Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya

Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de CatalunyaSecció de Psicologia de la Intervenció Social

José Manuel Alonso Varea - Josep Rodríguez Roca (Coordinadors)

Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya

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José Manuel Alonso Varea - Josep Rodríguez Roca (Coordinadores)

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2 Les Polítiques Socials

Repensar la intervención social:2

Las Políticas Sociales

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Josep Rodrìguez-RocaJosè Manuel Alonso Varea 5

LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CATALUNYA: SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS Sebastià Sarasa 11

LAS POLÍTICAS FAMILIARES EN CATALUNYA Lluís Flaquer 25

POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Montserrat Cusó i Torelló 33

POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO Y PERSONAS MAYORES Mercè Pèrez Salanova 51

EL PAPEL DE LA IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS SOCIALES: EL CASO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Encarna Bodelón González 59

POLÍTICAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISMINUCIÓN: GENERALITAT DE CATALUNYA. Josep Badia Graells 79

LA INMIGRACIÓN: UN RETO PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Monserrat Solé i Aubia 95

LA CARA NO RECONOCIDA DE LA SOCIEDADEL DEBATE CONCEPTUAL ACERCA DE LA EXCLUSIÓN EN EUROPA Y AMÉRICA LATINAJordi Estivil Pascual 105

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Col.legi Ofi cial de Psicòlegs de CatalunyaSecció de Psicologia de la Intervenció Social

SEGUNDO CICLO DE DEBATES

OCTUBRE - DICIEMBRE 2004

José Manuel Alonso Varea - Josep Rodríguez Roca (Coordinadores)

Repensar la intervención social 2: Las Políticas Sociales

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INTRODUCCIÓN

Nos es muy grato dirigirnos de nuevo a vosotros para presentaros esta vez la publicación del segundo ciclo de debates titulados “Repensar la intervención social”, organizados por la Sección de Psicología de la Intervención Social (SPIS) del Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

A través del conjunto de debates que hemos llevado a término ha quedado muy claro que la sociedad catalana, al igual que la mayoría de sociedades desarrolladas, se encuentra ante una serie de cambios que constituyen un conjunto de retos para el sistema del bienestar. Estos retos tienen mucha implicación para las políticas, los programas y los proyectos de intervención social, y los podemos resumir de la manera siguiente:

• La transformación de las estructuras familiares; motivada por la igualdad de género y el consecuente cambio de roles (tradicionalmente la mujer ha desarrollado un rol muy importante como asistenta informal). En concreto, la incorporación de la mujer al mercado laboral, su impacto en la demanda de nuevos servicios sociales y la necesidad de implementar mecanismos de conciliación entre la vida laboral y la familiar. Otros aspectos relacionados son la aparición de nuevas estructuras familiares. El número de divorcios en el estado español en el año 2004 fue casi de 50.000, mientras que el número de matrimonios fue de 200.000. La tasa de fertilidad (1,29) está lejos del 2,1 necesario para asegurar la renovación generacional.

• La atención y la protección de los niños para que gocen de un desarrollo integral, alejándolos de cualquier situación de maltrato o riesgo.

• El envejecimiento de la población, consecuencia de una baja natalidad y de la mejora de las condiciones de vida de la población general, la cual se ha visto favorecida por los avances tecnológicos en el ámbito biomédico, ha provocado un considerable incremento de las personas mayores con necesidades específi cas de atención social y sanitaria.

Datos sobre las esperanzas de vida (2004)

Catalunya España Unión Europea

Hombres 76,87 75,70 75,50

Mujeres 83,44 83,10 81,60

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Existen estudios muy rigurosos que presentan continuamente resultados de dependencia entre las personas más mayores de 65 años:• En Catalunya existen aproximadamente 1,2 millones de personas mayores

de 65 años, de las cuales entre un 60-65% no presentan ningún tipo de dependencia.

• Un 20% de las personas mayores tienen una dependencia incipiente o ligeramente deteriorada sin que implique una limitación importante de las actividades de la vida diaria.

• Cerca de un 15% de las personas mayores tienen una dependencia moderada o severa que afecta a sus actividades de la vida diaria.

• La mitad de las dependencias son de origen mental.• La probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer se duplica cada

5 años después de haber cumplido los 60.• El 85% de los ciudadanos con dependencia son atendidos por asistentes

informales.

• La desigualdad de oportunidades, en especial entre hombres y mujeres, hace necesaria la implementación de medidas de sensibilización y lucha contra esta injusticia.

• La desocupación durante largo tiempo, especialmente la que afecta a las personas mayores de cuarenta y cinco años y a los jóvenes que todavía no se han insertado en el mercado de trabajo. La tasa de desocupación en Catalunya fue en el año 2004 del 9,7%. Pero existen grupos con tasas muy superiores: jóvenes de 16-24 años: 21%

• La irrupción de grandes contingentes de inmigrantes procedentes de otras culturas, buscando mejorar sus condiciones de vida, así como de la demanda de mano de obra poco cualifi cada de nuestros mercados, exigen encontrar medidas específi cas que favorezcan la integración social de estos colectivos. Algunos datos de interés en relación a la inmigración:

• Más de 800.000 inmigrantes reconocidos (empadronados), la cual cosa representa el 12% de la población total. En los últimos cinco años la cifra se ha multiplicado por 2,5. Son originarios de más de 170 países diferentes, hablan un total de 200 lenguas. Hay un 48% de hombres y un 52% de mujeres. Están repartidos por todo el territorio de Catalunya.

• Hay 110.000 niños y niñas en edad escolar, esto representa un 10% de toda la población escolar (en algunas escuelas públicas signifi ca el 50%).

• También cabe tener en cuenta que en los últimos 10 años han retornado a España unas 374.000 personas con pasaportes españoles, hijos o nietos de inmigrantes procedentes, principalmente, de Argentina y Venezuela (debido a las importantes crisis económicas que han sufrido estos países

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en los últimos años).• Muchas de estas personas, dada su situación, necesitan servicios sociales.

• La aparición de nuevas formas de exclusión social, derivadas de la nueva economía (globalización) y de los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, pueden crear desequilibrios cada vez mayores. Resulta necesario establecer medidas que promuevan la inclusión y favorezcan la cohesión social. Los cambios tecnológicos, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones y en el acceso a la información, amenazan con producir una fractura social y dividir la sociedad entre aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y los que no.

• La protección y defensa de las personas que sufren algún tipo de disminución física, psíquica y sensorial.

Ante todos estos retos, los conferenciantes que han colaborado en este segundo ciclo de conferencias nos han proporcionado muchas propuestas entre las que destacan: • La necesidad de universalizar los servicios sociales como respuesta

decidida de nuestra sociedad a los problemas de exclusión social que se manifi estan.

• La necesidad de poner en marcha un sistema de atención a la dependencia que pueda hacer frente, de manera efi caz y con criterios de solidaridad, a la situación que viven muchas personas mayores y otras personas que no pueden valerse por sí mismas y que, por tanto, su calidad de vida depende de las atenciones sociales y psicológicas que reciben.

• La necesidad de una concepción de la discapacidad que permita reconocer los puntos fuertes de las personas con alguna discapacidad. No se trata de negar el impacto de esta discapacidad en la vida cotidiana o de infravalorar sus limitaciones, se trata de no incrementar la discapacidad al dejar de lado las capacidades reales o al olvidar la infl uencia de los entornos y de las relaciones en las situaciones de dependencia.

• La necesidad de aumentar las tasas de ocupacióm entre la población catalana y, especialmente entre las mujeres, con vistas a garantizar la sostenibilidad futura de las prestaciones sociales, pero con una ocupación de calidad y de elevada productividad para garantizar también la competitividad de nuestra economía. El régimen de bienestar en nuestro país ha tenido desde siempre una tendencia excesiva hacia las transferencias en metálico a expensas de la prestación directa de servicios. Las transferencias en metálico pueden reforzar aún más el papel tradicional de la mujer dentro

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del hogar a costa de su autonomía y de sus posibilidades de llevar a cabo una carrera laboral propia.

• Hay que considerar la nueva realidad de exclusión del mercado laboral de aquellas personas con pocas habilidades sociales y con menos credenciales educativas, lo cual nos ha de hacer pensar en mantener un programa de renta mínima garantizada, si bien es discutible que esta renta tenga que transferirse a todo el mundo, con independencia de su estatus laboral y sin ningún tipo de contraprestación.

• Un de los retos caudales que tienen las políticas sociales catalana y española es la reducción drástica del fracaso escolar y del bajo rendimiento en la adquisición de las habilidades curriculares. Esta situación exige respuestas de diferentes departamentos y administraciones públicas y, en especial, una respuesta de los servicios sociales. Éste es un reto importante que hace urgente la necesidad de diseñar un programa interdepartamental entre Educación y Bienestar y Familia, un programa que actúe con mayor abasto y decisión en los entornos primarios de los alumnos que tienen problemas manifi estos de adaptación y de rendimiento escolar.

• Es necesario avanzar con más decisión en la reducción de las desigualdades de salud, condicionadas por la clase social, el género y la edad. En concreto, hay que reducir la pobreza de la infancia y de las personas mayores. Casi el 50% de la población pobre vive en familias que se encuentran en la etapa de la crianza de los hijos y, a pesar de que en el caso de muchas de las familias que viven en la pobreza, el padre o la madre trabajan, su sueldo es insufi ciente. Por otra parte, el riesgo de pobreza entre los pensionistas es en la actualidad relativamente elevado, pese a la extensión de las pensiones no contributivas, y es muy probable que su reducido importe no sirva a la gente mayor para sacarla de la pobreza.

• Hay que continuar luchando de manera decidida para erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia, pero especialmente aquellas que se basan en la estructura de desigualdad social, económica, etc., ya que afectan a las personas más indefensas.

• Es necesario hacer esfuerzos para integrar a la población inmigrada. La integración se ha de producir con la máxima normalidad sin crear recursos de atención específi ca, ya que se corre entonces el riesgo de crear diferenciaciones, marginar a los que vienen y crear sentimientos xenófobos en la población autóctona. Es preciso que las administraciones e instituciones adapten sus servicios a esta nueva realidad.

• Hacen falta medidas de soporte a las familias con menores a su cargo con la fi nalidad de incrementar sus niveles de bienestar. Equiparación entre las políticas de familia e infancia El crecimiento de la diversidad familiar exige desarrollar políticas de igualdad de oportunidades entre las unidades con hijos a su cargo. Las políticas familiares son un requisito del éxito de las

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políticas educativas. Afi nidad entre las políticas de familia y las de formación de capital humano.

En las ponencias hay diferentes coincidencias entre muchas de las políticas sociales que se han revisado, como:

• La necesidad de que las administraciones, departamentos e instituciones que tienen diferentes competencias en un mismo tema se coordinen mejor y gestionen los recursos con efi cacia y efi ciencia.

• La demanda de que los planes y programas desde cualquier ámbito han de ir acompañados de la memoria presupuestaria. De otro modo se quedan en buenos deseos e intenciones. La verdadera ideología de los gobiernos se constata en la priorización presupuestaria que realizan. Raramente los niños y los adolescentes constituyen un prioridad presupuestaria, fuera del sistema educativo.

• Es preciso realizar el diseño de políticas en base al estudio de necesidades y recursos, por ejemplo, la destinación de más dinero para la atención de los niños ha de incluir las investigaciones y estudios sobre el impacto de las intervenciones o falta de intervenciones en su calidad de vida.

• Es necesario tener en cuenta la transversalidad de los programas. Por ejemplo, cuesta comprender que cuando se habla de la violencia de género se hable tan poco de las consecuencias de esta violencia en los niños de la familia. En concreto, los asuntos que afectan a la infancia tienen un carácter transversal que hace que todos los aspectos de la defensa de sus derechos estén relacionados con la preocupación por la creciente pobreza en la que vive un número signifi cativo de niños.

• Se debe promover la participación y la implicación de todos los ciudadanos, especialmente la de los afectados en la defi nición de sus problemas y en la investigación de posibles soluciones. Impulsar la participación de las personas en el diseño, seguimiento y evaluación de los servicios. En la actualidad la planifi cación no se basa en este enfoque, y la existencia de marcos formales de consulta no es por sí misma una condición sufi ciente.

• Hay que resituar los objetivos de la intervención y trabajar en colaboración con las familias. Esto comporta que el Estado ha de atender a las familias identifi cadas como de riesgo de fracasar como familias, con medidas que ayuden a evitar este problema, ya sean éstas de orden práctico o de orden psicológico y de soporte emocional. Se hace necesario enfocar las políticas y las prácticas profesionales desde una perspectiva que el empowerment de las personas sea un eje importante en el desarrollo de nuevos servicios.

• Debemos acentuar la función ombdusmánica de los profesionales: la actitud pro-activa en la defensa de los intereses de las personas afectadas; salvar las difi cultades de la intervención en la población en situación de

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desventaja; construir resiliencia individual y colectiva en los adultos como padres y en los niños.

• Repensar las políticas sociales considerando los diferentes ciclos vitales en interacción con los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de modo que permitan reconocer las diversas interrelaciones, como es el caso de la infancia, de la adolescencia y de las personas mayores. Existe un cuestionamiento en relación al uso de la edad como criterio defi nitorio de las políticas, ya que, por otra parte, la edad cronológica no cumple una función de referencia exacta.

Finalmente, no querríamos acabar esta presentación sin dar las gracias a todos los ponentes que han participado en las conferencias, a los miembros de la sección que han colaborado con la organización y, muy especialmente, a todas las personas que han ido siguiendo el ciclo y que con su participación han contribuido a enriquecer los debates y las refl exiones..

José Manuel Alonso VareaPresidente de la Secció de Psicologia de la Intervenció Social. Director d’ITER-BSO. Consultor en benestar, salut i organitzacions. josem@alonsovarea.com

Josep Rodríguez-RocaVicepresidente de la Secció de Psicologia de la Intervenció Social. Profesor asociado del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona. jrodriguezroca@ub.edu

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LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CATALUNYA: SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS

1. INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL GASTO SOCIAL EN CATALUNYA

Catalunya y España han tenido siempre una diferencia negativa de gasto social con respecto a la media europea que ha empeorado todavía más durante los últimos años. A pesar de los esfuerzos que las administra-ciones públicas y la sociedad civil han empleado en atender las necesidades sociales, y que han sido muy importantes desde que nuestro país inició el camino democrático, a lo largo de los años noventa la proporción de gasto social sobre el PNB ha caído en España del 22 al 20%, mientras otros países del sur, cuyo gasto también estaba por debajo de la media europea, como Grecia y Portugal, han obtenido un crecimiento importante de gasto relativo hasta situarse en posiciones superiores a la española. En estos momentos, junto con Irlanda, España está a la cola de la UE de los quince por lo que se refi ere a proporción de PNB dedicado a gasto social1. No podemos decir que la situación en Catalunya haya sido mejor, la proporción de renta nacional invertida en política social es aún menor después de descender más de 4 puntos porcentuales desde el año 1993. En 1999 Catalunya dedicó el 17,5% de su Producto Interior Bruto a la atención de necesidades sociales cuando el conjunto de la Europa de los quince dedicaba un 27,6% del PIB.

La proporción de renta nacional invertida en mejorar el bienestar social nos indica aproximadamente el esfuerzo, medido en dinero, que hace un Estado, pero nada nos dice sobre sus efectos ni sobre las dimensiones institucionales que son tanto o más importantes que el dinero, como los criterios de acceso a las prestaciones sociales, los ratios de cobertura entre la población, y si el grueso de las prestaciones son en dinero o en servicios.

SEBASTIÀ SARASA

Doctor en Económicas (Sociología y Ciencia Política)

por la UBVicedecano de los Estudios

de Ciencias del Trabajo Universitat Pompeu Fabra

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No es posible hacer en esta conferencia un repaso exhaustivo de todas es-tas dimensiones pero trataré de hacer una introducción que refi era cuál es la situación actual y los retos en los ámbitos de la población dependiente, básicamente gente mayor e infancia, y en el ámbito de la pobreza.

Cabe destacar primeramente algunos características distintivas del régimen de bienestar de nuestro país que vale la pena considerar para entender mejor los retos que tenemos en la política social. En primer lugar, una deriva excesiva a las transferencias en metálico a expensas de la pres-tación directa de servicios. Es decir, mientras que la proporción de renta nacional gastada en pensiones, subsidios y otras transferencias en metálico está relativamente cerca de la media de gasto en metálico de la Europa de los quince, nuestra proporción de renta nacional invertida en servicios de bienestar de todo tipo no llega a un tercio de la proporción que dedican los estados miembros de la Europa de los quince. Esto representa un enorme défi cit relativo en la provisión de servicios que nos sitúa en la cola de Europa, sólo superado el défi cit de servicios por el estado de Portugal.

En segundo lugar, y como consecuencia del sesgo que tiene el gasto social en contra de los servicios, la política social catalana está construida en la confi anza de que es la familia la que ha de atender el grueso de las necesidades personales. Nadie puede cuestionar que los grupos primarios formados por la familia, los vecinos y los amigos son un recurso capital en todos los regímenes de bienestar desarrollados, sea cual sea la presencia del sector público, pero también es cierto que los efectos correctores de des-igualdades y la efi ciencia de la política social dependen, y mucho, de cómo estén institucionalizadas las relaciones entre el sector público, los proveedores formales de servicios y los proveedores informales, en este caso fundamen-talmente la familia. Los poderes públicos, mediante la prestación directa o la subvención de servicios sociales, tienen una infl uencia más importante en la reducción de las desigualdades, mayor que distribuyendo el dinero a las familias. Además, el coste es relativamente más bajo, pues subvencionando la prestación de servicios aumenta la ocupación y la recaudación fi scal en mayor medida que distribuyendo el dinero en metálico.

La reducción de desigualdades vía la subvención o la prestación directa de servicios puede ser importante entre clases sociales, pero sobre todo entre hombres y mujeres, ya que está demostrado que las transferencias en metálico pueden reforzar aún más el papel tradicional de la mujer dentro del hogar, a expensas de su autonomía y de sus posibilidades de llevar a cabo una carrera laboral propia. Con independencia de cuestiones de equidad entre clases sociales y entre géneros, otra dimensión a tener en consideración es la

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necesidad de aumentar las tasas de ocupación entre la población catalana, y especialmente entre las mujeres, de cara a garantizar la sostenibilidad futura de las prestaciones sociales, pero con una ocupación de calidad y con elevada pro-ductividad para garantizar también la competitividad de nuestra economía.

Éstas son las principales características que enmarcan los dilemas de nuestra política social y que trataremos ahora con más detalle fi jándonos en los ámbitos más importantes del bienestar social: la enseñanza, la salud, la garantía de rentas y los servicios sociales.

2. ENSEÑANZA: MEJORAR EL RENDIMIENTO Y REDUCIR LAS HERENCIAS SOCIALES

A lo largo de los años ochenta hubo notables avances en toda una serie de pilares de la política social. La enseñanza fue objeto de una reforma con contrastes muy marcados que, de algún modo, imitó el diseño de los países más avanzados pero sin emplear los recursos necesarios, a la vez que se consolidaba una oferta dual entre centros públicos y privados concertados que, en algunos municipios catalanes, sirvió para acentuar una segregación clasista y étnica del alumnado.

La LODE y la LOGSE fueron reformas dirigidas a democratizar el sistema educativo, prolongar la edad de escolarización y reducir la presión sobre el mercado de trabajo, a la vez que trataban de mejorar el capital humano con una FP más adecuada y reducir la herencia social mediante una educación integral hasta los 16 años. Pero los resultados no han sido demasiado satisfactorios por lo que respecta a rendimiento escolar, a cifras de fracaso escolar y a difi cultades de inserción laboral de los jóvenes. Cerca de un 30% de los escolares catalanes abandonan la ESO sin la titulación co-rrespondiente y, según datos de la Encuesta de Población Activa, el término medio que tarda un joven catalán desde que acaba los estudios hasta que encuentra un trabajo es de 40 meses. Es decir, casi tres años y medio, o lo que es lo mismo, desde los 16 hasta los 20 años aproximadamente, que están en su casa sin trabajo y sin adquirir formación que los ayude a tenerlo. Si a esto le añadimos los relativamente magros resultados escolares en habilidades de lectura, razonamiento y matemáticas de nuestros estudiantes, tendremos que reconocer que el futuro de nuestro mercado de trabajo no es demasia-do esperanzador. Buena parte de los trabajadores disponibles continuarán siendo personas de baja formación y cualifi cación, tan sólo empleables en ocupaciones de baja productividad y poco valor añadido, y esto siempre que estemos dispuestos a aceptar salarios muy bajos. Las consecuencias serán muy negativas para la estructura de las desigualdades en nuestra sociedad,

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pero también para la política social. La fi nanciación futura de las pensiones, la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales está muy condicionada por el alcance que tenga una fuerza de trabajo muy productiva, con salarios altos, que sea capaz de fi nanciar, con sus impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, el gasto en bienestar social. Por el contrario, si como apuntan los datos actuales, habrá en el futuro una elevada proporción de trabajadores con baja formación y poca cualifi cación, sus salarios serán bajos, contribuyendo poco a la fi nanciación de los programas de bienestar, de los cuales serán, muy probablemente, benefi ciarios, dado que sus niveles de renta se situarán por debajo o no muy lejos del límite de pobreza.

En este sentido, uno de los retos capitales que tienen las políticas sociales catalana y española es la reducción drástica del fracaso escolar y del bajo rendimiento en la adquisición de las habilidades curriculares. Dejar la con-secución de este hito exclusivamente en manos de las autoridades educativas será un error, ya que muchas de las causas de este fracaso se sitúan más allá de los centros educativos. Los temidos problemas de disciplina que padecen muchos trabajadores de la enseñanza en los centros de secundaria tienen una marcada dimensión clasista que no podemos obviar. A los diez años de edad, los hijos de los trabajadores manuales tienen problemas de ansiedad con una frecuencia dos veces más elevada que los hijos de profesionales, cargos direc-tivos y altos funcionarios, y los problemas de hiperactividad y los desórdenes de conducta tienen una frecuencia cuatro veces más elevada2. Esta situación exige respuestas de otros departamentos y administraciones públicas y, en especial, una respuesta de los servicios sociales. No hemos de olvidar que las difi cultades de aprendizaje y el riesgo de manifestar problemas de conducta están estrechamente asociados a situaciones de carencia en el hogar de los menores como por ejemplo el desempleo de los progenitores, unos ingresos por debajo del límite de pobreza, o la pertenencia a una etnia minoritaria que sufra discriminación. En mi parecer, éste es un reto importante de la política social catalana que hace urgente la necesidad de diseñar un programa inter-departamental entre Enseñanza y Bienestar Social, un programa que actúe con mayor alcance y decisión en los entornos primarios de los alumnos que tienen problemas manifi estos de adaptación y rendimiento escolar.

3. SALUD: EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

La reforma sanitaria impulsada por el gobierno central en los años ochenta ha signifi cado la universalización del derecho a la salud y una reforma importante de la atención primaria, pese a los serios problemas de fi nanciación que han de resolverse. Los sistemas de salud, en todos los paí-ses desarrollados de la OECD, tienen retos comunes que cada Estado trata

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de resolver condicionado por las herencias institucionales de cada país. Las desigualdades de salud, condicionadas por la condición de clase social y de género, son uno de los retos en los cuales es necesario avanzar con más decisión, pero también es igualmente importante el reto de gestionar las fuerzas que empujan hacia el aumento de los costes derivados del envejeci-miento creciente de la población. Este último punto, el del envejecimiento, tiene consecuencias importantes para todo el conjunto de la política social ya que incide de manera directa en las políticas de ocupación y en el diseño que han de tener los servicios sociosanitarios, es decir, en la conjunción de las políticas de ocupación con los servicios sociales y los de salud.

Hay un relativo consenso entre los expertos y profesionales de la política social de que el diseño tradicional de atención a las personas adultas dependientes ha de ser objeto de un giro radical. Los sistemas europeos de atención a la dependencia han sido diseñados para atender solamente los ca-sos de crisis de salud puntuales en los centros hospitalarios y las incapacidades severas de aquellas personas sin familia en centros residenciales. La familia, que ha sido el recurso de asistencia fundamental, manifi esta limitaciones importantes en el nuevo escenario del siglo XXI. La incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo y la caída en las tasas de natalidad son algunos de los factores de cambio, pero también lo son el hecho de saber que la gente dependiente prefi ere vivir en su casa antes que hacerlo en una institución y que los resultados en términos de salud y bienestar de las perso-nas dependientes son más altos cuando se priorizan los servicios de atención a domicilio por encima de las atenciones en centros cerrados.

