Desacatos

ISSN: 1607-050X

desacato@ciesas.edu.mx

Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores en Antropología Social

México

Hewitt de Alcántara, Cynthia

Ensayo sobre los obstáculos al desarrollo rural en México.Retrospectiva y prospectiva

Desacatos, núm. 25, septiembre-diciembre, 2007, pp. 79-100

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13902504

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Este ensayo constituye una reflexión sobre patrones de cambio y de continuidad en los elemen-tos que impiden el desarrollo rural de México. Empieza con una breve reseña de la manera en quemuchos estudiosos definieron los principales problemas del campo durante las décadas de 1960 y1970. Después se analizan dos grandes experiencias de política pública, basadas en supuestos dia-metralmente opuestos, con los cuales se ha intentado hacer frente a la problemática rural desdela década de 1970. Por último, se regresa a la pregunta rectora del ensayo: ¿siguen vigentes hoy díalos mismos obstáculos al desarrollo rural que se señalaron hace treinta o cuarenta años? ¿Cuáleselementos de la situación anterior perduran todavía en 2007? ¿Y cuáles han perdido relevancia fren-te a los nuevos retos que confronta la población del campo?

PALABRAS CLAVE: desarrollo rural, seguridad alimentaria, políticas alimentarias, estudios rurales, re-laciones rural-urbanas

An Essay about the Obstacles to Rural Development in Mexico: a Retrospective andProspective StudyThis essay constitutes a reflection about the patterns of change and continuity that prevent ruraldevelopment in Mexico. It starts with a brief review of the way in which many scholars defined themain rural problems during the 1960’s and 1970’s. Afterwards, it analyzes two major experiences inpublic policies, based on extremely opposite principles,which attempted to face the set of rural pro-blems since the 1970’s. Finally, it returns to the essay’s guiding question: Does rural developmentcurrently face the same obstacles that were pointed out thirty or forty years ago?Which elementsof old still endure in 2007?Which elements have lost relevance in view of the new challenges facedby the rural population?

KEYWORDS: rural development, food security, food policies, rural studies, rural-urban connections

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Ensayo sobre los obstáculos al desarrollorural en México

Retrospectiva y prospectiva*

Cynthia Hewitt de Alcántara

CYNTHIA HEWITT DE ALCÁNTARA: El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, México.

* Este trabajo se basa en una ponencia presentada el 27 de febrero de 2006 en el taller-seminario “El campo mexicano através de las voces de sus estudiosos”, organizado por la doctora Guadalupe Rodríguez del CIESAS-Occidente. Quisieraagradecerle al CIESAS, y a la doctora Rodríguez en particular, su interés en fomentar este diálogo.

Desacatos, núm. 25, septiembre-diciembre 2007, pp. 79-100.Recepción: 15 de febrero de 2007 / Aceptación: 18 de julio de 2007

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Entodo elmundo existen algunos países cuyo gra-do de seguridad alimentaria no se relaciona demanera estrecha con el desarrollo rural. Singapur,

por ejemplo, simplemente no cuenta con zonas agríco-las de consideración y depende, en consecuencia, delcomercio exterior para el abastecimiento de víveres. Pe-ro fuera de contadas excepciones, el mejoramiento de lascondiciones de producción y de vida entre los habitan-tes del campo es un elemento primordial de toda estra-tegia de seguridad alimentaria, tanto por razones de abas-to oportuno como por la necesidad de garantizar nivelesadecuados de consumo entre la población rural. La vul-nerabilidad ante los trastornos en el sistema alimentarioaumenta en relación directa con la gravedad de los pro-blemas no resueltos del desarrollo en el campo.La experiencia deMéxico proporciona un claro ejem-

plo de esta problemática. Como lo demuestra el análisisde Humberto González y Alejandro Macías, presentadoen este número de Desacatos, la vulnerabilidad alimen-taria del país se profundiza durante un periodo en el quese descuida de manera notable el bienestar de gran par-te de los habitantes del campo. Parecería imprescindiblerevertir esta tendencia, aplicando estrategias para contra-rrestar los factores principales que han impedido el de-sarrollo rural de la nación.¿Cuáles son esos factores? ¿Cuándo surgen y qué tan

arraigados están? Por supuesto, la respuesta a estas pre-guntas depende de la manera en que cada observadorpercibe e interpreta la realidad social del país. Es imposi-ble negar el papel que desempeña la ideología en el análi-sis de este tema. La lista de los principales obstáculos avencer, si se desea forjar un México rural más prósperoy productivo, variará según los intereses y sesgos de cadagrupo que la elabore. También reflejará algunas diferen-cias que surgen al observar situaciones concretas en di-versas regiones y momentos históricos. Precisamente poresta razón es tan importante que se fomente el diálogofranco sobre el tema.Mi propia experiencia de vida en el campo mexicano

data de las décadas de 1960 y 1970 y, en consecuencia,mi explicación de la persistencia—y a veces del empeo-ramiento— de situaciones de pobreza y explotación enregiones rurales proviene de la realidad que observé en

esas décadas1. Era un periodo en el que gran número deinvestigadores trabajaban en el medio rural de México.Había fondos para hacer trabajo de campo serio, vivir du-rante muchos meses en comunidades rurales, transpor-tarse a lugares alejados, hacer encuestas de gran enver-gadura y comparar situaciones en muy diversas partesdel país. Había además un clima generalizado de com-promiso con el desarrollo rural: una convicción de quelos habitantes de zonas rurales merecían tener una vidadigna y que, al esclarecer las causas de sus dificultades, sepodría empezar a tomar medidas para aminorarlas.El contraste con la situación que impera actualmente

no podría ser más tajante. Durante las últimas décadas,el interés en temas rurales entre académicos y encarga-dos de políticas ha menguado notablemente, a la par quela reducción del compromiso para mejorar la calidadde vida en el campo.Ha habido un profundo cambio enel paradigma de desarrollo nacional, con implicacionesseveras para la gran mayoría de los habitantes de zonasrurales. Las estrategias de sobrevivencia en esas zonas sealteran y los problemas de vida se agudizan. Al conside-rar los principales obstáculos al desarrollo rural en estenuevo contexto, ¿siguen siendo relevantes las explicacio-nes sobre la problemática del campo mexicano que ofre-cieron los analistas hace treinta o cuarenta años? ¿Cuáleselementos de la situación anterior perduran todavía en2007? ¿Cuáles han perdido relevancia frente a los nuevosretos que confronta la población del campo?Para contestar estas preguntas adecuadamente hay que

disponer de un extenso conocimiento tanto de la evolu-ción de las políticas públicas en las últimas décadas co-mo de modificaciones recientes en las condiciones de vi-

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1 En el curso de las décadas de 1960 y 1970 realicé trabajo de campo,en compañía de Sergio Alcántara Ferrer, en Taretan,Michoacán (zonaazucarera); en La Laguna (zona sobre todo algodonera, aunque empe-zaba a diversificarse hacia la ganadería y la vid); en el Valle del Yaqui(cuna de la revolución verde en trigo); y después durante periodos máscortos en algunas zonas rurales de Aguascalientes (Calvillo), Guana-juato (El Bajío) y el Estado deMéxico. Es obvio, entonces, que la mane-ra en que percibo la problemática del campo se relaciona con contextosgeográficos específicos (zonas del norte y centro); con situaciones deagricultura comercial más que de cultivos de subsistencia; muchas ve-ces con zonas de riego más que con zonas de temporal; y con socieda-des rurales en las cuales convivían un gran número de ejidatarios conun número más reducido de fuertes agricultores privados.

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da y trabajo en las muy variadas regiones rurales del país.Obviamente, quienes dejamos de estudiar estos temasdespués de la década de 1980 no reunimos tales requisi-tos y, en consecuencia, no podemos proporcionar res-puestas definitivas a las interrogantes centrales de esteartículo. Pero sí podemos sugerir un marco de referen-cia para analizar patrones de continuidad y de cambiorespecto de los principales factores que impiden el desa-rrollo rural de México. Esto es lo que se plantea a con-tinuación.

PRINCIPALES OBSTÁCULOSAL DESARROLLORURAL: LA EXPLICACIÓN DURANTE LASDÉCADAS DE 1960 Y 1970

Empecemos en las décadas de 1960 y 1970, con una re-seña sobre la manera en que la mayoría de los colegas dela época—antropólogos, sociólogos rurales, agrónomos,economistas, maestros rurales, dirigentes campesinos yalgunos empleados de instituciones públicas con progra-mas rurales—definieron y explicaron los principales pro-blemas de desarrollo del campomexicano2. ¿Por qué eran

tan inaceptables las condiciones de vida en el medio ru-ral? ¿Por qué había tanta pobreza, desigualdad y violencia?¿Qué es lo que habría que hacer para mejorar las op-ciones de la mayoría de la población rural de México?Creo que estos analistas estarían de acuerdo en catalo-

gar el primer impedimento al desarrollo rural equilibra-�

Tractor y agaves en el Grullo, Jalisco.

