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RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 85/2016.

RECURRENTE: **********.

PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA: MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.

Vo. Bo.Sr. Ministro.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación correspondiente a cuatro de julio de dos

mil dieciocho.

Cotejó.

VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión

administrativa identificado al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Interposición del recurso. Mediante escrito

presentado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de

Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación, **********, interpuso recurso de revisión

administrativa contra los actos que a continuación se indican:

“[…] 1. La resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 85/2016 [2]

que se determinó que no procedía declarar vencedor al suscrito en el Vigésimo Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito.2. La calificación del caso práctico (sic) de 77.444931 (setenta y siete puntos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y un millonésimas), en caso de que haya existido una consideración desigual respecto de los participantes en relación con la calificación que se me otorgó; asimismo, me reservo el derecho de ampliar mi escrito de expresión de agravios respecto a las calificaciones parciales otorgadas por cada uno de los miembros del Comité Técnico que evaluó los dos proyectos de resolución que formulé respecto de los casos prácticos que me fueron aplicados los días dos y tres de febrero del año en curso, en razón de que manifiesto bajo protesta de decir verdad desconocer cuáles fueron las consideraciones y fundamentos para calificar con la puntuación que me otorgaron con los números de códigos de barras ********** y **********.3. El acta de evaluación de los factores de desempeño judicial y el resultado de los exámenes orales, en caso de que haya existido una consideración desigual respecto de los participantes en relación con la calificación que se me dio.4. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Acuerdo General 22/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de dos mil catorce, en lo relativo a la valoración de los factores de desempeño judicial, así como de la convocatoria al Vigésimo Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito de Competencia Mixta en lo relativo al punto DECIMOTERCERO de dicha convocatoria, y la aprobación en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, de la lista de vencedores de dicho concurso. […]”.

SEGUNDO. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de dos de

mayo de dos mil dieciséis, el Ministro en funciones de Presidente de

este Alto Tribunal del País, admitió a trámite el recurso de revisión

administrativa, registrándolo con el expediente 85/2016; determinó que

el recurrente tenía expedito su derecho para ampliar los agravios;


además admitió las documentales relativas a

diversos acuerdos generales, señalando que su

existencia no requiere ser probada en autos y

solicitó tanto los originales, como las copias certificadas de las

probanzas señaladas en el escrito inicial (identificadas como 2, 3, 4 y

5); igualmente, se ordenó dar vista a los terceros interesados para que

alegaran lo que a su interés legal conviniera.

De igual forma se requirió al Consejo de la Judicatura Federal

para que rindiera el informe previsto en el artículo 124, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ordenó turnar el asunto

a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.

TERCERO. Informe del Consejo de la Judicatura Federal. El

Consejero de la Judicatura Federal, en ejercicio de la representación

prevista en el artículo 124, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, rindió informe en el cual aceptó la certeza de los actos

impugnados y acompañó las pruebas que consideró pertinentes.

CUARTO. Trámite del recurso de revisión administrativa. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, el Presidente

en funciones de este Alto Tribunal, tuvo por rendido el informe del

Consejo de la Judicatura Federal y por exhibidas las documentales

que adjuntó, con lo que se ordenó dar vista al recurrente para que

manifestara lo que a su interés conviniera; asimismo, se solicitó al

Secretario Ejecutivo del Pleno del referido Consejo, remitiera en

original o en copia certificada diversas constancias.

En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el

Presidente en funciones declaró precluido el derecho del recurrente


para desahogar la vista ordenada mediante auto de dos de junio del

mencionado año, respecto del informe rendido por el Consejo de la

Judicatura Federal; asimismo, se tuvo al Secretario Ejecutivo del Pleno

del citado Consejo remitiendo diversas probanzas, con lo que se dio

vista al agraviado para que manifestara lo que a su derecho

conviniera.

QUINTO. Primera ampliación de agravios. En proveído de cuatro de

agosto de dos mil dieciséis, se admitió la primera ampliación de agravios y

se solicitó informe al Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se

admitieron las documentales del recurrente, además se le tuvo por

desahogada la vista otorgada mediante auto de veintiuno de junio del citado

año y realizando diversas manifestaciones; también, se solicitó al referido

Consejo que remitiera los originales o en su defecto copias certificadas de

las pruebas identificadas como 2) y 3), ofrecidas por el agraviado.

Recibido el informe del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la

ampliación de agravios, por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil

dieciséis, se dio vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho

conviniera.

Posteriormente, mediante auto de cinco de septiembre de dos mil

dieciséis, se tuvo por precluido el derecho del recurrente para que

desahogara la vista ordenada por acuerdo de dieciocho de agosto del citado

año, respecto al informe rendido por el Consejo de la Judicatura Federal;

además, se dio vista a los terceros interesados para que formularan

alegatos.

SEXTO. Segunda ampliación de agravios. En proveído de cinco de

octubre de dos mil dieciséis, se admitió la segunda ampliación de agravios


presentada por el recurrente y se solicitó el informe al

Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se tuvo por

ofrecidas las documentales del agraviado.

Recibido el informe del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la

segunda ampliación de agravios, por acuerdo de dieciocho de octubre de

dos mil dieciséis, se dio vista al recurrente para que manifestara lo que a su

derecho conviniera.

Mediante auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por

precluido el derecho del recurrente para que desahogara la vista ordenada

por acuerdo de dieciocho de octubre del citado año, respecto al informe

rendido por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se ordenó dar

vista a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho

conviniera respecto de las actuaciones posteriores al proveído de cinco de

septiembre de la mencionada anualidad.

En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por

precluido el derecho de los terceros interesados para que realizaran

manifestaciones; además, se determinó que el expediente estaba integrado.

De igual forma, se ordenó enviar el asunto al Pleno de este Alto

Tribunal, al pertenecer a la “Comisión 82”, denominada “Concursos para la

designación de Jueces de Distrito Especializados en el Nuevo Proceso

Penal Acusatorio”.

Por otra parte, tomando en cuenta el dictamen de la Ministra

Margarita Beatriz Luna Ramos, encargada de la “Comisión 82”, por

acuerdo de Presidencia de este Alto Tribunal, de dos de febrero de

dos mil dieciocho, se ordenó remitir los autos al Ministro Alberto Pérez


Dayán y enviarlo a la Sala a la que se encuentra adscrito a efecto de

que el Presidente dictara el acuerdo de radicación respectivo.

SÉPTIMO. Radicación en esta Segunda Sala. Atento a lo

anterior, por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, esta

Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y se ordenó

devolverlo al Ministro Alberto Pérez Dayán para la elaboración del

proyecto de resolución respectivo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el asunto

que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100,

párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 21, fracción XI, 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero del

Acuerdo General Plenario 5/2013, porque se interpone contra actos

del Consejo de la Judicatura Federal, relacionados con la segunda

etapa de un Concurso Interno de Oposición para la designación de

Jueces de Distrito y su resolución no implica emitir un criterio de

relevancia jurídica.

SEGUNDO. Legitimación y oportunidad. El agraviado está

legitimado para interponer tanto, el recurso de revisión administrativa,

como las ampliaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos

100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación; ello, porque quienes se inscriben, no son admitidos


en un concurso para la designación de Magistrados

de Circuito o Jueces de Distrito o hubieren

participado y no fueron favorecidos con la

designación respectiva, debido a que con esas exclusiones se puede

afectar su interés jurídico.

Además, tanto del escrito que origina este recurso, como del

informe rendido por el Consejo de la Judicatura Federal, se advierte

que el agraviado, se inscribió en el Vigésimo Primer Concurso Interno

de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito y no se incluyó

en la lista de vencedores del certamen.

Lo anterior, apunta hacia la conclusión de que el recurrente está

legitimado para interponer tanto la revisión principal como las

ampliaciones, en contra de los actos precisados en el resultando

primero de esta resolución.

Al respecto resulta aplicable la tesis P. XXXI/97, emitida por el

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y

texto son los siguientes:

“REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los medios de defensa, por regla general, se encuentran previstos respecto de las personas que sean afectadas en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad. De acuerdo con ello, al contemplar el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión administrativa, entre otros casos, en contra de las resoluciones sobre designación de Jueces de Distrito y dar legitimación para promoverlo, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder


Judicial de la Federación, a quienes participaron en el concurso, debe inferirse que ello se circunscribe a la afectación de los intereses jurídicos de los mismos, a saber, que no fueron favorecidos por la designación, considerando tener derecho a ello respecto de los designados, sin que proceda interponer ese medio de defensa cuando no se produce esa afectación.”1

En relación con la oportunidad, cabe precisar que el plazo para

interponer el recurso de revisión administrativa es dentro de los cinco

días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido efectos la

notificación del acto impugnado que se reclama, de conformidad con lo

establecido en el artículo 124, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación.

El recurso fue interpuesto de manera oportuna, tal y como a

continuación se demostrará.

El artículo 124, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación establece:

“Artículo 124. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse. El escrito de revisión y el informe correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un ministro ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto y será rendido por uno de los consejeros que hubiere votado a favor de la decisión, quien representará al Consejo de la Judicatura Federal durante el procedimiento.”

De la lectura del citado numeral se advierte que el recurso de

revisión administrativa se debe interponer dentro de los cinco días

hábiles contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la 1 Visible en la página ciento veintinueve, Tomo V, de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199471.


notificación del acto impugnado, que es al día

siguiente al en que ésta se practique, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 321, del Código

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la

tramitación del recurso de revisión administrativa, previsto en el

artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 122, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, de conformidad con el criterio del Tribunal Pleno

contenido en la tesis P. VIII/99, publicada con el rubro y texto

siguientes:

“REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen.”2

En estos términos, cabe precisar que del expediente en que se

actúa se advierte que no existe ninguna constancia o certificación de

la notificación realizada por el Consejo de la Judicatura Federal de la

que se advierta el cómputo; así, ante la falta de ese dato, se debe

tomar por cierta la fecha que manifiesta el recurrente, al señalar que

conoció de los actos impugnados el veinte de abril de dos mil dieciséis.

2 Visible en la página cuarenta y tres, Tomo IX, de febrero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194628.


Máxime que el Consejo de la Judicatura Federal no controvirtió

la presentación de dicho escrito.

