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La reforma política del DistritoFederal de 1986-1996/1997:avances y tareas pendientes

CARLOS ALBERTOBRISEÑO BECERRA*

territorial que configuraba el centropolítico de México (Peschard, 1997).

No obstante lo anterior, después delas cuestionadas elecciones de 1988,en México surgió la necesidad de esta-blecer cambios institucionales que res-pondieran a una creciente demanda porla democratización del sistema políti-co mexicano. A pesar de que los resul-tados electorales publicados por laComisión Federal Electoral (CFE, 1989)dieron como triunfador al candidatopresidencial del PRI, Carlos Salinas deGortari con el 50.74% de los votos,1

* Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente está inscritoen el Programa de Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, Universidad deSalamanca, España. Correo electrónico: albertobri@hotmail.com

1 Aunque los datos computarizados arrojaron el porcentaje de 48.7% de la votacióntotal que es el la diferencia entre los votos efectivamente emitidos contra los votosoficialmente computados (Molinar y Weldon, 1990: 234).

I

seguido por el candidato de la coali-ción denominada Frente DemocráticoNacional (FDN) y del Partido MexicanoSocialista (PMS), Cuauhtémoc Cárdenas,quien obtuvo el 31.6% de los votos; lademanda por una mayor apertura po-lítica se expresó con gran fuerza en laciudad capital, ya que el PRI obtuvomenos del 30% de la votación en elDistrito Federal (Molinar y Gutiérrez,1996).

Por lo anterior, una de las estrate-gias de la oposición aglutinada en elFDN cuyo candidato era el ex priista,

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es dar cuenta del proceso de reforma política de1986-1996/1997 en el Distrito Federal (D. F.) y su impactó en la autonomíade las estructuras gubernamentales y de representación de la ciudad deMéxico. En este sentido, la reforma al gobierno del D. F. se inscribe en unproceso mayor de democratización en México, primero con una lógica deotorgamiento del PRI a la oposición y después con un reclamo de democra-tización en el cual el gobierno federal, los partidos políticos y la “sociedadorganizada”, a través de complejas negociaciones acordaron que el Jefe deGobierno de la Ciudad, los miembros de la ALDF (asamblea legislativa del D. F.)y los jefes de las 16 delegaciones fueran elegidos por la ciudadanía con loque se restituyeron los derechos políticos de los habitantes de la ciudad yse politizó un espacio político que desde 1928 funcionaba como una enti-dad administrativa del priismo. No obstante lo anterior, queda pendiente lapuesta en marcha de una nueva reforma política que establezca un gobier-no local autónomo sustentado en un diseño democrático y la erradicación deprácticas clientelares de los partidos políticos que impiden la formaciónde una ciudadanía local.

Históricamente el Distrito Federal hasido el centro de la vida política deMéxico. Por la tradición centralista delpaís en el D. F. se encuentran asenta-dos los poderes federales. De maneraque en la capital del país se han pro-cesado las decisiones más importantesque tienen consecuencias para la vidapolítica nacional. Así mismo, los pro-yectos más importantes en términos demodernización política y económica delpaís se han llevado a cabo en la ciudadcapital.

Por su estatuto jurídico y su im-portancia política el D. F. ha sido fre-cuentemente asociado a la nación. Loque acontece en este ámbito local seha confundido en diversas ocasionescon lo que acontece a nivel nacional,pues lo que sucede en el D. F. rápida-mente trasciende su dimensión local.En el D. F. los niveles local y nacionalhan generado una dinámica particular.

Tradicionalmente las autoridadespolíticas habían sido designadas por elEjecutivo, ya que se pretendía evitardificultades o querellas entre las auto-ridades locales y federales debido a queambas compartían un mismo espacio

ntroducción

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Cuauhtémoc Cárdenas, era la ocupaciónterritorial y simbólica a través de ma-nifestaciones públicas en el centro delpaís. El D. F. es significativo desde elpunto de vista electoral, pero el retra-so de su proceso de democratización,en un contexto de apertura políticanacional, también se explica porquetradicionalmente ha sido una ciudadsubvencionada y protegida, además decontar con un complejo entramadode relaciones clientelares entre el gobier-no federal y distintos sectores socialesagrupados en gremios cuya mediaciónera a través del partido oficial.