2 Sería imposible, en un ensayo de este tipo, hacer una lista exhaustivade todos los estudios en que se trataron temas de desarrollo rural du-rante el periodo bajo análisis.Amanera de ilustración, podrían señalar-se trabajos hechos por Sergio Alcántara, Lourdes Arizpe, David Barkin,

Armando Bartra, Roger Bartra, Carlota Botey, Gustavo Esteva, ErnestFeder, Gustavo Gordillo, Clarissa Hardy, Gerrit Huizer, Luisa Paré, Fer-nando Rello, Iván Restrepo, Rodolfo Stavenhagen,ArturoWarman, pe-ro existenmuchos otros, publicados en series como los libros SEP Seten-tas, laRevista delMéxico Agrario,Estudios Sociológicos,RevistaMexicanade Sociología, Investigación Económica, Nueva Antropología, Cuader-nos Agrarios,Problemas del Desarrollo,Comercio Exterior y revistas deChapingo.También sería relevante un gran número de estudios sobre elautoritarismo y corporativismomexicano que aparecieron durante lasdécadas de 1960 y 1970 en las principales publicaciones periódicas delas facultades de ciencia política y de historia en el país. Además, ha-bría que recalcar la importancia que tuvo el proyecto de investigaciónpatrocinado por el Centro de Investigaciones Agrarias entre 1965 y1970. Dirigido por Rodolfo Stavenhagen, Sergio Reyes Osorio y Salo-món Eckstein, un equipo interdisciplinario (antropólogos, economis-tas, agrónomos y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropologíae Historia, la Universidad Nacional Autónoma deMéxico y Chapingo,así como de otras escuelas agrícolas y de escuelas rurales normales) tra-bajó por largos periodos en diez regiones de México. Su informe finalsentó nuevas bases para entender la gran complejidad del campo me-xicano, por zona geográfica, tipo de cultivo, forma de tenencia de latierra y tamaño de predio (véase Sergio Reyes Osorio et al., 1974.) Añosdespués, un grupo de investigadores dirigido por Alejandro Schejtmanrefinó y actualizó el cuadro estadístico pintado por el Centro de Inves-tigaciones Agrarias a partir de una reelaboración de los datos censalesde 1970. El libro correspondiente (Alejandro Schejtman, 1982) toda-vía constituye una fuente indispensable de información para los estu-diosos de la situación rural en México.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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do —si no equilibrado, por lo menos aceptablementeamplio en su cobertura de la población en el campo—comode tipo histórico.Tiene sus raíces en la historia agra-ria de México y se plasma en una serie de prejuicios yenemistades ancestrales propios de países donde ha pre-dominado durante siglos el latifundio y la servidumbreagraria. Por supuesto,México ha pasado por una revolu-ción y posteriormente por una reforma agraria de gran-des dimensiones, pero los rencores, los estereotipos des-preciativos y los recuerdos de otros tiempos persistentodavía.O por lomenos persistían demanera notoria ha-ce veinte o treinta años.Habría que juzgar en quémedidaeste elemento de discriminación todavía tiene fuerza en2007 en diferentes zonas del país.Este elemento de conflicto y exclusión en el campo,

que podría caracterizarse como ideológico, se entrelazacon conflictos modernos de clase. El desprecio ancestralhacia los indígenas o los peones, o más recientemente,los ejidatarios, característico del gran propietario de tie-rras, evoluciona hacia una especie de guerra por el con-trol de recursos entre modernos empresarios agrícolas ypequeños agricultores. El segundo obstáculo para la crea-ción de una clase de prósperos agricultores familiares enel campomexicano, entonces, presenta elementos pareci-dos a los de la competencia feroz entre grandes y peque-ñas empresas en casi cualquier sector agrícola de cortecapitalista en el mundo.Pero la situaciónmexicana difiere de la que impera en

muchos otros países capitalistas por el grado relativamen-te mínimo de control o regulación del conflicto entre cla-ses agrarias que ha podido ejercer el gobierno del país.Con la excepción del periodo cardenista, la política pú-blica ha estado marcada por un claro sesgo a favor de lagran empresa agrícola privada (traba número tres). Enparte, este sesgo se ha justificado por el temor al socia-lismo —aunque de socialista la gran mayoría de los eji-dos del país han tenido muy poco—. Por otra parte, losgobiernos de las décadas de 1940, 1950 y 1960 eran hosti-les a los intereses de los pequeños agricultores (la mayo-ría de ellos eran, y son, ejidatarios) porque los grandescapitalistas agrícolas figuraban prominentemente entrelas bases de apoyo político del mandatario en turno.¿Por qué la gran mayoría de los productores agrícolas

(que cultivaban predios familiares o parcelas ejidales) nologró hacer valer sus opiniones y defender sus interesesdentro del sistema político del país, como lo hicieron lospequeños agricultores de tantas otras naciones del mun-do en el mismo periodo? (en Europa, por ejemplo, o enEstados Unidos, o en Japón). La respuesta tiene que vercon la naturaleza autoritaria del sistema político mexi-cano (traba número cuatro). La población rural de Mé-xico no podía ejercer su derecho ciudadano al voto demanera tal que forzara a sus gobernantes a tomar encuenta las necesidades apremiantes de esa gran parte dela población nacional.No es que se excluyera a ese grupo del sistema políti-

co. Al contrario, se le incluía demanera forzosa, porme-dio de una serie de instituciones —algunas que habríaque caracterizar como arcaicas y otras de confección másmoderna— que servían para transmitir órdenes de arri-ba hacia abajo y para mediatizar muestras de inconfor-midad organizada. Los mecanismos de control arcaicosestaban enmanos de caciques rurales, cuyo poder se ba-saba en su monopolio del crédito, tanto para la produc-ción como para el consumo del transporte, el comercio,la extorsión y la violencia. (Identificamos entonces la tra-ba número cinco con el término de caciquismo.) Mien-tras más remota e indígena fuera la región rural en cues-tión, más probable era que hubiera caciquismo3.Los mecanismosmodernos de control sobre la pobla-

ción rural se forjaban al paso de la consolidación del par-tido político oficial. Las centrales campesinas y obreraseran instituciones claves en este sistema, como lo erantambién las organizaciones de cúpula de industriales ycomerciantes. Todo se negociaba al interior de un siste-ma corporativo (obstáculo número seis), basado en unférreo clientelismo político. El acceso a los servicios queproporcionaba el gobierno en el medio rural, y la cali-dad de éstos mismos, dependía de la medida en que lapoblación local lograra quedar bien con los representan-tes del partido único. En este contexto, las institucionespúblicas, como el Banco Ejidal, la Secretaría de Recursos

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3 Una compilación de estudios sobre este fenómeno se encontrará enRoger Bartra et al., 1975. Véase también Gustavo Esteva, 1980.

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Hidráulicos o losAlmacenesNacionales deDepósito, difí-cilmente podían actuar con imparcialidad. Seguían linea-mientos políticos que, como ya se ha visto, solían favore-cer a los grandes agricultores en zonas de produccióncomercial y servir de manera muy errática a sus vecinosmás pequeños. Sin duda, este manipuleo político de losservicios esenciales de apoyo a la agricultura impedía demanera sistemática cualquier intento de crear una granprosperidad rural. (La falta de transparencia y equidadde trato en las instituciones públicas de apoyo al campodebe registrarse como la traba número siete que identifi-caron e investigaron los estudiosos del campo durante lasdécadas de 1960 y 1970.) Daba lugar así a la corrupciónmasiva que caracterizó la actuación del sector público enestos años enmuchas zonas rurales del país y que corroíatambién a algunas organizaciones campesinas4.En un gran número de estudios sobre la problemática

rural de la década de 1960 y 1970 se hacía hincapié enuna característica general de la estrategia de desarrollo delpaís que tuvo implicaciones negativas para lamayoría delos habitantes del campo. Esta estrategia privilegiaba laindustrialización rápida, sobre todo en unas cuantas zo-nas urbanas claves, y supuso que la función principal delsector agrícola tendría que ser la generación de recursosque facilitaran esa tarea. Por ende, la mayor parte de to-dos los recursos públicos dedicados al apoyo a la agri-cultara fluían hacia las zonas de riego y, dentro de estaszonas, a financiar ciertos cultivos estratégicos de expor-tación o de consumo básico de la población urbana.Muypoca inversión llegaba a las vastas zonas de agriculturade temporal en donde habitaba la mayoría de la pobla-ción rural del país. En otras palabras, la finalidad del apo-yo público al sector agrícola era alentar la industrializa-ción en las ciudades, en vez de promover el verdaderodesarrollo rural. Para caracterizar este obstáculo (núme-ro ocho) muchas veces se hablaba del “sesgo urbano” enla política de desarrollo nacional. Sin duda hubo tal ses-go. Pero enmi opinión, es pocoútil hacermención de ellosin agregar inmediatamente una referencia a su corola-rio: un sesgo a favor de la gran agricultura comercial en

zonas de riego. No todos los productores rurales sufríandaños bajo un régimen con“sesgo urbano”.Al contrario,los más grandes de entre ellos se beneficiaron enorme-mente de este modelo de desarrollo nacional.La historia de la revolución verde en trigo ilustra dema-

nera casi paradigmática cómo interactuaban los impedi-mentos al gran desarrollo rural que acabamos de men-cionar. Veamos de forma muy resumida este caso.En 1943 se estableció un programa conjunto de la Fun-

dación Rockefeller y el gobierno mexicano para encon-trar la manera de aumentar el rendimiento de un culti-vo básico, el trigo, a nivel nacional. Como se apostaba aresultados dramáticos, el trabajo científico se orientó so-bre todo hacia la producción de semillas de alto rendi-miento adaptadas a zonas de riego. (Una anomalía a ni-vel mundial, en donde el trigo suele ser un cultivo detemporal.) Los experimentos genéticos de los investiga-dores establecidos en Texcoco (Chapingo) y en CiudadObregón tuvieron un éxito rotundo. Para principios dela década de 1950, el programa estaba en condicionesde entregar a los agricultores de las principales zonas deriego sonorenses nuevas variedades híbridas que, si secultivaban siguiendo cuidadosamente las recomendacio-nes de los técnicos, producían resultados espectaculares.De hecho, al generalizarse el empleo de semillas mejo-radas durante las décadas de 1950 y 1960, se triplicaronlos rendimientos de trigo en Sonora; en el proceso, losagricultores grandes de las zonas de riego hicieron ga-nancias extraordinarias. Pero esto no fue el caso para lagran mayoría de los ejidatarios y pequeños propietariosde las mismas zonas, que no lograron aprovechar lasbondades de esta tecnología y, en muchos casos, desgra-ciadamente, resultaron perjudicados por la revoluciónverde. La pregunta, por supuesto, es: ¿por qué?La razón es que les afectaban negativamente todos los

elementos de discriminación señalados por estudiosos delcampo durante décadas. El mismo avance tecnológicoque permitió obtener altos niveles de ganancias a perso-nas con capacidad de aplicarlo correctamente implicabasendos riesgos para quienes no tenían acceso a todos losservicios de apoyo requeridos. El éxito en el cultivo delas nuevas variedades de trigo dependía de un créditoadecuado y oportuno, de la entrega también oportuna

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4 A manera de ilustración, véase ArturoWarman, 1972.