Los países escandinavos fueron pioneros en darse cuenta de las ventajas sociales y económicas de una estrategia basada en la prestación de servicios en domicilio, porque alargaba la esperanza de vida con calidad de las personas dependientes y porque aumentaba el número de puestos de trabajo de calidad en el mercado, un hecho que favorece sobre todo a las mujeres con escasa formación educativa. Otros países europeos, como Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo, fi eles a sus trayectorias conservadoras de mantener a las mujeres en una posición marginal del mercado de trabajo han fomentado una estrategia basada en efectuar transferencias en metálico pero no servicios, de manera que hay incentivos para que la mujer permanezca en casa o para fomentar la economía sumergida con mano de obra inmigrante mal pagada.

En este momento aún no sabemos a cuál de los dos modelos se parecerá más la Ley de Atención a la Dependencia que está estudiando el Ministerio de Trabajo, pero, en mi parecer, sería un error imitar el modelo alemán de transferencias en metálico3.

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4. LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN: UN FUTURO INCIERTO

A lo largo de los años noventa el número de benefi ciarios de las pensiones contributivas ha aumentado un 17% en una tendencia de crecimiento que todavía está lejos de detenerse, y la pensión media ha aumentado un poco (también un 17% neto en moneda constante), pero lo ha hecho de manera que ha acentuado las desigualdades entre regímenes de la Seguridad Social. Los pensionistas del Régimen General han visto aumentar la pensión media en casi un 17%, mientras que los del Régimen agrario apenas superan el 2% y las empleadas de hogar han mantenido un crecimiento próximo a cero.

A pesar de todo ha habido una tendencia hacia una dispersión menor en la distribución de los ingresos personales de los jubilados, dado que las pensiones máximas han estado contenidas a expensas de las pen-siones mínimas que han aumentado un poco más. Esta contención debida en parte a una reducción en la ratio de reemplazamiento derivada de la reforma de 1985 no ha impedido un crecimiento moderado en el valor neto de la pensión media, pero que, no obstante, la ha mantenido dentro de la línea de crecimiento económico como se demuestra por el hecho de que, a pesar del aumento de pensionistas y la maduración de la Seguridad Social (incorporación a la jubilación de cohortes con muy buenos historiales laborales), la proporción de gasto en pensiones sobre el PNB se mantiene a lo largo de todos los años ochenta y noventa alrededor del 9-10%4. La contención del gasto en pensiones ha afectado también a las pensiones de invalidez y a las de viudedad y orfandad que han perdido peso en el conjunto del gasto en pensiones. Ha habido un crecimiento, pero muy moderado, de las prejubilaciones5.

El resultado de todo ello en la actualidad es que el sistema de pro-tección social español, al igual que el alemán, todavía permite un elevado grado de sostenimiento de ingresos en comparación a los de otros países europeos como el Reino Unido y Dinamarca, que han tenido un sistema de pensiones más orientado a asegurar un ingreso mínimo. También es cierto que la factura pagada a cambio ha supuesto un gasto menor en prestación directa de servicios y, en consecuencia, una menor capacidad de generar ocupación en los servicios sociales. No obstante, a pesar de la elevada capacidad de sostenimiento de ingresos que hay entre los jubilados españoles, es dudoso que la Seguridad Social española sirva para proteger efi cazmente contra la pobreza. El año 1994, la pensión media equivalía al 63% del salario mínimo y el 70% de todas las pensiones estaba por debajo del SMI, pese a que la pensión mínima del régimen general era equivalente al 100% del SMI.

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El riesgo de pobreza entre los pensionistas es relativamente elevado por diversas razones que habría que desarrollar con más detenimiento, pero como hipótesis podemos formular las siguientes, a pesar de la extensión de las pensiones no contributivas, instituidas a comienzos del decenio de los noventa y que han tenido un crecimiento constante a lo largo de los años noventa, es muy probable que su reducido importe no sirva para rescatar a las personas mayores de la pobreza. Además, las desigualdades en las rentas medias entre regímenes de la Seguridad Social se han mantenido, segura-mente de acuerdo con las desigualdades en las rentas de trabajo cuando sus benefi ciarios estaban activos, de tal manera que con el sostenimiento de ingresos no hay sufi ciente para salir de una pobreza en la que seguramente ya existía cuando se estaba en activo (véase gráfi co).

De cara al futuro no están claros los efectos que puedan tener las reformas que poco a poco se han ido haciendo desde los años ochenta. Por una parte hay un endurecimiento en el acceso a las pensiones en tanto el nú-mero de años de cotización demandado es cada vez más elevado y hay una cierta congelación en el crecimiento de las pensiones más altas. Además, la actualización de las pensiones ha pasado a estar indexada con el IPC y no con los salarios, la cual cosa hace que, en períodos de crecimiento de los salarios, la renta relativa de los pensionistas se vea reducida y aumente el riesgo de pobreza, como ha sucedido en España en la segunda mitad de los años noventa, pese a la mejora de las pensiones más bajas, que ha sido insufi ciente.

Estas reformas han estado acompañadas de generosas desgravacio-nes fi scales en favor de formas privadas de protección social aduciendo que es la mejor manera de proteger la Seguridad Social contra un posible riesgo

Valor mitjà de la pensió mensual segons el règim de la SS

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de quiebra derivado del envejecimiento demográfi co. Si éste es el problema, cuesta entender cómo es posible que se haga ahora la propuesta de fi nanciar los servicios de atención a la dependencia con cargo al superávit de la Segu-ridad Social, a fi n de mantener un fondo de garantía sufi cientemente fuerte como para pagar las pensiones futuras. Por otra parte, es más que discutible que la privatización de las pensiones sea una garantía contra nada. El enve-jecimiento de la población, si llega a los niveles tan catastrófi cos que dibujan algunas previsiones, será un problema social de primera magnitud tanto si las pensiones son públicas y de repartimiento como si son privadas y de capitali-zación. Sólo cabe hacer el esfuerzo de pensar qué pasará con las cotizaciones de los valores bolsarios cuando los fondos de pensiones vean interrumpidos los fl ujos de aportaciones de la generación activa del ‘baby boom’ y tengan que vender acciones para pagar los compromisos adquiridos.

5. TRABAJO, PARO Y POBREZA

La pobreza de las personas en edad laboral ha estado tradicional-mente asociada a la extensión del paro en el mercado de trabajo. Por este motivo, es todavía muy habitual sentir que la mejor manera de luchar contra la pobreza es fomentando el crecimiento económico y de los puestos de trabajo. Pero cada vez más las evidencias empíricas nos muestran que la relación entre crecimiento económico, paro y pobreza es mucho más compleja. La reducción del paro no ha de signifi car una reducción de la pobreza en la misma intensidad, por diversas razones. En tanto que buena parte del paro corresponde a mujeres casadas o a jóvenes que viven con sus padres, un aumento de la ocupación tiende a dar más oportunidades de trabajo a las personas que viven en hogares donde ya hay algunos miembros que trabajan, mientras que aquellos hogares donde no trabaja nadie, muy probablemente porque todos sus miembros tie-nen pocas o ninguna credencial educativa, no gozan con tanta intensidad del crecimiento global de la ocupación. Esto favorece la polarización entre hogares ricos en trabajo, donde todos sus miembros están ocupados, y hogares pobres en trabajo donde ninguno de sus miembros tiene actividad laboral.

Además, hay otro factor que puede explicar por qué, a pesar del cre-cimiento de la ocupación, la pobreza no experimenta una reducción signifi cativa, y es que esta ocupación sea de muy baja cualidad y con salarios bajos. De esta manera podemos tener cifras de paro muy bajas conviviendo con tasas de pobreza elevadas, y esto es lo que en buena medida sucede en nuestra sociedad.

La política de crecimiento de la ocupación ha estado basada en el mantenimiento de bajos salarios favorecidos por la precarización de los nuevos trabajadores. Una precarización que ha sido posible gracias al soste-

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nimiento de una concepción institucional obsoleta del papel de la familia, que ha favorecido la ocupación estable de los cabezas de familia a expensas de la precariedad de las mujeres y de los jóvenes. De este modo, en Catalunya, mientras el riesgo de paro que hay entre los hombres de 25 a 54 años es del 5%, el que tienen los más jóvenes se sitúa en el 22% y el de las mujeres en el 12%, a lo que cabe añadir que la tasa de actividad laboral femenina es todavía en Catalunya un 30% inferior a la de los hombres.

Además los jóvenes ocupados lo están con contratos laborales precarios, ya que en Catalunya el 55% de los menores de 25 años ocupados tienen un contrato temporal, mientras que esta cifra no pasa del 16% entre los mayores. Precarización y polarización entre insiders y outsiders que aún no ha derivado en polarización social porque mayoritariamente ha sido absorbida por la familia, pero está por ver cómo afectará a la estructura de desigualdad entre hogares en el futuro. De momento ya está teniendo serias consecuencias sobre la fecundidad de las mujeres y sobre las cifras de natalidad.

Aunque buena parte de la precariedad y del riesgo de paro se concentra en las mujeres casadas y los jóvenes, que en cierta manera están sostenidos por el marido o el padre, una parte importante está afectando a los hogares de adultos independientes y con menores de edad. La muestra la tenemos si analizamos los datos resultantes del PIRMI. El perfi l de personas benefi ciarias es mayoritariamente de personas solitarias y de hogares mono-parentales con menores de edad, que no consiguen un trabajo, bien porque el mercado de trabajo pasa por una mala coyuntura o, bien, porque las caracte-rísticas psicosociales de las personas o sus circunstancias familiares les impide trabajar incluso en momentos de bonanza económica generalizada.

A pesar de que la generación de ocupación no siempre mantiene una relación estrecha con la reducción de la pobreza, lo cierto es que, con los límites de ingresos defi nidos actualmente para acceder a las prestaciones económicas asistenciales, hay una clara asociación entre paro y solicitudes de RMIs. En la crisis de ocupación que tuvo lugar en la primera mitad de los noventa, hubo un incremento de peticiones de ayuda que iba acompañado de un aumento de los expedientes denegados, y cuando en la segunda mitad de los noventa creció la ocupación se produjo una caída en las solicitudes. Pero pese a estas oscilaciones, un dato preocupante es la cronifi cación de los benefi ciarios que se observa en el PIRMI.

La lucha contra la cronifi cación de la dependencia de las ayudas públicas está siendo una prioridad política en casi todos los programas de bienestar europeos, pero no hay que olvidar que las estrategias que se siguen

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son muy diferentes entre los distintos Estados. Unos países optan por endurecer las condiciones de acceso y limitan el tiempo de permanencia en los programas forzando la salida de los benefi ciarios a pesar de que éstos no hayan encontrado una fuente de recursos alternativa. Otros ponen más énfasis en las denominadas políticas activas de ocupación invirtiendo recursos en la formación ocupacional de los benefi ciarios y en la subvención o, incluso hasta la creación, de puestos de trabajo. España y Catalunya están todavía en la cola de los países de la UE según los recursos invertidos en las políticas activas de ocupación y, de esta manera, se hace difícil reducir la cronifi cación de los benefi ciarios, como también se hace difícil pensar en un escenario con cronifi cación cero.

La nueva realidad de exclusión del mercado laboral de aquellas personas con pocas habilidades sociales y con menos credenciales educativas nos ha de hacer pensar en la necesidad de mantener un programa de renta mínima garantizada, si bien es más que discutible que esta renta haya de ser transferida a todo el mundo, con independencia de su status laboral y sin ningún tipo de contraprestación como proponen los defensores de una renta básica de ciudadanía.

6. LOS SERVICIOS SOCIALES: LA UNIVERSALIZACIÓN PENDIENTE

Desde que fueron institucionalizados los servicios sociales democrá-ticos ha estado presente un discurso antibenéfi co y vagamente universalista que nunca ha acabado de ser realidad por falta de recursos y, sobre todo, de voluntad política. Lo cierto es que la atención continúa estando limitada solamente a los más pobres y en consecuencia los servicios sociales han dejado de cumplir una de sus funciones típicas en los Estados de Bienestar más desarrollados: mejorar la igualdad de oportunidades de todos los ciuda-danos y fomentar la cohesión social. Es una paradoja ya muy estudiada por los expertos en política social que unos servicios diseñados exclusivamente para los pobres son menos efi cientes en la reducción de las desigualdades que unos servicios universales a los cuales tienen acceso también las clases medias. Éstas son poco favorables a fi nanciar con sus impuestos unos ser-vicios de los cuales ellas no van a disfrutar y, además, tienden a desconfi ar mucho de los benefi ciarios de los programas, acusándolos de aprovecharse sin tener que hacer ningún esfuerzo para superar las situaciones de depen-dencia económica. El resultado, como es bien sabido, son unos servicios de baja calidad y sumamente estigmatizados.

Si a esta situación se le añade una potente corriente migratoria, como es el caso de nuestro país en los últimos años, el potencial de los con-fl ictos xenófobos crece de manera importante. En tanto que los servicios

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sociales son asistenciales y dirigidos tan sólo a los más pobres, con el tiempo son los trabajadores inmigrantes los que constituyen la mayoría de los be-nefi ciarios, despertando aún más los recelos de los trabajadores autóctonos que sufriendo necesidades similares no pueden cubrirlas en el mercado y ven cómo los servicios públicos están colapsados por los inmigrantes. Los profesionales de los servicios sociales saben por propia experiencia cómo ya está apareciendo en la opinión pública de los barrios donde trabajan la idea de que son los de fuera los que más se benefi cian de los servicios y que los nacionales son los marginados. Algunos políticos, de manera peregrina, han llegado a sugerir incluso que habría que establecer cupos de inmigrantes entre los benefi ciarios de los servicios sociales, añadiendo una mayor discriminación difícil de justifi car legalmente, cuando sería más adecuado universalizar el acceso de los servicios a toda la población.

Hay todavía un cierto clima de opinión que no cree posible uni-versalizar los servicios sociales porque, se dice, el Estado de Bienestar está en crisis. La realidad es que a lo largo de los años ochenta y noventa los servicios sociales no han parado de crecer de manera contundente en todos los países de la Unión Europea. Servicios que antes eran asistenciales en muchos países europeos, como la atención a la dependencia y la atención a la infancia pre-escolar, son cada vez más servicios universales. Además, en aquellos países donde ya eran un derecho universal, lejos de ser recortados han continuado creciendo en cobertura e intensidad protectora. Lo mismo pasa con las políticas activas de ocupación donde los servicios sociales juegan un papel crucial. Otra cosa es que Estados como el español, y Catalunya todavía más, fi guran a la cola de las naciones europeas en lo que respecta a cobertura de necesidades de las familias y de las personas mayores y que, como hemos visto en la introducción, la proporción de riqueza nacional invertida en política social haya disminuido, pero no como consecuencia de una tendencia general, sino como resultado de una voluntad política propia de nuestro país.

Estos datos de crecimiento generalizado de los servicios sociales en la Unión Europea pueden ser sorprendentes para los que aún tiene la falsa idea de que no vivimos buenos tiempos para el desarrollo de los servicios sociales. ¿Cómo es posible que en plena crisis del Estado de Bienestar, cuando buena parte del discurso político hegemónico nos ha dicho que no podemos gastar más porque no es conveniente para la competitividad de la economía, cómo es posible, repito, que la proporción de riqueza nacional dedicada a servicios sociales haya aumentado? La respuesta la hemos de buscar en la racionalidad de este gasto que no es tanto un gasto sino una inversión. Es una inversión en capital humano cuando se trata de políticas de familia que permiten una mejor educación de los menores de edad y más oportunidades de ocupación

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a las madres, lo cual ha de redundar en mejor trabajo y más contribuciones fi scales y a la Seguridad Social en el futuro. Algo parecido puede decirse de las políticas activas de ocupación que obtienen más rendimiento del gasto en protección de los parados y, si tenemos en cuenta la atención a las personas mayores, estos servicios pueden representar una contención signifi cativa del gasto sanitario. Si a estas razones de racionalidad económica añadimos las razones políticas de una ciudadanía preocupada por el bienestar social que infl uye en los partidos políticos comprenderemos por qué, al menos en la Unión Europea, los servicios sociales han ganado importancia de manera indiscutible. Otra cosa son los esfuerzos para contener el gasto en pensiones y en sanidad que han impulsado sucesivas reformas y que se han utilizado para difundir la idea de que la edad dorada del Estado de Bienestar ha acabado.

7. CONCLUSIONES: ALGUNOS RETOS IMPORTANTES

En mi opinión hay tres retos de política social que han de ser afrontados a largo término: la reducción de la pobreza económica, la re-ducción de tensiones xenòfobas y la gestión de los problemas derivados del envejecimiento demográfi co.

La pobreza económica afecta con mayor riesgo a los trabajadores poco cualifi cados (con independencia de que trabajen o no), a los hogares donde la mujer no trabaja en una ocupación remunerada, situación más corriente en la clase trabajadora que en las clases medias, de manera que las desigualdades de renta entre hogares han aumentado por causa de una desigual actividad femenina, que tiene efectos claros en la pobreza infantil y en la feminización de la pobreza tanto en lo que respecta a mujeres mayores como a jóvenes viudas y/o separadas. Para reducir el riesgo de pobreza hay dos estrategias complementarias que han de ser desarrolladas. En primer lugar, y a largo término, mejorar la formación de los trabajadores no cualifi cados y la de sus hijos, reduciendo de manera signifi cativa las cifras actuales de fracaso escolar. Ésta no es sólo una labor del sistema educativo y ha de implicar a los Departamentos de Trabajo y a los Servicios Sociales. En segundo lugar, hay que crear ocupación en los nuevos fi lones de trabajo relacionados con los servicios de bienestar social, ocupación que ha de benefi ciar especialmente a las mujeres con baja formación de manera que puedan aportar ingresos complementarios a sus hogares, a la vez que las introduzca en un mundo laboral que les ha de proporcionar mayor autonomía personal.

Esta ocupación crecerá de manera notable si el acceso a los servi-cios sociales se hace bajo principios de universalidad, lo cual ha de contribuir

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a reducir el riesgo de confl ictos xenófobos alimentados por unos servicios sociales de cariz asistencial.

En lo que respecta al crecimiento del gasto derivado del enveje-cimiento de la población, la universalización de los servicios sociales para la gente mayor puede ser un complemento efi ciente a la contención del gasto en pensiones y a la necesidad de contener el gasto sanitario. España y Catalunya harían bien en seguir la senda de otros países que optan más por garantizar el acceso a servicios básicos que no a transferir rentas en metálico que suponen un gasto elevado a la Seguridad Social, pero que no son sufi -cientemente elevadas como para pagar los servicios sociales necesarios en caso de dependencia. Esta estrategia no sólo signifi ca una mayor garantía de bienestar para las personas mayores y sus familias, sino que promueve mucho más la ocupación laboral que ha de contribuir a fi nanciar los gastos.

NOTAS

1 G. Abramovici (2004) “Social Protection in Europe”; Statistics in Focus. Populations and Social Conditions. Theme 3 6/2004. Eurostat.

2 Woodrofe, C. Children, Teenagers and Health. Open University Press, 1993.3 No hay sufi ciente espacio para desarrollar con detalle las ventajas y

desventajas de cada modelo y que he tratado en otras publicaciones. El lector interesado en el tema puede consultarlas en S. Sarasa, Una propuesta de servicios comunitarios de atención a personas mayores. Fundación Alternativas. Documento de Trabajo 15/2003. www.fundacionalternativas.com/laboratorio.

4 Julio Carabaña (2001) ‘Clase, voto y políticas sociales en España’ en Zona Abierta 96/97 pp.7-56.

5 A. Kubitza, (2004), “Pensions in Europe: expenditure and benefi ciaries” Statistics in Focus. Population and Social Conditions nº 8. Eurostat.

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LAS POLÍTICAS FAMILIARES EN CATALUNYA

LLUÍS FLAQUERInstitut d’Infància i Món Urbà

Departament de Sociologia UAB

1. POLÍTICAS DE FAMILIA E INFANCIA

Medidas de soporte a las familias con menores a su cargo con la fi nalidad de incrementar sus niveles de bienestar

• Familias como unidades reproductivas

• Equiparación entre las políticas de familia e infancia

• Políticas familiares como una inversión y no como un gasto

• Afi nidad entre las políticas de familia y las de formación de capital humano

• Políticas familiares, requisito del éxito de las políticas educativas

2. CAMBIO DE PARADIGMA FAMILIAR

Del régimen del ‘sustentador masculino’ a la ‘universalización del sustentador adulto’

• Erosión de los hogares como espacios de reproducción social

• Aumento en el coste de los hijos

• Défi cit en la socialización familiar • Mengua de los servicios de cuidado a las personas dependientes

(niños y personas mayores y discapacitadas)

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El crecimiento de la diversidad familiar exige desarrollar políticas de igualdad de oportunidades entre las unidades con hijos a su cargo

Lucha contra las discriminaciones (reales, objetivas, no formales) entre los niños, independientemente de las formas familiares en que vivan

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En Cataluña tenemos un desequilibrio entre las necesidades gene-radas por la intensifi cación del cambio de família y la débil respuesta de las administraciones a esta transformación.

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POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1. QUÉ HA DICHO EL SÍNDIC SOBRE POLÍTICAS DE INFANCIA

1.1. La atención a la infancia

• La Convención de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia dice en numerosos artículos que el Estado ha de asegurar la protección y la atención necesarias para todos los niños de su jurisdicción, que ha de hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar y promover los derechos que establece, y que el Estado ha de dar asistencia adecuada a los padres a fi n de que puedan ejercer su responsabilidad. Por ello, sigue la Convención, el Estado ha de asegurar la creación de instituciones, equipamientos y servicios para el cuidado del niño.

Hay muchos aspectos de la atención y la protección a los hijos que los padres individualmente no pueden satisfacer. En estos casos las familias no pueden o no saben proteger al niño, y el Estado ha de proveer una red de seguridad, garantizando el bienestar de los niños en todas las circunstancias.

El equilibrio de responsabilidades entre los padres y el Estado hace que las obligaciones de los unos y del otro estén estrechamente ligadas.

• Las familias formadas por uno solo de los progenitores, sobre todo si a esta circunstancia se le añade tener pocos ingresos económicos, no tener referentes de una buena parentalidad, no tener círculo afectivo ni social, tener mala salud física o psíquica, ser inmigrante o pertenecer a un colectivo rechazado o excluido, tener problemas de adicción a sustancias tóxicas, estar en situación de paro de larga duración, y muchas más. En estos casos, y más que nunca, los derechos de los hijos pasan por satisfacer los derechos de sus

MONTSERRAT CUSÓ I TORELLÓ

Trabajadora SocialAsesora del Síndic de Greuges en

Qüestions d’Infància

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padres y madres, o de los adultos que cuidan de ellos. La lucha contra las situaciones de pobreza continuada, contra los entornos degradados o faltos de recursos comunitarios y/o de referentes positivos, será una herramienta de construcción de resiliencia infantil.

• Los asuntos que afectan a la infancia tienen un carácter transversal que hace que todos los aspectos de la defensa de sus derechos estén relacionados. Por esto en los informes del Síndic salió la expresión «el cuidado adecuado del niño», porque se trató desde diferentes perspectivas; desde diversas vertientes nos vamos acercando a la calidad de vida de los niños y adolescentes, a aquello que es lo de-seable. Todo confl uye en lo msmo y todo revierte en su bienestar.

• Por eso hemos manifestado nuestra preocupación por la creciente pobreza en la que vive un número signifi cativo de niños: casi el 50% de la población pobre vive en familias que se encuentran en la etapa de crianza de los hijos y, pese a que en el caso de muchas de las familias que viven en la pobreza el padre o la madre trabaja, el sueldo es insufi ciente. A este hecho se le añade otro que es que en España, y también en Catalunya, la transferencia de dinero público a las familias que viven en la pobreza es de las más bajas de Europa, y en pocos casos las ayudas del Estado las saca de esta pobreza. Si el riesgo de llegar a ser pobre es importante para las personas mayores, la posición relativa de los niños en Catalunya respecto de aquéllas, según estudios de los últimos años, ha empeorado.

• Por este motivo, nos preguntamos cómo se puede garantizar un estándar adecuado de vida de los hijos de padres y madres que viven en una continua precariedad económica, que comporta de-masiado a menudo la falta de una vivienda digna, el paro laboral de larga duración, el aislamiento social de las familias y de los niños, las situaciones de inmigración desprotegidas o con riesgo de marginación y, en algunos casos, la falta de escolarización real por cambios frecuentes de domicilio como efecto secundario de una forma de vida en la pobreza.

