Reforma de la función públicaen España: el Estatuto que viene

Francisco Moyado Estrada*

Dentro de los diversos aspectos que conforman el proceso de reforma políti-co-institucional en España, uno de los que llama particularmente la atenciónes el que tiene que ver con la reforma de la función pública. En principio por-que se trata de una reforma en curso desde hace por lo menos diez años, queha concentrado los esfuerzos de gobiernos de diferente extracción política.También por que a partir de sus principales líneas de orientación es posibleidentificar las estrategias y el marco general de reforma en que emprendieroneste ejercicio los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapa-tero.

Por tanto retomando un trabajo que presenté en agosto de 1997 tanto enEspaña como en México,' en el que analizaba el contexto político-administra-tivo en que se desarrollaba el primer intento del gobierno del presidente Aznarpara reformar la función pública, en este artículo se realiza un estudio compa-rativo de ambos procesos destacando las principales líneas de argumenta-ción, los instrumentos jurídicos, las estrategias de negociación con actorespolíticos, sindicales y congresionales, así como el papel que juega el enfoqueglobal de reforma institucional en el proceso de negociación legislativa.

• Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y TheJhons Hopkins University.

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Integración europea y reforma de la función pública

Los Estados y las administraciones públicas de los países de la Unión Euro-pea han experimentado cambios importantes en función de los procesos deintegración y convergencia económica y política. Esos cambios han provoca-do una reestructuración del sector público, la transformación de las culturasburocráticas y fundamentalmente una mayor racionalización y flexibilizaciónde los sistemas de función pública, proceso que busca detener el crecimientodel empleo público, la introducción de técnicas de evaluación del desempeñoy el tratamiento diferencial de los funcionarios, a través de la modificación delas disposiciones normativas que conforman su marco de regulación.

Ahora bien, los cambios que se han experimentado en los sistemas de fun-ción pública, derivan por una parte de los procesos de reforma administrativaque se impulsan como parte de la integración económica, pero también de loscambios que experimenta el mundo del trabajo y de los cuales el sector públi-co no se puede sustraer. Tal como se considera desde la perspectiva delempleo, a partir de la necesidad de reducir los recursos humanos del sectorpúblico, la preocupación de los reformadores se ha centrado en la forma deretener a los mejores elementos, y promover su desarrollo en términos de ca-lificaciones, condiciones de trabajo, posibilidades de progresión profesional ymotivación.

Al respecto un documento publicado por la Organización Internacional delTrabajo (01T), señalaba hace algunos años: "En Europa continental, se solíaconsiderar que los funcionarios tenían un empleo de por vida. Esta creenciaestá ahora desapareciendo y el público en general también ha cambiando suopinión al respecto y ahora considera el trabajo de los funcionarios como 'untrabajo normar.'

Visto así, el concepto de función pública ha cambiado en la medida en que elpropio concepto tradicional de empleo también se ha modificado; por ejemplolas diferencias entre el tipo de ocupación de los sectores público y privado soncada vez menores, la movilidad del personal es mayor, además las remunera-ciones en función del rendimiento, así como procesos de negociación laboralmás descentralizados, influyen en una mayor racionalización y por tanto en unamayor vulnerabilidad entre los funcionarios públicos.

Incluso organismos como la Organización para la Cooperación y DesarrolloEconómico (OCDE) sostienen que el proceso de reforma habrá de continuar poresa vía, en espera de que, en términos generales, produzcan en las próximasdécadas un sector público más eficaz y que será radicalmente diferente en apa-riencia y comportamiento, el cual se caracterizará esencialmente por:

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Una menor intervención en la prestación de servicios directos.

Proporcionar un marco flexible en el que puedan desarrollarselas actividades económicas.

Evaluar continuamente la eficacia de las políticas aplicadas.

Fomentar las funciones de planificación y de direcciónpara responder a futuros retos económicos y sociales.

Adoptar un enfoque más participativo en lo que respecta a la gestiónde los asuntos públicos.