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de insumos caros (fertilizantes químicos e insecticidas),de la aplicación de riego en momentos precisos y, sobretodo, del apoyo de agrónomos con conocimiento espe-cializado en el nuevo paquete tecnológico. Este paqueteera tan complejo que muchos empresarios agrícolas fra-casaron en sus primeros intentos por aplicarlo, pero seorganizaron, con la ayuda del gobierno, a fin de obtenerlos insumos y apoyos técnicos que requerían.A los ejidatarios del Valle del Yaqui y Hermosillo les

fue negado el derecho a organizarse a nivel regional. In-cluso, por un decreto de 1955, se prohibió la formaciónde las uniones de crédito y empresas ejidales que habríansido indispensables para el aprovechamiento de la nue-va tecnología. El servicio de extensión agrícola no funcio-naba. La entrega del crédito y de otros insumos para laproducción se atrasaba o simplemente no llegaba —ycuando llegaba, solía ser de pésima calidad—. A veces

el sector ejidal recibía para algún ciclo agrícola semillas yasusceptibles a enfermedades, como el chahuixtle. Los di-rigentes campesinos denunciaron vigorosamente estasestafas, como lo demuestran muchos desplegados en losperiódicos locales de la época. Organizaron repetidasmarchas de protesta; pero a pesar de sus mejores esfuer-zos, era sumamente difícil mejorar la situación porque enesos años los ejidatarios constituían una clientela cautivadel Banco Ejidal, institución que, a su vez, se había con-vertido en socio menor de los grandes agricultores delestado de Sonora. Así que durante las décadas de 1950 y1960—viví en el Valle del Yaqui a principios de la déca-da de 1970— el sistema funcionaba para transferir re-cursos del sector ejidal a los grandes empresarios priva-dos. La mayoría de los ejidatarios incurrieron en deuda,al recibir del Banco insumos muy caros para el cultivodel trigo, y los rendimientos obtenidos no justificaban

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Maguey para producir tequila.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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tales gastos ni les permitieron liquidar sus deudas. Parahacerlo, algunos de estos cultivadores cautivos vendie-ron los mismos insumos en el mercado negro de la zona—o simplemente se rindieron y accedieron a la renta desus parcelas a latifundistas—5.El problema era netamente político e institucional, y

sólo se empezó a resolver a raíz de fuertes movilizacionescampesinas durante la década de 1970.Como lo demues-tra el récord histórico, los ejidatarios en zonas de agri-cultura comercial han sido por lo menos tan eficientescomo los grandes empresarios privados cuando la ley lesha permitido crear sólidas organizaciones de represen-tación y apoyo productivo6. Por ende, el establecimientode organismos económicos que representaran a los agri-cultores ejidales—organismos cuyos gastos de adminis-tración fueron sufragados por sus propios socios y quetuvieron, en consecuencia, que rendir cuentas a éstos—siempre ha sido una de lasmetasmás importantes de losejidatarios en estas zonas. Es un área en que se lograríanavances importantes en años posteriores.En este modelo de modernización hubo además un

problema ecológico,que pronto se identificó comounno-veno impedimento para el desarrollo de zonas ruralesmexicanas. Para la década de 1970 quedó clara la insos-tenibilidad de una estrategia de productividad que de-pendía de la aplicación masiva de fertilizantes e insecti-cidas químicos a los campos agrícolas y que privilegiabala utilización de grandes volúmenes de agua de riego. Elcosto del esfuerzo se medía no solamente en términosmonetarios, sino del deterioro del suelo y de los mantosfreáticos sujetos a una continua sobrexplotación. Mu-chos estudios publicados durante esa década abogaban

por la búsqueda de maneras más eficaces de apoyar sis-temas de cultivo tradicionales, aumentando su rendimien-to y viabilidad sin atraparlos en patrones insostenibles demodernización agrícola7. Insistieron en la necesidad de di-señar nuevos programas de desarrollo rural “integral” enzonas de temporal, mestizas o indígenas, que todavía pa-decían una falta notable de infraestructura básica (cami-nos, silos para guardar sus cosechas, escuelas, clínicas), yen donde la dominación férrea de caciques, prestamistasy acaparadores seguía generando pobreza y violencia.Quisiera subrayar la palabra “integral” porque, ya pa-

ra la década de 1970, los que adoptaron una posturacrítica hacia el proceso demodernización del campo ha-bían identificado otro problema básico que reducía laprobabilidad de éxito de los programas oficiales de de-sarrollo rural. La tendencia, al elaborarse estos últimos,era la de equiparar el desarrollo rural exclusivamente conel desarrollo (o modernización) agrícola : en otras pala-bras, la tendencia a suponer que el gobierno estaría cum-pliendo con sus obligaciones en cuanto al desarrollo ruralsi lograra resolver los problemas principales de los pro-ductores agrícolas. Pero de hecho, la población rural setenía que dedicar, cada vez con más frecuencia, a activi-dades no agrícolas y, en consecuencia, la sobrevivencia demuchas familias rurales tenía que ver cada vezmenos conel cultivo de la tierra (o su papel de productor) que con eltrabajo asalariado, la provisión de servicios y la pequeñaindustria. Una parte considerable de los habitantes delcampo caía de hecho en la categoría de comprador netode alimentos.En este contexto, cualquier esfuerzo porme-jorar las condiciones de vida en el campo debía basarseen un detallado análisis del conjunto de la economía ru-ral. Esta falta de una visión sistémica del desarrollo ruralconstituía, entonces, un décimo problema que fue mu-chas veces señalado por los analistas8.

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5 Para un análisis más extenso, véase CynthiaHewitt deAlcántara, 1999.Fernando Rello analiza una situación parecida, de destrucción siste-mática de la capacidad productiva de grupos organizados de ejidata-rios, en su libro Estado y ejidos en México: El caso del crédito rural enLa Laguna, 1986.6 Aún en las condiciones muy difíciles que imperaban en las décadasde 1950 y 1960, algunos ejidos muy bien organizados (como el ejidocolectivo de Quechehueca, en elValle del Yaqui, así como los socios deLaUnión de Sociedades yGrupos Solidarios“LaCuarenta,”de La Lagu-na) lograron niveles de productividadmás altos que el promedio parael sector empresarial privado.Véase, entre otros, TomásMartínez Sal-daña, 1980; Sergio Alcántara Ferrer, 1977; y Salomón Eckstein e IvánRestrepo, 1975.

7 Desde la década de 1960 un grupo de investigadores de Chapingoseñalaba los efectos negativos que podría acarrear la promoción de una“revolución verde”enmaíz para zonas de agricultura tradicional enMé-xico. Sin embargo, fue durante la década de 1970 que aumentó dema-nera notable el interés en la complejidad ecológica de agroecosistemastradicionales (consúltese Efraím Hernández Xolocotzi, 1977). La fun-dación a mediados de la década de 1970 del Centro de Ecodesarrolloreforzó notablemente la posición de los ecologistas a nivel nacional.8 Este punto solía enfatizarse, de manera temprana, en trabajos sobre

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Conforme transcurría la década de 1970, la aplicacióndel enfoque sistémico a la problemática rural generó uninterés creciente por un fenómeno adicional que parecíafrenar el desarrollo equilibradodel campomexicano—fe-nómeno cuya importancia sólo iría en aumento en lasdécadas siguientes y que se identificaba como “la inter-nacionalización del capital”—. En parte, el concepto serefería al aumento considerable de la presencia y el po-der de empresas transnacionales dentro del sistema agro-alimentario del país. Se iniciaba un periodo de inversiónextranjera directa en sectores como el de las frutas y le-gumbres, en el que compañías demuy variados tamañosconstruían plantas procesadoras (empacadoras, congela-doras, enlatadoras), asegurando su aprovisionamientode materia prima por medio de contratos a futuro conproductores locales. El sistema era —y todavía es— ex-plotador, basado en la baja remuneración tanto de lamano de obra en las procesadoras como de los produc-tores asociados, a quienes se les transfería gran parte delriesgo inherente en el negocio. Esta manera de organizarla producción también era depredatoria. Los inversionis-tas gozaban de una libertad de acciónmuchomayor quela de sus trabajadores y proveedores, por lo que podíanabandonar sin gran dificultad una zona de producciónen donde se habían degradado demanera inaceptable losrecursos naturales o sociales de los que dependían susempresas.Podría considerarse entonces que este elemento demo-

dernización rural, que contribuyómuy poco a estimularun verdadero desarrollo en zonas agrícolas del país, cons-tituye el undécimo impedimento al progreso, identificadopor estudiosos del campo de aquella época. Pero el estu-dio de la internacionalización del capital no se restringía alámbito de la inversión extranjera directa en empresas

agroprocesadoras enMéxico. El fenómeno de internacio-nalización podía manifestarse de forma más amplia, co-mo un aumento significativo de la injerencia extranjeraen el sistema agroalimentario nacional pormedio deme-canismos como el financiamiento externo vía préstamospara programas estatales, o por medio de la participa-ción de empresas trasnacionales en algunos eslabonesintermedios claves de cadenas productivas específicas—proveyendo insumos que no semanufacturaban en elpaís—, o vía su control sobre nichos del mercado mun-dial en que se comercializaban productosmexicanos.Deesta manera, los analistas de la década de 1970 identifi-caron tendencias que posteriormente se acentuarían no-tablemente en el contexto de la “globalización”, pero lohicieron en un marco de política macroeconómica na-cional que difería marcadamente del actual9.Finalmente, no hay duda de que durante todo el pe-

riodo en cuestión se reconocía la urgente necesidad deresolver problemas agrarios—de tenencia de la tierra—que afectaban la calidad de vida de gran número de per-sonas en el campo mexicano (traba número doce). Nin-gún observador serio de la vida rural en las décadas de1940, 1950, 1960 y 1970 dejó de notar el papel positivoque había desempeñado la reforma agraria al mejorarlas condiciones de sobrevivencia de una masa de pobla-ción antes desposeída. Pero todavía faltaba adecuar lareglamentación jurídica de la ley agraria, terminar con eldeslinde de ejidos y comunidades agrarias ya dotados detierra, resolver muchos conflictos territoriales tanto en-tre propietarios privados como entre éstos y los ejidoscircunvecinos —y a veces atender disputas entre dife-rentes comunidades ejidales o indígenas, así como entrelos mismos miembros de éstas—. El personal guberna-mental asignado a esta área de problemas era insuficien-te, y a veces estaba sujeto a presión por parte de los gruposrurales más poderosos. En algunas regiones y subregio-nes del país, la lucha por la tierra seguía asociada a la vio-lencia, la incertidumbre y el despojo.