Lo antes afirmado tiene apoyo, por identidad de razón, en la tesis

aislada emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la

Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA. El artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo, previene el recurso de revisión administrativa ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces. Dicho recurso se encuentra regulado en los artículos del 122 al 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableciéndose en el 124, que el mismo deberá presentarse ante el presidente de ese Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse. Dicha notificación, a su vez, se encuentra prevista en el artículo 72 del propio ordenamiento, que manda que las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal, constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos y notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. De esto se sigue que si se formula una revisión administrativa en contra de una de las resoluciones respecto de las que procede y el promovente afirma que la resolución que combate no le fue notificada, sin que ello llegue a desvirtuarse durante la tramitación del recurso, el cómputo del término para determinar si se hizo valer en tiempo debe hacerse a partir de la fecha en que se ostentó sabedor del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria”.3

En consecuencia, si el recurrente manifiesta haber conocido los actos impugnados el veinte de abril de dos mil dieciséis, derivado de la notificación que se le practicó, la cual surtió efectos el

3 Visible en la página ciento treinta y dos, Tomo V, de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199475.


día hábil siguiente, es decir, el veintiuno, entonces

el plazo de cinco días para la interposición del

recurso de revisión administrativa comprendió del veintidós al veintiocho de abril del citado año, debiéndose

descontar el veintitrés y veinticuatro de abril, por corresponder a

sábado y domingo, respectivamente, de conformidad con lo que

establece el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación y punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; consecuentemente, si el

recurso se interpuso el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, es

dable concluir que es oportuna su presentación.

En cuanto a la primera ampliación de agravios, ésta fue

interpuesta en tiempo, atento a lo siguiente:

De conformidad con la jurisprudencia P./J. 41/2012 (10a)4,

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el

plazo para presentar el escrito de ampliación de agravios es de cinco

días hábiles, siguientes al en que se tenga conocimiento de datos

novedosos con motivo del informe que rinda el Consejo de la

Judicatura Federal.

4 “RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Para la ampliación de la expresión de agravios en el recurso de revisión administrativa establecido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe seguirse la regla prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala el plazo de 5 días para la interposición del aludido recurso, pues en tanto dicha ampliación representa en realidad el ejercicio de una acción, el plazo relativo debe ser el mismo que para interponer el recurso, en la inteligencia de que éste deberá ser computado a partir del momento en el cual el recurrente tenga conocimiento de datos novedosos con motivo del informe que rinda el Consejo de la Judicatura Federal.” (Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y uno, Libro XVI, de enero de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002623).


Ahora, la ampliación de agravios se hizo en relación con las

documentales que se dejaron a la vista del recurrente mediante

proveído de dos de junio de dos mil dieciséis.

La notificación del proveído aludido en el párrafo que antecede

aconteció el catorce de junio de dos mil dieciséis, la que surtió efectos

el día hábil siguiente, esto es el quince de junio del citado año; por

ende, el plazo de cinco días5 transcurrió del dieciséis al veintidós de

junio de la mencionada anualidad, debiéndose descontar el dieciocho

y diecinueve de junio, por corresponder a sábado y domingo,

respectivamente, de conformidad con lo que establece el artículo 163,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto

Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema

Corte de Justicia de la Nación; consecuentemente, si el escrito de

ampliación de agravios se presentó el veintiuno de junio de dos mil

dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de

este Alto Tribunal, es indudable que su interposición fue oportuna.

Extemporaneidad de la segunda ampliación de agravios. De

conformidad con la citada jurisprudencia P./J. 41/2012 (10a)6, emitida

5 “RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Para la ampliación de la expresión de agravios en el recurso de revisión administrativa establecido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe seguirse la regla prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala el plazo de 5 días para la interposición del aludido recurso, pues en tanto dicha ampliación representa en realidad el ejercicio de una acción, el plazo relativo debe ser el mismo que para interponer el recurso, en la inteligencia de que éste deberá ser computado a partir del momento en el cual el recurrente tenga conocimiento de datos novedosos con motivo del informe que rinda el Consejo de la Judicatura Federal.” (Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y uno, Libro XVI, de enero de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002623).

6 “RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Para la ampliación de la expresión de agravios en el recurso de revisión administrativa establecido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe seguirse la regla prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala el plazo de 5 días para la interposición del aludido recurso,


por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el plazo para presentar el escrito de

ampliación de agravios es de cinco días hábiles,

siguientes al en que se tenga conocimiento de datos novedosos con

motivo del informe que rinda el Consejo de la Judicatura Federal.

En el caso, en auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis,

el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, dio vista al recurrente por el plazo de tres días, con el informe

y las pruebas ofrecidas por el Consejo de la Judicatura Federal,

respecto a la primera ampliación de agravios.

La notificación de ese proveído se realizó el veinticinco de

agosto de dos mil dieciséis, por lo que surtió efectos el día hábil

siguiente, esto es el veintiséis de agosto del citado año;

consecuentemente, el plazo de cinco días previsto para la ampliación

transcurrió del veintinueve de agosto al dos de septiembre de la

mencionada anualidad.

En ese sentido, si el escrito de ampliación de agravios se

presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el veintisiete de

septiembre de dos mil dieciséis; se concluye que se presentó fuera del

plazo respectivo para su interposición.

TERCERO. Procedencia. En el caso se actualiza el supuesto

previsto en el artículo 123, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

pues en tanto dicha ampliación representa en realidad el ejercicio de una acción, el plazo relativo debe ser el mismo que para interponer el recurso, en la inteligencia de que éste deberá ser computado a partir del momento en el cual el recurrente tenga conocimiento de datos novedosos con motivo del informe que rinda el Consejo de la Judicatura Federal.” (Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y uno, Libro XVI, de enero de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002623).


Federación, en virtud de que los actos impugnados fueron emitidos

con motivo de exámenes de oposición, el recurrente es una de las

personas que participó en éstos y no se encuentra en la lista de

vencedores del concurso interno de oposición para la designación de

Jueces de Distrito al que se inscribió, lo cual implica que el recurso de

revisión administrativa es procedente7.

CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del

asunto, resulta pertinente hacer un breve relato de los antecedentes

relevantes del caso.

16 de julio de 2014.8 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 22/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición.

29 de enero de 20159. Se publicó la Convocatoria al Vigésimo Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito.

En febrero de 201510. El recurrente se inscribió en el citado concurso.

20 de marzo de 201511.

Se llevó a cabo la primera etapa del concurso, consistente en la aplicación del cuestionario a los participantes.

7 “Artículo 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: I. Tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado en él […]”.8 Dieciséis de julio de dos mil catorce.9 Veintinueve de enero de dos mil quince.10 En febrero de dos mil quince.11 Veinte de marzo de dos mil quince.


26

de marzo de 201512.

7 de abril de 201513.

2 de marzo de 201614.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de participantes que accedieron a la segunda etapa del concurso en cuestión, en la que no fue incluido el recurrente.

Inconforme con lo anterior, **********, interpuso la revisión administrativa 59/2015, del índice de esta Segunda Sala del Alto Tribunal del país, la que se declaró fundada mediante resolución de siete de octubre de dos mil quince.

En cumplimiento a lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió la resolución en la que determinó lo siguiente:

“[…] Por lo expuesto y fundado, se resuelve:PRIMERO. Derivado del cumplimiento a la ejecutoria de siete de octubre de dos mil quince, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 59/2015, se determina que no es el caso declarar vencedor a **********, en el Vigésimo Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito.SEGUNDO. Remítase copia certificada de esta resolución […].”

28 de abril de 201615. Inconforme con lo anterior, el ahora agraviado interpuso la revisión administrativa que nos ocupa.

QUINTO. Consideraciones y fundamentos. Como punto de

partida, cabe precisar que en este apartado sólo se analizarán los

agravios expuestos en el recurso de revisión principal y en la primera

ampliación, sin estudiar los de la segunda ampliación, en razón de que

resultó extemporánea.

En el primer agravio de la revisión principal, aduce el

recurrente que el artículo 100, párrafos séptimo y octavo,

constitucional, prevé que la ley establecerá las bases para la

12 Veintiséis de marzo de dos mil quince.13 Siete de abril de dos mil quince.14 Dos de marzo de dos mil dieciséis.15 Veintiocho de abril de dos mil dieciséis.


formación y actualización de los funcionarios, así como el desarrollo

de su carrera judicial y de conformidad con lo dispuesto en la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la

Judicatura Federal está facultado para expedir Acuerdos Generales;

agrega que el artículo 114, fracción III, de la Ley en cita, establece el

procedimiento a que se sujetarán los concursos para ingresar a las

categorías de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, señalando

que al llevarse a cabo la evaluación, el jurado tomará en cuenta la

antigüedad, el desempeño, el grado académico, los cursos de

actualización y especialización acreditados, en términos del

reglamento que dicte el aludido Consejo, lo que implica que éste está

facultado para expedir los reglamentos en materia de carrera judicial.

Indica que el Acuerdo General 22/2014 infringe lo dispuesto en

los artículos 1, 8.1, 23.1, inciso c) y 24, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, en lo relativo a la valoración de los factores

de desempeño judicial, ya que el Consejo de la Judicatura Federal

sólo está facultado para expedir los reglamentos en materia de carrera

judicial, sin que exista alguno que regule la antigüedad en el Poder

Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico, así

como los cursos de actualización y especialización acreditados por los

participantes ante el Instituto de la Judicatura Federal, motivo por el

cual el citado Acuerdo General transgrede el principio de legalidad, ya

que los aspectos que regula deben estar previstos en un reglamento y

no en un acuerdo.

El agravio en estudio es infundado, atento a las siguientes

consideraciones.


En primer lugar conviene tener en cuenta lo

que respecto a los factores del desempeño judicial,

establece el artículo 114, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación:

“Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento: […]I. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de oposición libre o de concurso interno de oposición.La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios;III. […] Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. […]”.