Evolución del empleo público en España

En este orden de ideas, una rápida mirada a la evolución del empleo públicoen España muestra que en las dos últimas décadas el número de empleadosde la administración pública del Estado central se redujo en un 57 por ciento,frente a un importante crecimiento de los recursos humanos empleados en lasadministraciones autonómicas, que pasaron del 6 al 49 por ciento del total deefectivos en la administración pública. En este lapso las administraciones delos gobiernos locales también experimentaron un crecimiento importante en elnúmero de empleados al pasar del 14 al 24 por ciento del total.

Sobre este tema, recientemente la Comisión de Expertos integrada para elestudio de la reforma de la función pública española señalaba: "En particularnuestras Administraciones Públicas han experimentado un desarrollo muy im-portante. Han asumido nuevas funciones y han reforzado y extendido algunosservicios, lo que ha supuesto un incremento notable de sus recursos... Para-lelamente, ha tenido lugar un proceso de descentralización sin precedentes,que ha transformado de manera radical la Administración General del Estado—hoy la que menos efectivos tiene de los tres niveles de la organización terri-torial— ha dado lugar a la creación ex novo de unas Administraciones autonó-micas que integran ya la mayor parte del empleo público, y a un despliegue nomenos acusado de la Administración Local, que ha triplicado su personal en elúltimo cuarto de siglo."3

El giro que muestra la ocupación pública se debe en gran parte a que fren-te a la cesión de facultades de los estados centrales hacia los organismos dela Unión Europea, muchas funciones y atribuciones se han depositado en losgobiernos regionales y locales, por lo que éstos absorben ahora una gran partedel empleo público. Así la administración central en España, que encabezaJosé Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto obligada a retomar el proyecto de

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reforma de la función pública, un proyecto que por cierto ya sus antecesoresdel Partido Popular habían intentado.

Personal al servicio de la Administración Pública

Niveles 1983 2005

Administración del Estado 1,357,000 (80%) 540, 868 (23%)Administraciones Autonómicas 107.000 ( 6%) 1, 162, 057 (49%)Administración Local 232,000 (14%) 563, 392 (24%)Total 1,696,000 2, 358, 864

Conviene señalar que la reforma de la función pública forma parte de unproceso más global de reforma administrativa del Estado. el cual se ha desa-rrollado en las dos últimas décadas, con diferentes matices en función de lapropia transición política, la integración al concierto europeo, el avance haciauna mayor descentralización y las diversas prioridades marcadas por los go-bierno sucesivos tanto del PSOE como del Partido Popular en el contexto dealternancia política que se registra en los últimos diez años.

Es precisamente en este marco en el que hay que ubicar el proceso dereforma de la función pública en España. Al respecto el pasado 13 de junio enun acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. el Presidente delgobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, atestiguó la firma del Ante-proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, documento quefue suscrito por el Ministro de Administraciones Públicas y los dirigentes delas principales fuerzas sindicales del sector público (UGT, CC.00, CSI-CSIF).

Los avances en la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público,conducirán al cumplimiento de un mandato de la Constitución de 1978, quepor fin se pacta, en principio entre el gobierno y las organizaciones de lostrabajadores del servicio público, esos avances son bienvenidos porque setrata como ya decíamos de una reforma que fracasó cuando fue promovidaentre 1997 y 1999 por el gobierno del Presidente Aznar, siendo Mariano RajoyMinistro de Administraciones Públicas.

Como ha señalado Alberto Palomar Olmeda "Los aires de reforma inminen-te han dejado paso a la reforma pendiente que, por otro lado, es la tónica lavida pública española desde la publicación de la Constitución Española de1978. La atonía reformista, la falta de impulso y el estancamiento justificanque la pregunta de hoy sea la del principio ¿es o no necesario un nuevo mar-co jurídico del empleo público en España?"'