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desarrollo regional, como los de David Barkin (véase, por ejemplo,Barkin y Timothy King, 1970), pero era tema también en un númerocreciente de estudios sobre varios aspectos del sistema alimentario, enlos cuales la problemática del abasto (que dependía de variables comoel ingreso familiar, la infraestructura comercial y lamodernización deltransporte) era tan importante como la de la producción agrícola (v.gr. los estudios técnicos de Conasupo durante la década de 1970).Ade-más, se advertía la necesidad de promover el desarrollo rural integralal llevar a cabo estudios sobre el mercado de trabajo rural (véase, porejemplo, Enrique Astorga Lira, 1985.)

9 Véase, entre otros, Ernest Feder, 1977; Ruth Rama y Raúl Vigorito,1979; Ruth Rama y Fernando Rello, 1980; y David Barkin y BlancaSuárez, 1983.

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EL PROBLEMA NO RESUELTO DEL ESTADO(DE 1970 ENADELANTE)

La manera en que funciona un Estado —no solamenteen el nivel nacional sino, todavía con más nitidez, en elnivel estatal y local— es un reflejo fiel de la correlación defuerzas que impera en ámbitos específicos de la socie-dad. Por eso es tan problemático hablar de“el Estado”enabstracto, a sabiendas de que sus múltiples institucionesfuncionan, en alguna medida, de manera distinta en di-versos contextos locales. Como hemos comprobado quie-nes hemos trabajado en el campo mexicano, las mismasagencias públicas que favorecían manifiestamente a losgrandes agricultores en ciertas regiones—al grado de con-vertirse en verdaderos lastres para el desarrollo rural—en las décadas de 1950, 1960 y 1970 podían tener otropapel en otras situaciones cuando grupos de ejidatariosbien organizados hacían valer sus derechos, o cuando (es-pecialmente en zonas menos modernas) esas agenciasfuncionaban como contrapeso al poder aplastante de loscaciques locales.“El Estado”no era monolítico y sus pro-gramas surtían diversos efectos, dependiendo del gradode compromiso con el mejoramiento social que pudo sersostenido en cada lugar y de la presión que ejercieran lasorganizaciones campesinas locales o regionales.Por problemático que sea, el tema de cómo adecuar

“el papel del Estado” a las necesidades de desarrollo delcampo es ineludible: ha sobresalido en casi todos los ám-bitos de reflexión sobre la problemática del México ru-ral, sea la que fuere su orientación ideológica. Durantelos últimos treinta años, esta inquietud ha dado pie a dosgrandes experimentos de política pública, basados en su-puestos diametralmente opuestos. El primero, puesto enmarcha por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) e impulsado conmayor empeño durante el de Jo-sé López Portillo (1977-1982), tuvo el fin de reforzar elpapel del Estado en el fomento del desarrollo rural, asícomo en la promoción de la seguridad alimentaria nacio-nal. El segundo cobró ímpetu hacia finales de la décadade 1980; promovió la retirada del Estado de muchas es-feras tradicionales de apoyo público al campo y permitíaque la suerte del sector agropecuario, en su conjunto, sedeterminara por los vaivenes de la competencia en el

mercadomundial. En ninguno de los dos casos fue posi-ble hacer frente de manera cabal a los factores básicosque impedían el desarrollo rural en México.

Periodo de 1970-1982. Ciertamente, el esfuerzo em-prendido por los presidentes Echeverría y López Portillotuvo un mayor impacto positivo en las condiciones devida de muchos habitantes del campo que la estrategiaque cobró vigencia en años posteriores. El cambio derumbo en la década de 1970 ocurrió, en parte, porque setomaron en cuenta de manera explícita algunas de lascríticas en las que insistían los estudiosos del campo. Sinembargo, el factor que influyó demanera más directa enla reforma de las políticas públicas en esos años fue lanotable presión que ejercían grupos organizados de cam-pesinos. Ya para la década de 1970 hervía la protestarural. En algunas partes del país había actividad guerri-llera, en otras arreciaban las demandas de los jornalerospara que se llevara a cabo una nueva reforma agraria10.Era urgente responder con programas que intentaranme-jorar la situación en zonas rurales marginadas y calmarel descontento en regiones de riego.De 1971 en adelante aumentó de manera notable la

inversión estatal en regiones del campo mexicano larga-mente relegadas al olvido. En el Programa de Inversionespara el Desarrollo Económico Rural (PIDER), por ejem-plo, el gobierno de Echeverría invirtió grandes sumas enesfuerzos por crear alternativas de empleo y capacita-ción en buen número de zonas atrasadas del país. Ade-más, la infraestructura en estas zonas mejoró considera-blemente. Por primera vez, a muchas localidades llegaroncaminos, escuelas y clínicas.Un número considerable depequeños y medianos agricultores y ganaderos recibióapoyo técnico y crediticio. En áreas de población predo-minantemente indígena se reforzó y expandió el progra-ma del Instituto Nacional Indigenista. A la vez, hubo ungran esfuerzo para crear alternativas de comercializaciónen lugares antes aislados, donde los caciques siempre ha-bían controlado la entrada y salida de alimentos y otrosproductos de primera necesidad. Conasupo se asociócon grupos de ciudadanos locales para construir tiendas

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10 Armando Bartra, 1980.

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del pueblo y abastecerlas con alimentos básicos a preciosfijos o subsidiados; y la misma agencia se comprometióa comprar la producción local de granos (si era de cali-dad aceptable) a precio de garantía—constituyéndose asíen un competidor fuerte de los monopolistas tradicio-nales locales—11.Mientras tanto, los ejidatarios de algunas zonas de rie-

go avanzaron en la construcción o reconstitución de or-ganizaciones que les representaran ante el Estado y quedefendieran sus intereses como productores, de la mis-ma manera como siempre lo habían hecho los grandesagricultores. Fue en este periodo, por ejemplo, que resur-gieron fuertes uniones de crédito y de compra-venta enel sector ejidal. Al fin, en la década de 1970, después detantos años de lucha, los ejidatarios de regiones agrícolasimportantes lograron restablecer instituciones que po-dían servir de interlocutores fuertes tanto con el Estadocomo con empresas comerciales privadas12.El programa estatal que tal vez reflejó de manera más

nítida el esfuerzo reformista oficial en este periodo fue elSAM (Sistema Alimentario Mexicano), impulsado porJosé López Portillo. El SAM tenía el propósito de promo-ver la autosuficiencia alimentaria del país, así como demejorar el acceso de toda la población a una dieta ade-cuada, a precio razonable. Para lograr este fin, el progra-ma debía generar sugerencias para una serie de reformasen la política estatal a lo largo de la cadena alimentaria—empezando con la producción agropecuaria y pasandopor procesos de acopio, comercialización y procesamien-to, hasta llegar al consumidor final—.Fue la primera vezque el sector oficial adoptaba una visión holística del sis-tema alimentario del país, ligando demanera rigurosa laproblemática del campo con la de la ciudad—en el casodel campo mismo, analizando los problemas de sus ha-

bitantes en todas sus facetas: tanto en su papel de pro-ductores como en el de consumidores—.Para atacar los graves problemas de comercialización

y consumo rural, el SAM otorgó apoyos sin precedente alas actividades de Conasupo en todo el país. Para au-mentar la producción agroalimentaria nacional, cana-lizó grandes cantidades hacia la expansión de operacio-nes del Banco Nacional de Crédito Rural, FertilizantesMexicanos (Fertimex), la Aseguradora Nacional Agríco-la y Ganadera (ANAGSA), la Productora Nacional de Se-millas (Pronase), así como de otras agencias y empresaspúblicas, tanto en zonas de riego como en zonas de tem-poral. De hecho, se apostaba por una revolución en laproductividad agrícola en estas últimas: la futura auto-suficiencia alimentaria del país debía fincarse en granme-dida en el continuo aumento del volumen de produc-ción de la agricultura campesina.Durante un breve periodo a principios de la década

de 1980, la historia del México rural fue marcada por ungran esfuerzo de modernización agrícola entre miles depequeños productores agropecuarios, nunca antes inclui-dos en ningún programa estatal de crédito o de apoyotécnico. Los agricultores involucrados respondieron coninterés a promesas de altos precios de garantía para susproductos. Muchos aceptaron plantar las semillas híbri-das que proporcionaba Pronase y aplicar los fertilizantesquímicos que entregaba Fertimex. Y les fue bien, en tér-minos económicos, durante los dos años y pico (de 1980a 1983) que duró el SAM. Los estudios que se hicieron enese momento sugieren que aumentaron sus rendimien-tos y sus ganancias13. Con el colapso del auge del petró-leo de principios de la década de 1980, y la crisis econó-mica de 1982, se secaron los fondos en que se basabaeste esfuerzo estatal y el SAM desapareció.¿Qué habría pasado si se hubiera gozado de un perio-

do más largo para consolidar y afinar el SAM (a fin decuentas, el programa de desarrollo rural más grande enla historia del país)? ¿Cómo habría afectado este experi-mento las condiciones de vida y de producción de las

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11 Marilee Grindle evalúa estos programas en Bureaucrats, Politiciansand Peasants in Mexico, 1977; y Jonathan Fox extiende este análisis paraincluir también el Sistema Alimentario Mexicano (véase Fox, 1992).12 Un ejemplo importante de organización económica campesina quedata de fines de la década de 1970, la Coalición de Ejidos Colectivosde los Valles del Yaqui y Mayo, se analiza en Gustavo Gordillo, 1988.Este esfuerzo sirvió como modelo para la creación de otros organis-mos de productores que se integraron, amediados de la década de 1980,en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Au-tónomas (UNORCA).

