-cado en 52 países. De acuerdo con la evaluación del Banco Mundial, este programa expandió su alcance no sólo por el cambio de denominación, sino que busca que los benefi ciarios puedan acceder a la educación su-perior y se vinculen al mercado laboral formal y que las familias tengan acceso a servicios fi nancieros, asegurando así una mayor inclusión social de los más pobres del país.25 Por sus ventajas, este programa puede apor-tar un referente para el nuevo diseño de desarrollo social.

La entrega de apoyos gubernamentales a través de dispersiones electrónicas 26

La bancarización de los programas sociales es un programa que ha mos-trado bondades en cuanto a disminución de costo en tiempo y dinero, y en cuanto al gobierno “mayor certidumbre en los padrones y mejora signifi cativa de la gestión de los programas”.

Bansefi da cuenta de ello como banca de desarrollo del gobierno federal, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público juega un papel importante, ya que facilita el acceso a servicios fi nancieros para promover el uso de los mismos.

Actualmente cuenta con una estrategia de redes de servicios fi nancie-ros (sucursales propias, L@Red de la Gente, TPVs de entrega de apoyos y corresponsales) que al 2010 atendió a 63% de los municipios del país como la red fi nanciera más grande en México y con más de 4,000 termi-

25 Banco Mundial, Un modelo de México para el mundo. Recuperado de: http://www.ban-comundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo 26 Distribución electrónica de apoyos gubernamentales, la banca de desarrollo y el en-torno internacional actual, México, 2010. Disponible en http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/pdf/presentaciones_jaime_gonzalez.pdf

nales punto de venta (TPV) instala-das en tiendas Diconsa, utilizadas para la entrega de apoyos de opor-tunidades y como corresponsales de Bansefi .

Los retos que enfrenta también están vinculados con la tecnología, ya que representa un factor funda-mental para ampliar y profundizar la inclusión fi nanciera, especial-mente en las áreas rurales y para la atención de grupos tradicional-mente excluidos. Ello contribuirá a fomentar el uso de nuevos canales de acceso y a la introducción de nuevos productos.

Para el Consejo Nacional de Inclusión Financiera27 es un tema que involucra una coordinación de esfuerzos con las instituciones fi -nancieras y capacitación a usuarios. Experiencias de la inclusión social y el bienestar fi nanciero ya se en-cuentran documentadas.

Comentarios fi nales La idea de que México requiere vincular la política económica con la política social data desde el año 2000; también es confi rmada por

27 Consejo Nacional de Inclusión Financiera 2017. Recuperado de: https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf



el Banco Mundial en 201428 y es también el principio fundamental de lo que Sedesol ha llamado política social de nueva generación, en donde pueden alinearse el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las agendas legislativas.

28 Banco Mundial, op. cit.

Conclusiones

El programa “Piso Firme” ha incrementado signifi cativamente la salud, el desarrollo físico y cognitivo, y el bienestar de los hogares benefi ciarios.

Una mejor focalización del programa podría mejorar el costo de efectividad.La implementación del programa constituye un caso ejemplar y modelo a seguir.Además, si bien no se encontraron efectos del programa en el ingreso laboral, el fl ujo

migratorio y la proporción de dependientes económicos, se encontró que el “Piso Firme” incrementó la asistencia a la escuela de aquellos niños de entre 6 y 17 años.

Impactó de manera positiva en el nivel de satisfacción experimentado por los miembros del hogar y en la salud de los niños pequeños. También se vieron mejorías en los indicadores de salud mental de las madres de niños entre 0 y 5 años.



Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Omar Cortés García*

* Pasante de la licenciatura de relaciones internacionales, FCPyS, UNAM. Líneas de inves-tigación: transparencia y rendición de cuentas, fenómenos sociopolíticos nacionales e internacionales. Correo electrónico: [email protected]

Preámbulo

Atender los fenómenos que ocasionan la pobreza es una obligación del gobierno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos lo establece en sus artículos 2°, 3° y 4° respecto al acceso a servi-cios de salud, educación y garantía de alimentación.

En el 2000 México se encontraba dentro de los 189 países que fi rma-rían la Declaración del Milenio, con lo cual se establecerían los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con esta declaración las naciones fi rmantes se comprometían, a través de acciones cuantifi cables, a reducir la pobre-za extrema y el hambre a la mitad, promover la igualdad de género y la reducción de la mortalidad infantil, acciones prioritarias para los países del mundo entero.

En 2016, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se convertirían en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); hacían un llamado a poner fi n a la adopción de la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

En México se han creado múltiples programas sociales durante déca-das, a los cuales se les han invertido grandes cantidades de recursos para atender los fenómenos que ocasionan la pobreza. Lamentablemente los resultados no son alentadores, pues los indicadores, tanto nacionales como internacionales, muestran la incapacidad para reducir de manera sustantiva la cantidad de población que vive en condición de pobreza en nuestro país.

Por tales razones, el presente documento muestra el proyecto y los alcances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue una de las es-trategias más emblemáticas del gobierno federal (2012-2018) para aten-der el fenómeno de la pobreza.

Cruzada Nacional contra el Hambre, el proyecto federal (2012-2018).

El 22 de enero de 2013 se publicó el decreto por el cual se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (CNcH), acción que fue descrita por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018):

Se trata de que los esfuerzos con-juntos y alineados de los órdenes de gobierno y de las distintas de-pendencias se focalicen, se orien-ten a esas regiones, municipios, colonias, donde hay pobreza ex-trema y carencia alimentaria.1

El proyecto de la CNcH fue di-señado para atender a una pobla-ción objetivo de 7.01 millones de personas en pobreza extrema por alimentación. La estrategia de este programa buscaba garantizar la seguridad alimentaria y la nutri-ción de los mexicanos que viven en esa condición, con la intención de contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación. El diseño de esta acción de gobierno partía de la coordinación entre las diferentes dependencias de la ad-ministración pública federal y de una alianza con la sociedad civil y el sector privado, que de acuerdo con lo establecido por la Sedesol, se planteaba como un proyecto de carácter multianual, con ob-jetivos de corto, mediano y largo plazo, que permitieran evaluar lo-gros e identifi car oportunidades, y

1 Secretaría de Desarrollo Social, Cruza-da Nacional contra el Hambre, 2013. Recu-perado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/120919/Cruza-daNacionalContraElHambre.pdf (con-sulta: 11 de noviembre 2018).



adoptar preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsa-bilidad (Figura 1).2

El gobierno de Enrique Peña Nieto diseñó la Cruzada Nacio-nal contra el Hambre no como un programa, pues todas las obras y acciones se fi nanciarían con recur-sos de las dependencias, entidades y programas que integraban esta cruzada, es decir, 19 secretarías e instituciones del Estado.

Los principales componentes de la estructura orgánica para la operación del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre son:

• Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre.

• Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios.

• Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre.

• Comités Comunitarios in-tegrados por benefi ciarios de programas sociales.

Los objetivos iniciales de la

CNcH fueron:

• Cero hambre a partir de una alimentación y nutri-ción adecuada.

• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.

2 Idem.

• Minimizar las pérdidas pos-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Para 2015 se incluiría un sexto objetivo:

• Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación.

Para el cumplimiento de los objetivos se realizó una asociación de indicadores con las secretarías de Estado involucradas para su atención, para lo cual se tomó como línea base el diagnóstico de la medición mul-tidimensional de la pobreza establecido por el Consejo Nacional de Eva-luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que contempla dos dimensiones básicas.

Bienestar económico:

• Ingreso corriente per cápita.