A pesar de este primer gran “desa-fío organizado” al régimen político, enlas elecciones de 1991 el PRI obtuvoun avance considerable en todo el te-rritorio nacional. Lo anterior tuvo con-secuencias importantes para contenerel avance de la oposición y de la refor-ma política del D. F. de manera que elPRI pudo introducir una serie de res-tricciones para aplazar su discusión. Eneste sentido, el gobierno federal sólopermitió aquellas posiciones de refor-ma que no establecieran modificacio-nes al status quo. El gobierno y el PRI

acordaron aplazar aquellos debates quediscutían la posibilidad de que la ciu-dadanía participara de la elección de susgobernantes, delegados y jefe de go-bierno, y del status jurídico del D. F.como estado 32.

En la década de 1990 coinciden porun lado el debilitamiento del aparatocorporativo clientelar y, por el otro, elfortalecimiento de la demanda por laampliación de los derechos de los ca-pitalinos, que serían una de las ban-deras de la oposición, sobre todo de laizquierda, que hizo suya la lucha elec-toral. De esta manera, entrarían ensintonía la lucha por la democratiza-ción y la lógica gradualista de las re-formas políticas en el ámbito federal,ya que por su peso político el destinodel DF estuvo “encadenado” al desti-no nacional (Peschard, 1997: 217).

El movimiento democratizador quepermitió impulsar la participación de

la ciudadanía en la elección directa desus autoridades y la discusión del ca-rácter del DF como estado 32 fue unproceso paulatino y de cambio gradual.Lo anterior no fue producto de unalógica de “otorgamiento” o “concesión”del partido gobernante a la oposición,por el contrario “el proceso se le salióde las manos”, ya que inscribe en mo-vimiento de democratización en el quecoincidieron una serie de cambios insti-tucionales introducidos por las refor-mas políticas e intensas y arduasnegociaciones entre los actores políti-cos que establecieron un sistema elec-toral centrado en institucionesadministrativas y judiciales autónomas(IFE y TRIFE).

Las reformas políticas, sobre todola de 1996, impactaron de manera im-portante las estructuras gubernamen-tales y de representación de la ciudadde México. Los cambios introducidospor la reforma posibilitaron que el Jefede Gobierno de la Ciudad fuese elegidopor la ciudadanía, con lo cual se ter-minó la época en la cual su nombramien-to era atribución exclusiva delEjecutivo. Así mismo, a partir de 1993se consolida la Asamblea de Represen-tantes del D. F. (ALDF) como órgano degobierno con facultades legislativas quedejan de ser meramente reglamenta-rias. Pero, a pesar de lo anterior aúnestá pendiente la discusión sobre el sta-tus de D. F. como el estado 32.

Para dar cuenta del proceso de de-mocratización en el cual se inscribe elcaso de la reforma al D. F. se abordanun conjunto de cambios políticos y so-ciales que posibilitaron tal apertura;en segundo lugar, se señalan las refor-mas políticas de 1986, 1993-94 y 1996;en tercer lugar, los resultados políti-cos y los problemas que se tiene parael establecimiento de un gobierno lo-cal autónomo y, finalmente, apunta-remos algunas conclusiones finales.

I. EL PROCESO DEDEMOCRATIZACIÓN EN MÉXICO Y EL

LUGAR DEL DISTRITO FEDERAL

México ha experimentado una profun-da transformación política a través dereformas negociadas y cambios insti-tucionales. Este proceso se ha caracte-rizado por su lentitud y gradualismoque se explica fundamentalmente pordos factores: la forma que adoptó el“modo de transición” y el alto gradode continuidad entre el antiguo y elnuevo régimen (Schedler, 2001). Elproceso de transición a la democraciapuede explicar que en México hubo unasustitución de “fuentes de legitimi-dad”: se pasó de un régimen que fun-daba su legitimidad en un “origenrevolucionario” y donde el presidentetenía atribuciones “metaconstituciona-les” (y actuaba a través del partidohegemónico) a otro donde el principiode soberanía popular se expresa en elvoto y las elecciones dejaron de ser so-lamente un ritual (Woldenberg, 2000).