13 Estos estudios pueden consultarse en James Austin y Gustavo Es-teva, 1987.

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mayorías en zonas específicas del campo mexicano? Porsupuesto, es imposible saberlo, pero durante los prime-ros años del proyecto ya se habían identificado varios pro-blemas estructurales que tendrían que haberse atendidopara que el Sistema Alimentario Mexicano se convirtie-ra, con el tiempo, en un instrumento eficaz de desarrollorural14. El primero tenía que ver con su sostenibilidad

financiera a largo plazo, un tema económico que se rela-cionaba de manera muy estrecha con otro problema detipo netamente político: la manera cómo se otorgabanlos subsidios.Tal como ocurre en cualquier programa de desarrollo

agropecuario y rural en cualquier parte del mundo, elSAM empleó mecanismos de subsidio para mejorar lascondiciones de producción y consumo en ciertas partesde la cadena agroalimentaria nacional. Por ejemplo, se lo-gró reducir el costo del crédito agrícola, así como la ero-gación que los agricultores tuvieron que hacer en otrosinsumos básicos —semillas, fertilizante, energía eléctri-ca, tractores y gasolina—,porque la Secretaría deHacien-da transfirió importantes recursos a las empresas estata-les que proveían estos bienes. Esto permitió, a su vez, quefuera más redituable la producción de bienes agrícolasprioritarios. En el otro extremo de la cadena alimenta-

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14 Aunque me limito aquí a una reseña de algunos de los principalesproblemas estructurales del SAM, es importante notar que este progra-ma federal contó con una división de investigación en la cual se elabo-raron estudios detallados—muchas veces pioneros— sobre las carac-terísticas de diferentes sectores dentro del sistema alimentariomexicano,así como sobre las dificultades a resolver en cada caso. Estos análisis dela situación que imperaba a principios de la década de 1980 en la in-dustria de la leche, por ejemplo, o del huevo, o del sistema maíz/tor-tilla o del frijol (la lista es muy extensa) constituyen fuentes de infor-mación sumamente valiosos para todos los que quieren entender laevolución del sistema agroalimentario en México.

Producción campesina de maíz. Tizapán el Alto, Jalisco.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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ria, se redujo el precio al consumidor de ciertos produc-tos de consumo básico (como la tortilla) empleando losmismos mecanismos de transferencia.El problema no estribaba en la utilización de subsidios

en sí. Todos los gobiernos delmundo, por nominalmen-te comprometidos que sean con el libre mercado,mane-jan extensos subsidios, ya que son elementos esencialesen el quehacer redistributivo del sector público. El reto,para los encargados de un programa tan grande e inno-vador de desarrollo rural como lo fue el SAM, surge alintentar asegurar que los recursos de que dispone el go-bierno subsidien en la mayor medida posible a los seg-mentos de población quemás los necesiten, y en lamenormedida posible a los grupos que más tienen. Es decir,para reducir el desperdicio de recursos hay que basarseen criterios claros de progresividad.Y esto, en el caso delMéxico de principios de la década de 1980, tenía impli-caciones políticas inaceptables: hubiera llevado a reducirde manera considerable los subsidios que se habían otor-gadodurantemuchas décadas a los agricultoresmás gran-des de las principales zonas de riego, con el fin de redi-rigir estos recursos hacia otros sectores de la agriculturanacional. De hecho, la bonanza petrolera de esos años lepermitió a López Portillo evadir esta decisión: con el SAM,el nuevo apoyo a pequeños y medianos agricultores enzonas de temporal simplemente se sumó a las erogacio-nes que ya se venían realizando durante mucho tiempopara promover la gran empresa agrícola, sin la necesidadinmediata de hacer recortes en éstas15.En consecuencia, el SAM, como fue concebido original-

mente, resultó sumamente costoso; su continuación (enausencia de los eventos catastróficos en los mercados fi-nancieros y del petróleo durante 1982) seguramente ha-bría dependido de unamayormoderación de sus gastos.El grado de éxito que se hubiera podido lograr en el ám-bito del desarrollo agroalimentario y rural habría depen-dido además de la capacidad que hubiera podido desple-gar en el campo de la reforma institucional. Aquí, desdeel principio del experimento, se advirtieron dificultades

que se relacionaban—como en el caso de la administra-ción de los subsidios— con la necesidad de encarar lasimplicaciones de la redistribución.Entre 1980 y 1983 no hubo ningún intento de reformar

las instituciones públicas del sector agrícola. Desgracia-damente, el Banco Rural, que en esos años recibió recur-sos adicionales para hacer que el crédito llegara por pri-mera vez a zonas de agricultura campesina tradicional,era el mismo organismo que antes había excluido a la po-blación de esas zonas. La Productora Nacional de Semi-llas, que antes se había dedicado casi exclusivamente aproveer variedadesmejoradas en regiones de agriculturacomercial, no sufrió ningún cambio interno significa-tivo al intentar—de manera súbita— atender una nuevaclientela en zonas alejadas y de temporal. Por esta razón,durante la corta vida del SAM, la entrega de insumos yservicios públicos en algunas regiones adolecía de losmis-mos problemas que la había caracterizado en años ante-riores. Paramejorar la actuación de agencias públicas enestos casos fue indispensable la presión ejercida pornuevas organizaciones de productores y consumidoresrurales.Finalmente, para que el Sistema Alimentario Mexica-

no se hubiese convertido, con el tiempo, en un instru-mento eficaz de desarrollo rural, habría sido indispensa-ble alguna modificación en su manera de promover lamodernización en zonas de agricultura tradicional. Elpatrón tecnológico que se trató de aplicar en esas zonas—con su énfasis en semillas mejoradas, así como en fer-tilizantes e insecticidas químicos— implicaba el endeu-damiento de los pequeños cultivadores, así como la po-sible degradación de sus recursos naturales. Al iniciarse elSAM ya existía un extenso debate sobre este tema, que só-lo ganó fuerza en las décadas posteriores a la desapari-ción del programa.

Periodo de 1983 al presente. La crisis económica de 1982,que marcó el fin del SAM y de toda una estrategia dedesarrollo nacional en México, no se debió a errores depolítica pública que correspondieran exclusivamente—oaun principalmente— a los gobiernos de Echeverría yLópez Portillo. Lo que se vivió fue una crisis mundial deinmensas proporciones, ligada a profundos cambios enla operación del sistema financiero mundial, así como a

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15 Muchos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, confrontansin éxito el dilema de cómo implementar la progresividad en los sub-sidios de una manera que no les cueste apoyo político valioso.

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maniobras estratégicas por parte de los países más po-derosos. En el corto espacio de unosmeses se triplicaronlas tasas de interés sobre préstamos contratados en elmer-cado internacional, mientras que el precio del petróleose desplomó a un tercio de su valor anterior. Estos fenó-menos, aunados a otros que venían gestándose desde ladécadade1970,desquiciaron la balanzadepagosde la granmayoría de los países en el mundo y produjeron una“crisis de deuda” que todavía no se resuelve cabalmente.El derrumbe financiero de principios de la década de

1980 legitimó la posición de economistas adeptos a ideo-logías de libre mercado e inconformes con el modelo dedesarrollo vigente y que ganaban terreno al interior del go-bierno de México (como lo habían hecho años antes enEstados Unidos y en algunos países del Cono Sur). Suposición en la burocracia estatal fue reforzadapor las prin-cipales instituciones financieras internacionales que, algestionar el pago de deuda, impusieron al gobierno deMéxico condiciones de cambio de política económica, in-cluyendo la reducción de barreras proteccionistas, la pri-vatización de empresas estatales y la desregulación gradualde muchos ámbitos de la economía, entre ellos —demanera notable— elmercado financiero. La nuevametade todo sector público debía ser la de“adelgazarse”, aban-donar su papel anterior como regulador de la economíay descartar toda pretensión de promover lo que hastaentonces se conocía con el término de“desarrollo nacio-nal”. Para los adeptos a la ideología neoliberal en ascen-so, el progreso sólo podía asegurarse en el contexto delmercado libre16.El experimento neoliberal en México, que se inició de

manera tentativa durante el periodo presidencial deMi-guel de la Madrid y cobró fuerza hacia la mitad del go-bierno de Carlos Salinas de Gortari, ha sobrevivido du-rante una etapa más larga y se ha caracterizado por unarigidez dogmática mayor que en casi cualquier otro paísdel mundo.Tal vez lamisma eficacia autoritaria del régi-men político mexicano ha tenido algo que ver con estehecho. De todas maneras, hace años que los adeptos a

esquemas dogmáticos de libre mercado van perdiendoterreno en los escenarios mundiales. Aun los promoto-res principales de estos esquemas —el Banco Mundial,el FondoMonetario Internacional y los bancos regiona-les de desarrollo— han publicado críticas a sus propiasrecomendaciones de política pública y han abogado porun cambio de rumbo. Pero hasta el momento, el gobier-no de México no da señales de hacer lo mismo.¿Qué ha significado, entonces, el apego al modelo neo-

liberal para la posibilidad de promover el desarrollo ruraly la seguridad alimentaria enMéxico?17 En primer lugar,el nuevo modelo ha implicado un cambio fundamentalen la manera en que se percibe el sector agroalimenta-rio en las esferas de toma de decisión nacional. Si hasta1982 se consideraba que la producción agropecuaria eraun elemento central en la estrategia de desarrollo nacio-nal—que suministra los bienes de exportación y de con-sumo doméstico que apuntalaban la consolidación de unpaís industrial moderno— durante las últimas dos déca-das su papel se ha reducido al de generar divisas queme-joren la balanza de pagos en un régimen basado sobre to-do en asegurar el libre flujo de capital por el país. En elnuevo orden de cosas no necesariamente se ligan la agri-cultura, la ganadería y la pesca de manera sistémica conotros sectores de la economía; simplemente son activi-dades que pueden generar ingresos para ciertos gruposen ciertas circunstancias oportunas.Esta forma de entender el mundo ha promovido un

cambio notable durante los últimos años en la maneraoficial de interpretar la seguridad alimentaria. En un es-quema que privilegia la liberación de mercados, el acce-so de la población de un país a productos alimenticios nodebe tener nada que ver con el fomento de la producciónagrícola local en ámbitos protegidos por el Estado. Se-gún la doctrina de ventajas comparativas internaciona-les, si existen condiciones de ventaja en ciertos renglonesde producción agroalimentaria en México, esos sectoresprosperarán por cuenta propia; si otros sectores agríco-las o ganaderos no son competitivos, es inútil apoyarlos

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16 Para un análisis detallado del cambio de modelo de desarrollo enMéxico después de 1982, véase Sarah Babb, 2003.