Derechos sociales:

• Acceso a alimentación. • Acceso a servicios de salud.• Acceso a seguridad social.• Calidad y espacios de la vivienda.• Rezago educativo. • Acceso a servicios básicos de la vivienda.• Participación social.• Índice transversal de género.

En su primera etapa la CNcH atendería 405 municipios en los que se localizaba el mayor número de población objetivo. La segunda etapa, es

Personas con carencia de alimentación: 27.4 millones de personas (23% de la población del país.)

Personas en pobreza extrema: 11.5 mi-llones de personas (9.8% de la pobla-ción del país.)

Población Objetivo de la CNcH: 7.01 millones de personas en pobreza extrema

por alimentación

Figura 1



decir, en el segundo año de operaciones, se atenderían 2,012 municipios, para que fi nalmente se alcanzara la totalidad de 2,457 municipios a nivel nacional.

Evaluación del Coneval a la CNcH 2013-20193

La evaluación del Coneval se realizó a través de cuatro etapas y ejes fun-damentales: 1) Diagnóstico del diseño y de orientación a resultados; 2) Evaluación de resultados intermedios; 3) Evaluación de la coordinación interinstitucional y participación social, y 4) Evaluación de impacto. El objetivo de estos componentes fue describir las condiciones y los resul-tados obtenidos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), para identifi car las áreas de oportunidad, y así establecer mejoras, potenciar las acciones y la continuidad durante el proceso de implementación.

El Coneval describe que uno de los desafíos de la CNcH fue la diver-sidad de acciones y programas que la estructuran, así como la cantidad de instituciones que implementan los 70 programas sociales que confor-man dicha estrategia.

La propuesta estructural de la CNcH implicaría considerar una multi-plicidad de instancias y acciones involucradas, por esta razón fue que el Coneval diseñó tres ejes fundamentales de evaluación.

El marco lógico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Se-desol) estableció como “fi n reducir la incidencia de personas en con-dición de pobreza extrema (multidimensional) y carencia alimentaria, transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario, con el pro-pósito de que 7.4 millones de personas superaran su condición de pobre-za extrema y carencia alimentaria”.4

Entre las principales observaciones que el Coneval ha realizado y las correspondientes mejoras implementadas por Sedesol a la Cruzada Na-cional contra el Hambre destacan las siguientes (véase Cuadro 1).

Pobreza alimentaria (Coneval): insufi ciencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso dis-ponible en el hogar, exclusivamente para la adquisición de estos bienes (Gráfi ca 1).

Pobreza de patrimonio (Coneval): insufi ciencia del ingreso disponi-ble para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar, exclusivamente para la adqui-sición de estos bienes y servicios (Gráfi ca 2).

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (Cone-val): personas que no pueden adquirir el valor de una canasta alimentaria con su ingreso corriente (Gráfi ca 3).

3 Coneval, Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/65658/Esquema_de_Evaluaci_n_de_la_Cruzada.pdf (consulta: 11 de noviembre 2018).4 Ibidem.

Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre 2017

Principales resultados de la fi scali-zación:5

• De los cinco componentes que conforman el SNCcH: (1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH; (2) Consejo Nacio-nal; (3) comités comunitarios integrados por benefi ciarios de programas sociales; (4) Consejo de Expertos, y (5) Acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con las entidades federativas. En 2017 sólo se tuvo infor-mación del primero de ellos. Asimismo, no se contó con evidencia de que la Comisión Intersecretarial se consolida-ra como la instancia de coor-dinación y articulación de programas, estrategias y re-cursos para el cumplimiento de los objetivos de la CNcH.

• La información relaciona-da con la identifi cación de la población objetivo no es validada ni depurada; asimismo, tampoco se le da seguimiento a las con-diciones que presentan los benefi ciaros de dicha estra-tegia.

5 Auditoría Superior de la Federación, Marco de referencia sobre la fi scalización supe-rior. Segunda entrega de informes individuales. Cuenta Pública 2017, 2018. Recuperado de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Infor-mes/IR2017b/documentos/marco/In-forme_oct2018_CP.pdf (consulta: 27 de noviembre de 2018).



Cuadro 1

Observación Coneval Propuesta o punto de vista de la Sedesol

Acción de mejora realizada por la Sedesol

El hecho de que la población objetivo de la Cruzada se estableciera a partir de personas en pobreza extrema de ali-mentación, con base en las estimacio-nes de una encuesta muestral (el Mó-dulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (MCS-ENIGH) manifi esta la com-plejidad de identifi carlos, atenderlos y monitorearlos.

La actual administración requirió iniciar la cruzada con los datos disponibles para no postergar la atención a la población en carencia alimentaria y pobreza extrema. Posteriormente se hizo una transición a la identifi cación persona por persona de la población objetivo que permitirá con mayor precisión y efi ciencia, su atención y cambiar el enfoque territorial por uno me-jor de focalización individual que se con-solida a través del sistema de focalización de desarrollo (SIFODE).

Dicha defi nición de “tratamiento” es poco precisa y por ende no permite identifi car exactamente a la población benefi ciaria de programas derivados del esfuerzo exclusivo de la Cruzada (los benefi ciarios de dichos progra-mas bien pueden serlo desde antes de la Cruzada). Y segundo, no se cuen-ta con información sobre todos los programas y acciones que integran la Cruzada, además de que no es posible identifi car directamente a la población benefi ciaria de dichos programas en el marco de la estrategia.

La Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre instrumentó el "Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el con-trol, monitoreo y evaluación de la Cru-zada contra el Hambre", en el cual, por ejemplo, se establece la diferencia entre la incorporación de nuevas familias de la población objetivo de la cruzada a los programas alimentarios, y los benefi cia-rios del padrón activo de los programas sociales ya existentes. Asimismo, se hizo un esfuerzo sin precedentes, para que las dependencias y entidades que participan con programas sociales en la Cruzada, dis-tinguieran en sus reportes de seguimiento la atención a la población a partir de la Cruzada.

Sin embargo, había expectativas poco claras sobre el objetivo de su funcio-namiento. Se elaboraron los planes y diagnósticos comunitarios, pero los programas no tenían la capacidad ni la fl exibilidad para satisfacer las deman-das que planteaban.

El objetivo era claro: una planeación par-ticipativa y empoderadora que propiciara cambios innovadores desde la comuni-dad. Este trabajo alentaría la formación de redes comunitarias que actuaran como vectores de cambios estructurales en dis-posiciones institucionales básicas. La “re-solución de problemas” es un proceso de aprendizaje público que requiere de las capacidades y oportunidades de la pobla-ción. La vía adoptada fue entregar los pla-nes comunitarios a las dependencias para que éstas reportaran su atención. Hay un acuerdo de la Comisión Intersecretarial que así lo establece. Al cual se le da segui-miento. Hay registros de atención, tanto en los pilotos llevados a cabo en Tamau-lipas y Durango y de las reformas en la normatividad e instrumentación de los programas que han sucedido.



… mientras que las carencias se reduje-ron en la población acotada que sí fue intervenida por la Cruzada, el número de personas con la problemática que la Cruzada busca mejorar (la población en pobreza extrema con alimentación) creció de 7.0 a 7.1 millones de perso-nas. Lo más probable es que la inter-vención efectiva de la estrategia sólo fue posible para un número acotado de personas y que para el resto de la población objetivo no se contó con los recursos para atenderla, lo cual, auna-do a la problemática del ingreso real de este periodo, afectó su bienestar general.

