RAUL ALFONSIN - MEMORIA POLÍTICA

MEMORIA POLTICA / PRLOGO


Prlogo

UN CAPITULO de historia. As podran definirse estas pginas en las que Ral Alfo nsn dirige su mirada y evoca, co n la perspect iva que le permite el paso del t iempo, una serie de sucesos que marcaron las peripecias de su gobierno pero que tambin le dieron significado a lo s veint e ao s -entre fallido s y esperanzados- durant e lo s cuales la demo cracia sigue int entando conso lidar se entre nosotros. Bienvenida sea la presencia de la primera persona en lo s relatos de histo ria po lt ica. Y de ningn modo porque el hecho de part ir de la subjet ividad del protagonista nos garant ice la posesi n de la verdad sobre lo s sucesos que narra, sino porque ese sesgo perso nal de lo s recuerdos permit e a quien busque reco nstruir un mo mento histrico cono cer tambin la forma en que un actor principal vivi lo s hechos, saber qu fuerzas o qu razones (o ambas) estuviero n detrs de sus decisio nes. Co nocer, en fin, las tramas ms finas de un proceso incorporando el habla de quien, de otra forma, s lo es hablado por la Historia. Muy parco ha sido nuestro sig lo veint e en prodigar esos test imo nios. No exist en memorias presidenciales, a diferencia de lo que sucede en otras culturas y en otras lgicas de negocio editorial. Y cunto enriqueceran ellas nuestras miradas sobre el pasado! Ni Roca, ni Yrigo yen, ni Agust n Justo, ni Pern, ni Fro nd izi, ni ninguno de lo s caudillos milit ares que fueron ocupando de facto la presidencia de la Naci n, han dejado memoria de su experien cia en el paso por el poder, achicando as nuestra visi n so bre el dramt ico sig lo veint e argent ino. Alfo nsn revisa algunos mo mentos clave de su gobierno, y co loca su mirada tambin en otros aco ntecimientos posteriores pero muy significat ivo s co mo


el po lmico "Pacto de Olivos". Desfilan po r el texto el anlisis de definicio nes y episo dio s tan trascendent ales co mo la po lt ica de derecho s humano s bajo su gobierno, el juicio a las Juntas Milit ares, las aso nadas de Rico y Seineld n, las le yes de punto final y obed iencia debida, el ataque que efectuaro n lo s rezagas de la guerrilla al cuartel de La Tablada, la hip erinflaci n y el trmit e de su renuncia ant icipada, para co ncluir su memoria, ya fuera de la presidencia, con los vericue tos del Pacto que llev a la reforma de la Const ituci n en 199 4. De todos esos temas, el ms impactante, el que co n mayor nfasis subraya lo que la gest i n de Alfo nsn tuvo de ruptura con un largo pasado de impunidades y amnist as frente a las vio lacio nes del estado de Derecho que ja lo naro n por lo meno s cincuenta aos de vida argent ina, fue el de la manera en que se dise y puso en marcha una po ltica de derechos humano s que fuera ejemplificadora hacia el pasado, pero que a la vez pudiera hacerse car go de sus co nsecuencias hacia el futuro. No s si curio sament e o co mo producto natural de una sociedad que es renuente para autoinculparse de sus defecciones, la bandera de lo s derecho s humano s en la presidencia de Alfo nsn, valorada en todo el mundo co mo un ejemp lo con escasas (o ninguna) rplica, ha sido entre nosotros meno scabada, al punto que desde altas tribunas pudo insinuarse que en lo s veinte aos de democracia nada se haba hecho en ese sent ido -por lo cual, quienes desde ahora to maban esa tarea en sus mano s, aparentemente desde la nada histrica, deban pedir perd n a la sociedad-. Esa operaci n subest imatoria alcanza su cifra mxima en la persuasi n que cierta co municaci n ha transmit ido co n la fuerza de una lp ida: lo que queda co mo saldo del perodo 1983-1989 en mat eria de derecho s humano s no es la Conadep, el Nunca ms y el indito juicio y condena a las Juntas Militares, sino las leyes de punto final y de obediencia debida. En esa lnea mendaz de razo namiento, esos instru mentos legales que acotaban en el t iempo y en el nmero el desfile de militares en los juzgado s han sido equiparado s al indulto dispuesto por Carlo s Menem en una misma saga de debilidades y defeccio nes. Esta afirmaci n o mit e la presentaci n de un simp le dato que marca la diferencia esencial entre ambo s mo mentos: en 1989, al final de la presidencia de Ra l Alfo nsn, haba siet e alto s jefes militares co ndenados a pr isi n