Del precepto reproducido se advierte que en los certámenes de

oposición libre para el ingreso a la categoría de Juez de Distrito los

integrantes del Jurado tomarán en consideración los cursos que haya

realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial de la

Federación, el desempeño, el grado académico, entre otros aspectos,

lo que implica que la evaluación de los factores de desempeño sí está

contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El numeral copiado también indica que el Consejo de la

Judicatura Federal establecerá las etapas que conformarán el proceso

de selección que se llevarán a cabo, lo que en la especie aconteció al


emitirse el Acuerdo General 22/2014 impugnado, cuyos artículos en la

parte que interesan establecen lo siguiente:

“ACUERDO GENERAL 22/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES, MEDIANTE CONCURSOS INTERNOS DE OPOSICIÓN.CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos primero, séptimo y octavo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus propias resoluciones, teniendo entre sus facultades la de expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; […].

Artículo 4. Los requisitos que los aspirantes deben reunir al momento de la inscripción, son:I. Los que establecen los artículos 108 y 113, párrafo segundo, de la Ley; II. Antigüedad de cuando menos cinco años en una o varias de las categorías de carrera judicial señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley;III. Contar con nombramiento en la categoría de carrera judicial a la que va dirigida la convocatoria, aun cuando se encuentre de licencia o comisión para ocupar diverso cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, y que reúnan el perfil señalado en el artículo 2 de este Acuerdo; en el entendido de que para permanecer en el concurso, deberán continuar en funciones en la o las categorías de que se trate durante todas las etapas del mismo.

Artículo 6. Los parámetros para la evaluación final de los concursantes serán los siguientes:I. Hasta 45 puntos la calificación obtenida en el caso práctico;II. Hasta 35 puntos la que se obtenga en el examen oral; y,III. Hasta 20 puntos los factores del desempeño judicial.

Artículo 31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley, la segunda etapa del proceso de selección, se conformará de


dos fases: la resolución de un caso práctico que comprenderá el desahogo de dos ejercicios que, dependiendo de la especialidad concursada, consistirán en la elaboración de dos proyectos de resolución

de igual número de casos; y, la realización del examen oral y público en el que se calificarán los factores del desempeño de los sustentantes.

Artículo 53. El Jurado evaluará respecto de cada participante los factores del desempeño judicial a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley, en términos de este acuerdo general, consistentes en la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; los cargos desempeñados en las distintas categorías de la carrera judicial señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la propia Ley; el grado académico; y, los cursos de actualización y especialización jurídica.

Artículo 55. La evaluación de los factores del desempeño judicial, conforme a los parámetros que más adelante se precisarán, se medirá en una escala de 0 a 100 puntos, y podrá alcanzar como máximo 20 puntos de la calificación final.

Artículo 56. La evaluación de los factores del desempeño judicial, se hará conforme a los siguientes parámetros:I. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, un punto por cada año de servicio, sin exceder el máximo de 25.II. La carrera judicial será valorada por cada año de servicio en las categorías establecidas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley, conforme a lo siguiente: […].III. El grado académico, se valorará conforme a lo siguiente: […].IV. Para evaluar la actualización y la capacitación de cada participante, se entenderá por curso la actividad académica sistematizada de índole jurídica, que tiene como objetivo adquirir o actualizar los conocimientos y habilidades en torno a un tema, durante un periodo de tiempo predeterminado y a través de diversas estrategias pedagógicas desarrolladas por algún docente, catedrático o experto, o varios de ellos. En términos de la Ley, deberán considerarse los cursos impartidos por el Instituto, la Corte o el Centro de Capacitación, y los acreditados en diversa institución educativa con reconocimiento oficial. Los estudios realizados en el extranjero se reconocerán siempre y cuando hayan sido revalidados ante las instancias correspondientes o promovidos por el propio Consejo. […].”


De lo anterior se observa que el Consejo de la Judicatura

Federal con base en las facultades constitucionales y legales

conferidas en los artículos 94, párrafo segundo16, y 100, párrafos

primero, séptimo y octavo, primera parte17, de la Carta Magna; 6818 y

81, fracción II19, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, emitió el Acuerdo General 22/2014, en cuyos artículos se

regula lo relativo a los factores de desempeño judicial, dentro de lo

que se comprende: la antigüedad en el Poder Judicial de la

Federación, el desempeño, el grado académico, así como los cursos

de actualización y especialización acreditados por los participantes

ante el Instituto de la Judicatura Federal, sin que ello implique la

violación al principio de legalidad, dado que la atribución del referido

órgano colegiado para normar tales aspectos a través de los Acuerdos

16 “Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. […]”.17 “Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.[…] La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.”18 “Artículo 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último.”19 “Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:[…] II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; […]”.


Generales, deriva tanto de la Constitución Federal,

como de la Ley Orgánica aludida, sin que el hecho

de que no estén previstos en un reglamento

implique su ilegalidad.

Además, cabe precisar que se estableció en la convocatoria del

Vigésimo Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación

de Jueces de Distrito que las etapas del concurso se desarrollarían

conforme a lo establecido en el Acuerdo General 22/2014, de cuyos

artículos recién transcritos se observa claramente que los parámetros

para la calificación final de los concursantes se obtendrían tomando en

consideración hasta cuarenta y cinco (45) puntos en el caso práctico,

hasta treinta y cinco (35) puntos en el examen oral y hasta veinte (20)

puntos en los factores del desempeño judicial, conforme a los

parámetros establecidos en el citado Acuerdo.

De modo que no asiste razón al recurrente cuando afirma que la

evaluación de los factores del desempeño judicial no tiene sustento

legal, ya que como claramente se observa del marco normativo

reproducido, se advierte lo contrario.

Ahora, dada la estrecha relación que presentan los argumentos

planteados en los agravios segundo y tercero, en virtud de que en

ambos se impugna el artículo 56, fracción II, del Acuerdo General

22/2014; por lo que, se analizan en forma conjunta.

En el segundo agravio de la revisión principal, aduce el

recurrente que el artículo 56, fracción II, del Acuerdo General 22/2014,

es violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación, al

establecer que la carrera judicial será valorada por cada año de


servicio en las categorías establecidas en las fracciones III a IX, del

artículo 110, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

que prevé un (1) punto para el cargo de secretario de Juzgado de

Distrito y dos (2) puntos para el de Tribunal Colegiado, soslayando que

para ocupar dichos puestos se requieren cumplir iguales requisitos,

motivo por el cual no se les debe otorgar un trato diferente al

calificarse con distinta puntuación por cada año de servicio, sin que se

advierta una finalidad constitucionalmente válida para asignar ese

puntaje.

Agrega que al recurrente al pertenecer a la categoría de

secretario de Juzgado de Distrito se le otorgó una puntuación más

baja que al calificarse el tiempo que estuvo como secretario de

Tribunal Colegiado, lo que evidencia lo desproporcional de los factores

de desempeño judicial, lo que, es violatorio de los derechos de

igualdad y no discriminación.

Refiere que de la confrontación de los Acuerdos Generales

57/2008, 30/2010 y 6/2013, se advierte que para evaluar los factores

de desempeño judicial se determinaron tres (3) puntos por cada año

de servicio en la categoría de secretario de Juzgado de Distrito, en

cambio en la de Tribunal Colegiado correspondía a cuatro (4) puntos;

además en el acuerdo impugnado se estableció otorgar sólo un (1)

punto para los adscritos a los juzgados y dos (2) puntos para los de

Tribunal Colegiado, lo que evidencia que existe una incongruencia en

esa regulación, máxime si para valorar los elementos que se toman en

cuenta para readscribir a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito,

se expresan en puntos y la antigüedad se valora por el desempeño en

cada categoría, indicándose que tanto en la de secretario de tribunal,

como en la de juzgado se otorga hasta cuatro (4) puntos,


considerando un (1) punto por cada año de

servicio, lo que evidencia la violación a los

derechos de igualdad y no discriminación.

En el tercer agravio de la revisión principal, el recurrente

aduce que el artículo 56, fracción II, del Acuerdo General 22/2014, es

inconstitucional al privilegiar con mayor puntuación a quienes tienen

carrera en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, sin tomar en cuenta que no realizan funciones de Juez

de Distrito, en comparación con la puntuación asignada a los

secretarios de juzgado o de un Tribunal Colegiado, sin que exista

ninguna justificación objetiva, ya que no debe considerarse que un

secretario en materia electoral puede tener mayor experiencia para

dirigir un juzgado que un secretario adscrito a éste, lo que es violatorio

de los artículos 1, 8, 17, 14, 16, 35, fracción IV y 97, constitucionales;

punto 10, de los Principios Básicos de la Independencia de la

Judicatura, aprobados en la sesión ciento dieciséis (116) de la

Asamblea General de las Naciones Unidas; así como los numerales 1,

8.1, 23.1, inciso c) y 24, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.

El agravio que antecede es infundado, atento a las siguientes

consideraciones.

Dada la importancia que para el caso presenta, resulta pertinente

traer a la vista lo dispuesto en el artículo 110, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación.

“Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por las siguientes categorías:


I. Magistrados de circuito;II. Juez de distrito;III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;VI. Secretario de Acuerdos de Sala;VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala;VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;VIII Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada;IX. Secretario de Juzgado de Distrito; yIX Bis. Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o juez de enjuiciamiento; yX. Actuario del Poder Judicial de la Federación.”

El numeral copiado establece las categorías que conforman la

carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, en cuya

fracción I, se establece el cargo más alto que la integra, consistente en

el de Magistrado de Circuito, en la fracción V, se prevé a los

secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y en las

fracciones VIII y IX, a los secretarios de Tribunal de Circuito y a los de

Juzgado de Distrito, respectivamente.

En relación con lo anterior, el Acuerdo General 22/2014

impugnado, establece lo siguiente:

“[…] De los Factores del desempeño Judicial.


[…] Artículo 53. El Jurado evaluará respecto de cada participante los factores del desempeño judicial a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley, en términos de este

Acuerdo General, consistentes en la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; los cargos desempeñados en las distintas categorías de la carrera judicial señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la propia Ley; el grado académico; y, los cursos de actualización y especialización jurídica.