Por su parte, Todd Eisendstadt(2004) señala que en México se susti-tuyó de forma gradual a las institucio-nes “oficiosas” (de negociación delbotín electoral) por instituciones ofi-ciales relacionadas con la democrati-zación y la llegada de elecciones librese imparciales. Explica que el PAN, des-de 1939, logró cimentar su posición enel ámbito local por medio de una seriede luchas poselectorales en las cualesel propio partido junto con otros par-tidos perdedores impugnaron las elec-ciones en mesas de negociación yobtuvieron “concesiones” del PRI paradesmovilizarse pacíficamente. De 1977a 2000, pocas veces pudieron ganar lospartidos de oposición por las reglasdesiguales implantadas por el PRI-go-bierno.

En síntesis, durante las últimas tresdécadas México experimentó cambiosgraduales de “enorme significación”, yaque se pasó de tener una vida políti-ca que se basaba sólo en una opciónpartidista a otra que se constituye a

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través de un sistema de partidos. Estecambio ha trascendido los tres nivelesde gobierno (federal, estatal y munici-pal) y ha trastocado al sistema presi-dencial, la relación entre poderes, elfederalismo y la organización de la so-ciedad civil. Con las reformas electora-les de 1977 hasta 1996 se avanzó deforma paulatina y permitieron incor-porar fuerzas políticas significativas deizquierda que en otros momentos de lapolítica estuvieron excluidas de la con-tienda electoral, así como la creaciónde instituciones electorales especiali-zadas y autónomas (IFE y TRIFE) quebrindarían certidumbre e imparcialidadpara dirimir los conflictos electorales(Woldenberg, 2000: 153).

Por lo anterior, dos momentos “cla-ve” de la transición fueron las eleccio-nes de 1997, en la cual el PRI perdió lacapital del país y las elecciones del 2de julio del año 2000, en las cualesperdió la presidencia de la repúblicaque era la pieza clave del sistema pre-sidencialista.

En este contexto democratizador,como señalaremos más delante, el pro-ceso de cambio político del DistritoFederal está muy ligado al impulso dereformas políticas a nivel federal. Lasreformas que han cambiado la compo-sición jurídica del D. F. desde 1928 yque eliminaron la figura de municipiosen la ciudad de México han tenido susantecedentes en los cambios en el ám-bito federal, de manera que este nivelha definido y orientado los procesospolíticos locales.

¿Qué fue lo que permitió que unespacio político tan importante comoel D. F. haya sobrevivido tanto tiempolos embates democratizadores de ma-nera que retardara la aplicación de losderechos políticos de sus habitantes?La respuesta a esta interrogante desdeel punto de vista de Peschard (1997)fue la combinación de dos lógicas queestructuraron la gobernabilidad en laciudad. La primera se refiere al carác-ter asistido y proteccionista del D. F. y,por otro lado, una serie de intercam-

bios clientelares del gobierno con dis-tintos grupos organizados cuya media-ción era el mismo partido político (PRI).

Durante la década de 1980 estas doslógicas comenzaron a erosionarse. Apartir de un cambio de la élite gober-nante que tiene una orientación másliberal en la que el papel del mercadoes central (González Plascencia, 2006).Este giro coincide con el perfilamientode un nuevo modelo económico dondeel mercado es privilegiado frente a unestado mínimo centrado en la preven-ción de riesgos y el control de eventua-lidades para el propio mercado. Además,se exigía que los gobiernos estable-cieran un Estado de derecho para prevera las instituciones de certidumbre ypredictibilidad ante el aumento de lacorrupción y la ineficacia que son per-judiciales para establecimiento delmercado.

Las reformas económicas empren-didas en esa década estaban orienta-das a los procesos de globalización yapertura comercial, para lo cual se ne-cesitaban cambios en el diseño insti-tucional de manera que el Estadogarantizara certidumbre en el merca-do. Por lo tanto, la reforma económicay la reforma política desmantelaron elmodelo de Estado vigente durante el si-glo XX a través de procesos de privati-zación, desregulación y competenciapolítica.

En este contexto de democratiza-ción y erosión del modelo autoritario,la demanda por la democratización enel D. F. fue cobrando importancia, demanera que la ampliación de los dere-chos de los capitalinos para elegir asus autoridades se colocó en el centrode la agenda política y en “sintonía”con las reformas políticas federales. Porla importancia política del D. F., en vezde acelerar el proceso de reforma polí-tica lo encadenó a una lógica de refor-ma política nacional con una lógica de“juego anidado”.