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En efecto, aun cuando en su momento las iniciativas del gobierno de Aznarpresentadas en el Congreso, así como los avances en la integración del Esta-tuto Básico de los Funcionarios Públicos, hacían suponer que por fin se logra-ría aprobar esta importante reforma, además de que se percibía un cierto con-senso entre las diferentes fuerzas políticas y los demás actores involucrados.Casi una década después el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, haretomado la iniciativa impulsando con gran fuerza diversas medidas de políti-ca pública para lograr la tan anhelada reforma.

El estatuto en el gobierno de Aznar

Desde su discurso de investidura en 1996, el presidente José María Aznar,ubicó la reforma de la legislación del empleo público en primer plano alseñalar:"Nos proponemos revisar la aplicación de la legislación funcionarialvigente para mejorar la solidez de una carrera administrativa basada en crite-rios objetivos de méritos, capacidad y adecuación entre formación y experien-cia para la asignación de fuentes de trabajo". El diagnóstico que el primer go-bierno del Partido Popular hacía sobre la función pública era que en realidadno había carrera administrativa, el funcionario se encontraba desincentivadoy mal remunerado, por tanto había que ofrecer más alicientes y dar sentidocomún a la oferta de empleo público para lo cual se contaría con un Estatutodel empleado público.

En una entrevista realizada a Mariano Rajoy, Ministro de AdministracionesPúblicas, en junio de 1997, 5 el funcionario abundaba que el Proyecto de Esta-tuto propuesto se insertaba dentro de una estrategia de transformación admi-nistrativa para "prestar el mejor servicio al menor coste". Por ello se buscaríaadecuar la oferta de empleo público, revisar el sistema de estímulos y la ca-rrera administrativa y en general redimensionar el servicio público. En estesentido el Ministro argumentaba que el primer paso era saber cuantos funcio-narios públicos realmente se necesitaban pues, según señalaba, "las ofertaspúblicas de empleo se han hecho tradicionalmente de una manera un tantoatropellada. Han sido enormemente amplias y para cubrir plazas que se hanido quedando vacantes, sin estudiar si lo eran o no. A partir de ahora –decíaRajoy—, hay que hacer ofertas de empleo público muchos más cortas, porquela administración no necesita incrementar el número de funcionarios y muchomás selectivas".

Precisamente con ese propósito una de las primeras medidas tomadas porel gobierno en junio de 1997 fue la aprobación de un Real Decreto para la

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integración de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del SectorPúblico Estatal con el objetivo de analizar los recursos humanos, su coste yposible evolución a fin de proponer medidas para racionalizar y aumentar sueficiencia. "La comisión servirá para mejorar el soporte informativo de cara a ladefinición de un nuevo modelo en política de efectivos y su coste en un marcode contención del gasto, que es una de las funciones básicas del Ministerio deAdministraciones Públicas".6

En congruencia con estas ideas, en la exposición de motivos del Proyectode Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, que presentó el gobiernodel presidente Aznar, en junio de 1997, se advertía que la finalidad del mismoera desarrollar hacia el futuro la competencia que la Constitución le reconoceal Estado para determinar el régimen de los funcionarios públicos, dejandouna amplia posibilidad a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas pararegular sus propias funciones públicas. Así mismo, se destacaba que el Esta-tuto Básico permitiría asumir el mandato constitucional al prever la posibilidadde que exista una regulación específica en los sectores que así lo demanden,como son la Función Pública docente, la sanitaria, la investigadora y la de lasInstituciones del Sistema Nacional de Salud.'

Otra de las razones que se esgrimían para la expedición del Estatuto era queel reconocimiento de la misión central de la administración pública, como orga-nización al servicio del ciudadano, requería un nuevo modelo de gestión públicabasado en los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, los cuales suponenun cambio en la estructura organizativa de la administración pública, así comoen la cultura administrativa y en la gestión de los recursos humanos. En estesentido en la exposición de motivos se destacaba que había una coincidenciageneral sobre que la ineficaz gestión de los recursos humanos que se rebelabacomo un obstáculo serio para los esfuerzos de modernización del aparato buro-crático, por tanto el Estatuto buscaba "dotar de mayor agilidad y flexibilidad lagestión de personal, a motivar y estimular a los funcionarios a un cumplimientomas eficiente de sus tareas".