• La Convención es indisoluble y los derechos que establece se refi eren a necesidades de los niños que no pueden fragmentarse. Por este motivo, si las instituciones de defensa de los derechos de los niños son uno de los instrumentos de la implementación del cumplimiento de la Convención en cada Estado o país, hemos de

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perseguir que el Estado prevea soluciones generales: niños sordos (derecho a expresarse libremente)...

• Como ya hemos dicho, la atención a los niños ha de empezar dando soporte a los padres de los niños, para que puedan propor-cionarles una crianza adecuada. Desde el Síndic se había estado pendiente del proyecto de ley de soporte a las familias; ahora que ya está vigente desde el 2003, hemos de decir que es un primer paso, pero que concreta poco en el sentido de que establece un tipo de ayudas que requieren un desarrollo que hoy por hoy no se ha realizado. Algunas de estas ayudas ya existían (niños de 0 a 3 y de 3 a 6), pero con la aprobación de la ley se convertían en un derecho. La exposición de motivos de la ley es perfecta y va en la línea que ha pedido el Síndic, destacando los objetivos de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral; evitar la penalización de la familia por el número de hijos; promover el soporte a los padres (atención precoz como un derecho); dar soporte a la acogida de familias; hijos disminuidos; ayuda en la vivienda; etc.

Desde el Síndic creemos que era una ocasión y un instrumento para disminuir las diferencias entre lo que recibían las familias con hijos de otros países y comunidades autónomas y lo que recibían en Catalunya. Porque echábamos en falta una perspectiva y una planifi cación global de servicios diversifi cados en la infancia que, combinados con la regulación de las prestaciones económicas, la fl exibilidad laboral, los servicios de atención a domicilio y las guarderías públicas, confi gurasen un sistema universal de atención a los niños por medio de la ayuda a sus familias. Y esto, en virtud de la equidad social, como parte de la obligación del Estado de asegurar los derechos de los niños y también como prevención de la intervención protectora infantil.

Por eso pedíamos que determinadas ayudas a las familias con difi cultades, no fueran graciables ni sometidas a prioridades presu-puestarias. Estas situaciones, algunas de las cuales llegan al Síndic, ponen más en evidencia la necesidad del soporte a las familias, pero son generalizables a otras menos aparentes, que no nos han llegado por este asunto, sino a través de la falta de plazas de guarderías públicas.

• La participación de los niños y de los adolescentes: la creación de los consejos municipales de infancia aumenta poco a poco, pero representa una mayor visibilidad en asuntos que los afectan. Se trata tal vez de un cambio pequeño pero importante, más que por el resultado por el proceso que modifi ca a las personas que parti-

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cipan (los chicos y las chicas), que los hace más resilientes, con la percepción de que se sienten escuchados y de que se les toma en serio, más fuertes para denunciar tratos inadecuados o situaciones de abuso y maltrato respecto a ellos o sus compañeros, y que tiene un efecto dominó.

1.2. La protección a la infancia

• El Síndic ha manifestado ampliamente su preocupación por di-versos aspectos de la intervención protectora: a) el abismo entre las difi cultades percibidas por los padres y las valoradas desde los diferentes servicios de la Administración; b) la difi cultad de inter-venir en la familia sin que ésta tenga conciencia de necesitar nada más que ayudas materiales; c) la falta de recursos materiales para ayudar a las familias en difi cultad desde el sistema de protección y/o en coordinación con otros servicios; d) el perjuicio que se puede infringir en una familia por una intervención impuesta si no se consigue la colaboración de los miembros adultos de las familias; e) por la difi cultad que tiene el Estado para ejercer el rol parental adecuadamente con los niños y adolescentes de los cuales tiene la tutela; f) ...

• Desde otra perspectiva, se ha hecho referencia a las consecuen-cias que sufren a menudo los niños presuntamente víctimas de abuso sexual, y el peligro de la doble victimización. El Comité de Ginebra recomienda, a la luz del artículo 39 de la Convención, que los Estados establecen mecanismos para asegurar la recuperación física y la reintegración social de los niños víctimas de este tipo de maltrato. El Síndic cree que es necesaria una posición proactiva por parte del Estado, desde una perspectiva genérica que supere la visión de “caso individual” y de “situación excepcional”, y ha hecho sugerencias concretas en este sentido al Departamento de Educación a fi n de que establezca medidas específi cas para apoyar y proteger al alumno víctima una vez haya sucedido el presunto abuso. Ello es debido a que la perturbación que genera un hecho de esta índole en la comunidad educativa no produzca movimientos únicamente defensivos en los miembros de ésta, sino también de acompañamiento y soporte al alumno y a su familia. Considera-mos, y así lo dijimos, que la presunción de inocencia del presunto perpetrador del abuso no había de volverse en contra de la víctima y de su familia, ya que si éstos percibían directa o indirectamente que se les hacía el vacío o se les castigaba, se producía esta doble

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victimización. Entendemos que entre las funciones de la Inspec-ción de Educación debería de haber la obligación de promover los derechos de los alumnos, ayudando a los profesores a analizar la situación desde el punto de vista de la defensa de estos derechos y de la labor de la escuela en esta defensa.

Las sugerencias realizadas fueron:

- Incluir el conocimiento de los derechos de los niños en los pro-gramas de formación de educadores del Departamento, a fi n de que el conocimiento de la naturaleza y de las características del maltrato y del sufrimiento que generan conduzca a una mayor sensibilización e implicación de los maestros.

- Formar especialistas sobre el maltrato infantil, sobre las mejores formas de abordarlo desde la escuela.

- Establecer la designación de uno de estos especialistas en cada centro docente para que actúe de asesor del resto de maestros en casos de detección de situaciones de maltrato.

• En los años 1997 y 1998 se abrieron actuaciones de ofi cio para

cada una de las demarcaciones de Catalunya para trabajar y con-sensuar un Protocolo de actuación en casos de maltrato y abuso, con el objetivo de disminuir el número de intervenciones médicas y psicológicas con los niños inmediatamente después de la denuncia y durante todo el proceso judicial. Participaron todas las instancias implicadas y en este momento funcionan unas comisiones de se-guimiento de la aplicación de este protocolo.

• Se da el caso de padres y madres que vienen a quejarse al Síndic y este número aumenta. Manifi estan su disconformidad con algún aspecto de la intervención protectora, que entendemos como una creciente y deseable percepción del ciudadano de que tiene unos derechos que no le pueden ser retirados.

• El retardo en el desplegamiento reglamentario de la Ley 8/1995, especialmente en lo que se refi ere a los artículos 33, 34, 35 y 36, que requieren una concreción reglamentaria de sus condiciones de aplicación. Este vacío legislativo constituye un obstáculo para la garantía de algunos derechos civiles y políticos de los niños y de los adolescentes. Este obstáculo afecta directamente a lo que establece el artículo 17 de la Convención, el derecho del niño a tener acceso a una información adecuada, y afecta aún más al punto “e” de este

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artículo, según el cual los Estados han de alentar el desarrollo de directrices apropiadas para la protección del niño y el adolescente de la información y los materiales perjudiciales para su bienestar, teniendo en cuenta lo que establecen los artículos 13 (libertad de expresión) y 18 (ayuda de los Estados en la responsabilidad de los padres).

• En el año 2002 la Dirección General de Atención al Menor retornó

al Departamento de Bienestar y Familia. Parece que esta adscripción habría de poder facilitar una puesta al día de un modelo que conti-nuábamos considerando válido en sí mismo, pero que evidenciaba disfunciones importantes, por la falta de una apuesta decidida para la mejora de las condiciones de vida de la infancia en riesgo, por la insufi ciente disponibilidad real de recursos y el excesivo tiempo de espera que suponía.

Creemos que era un buen momento para repescar la atención a la infancia y reforzar su protección; un buen momento de buscar una interrelación institucionalizada y racional de los servicios sociales de atención primaria y de los equipos de atención a la infancia y la adolescencia; de implantar circuitos de intervención coordinada y responsable de todo el entramado; de volver a preguntarse el objetivo de la intervención protectora del Estado: el qué, el cuál y el cómo.

• La acogida familiar: asegurar la fi gura de la acogida familiar como fi gu-ra clave en el diseño de nuestro sistema de protección. Por ello hemos pedido repetidamente su promoción, que se aboquen esfuerzos para su implantación, que se aumenten las ayudas que da la Administración a las familias acogedoras, que se equiparen las ayudas a las familias ajenas y extensas, que se dé soporte psicosocial a los acogedores, que se les ayude a encontrar aquel rol particular que no suplanta a las fi guras paternas sino que las complementa y refuerza.

1.3. El sistema educativo

• Conseguido el hito (teóricamente) de una plaza gratuita para todos los alumnos en las etapas obligatorias, creemos que hay que dar un paso adelante para lograr que la igualdad de oportunidades sea real, y cumplir con el principio de la no discriminación. En el caso de los colectivos de niños más desfavorecidos por causas diversas, se requiere una actitud proactiva por parte de los poderes públicos que la han de garantizar. Por eso los mecanismos de educación

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compensatoria son imprescindibles, y se abrieron múltiples actuaci-ones de ofi cio sobre muchas escuelas e institutos de Catalunya que se visitaron; también las UECs, los Taes, etc. Se realizaron muchas sugerencias, algunas de las cuales han sido recogidas en el Plan de cohesión social del actual departamento.

• El derecho a la educación de los alumnos que padecen una enferme-dad: deben verse como alumnos/niños antes que como enfermos, y asegurar que pueden estudiar.

• La educación gratuita: no es completa si no incluye los gastos derivados de la enseñanza, como son los libros de texto y las ex-cursiones y salidas.

• Las condiciones adecuadas en la escuela: barracones, deterioro de edifi cios, amontonamiento, falta de condiciones de seguridad, etc.

• La educación inclusiva.

2. CÓMO DEBERÍAN CONCEBIRSE LAS POLÍTICAS DE INFAN-CIA

2.1. Desde la perspectiva de los derechos de participación: artículos del 12 al 16 de la Convención

• Estos derechos son los que más interesan a los chicos y chicas: el derecho a expresarse libremente sobre aquello que hacen en la vida cotidiana, en la escuela, en casa, en el centro de tiempo libre, en el barrio, en la ciudad. Han de poder decir lo que sienten, lo que piensan y lo que les gustaría, y han de saber cómo hacerlo. Son los derechos que les hace sentirse más como personas, aquellos con los que más se identifi can. Los otros los dan por conseguidos, y a menudo no los ven como derechos sino como deberes: la escuela, el cuidado de la salud, etc. Son derechos que implican responsabilidades, los obligan a pensar, a hacerse preguntas, y los comprometen. Pero, sobre todo, los va haciendo ciudadanos conscientes de formar parte de una comunidad, en la que todos aportan y todos ganan.

• Los derechos de provisión y de protección han de estar presen-tes, y hay que emplear recursos para garantizar que nadie queda excluido. El diseño del sistema de protección ha de partir de las

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necesidades de los niños y adolescentes, y de sus familias, y no de las posibilidades de la Administración ni de lo que creamos los adultos que ellos necesitan.

2.2. El establecimiento de un estándar de calidad para las institu-ciones, servicios y recursos para los niños

• El Estado ha de asegurar que los estándares establecidos se cumplen por medio de la supervisión, el control, el soporte y la inspección.

• Estos estándares se refi eren especialmente al número, formación y adecuación de las plantillas en materias de educación, salud, inter-vención social. Siempre desde los principios de la no discriminación y del mayor interés del niño.

• La revisión de la normativa que se aplica a estos servicios e institu-ciones, independientemente de si son propios de la Administración o si son entidades privadas.

• El Estado no puede ser falsamente tolerante o complaciente con la forma en que se ofrecen estos servicios.

2.3. La prevención primaria

• Más allá de dar soporte a las familias que más lo necesitan (aquéllas identifi cadas como de riesgo) el artículo 18 de la Convención pide a los Estados el reconocimiento de su responsabilidad de atender a los padres. Los servicios públicos de vocación universal son una garantía del cumplimiento de esta responsabilidad del Estado hacia y en interés de los niños.

• Estos servicios, además de mejorar la calidad de vida de los niños y la de los adultos que se hacen cargo de ellos, son también la forma más efectiva de prevención, ya que las familias no están excluidas de los servicios normalizados ni sufren el estigma inherente a la intervención protectora.

• Los tipos de servicios a los cuales se refi ere este artículo incluyen las iniciativas enfocadas a la comunidad, como, por ejemplo, cen-tros para madres con bebés o niños pequeños, centros de tiempo libre, ludotecas, clubs juveniles. Dentro de éstos, además, se puede

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llevar a término actividades de educación de padres, y así tienen un doble valor para los niños.

3. Qué han de tener las políticas de infancia

3.1. Dinero

• Los planes y programas de atención a la infancia desde cualquier ámbito han de ir acompañados de la memoria presupuestaria. De otro modo se queda todo en buenos deseos e intenciones.

• La verdadera ideología de los gobiernos se constata en la prioriza-ción presupuestaria que hacen. Raramente los niños y los adoles-centes contituyen una prioridad presupuestaria, fuera del sistema educativo. Es como si los niños y los adolescentes tan sólo fuesen alumnos.

• Por este motivo se los mantiene a menudo en situaciones de pre-cariedad que no querrían de ningún modo para los adultos. Parece como si ellos no sufriesen como los adultos.

3.2. Diseño en base al estudio de necesidades y recursos

• Es necesario destinar más dinero para la atención de los niños; ello ha de incluir las investigaciones y estudios sobre el impacto de las intervenciones o falta de intervenciones en su calidad de vida.

3.3. Transversalidad de los programas

• El niño y el adolescente son uno, pero la Administración lo atiende de modo fragmentado. Pongamos por ejemplo la atención a las madres maltratadas y a los hijos de éstas; y la atención a los niños maltratados y a las madres de éstos.

La división de la violencia doméstica en «violencia de género» y «maltrato infantil» responde a unos determinados tipos de situaciones, pero a menudo se menosvalora su interrelación y el carácter indisoluble de algunas situaciones. A esta fragmentación de las víctimas de la violencia intrafamiliar le sigue la compartimentación en la atención de estas víctimas: compartimen-tación en la detección (diferentes especialistas), en el estudio, en el abordaje y en la intervención. Los que sabemos de niños maltratados no sabemos de mujeres maltratadas, y creo que se puede decir lo mismo al revés.

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Los servicios de atención y de intervención con los niños maltra-tados pueden ser en ocasiones maltratadores con las madres de estos niños: no están preparados para dejar participar al padre o la madre no maltratador en la crianza del hijo, con un ejercicio compartido de las funciones tutela-res; por otra parte, los servicios de atención a las mujeres maltratadas son a menudo poco adecuados para los hijos: no hay un servicio especializado para la atención de estos niños y adolescentes, no hay espacios adecuados para sus necesidades (habitación por unidad familiar, única sala de estar, etc.). No fueron pensados para niños y adolescentes, fueron pensados para mujeres. Incluso la forma de pago es un refl ejo de esta intencionalidad: la Administración paga por unidad de convivencia, independientemente del número de hijos que tenga la mujer maltratada. El derecho a la intimidad y a la privacidad de los niños y de los adolescentes no está contemplado; el derecho a jugar tampoco.

Pero voy más allá: es en la misma mirada que estamos fragmen-tando. Fijémonos sino en algunas películas: en El Bola, detrás del muchacho que sufre los maltratos físicos y psicológicos de su padre, hay una mujer que es una sombra, que sólo reacciona cuando las heridas son aparatosas y ve que su hijo se va de casa a refugiarse en casa de su amigo. Pero antes no había preservado ni protegido a su hijo, era una víctima del abuso de poder y del régimen de terror que infringía su marido. En otras, Nueve segundos, por ejemplo, es al revés: los hijos son invisibles, o no salen, o no existen o no ven, no sienten, no sufren. Es una forma de negar su existencia.

Sin embargo, el sexto indicador principal de las causas de los ma-los tratos a los niños en Catalunya son las relaciones familiares violentas; en cuanto a la etiología del maltrato las causas psicológicas representan el 51,8%; también nos dice que la fi gura adulta que se encuentra emocional-mente más cercana a los niños que han sufrido malos tratos es la madre en un 30% de los casos. Finalmente, se hace constar que en un 44,4% de los casos en que se produce un maltrato infantil, éste no es el único en el hogar familiar sino que otro adulto (en un 76,6% de los casos, la madre), también es víctima de alguna clase de maltrato.

Sabemos que muchas mujeres maltratadas presentan trastornos psicológicos que se manifi estan en estrés postraumático, con angustia, depresión, agotamiento físico, baja autoestima, incapacidad para resolver confl ictos, conductas agresivas con sus hijos como resultado de inmersión en un mundo de violencia, culpabilización, importante dependencia y mengua de la autonomía. A menudo las situaciones de violencia familiar van acompañadas de aislamiento familiar y social.

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Me pregunto cómo una madre en esta situación puede criar a sus hijos de una manera sana; cómo puede preservarlos de la violencia y del abuso de poder de los que ella es víctima. Sin soporte afectivo y social, sin capacidad para decidir por sí misma y deducimos que tampoco por sus hijos, con el sentimiento dominante del miedo y la evitación de las situaciones que pueden comportar un riesgo de hacer explotar la violencia en casa, es difícil que pueda proporcionar a los niños y a los adolescentes el mínimo clima de afecto y de seguridad que necesitan.

Con todo esto, me cuesta comprender que cuando se habla de la violencia de género se hable tan poco de las consecuencias en los niños de la familia, de esta violencia. Se habla, sí, pero de pasada, escasamente. Sobre todo en los casos de muerte de la mujer, en los medios se hace constar que los hijos de la pareja han presenciado el asesinato. Pero no se habla de los hijos como testimonios del largo proceso de violencia que ha llevado a la muerte, y mucho menos de estos hijos como víctimas de la situación.

En este sentido, me alegró que desde el Departamento de Bienestar y Familia, se haya dicho en comparecencia en el Parlamento, que “una de las prioridades del Institut Català de la Dona es avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, en la mejora de su calidad de vida, así como en la de sus hijos e hijas cuando son testimonios”. Con todo, me sigo preguntando cuándo no son testimonios: ¿cuándo no presencian el episodio violento?, ¿cuándo no oyen gritos y peleas? Porque en todos los casos hay una madre sometida, asustada, perdida como persona, y de ello los hijos son testimonios lúcidos y privilegiados.

Me gusta también cuando el mismo departamento dice que la vio-lencia de género es un fenómeno social complejo y multicausal que necesita un abordaje integral: en esta integralidad ¿se cuentan los niños?¿Hablamos de interdepartamentalidad?

Podemos preguntarnos: ¿cómo proteger a los niños si no prote-gemos a las madres?

Dado que hay importantes necesidades comunes entre el niño y la madre, algunos expertos alertan del peligro que el abordaje de la violencia doméstica sea maltratador con la madre, si:

1. No se hace diferencia entre el maltratador y la madre/cuidadora no maltratadora.

2. No se tiene en cuenta la violencia perpetrada para con la madre.

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3. No se reconoce la particular vulnerabilidad de la madre sola. 4. Los profesionales insisten en centrarse en el trabajo con la madre,

dejando de lado al padre u otros familiares. 5. Las prácticas se guían por ideologías más que estar determinadas

por las necesidades del niño. 6. No neutralizamos nuestros propios estereotipos sobre la mujer

maltratada. 7. Se malinterpretan los sentimientos y la conducta de la madre

maltratada: el miedo y el terror pueden ser percibidos por los pro-fesionales como hostilidad, falta de colaboración, etc., con graves consecuencias para los hijos.

Esta preocupación por la falta de la mirada única, me hace pensar que podría ser interesante presentar un resumen de un estudio realizado en el Reino Unido y en Gales, que tenía por objetivo, por una parte, dar voz a los chicos y chicas que sufrían o habían sufrido violencia doméstica, y, a partir de aquí, en-contrar la mejor manera de ayudar a estos chicos y chicas y a sus madres.

Se estudiaron 45 niños y adolescentes y 49 madres, con los cuales se contactó de diferentes maneras. Los chicos y chicas tenían entre 5 y 17 años, con dos excepciones de chicas mayores de edad. Se partía de la defi nición de violencia doméstica como “el maltrato emocional, psicológico, físico y sexual de una mujer y de sus hijos por parte de un hombre relacionado sentimentalmente en el presente o en el pasado con la mujer”, y de anteriores investigaciones, sobre todo centradas en el maltrato físico, por no haber estado contemplado ningún otro. Los tipos de maltrato sufridos por los niños del estudio son, de más a menos frecuente, el testimonio de la agresión del padre a la madre; el maltrato emocional; la violencia oída (pero no vista); el maltrato físico, el control de la conducta, y el abuso sexual.

En este estudio no se preguntaba directamente a los niños por los malos tratos que ellos habían recibido, sino por la violencia en casa. En este sentido, se observa que la violencia oída (presente en el 58% de los casos) hace más daño que la visualización de la misma; que es peor sentir y no ver, porque, entre otras cosas, el niño se siente más impotente, menos capaz de ayudar a la madre, y no sabe bien el alcance ni la gravedad de la agresión. Las madres, en cambio, acos-tumbran a pensar que los niños no oyen nada, y creen que es mejor no hablar de ello. Por otra parte, la visualización de las heridas y de los golpes al día siguiente los hace sentir muy mal y genera sentimientos de protección hacia la madre.

Por lo que respecta al maltrato emocional de los hijos (presente en el 60% de los casos), además del maltrato recibido a través de haber presenciado

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la violencia contra la madre, se añaden: el insulto, el desprecio constante, la crueldad con los animales domésticos, la destrucción de sus juguetes o de los informes escolares, la amenaza de quemar la casa, sacar a la madre fuera de casa diciendo a los hijos que ella se ha marchado, decirles que no deberían haber vivido, y un largo etcétera. Además está la humillación de la madre, a través de la crítica constante y de los insultos; la descalifi cación de la madre en su función maternal; la utilización de los niños como correos agresores; la acusación de alcoholismo o enfermedad mental de la madre; la amenaza de matar a la madre; la violencia hacia terceros en presencia de los niños, etc.

A menudo buscan la complicidad de los hijos contra la madre. Los niños se sienten entonces atrapados en apoyar a la madre y ser agredidos, y aliarse con el padre contribuyendo al maltrato a la madre. En estas actitudes se observa con frecuencia una doble intencionalidad: atacar directamente a una persona, e indirectamente a otras. Aquí encontraríamos, pues, la violencia de género y el maltrato infantil.

Por lo que respecta al control de la conducta de los hijos, se hace refe-rencia a no dejarlos jugar, no dejarlos estar con amigos, no permitirles participar en las salidas escolares, dando instrucciones a la escuela de que el hijo no participe en juegos concretos con los compañeros, impedir su movilidad dentro de casa, no dejarlos dormir, bajo amenazas de hacer daño a la madre o de morir todos.

A partir de aquí se estudió también la respuesta de las instituciones a la violencia doméstica, y se hicieron diversas recomendaciones. Dentro de éstas, queremos destacar:

• La necesidad de que los niños y los adolescentes tengan información sobre la violencia doméstica, y también información práctica sobre cómo actuar.

• Los profesionales implicados en la intervención en violencia do-méstica han de tener formación específi ca, que incluya formas de comunicarse con los niños que han sufrido este tipo de violencia.

• Se debe reconocer la importancia del impacto de la violencia do-méstica no física.

• La intervención con los niños no ha de esperar a darse cuando éstos presenten señales de haber sido agredidos físicamente.

• Las madres necesitan ayuda para saber cómo ayudar a los hijos a afrontar sus experiencias.

• Al encauzar servicios de atención a familias que han sufrido violencia doméstica, es necesario implicar en su planifi cación a los niños y adolescentes que han sido víctimas.

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• Las visitas con el padre/agresor de la madre deberán decidirse basándose en la seguridad física y emocional del niño y al deseo de éste, y no tomando como base los derechos del padre. Estas visitas se deberán ir revisando porque las necesidades de los niños cambian con el tiempo. Se le dará información sobre sus derechos y de los contactos con el padre. Estas visitas son a menudo la única herramienta (del padre) para maltratar a su mujer después de la separación, y se ha constatado que la violencia ejercida anterior-mente con la madre, continúa con los hijos, quienes se encuentran en grave riesgo. Éstos manifi estan terror ante esta situación.

4. RETOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA VIDA DE LOS NIÑOS

4.1. La participación de los niños y de los adolescentes en aquello que les afecta.

Escuchar a los niños.