Las elecciones de 1988 representa-ron el primer gran “desafío organiza-do” al régimen. La campaña política

de Cuauhtémoc Cárdenas logró agluti-nar el descontento político y social.Este episodio inauguraría una nuevaetapa en la lucha política en la cual laoposición tendría cada vez más un pesopolítico importante; además, el peso delas urnas cobraría un nuevo significa-do para la competencia electoral.

A pesar del triunfo del candidatodel PRI, Carlos Salinas, con el 50.74% delos votos, y la gran derrota del candi-dato de la coalición denominada Fren-te Democrático Nacional (FDN) y delPartido Mexicano Socialista (PMS),Cuauhtémoc Cárdenas, quien obtuvo el31.6% de los votos, la demanda pormayor democratización se expresó congran fuerza en la ciudad capital, ya queel PRI obtuvo sólo el 27% de la vota-ción en el Distrito Federal (Molinar yGutiérrez, 1996). Lo anterior es signi-ficativo, ya que por primera vez los ciu-dadanos decidieron apostarle a lasurnas como manera de expresión denuevas orientaciones y preferenciaspolíticas.

Si bien es cierto que la llegada alpoder de Carlos Salinas estuvo empa-ñada por la imagen del “fraude electo-ral” en relación con la famosa frase dela “caída del sistema” en la jornadaelectoral, también es cierto que el nue-vo gobierno trataría de remontar su es-casa legitimidad a través de unaestrategia de recuperación y de ataquea la oposición que no reconocía su au-toridad y que se había convertido enun movimiento social importante queaglutinó una serie de organizaciones yasociaciones ciudadanas: el neocarde-nismo.

En un contexto complicado por lossaldos del proceso electoral, con unaoposición fortalecida y la pérdida de lamayoría calificada en la Cámara deDiputados (260 de los 500 escaños) ne-cesaria para la aprobación de modifi-caciones a la Constitución, el ejecutivose vio en la necesidad de negociarcon el otro partido de oposición rele-vante: el PAN. De manera que se inicia-ría una dinámica que se extendería

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hasta la reforma de 1994 de coopera-ción entre el PRI y el PAN y de confron-tación entre el PRI y el PRD.

II. LAS REFORMAS DE 1986,1993-1994 Y 1996

La relación entre el gobierno federal yel D. F. se puede entender como unaserie de equilibrios políticos. Las au-toridades del D. F. han sido tradicio-nalmente designadas de manera que lagestión gubernamental en principio fuesu fuente de legitimidad. Lo anteriorera posible gracias a una gran canti-dad de recursos destinados a la infra-estructura y servicios urbanos y alcomplejo sistema de redes clientelaresentre el gobierno y sectores organiza-dos (por ejemplo, el sector popular delpartido) lo que le daban un margen demaniobra política importante.

Los habitantes del D. F. han estadorelacionados de manera directa con elgobierno a través de grandes subsidioseconómicos y control político:

Mantener precios bajos para los ser-vicios públicos y las tasas impositivasfue una regla que compensaba la in-tolerancia gubernamental frente a ex-presiones de disidencia de desconten-to (Loaeza, 1995: 99).

Los acuerdos políticos importantesque sustentaban la gobernabilidad enel D. F. estuvieron cimentados en elclientelismo gubernamental, de maneraque configuraron una serie de inter-cambios gremiales y vecinales con elpoder público. Las temáticas asociadasa esta dinámica clientelar, por ejem-plo, vivienda y servicios urbanos tu-vieron su origen en un arreglo políticocon el PRI. Estos canales de gestiónmantuvieron la estabilidad política enel DF por muchas décadas.

La gestión local contaba con el res-paldo del poder federal, de manera quese imbricaban la lógica local y federalen el juego anidado, lo que permitióque la cuestión electoral se retrasara

porque la situación respondía justa-mente a los equilibrios políticos. Apesar de que el D. F. ha contado conuna tradición de oposición ya que his-tóricamente en esta entidad el PRI haregistrado niveles bajos de votacióncuyo punto crítico fueron las eleccio-nes de 1988 no ha sido necesariamen-te en detrimento del régimen, ya queintervienen los efectos del sistema elec-toral de fórmula preponderantementemayoritaria y la presencia del partidohegemónico (Peschard, 1997).