Es necesario contemplar una etapa de atención que incluya a la población sus-ceptible de estar en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria. Hay dos universos perfectamente identifi cables: 1. Los pobres extremos que valoran no te-ner carencia alimentaria y 2. Quienes tie-nen menos de tres carencias pero las que ahora no padecen pueden empeorar como ingreso y calidad de vivienda. El proble-ma de la atención a esta población que cayó a la pobreza extrema no es de falta de recursos sino de identifi cación. Hubo recursos de los programas que no se des-tinaron a personas en pobreza o la franja cercana a la pobreza extrema con carencia alimentaria que si se hubieran focalizado bien hubieran evitado que estas personas aumentaran sus carencias.

Lo más probable es que la interven-ción efectiva de la estrategia sólo fue posible para un número acotado de personas y que para el resto de la po-blación objetivo no se contó con los recursos para atenderla, lo cual, auna-do a la problemática del ingreso real de este periodo, afectó su bienestar gene-ral. Este resultado parece coincidir con los hallazgos del estudio exploratorio de impacto que se mencionan más ade-lante.

La intervención de la Cruzada va incre-mentando su cobertura y precisando la identifi cación de sus benefi ciarios. En 2016 se cubrirá a los 2,457 municipios y se ubicaron a poco más de seis millones de personas que están en la situación de pobreza extrema con carencia alimentaria.

Una tarea pendiente es mejorar la in-formación con el fi n de identifi car los programas que reciben los benefi cia-rios y analizar la trayectoria en el tiem-po de los indicadores de interés.

Realizar un tablero de seguimiento a cada una de las personas identifi cadas en situa-ción de pobreza extrema con carencia ali-mentaria.

Estos resultados son congruentes con la reducción en el porcentaje de pobla-ción con carencias sociales mostrado en la medición de pobreza nacional 2014 y sugieren que la Cruzada ha con-tribuido a reducir la brecha existente en los niveles de pobreza extrema en-tre la población que atiende y la pobla-ción comparada, siempre y cuando la estrategia llegue directamente y de ma-nera contundente a los benefi ciarios de la población objetivo.

Asumir que la identifi cación de la pobla-ción objetivo es fundamental para una estrategia de atención focalizada en un sector de la sociedad. Mejorar el SIFODE y acordar con SHyCP priorización en reglas de operación de todos los programas que inciden.



En algunos casos los comités se desin-tegraron; en otros, se dejaron de reunir o perdieron contacto con los promo-tores de la Cruzada. Incluso cuando si-guen operando, los benefi ciarios tienen expectativas (que suelen ser reforzadas por los promotores) que no se pueden cumplir fácilmente.

Desarrollar un esquema de cogestión para vincular y dar seguimiento a las familias con las instituciones y programas que aba-ten las carencias.

La principal debilidad del componen-te de participación comunitaria en la Cruzada es quizá que nunca se precisó la forma en que se utilizarían sus pla-nes, ni los responsables de analizarlos y sistematizarlos para orientar la toma de decisiones. Una complicación adicional es que, aunque se hubiera defi nido un mecanismo para incorporar los planes comunitarios en la planeación, ya sea en las mesas de trabajo o en los comités intersecretariales (estatal o municipal), los programas presupuestarios tienen muy poca fl exibilidad para incorporar prioridades nuevas identifi cadas en los planes comunitarios. Como resultado, la oferta de apoyos a los benefi ciarios de la Cruzada está determinada por la disponibilidad presupuestal de cada programa, por la planeación que cada programa realiza por separado y por la focalización que, a veces de manera coordinada en las estructuras previstas por la Cruzada y a veces de manera separada, se realiza para llevar los pro-gramas a los benefi ciarios.

En la sesión del 29 de octubre del 2014 la Comisión Intersecretarial adoptó el siguiente acuerdo: se acuerda que las de-pendencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre revisarán las peticiones establecidas en los planes comunitarios de los Comités de la Cruzada y los atenderán en correspon-dencia a la prioridad que tiene esta estra-tegia del gobierno federal, a las reglas de operación de sus programas y a los recur-sos presupuestales con que contarán en el ejercicio fi scal 2015. Para concretar este acuerdo, en el marco de los Comités Es-tatales Intersecretariales, las delegaciones de la Sedesol en cada entidad entregarán las peticiones que les correspondan a las delegaciones estatales de las dependencias y elaborarán un informe de seguimiento de atención que enviarán a esta Comisión.

Entre 2012 y 2014 la población objeti-vo pasó de 7.0 millones de personas en pobreza extrema de alimentación a 7.1 millones de personas que en términos porcentuales representa 5.98 y 5.96% de la población, respectivamente. El incremento marginal en el número de personas es consistente con el aumen-to de la carencia por alimentación a ni-vel nacional y con la disminución del ingreso promedio real de los hogares. Lo anterior a pesar del trabajo coordi-nado de las dependencias en el marco de la Cruzada.

El análisis de los microdatos de la En-cuesta Intercensal permiten identifi car un descenso de 23 a 17 en el porcentaje de mexicanos que padecen carencia alimen-taria lo que coincide que la disminución de los problemas sociales que se miden por una autovaloración sólo registran impac-tos importantes en el mediano plazo



Hasta ahora, se ha logrado evitar du-plicidades entre programas, lo cual no es menor, pero para lograr el objetivo último de la Cruzada —disminuir la pobreza extrema de alimentación en el país— se requiere también que el pre-supuesto se asigne a cada programa en función de los avances que obtuvo un año anterior en abatir la carencia a la que está vinculado; que el propio dise-ño de los programas (objetivos y tipos de apoyo) se vaya adaptando a las nece-sidades específi cas que van cambiando para atender cada carencia, y que la fo-calización de los programas se realice buscando atender a toda la población en carencia.

La conformación de un sistema de infor-mación que identifi ca con precisión a la población y sus necesidades hace posible una planeación integral y presupuestación a partir de las metas de la Cruzada. En el primer semestre de 2016 debe estar ter-minado.

Pese a sus avances, la Cruzada no ha logrado detonar los procesos necesa-rios para que cada programa planee en función de la aportación que cada uno puede tener para abatir cierta carencia. La planeación de los programas res-ponde a sus propios objetivos y metas y, aunque el conjunto de planes defi -nitivamente termina por generar accio-nes que inciden en el logro de los obje-tivos de la Cruzada, ante la inexistencia de una planeación integral, se está des-aprovechando la oportunidad de hacer un uso estratégico de cada programa.

La conformación de un sistema de infor-mación que identifi ca con precisión a la población y sus necesidades hace posible una planeación integral y presupuestación a partir de las metas de la Cruzada. En el primer semestre del 2016 debe estar ter-minado.

Fuente: Coneval, Balance de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2013-2016. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Evalua-cion/ECNCH/Documents/Balance_Cruzada_2013_2016.pdf (consulta: 27 de noviembre de 2018).

Indicadores

Nacional2012 2014

Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Pobres extremos y carentes por alimentación 7,011,966 100.0 7,143,941 100.0

Carencia por acceso a la seguridad social 6,696,075 95.5 6,775,576 94.0

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 4,584,733 65.5 4,848,520 67.9

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 3,374,464 48.1 3,217,794 45.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 2,421,890 34.5 2,228,553 31.2

Carencia por rezago educativo 2,889,368 41.2 2,939,513 41.2

Fuente: Coneval, Balance de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2013-2016. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Evalua-cion/ECNCH/Documents/Balance_Cruzada_2013_2016.pdf (consulta: 27 de noviembre de 2018).