Artículo 56. La evaluación de los factores del desempeño judicial, se hará conforme a los siguientes parámetros:I. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, un punto por cada año de servicio, sin exceder el máximo de 25.II. La carrera judicial será valorada por cada año de servicio en las categorías establecidas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley, conforme a lo siguiente:

Actuario 0.5 puntosSecretario de juzgado 1 puntosSecretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; Subsecretario de Acuerdos de Sala de la Corte; Secretario de Acuerdos de Sala de la Corte

2 puntos

Secretario de Estudio y Cuenta en cualquier modalidad, e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral; Subsecretario General de Acuerdos de la Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral;Secretario General de Acuerdos de la Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

3 puntos

Para efecto de las fracciones I y II, los meses y días que acredite un participante se valorarán en forma íntegra y proporcional a la puntuación que corresponda al año de servicio, o mes, según se trate. Los años calendario se considerarán en términos del artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles.La puntuación será acumulativa y no podrá exceder de 35 puntos.[…] La puntuación anterior será acumulativa y no podrá exceder de 30 puntos. […]”.


Como se observa, el Acuerdo General 22/2014 que establece el

procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez

de Distrito, mediante concursos internos de oposición, aplicable al

concurso de mérito, establece en un inicio que las atribuciones del

Jurado son, entre otras, la de evaluar los factores del desempeño

judicial a que se refiere el párrafo segundo, de la fracción III, del

artículo 114, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

consistentes en la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación;

los cargos desempeñados en las distintas categorías de la carrera

judicial señaladas en las fracciones III a IX, del artículo 110, de la

citada Ley (dentro las que se encuentra la de secretarios de: Juzgado

de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito y de la Sala Superior del

Tribunal Electoral); el grado académico; y, los cursos de actualización

y especialización jurídica.

En razón de lo anterior, se advierte en un primer momento, que

los integrantes del Jurado deben tomar en cuenta los cursos que haya

realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial de la

Federación, el desempeño y el grado académico, a efecto de

garantizar los principios de independencia, imparcialidad, objetividad,

profesionalismo y excelencia que rigen en la carrera judicial.

Ahora, contrario a lo que señala el recurrente la evaluación de

los factores del desempeño judicial es un mandato que los

ordenamientos referidos, imponen a efecto de la designación de

Jueces de Distrito y no transgrede el principio de igualdad, ya que la

distinción de puntos que se asigna a los puestos se hace en razón de

los rubros que integran la carrera judicial, y el Consejo de la Judicatura

Federal, tiene la facultad para hacer esa distinción de asignación de


puntos, de acuerdo a los componentes de dicha

carrera en términos de la convocatoria relativa, sin

que ello contravenga el artículo 1, constitucional.

De modo que es válido que el Consejo de la Judicatura Federal

en el Acuerdo General impugnado establezca una diferencia en la

puntuación que se debe asignar a cada uno de los puestos que

componen la carrera judicial (esto es desde la categoría de Actuario, la

de secretario de Juzgado, secretario de Tribunal Colegiado y hasta la

de Secretario General de Acuerdos tanto de la Corte, como de la Sala

Superior del Tribunal Electoral), en términos de lo previsto en el

artículo 110, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, por lo que, la asignación de diversos valores en razón del

cargo ocupado, no implica una violación al principio de igualdad

tutelado por el numeral 1, constitucional, ya que permite distinguir los

grados de aproximación a las cualidades del juzgador que se quiere

obtener para hacer más objetiva e imparcial su evaluación que permita

obtener el perfil de los participantes de manera equitativa y más

apegada a la actividad y desempeño profesional de los concursantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 99/2010 del

Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo

rubro y texto indican:

“JUECES DE DISTRITO. EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN INTERNA PARA SU DESIGNACIÓN, LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO JUDICIAL DEBE CONCLUIR CON UNA CALIFICACIÓN OBTENIDA CONFORME A LAS TASAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y AÑADIRSE A LOS RESULTADOS DEL CASO PRÁCTICO Y EL EXAMEN ORAL. Conforme al artículo 100 de la Constitución Federal, el sistema de carrera judicial se sustenta en los principios de excelencia, objetividad,


imparcialidad, profesionalismo e independencia, y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley. En seguimiento a ello, los artículos 112, 113, 114 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen las reglas relativas al desarrollo de los procesos de selección correspondiente, entre las cuales destaca la emisión de una convocatoria, la contestación por escrito de un cuestionario, la solución de un caso práctico también por escrito y la presentación de un examen oral practicado por un Jurado. La calificación final se determinará con la suma de los puntos que cada miembro del Jurado asigne al sustentante. El Jurado, al efectuar la evaluación deberá tomar en consideración los cursos realizados por el aspirante al cargo en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización acreditados, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el Presidente del Jurado declarará quiénes son los concursantes vencedores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación. De ese modo, es posible concluir que el legislador omitió señalar el valor que debe otorgarse a los exámenes práctico y oral mencionados en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la ponderación que debe darse a los factores previstos en el párrafo segundo de la fracción III de ese numeral; pero los considera como elementos determinantes del resultado final, pues tienen la función específica de dar a conocer cuáles son los sustentantes que satisfacen mejor el conjunto de características o rasgos de los nuevos juzgadores. De esta manera, la valoración de los factores del desempeño judicial permite distinguir grados de adecuación o aproximación a las cualidades del juzgador que se quiere obtener. En ese orden de ideas y para lograr lo anterior y hacer más objetiva e imparcial la evaluación de los factores de desempeño judicial, se estima necesario obtener una calificación determinada conforme a las tasas asignadas por el Consejo de la Judicatura Federal, que permita obtener el perfil de los participantes de manera equitativa y más apegado a la actividad y desempeño profesional de los concursantes y que, además, pueda añadirse a la puntuación final, con lo cual se da operatividad al mandato del creador de la norma, en cuanto a la obligación del Jurado de que en los concursos de oposición deben tomarse en cuenta esos factores como elemento determinante para conocer la


puntuación de cada uno de los participantes.”20

A mayor abundamiento, cabe precisar que el

marco jurídico señalado establece que la carrera judicial será valorada

por cada año de servicio en las categorías establecidas en las

fracciones III a IX, del artículo 110, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, indicando la puntuación que corresponda

con base en el cargo que desempeñe el funcionario, de lo que se

infiere que el puntaje que se asigna obedece a la categoría del puesto

que ostenta el participante, lo que es acorde con la Carta Magna, sin

que se infiera lo aducido por el recurrente en el sentido de que para

asignarse el puntaje correspondiente se debe tomar en cuenta la

experiencia para dirigir un juzgado, es decir, las labores que

desarrolla, de ahí que no exista la infracción aludida en el agravio en

estudio.

En similares términos resolvió el Tribunal Pleno de esta Suprema

Corte de Justicia de la Nación, la revisión administrativa 443/2015, en

sesión de veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

En el cuarto agravio de la revisión principal, señala el

recurrente que el artículo 56, fracción IV, del Acuerdo General

22/2014, transgrede lo dispuesto en los numerales 1, 8, 17, 14, 16, 35,

fracción IV y 97, constitucionales; punto 10, de los Principios Básicos

de la Independencia de la Judicatura, aprobados en la sesión ciento

dieciséis (116) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; los

numerales 1, 8.1, 23.1, inciso c) y 24, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, al establecer la limitante de tomar en 20 Visible en la página cinco, Tomo XXXII, de octubre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163620.


consideración sólo los cursos y diplomados anteriores a los tres años

de la fecha de la convocatoria para el certamen, dado que no existe

ninguna razón lógica para estimar que únicamente deben analizarse

los cursos de esa temporalidad.

Agrega que los integrantes del jurado no le tomaron en cuenta

los siguientes cursos: 1. Curso de reformas fiscales dos mil cuatro.

2. Seminario de reformas fiscales dos mil cinco. 3. Curso Sistema Integral

de Seguimiento de Expedientes Sise (Tribunales Colegiados de Circuito).

4. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Tribunales

Unitarios de Circuito). 5. Curso Sistema Integral de Seguimiento de

Expedientes (Juzgados de Distrito). 6. Seminario sobre la Nueva Ley

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 7. Curso Sistema

Integral de Seguimiento de Expedientes SISE (Tribunales Colegiados de

Circuito). 8. Seminario de Reformas fiscales dos mil seis. 9. Seminario de

Reformas fiscales dos mil siete. 10. Curso sobre Competencia Económica

(Módulo I). 11. Módulo II Curso sobre Competencia Económica,

Disposiciones Correctivas previstas en la Ley Federal de Competencia

Económica. 12. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal

III. Reformas Constitucionales. 13. Curso de Actualización Legislativa

Módulo: Materia Penal IV. Reformas en Materia de Delitos Bancarios y

Cibernéticos. 14. Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional

Modalidad Virtual. 15. Seminario del Derecho Colectivo de Trabajo. 16.

Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa Impacto

de la reforma fiscal Federal en dos mil nueve Impuestos Federales y

Locales (caso D.F.). 17. Módulo III. Curso sobre Competencia Económica.

Disposiciones Preventivas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Análisis de Concentraciones, Sectores Regulados y Procesos de

Privatización y Licitación. 18. Módulo IV. Curso sobre Competencia

Económica. Mesa redonda sobre Problemas de Interpretación Judicial. Dos

Casos de Competencia: España y México. 19. Curso de Actualización


Legislativa: Módulo Materia Penal Reformas en Materia

Penal publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

20. Curso de Derecho de las Telecomunicaciones. 21.

Quinto Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica. 22.

Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Civil I. Reformas en

Materia Civil (Junio-Diciembre de dos mil ocho). 23. Conferencia Problemas

de Imputación Normativa en el Proceso Penal Acusatorio. 24. Curso de

Actualización Legislativa Módulo: Materia de Amparo Reformas dos mil

nueve. 25. Curso SISE Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

Nueva Imagen y Funcionalidades Juzgados de Distrito. 26. Curso de

Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal II. Reformas publicadas en

el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve. 27.

Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa,

Reformas Fiscales dos mil diez. 28. Coloquio Oralidad Penal. 29.

Conferencia Magistral-Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en

República Dominicana. 30. Actualización Legislativa. Módulo Materia

Administrativa. Conferencia Magistral, Reforma al Artículo 17 Constitucional.

Acciones Colectivas. 31. Diplomado en Derecho Tributario. 32. Curso de

Actualización Legislativa. Módulo Materia Administrativa. Reformas Fiscales

dos mil once. 33. Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Penal.

Análisis Dogmático de la Nueva Regulación del Secuestro de Reformas

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de

dos mil diez.; y 34. Conferencia sobre Reformas Fiscales dos mil trece.