A partir de la década de 1980 sepuede hablar de una revitalización losciudadanos del DF. La coyuntura de1988 cristalizó una serie de tensionessociales en la organización y expresiónde las demandas ciudadanas. En esteperiodo también se dieron numerosasmovilizaciones ciudadanas en las queparticiparon organizaciones tales comoel Movimiento Urbano Popular (MUP),la Coordinadora Única de Damnificadosdel terremoto de 1985 (CUD), la Asam-blea de Barrios (AB), por citar algunas,cuyo objetivo era incidir en la crea-ción de canales alternativos de la ex-presión de demandas ciudadanasindependientes y el cuestionamientode los canales tradicionales de inter-mediación política (Cadena Roa, 2004).

La movilización y la confrontaciónde las organizaciones sociales, así comola gestación de distintas formas de par-ticipación autónoma, además de evi-denciar la capacidad auto-organizativade la sociedad organizada motivó lapuesta en marcha de la reforma políti-ca del gobierno del D. F. en 1986 a ini-ciativa del entonces presidente de larepública, Miguel de la Madrid, cuyoobjetivo sería la creación de nuevascondiciones para la gobernabilidad asícomo la expresión de las demandas ciu-dadanas.

La reforma se tradujo en algunasmodificaciones a la Ley Orgánica delDistrito Federal (LODDF) para que secreara la Asamblea de Representantesdel Distrito Federal (ARDF). Luego deuna tradición de supresión de los de-

rechos políticos de los capitalinos y deque se eliminara el régimen municipalen el D. F., la creación de la ARDF repre-sentó el inicio de un proceso lento ysinuoso de restitución de los derechospolíticos de los habitantes de la ciu-dad para elegir libremente a sus repre-sentantes.

A pesar de estos avances el desper-tar ciudadano pronto se eclipsaría. Elretraso de la evolución política del D. F.continuó a pesar de un contexto deefervescencia social y política de losdistintos movimientos sociales. El ré-gimen jurídico del D. F. no se modificóde manera sustancial, ya que el gobier-no del D. F. continuaba en manos delEjecutivo Federal y el papel de la ARDF

era sobre todo de carácter administra-tivo y por la vía de los hechos estabasubordinada al Congreso de la Unión ypor supuesto al Ejecutivo.

Algunos analistas señalan que lacreación de la ARDF representa una con-cesión u otorgamiento del régimen ala oposición ante la demanda de crearel estado 32 cuyo objetivo era la ins-tauración de un gobierno autónomodonde sus habitantes pudieran elegirdemocráticamente a sus propios gober-nantes (Peschard, 1997, Woldenberg,1997). De manera que en sus inicios,este órgano no incidió en la estructu-ra de representación ciudadana, sinojusto lo contrario, reforzó los mecanismosclientelares ya existentes (su integra-ción estuvo a cargo de funcionarios yoperadores partidistas del PRI) con loque se garantizó la reproducción delsistema político mexicano en el ámbi-to local.

La ARDF logró reunir, a través delos procedimientos electorales, una plu-ralidad de fuerzas políticas en la capi-tal del país y logró la integración de lapluralidad y la diversidad política. Apesar del contexto problemático de1988 en la discusión de las reformasconstitucionales y electorales de 1989y 1990 este tema no apareció más. Lo cualse explica en parte por la gran recupe-ración del partido oficial en 1991.

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La llamada recuperación oficial lepermitió al partido hegemónico retra-sar los cambios en la reforma políticadel D. F. ya que obtuvo el 58% del totalde votos a nivel federal y también re-cuperó la mayor parte de los distritosque perdió en las elecciones de 1988,lo que le permitió obtener el triunfoen 290 diputaciones de mayoría. Alparecer, la caída del voto priista en1988 había quedado atrás gracias a unacombinación de factores económicos,políticos y sociales, así como a la es-trategia de recuperación de la legiti-midad por el ejercicio de gobierno queincluía la puesta en marcha de un ambi-cioso programa social denominado Pro-grama Nacional Solidaridad (PRONASOL).

Hasta 1992 se abrió el debate demanera que se perfiló una reforma pa-ralela a la electoral que, como hemosseñalado, tiene una lógica de imbrica-ción local-nacional. Las posiciones detodos los partidos señalaban la necesi-dad de transformar al D. F. en el estado32 con su propia estructura de gobier-no (ejecutivo y legislativo electos),mientras que del lado del PRI su posi-ción era ambigua y distorsionadora delproceso de diferenciación política.