0

5

10

15

20

25

% De la población Millones de personas

18.620.8

18.821.5

19.723.1

20.5

24.6

19.6

24

2008 2010 2012 2014 2016

Fuente: Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990-2016. Coneval.

Gráfi ca 1. Pobreza alimentaria 2008-2016

0

10

20

30

40

50

60

70


47.853.451.1

58.552.3

61.455.1

66.1

52.9

64.9

2008 2010 2012 2014 2016

Gráfi ca 2. Pobreza patrimomial


0

5

10

15

20

25


16.8 18.719.422.2

20

23.520.6

24.6

17.521.4

2008 2010 2012 2014 2016

Gráfi ca 3. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (2008-2016)


• No se avanzó en la alinea-ción de los distintos progra-mas que incluye la CNcH con las carencias que atienden (alimentación, educación, salud, seguridad social, ca-lidad de la vivienda y servi-cios básicos en la vivienda). Asimismo, no se acreditó que la población objetivo de los 30 programas involucra-dos fueran personas en con-dición de pobreza extrema alimentaria.

• En el Sistema de Focaliza-ción para el Desarrollo sólo 17 de los 30 programas que participaron en la Cruzada registraron a la población atendida, pero sin especifi -car a qué carencia estuvie-ron focalizados.

• Finalmente, la Auditoría Su-perior de la Federación con-cluye que “no se cuenta con elementos para acreditar que la referida estrategia haya constituido una solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria”.6

Comentarios fi nales La Cruzada Nacional contra el Hambre se diseñó como un con-junto de sinergias interinstitu-cionales con la cual se pretendía atender el fenómeno de la pobreza alimentaria en México. Lamenta-blemente desde 2006 este fenóme-no se ha incrementado en el país y, de acuerdo con el Coneval, ha pa-sado de una tasa de 14% de la po-blación en 2006 a 19.6% en 2016.

6 Idem.



Infi nidad de recursos son los que se invierten anualmente para la atención a personas en condición de pobreza. El Coneval y su Inventario de Programas Sociales y Acciones Estatales7 de Desarrollo Social 2016 señala que existen 5,010 programas y acciones de gobierno, de los cuales hasta 70 podrían relacionarse con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Lamentablemente los resultados de las evaluaciones realizadas a este intento interinstitucional de atender un fenómeno tan complejo como la pobreza no logró su objetivo principal que era atender a 7.01 de los 11.5 millones de personas en pobreza extrema por alimentación, ya que de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Coneval en términos porcentuales, sólo 9% de la población objetivo en pobreza alimentaria logró alejarse de esa condición, es decir, unas 600 mil personas de los 7.01 millones que se tenían como objetivo.

Si bien los indicadores como pobreza patrimonial mejoraron de 55.1 a 52.9%, y el ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de 20.6 a 17.5%, en realidad no hay nada qué festejar, pues los indicadores muestran que 50% de la población vive en condiciones de ingreso infe-rior a la línea de bienestar; del mismo modo, 52% de la población padece pobreza patrimonial.

El proyecto de la CNcH intentó conjuntar sinergias interinstitucio-nales sin lograrlo; como evidencia se pueden apreciar las observaciones realizadas por el Coneval y de manera más severa por la ASF, que han señalado la imposibilidad del gobierno federal (2012-2018) de que en primera instancia se contara con diagnósticos adecuados y especializados para la planeación de su proyecto. Por otro lado, se muestra una absoluta incapacidad de coordinar a sus instituciones para atender a la población objetivo a través del encadenamiento de los programas que estructura-ban la CNcH. De la misma manera, fue evidente la imposibilidad de iden-tifi car a la población objetivo y realizar registros respecto a las carencias que se atendían de la población que sí fue alcanzada.

7 Coneval, Inventario Coneval de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social. Recupe-rado de: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Pagin (consulta: 27 de noviem-bre de 2018).

0

10

20

30

40

50

60

70


4954.752

59.651.6

60.653.2

63.8

50.6

62

2008 2010 2012 2014 2016

Gráfi ca 4. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar (2008-2016)



Los programas sociales en México

Ignacio Jaromil González Bautista*

“No puede haber una sociedad fl ore-ciente y feliz cuando la mayor parte de sus

miembros son pobres y desdichados”.ADAM SMITH, economista y fi lósofo.

Introducción

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

ha realizado foros que sin duda han aportado datos para la toma de decisiones y sobre todo para el análisis que requiere el país. Por consiguiente, en el presente docu-mento se hará un breve análisis de lo presentado en el Foro “Hacia una visión transversal de los de-rechos sociales, salud, educación, alimentación”.

En dicho foro se contó con la participación del INEGI, la UNAM, el Coneval, Prospera, Mexicanos Primero, la Secretaría de Salud, el Banco de Alimentos de México y la SEP. La variedad de ponentes y propuestas ofrecieron informa-ción de primera mano para los legisladores, con el propósito de profundizar en la situación en la que se encuentra el país.

Los programas sociales siem-pre han tenido un fi n electoral: se han utilizado para ganar votos y no se ha pensado realmente en las ne-cesidades de la gente.

Sin adentrarse de fondo al tema de la pobreza, porque no es el objetivo de este documento, nos enfrentamos con cifras realmente lamentables: según el Coneval, en el país hay 53.4 millones de pobres, esto hasta 2016, un porcentaje me-nor al que se presentó en 2014 (55.3 millones). A esto le podemos sumar el porcentaje de personas en pobreza extrema, donde el mismo Coneval señala que hay un total de 9.4 millones en esta situación,1 pero a pesar de estas cifras se si-guen utilizando los programas so-ciales con tintes electorales.

Hay que recalcar que un país con 21.4 millones de personas sin ingresos sufi cientes para adquirir una canasta básica es una nación con graves problemas. Si a eso se suma el hecho de que hay 136 programas para combatir las ca-rencias sociales, nos encontramos con un nivel de desigualdad que se va incrementando mientras no se modifi que la forma de operar esta situación.2

Respecto al tema de educación, nuestro país se encuentra en último lugar. Según la OCDE, 52% de hom-

1 Coneval, Evaluación de la pobreza 2010-2016, México, 2017.2 Gesoc, Índice de desempeño de los programas públicos federales (INDEP), México, 2018.

bres y mujeres jóvenes no cuentan con educación media superior, esto sin duda debe ser el eje rector a la hora de crear programas sociales porque, como decía Malcom X, “La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se prepa-ran para él hoy”.

De acuerdo con Gesoc, 2.48% del gasto público programable aprobado para 2018 será destina-do a estos programas, y quizás no cumplen con las expectativas para los que fueron creados.3

Esta situación deberá ser to-mada en cuenta, ya que el próximo gobierno planea, por medio de un censo por el bienestar, centralizar los programas sociales, y sin un control más que interno no se sa-brá si éstos llegarán realmente a las personas que lo necesitan o sólo seguirán siendo una herramienta electoral.

Lucrar con la pobreza no debe ser un tema que se trate con ligere-za, requiere de todos los refl ecto-res para asegurar que los recursos se destinen a quienes más lo nece-sitan; una vigilancia férrea a esta situación será más que necesaria. México no está en condiciones de seguir lucrando con los programas,

3 Idem.

* Licenciado en Ciencias de la Comuni-cación por la Universidad Interamerica-na para el Desarrollo. Subdirección de Opinión Pública. Líneas de investigación: opinión pública. Correo electrónico: [email protected]



el tiempo dirá cuál es el camino que éstos han de seguir.