Gerison Lansdown, que había sido directora de la Ofi cina de los De-rechos de los Niños en el Reino Unido, decía: “Como adultos hemos desoído permanentemente a los niños, hemos permitido que se les hiciera un daño que siempre hemos escondido. En nombre de los más altos intereses, los hemos internado por mucho tiempo en grandes instituciones, nos hemos negado a escuchar acusaciones de malos tratos físicos o sexuales, hemos permitido que se les infl igieran severos castigos corporales, hemos separado a los niños de su familia, les hemos negado el conocimiento de su origen o identidad, hemos tolerado la intimidación, los hemos encerrado por haber huido de casa, hemos segregado a los niños con los discapacitados, renunciado a su benefi cio...; la lista es inacabable. Evidentemente, será imposible garantizar la protección adecuada de todos los niños, pero se podrían evitar (o al menos disminuir) una buena parte de los abusos pasados y presentes contra los derechos de los niños solamente con que los escucháramos y nos tomáramos en serio lo que tienen que decir”.

Los profesionales de la intervención social defenderíamos con since-ridad que nuestro objetivo es el bienestar de los más indefensos. POR ESTO no deberíamos ignorar la valiosa contribución que los propios niños pueden hacer para una mayor comprensión de su propio bienestar. La vulnerabilidad de los niños tiene que ver con la vulnerabilidad de los padres y, por tanto, dando recursos para una buena parentalidad a los padres, los reforzamos a ellos. Pero los niños son más vulnerables cuando no tienen información ni acceso a ella, cuando no tienen ningún poder ni participación en las decisio-

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nes que les afectan. Esta falta de participación los hace sentirse impotentes, pasivos e incapaces. Para poder colaborar activamente con los profesionales, deben sentirse apoyados a hacerlo, es necesario que se sientan valorados como personas, que tengan la confi anza de que serán escuchados.

La capacidad de los niños para tomar decisiones depende de cada niño, pero depende también del grado de respeto y de información que reciben de quienes le rodean. Por eso, para garantizar esta escucha activa y su participación real, es necesario que tengan información adecuada a su edad; hay que alentarlos a que expresen sus opiniones y decirles de la forma que sea que queremos tenerlos en cuenta de verdad; escuchar sus puntos de vista con respeto y seriedad, y explicarles de qué manera tendremos en cuenta sus opiniones y quién tomará las decisiones; hacerles saber el resultado de cada decisión, y, si ésta es contraria a lo que ellos desean, explicarles bien cuáles son las razones para hacer otra cosa.

• La Convención precisa: expresarse libremente, dejando claro que no ha de ser por coacción o presión, y, destaca, además, el derecho de todos los niños a esta expresión, y que no han de ser privados de este derecho por razón de edad, de capacidad mental, de situación social u otras. Aun cuando las personas que viven y/o trabajan con los niños quieran lo mejor para ellos, si a los niños no se les escucha, se pierde su punto de vista, único y diferente del de las personas adultas, fruto de su vivencia, también única y diferente. Si se les escucha pero no se los toma seriamente, vale más no escucharlos. La falta de participación los hace sentir impotentes, los vuelve pasivos, los hace sentirse incapaces y, a veces, desordenados.

La conciencia de que pueden pedir aquello que les parece que mejorará sus vidas deben sentirla como individuos y como grupo social. En el primer caso, el entorno familiar, escolar y de ocio han de responder a esta actitud de escucha activa y respetuosa. En el segundo, hay que establecer estructuras más formales para con-seguirlo.

4.2. El interés superior del niño

Profundizar en la defi nición de este concepto en la práctica de la inter-vención protectora, de modo que permita una toma de decisiones con:

• menos errores, • menos riesgos, • menos efectos secundarios victimizadores para los niños,

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• menos elementos subjetivos.

4.3. Resituar los objetivos de la intervención con la infancia y la adolescencia

Quisiera también recordar algunos de los objetivos específi cos de la intervención social con la infancia: a) evitar el sufrimiento de los niños que se encuentran en situación de maltrato intrafamiliar; b) evitar la separación innecesaria de los niños de su entorno familiar y social; c) preservarlos del maltrato, alejarlos del entorno maltratador, proporcionarles otro entorno o mejorar el que tienen. Pero el objetivo general es siempre mejorar la situación de los niños, conseguir para ellos y ellas un bienestar psicosocial más grande y una mejor calidad de vida.

En todas estas intervenciones el interés superior del niño debería ser prioritario. Así lo dice el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas: “En todas las acciones que conciernen al niño, tanto si son llevadas a término por instituciones de bienestar social públicas o privadas, tribunales de justicia, autoridades administrativas o cuerpos legislativos, la consideración principal ha de ser el interés primordial del niño”.

Esta prioridad no nos permite ya más tomar partido por ningún otro interés mayor que el del niño. Pero esta toma de partido no se ha de confundir de ningún modo con una culpabilización de los miembros adultos de la familia, que provoquen o permitan el abuso o la situación de mal-trato, ni mucho menos juzgarlos. Y mucho menos en el caso de la violencia doméstica: siendo como son, con frecuencia, víctimas también de formas disfuncionales de ejercer la parentalidad, la mayoría de las veces con graves problemas personales y sociales que los hacen acreedores, no de hostilidad y rencor por haber maltratado a sus hijos, sino de lástima e impotencia no sólo porque a menudo no podemos ayudarlos, sino porque somos conscientes de que añadimos más dolor allí donde ya había sufi ciente.

Podemos olvidarnos del niño, aun pensando en nuestra actuación o la de nuestra institución; podemos convertirlo otra vez en objeto de pro-tección sin hacerlo partícipe de los pasos a dar cuando nos desvela un abuso o un maltrato, del objetivo de nuestra actuación; tenemos miedo (justifi cado y razonable, y seguramente es que lo tenemos) a empeorar las cosas, a hacer más mal del que ya se ha hecho.

Desgraciadamente, si no trabajamos desde la perspectiva de los derechos de los niños, la intervención de los profesionales, sin que tengan

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conciencia, puede estar reforzando la actitud vulnerante de los adultos e incluso hasta ir en contra de los intereses de los niños.

Pero la demanda de ayuda no viene generalmente de los niños. La hacen o la dejan de hacer los adultos que conviven o trabajan con él. Tal vez de aquí puede venir en parte la actitud de resistencia a tratar al niño como a una persona autónoma. Pero no tomar la perspectiva de los niños les ha generado mucho sufrimiento, que no han visto respetados sus derechos de participación, que no se han visto escuchados sus deseos, sus necesidades.

4.4. Trabajar en colaboración con las familias

• El Estado tiene el deber de aconsejar y de educar a los padres sobre sus responsabilidades. La inversión en la educación de los padres desde la perspectiva de la voluntariedad está reconocida cada vez más como un hecho de gran efectividad y de bajo coste.

• Esto comporta que el Estado ha de atender a las familias identifi -cadas como de riesgo de fracasar como familias, con medidas que ayuden a evitar esta quiebra, ya sean medidas de orden práctico (ayudas económicas, vivienda, atención diurna, ayuda a domicilio, etc.) como de orden psicológico y de soporte emocional (aseso-ramiento, counselling, comunidades vecinales de soporte, grupos de padres y madres, escuelas de padres, etc.)

• La vulnerabilidad de los niños tiene que ver con la vulnerabilidad de los padres, y por tanto, dando instrumentos para una buena parentalidad a los padres, los reforzamos a ellos. Sabemos tambi-én que los niños más fuertes interiormente saben decir NO a las demandas de los adultos que quieren abusar. Sólo mediante el respeto que ellos perciben que los adultos les tenemos, crece esta fuerza interior.

4.5. Trabajar el continuum en la vida de los niños y de los ado-lescentes.

4.6. La función ombdusmánica (de defensa de los derechos de los ciudadanos) que pueden realizar los profesionales: la actitud pro-activa en la defensa de los intereses de los niños; salvar las difi cultades de la intervención con la población en situación de desventaja; construir resiliencia individual y colectiva en los adultos como padres y en los niños.

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• Nosotros nos constituimos a menudo en los interlocutores de los niños con la sociedad, en sus intérpretes, a veces en los media-dores entre un entorno desfavorable o claramente vulnerador y ellos; en evaluadores de sus necesidades y de sus problemas.

• Este papel que hacemos, honestamente, desde nuestra pers-pectiva de adultos, es muy delicado. Deberíamos preguntarnos quién es nuestro cliente. Y a partir de aquí escuchar su demanda: si no los escuchamos en el lenguaje en que nos están hablando, desnudos en la medida de lo posible de nuestros prejuicios, de las representaciones mentales hechas o condicionadas por nu-estro insconsciente colectivo o individual, que no nos permite integrar AQUELLO que estamos “entendiendo”, de lo que nos están diciendo, y actuar en consecuencia.

Con frecuencia observamos una cierta suspicacia, hasta incluso un cierto recelo, con referencia a los derechos de los niños y adolescentes por parte precisamente de los colectivos de adultos que tienen contacto con la infancia: padres y madres, maestros, sociales...

Bien al contrario, creo que conocer los derechos de los niños, profundizar en lo que significa en la práctica su aplicación en el trabajo profesional, no sólo no hace el trabajo más complejo y difícil, sino que libera desde diferentes puntos de vista: del omnipotente sentido de la responsabilidad adulta, en nuestro posicionamiento en el trato con ellos, en la defensa a veces encarnizada de un determinado marco teórico, en la siempre difícil toma de decisiones, nos aporta parámetros más claros, respetuosos, reales, simples, frente a tanta complejidad.

La aplicación de la Convención es lo deseable, es el objetivo a conseguir. Entre lo que dice ella y el maltrato de cualquier clase, hay toda una gama de grises, en los cuales caben todas las formas de ejer-cer la parentalidad, de ejercer la docencia o cualquier otro trato con el niño o adolescente, de una manera más o menos acertada, respetuosa, positiva, etc. Se puede pensar que los malos tratos físicos graves tienen mayoritariamente (aunque no siempre) una reacción de defensa del niño por parte de los adultos y/o por los profesionales que lo tratan. Pero no creo que podamos decir lo mismo de los malos tratos psíquicos ni del abuso sexual.

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POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO Y PERSONAS MAYORES

MERCÈ PÈREZ SALANOVA

Psicóloga Reponsable del Área Psicococial y de Participación

Institut Català de l’Envillement (UAB)Profesora Facultat de Psicologia (UAB)

Vivimos en sociedades longevas. El aumento de la esperanza de vida no es una característica minoritaria sino que alcanza a la mayoría de personas que comparten fecha de nacimiento. Ese logro configura nuevos horizontes individuales y colectivos. Hoy, una persona de 65 años tiene por delante un 22% de su vida por vivir (IMSERSO, 2005). Esa realidad encaja difícilmente con el esquema de la vida estructurado en tres tareas y etapas. Seguimos usando ese esquema en el que aprendizaje, trabajo y ocio se corresponden con los períodos de infancia y juventud, edad adulta y vejez, mientras que en la práctica la fluidez resulta progresiva-mente más notoria.

Repensar las políticas y las intervenciones requiere ampliar el marco de análisis, disponer de nuevas perspectivas, admitir paradojas y contradicciones, y visualizar los sesgos con los que habitualmente se aborda la longevidad y el envejecimiento.

El objetivo de este artículo es ofrecer algunas ideas con la intención de aportar estímulos y sugerencias para repensar las políticas y las interven-ciones. Ése es el hilo conductor que justifi ca la selección de los temas que a continuación se plantean.

Aunque al tratar sobre el envejecimiento poblacional frecuente-mente las imágenes a las que se alude se concentran en la cifra creciente de personas mayores, nuestra sociedad no puede calificarse de enveje-cida si se toma en cuenta solamente el número de personas mayores. Esto es así porque el envejecimiento de la población resulta de la unión de dos fenómenos: el avance de la longevidad junto con la caída de la fecundidad. Ambos aspectos caracterizan el contexto en el que vivimos actualmente. Sin embargo, para repensar las políticas no es suficiente

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tener en cuenta solamente las transformaciones de la estructura de la población.

En el anterior ciclo de debates Andreu Domingo ofrecía una ex-celente refl exión, articulada desde la perspectiva demográfi ca, cuya lectura recomiendo. El texto aporta coordenadas básicas para refl exionar sobre el envejecimiento, y de modo más amplio para repensar las políticas sociales, objeto de debate en este segundo ciclo. Entre esas coordenadas, resulta de interés subrayar la relativa a las generaciones concretada en dos vertientes, la concerniente a las personas mayores y la correspondiente a la población en su conjunto.

Entre las personas mayores que viven en la actualidad existe diversidad generacional, con todo lo que ello conlleva en cuanto a va-riedad de experiencias, y a diferencias en las condiciones de vida, en los trabajos realizados o en los entornos rurales o urbanos en los que han habitado. Los trabajos de Julio Pérez Díaz (2003), al incorporar la pers-pectiva generacional nos permiten pensar en el envejecimiento de las personas y hacerlo considerando su curso vital. Asimismo, en la medida que contemplamos las diversas generaciones de personas mayores, y advertimos las peculiaridades de cada generación, podremos evitar una visión uniformizante y estereotipada de la vejez en la que las caracterís-ticas de una generación de personas mayores se generalizan al conjunto de ese sector de la población.

A esa primera vertiente de carácter diacrónico, la perspectiva generacional suma otra de tipo sincrónico: el envejecimiento concierne al conjunto de generaciones, es decir, al conjunto de ciudadanos que conviven en el barrio, el pueblo o la ciudad, el país o la escala en la que queramos si-tuarnos. Desde esta vertiente es más fácil que advirtamos la interdependencia de unas generaciones con otras.

El componente generacional proporciona de este modo una vía de enlace entre dos planos de análisis complementarios: el relativo a la estructura de la población y el concerniente al envejecimiento in-dividual.

1. ¿QUÉ ENFOQUES PUEDEN RESULTAR ÚTILES?

A la par que ese enlace, aportado por la perspectiva generacional, necesitamos enfoques que nos permitan comprender el envejecimiento como el resultado de cambios, a la vez que inscrito en contextos cambiantes y

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generador de cambios. Por todo ello, nos conviene disponer de enfoques conectivos y dinámicos (Pérez Salanova, 2002).

Enfoques conectivos que consideren el envejecimiento en relación con los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y que permitan reconocer las diversas interrelaciones. De este modo en el análisis pueden tener cabida cuestiones tan variadas como el funcionamiento de las ciudades, el diseño de las viviendas, la confi guración del mercado de trabajo, la perspectiva digital o la organización del sistema sanitario y de los servicios sociales.

Enfoques dinámicos que aborden el envejecimiento, ligado a las modifi caciones que tienen lugar en distintas esferas como a las transfor-maciones en los comportamientos y en las formas de vida. Nos referimos a modifi caciones que se producen tanto en la estructura y la dinámica de las familias, en la organización del trabajo, en las formas de ocio o en los estilos de consumo como a aquellas que tienen lugar en relación a la política o a la economía.

Se trata pues de admitir que el mayor número de personas mayores no es un aspecto ajeno a los entornos en los que vivimos, también de reco-nocer que la fl uidez en los cursos vitales de las personas confi gura nuevas perspectivas a nivel individual y colectivo. Algo aparentemente obvio que, sin embargo, resulta difícil de incorporar en las políticas y en las intervenciones. Sin duda es más complejo establecer conexiones entre temas o problemas que pensar segmentadamente en un grupo de población a partir de la edad. En la práctica, de forma inercial, las actuaciones suelen expresar la adscripción de temas a sectores de población, y así encontramos “temas propios” de las personas mayores y “temas no propios”.

Por ello, reviste especial interés la recomendación de la 2ª Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) que propugna el desarrollo del mainstreaming como un camino adecuado para encarar la adaptación de las sociedades al envejecimiento. Con esa óptica se puede visualizar de modo diferente las cuestiones o los problemas de la vejez, y se abre un camino que hace posible renovar la formulación de las preguntas, como también esta-blecer preguntas nuevas, manteniendo de forma permanente una relación entre el envejecimiento y las diversas esferas de la vida cotidiana.

2. INDEPENDENCIA, DEPENDENCIA Y VIDA COTIDIANA

Los datos más recientes sobre la población de 65 y más años, que recoge el documento “Las personas mayores en España Informe

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2004” (IMSERSO, 2005) permiten apreciar su crecimiento: 7.276.620 en el año 2003 frente a 6.842.143 en el 2000. Si tomamos el grupo de octogenarios el aumento entre 1991 y 2003 alcanza el 53%; en ese año se contabilizan 1.756.844 octogenarios, es decir, el 4,1% de la población. También el grupo de centenarios va en aumento. Si en 1991 eran 2.959, en el censo de 2001 alcanzaba la cifra de 4.218 personas con un claro predominio de las mujeres (3.310 mujeres y 908 varones). Esa diferencia entre ambos sexos, se advierte también en aspectos como la viudez o la soledad. El número de mujeres viudas triplica al de los varones 44,2% y 12,9% respectivamente. Entre las 1.358.937 personas mayores que viven solas, 1.043.471 son mujeres y 315.466 varones, es decir 25,9% y 10,8% respectivamente. Esas cifras justifican sobradamente la con-veniencia de repensar las políticas sociales desde una perspectiva que combine género y envejecimiento.

El Informe citado pone de manifi esto, una vez más, que una parte importante de las personas mayores viven de forma independiente su coti-dianeidad. Igualmente indica que las situaciones de dependencia de la ayuda de otros aumentan con la edad. Es entre las personas de 80 y más años, el grupo en el que se concentra el mayor número de personas que requiere la ayuda o las atenciones para su vida diaria, con intensidades diversas. Los sucesivos Informes anuales del Observatorio de personas mayores corroboran esa tendencia que, por otra parte, podemos apreciar en el devenir diario.

Respecto al amplio grupo de personas mayores que organizan de forma autónoma su vida cotidiana, son muy numerosas las que cola-boran en el funcionamiento cotidiano de las familias de sus hijos e hijas, especialmente en tareas domésticas y de cuidado de los nietos y nietas. Es decir personas mayores que llevan a cabo actividades que facilitan la vida de otros. Se trata de contribuciones que tienen lugar en la esfera privada, y en consecuencia carecen de la visibilidad social suficiente para ser reconocidas. De modo que, por ejemplo, cuando se habla de conci-liación entre la vida familiar y la vida laboral, la referencia a las personas mayores suele hacerse en términos de personas mayores dependientes, y escasamente en términos de aportación.

En cambio, las características y necesidades de la población de mayor edad están en la actualidad más presentes en los medios de comuni-cación; en defi nitiva, son más visibles, debido en buena parte a los trabajos en marcha para el desarrollo de la ley de fomento de la autonomía y atención a la dependencia. La concreción de los temas que abordó el Libro Blanco de la Dependencia o la creación del programa de atención a la dependencia en

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Catalunya son algunas de las iniciativas en curso, cuya difusión se ha exten-dido más allá de los debates o las jornadas de especialistas.

En ambas iniciativas, se reconoce la función que realizan las familias, y concretamente las mujeres, en la ayuda o la atención a las personas mayores, y se tienen en cuenta los efectos de las transfor-maciones de las familias −el tamaño, las dinámicas, los valores− en su capacidad para aportar esas ayudas. En consecuencia, se reconoce que la denominada protección social invisible no puede continuar siendo el recurso básico para atender a esas personas mayores, a la vez que se adopta una lógica de derechos subjetivos. Por otra parte, se introducen los efectos positivos en términos de la ocupación generada por el au-mento de servicios, y por tanto se establecen conexiones con la esfera del mercado de trabajo.

Sin duda, esas iniciativas, constituyen un avance en la medida que reconocen las situaciones de dependencia como un riesgo colectivo. A la par que esa valoración positiva, cabe preguntarse sobre las carac-terísticas de los servicios a impulsar. El intenso “familiarismo” que ha caracterizado las políticas de atención a la vejez ha ido acompañado de un desarrollo insuficiente del estado del bienestar cuyo signo más claro es la escasez de servicios. Ambos aspectos han generado unas condiciones que obstaculizan pensar en términos como: cuáles son las preferencias de las personas mayores o cuáles son sus criterios acerca de la calidad. Unas y otros han estado ausentes. Y lo construido hasta ahora –equipamientos y programas− se ha basado en esa ausencia. Enfocar las políticas y las prácticas profesionales en una perspectiva en la que el empowerment de las personas mayores sea eje, deviene el principal reto en el desarrollo de nuevos servicios (Thompson y Thompson, 2001).

3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: UN MARCO POLÍTICO

La formulación del Envejecimiento Activo propuesto por la OMS (2002) constituye un sólido y sugerente marco para repensar las políticas sobre el envejecimiento. El envejecimiento activo se define como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

Entre los aspectos que plantea el documento, veremos a con-tinuación algunos de los que, a mi entender, estimulan especialmente la refl exión.

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En primer lugar, el cuestionamiento acerca del uso de la edad como criterio defi nitorio de las políticas.

La observación sobre la vida cotidiana proporciona pistas sufi cientes para advertir que la edad cronológica no cumple una función de referencia exacta. Si tomamos el mercado de trabajo, hoy, en diversos sectores, tener 45 o 50 años signifi ca “ser ya mayor”. Paralelamente los intervalos de edad con la que las personas se jubilan se amplían cada vez más. Esa fl uidez no es ajena a la discriminación por la edad existente en muchas entidades y empresas, como tampoco lo es a la diferencia de oportunidades reales de continuar en el mercado de trabajo según cual sea la actividad laboral. Si nos proponemos repensar las políticas, es pertinente captar las contradicciones, en este caso la contradicción que existe entre la preocupación por mantener las tasas de actividad y las actuaciones renovadoras y “rejuvenecedoras” de esas organizaciones.

En segundo lugar, la propuesta de un nuevo paradigma que susti-tuya la visión de las personas mayores asociada a la dependencia, la enferme-dad o la pasividad. La OMS plantea la necesidad de pensar en las personas mayores como aportadoras y receptoras del desarrollo social, subrayando que ése es el desafío principal a enfrentar.

Enfrentar ese desafío requiere admitir que la versión de la vejez como carga sigue impregnando en la actualidad muchas de las actuaciones que se realizan y de los posicionamientos que se emiten. Cada vez que se asocia la noción de sociedades envejecidas con la idea de decadencia, o de pérdida de dinamismo, estableciéndose una relación de causa-efecto, se re-fuerza una visión negativa de la vejez. Enfrentar el desafío, también requiere admitir la paradoja que se produce cuando se proclama el aumento de la esperanza de vida como un avance y, a la vez, se desdeñan las exigencias que dicho avance comporta individual y colectivamente. Repensar las polí-ticas demanda preguntarnos acerca de las condiciones favorables para que las personas mayores continúen sintiéndose ”aportadoras”, e identifi car los obstáculos que lo impiden. Finalmente, enfrentar ese desafío nos conduce a interrogarnos acerca de los modelos de desarrollo social y de las vías de integración no circunscritas a la actividad laboral. Evadir estas cuestiones produce un efecto: se deja de lado a un grupo de la población, cada vez más numeroso, con capacidades y energías, y por tanto se facilita su desvinculación de un proyecto colectivo.

En tercer lugar, una concepción de la discapacidad que permita reconocer las fortalezas de las personas mayores con discapacidades.

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No se trata de negar el impacto de la discapacidad en la vida cotidiana o de infravalorar las limitaciones. Se trata de no incrementar la discapacidad al dejar de lado las capacidades o al olvidar la infl uencia de los entornos y de las relaciones en las situaciones de dependencia.

Si atendemos a esa concepción, podemos pensar en lógica de Envejecimiento Activo tanto al referirnos a las personas que mantienen una vida independiente como cuando pensamos o trabajamos con personas que necesitan ayudas en su vida diaria. Ciertamente, adoptar esa lógica supone revisar esquemas de trabajo, patrones de relación o diseño de espacios, pero ¿puede existir alguna vía de cambio sin esa re-visión? Los resultados de la investigación “Activando el Envejecimiento Activo” (Pérez Salanova, 2003) muestran la distancia percibida por los profesionales y las personas mayores entre un enfoque que reconoce las fortalezas y las prácticas cotidianas.

En cuarto lugar, sustituir el planteamiento de la planifi cación es-tratégica, basada en las necesidades, que contempla las personas mayores como objetos pasivos, por otro que reconozca los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen.