17 Para más información sobre estos temas, consúltese Alejandro Na-dal y Francisco Aguayo, 2006; José Luis Calva, 2000; y Fernando Cla-vijo, 2000.

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con fondos públicos. La seguridad alimentaria nacionalestá garantizada por la capacidad de compra del gobier-no en mercados mundiales —una capacidad que depen-de, en última instancia, del nivel de divisas en las arcasnacionales, y no de manera directa de los vaivenes de laproducción agropecuaria nacional—.En elmodelo neoliberal, entonces, no existen argumen-

tos de peso para justificar el gasto en programas que pro-muevan el desarrollo económico en zonas rurales—nue-vas industrias locales, nuevos cultivos, capacitación a lapoblación para llevar a cabo nuevas actividades—. Estono debe ser de la competencia del Estado sino de la ini-ciativa privada. Falta además, en la manera actual de en-tender el progreso, una visión territorial del desarrollo,es decir, un compromiso con la preservación natural, so-cial o cultural de ámbitos rurales determinados. La doc-

trina de libre mercado supone que si la combinación delos factores de producción en cierto lugar produce resul-tados competitivos, habrá avance. Si no, habrá que espe-rar la movilidad de factores, sea de trabajo o de capital,para que se produzcan resultados mejores. En la estrate-gia neoliberal este elemento de desarraigo territorial es elque permite a sus adeptos observar los procesos de emi-gración rural masiva de nuestros días, así como el fenó-meno de constante reubicación de industrias maquila-doras, con ecuanimidad (y hasta con beneplácito).Esta convicción explica también la despreocupación

con la que se ha abierto la economía nacional—y con ellala economía de muchos ámbitos específicos locales—a la competencia internacional.Enpocos lugares delmun-do ha habido una apertura comercial tan repentina o tanamplia como en México. La fe en la bondad de las fuer-

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La agricultura de exportación. Unión de Tula, Jalisco.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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zas del libre mercado ha sido tan extraordinaria que auncuando en el Tratado de Libre Comercio existían desde1994 previsiones para proteger ciertas ramas de activi-dad estratégicas o “de seguridad nacional” —como elmaíz—, el gobierno mexicano ha tendido a descartar ominimizar estas salvaguardas en aras de promover unamayor competitividad en la economía nacional18.Otros dos elementos de la estrategia económica lleva-

da a cabo por los gobiernos de Carlos Salinas, ErnestoZedillo y Vicente Fox—medidas atribuibles directamen-te a preceptos básicos del modelo neoliberal— han afec-tado las condiciones de vida y de producción en el cam-pomexicano durante las últimas décadas. El primero, unaapertura brusca y casi total del sistema financiero nacio-nal a los vaivenes del mercadomundial, fue un factor bá-sico en la profunda crisis financiera de 1994, seguida porla quiebra y el rescate de la banca privada, cuyos costostodavía agobian al país. La decisión de mantener un siste-ma de libre mercado financiero en México —aunquela mayoría de los expertos en finanzas a nivel mundial lapongan en duda y la gran mayoría de los países de pesoen la economía mundial hayan mantenido o reintrodu-cido ciertas medidas de protección en esta área— es tes-timonio del grado en que la economía nacional dependeahora, de manera preocupante, de la buena voluntadde inversionistas especuladores privados, quienes pre-fieren contar con una extensa libertad de acción.El segundo elemento es correlativo del primero.Mien-

tras siga vigente el modelo actual de desregulación delmercado financiero nacional, el gobierno deMéxico debeforzosamente mantener reservas muy altas de divisas endólares para defender la economía del país ante cualquiereventualidad especulativa. Estos recursos, provenientes engran parte de la venta de petróleo, no pueden dedicarseen consecuencia a programas federales que estimulen laeconomía, aumenten la tasa de crecimiento y creen nue-vos empleos. Además, un intento de estímulo económi-co—si es que llegara a ocurrir— podría acarrear riesgosde inflación, y los inversionistas especuladores se asustan

a la primera mención de esta posibilidad. Un régimen dedesarrollo nacional basado en mercados financierosdesregulados sólo sobrevivemientras exista un climama-croeconómico general de recesión o de crecimiento muylento, asociado conniveles de desempleo o subempleo al-tos, así como con sueldos bajos.Por estas razones, ya son varios decenios en los que las

instituciones del gobierno mexicano han perdido im-portancia real en la promoción del desarrollo rural y dela seguridad alimentaria nacional. Se han liquidado lama-yoría de las agencias y empresas públicas que proveíanbienes y servicios en el campo hace treinta años, y las quesobreviven manejan programas limitados. Los términosen que los productores pueden ganar acceso al crédito, alos insumos agrícolas y al consejo técnico dependen casiexclusivamente del libre arbitrio de la iniciativa privada;y para los consumidores rurales, el acceso a una canastabásica de productos a precios regulados depende del éxi-to con que logren convencer a los empleados públicosde su grado de indigencia.En un contexto ideológico en el que la transferencia

de recursos del Estado a la población rural sólo se justifi-ca si se apela a criterios de asistencialismo, se ha estable-cido una serie de programas que apoyan a grupos o in-dividuos con desventajas específicas. Para estos últimoshay pagos periódicos fijos, previa certificación de su ele-gibilidad. A la vez, existen programas (como el Progra-ma deApoyos Directos al Campo, Procampo) que com-pensan a los agricultores por la pérdida del apoyo estatalque han sufrido en casi todas las etapas de la produc-ción: cada agricultor recibe del gobierno federal un solopago anual determinado por el número de hectáreasque posee. Esta transferencia —que para los pequeñosproductores constituye unmonto irrisorio— no se rela-ciona de ninguna manera con el resultado del ejercicioagrícola; está completamente desligada de la productivi-dad. Finalmente, si algunos habitantes rurales quierenobtener recursos complementarios para financiar pro-yectos económicos específicos, pueden hacer concursarsus solicitudes con la esperanza de recibir apoyo de al-guno de los pequeños fondos administrados por dife-rentes secretarías de gobierno, especializadas en camposlimitados de acción. Estos programas son improvisa-

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18 Para un análisis de los mecanismos de protección que no han sidoutilizados por el gobierno de México, véase TimothyWise, 2007.

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dos y están mal financiados: con ellos se trata de trans-ferir a sus beneficiarios toda la responsabilidad por el di-seño y administración de proyectos que, por lo demás,se llevan a cabo en un entorno general que les es franca-mente desventajoso.Sin duda, el mayor programa de desarrollo rural de las

últimas décadas está siendo financiado no por el Estadomexicano, sino por los migrantes de zonas rurales quehuyen a Estados Unidos en búsqueda de mejores condi-ciones de vida y de empleo. Son sus remesas mensuales,ahorros reunidos a base de gran sacrificio y enviados afamiliares en México con una asombrosa regularidad, losque sostienen la vida—y a veces estimulan el progreso—en gran parte del campomexicano a principios del sigloXXI. Si por cualquier motivo se cerrara esta válvula deescape, la precariedad en que vive la gran mayoría de lapoblación rural de México sería patente e insostenible.

NUEVASTRABAS, NUEVAS OPORTUNIDADES,VIEJOS RETOS

En 2007, entonces, habría que agregar nuevos elementosa la lista original de factores que han obstaculizado el de-sarrollo rural en Méxicopresentada al principio de esteartículo.El primero ymás obvio tiene que ver con los ses-gos inherentes al mismomodelo macroeconómico neo-liberal. Durante los años previos a la década de 1980, nin-gún estudioso de la problemática del campo se habríapreocupado por el tema del bajo crecimiento de la eco-nomía nacional. Se criticaba con mucha razón el hechode que los beneficios del crecimiento no fueran distri-buidos de manera equitativa. Pero el producto nacionalbruto del país crecía a tasas relativamente altas, creandoempleos remunerados a niveles reales mucho mayoresque los actuales. Al pensar en cómo promover una me-joría en las oportunidades y niveles de vida de la pobla-ción del campo hoy día, en cambio, hay que reconocerlas enormes dificultades creadas por las políticas macroe-conómicas recesivas y por el compromiso oficial de man-tener los salarios bajos.La desprotección y desregulación de la economía del

país —y del sector agropecuario en particular— crean

un nuevo impedimento al desarrollo rural en México.Desde hace un pocomás de una década, los productoresrurales medianos y pequeños (no solamente agropecua-rios, sino también de artesanías y de productos manu-facturados) confrontan un adversario que no figurabaen la lista original de problemas a vencer. Ese adversarioes“el mercadomundial”, un ente que, por su gran enver-gadura y enorme vaguedad, es muy difícil de dominar.Los gobiernos que reconocen su obligación de defen-