La opacidad, la corrupción y el mal manejo de recursos nos tienen en un punto que parece no tener retorno; sin embargo, se debe tra-bajar en conjunto, sociedad civil, gobierno y empresarios, para sacar a nuestro país de este rezago en el que se encuentra. México tie-ne condiciones para salir adelante y dejar la pobreza atrás; requie-re combatir lo antes mencionado para lograr un balance nacional y se den las condiciones para que to-dos los mexicanos que se hallan en pobreza logren salir de ella.

Foro “Hacia una visión transversal de los derechos sociales, salud, educación, alimentación”

El objetivo de este documento es dar a conocer los datos más im-portantes expuestos durante dicho foro. Los ejes rectores de éste fue-ron: salud, alimentación y educa-ción.

La Encuesta Nacional de In-gresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2016), que se levanta desde 1992 y que busca proporcionar un

panorama estadístico sobre com-portamiento de los ingresos y gas-tos, características sociodemográfi -cas de los hogares y características de la infraestructura de la vivienda y su equipamiento, arrojó que 45% de la población se encuentra afi lia-da al Seguro Popular, 35% al IMSS, mientras que sólo 7% está afi liada al ISSSTE (Imagen 1).

Respecto al tema de alimenta-ción, a 42% de los hogares les preo-cupa que la comida se acabe, situa-ción que alarma por ser un refl ejo de la pobreza que existe en el país.

Sobre el tema de educación, 87% de la población asiste a una escuela pública, mientras que 12.1% asiste a una escuela privada, dato que revela que sólo un sector de la población tiene la posibilidad de pagar por sus estudios. La po-blación no puede darse el lujo de pagar por educación cuando tiene otras prioridades como la salud y la alimentación.

Por su parte, Canacintra pre-sentó datos relevantes sobre la alimentación de los mexicanos, que muestran el alto consumo de proteínas, mismo que tiene que ver con el ingreso económico e inclu-so con los niveles de abasto de la localidad.

El mexicano promedio no tie-ne tiempo de pensar en su alimen-tación. El ritmo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, es muy acelerado, por lo que es imposible tomarse el tiempo para procurarse una buena alimentación.

Sin embargo, debemos señalar que para 2030 se estima que un total de 23.6 millones de personas mueran por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebro-vasculares.4

Un dato que debería preocu-parnos como sociedad es que Mé-xico se encuentra en el top 10 de los países más obesos del mundo, entre los países miembros de la OCDE; y no sólo eso, sino que ocu-pa el segundo lugar, sólo por deba-jo de Estados Unidos (Imagen 2).

Si hablamos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Sa-lud (OMS) y el Imperial College de Londres realizaron un estudio so-bre obesidad en 200 países. En ese estudio México se encuentra en el lugar 40, 10 números abajo del ve-cino del norte.5

La información presentada por Canacintra revela que los aceites y grasas se encuentran entre los prin-cipales grupos de alimentos, dando sentido a los datos proporcionados sobre la obesidad en México.

La Secretaría de Salud presentó datos para comprender cómo ha incrementado la mortalidad a cau-

4 Senado de la República, 2017. Disponi-ble en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacio-nal/39127-mexico-ocupa-el-primer-lu-gar-a-nivel-mundial-en-obesidad-infan-til-y-el-segundo-en-adultos-unicef.html5 Check, R. (17 de Abril de 2018). BBC. Obtenido de BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43664557* Fuente: Presentación ENIGH 2016 Salud, Educación y Alimentación 2016.

Imagen 1. Servicios de salud



sa de enfermedades cardiacas y de diabetes: “en Mé xico, entre el añ o 2000 y el año 2015, murieron más personas por diabetes mellitus, que las que fallecieron durante la Revolución mexicana”, de acuerdo con datos del INEGI.

Actualmente en México se le llama “Godínez” a la persona que pasa sus días en la ofi cina. Una de las causas del sobrepeso, la obesidad y la diabetes es trabajar sentado durante largas jornadas, por lo que se debe-rían crear estrategias para que la gente se activara al menos una vez al día, de lo contrario los niveles de mortalidad por estas enfermedades irá en aumento.

• 36% de los adolescentes entre 12 y 19 años padecen obesidad y sobrepeso.

• Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada 10 padece obesidad.

Estos datos muestran que el problema viene desde la niñez. Es nece-sario modifi car el estilo de vida desde casa para bajar los niveles de sobre-peso y obesidad, además cambiar la alimentación por una más proporcio-nada que permita disminuir estas estadísticas.

Pero no sólo nos debe preocupar el tema de la obesidad y el sobre-peso, el Banco de Alimentos de México indicó que 34% de los alimentos producidos en nuestro país se pierden o se desperdician. En un país con una gran pobreza esto es inaudito.

El BAMX se dedica a rescatar el alimento desde lugares como el campo mexicano, las centrales de abasto y los mercados, la industria alimentaria, hasta los autoservicios y supermercados, distribuyéndolo a comunidades o instituciones que lo necesiten (Imagen 3).

La red de 55 bancos de alimentos con los que cuenta BAMX debe ser una herramienta que trabaje en conjunto con los gobiernos estatales y con el gobierno federal para que los alimentos lleguen a más personas; esto ayudaría a disminuir la pobreza y la desnutrición en el país, ya que llegarían a personas que realmente los necesitan.

La UNAM señaló que para posibilitar una buena educación debe haber una buena alimentación, porque sin la segunda no es factible la primera.

La educación llega a pasar a segun-do plano cuando las personas no tienen para cubrir las necesidades elementales.

Sin duda la educación, en todos los niveles, es una inversión a futu-ro, que debe venir sustentada por una buena alimentación, la cual es indispensable desde los primeros días de vida.

A todo esto va ligada la pre-sentación de Mexicanos Primero, con “El desafío de la educación en México”, en la que se expusie-ron datos reveladores que señalan que de cada 100 niñas y niños que nacen en Mé xico, 96 se inscriben oportunamente en primaria; seis años después, sólo 77 comienzan la secundaria. Tres años más tarde, únicamente 57 entran al bachillera-to, y tres años después, sólo 17 in-gresan a estudios de nivel superior.

Se puede decir que sólo 20% de quienes entran a estudiar llegan hasta el nivel superior, convirtién-dose esto en una cifra alarmante.

Otro dato importante de Mexi-canos Primero es que los hijos de las familias más pobres en Reino Unido tienen mejores resultados que los hijos de las familias más ri-cas en Mé xico, lo cual muestra que el entorno, la economía y la situa-ción social se involucran directa-mente con la educación (Imagen 4).

Para cerrar el tema de la educa-ción, la SEP presentó información sobre los programas “Escuela de tiempo completo”, que buscan tener jornadas de entre seis y ocho ho-ras diarias para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural.

Pero, ¿qué ofrecen las escuelas de tiempo completo? De acuerdo con la SEP:

*Fuente: BBC.

Imagen 2. Los 10 países más obesos del mundo



• Má s tiempo para el trabajo acadé mico: jornada escolar entre seis y ocho horas.

• Propuesta pedagógica para fortalecer los aprendizajes del alum-nado.

• Servicios de alimentación en aquellas escuelas que lo necesiten conforme a los índices de pobreza, marginación y condición ali-mentaria.

• Entrega de materiales educativos para el fortalecimiento de los aprendizajes, así como de la práctica docente.

• Capacitación a los equipos técnicos estatales, supervisores y direc-tivos en el uso de los materiales educativos.

• Incentivos económicos al personal directivo, docente e intenden-te por la ampliación de la jornada escolar.

• Entrega directa de recursos económicos a las escuelas participan-tes para el fortalecimiento de la autonomía de gestión.