En general el Estatuto se reconocía como un avance en el camino por lograrla máxima profesionalización de la función pública y la configuración de unaauténtica carrera administrativa independiente de los avatares del desempeñode puestos de trabajo y basada exclusivamente en los principios de mérito ycapacidad. Al respecto se planteaba: "El establecimiento de la carrera profesio-nal de los funcionarios públicos es una de las novedades más importantes ypositivas del Estatuto y responde, sin duda, a una de las aspiraciones más sen-tidas por los funcionarios públicos en los últimos treinta años. La carrera diseña-da en el Estatuto se desliga de la ocupación de los puestos de trabajo y se basaen la antigüedad, la trayectoria profesional, la calidad de los trabajos desarrolla-

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dos, los conocimientos y la actuación profesional aplicándose, a tal efecto, unsistema de evaluación que supone otra importante novedad del Estatuto".

Además de estos planteamientos básicos la integración del Estatuto teníaen general los siguientes propósitos: frenar la presión sobre las estructurasadministrativas y creación de puestos como medio para obtener mejoras retri-butivas y dotar de estabilidad a las retribuciones desligándolas de los puestosde trabajo desempeñados y vinculándola a la categoría personal que se hayaalcanzado en la carrera profesional. También se buscaba establecer medidasde flexibilización en la asignación de puestos así como sistemas de movilidadmenos rígidos que los existentes.

Por otra parte, considerando que la revitalización del interés por los valo-res éticos del servicio público era una de las características de la administra-ción pública hacia finales de siglo pasado, tal como ocurría en países comoGran Bretaña, Italia o Portugal, el Estatuto incorporaba la referencia a valorescomo integridad, transparencia en la gestión, receptividad, responsabilidadprofesional, servicio a los ciudadanos, neutralidad e imparcialidad.

En relación al régimen disciplinario de los funcionarios públicos se actua-lizaban las faltas consideradas como muy graves y se reordenaban las sancio-nes para cumplir las finalidades de reinserción, prevención especial y retribu-ción a fin de que operaran junto a una función de prevención general. Asi mis-mo, se proponían principios como profesionalidad, dedicación exclusiva y efi-cacia para la incorporación de la materia de incompatibilidades, como garantíade la calidad de los servicios y la imparcialidad de la administración pública.

Pero si bien la reforma de la función pública y la presentación del Estatutose insertaban en una idea más amplia de reforma administrativa, lo cierto esque al proponerse ésta como "brindar el mejor servicio al menor coste", refle-jaba una idea fundamentalmente tecnocrática que habría de generar ciertoescepticismo entre las organizaciones sindicales y una cierta reserva entrelos partidos políticos, que aunque convencidos de acometer la reforma, siem-pre se mostraron recelosos de apoyarla en los términos planteados por elgobierno del Partido Popular. De esta forma el proyecto se detuvo y se reser-vó para otro momento, aunque ya no se retomó en el segundo mandato delgobierno de Aznar.

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Reforma Aznar/Rajoy1997-1999

Rodríguez Zapatero/Sevilla2004-2006

La misión de la administración pú-blica al servicio del ciudadano re-quiere un nuevo modelo de gestiónpública basado en legalidad, efi-cacia y eficiencia, los cualessupone un cambio en la estructu-ra organizativa de la administra-ción pública, así como en lacultura administrativa y en lagestión de los recursos humanos.

El gobierno actual se proponeimpulsar una reforma de la ad-ministración pública bajo tresprincipios: mejora de la orga-nización, mejora de la rela-ción con los ciudadanos ymejora de la función pública.

Concepción demodernizaciónadministrativa

Ley del gobiernoLey de organización yfuncinamiento de la administra-ción general del estadoComisión interministerial derecursos humanos del sectorpúblico.

Ley de agenciascódigo parael buen gobiernoLey de regulación del conflic-to de intereses agencia esta-tal de evaluación de políticaspúblicas y calidad.