Repensar las políticas significa también impulsar la participación de las personas mayores en el diseño, seguimiento y evaluación de los servicios. En la actualidad la planificación no se basa en ese enfoque, la existencia de marcos formales de consulta no es por sí sola una condición suficiente. Necesitamos desaprender para aprender a estimular y facilitar la expresión de las personas mayores. Los trabajos de Barnes y Walker (1996) estableciendo las características de nuevos estilos de relación entre los profesionales y las personas mayores, o las experiencias que han promovido la expresión de la palabra de las personas mayores so-bre sus dificultades y aspiraciones (Cook y otros, 2004) tienen un doble valor para nuestro objetivo: proporcionan criterios para repensar, a la vez que demuestran cómo sí es posible incorporar la perspectiva de las personas mayores.

Ciertamente la longevidad y el envejecimiento de la población hacen emerger nuevos interrogantes en muchos planos, desde la ética hasta la economía, desde la justicia social hasta las responsabilidades individuales. Construir respuestas es una tarea que compete a todos los ciudadanos. Repensar las políticas debería permitirnos avanzar en esa competencia de ciudadanía, sin limitaciones de edad.

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BIBLIOGRAFÍA

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Cook J, Maltby T, Warren L. (2004) A participatory approach to older women’s quality of life. En Walker, A., y Hagan C. Eds. Growing Older. Quality of life in old age. Berkshire: Open University Press.

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EL PAPEL DE LA IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS SOCIALES: EL CASO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

ENCARNA BODELÓN GONZÁLEZ

Profesora de Filosofía del Derecho. Universitat Autònoma de Barcelona.

1. Los orígenes sociales e históricos de los conceptos.

En los últimos años se ha popularizado la expresión violencia con-tra las mujeres y violencia de género1 para defi nir un problema que en los años setenta recibió denominaciones como violencia patriarcal y violencia sexista.

Es muy importante destacar que todos los conceptos que los movimientos de mujeres utilizaron para describir la violencia en los años setenta y ochenta hicieron referencia a que la violencia tiene relación con estructuras sociales y culturales como el sexismo, el patriarcado, el género (AA. VV., 1990). La violencia la ejercen mayoritariamente los hombres contra las mujeres, pero el hecho que la explica no es la naturaleza biológica, sino las estructuras socioculturales asociadas (Izquierdo, 1998; Stocke, 1998).

Los conceptos “violencia de género” y “violencia contra las mu-jeres” permiten incluir las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Estos conceptos ponen el acento en la razón que produce la violen-cia contra las mujeres, la estructura de desigualdad social, económica, etc., que ha relegado históricamente a las mujeres, es decir, la estructura de las relaciones de género. De otra parte estos conceptos enfatizan la idea de que la violencia contra las mujeres, a pesar de su diversidad de manifestaciones (la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, la prostitución forzada, etc.) tiene un mismo origen, la existencia de una cultura sexista y de un mecanismo de subordinación social con respecto a las mujeres.

Como veremos, las políticas públicas han realizado a menudo una operación de vaciado de contenido caracterizada por:

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a) Una utilización imprecisa de los términos. Un claro ejemplo de ello es cómo el término “género” se ha hecho servir como sinónimo de “sexo”. Más allá de las carencias del concepto género, parece claro que el vocablo “sexo” no se puede hacer servir como sinónimo de “género”, ni para designar una de las muchas manifestaciones de la violencia de género, por ejemplo como sinónimo de violencia familiar. Éste es uno de los errores que todavía se mantienen en la nueva Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que a pesar de su título es una ley pensada esencialmente para el problema de la violencia familiar.

b) La utilización no congruente de los conceptos. Muchas de las medi-

das que se han tomado contra la violencia de género y/o la violencia patriarcal no responden, no son congruentes, con las implicaciones del concepto. Tanto el concepto de género como el de patriarcado implican que la violencia contra las mujeres es una manifestación de una violencia estructural contra las mujeres, de una desigualdad social muy profunda. La lucha contra la violencia de género y/o la violencia patriarcal no puede hacerse con instrumentos pensados para individualizar la conducta como el derecho penal. El derecho penal puede tener un papel para proteger a las víctimas2, pero no para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que la razón de esta violencia no es la conducta individual, sino una estructura social desigual (Bodelón, 1998).

c) La inversión de los signifi cados. Si se analiza el problema de la violencia

contra las mujeres desde la perspectiva de la existencia de estructuras patriarcales o de estructuras desiguales de género, queda claro que la violencia es una manifestación de un problema central que es el patriarcal, la estructura de género, etc. En el uso institucional que se ha hecho muy a menudo de estos conceptos la causa queda con mucha frecuencia invisibilizada y aparece como eje del problema el resultado: la violencia contra las mujeres. De esta manera la violencia se convierte en el centro del problema, una violencia que muchos quieren entender como una violencia parecida a otras.

1.2. Los diferentes modelos explicativos.

La razón de este problema que brevemente acabamos de apuntar está en la existencia de diferentes modelos explicativos. La cuestión de la violencia contra las mujeres ha recibido y recibe diferentes valoraciones desde diferentes marcos teóricos3.

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Las políticas públicas de las diferentes administraciones se han movido en los últimos quince años entre dos grandes visiones del fenómeno de la violencia contra las mujeres que llamaremos:

I) El modelo de la violencia de género o violencia patriarcal. La vio-lencia contra las mujeres: un problema de derechos.

II) El modelo de la violencia contra las mujeres como un problema de violencia inter-personal. La violencia como problema de seguridad.

Estos dos modelos nos ayudan a comprender las diferentes pers-pectivas utilizadas por las administraciones. Son, por tanto, modelos teóricos que en la realidad se pueden encontrar a menudo mezclados y que han sido utilizados con frecuencia sucesiva o conjuntamente por una misma admi-nistración (Bodelón/Querol, 2002). Una de las novedades más importantes que aportan las políticas públicas que desde el gobierno estatal impulsa la nueva Ley orgánica 1/2004 y desde el ámbito catalán el nuevo plan contra la violencia es que, en defi nitiva, se opta por un modelo que entiende la violencia contra las mujeres como una violencia patriarcal o de género.

El modelo de la violencia de género o violencia patriarcal se corres-pondería con los análisis feministas e implica entender que violencia contra las mujeres (Bosch/Ferrer, 2002; Cantera, 1999) signifi ca que:

• La existencia de la violencia de género es una manifestación de naturaleza patriarcal de la sociedad

• Es un problema de tipo social, que se deriva de la situación social de subordinación de las mujeres y que se ha de solucionar trans-formando las estructuras que oprimen a las mujeres.

• La violencia de género puede presentar diferentes manifesta-ciones, la violencia física, psíquica, sexual, etc. Luchar contra la violencia de género no implica sólo parar las agresiones y generar estructuras de apoyo psicológico, social y económico, sino que requiere crear una estructura jurídica que reconozca los derechos de las mujeres.

Para este primer modelo la violencia contra las mujeres es fundamen-talmente un problema de derechos, de insufi ciente desarrollo y reconocimiento de los derechos de las mujeres, un problema de discriminación en la medida que las mujeres no pueden gozar de sus derechos. Se trata también de un pro-

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blema de falta de libertad en la medida que las mujeres no pueden desarrollar libremente sus capacidades y derechos por la existencia de la violencia.

Por otro lado, el modelo de la violencia contra las mujeres como un problema de violencia interpersonal y de seguridad implica rechazar gran parte del análisis feminista, presentando el problema de la violencia hacia las mujeres y los niños como:

• Un problema de tipo individual, y por tanto se ha de solucionar fundamentalmente con el castigo penal al agresor.

• Un problema de violencia física, y por tanto no hacía falta abordar otros aspectos, como pueden ser las necesidades sociales.

• Un problema de seguridad, parecido a otros fenómenos, que no pone en cuestión el buen funcionamiento de las instituciones so-ciales ni la estructura de derechos existentes.

Para este segundo modelo la violencia contra las mujeres es bási-camente un problema de violencia, parecido a otras violencias, y que se ha de enfocar desde la perspectiva de la seguridad. Éste es el modelo que han desarrollado muchas intervenciones institucionales que se han realizado en los últimos veinticinco años. Se trata de un modelo que ha sido estudiado con detenimiento en otros países (Dobash, E./Dobash, E., 1992; Pitch, 1998).

Aun habiéndose adoptado a fi nales de los años noventa la ter-minología del modelo de la violencia de género, la inexistencia de amplias políticas públicas permite afi rmar que todavía continuamos arrastrando elementos del modelo que entiende la violencia contra las mujeres como una violencia interpersonal.

Es decir, que las insufi ciencias de las políticas públicas desvelan que la adopción de una terminología más adecuada no puede superar por sí sola las carencias.

Todo esto supone que las carencias de las políticas públicas que hasta el momento se han desarrollado para erradicar la violencia contra las mujeres radican en la concepción de estas políticas. Más allá de una discusión conceptual hace falta un enfoque que presente una política pública coherente con la comprensión que desde los movimientos de mujeres se ha hecho del tema; es decir, más allá del concepto utilizado consideramos que lo importante es el modelo que en conjunto se quiere desarrollar4.

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Como decíamos antes, las nuevas propuestas legislativas, especial-mente desde el ámbito catalán indican que necesitamos una comprensión del tema que ha de poner en el centro del debate la siguiente idea:

Las mujeres son parte activa de procesos por la lucha de sus de-rechos. Desarrollando sus derechos erradicaremos la violencia. El principal instrumento de lucha contra la violencia patriarcal y de género es el desarrollo de los derechos de las mujeres5.

Como veremos seguidamente, esta idea no sólo es consecuencia de la experiencia de los movimientos de mujeres que han trabajado contra la violencia, sino que ya es también una idea asumida en el ámbito de la legislación internacional.

1.3. La violencia contra las mujeres: un problema de falta de reconocimiento de derechos.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, marcó un hito importante al reconocer los derechos humanos de las mujeres como parte integral de los derechos humanos universales. Se afi rmó que:

... la plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional..., subrayando con ello, ... la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada. Se pidió ... a la Asamblea General que apruebe el proyecto de Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insta a los estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la declaración (Naciones Unidas, 1993).

En la Asamblea General de diciembre de 1993, se aprobó la “De-claración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y se encargó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social la preparación de un Protocolo Facultativo en la Convención para crear un mecanismo para la presentación y tramitación de denuncias. Este mecanismo es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, adoptado por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999, que ya ha sido ratifi cado por España.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recoge todas las contribuciones teóricas que se habían hecho con este tema

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hasta el momento, y en muchos aspectos recoge las aportaciones de los movimientos internacionales de mujeres. En este sentido destaca la relación que se establece entre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la eliminación de la violencia. La violencia contra las muje-res se describe como un obstáculo a la igualdad, al desarrollo y a la paz en general, como un obstáculo al desarrollo humano. Se reconoce claramente que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de las rela-ciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Se identifi can algunos colectivos de mujeres como especialmente vulnerables a la violencia: las mujeres indígenas, las mujeres inmigrantes, las mujeres detenidas, las niñas, las mujeres discapacitadas, las mujeres mayores, las mujeres que pertenecen a minorías, las mujeres que habitan en comunidades rurales aisladas.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Resolución de la Asamblea General N.U. 48/104 del 20 de di-ciembre de 1993

Artículo 1A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la

mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Artículo 2Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes

actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

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c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

En el momento de su redacción, esta defi nición tuvo una gran importancia ya que establecía un concepto general de violencia contra las mujeres, dentro del cual se incluyen diversas manifestaciones, y proponía diversas medidas que habían de desarrollar los Estados.

En este mismo sentido, la Conferencia de Beijing de 1995 vinculó la lucha contra la violencia a las mujeres con el concepto de género, con la idea de que la violencia contra las mujeres tiene causas estructurales, vinculadas a la relegación histórica de las mujeres.

También desde 1995 la Comisión Europea ha presentado diversas iniciativas sobre este tema. En 1997 el Parlamento Europeo aprobó un informe y adoptó una resolución sobre la violencia contra las mujeres conocida como “Tolerancia Cero frente a la violencia contra las mujeres”6. Esta resolución recogía las aportaciones de la Conferencia de Pekín de 1995 en el análisis de la violencia contra las mujeres. En primer lugar, se identifi caba como colectivo objeto de esta violencia a las mujeres; en segundo lugar, incluía en el concepto de violencia contra las mujeres sus variadas manifestaciones; en tercer lugar, vinculaba la violencia contra las mujeres con situaciones de desigualdad estructural en nuestra sociedad7:

E. Considerando que la violencia contra las mujeres está sin duda alguna vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad8.

1.4. Las políticas públicas contra la violencia de género 9.

Para explicar les políticas públicas contra la violencia de género en el Estado español distinguiremos cuatro grandes períodos:

a) La ausencia de políticas públicas contra la violencia de género

Hasta la aparición de los primeros planos de igualdad a nivel esta-tal podemos decir que el tema de la violencia de género estuvo fuera de la agenda de las políticas públicas. Eso a pesar del gran activismo y presencia del movimiento feminista que, desde los años setenta, denunció esta situación en nuestro país e intervino creando recursos y respuestas propias (Bodelón, 2002; Macià, 1996).

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b) Primeras políticas públicas contra la violencia de género

Hemos de esperar hasta el “II Plan para la Igualdad de Oportunida-des” (1993-1995)10 para lograr una atención más específi ca hacia el problema, que también aparece en el “III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” (1997-2000).

c) Los planes específi cos contra la violencia de género

Como veremos a continuación, los planes contra la violencia de género aparecen a fi nales de los años noventa, primero en el ámbito nacional y después en el ámbito autonómico y local. Seguidamente comentaremos algunas de las características de estos planes, comenzando por los planes de carácter nacional y continuando con los planes autonómicos. Cabe señalar también la gran importancia que desde los primeros momentos tuvieron las políticas desarrolladas en el ámbito local.

Una gran parte de los planes se han pensado desde y para atender el problema del maltrato familiar. A pesar de que a menudo se utilizan las expresiones violencia contra las mujeres y violencia de género, son pocos los planes que incluyen las otras expresiones de la violencia de género y que proponen intervenciones específi cas por hechos como las agresiones sexuales, el acoso sexual, etc.

A fi nales de los años noventa aparecieron otros instrumentos normativos como los protocolos y los acuerdos interinstitucionales. Los protocolos de actuación son acuerdos que articulan los criterios de actua-ción de diversos profesionales relacionados con el tema de la violencia de género. Estos acuerdos fueron fruto de la necesidad de coordinación entre diversos profesionales, especialmente del ámbito policial, sanitario y jurí-dico. Por esta razón en el ámbito donde más y mejor se han desarrollado es en el ámbito local.

Los acuerdos institucionales han aparecido con posterioridad a los protocolos de actuación. En este caso, se trata de grandes compromisos de las instituciones respecto de las actuaciones en los casos de violencia de gé-nero. Su ámbito autonómico vincula las instituciones responsables (Tribunales Superiores de Justicia, Fiscalía, Delegación del Gobierno, etc.). En algunos casos estos acuerdos se acompañan de protocolos donde ya se detallan los circuitos y las pautas de actuación.

d) Las leyes específi cas contra la violencia de género.

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En los últimos años ha aparecido una nueva forma de estructurar las políticas públicas contra la violencia de género, las leyes contra la violencia hacia las mujeres. Destaca especialmente la ley estatal aprobada a fi nales del año 2004 que, a pesar de sus carencias, es un punto de infl exión en el tratamiento de este tema. También es necesario recordar que antes de esta ley ya han aparecido otras leyes contra la violencia de género. En el Estado español se han aprobado hasta el momento las siguientes leyes:

1) Ley de prevención de Malos Tratos de Castilla-La Mancha, de 17 de mayo de 2001.

2) Ley Foral 22/2002 de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista, del gobierno de Navarra.

3) Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.

4) Ley Integral 1/2004, de 1 de abril, para la Prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas, de Cantabria.

5) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

1.4.1. Los planes de acción sobre la violencia contra las mujeres y las contradicciones de las políticas públicas.

A continuación analizaremos algunos de los planes de acción sobre la violencia contra las mujeres para mostrar los problemas que han caracte-rizado hasta tiempos recientes la intervención institucional en el tema de la violencia de género. Empezaremos analizando las características de los planes nacionales, para pasar después al caso de Catalunya.

1.4.1.1. Los planes nacionales.

I Plan de Acción sobre la violencia contra las mujeres (1998-2000)

En 1998 se aprobó el primer plan dedicado íntegramente al trata-miento de la violencia contra las mujeres. Este plan tuvo mucha importancia, ya que siguiendo su modelo se desarrollaron otros planes específi cos a nivel autonómico y local.

II Plan Integral contra la Violencia Domestica (2001-2004)

Este plan utilizaba el concepto de “Violencia doméstica”, pero a la vez en la su introducción se habla de “violencia contra las mujeres”. La

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violencia doméstica se identifi ca así como la manifestación de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se explica como producto de una desigualdad social, como causa y efecto de la discriminación que sufren las mujeres.

Es importante señalar las profundas contradicciones que incluía el plan: aunque se habla de la desigualdad social de hombres y mujeres como origen de la violencia contra las mujeres, las medidas que se adoptan tienen un marco que individualiza el origen de la violencia y no la conecta con sus causas estructurales: así pues, no se habla de la eliminación de la cultura violenta hacia las mujeres, sino de prevención de los actos violentos; no de sanción social de la violencia hacia las mujeres, sino de sanción penal de las conductas; no de desarrollo de los derechos de las mujeres, sino de ayuda a las víctimas. Podríamos decir que detrás de todo esto hay un discurso que enclava el problema en términos individuales, aunque habla de causas sociales. En este mismo sentido el informe de Amnistía Internacional, “No hay excusa”, afi rmaba en el año 2002: “La aproximación del gobierno español parece poner en duda algunos de los criterios básicos del acercamiento al problema de la violencia contra las mujeres. Amnistía Internacional ha detectado con preocupación rasgos de una visión compartimentada de la violencia contra las mujeres” (Amnistía Internacional, 2002: 19).

La intervención se piensa desde la óptica del “asistencialismo” y carece, por tanto, de una clara voluntad de política pública en el tema de la violencia de género. Las medidas que se proponen no tienen el carácter de una intervención propiamente social, y prueba de ello es que diferentes medidas de este apartado hacen referencia a servicios policiales y servicios que depen-den del Ministerio de Justicia, como las ofi cinas de atención a la víctima. Las referencias a otras intervenciones sociales son indirectas o muy genéricas.

Destaca especialmente que las medidas que más desarrolló de este segundo plan el pasado gobierno fueron las medidas penales y procesales. Los cambios en la legislación penal son la principal aportación de este plan. Otras medidas legislativas como el impulso de los turnos de ofi cio especializado en violencia doméstica, la mejora de los recursos humanos y materiales, la inclusión del tema en el programa de estudios de los profesionales jurídicos, etc., han tenido un seguimiento desigual.

Es necesario recordar que entre los años 2002 y 2003 se han pro-ducido diversas reformas de leyes penales que afectan al tratamiento de la violencia intrafamiliar. Una de las más importantes es la de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de “Medidas concretas en violencia domés-

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tica, inmigración y seguridad ciudadana”, una ley que se inscribe en el Plan de Seguridad Ciudadana. Se puede ver claramente que en los últimos años el tratamiento de la violencia doméstica se ha realizado desde la perspectiva de la seguridad, desde una perspectiva en que ha primado la respuesta penal y la idea de que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad. Ésta, como ya hemos señalado, es una perspectiva que reduce el problema de la violencia contra las mujeres a un problema de “seguridad”, un problema de violencia que se relaciona con la presencia de desigualdades sociales en el ámbito de las relaciones de género (Pitch, 1998).

1.4.1.2. La intersección de modelos.

El examen de las diversas legislaciones desarrolladas en el ámbito autonómico nos permite observar algunas características generales y realizar algunas refl exiones sobre cuáles son los problemas fundamentales que nos encontramos con las medidas legislativas adoptadas hasta el momento en el ámbito autonómico.

1) Imprecisión de los términos.

Gran parte de los planes y leyes autonómicas han utilizado de forma muy imprecisa los términos violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia doméstica, etc. En general, muchas de las medidas se han centrado en el tratamiento de la violencia familiar y sólo algunas leyes y planes han incluido medidas y análisis de las diferentes formas de violencia de género. Es necesario, por tanto, delimitar adecuadamente el objeto de actuación, que puede ser concreto: la violencia familiar, las agresiones sexuales, etc., o general, la violencia de género, la violencia contra las mujeres; y en función de esta delimitación establecer las medidas y análisis diferenciados. 2) Doble discurso.

Los planes y leyes contra la violencia hacia las mujeres se han mo-vido en un doble discurso: por un lado, un análisis que vincula el concepto de violencia de género con las desigualdades de poder entre hombres y mu-jeres, con la discriminación de las mujeres en nuestras sociedades y que, por tanto, interpreta la violencia como una manifestación de un problema social complejo. Por otro lado, un análisis que se concentra en la idea de violencia y que desvincula esta violencia con sus causas. En este segundo modelo el problema se defi ne esencialmente como un problema de violencia que se ha de tratar con el vocabulario y los instrumentos que se utilizan contra otros fenómenos violentos.

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3) La concepción parcial de las medidas.

Una buena parte de los planes y leyes están pensados desde una óptica asistencial individual. Esta perspectiva muestra que estamos ante medidas pensadas más como de atención actual al problema, que como una verdadera política transformadora de la realidad social.

4) La continuidad del trabajo.

Una idea positiva que los planes contra la violencia hacia las mu-jeres han ayudado a desarrollar es la idea de que nos encontramos ante un problema social que no tiene un carácter puntual. Ahora bien, muy a me-nudo esta idea tampoco se encuentra coherentemente desarrollada puesto que no se articulan en los planes medidas a medio y largo término. Muchas de las acciones suponen una intervención en los momentos de crisis, pero no tienen continuidad (Tamaia. Asociación de Mujeres contra la Violencia Familiar, 2002; Corsi, 1994).

5) La prioridad de la intervención social.

Ésta es una idea expresada y desarrollada en diversos planes. La idea de desvincular gran parte de las intervenciones sociales, económicas y culturales que los planes y leyes contra la violencia pueden realizar de la denuncia penal. Tal como se ha hecho en algunos planes y como se propone en la Ley de igualdad del gobierno vasco y el Plan contra las violencias del gobierno catalán, parece esencial dar una respuesta social a un problema social, más allá de la intervención del sistema de justicia penal.

1.4.1.3. El caso de las políticas públicas contra la violencia en la Comunidad Autónoma de Catalunya.

A continuación examinaremos los cambios que se han producido en las políticas públicas desarrolladas por el gobierno catalán en los últimos años, ya que son un buen ejemplo de algunos de los problemas que hemos mencionado, pero también muestran la nueva dirección que las políticas públicas están desarrollando en los últimos tiempos.

Las actuaciones del gobierno de la Generalitat en el ámbito de la violencia de género se iniciaron a fi nales de los años noventa.

En los tres primeros planes de igualdad las referencias al tema de la violencia de género fueron muy escasas.

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a) El II Plan para la Igualdad de Oportunidades para las mujeres (1994-1998) abordaba el tema de la violencia contra la mujer a partir de áreas genéricas de acción: asesorar a los cuerpos de pro-fesionales que atienden a las mujeres maltratadas; buscar fórmulas de ampliación de las modalidades de acogida para las mujeres maltratadas; sensibilizar a las mujeres respecto a las agresiones.

b) El III Plan de Actuación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya para la Igualdad de Oportunidades para las mujeres (1998-2000) hacía una referencia muy insufi ciente al tema de la violencia. Dentro del apartado 5.3., prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, se mencionaban cuatro acciones: estudiar las causas y consecuencias; realizar acciones para sensibilizar a las mujeres respecto a las agresiones y respecto a la necesidad de denunciar-las; impulsar la formación específi ca de los cuerpos profesionales; hacer un seguimiento de los recursos técnicos y económicos y de los centros de atención a mujeres maltratadas.

Es importante ver cómo el problema de la violencia de género se centraba en la violencia familiar y cómo se hacía recaer en las mujeres la responsabilidad social del problema. Se habla así de sensibilizar a las mujeres respecto a las agresiones y la necesidad de denunciarlas, en lugar de preguntarse cómo se puede ayudar a las mujeres que sufren violencia y cómo llegar a ellas. El problema así planteado nos da a entender que no es que la sociedad haya negado la existencia de esta realidad o que no haya recursos para abordarla, el problema son las mujeres que no lo reconocen o no lo denuncian.

En el año 1998 se elaboró el Protocolo Interdepartamental de atención a la mujer maltratada en el ámbito del hogar (1998-2000). Como puede verse, se utilizaba un concepto muy particular de violencia familiar (maltrato en el ámbito del hogar), que no da cuenta de todas las formas de violencia familiar.

c) El IV Plan de actuación del Gobierno para la Igualdad de Oportuni-dades para las mujeres (2001-2003), ya incorporaba un ámbito de actuación concreto, “erradicar la violencia contra las mujeres”, que se ha desarrollado mediante el “Plan integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Este plan fue elaborado por la Comisión Permanente Interdisciplinaria contra la violencia de género.