El agravio reproducido es en parte fundado y en otra

inoperante, como se expone a continuación.

En primer lugar conviene tener en cuenta lo que establece el

artículo 114, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación:


“Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:III. […] Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. […]”.

Del precepto anterior se advierte que para efectos de la

evaluación final en los concursos de oposición internos para el ingreso

a la categoría de Juez de Distrito, el Jurado tomará en consideración,

entre otras cuestiones, los cursos que hubiere realizado el sustentante

en el Instituto de la Judicatura Federal, así como los de actualización y

especialización fehacientemente acreditados.

La razón de ser de esa previsión legal, atiende al principio de

“profesionalismo”, mediante el cual se pretende reconocer y valorar

objetivamente la permanente y constante actualización del

concursante, así como los estudios tendentes a profundizar las

especialidades en las materias propias de su labor y, por ende, tomar

en cuenta los conocimientos adquiridos durante su carrera judicial o en

el desempeño de su profesión.

En tal virtud, no cabe duda de que en un concurso de oposición

interno se deben considerar íntegramente y, en la medida de lo

posible, los estudios realizados por el participante del certamen, dado

que dicha circunstancia refleja una preparación que enriquece la

formación académica y profesional del aspirante a Juez de Distrito.


En este orden de ideas, en debida

observancia al principio de profesionalismo que

rige la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura

Federal, específicamente el Jurado de un concurso interno de

oposición para la categoría de Juez de Distrito, al realizar la

evaluación final debe tomar en cuenta toda aquella preparación del

sustentante en el ámbito jurídico.

Por ello, el artículo 56, fracción IV, del citado Acuerdo General

22/2014 al señalar que se considerarían únicamente los cursos de

actualización o capacitación, diplomados, seminarios o especialidades

impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, el Centro de Capacitación o diversas

Instituciones educativas que hubiere realizado el sustentante “en los tres años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria respectiva”,

contraviene el artículo 114, fracción III, párrafo último, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al desconocer el

principio de la carrera judicial denominado “profesionalismo” antes

mencionado.

Similares consideraciones fueron emitidas por el Tribunal Pleno

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar las revisiones

administrativas 30/2016, 38/2016 y 41/2016, en sesiones de veintiocho

de marzo, y diecisiete de abril de dos mil diecisiete, respectivamente.

Ahora, trasladando al caso en estudio las anteriores

consideraciones, cabe precisar que el agravio en que se combate la

regulación de los factores de evaluación judicial en relación con la

restricción de los cursos de actualización o capacitación, diplomados,

seminarios o especialidades impartidos por el Instituto de la Judicatura


Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de

Capacitación o diversas Instituciones educativas que hubiere realizado

el sustentante en los tres años anteriores a la fecha de publicación de

la convocatoria correspondiente, resulta fundado.

En consecuencia, el Consejo de la Judicatura Federal deberá

tomar en consideración los treinta (30) cursos21, anteriores a los tres

años en que se publicó la Convocatoria del caso, siempre y cuando

obre el registro correspondiente en el expediente personal del

recurrente.

Por otra parte, el agravio que nos ocupa es inoperante, en

relación con los cursos denominados: 23. Conferencia Problemas de

Imputación Normativa en el Proceso Penal Acusatorio. 28. Coloquio

Oralidad Penal. 29. Conferencia Magistral-Modelo de Gestión del Despacho

21 1. Curso de reformas fiscales dos mil cuatro. 2. Seminario de reformas fiscales dos mil cinco. 3. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sise (Tribunales Colegiados de Circuito). 4. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Tribunales Unitarios de Circuito). 5. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Juzgados de Distrito). 6. Seminario sobre la Nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 7. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE (Tribunales Colegiados de Circuito). 8. Seminario de Reformas fiscales dos mil seis. 9. Seminario de Reformas fiscales dos mil siete. 10. Curso sobre Competencia Económica (Módulo I). 11. Módulo II Curso sobre Competencia Económica, Disposiciones Correctivas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica. 12. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal III. Reformas Constitucionales. 13. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal IV. Reformas en Materia de Delitos Bancarios y Cibernéticos. 14. Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional Modalidad Virtual. 15. Seminario del Derecho Colectivo de Trabajo. 16. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa Impacto de la reforma fiscal Federal en dos mil nueve Impuestos Federales y Locales (caso D.F.). 17. Módulo III. Curso sobre Competencia Económica. Disposiciones Preventivas en la Ley Federal de Competencia Económica. Análisis de Concentraciones, Sectores Regulados y Procesos de Privatización y Licitación. 18. Módulo IV. Curso sobre Competencia Económica. Mesa redonda sobre Problemas de Interpretación Judicial. Dos Casos de Competencia: España y México. 19. Curso de Actualización Legislativa: Módulo Materia Penal Reformas en Materia Penal publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 20. Curso de Derecho de las Telecomunicaciones. 21. Quinto Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica. 22. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Civil I. Reformas en Materia Civil (Junio-Diciembre de dos mil ocho). 24. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia de Amparo Reformas dos mil nueve. 25. Curso SISE Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Nueva Imagen y Funcionalidades Juzgados de Distrito. 26. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal II. Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve. 27. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa, Reformas Fiscales dos mil diez. 30. Actualización Legislativa. Módulo Materia Administrativa. Conferencia Magistral, Reforma al Artículo 17 Constitucional. Acciones Colectivas. 31. Diplomado en Derecho Tributario. 32. Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Administrativa. Reformas Fiscales dos mil once. 33. Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Penal. Análisis Dogmático de la Nueva Regulación del Secuestro de Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil diez.


Judicial Penal en República Dominicana.; y 34.

Conferencia sobre Reformas Fiscales dos mil trece.

Lo anterior, en razón de que el Instituto de la Judicatura Federal

determinó no incluir las anteriores actividades académicas, no por la

limitante de la vigencia de los tres años, sino por otras razones, entre

las que se encuentra la siguiente:

“[…] Motivación: No se otorgó puntuación debido a que ese supuesto no se encuentra previsto en el Acuerdo General de mérito, como un concepto susceptible de ser valorado, toda vez que por curso de actualización y especialización debe entenderse el estudio sobre una materia, desarrollada con unidad, con objetivos y contenido, en el que se cumple con la enseñanza de una carga académica curricular determinada, concluyendo con una evaluación; a diferencia del coloquio, que es una reunión que permite el debate de un tema determinado que aún y cuando éste verse sobre algún tópico jurídico que pudiera contribuir al enriquecimiento del bagaje cultural de una persona, lo cierto es que no puede considerarse, “per se”, una actualización académica, al no cumplir con el esquema pedagógico que garantice la obtención del conocimiento por parte del participante. […]”.

De modo que si el recurrente omitió controvertir las anteriores

consideraciones del jurado, con base en las cuales determinó no

incluir las aludidas actividades académicas; entonces, los motivos ahí

asentados deben quedar incólumes y continuar rigiendo el acta

correspondiente.

En efecto, el recurrente omitió cuestionar las razones expuestas

por el jurado relativas a que no podía tomar en cuenta las

mencionadas actividades académicas (cuatro), en virtud de que son

coloquios y conferencias, los cuales no constituyen en sí cursos de

actualización y especialización que impliquen el estudio sobre una

materia, desarrollada con unidad, con objetivos y contenido, en el que


se cumpla con la enseñanza de una carga académica curricular

determinada, concluyendo con una evaluación; por lo que, el

argumento en estudio es inoperante.

Una vez analizados los agravios expuestos en el escrito inicial

del recurso de revisión, lo que procede es estudiar los hechos valer en

la primera ampliación.

Agravios dirigidos a cuestionar el PRIMER EJERCICIO de la segunda etapa.

En el agravio identificado como 1.1 de la primera ampliación, aduce el recurrente que se infringió el derecho de igualdad, al

calificarse el primer caso práctico por el Consejero **********, ya que al

evaluar el rubro: “La comprensión de los problemas jurídicos a resolver.”, al

vencedor ********** le otorgó dieciocho (18) puntos y al recurrente le

asignó quince (15) puntos, pese a que emitió razonamientos idénticos.

El agravio en estudio es fundado, como se demostrará

enseguida.

Conforme a lo previsto en el acuerdo y la convocatoria que rigen

el concurso de que se trata, se debe analizar si los criterios de

tasación del caso práctico fueron objetivos, lo que significa que se

debe demostrar que los parámetros de calificación fueron iguales para

todos los participantes, es decir, si ante las mismas circunstancias los

integrantes del Comité Técnico expresaron razones idénticas o similares en los formatos de evaluación del caso práctico

correspondiente.


Ahora, para evidenciar si existió violación al

principio de igualdad, resulta pertinente traer a la

vista lo considerado por el Consejero ********** en

relación con el rubro: “La comprensión de los problemas jurídicos a

resolver.”, del primer ejercicio.

El referido miembro del Comité, en el aludido rubro, al recurrente

le asignó 15 (quince) puntos, al determinar:

(Imagen).

En relación con el vencedor **********, lo calificó con 18

(dieciocho) puntos y consideró:

(Imagen).

De la lectura a los dictámenes de evaluación se observa que el

referido miembro del Comité Técnico al evaluar el rubro mencionado

del caso práctico, emitió consideraciones iguales al recurrente y al

vencedor aludido, y no obstante esa similitud de criterio, otorgó

diferentes puntuaciones, sin que exista alguna razón que explique esa

diferencia.

En efecto, como lo aduce el recurrente, el Consejero **********,

no obstante que emitió similares consideraciones al calificar al

recurrente y al referido vencedor, a este último le asignó 18 (dieciocho)

puntos y al agraviado sólo 15 (quince), lo que evidencia la infracción al

principio de igualdad.


En consecuencia, el agravio en estudio resulta fundado, ya que

no hubo igualdad de condiciones al momento de asignar la calificación

del recurrente, en comparación a la otorgada al citado vencedor, por lo

que se debe declarar la invalidez del dictamen de evaluación relativo

para que el aludido miembro del Comité Técnico le otorgue la misma

puntuación concedida a aquél.