Principalesinstrumentos

Dotar de mayor agilidad y fle-xibilidad la gestión de perso-nal, motivar y estimular a losfuncionarios a un cumplimientomas eficiente de sus tareas.Lograr la máximaprofesionalización de la fun-ción pública y la configuraciónde una auténtica carrera admi-nistrativa independiente de losavatares del desempeño depuestos de trabajo y basadaexclusivamente en los princi-pios de mérito y capacidad.

Avanzar en la modernizacióny la profesionalización de laadministración.Mejorar el desarrollo de lacarrera profesional, moderni-zar los procesos de seleccióny establecer medidas contrala temporalidad en el empleopúblico.Que los empleados públicossean mejores profesionales,cuenten con condiciones la-borales más atractivas y dis-fruten de mayor independen-cia respecto a los partidospolíticos.

Función delestatutode losfuncionariospúblicos

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Reformas de la función pública en España

Fuente: Elaboración propia.

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El estatuto en el gobierno de Rodríguez Zapatero

En el mes de noviembre de 2004 el Ministro de Administraciones Públicas, JordiSevilla, anunció el relanzamiento de la reforma de la función pública al sostenerdurante la inauguración del Congreso del Centro Latinoamericano de Adminis-tración del Desarrollo CLAD, en Madrid: -Se está trabajando también en el Esta-tuto Básico del Empleado Público, a fin de posibilitar una Administración más cer-cana a los ciudadanos, ágil y transparente en su actuación, que nos permita po-ner en valor a lo público a través de la prestación de unos servicios en condicio-nes de excelencia, que son los que demandan los usuarios. Para ello, es precisodotar a las organizaciones públicas del marco jurídico adecuado, que se pretendeintroducir con el mencionado Estatuto Básico."8

Previamente, en el mes de septiembre de ese mismo año el gobierno espa-ñol había constituido la Comisión para el estudio y preparación del estatutoBásico del Empleado Público, con la finalidad de "llevar a cabo los análisis yestudios previos así como la elaboración de un documento que sirva de basepara la posterior elaboración de anteproyecto de dicho Estatuto". 8 El docu-mento que sirve de base para la creación de esta Comisión señala que elEstatuto debe r ía ser un instrumento legislativo que permita contar con ad-ministraciones públicas acordes con las exigencias sociales de la actuali-dad y basado en una nueva cultura de gestión de los servicios públicos enla línea de los principios de la gobernanza, entendida ésta como un modelode gestión basado en la apertura, transparencia, participación, responsabi-lidad, eficacia y coherencia.

Un primer elemento a destacar en relación al proyecto del gobierno deAznar, es el énfasis en el impulso de una reforma de la administración públicabasado en el modelo de gobernanza, el cual supone una perspectiva másparticipativa, ligada a cuestiones no sólo de eficiencia, sino una mayor pre-ocupación por la responsabilidad y la participación de los niveles básicos delservicio público. De entrada este planteamiento contribuye a superar la pers-pectiva tecnocrática que le imprimió el gobierno anterior por lo que hay nue-vos elementos que se vierten con la finalidad de recuperar el interés de losactores políticos y congresionales en el apoyo a esta nueva iniciativa.

Al basarse en el modelo de gobernanza, la propuesta de reforma se inser-ta en la línea de la preocupación del gobierno de Zapatero por construir unaadministración más participativa. Al respecto coincido con Caries Ramió l ° enque esta iniciativa propuesta en la línea del modelo de gobernanza, bien po-dría situarse dentro de la Gestión Pública de Tercera Generación" que con-siste en configurar una Administración pública más eficaz pero también más

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democrática, más ética desde valores neopúblicos y más transparente, orien-tada a los siguientes aspectos:

Fomentar una cultura administrativa con valores públicos quecanalice los impulsos profesionales empresariales.

Impulsar una externalización de servicios públicos planificada yControlada.

Implementar las Tecnologías de la Información y de laComunicación como un instrumento al servicio de la gobernanzade la gestión pública en red.

Implementar un modelo de gestión permeable a los nuevosmodelos de participación ciudadana.