Se instaló una Mesa de Concertaciónen la que participaron todos los parti-dos y el gobierno del D. F., así comotambién autoridades del ex Departa-mento del Distrito Federal (DDF), y seexpusieron múltiples puntos de vista delos partidos y las autoridades a travésde la Mesa de Concertación de la Refor-ma Política del D. F. (Woldenberg, 1997).

El objetivo de la Mesa era lograr unaserie de acuerdos entre las autorida-des y los partidos políticos para pre-sentar una iniciativa de reformajurídica y política del DF que contem-plara cuatro puntos fundamentales: 1)forma de gobierno y derechos de la ciu-dadanía; 2) hacienda pública; 3) coor-dinación metropolitana y organizaciónterritorial y servicios públicos y; 4)procuración de justicia.

Uno de los puntos importantes de lareforma fue la puesta en marcha de un

“plebiscito” que contribuiría a darlevisibilidad al tema de la reforma polí-tica del D. F., aunque en ese contextotanto la mesa de negociaciones comoésta consulta ciudadana entrarían encontradicción con la estructura verti-cal gubernamental, es decir, la incom-patibilidad entre el “lugar o la sede delos poderes federales” y la formaciónde un gobierno local elegido democrá-ticamente.

El trabajo desarrollado por la Mesade negociación se complicó, ya que lasposiciones partidistas iniciales se modifi-caron, algunos amenazaron con retirarsedel proceso y otros se encaminaron allogro de acuerdos iniciales. Finalmen-te, en febrero de 1994, por decreto delCongreso de la Unión, el Distrito Federalpasaría a ser una “entidad federativa”y se expidió el nuevo Estatuto de Go-bierno del Distrito Federal (EGDF) ymeses después la ARDF pasaría a cons-tituirse en un órgano de gobierno demanera conjunta con el Regente capi-talino y el Tribunal Superior de Justi-cia, y se le ampliarían sus facultadespara transformarse en la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal (ALDF).

Las modificaciones constituciona-les introducidas por las reformas aco-taron las facultades del Ejecutivofederal en relación con el nombramien-to del jefe de gobierno del D. F. que sibien seguiría siendo su atribución, apartir de 1997 sería un miembro de laAsamblea, diputados federales o sena-dores del D. F. electos y su ratificaciónsería por la propia ALDF.

Estas pequeñas modificaciones in-troducidas en el diseño gubernamen-tal del D. F. si bien fueron algunasconcesiones del gobierno a la oposición,no se entienden sin el aumento de laparticipación ciudadana en la ciudadcapital. En buena medida las modifica-ciones constitucionales durante el go-bierno de Carlos Salinas estuvieronprecedidas por una vigorosa participa-ción ciudadana. La experiencia del ple-biscito ciudadano, a pesar de losproblemas de organización, influyó de

manera importante sobre la reformapolítica del Distrito Federal. El plebis-cito marcó también una nueva formade participación de la sociedad civil quepuso en el centro del debate la deman-da ciudadana de mayor democratiza-ción en la capital del país.

La reforma más significativa es lade 1996, la cual sí modificó el régimenjurídico y político de Distrito Federal.Esta reforma quedó inscrita en el mar-co de la reforma federal anunciada porel ex presidente Ernesto Zedillo y califi-cada como “definitiva”. El contexto enque se produce esta reforma está liga-do a una crisis política marcada por laviolencia política (asesinato en 1994del candidato presidencial del PRI y elasesinato del secretario general de esemismo partido), un levantamiento ar-mado (el EZLN) y una severa crisis eco-nómica conocida como el “error dediciembre”.

La puesta en marcha de esta reformaera una manera de darle salida institu-cional a la crisis política y económicadel país. Así, se incorporó a las nego-ciaciones al PRD que anteriormente es-taba excluido de la negociación deljuego electoral. Al gobierno federal “nole quedó de otra” más que ofrecer laelección directa del jefe de gobiernode la ciudad de México, pero dejó delado el asunto del estatuto jurídico delD. F. de convertirlo en el estado 32 dela federación.