Con la entrada del nuevo gobierno será necesario revisar todos estos programas y ver su funcionamiento, para verifi car que los datos corres-pondan con lo que sucede en el país. También será necesario analizar el impacto de cancelar la reforma educativa, así como revisar su aplicación

Imagen 3. Alcance de la red en México

* Fuente: Presentación BAMX.

pensando en el bienestar y futuro de los niños.

A manera de conclusiónSin duda es imposible abarcar to-dos los datos en tan poco espacio, se requeriría un documento para cada programa. Los foros sirven para dotar de información a todas las personas dentro y fuera de la Cá-mara de Diputados, a través de las redes sociales, de los legisladores y del personal que labora en el CESOP.

México requiere de programas sociales que sirvan y se manejen sin opacidad y corrupción. Esta-mos ante un cambio que permiti-rá analizar a fondo lo ya realizado y aplicar y/o modifi car lo que sea necesario para el bien del país.

La salud, la educación y la ali-mentación van de la mano, son la base para lograr una vida digna.

Mejorar los servicios de salud en el país es un tema que se debe analizar y resolver desde un prin-cipio, antes de arrancar con otros programas. Mejorar la educación debe ser prioritario antes de elimi-nar los avances. La alimentación debe cambiar desde casa. Se debe llevar una dieta balanceada que permita un mejor desempeño. En el trabajo se debe cuidar de igual forma la alimentación, con la in-tención de prevenir enfermedades y en la escuela es necesario estable-cer programas para que los niños y jóvenes lleven una mejor alimenta-ción. Si todo esto se logra, se verá refl ejado en el día a día de este país.

Los foros que realiza el Centro de Estudios buscan dotar de infor-mación necesaria para la creación de iniciativas que permitan mejo-ras en el país.

Imagen 4

* Fuente: Mexicanos Primero.



La percepción de los derechos sociales: “Cruzada Nacional contra el Hambre”

Ernesto Cavero Pérez1

1 Maestro en Planifi cación de Empresas y Desarrollo Regional. Subdirector del área de Estudios de Opinión Pública del CESOP. Mail de contacto: [email protected].

El gobierno federal ha defi nido la Cruzada Nacional contra el Ham-bre como una estrategia de política social, integral y participativa.

Pretende ser una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

El mismo gobierno reconoce que la privación de alimentos es pro-ducto de un entorno socio económico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples ins-trumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educa-ción, vivienda e ingresos.

La Constitución establece en su artículo 4° el deber que tiene el Estado de garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, sufi -ciente y de calidad. Fue por ello que el Sistema Nacional contra el Hambre (SinHambre) fue creado por decreto presidencial el 22 de enero de 2013.

Éste impulsó un proceso participativo del más amplio alcance dirigi-do a conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de go-bierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciudadanía en general.

Se convirtió en una estrategia que contemplaba la concurrencia de recursos y acciones de 90 programas federales de 19 dependencias, así como de los gobiernos estatales y municipales.

Ahora bien, es conveniente partir del conocimiento del ciudadano para determinar qué tanto conoce de los programas sociales. Por ello, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se ha dado a la tarea de aplicar una encuesta territorial na-cional durante los años 2016, 2017 y 2018 sobre derechos sociales y co-hesión social, la cual contiene datos relevantes respecto al cumplimiento, acceso y garantía de los derechos sociales, así como de la participación ciudadana en nuestro país. El ejercicio de investigación se realizó a través de la indagación de la percepción de las siguientes variables: conocimien-to y acceso a los derechos sociales, responsabilidad del Estado para la garantía de acceso, elementos para la garantía de los derechos sociales, causas de incumplimiento, confi anza en las instituciones, participación social en temas de interés público.

A continuación se presentan los principales hallazgos de la en-cuesta levantada en 2018.

• El 58.4% de la población encuestada manifi esta que no ha escuchado hablar sobre los derechos socia-les, mientras 41.4% sí lo ha escuchado y 0.2% no sabe/no responde (Gráfi ca 1).

A pesar de que la difusión del gobierno federal sobre los dere-chos sociales de todo ciudadano ha sido muy extensa, pareciera que no ha llegado a ellos. Esto podría indicar que la falta de estrategias de comunicación y un código difícil de interpretar no dan al ciudadano el conocimiento de sus derechos sociales.

Continuando con los hallazgos de la encuesta:

• Entre los medios por los cuales la población ha es-cuchado hablar de los dere-chos sociales se encuentran: televisión (25.8%), internet (14.8%), escuela (11.3%), radio (10.0%), familiares o amigos (7.7%), otros me-dios como conferencias, reuniones, marchas o libros



(1.3%) y 3.1% no sabe/no respondió (Gráfi ca 2).

Sin duda uno de los medios con mayor penetración en las pre-ferencias de los ciudadanos es la televisión. Por ello en los tres años consecutivos en los que se ha le-vantado dicha encuesta, ésta se ha

caracterizado por ser el medio de comunicación que proporciona mayor información sobre los dere-chos sociales, le siguen la escuela, la radio e internet. Para el último año se ha incrementado la difusión por internet, lo que lo posiciona en segundo lugar, seguido por la es-cuela.

Respecto a la encuesta elabora-da en 2018:

• Al preguntar acerca de qué derechos había escuchado hablar la ciudadanía, so-bresalieron los siguientes: el derecho a la educación (24.9%), el derecho a la

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional “Derechos sociales y cohesión social”, 2016, 2017 y 2018.

41.4%

58.4%

0.2%

53.3%46.7%

0.0%

48.6% 51.4%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Sí No No responde2018 2017 2016

Gráfi ca 1. Por favor dígame, ¿usted a ha escuchado o no ha escuchado hablar sobre los derechos sociales?

11.3%

25.8%

10.0%

14.8%

3.3%

7.7%

31.8%

58.3%

23.5%

20.7%

15.2%

22.3%

23.9%

58.3%

17.1%

10.3%

24.4%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Escuela

Televisión

Radio

Internet

Trabajo

Familiares o amigos

2018 2017 2016

Gráfi ca 2. ¿En dónde ha escuchado hablar sobre los derechos sociales?

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta nacional “Derechos so-ciales y cohesión social”, 2016, 2017 y 2018.



salud (23.1%), el acceso a la alimentación (13.6%) —véase Gráfi ca 3—, el derecho a seguridad social (9.9%), el derecho a la vi-vienda digna (9.7%), el de-recho a la igualdad entre hombres y mujeres (7.5%), el derecho a la libertad de expresión (7.3%), el de-recho al trabajo (6.7%), el derecho a ser tomado en cuenta para la toma de de-cisiones públicas (3.5%), derecho de acceso a la justicia (2.8%), derecho al agua y saneamiento (2.6%), otro (1.6%), y 3.3% no res-pondió.

La gráfi ca anterior revela que

en 2016 la ciudadanía tenía mayor conocimiento sobre el derecho a la educación. En 2017 conocían más el derecho al acceso a la ali-mentación y en 2018 se ratifi ca que el derecho a la educación es el de mayor conocimiento. El derecho a la alimentación es del que menos escucharon hablar en 2018.

Sobre el cumplimiento de los derechos a los siguientes aspectos, se resaltó que:

• 78.4% cree que nunca / casi nunca se cumple el trabajo bien remunerado, mientras 18.6% dijo que siempre o casi siempre se respeta.

• En cuanto a la toma de decisiones públicas: 72.3% cree que nunca o casi nun-ca se cumplen, 24.4% cree que siempre o casi siempre se efectúan.