Por otro lado, entre los elementos de justificación que la Comisión deExpertos encontró para demostrar la necesidad de una reforma amplia a lalegislación general sobre el empleo público, se encuentran los siguientes:inexistencia de planificación estratégica de recursos humanos; debilidad delos mecanismos de gestión; aumento de la temporalidad en el empleo público;desigualdad en las condiciones de trabajo; ausencia de un régimen específicode regulación para los directivos; excesiva rigidez de algunos procedimientosde acceso y promoción, excesiva movilidad voluntaria interna; escasaconsideración de los resultados y del desempeño en la carrera y en el sistemaretributivo.12

A partir de lo anterior, al presentar su propuesta de Estatuto Básico de losFuncionarios Públicos, ante la Comisión de Administraciones Públicas del Con-greso, el 29 de marzo de 2006, Jordi Sevilla, actual Ministro de Administracio-nes Públicas, señaló que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español(PSOE) se propone impulsar una reforma de la administración pública bajotres principios: mejora de la organización, mejora de la relación con los ciuda-danos y mejora de la función pública. El relanzamiento del Estatuto se acom-paña de otras iniciativas legislativas que han avanzado en el Congreso comoson la Ley de Agencias y la creación de la Agencia Estatal de Evaluación dePolíticas Públicas y Calidad.

En general, el anteproyecto presentado por Sevilla busca la introducciónde una novedad que consiste en hacer que los empleados públicos respon-dan continuamente de los resultados de su actuación, para lo que se estable-ce la evaluación objetiva del desempeño como elemento clave y mecanismode modernización. Por ello el Ministro ha señalado que en el futuro, para elfuncionario público, "La continuidad en los puestos dependerá de lo que se

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haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo 'un pues-to para toda la vida', se desempeñe como se desempeñe". En función de loanterior pasan a tener una gran importancia los métodos objetivos que permi-tan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional.

Por otra parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero busca aumentar la cali-dad del empleo público, mediante la reducción de la temporalidad en las admi-nistraciones públicas, aspecto que considera como culpable del aumento dela precariedad laboral en los últimos años, principalmente como consecuen-cia de las contrataciones en las administraciones territoriales.

El nuevo Estatuto propuesto permite también la regulación del sistema de ac-ceso y selección de los empleados públicos, en función de los principios consti-tucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero considerando además los princi-pios de publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad y objetividad.

En suma el nuevo Proyecto de Estatuto del Empleado Público presentaavances notables en relación al presentado en su momento por el gobiernode Aznar, esos avances pueden resumirse de la siguiente forma:

Crea un modelo homogéneo de función pública, un marco básico para to-dos los empleados públicos en la totalidad del país, al tiempo que respetalas competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos para mejo-rar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.

Facilita el diálogo social añadiendo la posibilidad de constitución de unaMesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como ór-gano de relación permanente entre los actores del sector público.

Promueve una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidadactual. Los factores que compondrán las retribuciones complementarias se-rán la dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado deinterés, de iniciativa o de esfuerzo.

Busca la reducción de la temporalidad, objetivo esencial del nuevo marcolaboral de las Administraciones para fomentar el empleo estable y de cali-dad.

Garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en elacceso al empleo público.

Refuerza la profesionalización de la función pública. Para ello articula dis-tintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical, además defomentar la movilidad entre administraciones públicas.

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Incentiva a los empleados públicos que logren buenos resultados y se es-fuercen. Su continuidad en los puestos dependerá, asimismo, de su rendi-miento.

Moderniza las normas de acceso y los procesos de selección, apostandopor la profesionalización de los órganos de selección anteponiendo los cri-terios técnicos a la adscripción política o sindical.

Impulsa un Código de Conducta que regulará los derechos y deberes delos empleados públicos, de obligada aplicación, independientemente de laadministración para la que se trabaje.

Recoge cuestiones que forman parte de la realidad social como son elimpulso a la igualdad, la equidad de género y la no discriminación.