En diverso planteamiento señala el recurrente que se infringió el

derecho de igualdad, al calificar el primer caso práctico por el

Consejero **********, ya que al evaluar el rubro: “La claridad e ilación en la

exposición oral y/o escrita de la propuesta.”, el citado miembro del Comité,

al vencedor ********** le otorgó diecinueve (19) puntos y al recurrente

sólo dieciocho (18) puntos, sin tomar en cuenta que se asentaron

idénticas consideraciones.

El anterior argumento es fundado, como se demostrará

enseguida.


le asignó 18 (dieciocho) puntos, al determinar:

“[…] Se considera que existe la correspondiente claridad e ilación en virtud de que analiza todos los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación esgrimidos. […]”.


(diecinueve) puntos y determinó:

“[…] Se considera que existe la correspondiente claridad e ilación en virtud de que analiza todos los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación esgrimidos. […]”.


De lo anterior se advierte, como lo aduce el

agraviado, el Consejero **********, pese a que

emitió iguales consideraciones al calificar al

recurrente y al referido vencedor, a este último lo calificó con 19

(diecinueve) puntos y al agraviado sólo con 18 (dieciocho), lo que

evidencia la infracción al principio de igualdad.







En distinto argumento, aduce el recurrente que al calificar el

rubro: “La fundamentación y motivación de las consideraciones que sustentan la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco

jurídico que guarde relación con los problemas planteados.”, el Consejero

**********, al vencedor ********** le asignó dieciocho (18) puntos y al

recurrente quince (15), pese a que se emitieron razonamientos

similares; agrega que en el caso del vencedor se estableció que no

realizó el análisis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Jalisco, aplicado supletoriamente a la normatividad estatal, mientras

que respecto del agraviado se indicó que no había estudiado la Ley de

Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco y sus Municipios,

motivo por el cual al advertir similar deficiencia, se les debió calificar

en iguales términos.

El anterior argumento es infundado, como se demostrará

enseguida.




(Imagen).


(dieciocho) puntos y determinó:

(Imagen).

De la lectura de los dictámenes de evaluación se advierte, que

no existe violación al principio de igualdad aducida por el recurrente,

dado que en relación con el vencedor, las consideraciones del citado

miembro del Comité fueron diversas, con el propósito de justificar la

aplicación de una mayor calificación, en contraposición con lo

expresado respecto al recurrente, de las cuales se aprecia que si bien

hubo fundamentación y motivación, lo cierto es que ello no fue

bastante para que se le asignara una calificación mayor; de modo que

ante consideraciones diversas no es dable hacer la comparativa que

señala el recurrente como base de la infracción al principio de

igualdad.

Además, cabe precisar que la falta de análisis de la Ley de Firma

Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el

caso del recurrente, y la omisión de estudiar el Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respecto al vencedor,

fue lo que llevó al miembro del Comité a otorgar la puntuación, sin que

sea factible analizar la pertinencia de esa decisión, ya que ello

involucra el criterio de dicho integrante del Comité.


En otro argumento, indica el agraviado que

en el rubro: “El conocimiento, cita y comprensión de la jurisprudencia que pueda ser aplicable a los problemas jurídicos cuyo estudio

se aborde.”, el Consejero **********, al vencedor **********, le asignó

diecinueve (19) puntos y al recurrente sólo diecisiete (17), no obstante

que el citado miembro del Comité vertió idénticas consideraciones.

El anterior argumento es fundado, como se demostrará

enseguida.


le asignó 17 (diecisiete) puntos, al determinar:

(Imagen).

En relación con el vencedor Aurelio Damián Magaña, lo calificó

con 19 (diecinueve) puntos y determinó:

(Imagen).

De lo anterior se advierte, como lo aduce el agraviado, que el

Consejero **********, pese a que emitió similares consideraciones al

calificar al recurrente y al referido vencedor, a este último lo calificó

con 19 (diecinueve) puntos y al agraviado sólo con 17 (diecisiete), lo

que evidencia la infracción al principio de igualdad.








En el agravio identificado como 1.2 de la primera ampliación,

señala el recurrente que al evaluar el rubro: “La comprensión de los

problemas jurídicos a resolver.”, el Consejero ********** le otorgó quince

(15) puntos de los veinte (20) máximos, al estimar que omitió precisar

los antecedentes de la demanda, el trámite del juicio de amparo, ni se

pronunció sobre la certeza o inexistencia del acto reclamado; empero,

de la sola lectura del proyecto relativo al ejercicio uno, se advierte que

en los considerandos segundo y tercero se precisó el acto reclamado y

se determinó que era cierto y existente, de ahí que la omisión

advertida no corresponda a la realidad.

Agrega que no elaboraron los antecedentes de la demanda y

tramitación del juicio de amparo porque el Instituto de la Judicatura

Federal les indicó a los participantes que sólo realizaran el ejercicio a

partir de los considerandos, de ahí que no se le pueda exigir el

cumplimiento de un requisito que les indicaron que no era obligatorio,

máxime que del proyecto se advierten los elementos necesarios para

determinar cuáles eran los antecedentes del acto reclamado, motivo

por el cual se le debió asignar la máxima calificación.

El agravio en estudio es substancialmente fundado, con base en

las siguientes consideraciones.

En relación con lo aducido por el recurrente, conviene precisar

que es criterio reiterado de este Alto Tribunal que al resolver las

revisiones administrativas interpuestas contra los resultados de las


evaluaciones de los concursos relativos, no es

válido sustituirse en el criterio del Jurado

calificador, esta invasión de sus facultades no

existe cuando para el análisis del argumento planteado contra los

resultados del caso práctico, solamente se requiere de la mera

constatación de un hecho plasmado en el proyecto desarrollado por

los aspirantes, ya que en este supuesto de lo único que se trata es de

verificar si determinada afirmación o negación que se indicó en la

boleta respectiva corresponde o no a la realidad, cuestión que no

implica juzgar la calificación, sino exclusivamente cotejar lo dicho en

uno y otro documento.

En estos casos, ante una manifiesta contradicción, lo procedente

será invalidar la calificación para que se repare la violación formal

encontrada.

Resulta aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto

Tribunal 2a. LXXXVIII/2014 (10a.), cuyo rubro es el siguiente:

“REVISIÓN ADMINISTRATIVA INTERPUESTA CONTRA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EN LOS CONCURSOS INTERNOS DE OPOSICIÓN PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO. LA CONSTATACIÓN DE UN HECHO AFIRMADO EN LA BOLETA DE CALIFICACIÓN DEL CASO PRÁCTICO NO IMPLICA SUSTITUIRSE EN EL CRITERIO DEL JURADO CALIFICADOR.”22

22 Texto: “Si bien ha sido una postura reiterada que, al resolver las revisiones administrativas interpuestas contra los resultados de las evaluaciones de los concursos relativos, no es válido sustituirse en el criterio del Jurado calificador, esta invasión de sus facultades no existe cuando para analizar el argumento planteado contra los resultados del caso práctico, solamente se requiere de la mera constatación de un hecho plasmado en el proyecto desarrollado por los aspirantes, pues en este supuesto de lo único que se trata es de verificar si determinada afirmación o negación que se sostuvo en la boleta respectiva se aviene o no a la realidad, lo que no implica juzgar la calificación, sino cotejar lo dicho en uno y otro documentos. En estos casos, ante una contradicción manifiesta, procede invalidar la calificación para que se repare la violación formal encontrada.” (Visible en la página novecientos setenta y dos, Libro 9, de agosto de dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007075).


Ahora, dada la importancia que para el caso presenta, resulta

pertinente traer a la vista lo considerado por el Consejero ********** en

relación con el rubro: “La comprensión de los problemas jurídicos a

resolver.”, del primer ejercicio.



(Imagen).

Del dictamen de evaluación se observa que el referido miembro

del Comité Técnico al evaluar el rubro mencionado del caso práctico,

advirtió que el recurrente fue omiso en diversos aspectos de la técnica

de amparo, como lo es la certeza o inexistencia del acto reclamado,

entre otros.

De la sola lectura del proyecto relativo al ejercicio uno del caso

práctico, se advierte que en los considerandos segundo y tercero se

precisó el acto reclamado, determinándose que era cierto y existente.

“[…] SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. […].TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados […]”.

De lo anterior se advierte que, contrario a lo estimado por el

Consejero, el sustentante no omitió el estudio de lo relativo a la

certeza o inexistencia del acto reclamado, lo que se advierte de los

considerandos segundo y tercero. Luego, si no obstante ello, el

aludido Consejero redujo cinco (5) puntos de la calificación


correspondiente, debe concluirse que tal reducción

de puntos es injustificada.

Por tanto, el agravio debe declararse fundado para el efecto de

que, tomando en cuenta lo anterior, se emita una nueva calificación en

el apartado en estudio, absteniéndose de reiterar las consideraciones

por las que se disminuyó la calificación del recurrente en cinco (5)

puntos.

En el agravio identificado como 1.2.2 de la primera ampliación, señala el recurrente que al evaluar el rubro: “La fundamentación y motivación de las consideraciones que sustentan la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco

jurídico que guarde relación con los problemas planteados.”, el Consejero

********** le otorgó sólo quince (15) puntos de los veinte (20) posibles,

al considerar que el recurrente omitió citar la Ley de Firma Electrónica

Avanzada del Estado de Jalisco y sus Municipios; empero del análisis

del considerando quinto se observa que sí se citó tal normatividad,

incluso transcribió diversos preceptos e interpretó distintas

disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por lo que no es correcta la aseveración del

integrante del Comité.

El agravio es substancialmente fundado, como se verá a

continuación.

Ahora, dada la importancia que para el caso presenta, resulta

pertinente traer a la vista lo considerado por el Consejero ********** en

relación con el citado rubro del primer ejercicio.




(Imagen).

Del dictamen de evaluación se observa que el referido miembro

del Comité Técnico al evaluar el rubro mencionado del caso práctico,

advirtió que el recurrente no realizó el análisis de la Ley de la Firma

Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

entre otros.

De la sola lectura del proyecto relativo al ejercicio uno del caso

práctico, se advierte que en el considerando quinto se expuso lo que

sigue:

“[…] QUINTO Estudio. Los conceptos de violación son infundados en parte, y fundados y suficientes en otra, para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada. […].Ahora, la “ley de la materia” a que se refiere el citado precepto es la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyos artículos 7, 8 y 9 se dispone lo siguiente:‘Artículo 7. (Se transcribe).Artículo 8. (Se transcribe).Artículo 9. (Se transcribe).’Según se ve, en el primer precepto […]”.