• 71.1% cree que nunca o casi nunca se cumple el ac-

ceso a la seguridad social, mientras que 25.9% dice que siempre o casi siempre se cumple.

• Vivienda digna: 58.8% cree que nunca o casi nunca se cumple, 37.7% siempre o casi siempre y 3.6% no responde.

• Acceso a servicios de salud de calidad: 57.6% cree que nunca o casi nunca se cumple, 39.4% siempre o casi siempre y 3.0% no responde.

• Educación de calidad: 52.8% cree que nunca o casi nunca se cumple, 43.4% siempre o casi siempre y 3.8% no responde.

• Acceso a la alimentación: 49.8% cree que nunca o casi nunca se cumple, 45.0% siempre o casi siempre y 5.2% no responde (Gráfi ca 4).

La percepción del ciudadano se califi ca cada vez como más crítica. La forma como ellos evalúan sus derechos sociales les permite distinguir entre siempre, casi siempre, casi nunca y nunca. El ejemplo del acceso a la alimentación considera que en los últimos dos años el cumplimiento a ese mandato ha ido de 10 a 10.8%, incrementando su percepción en 0.8%; en el caso de cómo lo ven, de “casi siempre” ha variado en los dos últimos años, pasando de 29 a 34.3% en el último periodo. Si agru-

13.6%

24.9% 23.1%

64.0%59.1%

39.1%

15.4%

28.9%

19.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Acceso a la alimentación Derecho a la educación Derecho a la salud

2018 2017 2016

Gráfi ca 3. ¿Sobre cuáles derechos sociales ha escuchado hablar?




pamos los dos últimos resultados en uno solo y lo identifi camos como “nunca”, pasa de 26 a 45%, lo cual indica que para el último periodo la percepción de que no se cumple el mandato se incrementó en 19 puntos porcentuales.

• Por otra parte, 35.3% considera que los derechos que no se cum-plen son a causa de la corrupción, 31.7% cree que es por la mala administración de los recursos, 26.7% debido al mal gobierno, 3.6% por falta de recursos, 1.8% menciona otras razones: falta de exigencia de los ciudadanos (0.8%), todos los mencionados (0.6%), falta de valores en la familia (0.2%), cultura (0.2%), edu-cación (0.1%), y 1.0% no respondió (Gráfi ca 5).

La corrupción sigue siendo el fl agelo en la administración pú-blica, según la percepción del ciu-dadano. Su incremento ha venido supliendo al concepto de “mal go-bierno”. El ciudadano liga también la corrupción con la mala adminis-tración de recursos, que pudiera parecerse al mismo fl agelo.

A los entrevistados se les men-cionaron algunas frases para co-nocer su opinión acerca de que si todas las personas deben tener ac-ceso a los derechos sociales:

• 92.8% está muy de acuer-do o algo de acuerdo, 0.3% ni de acuerdo ni en des-acuerdo, y 6.1% algo en desacuerdo o muy en desa-cuerdo.

• El cumplimiento de los de-rechos sociales está sujeto a la buena voluntad: 64.6% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 1.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 32.2% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo.

• El cumplimiento de los de-rechos sociales es una obli-gación del gobierno: 85.3% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 1.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 11.1% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo (Grá-fi ca 6).

10.8%

34.3% 33.5%

16.3%

10.0%

29.0%

19.0%

7.0%

15.0%

34.3%

23.5%

9.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

2018 2017 2016

Gráfi ca 4. ¿Qué tanto cree que en México se cumple...?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional “Derechos sociales y co-hesión social”, 2016, 2017 y 2018.

35.3%

3.6%

26.7%

31.7%30.4%

8.3%

34.0%

16.2%

27.2%

7.7%

39.1%

20.3%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

Corrupción Falta de recursos Mal gobierno Mala administraciónde recursos

2018 2017 2016

Gráfi ca 5. Para aquellos derechos que usted considera que no se cumplen, ¿cuál cree que sea la razón de que esto suceda?




• El gobierno sólo debe cumplir los derechos si cuenta con los recursos su-fi cientes: 53.3% está muy de acuerdo o algo de acuer-do, 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 44.2% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo (Gráfi ca 6).

• Respecto a la opinión de cuál es el derecho que el gobier-no debería atender primero: 23.0% dijo que debería ser el derecho a recibir educación de calidad, 20.0% la seguri-dad social, 18.3% el acceso a la alimentación, 14.2% el acceso a servicios de salud de calidad, 12.2% al trabajo bien remunerado, 4.3% ser tomado en cuenta para la toma de decisiones públicas, y 2.3% obtener una vivienda digna (Gráfi ca 7).

• De igual manera, 51.6% cree que es mayor la cali-dad de los servicios rela-

cionados con los derechos sociales si se es rico, 39.8% manifi esta que es igual para todos, 5.6% piensa que es mayor si se es pobre, y 3.1% no responde.

• Con relación a si cono-cen los programas socia-les del gobierno federal, 59.6% dijo que no, mien-tras 39.3% señaló conocer los siguientes: Prospera (11.7%), Adultos mayores (10.6%), Seguro Popular (5.0%), Cruzada Nacional contra el Hambre (2.7%), Liconsa (1.2%), Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI) (1.0%), Empleo temporal (0.9%), Personas con dis-capacidad (0.8%), Apoyo a la vivienda (0.7%), Educa-ción de calidad (0.4%), Be-cas para estudiantes (0.4%), Procampo (0.3%), Apoyo a madres solteras (0.1%),

Salario rosa (0.1%) Muje-res emprendedoras (0.1%) (Gráfi ca 8).

El desconocimiento del ciuda-dano sobre la existencia de los pro-gramas sociales del gobierno fede-ral arroja cifras altas, ya que este último año 6 de cada 10 ciudada-nos encuestados no los conocen.

• Acerca de si el entrevis-tado o algún familiar es benefi ciario de alguno o varios programas sociales, 11% dijo que sí y entre los programas en los que se encuentran están: Adultos mayores (3.2%), Seguro Popular (1.7%), Prospe-ra (1.4%), Liconsa (0.5%), Personas con discapacidad (0.3%), Estancias infanti-les para apoyar a madres trabajadoras (PEI) (0.2%), Cruzada Nacional contra el Hambre (0.1%) y en al-

85.4%

1.9%

11.1%

82.5%

7.0%

11.0%

83.2%

6.0%

9.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

2018 2017 2016

Gráfi ca 6. El cumplimiento de los derechos sociales es una obligación del gobierno




18.3%

23.0%

20.0%

14.2%

24.1%

18.5%

9.0%

13.6%

26.0%

18.9%

7.1%

14.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Acceso a la alimentación

Educación de calidad

Seguridad social

Acceso a los servicos de salud de calidad

2018 2017 2016

Gráfi ca 7. Considerando las prioridades del gobierno, ¿cuál de los siguientes derechos debería atenderse primero?

39.3%

59.6%

1.1%

52.9%44.4%

2.7%

46.8%53.2%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Sí No No responde

2018 2017 2016

Gráfi ca 8. ¿Conoce usted los programas sociales del Gobierno Federal actual?


Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional “Derechos socia-les y cohesión social”, 2016, 2017 y 2018.



gún otro programa social (2.9%) (Gráfi ca 9).

Del pequeño segmento de la población que tiene conocimiento de los programas sociales, la Cru-zada Nacional contra el Hambre refl eja un porcentaje muy pequeño, considerando que son de los pro-gramas eje que el gobierno actual le ha dedicado recursos sufi cientes para su promoción.