El plan hacía servir el concepto de violencia de género para integrar las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Muchas de las

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medidas se refi eren a intervenciones que tienen como objeto la violencia de género, pero que en muchos casos no parecen estar pensadas para la diver-sidad de la violencia de género, tan sólo en algunas situaciones se establecen medidas específi cas para algún tipo de violencia de género.

El estudio de las diferentes medidas muestra las carencias de los conceptos utilizados, así, por ejemplo, encontramos:

- Medidas legislativas para evitar que se repitan las agresiones.

La redacción de este apartado no es muy afortunada, ya que el problema no es la repetición de las agresiones, sino la comisión de las mis-mas, repetidas o no.

- Medidas en materia de recursos sociales.

La intervención social se plantea en diversas ocasiones como una medida que ha de “rehabilitar y resocializar” a las mujeres que han sufrido violencia. En la medida 62 se habla de: “promoción de la resocialización de las víctimas de malos tratos, que viven en centros de acogida temporal, para facilitarles la reintegración a un ámbito no agresivo”.

Este planteamiento es profundamente erróneo. Las expresiones rehabilitación y resocialización han sido utilizadas por la justicia penal para hablar del tipo de intervención que persigue la pena privativa de libertad, la prisión; es decir, están asociadas con la idea de que la persona ha tenido un comportamiento ilícito o tiene algún tipo de trastorno de la personalidad.

Las mujeres que han sufrido violencia son mujeres que necesitan apoyo social, en la medida que han sido vulnerados sus derechos y han sido víctimas de un proceso de violencia, que necesita una atención psicológica y social específi ca.

d) Programa para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres 2005-2007

Desde el año 2004 se ha producido un profundo cambio en las políticas del nuevo gobierno catalán respecto a la violencia contra las mu-jeres. El Institut Català de la Dona ha aprobado dentro del “Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres en Catalunya 2005-2007” un eje (el sexto) dedicado al abordaje íntegro de las violencias contra las mujeres.

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Este programa desarrolla una nueva comprensión del tema de la violencia contra las mujeres y de su tratamiento. De entrada destaca que este programa se integra en el proyecto mucho más amplio del desarrollo de las políticas de mujeres. Ello permite situar el problema de las violencias contra las mujeres en el ámbito de una acción mucho más compleja11.

En el ámbito conceptual el programa parte de la relación entre las violencias contra las mujeres y la cultura patriarcal: “La violencia sim-bólica es la expresión más estructural del patriarcado, fenómeno histórico y cultural que comporta un sistema de valor basado en el intento secular de dominación de las mujeres y que establece mecanismos de poder con-sensuados (económicos, sociales, culturales y militares) a través de una ideología que legitima y mitifi ca la opresión (opresión no sólo con relación a las mujeres, sino también sobre otros seres humanos que no responden al modelo de masculinidad valorado como socialmente superior). Lo sim-bólico de la relación entre los sexos queda marcado así por una noción de poder y posesión que no reconoce libertad ni autoridad por el hecho de ser mujer”12.

Este plan ha escogido una terminología, “violencias contra las mu-jeres”, que quiere poner de manifi esto que las personas que sufren este tipo de violencia son mayoritariamente mujeres y que la violencia tiene diferentes formas y expresiones.

Los criterios estratégicos que utiliza el programa son los siguientes:

a) El abordaje de la violencia hacia las mujeres en su conjunto, desde una perspectiva estructural.

b) La transversalidad, la coordinación y la cooperación institucional. c) La integralidad. d) La participación y la corresponsabilización. e) La accesibilidad y la proximidad en las intervenciones contra la

violencia hacia las mujeres, contemplando la diversidad de los colectivos femeninos de Catalunya.

f) La cualidad de la respuesta. g) Conocimiento de la realidad.

1.4.2. Las leyes de intervención integral contra la violencia de género

En los últimos cinco años ha aparecido un nuevo instrumento jurídico: “las leyes integrales contra la violencia de género”.

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La tramitación en forma de ley obliga a un proceso de discusión y debate público, dirigido esencialmente a través de los partidos políticos, donde también se puede dar cabida a las iniciativas ciudadanas. Su discusión obliga a que todos los partidos políticos declaren públicamente sus posiciones al respecto y a que, en algunos casos, se llegue a un consenso entre diferentes partidos. En el caso de la tramitación en forma de planes contra la violencia el proceso de elaboración puede ser, como ya se ha dicho, muy diverso. En principio, no hay ningún procedimiento, ni formas de participación de la ciudadanía preestablecidos. En muchos casos, los planes contra la violencia de género se han elaborado sin tener en cuenta la labor del movimiento feminista y de los especialistas sobre el tema, pero también pueden permitir el diseño de formas imaginativas de participación pública.

La ley fi ja un marco de actuación atemporal, que en principio se supone que habrá de desarrollar normas posteriores. En este sentido, por ejemplo, las leyes no incluyen una indicación de cuáles son las medidas más concretas ni los departamentos que llevarán a término las acciones, etc. Los planes serían por tanto el instrumento para desarrollar las leyes, que habrían de incluir el marco temporal de aplicación, los objetivos perseguidos, las medidas a adoptar en los diferentes ámbitos de la acción pública, los medios económicos y las formas de evaluación.

Además de estas diferencias formales, la diferencia principal a nivel material es que las leyes autonómicas contra la violencia hacia las mujeres han comenzado a situar claramente el problema de la violencia en el ámbito de los derechos y no de las políticas de seguridad. Esta tendencia que ya aparecía claramente defi nida en el Plan de la Comunidad Autónoma de Canarias es también la tendencia que ha adoptado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-ciembre, de “Medidas de Protección Integral contra la violencia de género”.

La valoración de la Ley 1/2004 es muy compleja y todavía habrá que ver cuáles son los resultados de su aplicación. En todo caso, se pueden apuntar algunos elementos para el análisis siguiendo los aspectos hasta ahora señalados. Dentro de la clasifi cación que hemos hecho de las políticas públicas contra la violencia de género la Ley 1/2004 se situaría en el modelo de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, que entiende este problema como un problema de derechos. Ésta es la conclusión inicial que se extrae del análisis de algunos elementos de la Ley:

En primer lugar, toda la exposición de motivos de la Ley afi rma con rotundidad la idea de que la violencia de género tiene la siguiente natura-leza: “La violencia de género no es problema que afecte al ámbito privado.

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Al contrario, se manifi esta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agre-sores carentes de los mínimos derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Estas afi rmaciones recogen los análisis feministas y los análisis que las Naciones Unidas y la Unión Europea han hecho del problema tratándolo como un problema de naturaleza estructural.

Asimismo queda claramente defi nido que la violencia de género es aquella que afecta a las mujeres, aunque también queda contemplado en la ley que sus medidas son aplicables a los menores afectados por la violencia de forma directa o indirecta.

Algunas de las aportaciones que más se han destacado son las siguientes:

- La perspectiva que utiliza la Ley se defi ne como integral y mul-tidisciplinar: “La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación”.

- La inclusión de medidas de sensibilizacion, prevención y detección, especialmente en el ámbito educativo, sanitario y de los medios de comunicación.

- La defi nición de diversos derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género: en el ámbito de la atención jurídica y social, sanitaria, en el ámbito laboral y económico.

- La creación de un nuevo tipo de juzgados (Juzgados de violencia sobre la mujer) que atenderán este problema con competencias civiles y penales.

Por otra parte, la Ley 1/2004 también ha sido criticada desde sectores feministas por incluir insufi cientemente la perspectiva de la violen-cia de género. En este sentido destaca la confusión que la Ley ha creado respecto al mismo concepto de violencia de género, ya que la Ley entiende por violencia de género sólo aquella que se da en el ámbito de las relaciones de pareja. Así, en el artículo 1, se afi rma: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus

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cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Como hemos visto en toda la legislación internacional y en todo el debate feminista ha quedado ya claramente defi nido que el concepto de violencia de género incluye todas las manifestaciones de violencias contra las mujeres. Esto es aún menos comprensible si se tiene en cuenta que diversas leyes autonómicas, como las de Canarias y Cantabria, ya habían utilizado adecuadamente este concepto.

También se está considerando insufi ciente el enfoque integral y mul-tidisciplinar que la Ley enuncia, pero que no queda concretado en un sistema de atención integral. De hecho, la Ley habla del derecho a la asistencia social integrada (art 19). Más que de un sistema de atención integral, se habla en rea-lidad de una asistencia social integrada que tiene implicaciones diferentes.

Uno de los elementos más importantes de la Ley es el apartado dedicado a la “Tutela penal y la tutela judicial”. Las novedades penales y judiciales han sido una de las partes más discutidas de la Ley. La discusión se ha centrado en el ámbito penal en el debate sobre la idoneidad o no de los nuevos juzgados y las novedades penales. En nuestro parecer es preciso hacer otro tipo de consideración sobre estas partes de la Ley. Para valorar esta Ley de una forma global hay que ver si realmente dicha ley está rompiendo con la visión de la violencia hacia las mujeres enfocándolo como un problema de seguridad. En la medida que la mayoría de los recursos y de las iniciativas se concentren en los cambios penales es probable que no se consiga un verda-dero cambio de perspectiva. La lucha contra la violencia hacia las mujeres sólo será efectiva si se aborda desde la idea de que estamos frente a un problema de falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres.

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NOTAS

1 El concepto de género se ha desarrollado en los ámbitos académicos y ha tenido mucha importancia en el ámbito jurídico. Sobre las implicaciones del concepto de género por los juristas, vid. Faccio (1992).

2 Sobre el papel desarrollado del derecho penal en la protección de las mujeres frente a la violencia hay diferentes estudios que muestran el funcionamento de los tribunales en el Estado español. Alemany (1999); Calvo (2003).

3 Un interesante estudio que pone de manifi esto los marcos sociológicos desde los cuales se analiza la violencia es el de la Asociación Pro Derechos Humanos (1999).

4 En el ámbito de las teorías jurídicas feministas se ha indicado reiteradamente el poder que tiene derecho a vaciar conceptos que han nacido en los movimientos de mujeres. Vid. Smart (1994); Bartlett (1991)

5 Ésta es una de las conclusiones del estudio de la Associació de Dones Juristes: L’abordatge integral de la violència contra les dones a Catalunya. L’estat de la qüestió des d’una perspectiva socio-jurídica, Barcelona, 1994. www.donesjuristes.org.

6 Resolución A-0250/19977 Sobre la importancia de la legislación internacional en el tema de la

violencia de género, vid. Montalbán (2004: 33-45).8 Resolución sobre una campaña europea tolerancia cero ante la violencia

contra las mujeres. Diario Ofi cial n. C304 de 06/10/1997 P 0055.9 Los documentos mencionados en cada Comunidad Autónoma se

encuentran detallados en la bibliografía y con el texto completo en el soporte en CD que acompaña a este dictamen, debido a su gran volumen.

10 II Plan para la igualdad de oportunidades (1993-1995), Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1993.

11 Ésta es una línea de trabajo que diversos grupos de mujeres y estudios han desarrollado. Vid. Tamaia (2002); Ferreira (1992).

12 Institut Català de la Dona, Programa per l’abordatge integral de les violències contra les dones, Barcelona, 2005, pàg. 113.

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POLÍTICAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISMINUCIÓN: GENERALITAT DE CATALUNYA.

1. INTRODUCCIÓN:

Datos:

Catalunya representa el 15,6 % de la población española según datos de 2002. En cuanto a superfi cie, representa el 6,34 % del total del territorio del Estado.

Según la Base de Datos del IMSERSO, en diciembre de 2001, exis-tían en Catalunya 284.580 personas cuyo grado de disminución superaba el 33 %, sobre un total en España de 1.782.191, es decir prácticamente el 16 % del total de personas con disminución superior al 33 % de todo el Estado.

En lo que se refi ere al sector de la disminución, Catalunya posee un rico tejido asociativo de acuerdo con el importante papel que la sociedad civil ha jugado en el desarrollo de los servicios de atención a las personas con disminución. Actualmente son más de 600 las entidades que intervienen activamente en este campo.

Finalmente conviene indicar que la organización territorial de Ca-talunya se establece en 41 comarcas, unidad territorial con administración propia que se convierte en la unidad de planifi cación territorial que refi ere la mayor parte de los servicios para personas con disminución.

Marco competencial: El marco competencial en que se desarrolla la atención a personas

con disminución viene determinado por el Estatuto de Autonomía de Cata-

JOSEP BADIA GRAELLS

Cap de Servei de Programación Atención a las Personas

Departament de Benestar i FamíliaGeneralitat de Catalunya

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lunya y la Constitución; según este esquema cabe destacar de forma muy simplifi cada que: • La legislación laboral corresponde al Estado; no obstante, cuando

se transfi ere la gestión a una Comunidad Autónoma, ésta puede establecer criterios de gestión que se adapten a las características del sector siempre que respeten la legislación general, por ejemplo en el caso de Centros especiales de trabajo en que pueden esta-blecerse criterios de prioridad.

• La regulación de los Servicios Sociales, en el caso de Catalunya, corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma; en este sen-tido se ha de interpretar la regulación normativa de los Centros ocupacionales.

Dentro de la misma Administración de la Generalitat de Catalunya las competencias, en el ámbito de inserción sociolaboral de personas con disminución, se distribuyen según el siguiente esquema:

• Corresponde al Departamento de Bienestar y Familia todo lo refe-rente a: Equipos multiprofesionales, valoraciones, gestión de PNC, centros ocupacionales y centros especiales de trabajo.

• El Departamento de Trabajo asume las competencias relativas a: formación ocupacional, trabajo con soporte, intermediación laboral y economía social.

• El acceso a la función pública corresponde al Departamento de Gobernación.

Finalmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social depende del Estado pero existe una estrecha colaboración con el Departamento de Trabajo.

Ejes del Modelo:

El modelo de inserción sociolaboral de personas con disminu-ción vigente en Catalunya responde al esquema ya clásico de tres líneas de integración sociolaboral recogido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

En este sentido cabe destacar que las políticas de inserción de per-sonas con disminución en Catalunya han buscado un equilibrio entre trabajo

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y servicios sociales, de ahí la importancia de los centros ocupacionales, los servicios de ajuste personal y social, etc., en el conjunto del sistema.

En consecuencia los tres ejes a analizar serán los siguientes: 1 . Inserción ocupacional. 2 . Trabajo protegido (Centros especiales de trabajo). 3 . Mercado ordinario de trabajo.

A continuación veamos cómo se ha ido desarrollando cada uno de estos ejes.

2. INSERCIÓN OCUPACIONAL:

Aunque parezca una paradoja hemos de resaltar que el desarrollo del modelo sociolaboral de la LISMI en Catalunya viene marcado por la normativa que desarrolla el Centro Ocupacional en este territorio.

Para ello hemos de remontarnos al principio de la década de los ochenta cuando se producen las primeras transferencias de competencias en materia de Servicios Sociales en la Generalitat de Catalunya.

Las primeras actuaciones de la Administración de la Generalitat con-sistieron en la realización de estudios de costos, estudios territoriales y ámbito de producción de los «talleres», nos referimos a centros no cualifi cados como Empresas Protegidas. Sobre la base de estas actuaciones se realizó una labor de establecimiento de módulos estándar de fi nanciamiento, unifi cando los criterios del antiguo FONAS y el IMSERSO, se fi jaron estándars de construcción, etc. Como consecuencia de toda esta labor se consiguió un profundo conocimiento del sector y un nivel de participación óptimo que facilitó en gran medida la evolución del sector, al mismo tiempo se consiguió establecer unas bases mínimas de ordenación del sector pactadas con los agentes sociales que gestionaban éste.

Cuando en 1985 se publicaron los Reales Decretos 1368, 2273 y 2274, reguladores de las relaciones laborales de carácter especial, de los centros especiales de trabajo y de los centros ocupacionales, se planteó la necesidad, atendiendo las características del sector en Catalunya, de profundizar en la regulación del centro ocupacional por diversas razones, entre otras:

• Peligro de que la actividad económica de los «talleres» en el campo productivo derivase en economía sumergida.

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• Actuación de la Inspección de Trabajo.

• Quejas por parte de empresas, protegidas u ordinarias, sobre competencia desleal.

• Demanda por parte del mismo sector de clarifi car funciones.

• Poca defi nición a nivel de normativa estatal, concretamente en usuarios, actividad, metodología de trabajo, profesionales, etc.

Por otra parte, la regulación normativa de los Centros ocupacio-nales era la única vía posible, según el marco competencial, de infl uir en el desarrollo del sector.

Como consecuencia de estas inquietudes se abrió un amplio debate con las federaciones representativas del sector. Fruto de este debate fue la regulación de los Centros ocupacionales en Catalunya por medio del Decreto 279/1987, de 27 de agosto, por el cual se regulan los Centros Ocupacionales para Disminuidos.

Este decreto recoge básicamente los siguientes aspectos:

• Defi nición de actividades: Centros de atención diurna que desa-rrollan actividades de terapia ocupacional entendida como un con-junto de dos subactividades: trabajo terapéutico y ajuste personal y social.

• Defi nición de usuarios: Referida a la capacidad productiva mínima

para su acceso a un Centro especial de trabajo y en su momento para el acceso al Subsidio de garantía de Ingresos Mínimos.

• Metodología de trabajo: Programa individual de rehabilitación, proyecto social, horarios, etc.

• Profesionales: Se establecen ratios de psicólogo o pedagogo (1/40), asistente social (1/80) y monitor especializado (1/8).

• Se establecen garantías jurídicas y de control: consejo de partici-pación, contrato social.

• Respecto al fi nanciamiento se establecen límites en la gratifi cación y se establece un principio de gratuidad.

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Se establece un período de transitoriedad para la reconversión de los usuarios que no reúnan las condiciones de afectación. El establecimiento de este período es importante, ya que se partía de una realidad preexistente anterior a la LISMI donde el trabajo fuera de la regulación laboral constituía una realidad, que era lo que se pretendía evitar en el futuro.

Este decreto tuvo un desarrollo posterior con la Orden de 28 de julio de 1992 donde se concretan los criterios de valoración, se marcan condiciones específi cas y se crea la fi gura de auxiliar de monitor para casos especialmente afectados.

A mediados de los años noventa la Inspección de Trabajo emitió

un informe donde, bajo la consideración de que la actividad de los Centros ocupacionales invadía los ámbitos jurídico, económico y físico del mundo laboral, consideraba que había de modifi carse la normativa para evitar estas intromisiones. Esta actuación se refería básicamente a los usuarios de Centro ocupacional en régimen en proceso de regularización respecto a los servicios de terapia ocupacional o respecto al trabajo protegido, de acuerdo con el procedimiento de transición establecido en el mismo decreto regulador del sector de Centros ocupacionales.

Éste fue el motivo de publicación del Decreto 336/1995 que regula un nuevo nivel de soporte dentro de los Centros ocupacionales para aquellas personas que han de tener algún tipo de actividad con el fin de evitar situaciones de deterioramiento, debidas precisamente a la inactividad, aunque en principio no sean usuarios de Centro ocupacional. Con esta norma se extienden las garantías de este Centro al colectivo que permanecía en Centros ocupacionales todo y no siendo estrictamente tributarios de este servicio. Este decreto implica una redefinición parcial de ratios de soporte.

En consecuencia podemos decir que actualmente el Centro ocupa-cional representa el límite anterior al Centro especial de trabajo, sin interferir en el entorno laboral, siempre desde la óptica de que no ha de sustituir otros recursos y en este sentido no ha de ser un centro de formación ocupacional, ni un centro donde se desarrollen actividades productivas.

Finalmente ha de señalarse un aspecto importantísimo para el

desarrollo del sector; nos referimos a que todo este enfoque normativo y de gestión descansa sobre una función capital desarrollada por los Equipos multiprofesionales que han de valorar la capacidad y supervisar los programas. Sin ellos hubiera sido imposible diseñar los baremos de

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valoración específicos publicados que fueron validados en estrecha co-laboración con el sector.

Dentro de los proyectos más inmediatos está previsto el desa-

rrollo de un posible texto refundido de las normas que regulan los centros ocupacionales con el fi n de s implifi car el marco normativo y adecuarlo a las necesidades actuales.

Para concluir este apartado citaremos algunas cifras sobre la evo-lución general del sector de Centros ocupacionales:

1988 1992 2003

Terapia ocupacional

4.5992.045

3.932

Terapia ocupacional auxiliar 1.714

Servicio ocupacional de inserción 3.173 1.417

TOTALES 4.599 5.218 7.063

Nota: en el momento de las transferencias en el año 1981 el nú-mero de plazas del sector en Catalunya se situaba sobre las 1.000.

Módulos máximos de fi nanciamiento mensuales:

Terapia ocupacional 449,26 €

Terapia ocupacional con auxiliar 598,12€

Servicio ocupacional de inserción 223,03€

3. CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO:

En este sector el desarrollo del modelo tiene unas características totalmente diferentes, básicamente por razones de carácter competencial. No obstante esto la fi losofía aplicada es la misma, y es complementaria de la que se ha indicado con anterioridad en el apartado correspondiente a los centros ocupacionales.

La transferencia de competencias se produjo a principios de los años noventa, concretamente por medio del Real Decreto 1576/1991, de 18 de octubre, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Generalitat

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de Catalunya en materia de programas de soporte a la creación de nuevos puestos de trabajo. Por tanto la gestión del sector por parte de la Generalitat se inició en 1992.

El hecho de que la transferencia se produjera cuatro años después de la promulgación del decreto regulador de los Centros ocu-pacionales difi cultó el paso de usuarios transitorios a un centro especial de trabajo.

De todas maneras la política de soporte a los centros especia-

les de trabajo se inició en 1990, inducida por la normativa de Centros ocupacionales que forzaba el paso de usuarios transitorios a Centros especiales de trabajo. Se decidió dar soporte a los promotores de Centros especiales de trabajo que, cumpliendo determinados requisitos, desarro-llasen programas de integración laboral de personas con disminuciones que dificultaran su incorporación incluso en el trabajo protegido, en cierto modo se iniciaba un camino y se fomentaba los servicios de ajuste personal y social, dado que estos servicios no estaban suficientemente cubiertos por las subvenciones previstas en las convocatorias de Centros especiales de trabajo.

La norma que da cobertura a esta actuación se desarrolla dentro

del ámbito de los servicios sociales, probablemente por la adscripción de la mayoría de los servicios de atención a personas con disminución en este campo, y siguió la misma línea que la iniciada en el sector de Centros ocu-pacionales.

Nos referimos concretamente a la Orden de 1 de marzo de 1990,

por la cual se instituyen los servicios sociales de soporte a la integración laboral de personas con disminución y se regula su régimen jurídico. A continuación se resumen los aspectos más importantes de esta orden. Obsérvese, en lo que se refi ere a las garantías jurídicas, que no se cita el contrato asistencial ya que se entendía que quedaban cubiertas por el contrato laboral.

Defi nición: Se consideran servicios sociales de soporte a la integra-ción laboral de las personas con disminución (SSIL) las actuaciones dirigidas a los trabajadores con disminución que tienen por objeto su adaptación al entorno laboral y cívico.

Funciones y estructura: Los SSIL han de organizar y ejecutar sus funciones de forma integrada con las actividades productivas del centro de

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trabajo correspondiente, y también en relación con las actividades previas y posteriores a la jornada laboral, en los dos niveles de actuación siguientes:

Nivel 1:

Comprende las actuaciones encaminadas a obtener que el traba-jador con disminución se ajuste de una manera óptima dentro del ámbito empresarial (se entiende por este ámbito la actividad que se realiza dentro del horario laboral). Las funciones correspondientes, que en cada caso se concretarán al programa individual, han de incluir, indicativamente:

a) Propuestas de adaptación del puesto de trabajo y el lugar de trabajo.

b) Defi nición de objetivos productivos y laborales. c) Soporte de monitor. d) Relaciones humanas generadas en torno al puesto de trabajo. i) Aprendizaje y promoción profesional. f) Creación de hábitos laborales y relacionales. g) Propuestas de medidas de rehabilitación profesional.

Nivel 2:

Partiendo de la base diseñada por el programa individual citado, y con el fi n de facilitar en cada caso la obtención del grado de calidad de vida más alto, los SSIL actuarán en coordinación con los servicios sociales especializados y con los servicios generales de bienestar.