Los avances introducidos por la re-forma de 1996 contemplaban que elgobierno capitalino ya no dependeríade los poderes federales, sino que suorganización y administración sería apartir de los poderes Ejecutivo, Legis-lativo y Judicial de carácter local. Asímismo, a partir de 1997 el Jefe de Go-bierno del D. F. sería electo medianteel voto de los ciudadanos de la capitalcon lo que se anulaba la facultad delpresidente de la República para nom-brarlo y su legitimidad dependería delapoyo electoral.

En cuanto a las facultades de la ALDF

para evitar conflictos con otros órga-

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nos federales, quedarían asentadas enla Constitución Política. Otro cambiosignificativo fue el nombramiento delos titulares de las delegaciones políti-cas que a partir del año 2000 seríanmediante el sufragio libre y secreto delos ciudadanos del D. F. Posteriormen-te, en el año de 1997 se promulgó laLey de participación ciudadana del Dis-trito Federal y el Código Electoral delD. F.

A manera de síntesis, el cuadro 1hace un breve recuento de los cambiosintroducidos por las distintas reformaspolíticas de 1986 a 1997, las cualesmodificaron la naturaleza jurídico-po-lítica del D. F. En particular con lareforma de 1996 se restituyeron losderechos de los ciudadanos de la ciu-dad capital para elegir a sus gobernan-tes y la legitimidad de sus autoridadesestaría sustentada en el voto popular.

III. RESULTADOS POLÍTICOS YDIFICULTADES PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNOLOCAL AUTÓNOMO

Con la creación del cargo de Jefe deGobierno de la Ciudad de México los dis-tintos partidos políticos encontrarondiferentes maneras de promocionarsee identificarse con los ciudadanos dela capital. El espacio político que repre-senta el D. F. paulatinamente fue do-tando de mayor importancia a los gruposy las corrientes internas de los parti-dos políticos, es decir, propició la con-solidación de una élite partidariacapitalina con influencia nacional.

La reforma de 1996 rápido rindiófrutos para la oposición, ya que el 6 dejulio de 1997 Cuauhtémoc CárdenasSolórzano, candidato del PRD ganó lajefatura de la ciudad de México con el

48% de los votos y una mayoría perre-dista ocupó los escaños en la ALDF

(45.4%). Las elecciones de 1997 sonsignificativas ya que la tercera fuerzapolítica excluida, el PRD, gana el go-bierno del D. F., lo cual rompió más desiete décadas de tradición autoritariaque impedía a los ciudadanos del D. F.elegir democráticamente a sus gober-nantes y a sus representantes a la ALDF.

En el año 2000 se eligió por segun-da vez al Jefe de Gobierno capitalino ynuevamente el PRD obtuvo el triunfocon su candidato, Andrés Manuel LópezObrador quien obtuvo el 34.5% de lavotación en la entidad. Así mismo, seeligieron por primera vez a los jefesdelegacionales de las 16 demarcacio-nes, lo que mostró una intensa com-petencia entre los partidos políticos:el PRD obtuvo 10 delegaciones y el PAN

6. Estas elecciones consolidaron la pre-sencia del PRD en la capital del país alobtener la mayoría absoluta en laAsamblea Legislativa.

Si bien es cierto que con la llegadade la oposición al D. F. incidió en elproceso de democratización capitalinoy al reacomodó a las distintas fuerzaspolíticas en el panorama político y seincentivó la participación ciudadana enel ámbito local, también es cierto queaún permanecen condiciones estructu-rales que afectan el proceso mismo dedemocratización.

A pesar de los cambios jurídico-po-líticos del D. F. permanecen prácticasdel viejo esquema clientelar del gobier-no autoritario. Los partidos políticoshan encontrado distintas maneras deinsertarse en el modelo priista quedesplegaba políticas paternalistas deincorporación de grandes sectores so-ciales, lo que configura una relaciónvertical entre los “clientes” y el gobier-no, y alienta cierta complicidad estruc-tural de distintos sectores sociales parasatisfacer sus necesidades básicas (vi-vienda, transporte, comercio, etc.) conlos partidos políticos (Espinosa, 2004).

Otro punto de conflicto potenciales que el D. F. es la sede de los poderes

CUADRO 1REFORMAS POLÍTICAS Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL

Año de Cambios en la estructura de gobierno del D. F.reforma

1986 Algunas modificaciones a la Ley Orgánica del Distrito Federal (LODDF) permitie-ron la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF),cuyas funciones iniciales fueron más administrativas.