• El 43.8% está de acuerdo

con que los programas sociales sólo benefi cian a quienes están de acuerdo con el gobierno, 1.6% ni de acuerdo ni en desacuer-do, 52.3% está en desa-cuerdo y 2.3% no sabe/ no responde.

• Asimismo, 66.1% está de acuerdo con que los pro-gramas sociales deben re-solver el problema de la pobreza en el país, mientras 30.8% está en desacuerdo, 1.9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 1.2% no sabe o no responde (Gráfi ca 10).

La Cámara de Diputados puso

a disposición el Sistema de Infor-mación de Programas Sociales durante la LXII Legislatura, ac-tualmente en línea y se basa en el Inventario Nacional del Coneval 2015 sobre Programas y Acciones para el Desarrollo Social. De ahí se desprende un conteo de 6,751 pro-gramas y acciones de desarrollo social en contraste con los 5,917 programas identifi cados en la ver-sión anterior. Es decir, más de 800 nuevos programas.

Distintas organizaciones sociales consideran que la multiplicación de programas se está convirtiendo en un obstáculo para generar políticas sociales efectivas que garanticen derechos sociales y logren resultados frente a la pobreza y la desigualdad.

En cuanto a los datos sobre programas sociales en los gobiernos es-tatales, resalta que el Inventario de Coneval no ha sido actualizado desde 2012. Con ese antecedente, tenemos que en los estados de la república se ejecutan 3,788 programas y acciones sociales, algunos con mayor dis-crecionalidad y bajo nivel institucional, en donde 8 de cada 10 programas carecen de un documento normativo.

Se preguntó a la muestra si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases respecto a la justicia social:

• Busca satisfacer las necesidades básicas de todas las personas: 78.9% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 0.9% ni de acuer-do ni en desacuerdo, y 17.8% algo en desacuerdo o muy en desa-cuerdo.

11.7% 10.6%

1.2% 2.7% 5.0%

28.8% 29.9%

18.4%

2.1%

53.8%

34.0%

23.8%

15.4%

1.9%

41.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Prospera Adultos mayores Liconsa Cruzada Nacionalcontra el hambre

Seguro popular

2018 2017 2016

Gráfi ca 9. ¿Cuáles programas sociales conoce o ha escuchado hablar usted?


0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2018

2017

2016

66.1%

44.5%

68.1%

30.8%

48.8%

28.2%

3.1%

6.7%

3.7%

De acuerdo En desacuerdo Ns/Nc

Gráfi ca 10. Los programas sociales deben resolver el problemade la pobreza en el país

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional “Derechos socialesy cohesión social”, 2016, 2017 y 2018.



• Protege a los más pobres: 84.8% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 1.0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 12.5% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo.

• Cada quien la reciba según sus necesidades: 76.8% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 21.1% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo.

• Cada quien la obtenga según su esfuerzo: 82.2% está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 0.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 15.7% algo en desacuerdo o muy en desacuerdo.

El universo de encuestados califi có ciertas acciones como medidas para disminuir los problemas sociales, tales como:

• Pagar impuestos: 59.8% muy buena o buena, 11.2% regular y 26.9% mala o muy mala.

• Participar junto con el gobierno: 72.3% muy buena o buena, 8.3% regular y 16.3% mala o muy mala.

• Ayudar directamente a la gente: 81.3% muy buena o buena, 8.9% regular y 8.8% mala o muy mala.

• Organizarse con otras personas: 87.3% muy buena o buena, 6.1% regular y 5.3% mala o muy mala.

• Dar dinero a alguna institución social: 59.2% muy buena o buena, 12.1% regular y 24.4% mala o muy mala.

A manera de refl exiónEl diseño institucional de la Cruzada privilegiaba la coordinación inter-institucional en el gobierno federal, estados y municipios, pero al parecer no han encontrado los ritmos que les ajusten.

El modelo de desarrollo social en México, basado en programas asis-tenciales, además de la falta de impulso a políticas laborales enfocadas en mejorar los ingresos de los mexicanos, revela un agotamiento entre la brecha de ingresos de los hogares más ricos y más pobres.

Un diario de circulación nacional da cuenta de alguno de los datos que arrojan las encuestas, la partida de la Cruzada Nacional contra el Hambre cayó 14.8% en cinco años, y la pobreza alimentaria creció 7% al pasar de 55 mil 94 millones 961 mil 6 pesos a 46 mil 964 millones 156 mil 5 pesos, lo que derivó en que la concurrencia de recursos para la atención de personas en condición de pobreza extrema alimentaria disminuyera, aun cuando el número de personas en esa condición se incrementó en 7%, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 466 mil en 2017.

Según los datos obtenidos por las tres encuestas consecutivas anua-les, el primer gran problema que tenemos como nación es el hecho que desconocemos los fundamentos de nuestra Constitución política sobre los derechos que todos los ciudadanos tenemos. Este año más del 50% de la población entrevistada no ha escuchado hablar de los derechos sociales, situación que no refl eja una estrategia mediática por parte de los

tres órganos de gobierno, ya que quienes conocen del tema, lo han escuchado más con anterioridad.

Los derechos que más conoce la ciudadanía son: derecho a la edu-cación (24.9%), derecho a la salud (23.1%), acceso a la alimentación (13.6%), este último es de interés para la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que 49.8% de los encuestados dijo que nunca se cumple con el mandato de acceso a la alimentación.

Continuando con la percep-ción de la ciudadanía, 35.3% con-sidera que los derechos no se cum-plen y son causa de la corrupción, la cual ha venido creciendo según nuestros encuestados, teniendo 27.2% en 2016 y 31.7% en 2017. Los encuestados los asocian con otros factores: 31.7% con la mala administración de los recursos, 26.7% debido al mal gobierno, 3.6% por falta de recursos y 1.8% por otra razón.

El 85.3% manifi esta que el cumplimiento de los derechos so-ciales es una obligación del gobier-no. Asimismo, consideran que las cuatro prioridades del gobierno son: el derecho a la educación de calidad (23.0%), la seguridad social (20.0%), el acceso a la alimentación (18.3%) y el acceso a los servicios de salud de calidad (14.2%).



Ahora bien, se esperaría que la estrategia de comunicación del go-bierno federal apuntalara uno de los ejes vertebrales de su gobierno: los programas sociales, los cuales 59.6% de la población no los conoce, mientras que 39.3% dice conocer solo los siguientes: Prospera (11.7%), Adultos mayores (10.6%), Seguro Popular (5.0%), Cruzada Nacional contra el Hambre (2.7%), Liconsa (1.2%), Estancias infantiles para apo-yar a madres trabajadoras (1.0%), Empleo temporal (0.9%), Personas con discapacidad (0.8%), Apoyo a la vivienda (0.7%), Educación de ca-lidad (0.4%), Becas para estudiantes (0.4%), Procampo (0.3%), Apoyo a madres solteras (0.1%), Salario rosa (0.1%), y Mujeres emprendedoras (0.1%).

De las cifras presentadas respecto a quienes conocen los programas sociales, es necesario destacar que sólo 2.7% de los entrevistados ha oído hablar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que signifi ca que a pesar de su implementación desde 2013, éste no ha permeado en el colectivo.

Lo que sí es muy claro para 66.1% de los encuestados es que los programas sociales deben resolver el problema de la pobreza en el país y que la participación ciudadana hará que la expectativa nacional cambie para bien.


Reporte 123 FINAL - diputados.gob.mx...Ignacio Jaromil González Bau sta Natalia Hernández Guerrero...

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