der el nivel de vida de la población rural —aun cuandopromuevan cierta apertura a los mercados mundiales—financian programas públicos que fortalecen a los pro-ductores locales en su contienda contra los competido-res de otros países. Pero la idea de proveer apoyo estatala estos últimos para que compitan con cierto éxito en elcontexto internacional no es aceptable en el clima ideo-lógico actual deMéxico, como tampoco lo es la alternati-va de proteger algunas ramas de producción agropecuariae industrial, cuyo mercado principal debe ser nacional.Si estas trabas al desarrollo rural —sumamente gra-

ves, por cierto— son cualitativamente diferentes de lasque se mencionaron con anterioridad, si son de proce-dencia nueva y ciertamente no se previeron en las déca-das de 1960 y 1970, muchos otros factores que impideno limitan el mejoramiento de las condiciones de vida enel campo no son nuevos, sino que han cambiado de for-ma o ha aumentado su importancia en lamedida en quese transforma el contexto socioeconómico y político delpaís. Pensemos, por ejemplo, en el papel del crimen or-ganizado —especialmente del narcotráfico— en la socie-dad rural de hoy.Aunque el fenómeno ha estado presen-tedurantemuchos años,supeso en laproblemáticadevidade la población rural parece muchomayor ahora que enel pasado. En ciertas zonas del país también se ha ahon-dado el problema ecológico desde la década de 1980 enadelante, agravado por una continua sobreexplotación delos recursos naturales y por la mala utilización de pro-ductos químicos. Hay lugares que podrían caracterizar-se como verdaderas zonas de desastre. Sin embargo, ¿enqué medida habría que matizar este cuadro pesimista alconsiderar los logros del movimiento ecologista nacio-nal, aliado cada vez más con activistas a nivel interna-cional?

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La migración masiva es otro fenómeno que tiene mu-cha más importancia en 2007 que hace veinte o treintaaños. Siempre ha habido migración, pero en las décadasde 1960, 1970 y 1980 solía ser principalmente de natu-raleza rural-urbana. Los científicos sociales y encargadosde políticas en ese periodo consideraban que era un pro-blema serio, pero sobre todo por sus implicaciones parala calidad de vida y sustentabilidad ambiental de las gran-des urbes del país.No solía incluirse el tema de la migra-ción en la lista de principales obstáculos al desarrollorural. Ahora, en cambio, habría que preguntarse si lamigración de cualquier tipo (intra-rural, rural-urbana einternacional) no constituye una de las trabas más sig-nificativas almejoramiento de las condiciones económi-cas y sociales en el campo de México.El tema es complejo y las respuestas que se dan a esta

interrogante dependen del análisis de casos y zonas espe-cíficas. Las remesas, sin duda, constituyen una gran apor-tación a la economía rural, y si los migrantes finalmentepueden regresar a sus comunidades de origen, tal vez laexperiencia de trabajo que hayan tenido en contextosmo-dernos les sea útil. Pero, ¿qué decir de los efectos de lamigración en el tejido social del campo? Cuando casi to-das las personas en edad de trabajar están ausentes, ¿cuá-les son las posibilidades de vida de los familiares que sequedan atrás? ¿Y qué decir de la calidad de vida de losmismos migrantes, no solamente en Estados Unidos si-no también aquí en México? Muchas zonas rurales delpaís expulsan una población flotante, incluyendo a mi-les de jornaleros agrícolas—hombres,mujeres y niños—que se trasladan de un campo a otro y viven hacinadosen galeras para poder trabajar en campos agrícolas de ex-portación en condiciones infrahumanas.La situación de las mujeres en esta coyuntura es espe-

cialmente problemática; ha sido al estudiar las implicacio-nes sociales de la migración que poco a poco se ha corre-gido la ceguera lamentable que, en cuanto a relaciones degénero, caracterizaba la discusión sobre obstáculos aldesarrollo rural hasta finales de la década de 197019. Ennuestros días sería imposible ponderar las implicaciones

de nuevas estrategias de sobrevivencia en el medio ruralmexicano sin tomar en cuenta el impacto que estos cam-bios pueden tener en las opciones de vida de la mitad dela población, que es femenina.Desgraciadamente, el cua-dro resultante es sombrío: en muchas comunidades ru-rales, las mujeres ahora trabajan dobles y triples turnos—asumiendo la responsabilidad de las labores agrope-cuarias, atendiendo a hijos y ancianos, y a veces hacien-do trabajos a destajo en redes de industrias caseras des-centralizadas—.Como el narcotráfico, la migración es un problema de

desarrollo rural que no es nuevo, pero que sí adquieremayor importancia en el mundo rural de principios delsiglo XXI. ¿Ocurrirá algo similar en el caso de las otrastrabas identificadas al principio de este artículo? ¿Cómoevoluciona el fenómeno del caciquismo, por ejemplo—esa forma de control personalista, mafiosa, parasita-ria, que hamermado de forma insistente la economía detantos pequeños productores rurales desde tiempo in-memorial—? ¿Está desmoronándose con la liberación defuerzas demercado a lo largo y ancho del país? O, al con-trario, ¿se fortalecen los caciques en ciertas zonas al de-saparecer los principales programas estatales que les ha-cían competencia? Por el momento, parecería prudenteseguir incluyendo este fenómeno en la lista de obstácu-los al desarrollo rural —obstáculo viejo que, a lo mejor,se está reciclando—.Lo mismo parecería ocurrir con el manejo de este-

reotipos con los que se menosprecia la capacidad de lospequeños agricultores, de los grupos indígenas, o sim-plemente se burla de la vida rural. Sin duda, la imagenque estos grupos presentan de sí mismos al participar enla vida pública hoy día va minando tales prejuicios. Losmedios de comunicación masiva promueven un acer-camiento virtual de muchos grupos dentro de la po-blación —acercamiento que antes no era factible— yaparecen en esosmedios agricultores ejidalesmodernos,bien organizados,muchas veces aliados con productoresprivados pequeños ymedianos.Además, es fácil percatar-se de que las zonas rurales de hoy están mucho menosalejadas de la vida urbana —tanto física como cultural-mente— de lo que estaban hace treinta o cuarenta años.A la par que el resto del país, la gran mayoría de estas

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19 Una excepción a la regla es el estudio de Lourdes Arizpe, 1975.

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zonas se ha “globalizado”. En este sentido, el sesgo anti-rural (anticampesino y anti-indígena) de la poblaciónurbana podría ir perdiendo fuerza, pero de todas mane-ras es necesario tomar en cuenta el menosprecio hacia elcampo que perdura en algunos círculos y que, aún en2007, sigue afectando el porvenir del país.A diferencia de la situación que impera en muchos

otros países (Japón, por ejemplo, o Francia, Alemania,Suiza, Inglaterra o Estados Unidos), segmentos signi-ficativos de la clase media y alta mexicana todavía des-precian la vida rural. Para ellos el papel del campo en eldesarrollo pasado del país ha sido negativo, y en su desa-rrollo futuro será insignificante. Esta percepción se refle-ja claramente en la actual política oficial de abandonodel campo. Con excepción de lo que ocurre en zonas deexportación, la producción rural no merece el interésdel gobierno. El Estado se involucra en el campo másbien para proveer asistencia social; y la imagen que seproyecta de los habitantes rurales, al llevar a cabo los ex-tensos programas públicos en ese renglón, es sumamen-te negativa. En los anuncios por televisión se sugiere quelos campesinos y los indígenas son pobres y desampara-dos y que hay que ayudarlos para que aprendan a edu-car a sus hijos y a recurrir a servicios de saludmodernos.El tono de tutelaje en estos anuncios —como si la gentedel campo fuera menor de edad— recuerda estereoti-pos decimonónicos sobre la inocencia rural, así comocierto paternalismo porfirista. Se ignoran decenios de ex-periencia posrevolucionaria en los que los ejidatarios yotros habitantes rurales eran los primeros en pugnar poruna mejoría en educación y salud en sus comunidades.El sesgo insistente a favor de la gran empresa agrícola

que distorsionaba la política oficial de desarrollo duran-te las primeras tres décadas después de la Segunda Gue-rra Mundial, y que fue muy criticado por estudiosos delcampo en aquel entonces, no ha hecho más que ahon-darse durante el reciente periodo de gobierno neoliberaly sigue siendo un gran obstáculo al desarrollo rural deMéxico, aunque haya cambiado en alguna medida la ma-nera en que este fenómeno semanifiesta. Si antes se trans-firieron cuantiosos recursos del erario público al sectormoderno en zonas de riego por medio de subsidios, aho-ra el apoyo oficial se expresa más bien de manera indi-

recta, en políticas comerciales, laborales y de desregula-ción. Un mercado “libre” provee el ambiente propiciopara que los grupos económicos más fuertes eliminen asus rivales o los dobleguen a su servicio, sean éstos pe-queños y medianos agricultores, ganaderos trabajandobajo contrato o grandes agricultores nacionales que nologran escaparse del control de las empresas más gran-des o de las transnacionales. Durante las últimas déca-das ha habido una concentración considerable de poderdentro del sector agroalimentario comercial, que se so-mete cada vez más al control transnacional.El abandono o la marcada reducción de programas

oficiales de apoyo a la producción y comercializaciónagrícola ha reforzado notablemente el poder de los prin-cipales proveedores de insumos agrícolas —agencias demaquinaria, fertilizantes e insecticidas, semillas—, asícomo de los intermediarios compradores de la cosecha,que ahora controlan gran parte del valor agregado ge-nerado por la agricultura nacional. Los dueños de lasprincipales empresas agrícolas en zonas de riego suelenser también dueños o concesionarios de estos negocios.Su renovado poder en este campo (su capacidad de fijartérminos de crédito, así como precios y condiciones decompra) muy probablemente les permite influir de ma-nera considerable en el uso que gran número de peque-ños y medianos productores hacen de su tierra y agua.Hasta la década de 1990 la ley agraria prohibía la renta

o venta de estas tierras si su tenencia era ejidal o comu-nal (y cerca de la mitad de la tierra agrícola nacional loera, y aún lo es). Sin embargo, con la modificación delartículo 27 de la Constitución en 1992 se abrió la posi-bilidad de que, con la anuencia de la asamblea comunalcorrespondiente, un ejidatario o comunero pueda dispo-ner de su predio en propiedad privada, rentarlo o ven-derlo. Es decir, se dieron los primeros pasos hacia la pri-vatización de la tierra ejidal y comunal.Hasta la fecha nose sabe si esta política, en clara congruencia con la estra-tegia neoliberal de desregulación, vaya a generar un cam-bio masivo en la tenencia de la tierra, pero la renta de laparcela es frecuente—como de hecho lo era en zonas deriego aún antes de la reforma a la Constitución y por ra-zones parecidas a las actuales: sin acceso al crédito, losinsumos y los servicios de comercialización adecuados,