Como se observa, contrario a lo estimado por el Consejero, el

sustentante no omitió el análisis de la Ley de la Firma Electrónica

Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, lo que se

advierte del considerando quinto. Luego, si no obstante ello, el aludido

integrante del Comité redujo cinco (5) puntos de la calificación

correspondiente, debe concluirse que tal reducción de puntos es

injustificada.


Por tanto, el agravio debe declararse fundado

para el efecto de que, tomando en cuenta lo

anterior, se emita una nueva calificación en el apartado en estudio,

absteniéndose de reiterar las consideraciones por las que se

disminuyó la calificación del recurrente en cinco (5) puntos.

En el agravio identificado como 1.3 de la primera ampliación,

indica el recurrente que el rubro: “La congruencia entre los puntos

resolutivos y la parte considerativa.”, evaluado por el Consejero **********

carece de fundamentación y motivación, dado que no expuso cuáles

fueron las deficiencias advertidas con base en las que se restó valor al

caso práctico, de ahí que no esté justificada la asignación de diecisiete

(17) puntos; agrega que el referido integrante del Comité señaló que el

recurrente estudió diversos aspectos que no fueron parte de la litis, lo

que es incongruente con la afirmación del citado Consejero en el

sentido de que existía congruencia entre los considerandos y los

resolutivos, aunado a que no especificó cuáles son esos diversos

aspectos que no fueron parte de la litis.

El argumento en análisis es inoperante, ya que de la lectura a

los artículos 39 y 41, del Acuerdo General 22/201423, en relación con la

23 “Artículo 39. La evaluación de esta etapa estará a cargo del Comité Técnico, cuyos integrantes la determinarán en forma personalísima, asentando en el dictamen correspondiente las razones y motivos de la calificación que en lo particular asignen a cada concursante, y en el acta que al efecto levanten asentarán la calificación final que será el promedio de las evaluaciones que cada uno de sus miembros asignó al participante. La puntuación del caso práctico deberá asignarse dentro de una escala de 0 a 100 puntos y se obtendrá promediando las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.La calificación del caso práctico podrá alcanzar como máximo 45 puntos de la calificación final.”

“Artículo 41. El Comité Técnico deberá evaluar los proyectos de resolución formulados por los participantes, en los términos siguientes:I. Cada uno de sus integrantes evaluará en lo particular y en forma personalísima los proyectos de los concursantes, asentando en el formato de evaluación la puntuación que asignen al proyecto de resolución atendiendo a los elementos establecidos en el artículo 40 de este Acuerdo, teniendo como límite la puntuación máxima establecida en el diverso numeral 39, y en el formato de dictamen asentarán la calificación que asignen en lo individual a cada participante;


evaluación del caso práctico por parte de los integrantes del Comité

Técnico, se advierte que solamente se les exige que lo evalúen en

forma personalísima, asentando en el formato de evaluación las

razones y motivos de la puntuación asignada, pero no les obliga a que

la sustracción del puntaje originada por deficiencias detectadas en los

proyectos elaborados por los aspirantes durante el desarrollo del caso

práctico, se pormenorice punto por punto y mediante la descripción

individual de cada uno de los posibles errores, sino que basta con una

apreciación global del rubro respectivo, en tanto que lo que se busca

es la expresión del criterio del órgano calificador plasmado en términos

generales mediante un análisis conjunto de los aciertos y fallas

encontradas.

Resulta aplicable, la tesis 2a. LXXXVII/2014 (10a.), emitida por

esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de

rubro siguiente:

“CONCURSOS INTERNOS DE OPOSICIÓN PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO. ES INNECESARIO QUE EL ÓRGANO CALIFICADOR PORMENORICE CADA UNO DE LOS ERRORES QUE DETECTE EN EL EXAMEN DEL CASO PRÁCTICO.”24

De modo que si el integrante del Comité expuso las razones para

justificar la puntuación asignada, es dable asumir que cumplió con lo

II. Una vez asignadas las calificaciones de manera individual, el Comité Técnico determinará la calificación definitiva que será la que resulte de promediar las que individualmente otorgaron cada uno de sus miembros al caso o casos prácticos.La calificación así obtenida se hará constar en el formato de evaluación conjunto.”24 Texto: “El artículo 32 del Acuerdo General 6/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición, dispone que la calificación del caso práctico se determinará en forma personalísima, asentando en el dictamen correspondiente las razones y los motivos de la que en lo particular se asigne a cada concursante; de ahí que no exista obligación del órgano calificador para que la sustracción del puntaje originada por deficiencias detectadas en los proyectos elaborados por los aspirantes se pormenorice punto por punto y mediante la descripción individual de cada uno de los posibles errores, pues conforme a este precepto, basta con una apreciación global del rubro respectivo, en tanto que lo que se busca es la expresión del criterio del Jurado plasmado en términos generales, mediante un análisis conjunto de los aciertos y fallas encontrados.” (Visible en la página novecientos setenta y uno, del Libro 9, de agosto de dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007073).


dispuesto en los artículos 39 y 41, del Acuerdo

General 22/2014, de ahí que carezca de operancia

el argumento en estudio.

En el agravio identificado como 2. de la primera ampliación,

señala el recurrente que se infringió el derecho de igualdad, al calificar

el primer caso práctico por el Magistrado **********, ya que al evaluar el

rubro: “La fundamentación y motivación de las consideraciones que sustentan la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco

jurídico que guarde relación con los problemas planteados.”, al vencedor

**********, y a los participantes: **********, ********** y **********, les

otorgó dieciocho (18) puntos y al recurrente le asignó sólo dieciséis

(16) puntos, pese a que emitió razonamientos idénticos.

Agrega, que de las evaluaciones a los aludidos participantes se

advierte que el referido miembro del Comité precisó cuáles fueron los

temas abordados en el proyecto, además hizo constar que no

realizaron un estudio de fondo, falta que también se advirtió en la

evaluación del recurrente, motivo por el cual debió de otorgarle mayor

calificación, puesto que destacó similar omisión.

El agravio en estudio es por una parte, inoperante y en otra

infundado, atento a las siguientes consideraciones.

Es inoperante en la parte que pretende que se efectúe una

comparativa en relación con los participantes **********, ********** y

**********; empero, el recurrente soslaya que no fueron designados

como vencedores y sólo procede hacer el cotejo respecto de éstos.


En efecto, es criterio de este Alto Tribunal que el estudio de los

agravios en los que se plantea la violación al principio de igualdad,

sólo podrá realizarse frente a los participantes que hayan resultado

vencedores, y en el caso particular los vencedores de la lista

impugnada, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta

de abril de dos mil quince, fueron:

“[…] 1. **********.2. **********.3. **********.4. **********.5. **********.6. **********.7. **********.8. **********.9. **********.10. **********.11. **********.12. **********.13. **********.14. **********.15. **********.16. **********.17. **********.18. **********. […]”.

Consecuentemente, el agravio hecho valer es inoperante, puesto

que los participantes frente a quienes se solicita la comparación no

figuraron en la lista de vencedores, y por tanto, no procede emprender

el análisis de los argumentos planteados.

Lo anterior, en virtud de que la solicitud de cotejo, únicamente

puede realizarse con los dictámenes de evaluación de los

concursantes que resultaron vencedores en el certamen de que se

trata, ya que sólo frente a ellos se actualiza un perjuicio, pues

únicamente ellos alcanzaron el objetivo que el recurrente pretende en


esta revisión administrativa.

Similar criterio emitió el Pleno de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la revisión

administrativa 30/2016, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil

diecisiete.

Con base en lo anterior y en sentido opuesto a lo aducido por el

agraviado, no es factible tomar en cuenta el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la revisión

administrativa 23/2014, respecto al estudio de la violación al principio

de igualdad, en el que dicho órgano colegiado estableció que sí

procede la comparativa del recurrente con participantes que no

resultaron vencedores en el certamen; ello, en razón de que las

anteriores consideraciones fueron emitidas por el Tribunal Pleno de

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual deben

regir para resolver este asunto.

En relación con el diverso argumento del recurrente y para

evidenciar si existió o no la violación al principio de igualdad que

señala, resulta pertinente traer a la vista lo considerado por el

Magistrado ********** en relación con el rubro: “La fundamentación y motivación de las consideraciones que sustentan la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco jurídico que guarde

relación con los problemas planteados.”, del primer ejercicio.


le asignó 16 (dieciséis) puntos, al determinar:

(Imagen).



(dieciocho) puntos y consideró:

(Imagen).

De lo anterior se advierte, que no existe violación al principio de

igualdad aducida por el recurrente, dado que en relación con el

vencedor que menciona, las consideraciones del citado miembro del

Comité fueron diversas, con el propósito de justificar la aplicación de la

calificación otorgada, en contraposición con lo expresado respecto al

recurrente, de las cuales se aprecia que en el estudio de fondo omitió

determinar diversos aspectos, lo que, no fue bastante para que se le

asignara una calificación mayor; de modo que ante consideraciones

diversas no es dable hacer la comparativa que señala el recurrente

como base de la infracción al principio de igualdad.

En efecto, el Magistrado **********, emitió distintas

consideraciones al calificar al recurrente y al referido vencedor, al

advertir la omisión de analizar diversas cuestiones en lo tocante al

fondo del proyecto, motivo por el cual no asignó igual puntuación; de

ahí que ante distintas circunstancias el integrante del Comité expresó

razones desiguales en el formato de evaluación del primer caso

práctico, por lo que, es dable asumir que no existió violación al

derecho de igualdad.

En el agravio identificado como 3. de la primera ampliación,


el primer caso práctico por el Juez **********, ya que al evaluar el rubro:

“El conocimiento, cita y comprensión de la jurisprudencia que pueda ser

aplicable a los problemas jurídicos cuyo estudio se aborde.”, al vencedor


**********, le otorgó diecinueve (19) puntos,

mientras que al recurrente le asignó dieciocho (18)

puntos, pese a que emitió consideraciones

similares.