La composición mínima de cada equipo será la siguiente: a) Un psicólogo y un asistente social o diplomado en trabajo social a

jornada completa por cada 100 usuarios.

Uno de estos dos profesionales coordinará la actuación del equipo.

b) Un monitor de soporte cualifi cado, con funciones diferentes de los monitores industriales, para cada 15 trabajadores con disminución.

Proyecto social:

Cada entidad titular de un SSIL habrá de desplegar un proyecto social que contendrá las bases, los objetivos y la metodología de integración social y rehabilitación laboral que llevará a término el centro o servicios. La

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elaboración y aprobación del proyecto lo efectuará un consejo asesor y de seguimiento del servicio, que se regirá por lo establecido en el artículo 10 del Decreto 279/1987, de 27 de agosto. En las reuniones de este consejo participará el colectivo de trabajadores objeto de supervisión.

El programa individual de integración deberá contemplar como mínimo:

a) Diagnóstico. b) Objetivos. c) Metodología de ajuste e integración. d) Seguimiento.

Posteriormente, con la transferencia de la gestión de Centros espe-ciales de trabajo, se completó la voluntad de dar soporte a los Centros que se aproximasen a los principios de la LISMI, fi jando criterios de prioridad en la gestión, sin modifi car la normativa de subvenciones de ámbito estatal.

Estos criterios son básicamente dos:

Ausencia de afán lucrativo.

Ajuste a la planifi cación (aspecto que se tratará más adelante).

A medida que se consolidaron los SSIL y los criterios de gestión citados, fueposible a partir de 1999 iniciar una política de convenios con el sector que superase la fase de considerar el servicio de ajuste personal y social como un servicio social e integrarlo defi nitivamente dentro del trabajo protegido, por esto se utiliza la fi gura del convenio que recoge una defi ni-ción del ajuste personal y social en línea con el que se ha indicado y que se valora con carácter indicativo para 2004 en un máximo de 195,64 € al mes. Estas actuaciones han sido clave para regularizar la reconversión del sector de usuarios transitorios en centros ocupacionales.

Evolución del sector de trabajo protegido:

1992 2003Trabajadores en CET 1.857 8.435Trabajadores con SCAPS 1.247 5.729

Nota: Prácticamente la totalidad de trabajadores con ajuste personal y social responden a personas con disminución psíquica o enfermedad mental.

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Las ayudas destinadas a Centros especiales de trabajo se corres-ponden con las marcadas a nivel estatal; las principales son:

a) Bonifi cación del 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad

Social.

b) Subvención del 50 % del coste salarial de los trabajadores con disminución.

c) Subvención para la creación de puestos de trabajo.

d) Convenio para la fi nanciación de los servicios complementarios de ajuste personal y social

Para acabar este apartado puede ser ilustrativo tener en cuenta que el peso del sector de Centros ocupacionales y de Centros especiales de trabajo en el conjunto de los servicios dedicados a las personas con dismi-nución representa un poco más del 50 % del total.

En lo que se refi ere al gasto realizado, está resumido en la siguiente tabla correspondiente a 2002:

Servicios Gasto en €Centros ocupacionales 33.127.896Centros especiales de trabajo (*) 36.158.145SUBTOTAL 1 69.286.041Servicios especializados (**) 76.727.311SUBTOTAL 2 76.727.311TOTAL 146.013.352

(*) 29.394.740 € transferidos por el INEM.(**) Sin Centros ocupacionales.

4. INSERCIÓN EN EL MEDIO ORDINARIO:

En este ámbito distinguiremos a su vez:

• La inserción como trabajadores autónomos • Acceso a la función pública

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• Acceso a la empresa ordinaria

4.1 Trabajo autónomo: En este ámbito las actuaciones se han centrado en mejorar los

procesos de orientación por medio del Equipo Multiprofesional; no obstante, los resultados son más bien escasos. Las subvenciones se corresponden a las contempladas en la Orden 16/10/1998.

En el año 2002 se establecieron como trabajadores autónomos

14 personas.

4.2 Acceso a la función pública:

Podemos distinguir cuatro etapas:

En la primera no existe más reserva que la establecida en los orga-nismos de la Seguridad Social según disposiciones anteriores a la LISMI.

En la segunda con la publicación del Decreto 72/1984, de 15 de marzo, donde se establece una reserva de carácter general para la adminis-tración de la Generalitat del 2 %.

En el año 1987 la reserva ya se recoge a nivel de ley y se publica el Decreto 238/1987, de 20 de julio, por el cual se desarrolla el Capítulo X del Título IV de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalitat, y se fomentan otras vías concurrentes para la integración laboral de las personas disminuidas. En este decreto se fijan condiciones de acceso, la cual cosa, si en su momento representó un gran avance, posteriormente se convirtió en un lastre dado lo difícil que resulta cambiar una norma de estas características.

La etapa actual es fruto de la publicación del Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre acceso a la función pública de las personas con disminución y de los equipos de valoración multiprofesional. Gracias a esta norma se han suprimido las limitaciones de carácter genérico y han ganado protagonismo los equipos multiprofesionales. Por otra parte se ha mejorado el acceso a la vía laboral y se han firmado convenios de formación en el puesto de trabajo con entidades especializadas. Tam-bién cabe destacar que en estos momentos ya se han realizado pruebas específicas para personas con disminución.

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Actualmente, la reserva se fi ja en el 5 % de la oferta pública de trabajo con el fi n de poder llegar al 2 % del puesto de trabajo según establece la Ley 4/2000, del 26 de mayo, de medidas fi scales y administrativas.

4.3 Acceso a la empresa ordinaria

Las acciones emprendidas para el acceso a la empresa ordinaria se han encaminado a mejorar los siguientes aspectos:

Intermediación laboral.

Formación ocupacional, programas especiales, trabajo con soporte.

Medidas alternativas.

La intermediación laboral especializada encuentra su cobertura legal en el año 1990 a través de la Orden de 1 de marzo de 1990, por la cual se instituyen los servicios sociales de soporte en la integración laboral de personas con disminución y se regula su régimen jurídico.

Esta orden, ya citada en el apartado correspondiente al trabajo

protegido, ofrece la posibilidad de crear servicios de carácter externo a un centro especial de trabajo, el SSIL externo, la misión del cual es establecer un puente entre dos ofertas de servicio, una a la persona con disminución, facilitando un proceso de valoración y orientación laborales, y otra a la em-presa, a la vez que ofrece la posibilidad de valorar los puestos de trabajo que pueden ser cubiertos por personas con disminución, adaptaciones del puesto de trabajo, incentivos, etc... Esto que ahora puede parecer un planteamien-to un poco fuera de lugar debe situarse en la época de 1990 cuando toda intermediación laboral al margen del INEM era ilegal.

El resultado de los SSILs externos ha sido muy bueno, ha logrado la integración de un elevado número de personas con disminución en la empresa ordinaria. No obstante esto, corren el peligro de convertirse en estructuras excesivamente vinculadas a los servicios sociales y por tanto habrán de in-tegrarse en un futuro inmediato a los sistemas de intermediación previstos en la Ley que regula el Servicio de ocupación catalán.

El apartado de formación ocupacional merecería, probablemente, junto con el correspondiente al trabajo protegido, un tratamiento más amplio. Por tanto, lo que se expone a continuación ha de ser considerado forzosamente esquemático. La disposición básica que recoge la normativa correspondiente a

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este apartado se centra en la Orden de 14 de enero de 2000. Esta orden recoge la regulación de los centros colaboradores, tanto en formación ocupacional como en orientación, los colectivos prioritarios, dentro de los cuales fi gura el de personas con disminución, y los tipos de acciones a desarrollar.

Las acciones formativas dirigidas a colectivos con especiales difi cul-tades, se han estructurado partiendo de tres elementos básicos: los citados centros colaboradores, el tejido empresarial y la propia Administración. La interrelación entre estos tres elementos es clave.

La evolución de este sector se ha desarrollado según las siguientes etapas:

Entre fi nales de los años ochenta y los noventa, el desarrollo de las acciones de formación ocupacional dirigidas a los colectivos con especiales difi cultades se centra en torno a dos ejes: por una parte la incorporación del insertor como elemento clave dentro del equipo, y, por otra, el carácter integral de las acciones.

En este sentido, la implantación de la metodología del trabajo con soporte, la primera experiencia que se llevó a término en el año 1989, ha permitido extrapolar al resto de acciones formativas dirigidas a colectivos con especiales difi cultades un enfoque integral.

Concretamente, la consolidación de esta metodología ha aportado: de una parte que los procesos de aprendizaje incorporen elementos que van más allá de una formación meramente profesionalizadora, y por otra el análisis del puesto de trabajo y el seguimiento del trabajador una vez contratado.

A partir de la segunda mitad de los años noventa el diseño de los dispositivos formativos y de inserción se centran en la construcción de proyectos personales y laborales con objetivos a largo término con el fi n de desarrollar competencias que permitan posicionarse en el mercado de trabajo; estos plan-teamientos han supuesto la consolidación de dispositivos integrales de formación e inserción sociolaboral que permiten articular itinerarios individuales a partir de diversas acciones, siempre partiendo de un carácter de integralidad; conviene destacar la importancia de estos itinerarios en la normativa europea.

Finalmente cabe señalar que se está entrando en una nueva etapa donde será necesario plantear la consolidación de estos itinerarios con el establecimiento de indicadores que permitan conocer y valorar aspectos que difi culten la inserción sobre los que quepa incidir y seguir su evolución.

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La siguiente tabla resume las actuaciones más representativas correspondientes a este apartado.

Acciones Integradas destinadas al colectivo de personas con disminución 2002

Colectivo Acciones Alumnos Otorgado

Personas con disminución 99 1.853 4.458.887,03

Otras acciones dirigidas a este colectivo 2001

Fomento de la ocupación 7.456.078,04

Itinerarios de Inserción IPI 522 268.271,46

Consejo de orientación 23 3.780,44

Escuelas Taller y Casas de Ofi cios 79 47.233,31

Talleres de Ocupación 45 295.714,80

Planes de Ocupación 288 1.556.767,97

957 9.627.846,02

Total alumnos 2.810

Total presupuesto 14.086.733,05 €

Finalmente aportaremos algunos datos sobre las medidas alterna-tivas de acceso a la empresa ordinaria, reguladas por el Decreto 246/2000, de 24 de julio.

EXPEDIENTES PRESENTADOS (2001-2002) EXPEDIENTES RESUELTOS (2001-2002)

Declaración de excepcionalidad: 61 41 expedientes, 23 son estimados

Donaciones: 19 18 expedientes, 11 son estimados

Total: 80 expedientes Total resueltos: 59 expedientes, 34 son estimados

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5. COORDINACIÓN:

Para concluir esta ponencia desearíamos decir algunas palabras sobre la coordinación dentro de la administración de la Generalitat de los aspectos de inserción sociolaboral de las personas con disminución en Ca-talunya.

La coordinación entre los diferentes Departamentos implicados se enmarcaba hasta no hace mucho dentro de la Comisión interdepartamental para la integración laboral de las personas con disminución (CILD), creada por el Decreto 72/1984, de 15 de marzo, y modifi cada por los Decretos 238/1987, de 20 de julio y 399/1988, de 27 de diciembre; esta comisión está adscrita al Departamento de Bienestar y Familia, la presidía el titular de este departamento y estaba integrada por:

- El Director General de la Función Pública. - El Director General de Asuntos Interdepartamentales. - El Director General de Trabajo. - El Director General de Ordenación y de Innovación Educativa. - El Director General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis

Socials.

Será Secretario un funcionario del Departamento. La comisión contaba con un consejo asesor integrado por:

- El Secretario de la CILD. - Dos representantes del Departamento de Bienestar y Familia, uno

de los cuales presidía la comisión. - Dos representantes del Departamento de Trabajo. - Un representante del Departamento de Sanidad y Seguridad

Social. - Un representante del Departamento de Gobernación. - Un representante del Departamento de Educación. - Dos representantes de los Sindicatos más representativos. - Dos representantes de las organizaciones de empresarios. - Tres representantes de las entidades registradas como de servicios

sociales especializados en personas con disminución. - Dos representantes de otras instituciones que puedan favorecer, a

criterio de la CILD, la consecución de los objetivos de la Comisión.

Todos ellos nombrados por el presidente a propuesta de la CILD o de las entidades.

Finalmente cabe informar que en Catalunya se han confeccionado dos Planes de integración sociolaboral de las personas con disminución: el primero abarca el período 1992-1998, el segundo el comprendido entre 1998 y 2004. Ambos planes han sido debatidos y aprobados por el consejo asesor de la CILD, por el plenario de ésta y por acuerdo del Gobierno de la Generalitat.

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LA INMIGRACIÓN: UN RETO PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

MONSERRAT SOLÉ I AUBIA

Directora de l’Òrgan Tècnic d’Immigració

Secretaria per a la ImmigracióDepartament de Benestar i Família

Generalitat de CatalunyaProfessora Associada Escola

de Treball Social UB

1. LA INMIGRACIÓN EN CATALUNYA

Antes de comenzar quisiera intentar dar respuesta a cuatro cuestiones: • ¿Es la inmigración un fenómeno nuevo? • ¿Afecta sólo al mundo occidental? • ¿Vienen los más pobres? • ¿Son diferentes?

Los procesos migratorios son un hecho natural que se ha ido sucediendo durante la larga historia de la humanidad y en todo el mundo. Son la expresión de las desigualdades mundiales y de la globalización de la economía.

La evolución nos lleva hacia una sociedad cada vez más abierta,

interconectada y multicultural. El fenómeno de la inmigración es producto del desarrollo económico y del nivel de vida que hemos conseguido en estos últimos años y que han convertido nuestra sociedad en un entorno deseado por otras personas.

Hace años que Catalunya recibe personas de diferentes partes del mundo. El dinamismo económico, la posibilidad de encontrar trabajo y la capacidad de acogida, son elementos clave que explican esta llegada. Y lo que parece que será irreversible es que el Estado español y Catalunya, en una posición destacada, continuarán siendo zonas receptoras de inmigrantes.

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La inmigración extranjera es pues un hecho estructural de nuestra sociedad. Necesitamos a los inmigrantes: nuestro sistema social y productivo requiere el factor inmigración para disminuir los efectos del declive de la po-blación, mantener el crecimiento económico y reducir la tasa de dependencia e inactivos sobre activos.

La evolución de las cifras de extranjeros en Catalunya ha tenido un crecimiento progresivo desde la década de los noventa, en el inicio de la cual había unas 50.000 personas extranjeras. En 14 años se ha pasado de 50.000 extranjeros a cerca de 400.000.

Evolución de autorizaciones de residencia. Catalunya 1991-2004

Catalunya es la segunda Comunidad Autónoma con más personas de origen extranjero, con un 22,49% del total de los extranjeros del Estado español. Las últimas cifras (junio de 2004) del Ministerio del Interior apuntan que en Catalunya hay 399.262 extranjeros con autorización de residencia, lo que supone un 5,96% de la población.

Una de las características de esta inmigración es su gran variedad de procedencias (170 países), y el lugar donde viven. Catalunya tiene, pues, una inmigración extranjera muy heterogénea, que proviene de muchos países diferentes, con características culturales muy diferenciadas entre sí, y con procesos migratorios también muy diferentes.

Si analizamos las cifras de empadronamiento que nos facilitan los municipios de Catalunya, el 30 de septiembre de 2004 eran de 725.446. Lo

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que hace suponer que puede haber unas 326.184 personas en situación irregu-lar. Así, según los padrones el porcentaje de extranjeros se eleva al 10,76%.

¿De dónde vienen?

Extranjeros empadronados en Catalunya procedentes de Europa:

La inmigración procedente de países europeos (169.906) es oriunda básicamente de la Unión Europea (103.044). Italia (22.842) y Francia (20.651) son los países más representativos.

La inmigración procedente de Europa del Este es mucho más reciente (62.340) y se ha incrementado en los últimos años. Los colecti-vos más importantes son los de Rumania (28.373), de Ucrania (10.239) y de Rusia (8.996). Se trata de una población joven con un nivel de instrucción elevado que suele trabajar en oficios poco cualificados.

Extranjeros empadronados en Catalunya procedentes de África:

Se encuentran empadronadas 209.167 personas procedentes de África y en particular de los países del Magreb (170.493). La colonia marroquí (161.028) es la más antigua y numerosa de las establecidas en Catalunya. A los asentamientos provisionales de la década de los sesenta, siguió luego el estable-cimiento de hombres primero, y de grupos familiares a partir de los años seten-ta. Posteriormente, a partir de la segunda mitad de los años ochenta se regis-tró un mayor fl ujo que ha tenido un incremento constante hasta la actualidad.

El número de residentes procedentes del resto de África es de 38.674 personas. Los dos colectivos más importantes son los de Gambia (12.465) y Senegal (8.382). La gran mayoría son hombres solteros, y relativamente jóvenes (20-35 años). Actualmente también hay un cierto número de familias. La llegada a Catalunya se inició hacia los años setenta y se incrementó en los años ochenta, en que se instalaron básicamente en el Maresme y, desde allí, se fueron desplazando sobre todo hacia las comarcas de Girona. En los últimos años están llegando personas de otras procedencia,s como Malí (3.358), Nigeria (3.120), la República de Guinea (2.773) y Ghana (2.454).

Extranjeros empadronados en Catalunya procedentes de América:

Hay en Catalunya inmigrantes de prácticamente todos los países de América. Se trata de un colectivo heterogéneo, tanto por lo que respecta

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a sus motivos para emigrar como por su nivel de formación y de estabilidad laboral, pero sus vínculos históricos los distinguen del resto de inmigrantes.

Los residentes latinoamericanos son los más numerosos (276.736) superando desde hace poco a los africanos. A la inmigración inicial de la década de los setenta, que tenía un carácter principalmente político e ideológico, que huía de las dictaduras de aquella zona y que era una población cualifi cada, formada por intelectuales, técnicos y profesionales, la ha superado la más reciente con una motivación básicamente económica y procedente de Centroamérica y de los países andinos. El colectivo más numeroso es el ecuatoriano (89.686), le sigue el colombiano (40.459), el argentino (33.512), el peruano (23.866), el boliviano (15.108) y el de la República Dominicana (14.071). La principal ocupación está en el servicio doméstico. Es una población joven, con un ligero predominio de las mujeres y que procede de las zonas rurales más pobres.

Extranjeros empadronados en Catalunya procedentes de Asia:

La inmigración asiatica (63.546) es la más lejana culturalmente. Presenta una gran diversidad de lugares de origen y motivos de llegada, y sus niveles de integración son muy variados.

Los chinos son el grupo más numeroso (23.336), poco conocido y con un crecimiento progresivo. Se dedican básicamente a la restauración, al comercio y a la confección textil.

El colectivo pakistanés (17.381) es mucho más reciente y expe-rimentó una importante crecida en los años 2000 y 2001. Se dedican a pequeños negocios situados sobre todo en la zona del Raval de Barcelona. La mayoría son hombres solteros, de clase media-baja, que proceden de la zona de Panjab y dicen haber marchado por motivos de inestabilidad política, aunque también por motivos económicos.

Los procedentes de la India (7.003), con unas características similares al colectivo anterior, constituyen el tercer país de Asia en presencia numérica.

Los fi lipinos constituyen una consolidada corriente inmigratoria que se inició a fi nales de los años setenta y principios de los ochenta. Actualmente hay 6.950 personas empadronadas y parece que en los últimos años se ha estabilizado la llegada de personas de este origen. Esta comunidad está compuesta sobre todo por mujeres con un nivel de instrucción medio y con un cierto porcentaje de universitarias. Las fi lipinas son las más antiguas en el sector doméstico y casi todas han regularizado su situación, tienen contrato de trabajo y Seguridad

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Social. Como todos los asiáticos, es un colectivo bastante hermético, con una sociabilidad básicamente endogámica y un talante poco confl ictivo.

¿Dónde viven?

Otra característica de la población extranjera en Catalunya es su distribución geográfi ca. Atendiendo a los lugares de trabajo que ocu-pan (agricultura, ganadería, hotelera y servicio doméstico), se encuentran también personas inmigradas en casi todo el territorio catalàn, y no sólo en zonas donde tradicionalmente habían sido receptoras de inmigración, sino en lugares donde tradicionalmente eran emisores de migraciones. Por tanto, éste es otro elemento a tener en cuenta ya que el impacto en terri-torios no habituados a recibir población foránea es mucho más evidente que en oltros donde buena parte de la población es fruto de inmigraciones.

En cifras absolutas el número importante se da en grandes ciudades, como:

Barcelona 202.489L’Hospitalet de Llobregat 35.406Badalona 20.794Sta. Coloma de Gramanet 16.042Terrassa 14.621Sabadell 13.962Mataró 13.328Lleida 12.092

Los porcentajes más elevados de habitantes de origen extranjero, en cambio, los encontramos en poblaciones relativamente pequeñas, como:

Guissona 25,91%Ulldecona 19,96%Salou 19,35%Cervera 17,32%Manlleu 16,24%Castell-Platja d’Aro 16,14%Calella 16,08%

La distribución territorial se relaciona bastante bien con el ori-gen ya que la procedencia de las personas inmigradas varía en función del lugar donde residen. De modo que, pese a que en la mayoría de

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poblaciones la procedencia mayoritaria es la de Marruecos, en Barcelona ciudad es Ecuador, en las comarcas gerundenses hay mucha más pre-sencia de los procedentes del resto de África (Gambia, Senegal y Mali), mientras que en las tierras del Ebro y en el interior de Catalunya la mayor parte de inmigrantes procede de Europa del Este (Rumania, Ucrania y Rusia) y en el Área Metropolitana se impone la presencia de imigrantes de Sudamèrica (Ecuador, Colombia i Argentina) y Asia (China y Pakistán).

¿Dónde trabajan?

El mes de julio de 2004 habían 244.432 personas extranjeras afi liadas a la Seguridad Social, lo que representa el 7,9% del conjunto de la afi liación catalana.

Por sectores:Régimen general: 81,5%Autónomos: 8,9%Empleados de hogar: 5,1%Agrario: 4,2%Mar: 0,4%

2. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN: LA RESPUESTA DE LA GENE-RALITAT DE CATALUNYA

A nivel teórico, hay tres grandes modelos de encaje a la sociedad de llegada:

1 . El modelo multimosaico, en el cual cada comunidad forma un grupo dentro del sistema, sin relacionarse ni mezclarse. (Ejemplos: EUA, Reino Unido.)

2 . El modelo asimilacionista, en el cual se reconoce la igualdad de todas las personas siempre que se integren dentro del sistema y dejando aparte su bagaje. (Ejemplo: Francia.)

3 . El modelo de integración, en el que se entiende la integración como un proceso, en el cual a partir de la igualdad de derechos y deberes, los recién llegados tienen la posibilidad de formar parte del tejido social del país, asumiendo y enriqueciendo los valores comunes.

Este tercer modelo es el escogido por Catalunya, el cual ya se ha aplicado en otros momentos. Es una apuesta a largo térrmino y que supone más que cualquier otro modelo exigir derechos y deberes porque afecta al conjunto de la sociedad. No sólo a la población que llega, sino también a la

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que acoge. Por tanto, todo el mundo ha de hacer un esfuerzo para adaptarse o acomodarse a la nueva realidad, si bien es, lógicamente, a la persona que llega a quien le toca el esfuerzo más importante.

En el marco de este modelo, el año 1993 el Gobierno de la Generali-tat aprobó el primer Plan Interdepartamental de Inmigración. Con la aprobación de este Plan, se aprueba también la creación de la Comisión Interdepartamental de Inmigración, formada por representantes institucionales de todos los de-partamentos de la Generalitat. También se aprobaban unos 40 programas a realizar por estos departamentos, así como la creación de un Consejo Asesor de Inmigración formado por 32 representantes: de los entes locales catalanes, de las organizaciones no gubernamentales, sindicales y patronales, de los colectivos de inmigrantes, de las asociaciones de padres y alumnos y de las asociaciones de vecinos y de expertos de reconocido prestigio.

En el año 2001 se aprobó el segundo Plan Interdepartamental y en estos momentos estamos realizando el que será el tercero, que se denominará Plan de Ciudadanía e Inmigración 2005-2008.

La Política de la Generalitat de Catalunya persigue de una parte

el acceso general de los inmigrantes a los servicios públicos (vivienda, edu-cación, trabajo, sanidad..) y por otra parte, favorecer la convivencia entre inmigrantes y el resto de los ciudadanos.