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o (ahora, como corolario de la migración) sin acceso a lamano de obra suficiente para trabajar la tierra, quedanpocas opciones excepto la renta.De forma paralela a la parcial desregulación del mer-

cado de tierra agropecuaria se ha llevado a cabo un granesfuerzo por deslindar y titular las parcelas de ejidatariosy comuneros, reduciendo por lomenos parcialmente unode los motivos de conflicto que ha aquejado el mediorural. ¿Habría que decir, entonces, que la traba al desa-rrollo rural relacionada con cuestiones de tenencia de latierra, señalada insistentemente por observadores delcampo en las décadas de 1960 y 1970, ha perdido relevan-cia?Mientras siga habiendo pugnas por el control de áreasvaliosas en zonas rurales (como las hay, no solamente enlo que corresponde a tierras agrícolas o ganaderas, sino

en zonas boscosas o de interés turístico), habría que de-cir que no. Además, persiste un fuerte debate sobre si lanueva posibilidad de privatización de la tierra ejidal y co-munal constituye un avance o un retroceso en la luchapara mejorar las condiciones de vida de las mayorías ru-rales de México.En este debate se contraponen dos visiones opuestas

de la civilidad en el campo, visiones basadas en una eva-luación muy distinta de la medida en que se avanzahacia la reforma democrática del país. Una posición es decorte liberal: los habitantes del medio rural mexicano son—o deben ser— ciudadanos con derechos civiles y po-líticos iguales a los de sus congéneres de toda la nación.Estos derechos incluyen—o deben incluir— la facultadde disponer de su propiedad de la manera que mejor les

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Limpia de pitayas para el mercado de Guadalajara. Amacueca, Jalisco.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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convenga. En el sistema ejidal e indígena, el control queen última instancia ejerce el Estado sobre la tenencia de latierra puede apuntalar el manipuleo político y el autori-tarismo. También puede fomentar la corrupción.Además,la manera en que funciona el gobierno ejidal o comuni-tario es, hoy día, cada vez más excluyente: por ley, par-ticipan en él solamente los jefes de familia con estatus deejidatario o comunero. El número es cada vez mayor dehabitantes locales sin derecho a la posesión de la tierra,como los jóvenes y la granmayoría de lasmujeres, que notienen voz ni voto en el manejo de los recursos de la lo-calidad.Los que sostienen la posición opuesta a la privatiza-

ción de la tierra ejidal e indígena aseveran que el controlcomunal representa la única defensa que tienen los ha-bitantes locales frente a la rapacidad de agentes externos,tanto privados como gubernamentales. En el contextoactual de corrupción generalizada del sistema legal, el he-cho de poseer un título de propiedad no protege a un

productor ejidal o a un comunero que quiere convertir-se en propietario privado; al contrario, lo expone a esta-fas en las que, finalmente, puede perder el único patri-monio que tiene. En cuanto al tema de la democracialocal, estos observadores defienden la validez del gobier-no ejidal que, cuando funciona bien, crea grandes opor-tunidades de participación en la toma de decisiones enel nivel local. Insisten, además, en la utilidad del gobier-no tradicional indígena, basado en la formación de con-senso y dirigido por las autoridades del lugar, y no en elsufragio formal que produce decisiones por mayoreo devotos de los habitantes.Obviamente, hay evidencia de casos concretos que ser-

virían para apoyar cada una de estas posiciones. Tanto elsistema ejidal como el comunal funcionan muy bien enalgunos casos, y menos bien en otros. Lo que sí pareceestar fuera de toda duda es la extrema lentitud y parcia-lidad con que se ha ido reformando el sistema político yla administración de justicia en ámbitos regionales, es-

� Plantación de pitayas en Amacueca, Jalisco.

LuisIgnacioGonzálezCalleja

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tatales y locales. La liberación de las fuerzas de mercadodurante las últimas dos décadas ha tenidomuy poco quever con la verdadera democratización del país. Esto sig-nifica que el simple hecho de regular los aspectos forma-les de la tenencia de la tierra no resuelve los problemas defondo que trastornan el acceso a recursos en el campo(que dependen todavía del ejercicio extralegal del poder).En la lista original de obstáculos al desarrollo rural que-

dan dos factores que parecen haber sufridomodificacio-nes considerables desde la década de 1980 en adelante yque están estrechamente relacionados entre sí (de he-cho, todos los factores lo están). A nivel nacional se haroto el control absoluto que ejercía el Partido Revolucio-nario Institucional (PRI) sobre el sistema político nacional,lo que ha abierto espacios para la formación de nuevospartidos y dado paso a procesos electorales competidos.¿Significa esto que grupos organizados de pequeños yme-dianos agricultores, así como otros organismos de pre-sión en el medio ruralmexicano, gozan de unamayor ca-pacidad de negociación de sus demandas que hace treintaaños? Indudablemente sí. ¿Sería aconsejable, entonces,concluir que en 2007 la traba al desarrollo rural relacio-nada con el autoritarismo político no merece mayor con-sideración? Probablemente no, por varias razones queincluyen no sólo el lento progreso de democratización enciertos estados y regiones, así como el recrudecimientode la violencia política en otros, sino la evolución aparen-te del sistema político nacional hacia un nuevo autori-tarismo, no necesariamente identificado con el PRI.El fenómeno de corporativismo en el campo —del tipo

de control de la población local ejercido no por caciquessino por partidos políticos o programas de gobierno, acambio de favores oficiales— tampoco debe descartarsecomo tema de preocupación en ciertas zonas rurales delpaís.La estructura tradicional de organizaciones gremiales(incluyendo las campesinas) relacionada con el PRI estáen franco declive desde hace varias décadas, pero estapérdida de fuerza política puede haberse compensadoen parte por el auge de nuevos programas estatales queproveen recursos y servicios a cambio de lealtad.En última instancia, los habitantes del campo mexi-

cano siguen viviendo en un medio hostil, en cierto sen-tido, más que el que los rodeaba durante las décadas de

1950, 1960 o 1970. La masiva fuga de campesinos del paísen años recientes es un indicador innegable de este he-cho, y el envío de remesas es, a la vez, señal de su firmecompromiso con el futuro de las comunidades ruralesdel país. ¿Pero realmente tienen futuro? La respuesta quese dé en 2007 a esta pregunta depende, en parte, de lamedida en que coaliciones de organismos campesinos,ecologistas, sindicatos agrícolas y otros logren impulsarcambios fundamentales en las instituciones y en las po-líticas que determinan las oportunidades de vida en laszonas rurales de México. Hay experiencias notables eneste sentido, incluyendo la reciente movilización masivade productores agrupados bajo el lema de “El campo noaguantamás”para demandar cambios en la política agro-pecuaria del país. Además, la creciente interrelación depersonas en todas partes del mundo crea oportunidadesde acción que no existían antes. Las asociaciones de mi-grantesmexicanos en el exterior, por ejemplo, constituyenun nuevo factor en el balance del poder nacional y sue-len apoyar iniciativas que mejoran el nivel de vida en lascomunidades rurales. La notable facilidad con que activis-tas y analistas con intereses afines, ubicados en diferentespaíses, intercambian información y participan en proyec-tos conjuntos también estimula la elaboración de pro-puestas novedosas. Sin duda, el segmento de la poblaciónnacional que ahora defiende unproyecto de desarrollo ru-ral en México está mucho mejor informado y tiene alia-dos internacionales mucho más fuertes que sus anteceso-res de hace treinta o cuarenta años.A principios del sigloXXI no falta capacidad ni de análisis ni de propuesta20.Lo que sí falta, y de manera notable, es un interlocu-

tor válido dentro del Estado mexicano: un contexto po-lítico en el que estas propuestas para crear y defender ni-veles de vida decorosos en el campo tengan acogida, asícomo un contexto macroeconómico en el que la activi-dad agrícola y ganadera en pequeña ymediana escala go-ce de alguna posibilidad de éxito. El actual modelo eco-nómico no satisface este requisito. En ninguna economíaavanzada delmundo—yciertamente enningunotro país

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20 Amanera de ejemplo, véanseVíctor Suárez Carrera, 2005; y José LuisCalva, 2007.

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miembro de la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE) — sería posible mante-ner el nivel acostumbrado de apoyo a sus zonas rurales(el nivel que priva actualmente) si existiera el mismo gra-do de apertura comercial y desregulación financiera quese mantiene actualmente en México.No es imposible que la misma evolución de la eco-

nomía internacional provea un fuerte impulso hacia uncambio de dirección en la política económica mexicana.Los mercados mundiales son sumamente inestables y lahistoria moderna ha estadomarcada por repetidas crisisde gran envergadura, seguidas siempre por el reordena-miento de modelos de desarrollo a nivel tanto nacionalcomo internacional. En el pasado, aun la amenaza de unacontecimiento de este tipo ha estimulado una revalo-ración del papel del sector agropecuario en la seguridadnacional de muchos países, con la consecuente adecua-ción de estructuras oficiales de apoyo a la producción yproductividad rural. ¿No sería tiempo de hacer lo mis-mo en México?

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