El anterior argumento es infundado, como se demostrará

enseguida.


le asignó 18 (dieciocho) puntos, al determinar:

“[…] La jurisprudencia que se invoca en el proyecto que se analiza, revela la comprensión de los temas que las mismas se orientan, las que resultan aplicables al problema jurídico cuyo estudio se propone. […]”.


(diecinueve) puntos y determinó:

“[…] La jurisprudencia que invoca el sustentante revela tanto el conocimiento, como la comprensión del tema a que éstas aluden, las que desde luego son aplicables al problema jurídico a dilucidar. […]”.

De lo anterior se advierte, que no existe violación al principio de

igualdad aducida por el recurrente, dado que en relación con el

vencedor que menciona las consideraciones del citado miembro del

Comité fueron diversas, con el propósito de justificar la aplicación de

una mayor calificación, esto es, otorgándole un (1) punto más que al

agraviado, en contraposición con lo expresado respecto al recurrente,

de las cuales se aprecia que la sola comprensión de las

jurisprudencias invocadas fue suficiente, pero no bastante para que se

le asignara una calificación mayor; de modo que ante consideraciones


diversas no es dable hacer la comparativa que señala el recurrente

como base de la infracción al principio de igualdad.

En el agravio identificado como 4., de la primera ampliación,


el primer caso práctico por el Juez **********, ya que al evaluar el rubro:

“La comprensión de los problemas jurídicos a resolver.”, al participante

**********, le otorgó dieciocho (18) puntos, mientras que al recurrente le

asignó diecisiete (17) puntos, pese a que emitió consideraciones

similares.

El agravio que antecede es inoperante, puesto que el participante

frente a quien se solicita la comparación no figuró en la lista de

vencedores, y por tanto, no procede emprender el análisis de los

argumentos planteados.

Lo anterior, en virtud de que es criterio de este Alto Tribunal que

el estudio de los agravios en los que se plantea la violación al principio

de igualdad, sólo podrá realizarse frente a los participantes que hayan

resultado vencedores, es decir, la solicitud de cotejo, únicamente

puede realizarse con los dictámenes de evaluación de los

concursantes que resultaron vencedores en el certamen de que se

trata, ya que sólo frente a ellos se actualiza un perjuicio, pues

únicamente ellos alcanzaron el objetivo que el recurrente pretende en

esta revisión administrativa.

Agravio dirigido a cuestionar el SEGUNDO EJERCICIO de la segunda etapa.


En el agravio identificado como 5. de la primera ampliación, señala el recurrente que se

infringió el derecho de igualdad, al calificar el

segundo caso práctico por el Consejero **********, ya que al evaluar el

rubro: “El conocimiento, cita y comprensión de la jurisprudencia que pueda ser aplicable a los problemas jurídicos cuyo estudio se aborde.”, al participante ********** Maldonado, le otorgó diecinueve

(19) puntos, mientras que al recurrente le asignó dieciocho (18)

puntos, pese a que emitió consideraciones idénticas.

El anterior planteamiento del recurrente es inoperante, porque el

participante frente a quien se solicita la comparación no figuró en la

lista de vencedores, y por tanto, no procede emprender el análisis de

los argumentos planteados.

SEXTO. Efectos. Con fundamento en el artículo 128, primer

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

procede que el Consejo de la Judicatura Federal en el plazo de treinta

días a partir de que le sea notificada la presente resolución:

Declare la nulidad de los siguientes dictámenes de evaluación:

Primer caso práctico

Del Consejero **********, en los rubros:

1. En el rubro: “La claridad e ilación en la exposición oral y/o escrita de

la propuesta de solución.”, para el efecto de que otorgue al recurrente

la misma calificación de diecinueve (19) puntos que al vencedor

**********;


2. En el rubro: “El conocimiento, cita y comprensión de la jurisprudencia que pueda ser aplicable a los problemas jurídicos cuyo

estudio se aborde.”, para el efecto de que otorgue al recurrente la

misma calificación de diecinueve (19) puntos que al vencedor

**********;

3. En el rubro: “La fundamentación y motivación de las consideraciones que sustentan la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco jurídico que guarde relación con los problemas

planteados.”, para el efecto de que el aludido integrante del Comité

emita una nueva calificación en ese apartado, absteniéndose de

reiterar las consideraciones (omitió el análisis de la Ley de la Firma

Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios)

por las que disminuyó la calificación del recurrente en cinco (5)

puntos.

4. En el rubro: “La comprensión de los problemas jurídicos a resolver.”,

para el efecto de que se emita una nueva calificación en ese

apartado, absteniéndose de reiterar las consideraciones (omitió el

estudio de lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado)

por las que disminuyó la calificación del recurrente en cinco (5)

puntos; en el entendido de que el puntaje que se asigne al

agraviado no podrá ser menor de dieciocho (18) puntos, al haber

resultado fundado el agravio relacionado con la vulneración al

principio de igualdad en el que se estableció que se le debe otorgar

la misma calificación de dieciocho (18) puntos que al vencedor

**********.25

25 Tal y como se advierte del considerando quinto de esta resolución, al analizar los agravios identificados como 1.1 (primera parte) y 1.2., hechos valer por el recurrente.


Acta de los factores generales de evaluación.

5. En el “Acta de evaluación de los factores del desempeño

judicial” emitida por el Jurado, exclusivamente en la parte que

corresponde a “V. Cursos de actualización y Especialización.”, a efecto

de que se dicte una nueva en la que:

5.1. Reitere lo relativo a las evaluaciones relacionadas con:

antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; carreja judicial;

y grado académico.

5.2. Se evalúe nuevamente al recurrente los (treinta) cursos26

precisados en el considerando quinto de esta resolución y que

fueron detallados en el acta respectiva, otorgándoles la

puntuación que corresponda en términos de la Convocatoria

26 1. Curso de reformas fiscales dos mil cuatro. 2. Seminario de reformas fiscales dos mil cinco. 3. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sise (Tribunales Colegiados de Circuito). 4. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Tribunales Unitarios de Circuito). 5. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Juzgados de Distrito). 6. Seminario sobre la Nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 7. Curso Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE (Tribunales Colegiados de Circuito). 8. Seminario de Reformas fiscales dos mil seis. 9. Seminario de Reformas fiscales dos mil siete. 10. Curso sobre Competencia Económica (Módulo I). 11. Módulo II Curso sobre Competencia Económica, Disposiciones Correctivas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica. 12. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal III. Reformas Constitucionales. 13. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal IV. Reformas en Materia de Delitos Bancarios y Cibernéticos. 14. Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional Modalidad Virtual. 15. Seminario del Derecho Colectivo de Trabajo. 16. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa Impacto de la reforma fiscal Federal en dos mil nueve Impuestos Federales y Locales (caso D.F.). 17. Módulo III. Curso sobre Competencia Económica. Disposiciones Preventivas en la Ley Federal de Competencia Económica. Análisis de Concentraciones, Sectores Regulados y Procesos de Privatización y Licitación. 18. Módulo IV. Curso sobre Competencia Económica. Mesa redonda sobre Problemas de Interpretación Judicial. Dos Casos de Competencia: España y México. 19. Curso de Actualización Legislativa: Módulo Materia Penal Reformas en Materia Penal publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 20. Curso de Derecho de las Telecomunicaciones. 21. Quinto Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica. 22. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Civil I. Reformas en Materia Civil (Junio-Diciembre de dos mil ocho). 24. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia de Amparo Reformas dos mil nueve. 25. Curso SISE Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Nueva Imagen y Funcionalidades Juzgados de Distrito. 26. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Penal II. Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve. 27. Curso de Actualización Legislativa Módulo: Materia Administrativa, Reformas Fiscales dos mil diez. 30. Actualización Legislativa. Módulo Materia Administrativa. Conferencia Magistral, Reforma al Artículo 17 Constitucional. Acciones Colectivas. 31. Diplomado en Derecho Tributario. 32. Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Administrativa. Reformas Fiscales dos mil once. 33. Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Penal. Análisis Dogmático de la Nueva Regulación del Secuestro de Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil diez.


respectiva, en el entendido que el puntaje no podrá exceder de

“treinta (30) puntos”. (Sin tomar en cuenta la restricción de 3

años de antigüedad); y excluyendo de lo anterior los cursos

denominados: 23. Conferencia Problemas de Imputación Normativa

en el Proceso Penal Acusatorio. 28. Coloquio Oralidad Penal. 29.

Conferencia Magistral-Modelo de Gestión del Despacho Judicial

Penal en República Dominicana.; y 34. Conferencia sobre Reformas

Fiscales dos mil trece; en virtud de que respecto a estos cuatro

cursos, no se aplicó la restricción de temporalidad aludida, tal y

como se estableció en esta resolución.

5.3. Dicho procedimiento se deberá hacer en relación con los

concursantes que resultaron vencedores del certamen, con la

finalidad de determinar la condición individualizada del

recurrente.

5.4. Posteriormente, se deberán llevar a cabo los ajustes

correspondientes en el concentrado de sus calificaciones,

incluyendo la final.

6. En el supuesto de que el sustentante obtenga una calificación

mayor a la que en un inicio se le otorgó, el Consejo de la Judicatura

Federal deberá adoptar las providencias necesarias a efecto de que

determine si en el caso con esa calificación puede acceder al cargo

de Juez de Distrito.

Todo lo anterior se debe efectuar en un plazo no mayor a treinta

días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de

esta sentencia.


En ese mismo tenor, importa señalar que los

efectos de esta resolución conciernen únicamente

al recurrente, por lo que el pronunciamiento aquí

efectuado no tiene una trascendencia general en la esfera de otros

participantes que no acudieron a combatir por este medio de defensa

la situación en que se encontraban al publicarse la lista de

vencedores, ni afecta la situación de los aspirantes que fueron

declarados vencedores en el certamen.

Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, resuelve:

PRIMERO. Es fundada la revisión administrativa a que este

expediente se refiere.

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá actuar

en los términos precisados en el último considerando de esta

resolución.

Notifíquese; haciéndolo personalmente al interesado y con

testimonio de esta resolución al Consejo de la Judicatura Federal. En

su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros

Alberto Pérez Dayán (ponente), Javier Laynez Potisek, José Fernando

Franco González Salas y Presidente Eduardo Medina Mora I. El señor

Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con

reservas. Ausente la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.


Firman los Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario de

Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

NMTC/mfua

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

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