Consideraciones finales

La reforma de la función pública, a partir de la integración del Estatuto Básico delos Funcionarios Públicos, parece haber entrado en su fase final. El gobierno deJosé Luis Rodríguez Zapatero, a través del Ministerio de Administraciones Pú-blicas, ha alcanzado un Acuerdo con los representantes de los trabajadoresmás significativos en el sector público. El documento ahora se discute con lascomunidades autónomas, los agentes sociales, los ayuntamientos y otros co-lectivos representativos del sector público, asimismo se ha presentado a laComisión Nacional de Administración Local y ya se estudia en el seno del Con-sejo de Ministros.

Hay dos aspectos destacables que le dan mayor viabilidad en relación alprimer intento de reforma de hace casi una década. Esos aspectos son, porun lado la construcción de una importante base social a la que se suman losrepresentantes sindicales, las asociaciones de los funcionarios públicos y losorganismos de cada ámbito de gobierno; y por otro, la promoción del nuevoEstatuto bajo los principios de la gobernanza, lo que supone una mayor pre-ocupación por consolidar administraciones públicas vinculadas a las necesi-dades y expectativas ciudadanas.

Con estas fortalezas el gobierno se apresta a iniciar negociaciones en el senodel Congreso. El reto es lograr que los partidos políticos, principalmente los na-cionalistas, apoyen su aprobación, pues si bien se cuenta con una amplia basesocial, es necesario considerar el contexto político en donde la reciente crispa-ción que han generado procesos como la aprobación del Estatuto de Cataluña

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y el anuncio del inicio del dialogo con el grupo terrorista ETA, han provocadouna gran resistencia y oposición del Partido Popular. situación que podríaobstaculizar nuevamente la aprobación del Estatuto que viene.

Notas bibliográficas

1.Francisco Moyado Estrada (1997) 'Democracia y función pública en España: Retos del sector públicoante la Unión Monetaria Europea", en Prospectiva, Núm. 8, noviembre.

2.EI desarrollo de los recursos humanos de la función pública en el contexto del ajuste estructural y delproceso de transición. (1999) OIT, Ginebra.

3.Estatuto Básico del Empleado Público, Informe de la Comisión para su Estudio y Preparación. (2005)INAP-GOBERNA, Madrid, pp. 10.11.

4.Derecho de la función pública: régimen jurídico de los funcionarios públicos. (2003) Editorial Dykinson,Madrid.

5.Entrevista publicada en el periódico Cinco Dias, lunes 9 de junio. 1997.

6.Real Decreto de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público, aprobado por

el Consejo de Ministros, viernes 13 de junio, 1997.

7.Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, (1997) Madrid,junio.

8.Jordi Sevilla; (2004) Discurso de inauguración, Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma delEstado y de la Administración Pública, Madrid, noviembre.

9.Estatuto Básico del Empleado Público, Informe de la Comisión para su Estudio y Preparación. (2005)INAP-GOBERNA, Madrid, abril.

10.Carles Ramió. (2004) 'Ponencia ante la Comisión del Estatuto de la Función Pública" ESADE,

Palacio de Pedralbes, Barcelona, 20 de diciembre.

11.Además del texto de Ramió véase Francisco Moyado Estrada; (2003) "Más allá de la burocracia; la

Gestión Pública de Tercera Generación", en Prospectiva, núm 25, noviembre.

12.Estatuto Básico del Empleado Público, Informe de la Co ^ para su Estudio y Preparación.(2005)

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Bibliografía

Caries Ramió (2004) "Ponencia ante la Comisión del Estatuto de la FunciónPública" ESADE, Barcelona, 20 de diciembre.

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Estatuto Básico del Empleado Público, Informe de la Comisión para su Estudioy Preparación (2005) INAP-GOBERNA, Madrid, abril.

Francisco Moyado Estrada (2003) "Más allá de la burocracia; la Gestión Públi-ca de Tercera Generación", en Prospectiva, núm. 25, noviembre.

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Real Decreto de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del SectorPúblico (1997) Consejo de Ministros, 13 de junio.

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