1994 Luego de varias negociaciones entre las principales fuerzas partidistas y el go-bierno, el Distrito Federal pasaría a ser una entidad federativa. Se expidió elEstatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGDF) y la ARDF pasaría a constituirseen un órgano de gobierno de manera conjunta con el Regente capitalino y elTribunal Superior de Justicia. Además, se le ampliarían las facultades a la ARDFpara transformarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

1996 Se estableció que el Jefe de Gobierno sería electo mediante el sufragio, directo,universal y secreto de los ciudadanos de la capital y se anulaba la facultad delPresidente de la República para nombrarlo.

Las facultades de la ALDF quedaron asentadas en la constitución para evitarconflictos con otros órganos federales.

Derivado de ésta reforma se permitió que los 16 jefes delegacionales del D. F.fueran electos mediante sufragio directo, universal y secreto, para el procesoelectoral del año 2000.

1997 Se promulga la Ley de participación Ciudadana de Distrito Federal y el CódigoElectoral del Distrito Federal.

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federales y al mismo tiempo es la enti-dad política más importante del país,lo que ha llevado al establecimiento deuna rivalidad entre el Jefe de Gobier-no del D. F. y el Presidente de la Repú-blica. Anteriormente ambos cargos eranocupados por personas del mismo par-tido político ya que el criterio que pri-vó fue el de gobernabilidad y se aplazóel de democratización.

El estatus jurídico del D. F. comoestado 32 permanece pendiente. En eldebate por la creación de un gobiernolocal autónomo sustentado en un di-seño democrático se ha polarizado en-tre los partidos políticos. Como haseñalado Andreas Schedler (2002), an-tes que la reforma está la competenciapolítica. La lógica de la competenciapor el voto electoral eclipsa la lógicade la reforma por la creación del estado32 que eventualmente permitiría defi-nir de manera clara las competenciasexclusivas del gobierno local y federal,por ejemplo: la deuda pública del D. F.,la descentralización administrativa y laelaboración de programas de desarro-llo urbano y servicios públicos, entreotros.

CONCLUSIONES

La reforma política al Distrito Federalsin duda es un proceso de cambio gra-dual y paulatino que ha posibilitado larestitución de los derechos políticos delos ciudadanos con la elección de Jefede Gobierno, la elección de los miem-bros de la ALDF y la elección de los 16delegados, además del reacomodo delas distintas fuerzas políticas en la ca-pital del país. De manera particular, laelección del jefe de gobierno de la ciu-dad conlleva un proceso de politiza-

ción ciudadana ya que desde 1928 elD. F. funcionaba como un departamen-to administrativo del gobierno federalpor ser el centro político del país.

En procesos electorales cada vezmás competitivos el D. F. se ha consti-tuido como una plataforma de visibili-dad política, con lo que se corre el riesgode que la resolución de los problemas dela ciudad se postergue y se confundan,y los actores políticos y sociales privi-legien sólo la competencia electoral.Como lo muestran los episodios ríspidosprotagonizados por el ex jefe de gobier-no del D. F., Andrés Manuel López Obra-dor y el ex presidente de México,Vicente Fox, cuyo desenlace fueron laselecciones conflictivas de 2006.

Lamentablemente los cambios in-troducidos por las reformas no hanpodido atajar las prácticas clientelaresque los partidos políticos establecencon la ciudadanía. Así, se han mante-nido y se han incorporado nuevas“clientelas políticas” provenientes desectores excluidos, lo que alienta la com-plicidad estructural que sustituye laformación de una ciudadanía local porel establecimiento de clientelas loca-les a través de redes de informalidad.

Finalmente, la discusión sobre elestatus jurídico del D. F. como estado32 permanece pendiente, ya que lospartidos políticos han privilegiado lacompetencia política sobre la reformapara el establecimiento de un gobiernoautónomo en la ciudad capital. La lógi-ca de la competencia política puede obs-taculizar o eclipsar la puesta en marchade una nueva reforma política que per-mita definir de manera clara las compe-tencias exclusivas del gobierno local yfederal para atacar problemáticas socia-les y políticas propias de esta entidad.

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2009 ■ NÚMERO 8 ■ AÑO 8 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD62

ACTA REPUBLICANAP O L Í T I C A Y S O C I E D A D