A) El acceso general a los servicios públicos comporta asegurar la atención y los derechos básicos, sobre todo para aquellos con más difi cultades. En este sentido, en el año 2001 se aprobó el Decreto de los extranjeros y su integración social, que reglamenta los derechos que tienen los extranjeros para acceder a las ayudas y prestaciones de la Generalitat de Catalunya y obliga a los diferentes organismos públicos a garantizar estos derechos:

• Derecho a la educación obligatoria de todos los menores extran-jeros: 96.491 niños/as.

• Derecho a la formación de adultos de todos los empadrona-dos:15.707 personas.

• Derecho a cursos de formación ocupacional:10.510 extranjeros. • Derecho a la asistencia sanitaria de los empadronados: 313.322

Targetas Sanitarias Individuales. • Derecho a las ayudas en materia de vivienda para los extranjeros

residentes: 281 ayudas • Derecho a los servicios sociales básicos de todos los extranjeros,

y: 1.968 familias extranjeras que reciben el PIRMI,

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15.239 ayudas a famílias extranjeras con hijos de 0-3 años y me-nores de 6 si son familia numerosa,

44 mujeres extranjeras acogidas en casos de violencia doméstica.

B) En la dimensión de favorecer la convivencia entre inmigrantes y el resto de ciudadanos, se han puesto en marcha 26 Planes comarcales de los inmigrantes, en los que se han realizado las acciones siguientes: • Acciones de formación y sensibiltzación de la realidad migratoria. • Acciones de mediación intercultural / traducción: 24 comarcas con mediación intercultural, 35 lenguas disponibles. • Coordinación interinstitucional: política, técnica y de participación

social.

Retos que plantea la inmigración actualmente

1. Disminución de la irregularidad. 2. Adecuación de los servicios públicos a la nueva realidad. 3. Aumentar el conocimiento y la sensibilización de la población

general. 4. Promoción social a través de la inserción y mejora laboral y social. 5. Promover un sentimiento de identidad compartida.

3. EL PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2005-2008

Concepto de ciudadanía

Actualmente, todavía existen resistencias para percibir a las per-sonas que vienen de fuera como sujetos de ciudadanía, como miembros de nuestro espacio público y cotidiano. Para contribuir a minimizar las desigual-dades que genera todo proceso migratorio, la nueva identidad colectiva ha de basarse en la ciudadanía y en la participación en la vida cívica, social y política más que en los orígenes nacionales de las personas.

Entendemos el concepto de ciudadanía, no como un concepto ju-rídico vinculado a la nacionalidad sino al ámbito cívico y a la participación de los ciudadanos en la sociedad. Poseer una identidad de ciudadano requiere, sobre todo, compartir un instrumento común con el resto de ciudadanos: compartir una cierta identifi cación con los otros y una voluntad de pertenecer a un espacio común, donde se respeta y se aceptan las diferentes identidades individuales y colectivas.

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Este concepto ha de ser capaz de garantizar a todos los que resi-den en un territorio los derechos civiles, sociales y políticos. Pero además, para mitigar las desigualdades hay que promover que éstas disminuyan lo más rápidamente posible, garantizando medidas que permitan conseguir realmente una igualdad de derechos y de acceso a la sociedad.

Objetivos del Plan de Ciudadanía e Inmigración:

• Preparar a la sociedad catalana y a sus instituciones para hacer frente a los retos de la inmigración.

• Poner los instrumentos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de Catalunya.

• Promover la participación de los inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política.

Evolución de los conceptos a través de los Planes

1er. PlanIntegración intercultural, globalidad, transversalidad, normalización.2º. PlanIntegración intercultural, tranversalidad, cohesión social, convivencia.3er. PlanCiudadanía, acogida, participación.

4. RETOS U OPORTUNIDADES

Es evidente que la inmigración nos enfrenta a muchos retos, pero también puede comportar la posibilidad de cambio y de nuevas perspecti-vas. Por tanto, nos da la oportunidad de cambiar los défi cits que tenemos actualmente como sociedad. Por ejemplo:

- La falta de unas políticas sociales sufi cientes para todos genera una serie de leyendas falsas sobre el supuesto acceso preferente de la población inmigrada a determinadas ayudas y prestaciones. Adecuar la oferta del Estado de Bienestar a las necesidades actuales puede darnos la oportunidad de benefi ciarnos a todos.

- El reto de indefensión del catalán frente a la opción, a veces, de aprender el castellano, puede comportar, si lo sabemos hacer, que se incremente el número de catalanoparlantes con la incorporación de población extranjera.

- La presencia de colectivos de inmigrantes en determinados barrios ha supuesto la regeneración de los mismos, bien sea por la com-

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pra o alquiler de muchos comercios, que hacía años que estaban cerrados, por el alquiler de viviendas de los cascos antiguos de las ciudades, que hacía años que estaban vacías, etc.

- Creación de nuevos productos fi nancieros, telefónicos, de alimen-tación, de idiomas, música...

- En el marco de la escuela, la posibilidad de enseñar las diferentes religiones, la geografía, la sociedad, las culturas, cuentos, cancio-nes... a través de los propios alumnos.

Todos estos retos suponen un incremento de gasto público y social, pero la inmigración también supone generación de riqueza, sea en forma de benefi cios directos o indirectos como: la contratación de más profesionales para atender a la nueva población (maestros, profesores de adultos, profe-sores de catalán, traductores, mediadores...), las aportaciones directas en alquileres de pisos, locales comerciales, asociativos..., pagos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social...

Es evidente, pues, que la inmigración es un signo de riqueza del país que la recibe y, bien gestionada, puede suponer una oportunidad para solventar y mitigar los défi cits ya existentes.

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LA CARA NO RECONOCIDA DE LA SOCIEDADEL DEBATE CONCEPTUAL ACERCA DE LA EXCLUSIÓN EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA1

JORDI ESTIVIL PASCUAL

Experto en exclusión social Programa STEP

Organización Internacional del Trabajo. Ginebra

PÓRTICO

Las personas, los grupos, las instituciones públicas y privadas, las sociedades excluyen pero muy frecuentemente no reconocen a los excluidos. Por eso, se puede sugerir que la exclusión social es su cara no reconocida, oculta, escondida. Este proceso de negación a través del cual, consciente o inconscientemente, los otros se vuelven opacos, se les inferioriza y se les aleja, se ha transformado a lo largo de la historia, y adopta formas diversas en los diferentes continentes, regiones y países. Sin embargo, de alguna manera, nos afecta a todos, invitándonos no solamente a profundizar en su conocimiento y a discutir sus signifi cados, sino también a hacer esfuerzos para mejorar las estrategias que han emergir, reconocer y afrontar la exclusión social.2

Este artículo presenta el debate en Europa y en América Latina intentando comparar las condiciones que han llevado a aplicar el concepto de exclusión en estos dos continentes.

UN CONCEPTO EQUÍVOCO3

El concepto de exclusión social, que nace en Francia y se ha exten-dido por todo el mundo, es un concepto bastante equívoco. Cabe empezar por advertir sobre el uso y el abuso que se acostumbra a hacer de él. Así, se lo utiliza como un saco, donde cabe todo, como una tienda, donde se vende de todo, como un chicle que se tira y se alarga a voluntad del consumidor. Hasta se ha llegado a decir que se lo trivializa tanto que está saturado de sentidos y de contrasentidos (Freund, J. en la introducción a Xiberras, M.,

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1996). Pero alguna cualidad ha de tener el condenado, cuando hace veinte años casi nadie lo utilizaba y ahora está en boca de todos: desde el más alto dignatario de las agencias internacionales hasta el más pequeño operador de un proyecto local del norte de Europa, de la selva americana, de la más remota isla del Pacífi co o del desierto africano.

Tal vez sea este carácter elástico el que ha dado popularidad al concepto de exclusión, al mismo tiempo que dificulta la identificación. Todo el mundo puede decir que está excluido de alguna cosa y de hecho no hay exclusión sin inclusión. Para los que leen la Bíblia, los primeros excluidos fueron Adan y Eva y el segundo Caín. Ahora bien, ni hoy esta-mos en el paraíso ni las conductas de nuestros primeros padres reciben los castigos de entonces. Ni tampoco el “cainismo” es una práctica habitual en nuestros días. En cualquier caso se puede retener el sentido profundo de la transgresión de la norma que genera la exclusión. Así, cualquier sociedad, grupo o individuo crea sus reglas más o menos explícitas y al hacerlo establece una diferenciación que le permite definir, con razón o sin, las categorías del yo y del tú, del nosotros y del vosotros. Definirse a uno mismo es también definir la alteridad. Y cuanto más se restringe esta definición más se excluye. Si esto se aplica a las sociedades, significa que cuanto más estrictas y cerradas sean, más excluirán. Además, este proceso es a la vez real y simbólico y tiene dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. No es extraño que para interpretarlo se recurra a la sociología, a la psicología, a la antropología y que se intenten encontrar concomitancias con la anomia, la organicidad y la desviación; también se acostumbra a citar autores como Durkheim, Simmel, Tonnies, Max Weber o la escuela de Chicago, que ya en los años treinta del siglo pasado ponía en evidencia los procesos de agregación de las grandes ciudades sobre la cohesión social de los inmigrantes

No hay que olvidar que también, a veces, la exclusión respecto con determinadas modas, costumbres e ideas dominantes puede ser vivida positivamente por una persona, un grupo, una comunidad, reforzando así su cohesión interna. En otras ocasiones, la autoexclusión puede ser una de las condiciones para estimular la creatividad artística e intelectual o una vida más fi losófi ca y religiosa. Incluso hasta excluir a un colectivo puede ser saludable, como por ejemplo los niños del trabajo.

Así pues, el concepto de exclusión que contiene muchos signifi -cados también se pone a prueba cuando viaja y traspasa los continentes. Y éste es el caso del debate y de las interpretaciones que se hacen de un lado y otro del Atlántico.

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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA EXCLUSIÓN

En el viejo continente, el concepto de exclusión ha hecho un largo recorrido. Últimamente uno de sus comentaristas más críticos (Messu, M., 2003) ha sintetizado su posición. Así se menciona que la heterogeneidad del término exclusión permite designar situaciones muy diferentes, obtener consensos políticos contradictorios, disminuyendo al mismo tiempo el estudio de las situaciones más extremas y el análisis de las causas y procesos que las generan. Al mismo tiempo, según este autor, existe una difi cultad de gene-ralizar las fases de ruptura e identifi car y articular los diferentes procesos que confl uyen y, por tanto, dar un sentido operativo a la noción de exclusión. Por fi n, ésta enmascara las peores situaciones de precariedad individual y colectiva, mostrando su vacuidad conceptual.

Pero, y a pesar de estas críticas tan duras, el interés para la apli-cación del concepto de exclusión aumenta y se extiende. En la Europa del Este donde por ahora era una noción bastante desconocida comienza a ser utilizada en búsquedas concretas (Zsuzsa, F., 2002). Igualmente, en los Países Escandinavos aparecen interrogantes que giran sobre ello pero dentro de una voluntad de (Heikkilä, M.; Hallerod, B., 1999). También en Inglaterra, hasta ahora tan reticente, se plantea qué signifi caciones darle al concepto (Jordan, B., 1996) y muy últimamente se inician estudios aplicados a determinados colectivos (disminuidos, niños en peligro, trabajadores con salarios bajos...) o a sectores como la vivienda, la salud, la educación (Hills, J.; Le Grand, J.; Piachaud, D., 2002). De hecho, esta noción se encuentra presente en la mayoría de textos ofi ciales y ofi ciosos de las instancias de la Unión Europea y en muchas de las formulaciones de las políticas sociales de los países más antiguos que la componían.

Ahora bien, donde en los últimos tiempos se ha acelerado el ritmo de aplicación del concepto de exclusión social es en América Latina (Faria,W., 1994), donde está entrando con fuerza en el vocabulario de las ciencias sociales (Behrman, J.R.; Gaviria, A.; Szélezy, M., 2003). Sería interesante analizar su itinerario (Veras, M.P., 1999) para examinar en qué momento comienza a utilizarse, quién habla de ellos, en qué país y qué sentido toma en cada contexto. Una primera mirada muestra su utilización en Argentina (Barbeito, A.C.; Lovuolo, R,M., 1992), Brasil, Chile, Uruguay, México (Gordon, S., 1997) y su aplicación en campos como el del trabajo, el educativo (Gentili, P.; Frigotto, G., 2000) de la protección social, así como su vinculación directa con las políticas de ajuste estructural y el proceso de globalización.

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Mientras que el mismo concepto hacía su aparición en Europa Occidental para explicar las consecuencias de la crisis económica de los años setenta sin que en aquellos momentos fuera interpretado como un resultado de la globalización económica. Aunque la subida de los precios del petróleo y de otras primeras materias, la presión de la economía norteamericana y la reorganización de la división internacional del trabajo eran factores externos que repercutían en la situación de la Unión Europea; en realidad, la crisis de los años setenta y los posteriores resultados afectan a todos los continentes. En todas partes las difi cultades sociales se agravan, la pobreza es más profunda y se extiende y en la mayoría de países se aplican medidas, más o menos duras, de ajuste económico impulsadas por las instancias fi nancieras inter-nacionales, sin que se apliquen medidas sociales compensatorias (Gaudier, M., 1993). Estos procesos aceleran las disparidades entre el mundo rural y las ciudades, el crecimiento de éstas y de las diversas formas de la exclusión urbana. Circunstancia que acercaría la realidad de los dos continentes y los conceptos que sirven para interpretarla e incluso, hasta cierto punto, las estrategias que permiten afrontarla.

Sin embargo, cabe hacer en este punto dos salvaguardas. La pri-mera es que la crisis de los años setenta y ochenta fue mucho más profunda y de mucho mayor alcance en América Latina (Psacharopoulos, G., 1993 ) y relativamente menos dolorosa en Europa Occidental, donde los mecanismos de la protección social actuaron de cojín de seguridad. La segunda es que esta última acababa de pasar por un considerable período de expansión, en el que la pobreza y la exclusión eran relativamente residuales y las personas excluidas eran, en general, individuos anteriormente incluidos en los sistemas de socialización, mientras que, contrariamente, en el conjunto de América Latina, la ausencia de integración de una gran parte de su población sería, si se me permite la expresión, ancestral, y encontraría sus raíces en la épo-ca colonial. Así pues, en este continente, los modos de constitución y de reproducción de la exclusión social, económica, política y cultural, tendrían una larga historia y características específi cas. Características que no impi-den emitir la hipótesis de un acercamiento de ambos continentes si fuera verdadera la afi rmación de una cierta “latinoamericanización” de la vida económica europea por su transición de una sociedad productiva hacia una más bien mercantil (Touraine, A., 1992). Hipótesis que se reafi rmaría con los efectos homogeneizadores de la globalización, no solamente económicos sino también sociales, culturales e ideológicos (Deacon, B., 1997). Las formas de empobrecimiento y de enriquecimiento también se globalizan (Chossudovsky, M., 1998). Por eso bastantes autores, especialmente en Brasil y Argentina (Minujin, A., 1997) hablan de la nueva pobreza en el sentido de que ciertas capas medianas y trabajadoras asalariadas caen bajo los marcos de pobreza

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como consecuencia de los efectos negativos de la globalización económica y de la infl uencia de las políticas neoliberales.

Si uno se adentra en las características específi cas, existen varias interpretaciones que se pueden diferenciar. La primera insiste en que la po-breza y la exclusión se explican y se encuentran profundamente relacionadas con las desigualdades estructurales y el proceso de acumulación (Lustig, N., 1995). En este sentido, no se podría hablar de exclusión de la sociedad, sino en la propia sociedad; incluso se sugiere (Martins, J. de S., 1997) que no se trata de un movimiento hacia fuera, sino más bien que el sistema económico presiona hacia dentro del mismo, con la fi nalidad de tener unos reproductores pasivos en una condición subalterna. La segunda pone de relieve la falta de acceso a los mecanismos y derechos de un estado protector limitado e inaca-bado, toda vez que la exclusión sería la negación de la ciudadanía (Sposati, A., 1999). Una tercera interpretación, pionera, dado que se fundamenta en una búsqueda hecha en México a fi nales de los años setenta (Lomnitz, C.A., 1975), insiste en la marginalidad como la población sobrante de las economías capitalistas dependientes, que crea sus propios círculos y redes apartados de la economía formal (Buarque, C., 2000).

Es interesante constatar que las tres corrientes comparten que la existencia de la economía informal es una fuente fundamental que alimenta la exclusión no solamente socioeconómica sino también política y cultural. Desde esta perspectiva la enorme importancia que este sector informal tie-ne en toda América Latina sería un elemento que la distanciaría de Europa, donde de todas maneras no deja de crecer, aunque lejos de los parámetros de América Latina. Pero, al mismo tiempo, en este continente, el sector informal constituye también un factor de inclusión sociolaboral y cultural. Millones de personas sobreviven gracias a los intercambios de bienes y ser-vicios, trabajan precariamente, tejen redes de socialización en un laberinto complejo, a veces inextricable, de complicidades y subsistencia. Además, sobre esta base constituyen, en parte, iniciativas en la búsqueda de trabajo y de rentas (Aquiles, C., 1999) que a veces se traducen en fórmulas de la economía social y solidaria (Lechat, N., 2000). Articulación entre creación de trabajo y nacimiento de otra economía (Cattani, A., 2003) en América Latina pero que igualmente se da en algunos de los modelos de la economía social de Europa (Estivill, J., 1999).

Otro elemento diferenciador sería el de la naturaleza y el papel del Estado, que si bien en Europa ha generado exclusión y continúa haciéndolo, se ha convertido en un asegurador de amplios niveles de servicios y presta-ciones para un gran número de ciudadanos y en una cierta garantía de sus

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derechos cívicos, políticos y sociales. Y aunque últimamente se tambalee, continúa siendo cierto que, desde la cuna hasta el cementerio, los ciudada-nos europeos están protegidos frente a los principales riesgos. Éste no es el caso de América Latina donde los niveles de protección son muy bajos o casi inexistentes (Tavares, L., 2000) y muy a menudo dirigidos a los colectivos más sólidos, sometidos a fuertes interferencias y discrecionalidades políticas. La capacidad de intervención estatal es reducida y ha tratado históricamente a la pobreza como objeto de la actuación asistencialista y de emergencia (Levinas, L., 2003) por no mencionar las fases agudas de represión y de dictaduras, en las que la exclusión física era el pan nuestro de cada día.

La autora citada anteriormente defi ende la tesis de que si bien la pobreza sería una problemática que debería de ser resuelta por las autoridades nacionales porque pueden tener los medios y porque afecta a las grandes decisiones de la política económica, fi scal, laboral y de la seguridad social, en cambio el tratamiento de la exclusión debería de ser responsabilidad de las autoridades locales. De hecho, en la mayoría de países de América Latina se dan procesos de descentralización política y administrativa que adquie-ren una mayor importancia en los que tienen una tradición más federalista (Lesbaupin, I., 2000). Pero el desarrollo local (Silva, B., 1996), los proyectos territoriales e integrales de lucha contra la pobreza y la exclusión han de afrontar un buen número de difi cultades. De entre ellas se puede destacar: la articulación entre el desarrollo económico y social; la falta de competencias y sobre todo de recursos por parte de las autoridades locales; la ausencia de una fuerte tradición de partenariado entre el sector público y el privado; el peso de las oligarquías locales; las difi cultades de coordinación territorial; y el carácter a menudo difuso de la exclusión urbana y territorial que no se corresponde con las divisiones administrativas e institucionales; etc... A pesar de todo esto, nacen centenares de iniciativas innovadoras, la fragilidad de las cuales hace que este considerable capital experimental no siempre sea aprovechado para establecer políticas y estrategias de mayor alcance. Pero esta característica no es un monopolio de América Latina y también se da en el continente europeo.

Ahora bien, el potencial, también diferenciador, de América Latina reside, muy probablemente, en lo que se ha llamado la sociedad providencial, a través de sus redes de solidaridad primaria y secundaria.

Con sus límites y contradicciones, la familia y muy especialmente las mujeres, los parientes y los amigos, los vecinos, los que pertenecen al mismo pueblo, “o compadrazgo”, las comunidades locales y las indígenas, constituyen fuertes redes de ayudas mutuas, de reciprocidad, que sirven para

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satisfacer las principales necesidades. También excluyen, pero no dejan de ser el motor principal a través del cual se cuidan las personas más débiles y con menos autonomía. En muchos países de América Latina son estas redes las que permiten acceder al trabajo bien a menudo informal, a la vivienda, a resolver, más o menos bien, los problemas de salud, a organizar los sistemas internos de poder y las relaciones con el exterior. Mientras que en los países centrales de Europa, aunque menos en los periféricos, este tejido se ha ido deshilachando y pasa a ser uno de los núcleos generadores de la exclusión social.

Pero tratar la segunda parte de esta especie de sociedad providencia ya es harina de otro costal. Tan sólo una búsqueda de mucha envergadura podría lograrlo. Sin embargo se puede avanzar algunas preguntas: ¿Cuál es la fuerza, la composición y el sentido del mundo asociativo, de los movimientos sociales de los que tanto se habla, de la economía social en América Latina?, y ¿en qué medida la dinámica constatable, por otro lado, en gran parte del mundo (Estivill, J., 2000) acerca o distancia a los dos continentes? ¿Corren paralelos los contenidos, las formas, las estrategias y las acciones colectivas de lucha contra la pobreza y la exclusión? (Gohn, G., 1997). Por ahora, se puede responder que la idea de trabajar en red, la participación y el reforzamiento de los afectados, el compartir responsabilidades en dinámicas partenariales, la perspectiva de intervención transversal e integral, el desarrollo local y territorial sostenible, y la implicación de los actores, son palabras comunes que atraviesan “el charco” como decían los emigrantes españoles cuando se iban a hacer las Américas.

En esta perspectiva, la hipótesis que va en el sentido de las se-mejanzas se podría verifi car cuando la noción de exclusión es aplicada en búsquedas, en programas, en proyectos operativos, ofreciendo un valor añadido, no únicamente para la comprensión de los fenómenos (Rodgers, G.; Gore, Ch.; Figueiredo, J.B., 1995) sino también por las estrategias que se aplican. Así, se puede comprobar que los programas europeos de lucha contra la pobreza y los actuales Planes Nacionales de Inclusión, aun con su diversa calidad (Comisión Europea, 2002), han hecho avanzar la comprensión de esta realidad y de las medidas que se toman. También en América Latina y especialmente en Brasil existen diagnósticos económicos (Singer, P., 1998), mapas locales (Sposati, A., 1996 y 2000) y atlas nacionales e internacionales (Pochnam, M.; Amorim, R., 2003) sobre la exclusión social.

Por último, no parece que los retos que estas estrategias han de intentar superar sean tan diferentes. En los dos continentes han de encontrar los caminos concretos que les permitan articular las políticas sociales con las económicas, crear una cultura política que no se aleje de las necesidades de los excluidos y no los vuelva opacos a su mirada, han de pensar y actuar local

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y globalmente, han de ampliar la protección social sin excluir las iniciativas colectivas y civiles, han de garantizar y volver accesibles los derechos, han de identifi car, analizar y explicar la exclusión para hacerla emerger y situarla en el corazón del debate político, social, económico y cultural, superando las tradicionales medidas reproductoras y paliativas, estableciendo estrategias integrales y territoriales sostenibles que comprometan a todos los actores, y que promuevan miles de proyectos experimentales capaces de crear solucio-nes transferibles para otros y para programas nacionales e internacionales.

De este modo, también se podrá comprobar hasta qué punto la noción de exclusión, esta forma de denominar la cara no reconocida de las sociedades, es útil y es compartida por todos los que luchan por una sociedad menos excluyente en Europa y en América Latina.

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NOTAS

1 Este artículo tiene unos antecedentes. Unos primeros planteamientos fueron presentados al Congreso de la Asociación de Sociólogos de lengua francesa celebrado en Ijui (Brasil) y serán publicados en francés y portugués en las actas del Congreso. Después, una parte de las refl exiones fueron expuestas en el 2º ciclo de debates organizado por la Sección de Psicología de la Intervención Social del Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya, en la sesión del 9 de diciembre de 2004 en Barcelona. El autor quiere agradecer la invitación de Josep Rodriguez Roca.

2 Éste es el sentido del programa STEP (Estrategias y Técnicas contra la Exclusión social y la Pobreza) que situado en el servicio de Políticas y Desarrollo de la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo fue creado en el año 1998, y con el que el autor colabora.

3 Una buena parte de las ideas de este apartado provienen del libro Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias. Ginebra.OIT/STEP.2003. En este libro se encuentra una larga lista de referencias sobre la exclusión en Europa. En este artículo se insiste en la bibliografía latinoamericana.