-alguno s de ellos, a perpetua-, 27 procesados, tres condenados por su act itud en la guerra de Malvinas, y 92 procesos y 342 sancio nes d iscip linarias co mo result ado de los tres levantamientos milit ares encabezados por Rico y Seineld n. No eran pocos -pese al punto final y la o bediencia debida-lo s que estaban so met idos a la Just icia: al punto que el indulto menemista benefici, nada meno s, que a 220 militares y a 70 civiles. Pese a lo rotundo de estas cifras, muchos so n todava renuentes a reconocer lo que la historia seguramen te enfat izar co n el t iempo: que el pero do abierto en 1984 ha sido, en materia de derecho s humano s, un jal n nico y que ese mr ito debe atribuirse al coraje cvico co n que Alfo nsn encar la cuest i n, mientras el candidato del just icialismo aprobaba la autoamnist a dict ada ilegalmente por lo s militares del Proceso. El camino eleg ido -por otra parte anunciado ya en la campaa elect oralimp licaba la presencia de dos d imensio nes: de un lado la referida al deslinde de lo s niveles de respo nsabilidad entre quienes dieron las rdenes, qu ienes las cump lieron y quienes se excediero n por inters perso nal o por mera crueldad. Por el otro, la necesidad de descubr ir y reconstruir la verdad de lo suced ido para, una vez cu mplida esa tarea que se reflej en las estremecedo ras pg inas del Nunca ms, proceder a la alternat iya del juicio y del cast igo a los vio ladores de lo s derecho s humanos. Prime ro el co nocimiento de la verdad para establecer la co ndena t ica de la sociedad; luego, el rigor de la ley y el ejercicio de la just icia. Esas dos misio nes que la reconstrucci n de la democracia exig a para tor narse verosmil, debiero n cumplirse en el marco de situacio nes difciles pro ducto de las reaccio nes de la Argent ina corporat iva que se negaba a aceptar las nuevas reglas de la democracia y del limitado margen de manio bra del nuevo go bierno. Alfo nsn, con lu jo de detalles desconocido s hasta ho y, repasa la trama de esos mo mentos cruciales en los que el cruce de lo s ho st igamientas castrenses y sind icales -tres alzamientos milit ares; trece paro s generales- llenaron de zozo bra a la sociedad y pusiero n en jaque a su eco no ma, y en lo s cuales el pero nismo, salvo en lo s mo mentos iniciales de la llamada "Reno vaci n", no supo jugar el papel de so cio leal de la reconstrucci n democrt ica, sino que, por el contrario -hbil co mo es en los tejido s corpora-


tivo s-, exacerb la co mpetencia por el poder hasta que, en 1989, en med io de un desmadre eco n mico del que el triunfo electoral de Carlo s Menem no fue ajeno, consigui su objet ivo de tronchar el perodo presidencial. Esos primeros ao s de la transici n demo crt ica que le toc pilotear a Alfo nsn transcurriero n as entre el tembladeral de lo s ju icio s por vio laci n de lo s derechos humano s, la desobediencia milit ar para repr imir a lo s alzados en rebeli n, la agitaci n sindical y el inicio de la crisis de la deuda que esta llara co n vio lencia ao s despus, pero que desde entonces ya o bstacu lizaba la recuperaci n econ mica, en un mundo, a diferencia del de ho y, de tasas de inters alt as y de precio s bajo s para los commodit ies. En ese cuadro lleno de dificultades, Alfo nsn quiso inaugurar, ms all de la just icia retroact iva que haba imp licado el ju icio a las Juntas, una suer te de refundaci n inst it ucio nal a travs de iniciat ivas que fueron desde la creaci n del plural Consejo para la Conso lidaci n de la Democracia y su propuesta de reforma de la Co nst ituci n hasta el traslado de la Capit al Federal al sur del pas. Todos esos anhelo s finalmente se frustraro n y, a par tir de 1987, co n el triunfo peronist a en las eleccio nes intermedias, el go bier no fue perd iendo iniciat iva po lt ica hasta su abando no pre maturo del poder. Pero aun a lo s tropezones, el estado de Derecho se mantuvo en pie. En pginas de fina agudeza, Ortega y Gasset reconstruy, a travs de un anlisis del desempeo de Mirabeau, los rasgo s arquet pico s del po lt ico, advert ibles, so bre todo, cuando deben manejarse transicio nes de una situaci n histrica a otra, mo mentos que suponen la co mbinaci n de cont inuidades y rupturas en la cual la mezcla de audacia y de prudencia resulta indispensable. Toda autnt ica po lt ica -co menta Ortega- incluye "un impulso y su freno ", una fuerza de aceleraci n y una fuerza de co ntenci n. (La expresi n la recoger el uruguayo Carlos Real de Aza para exp licar, aos despus, la larga duraci n del batt lismo en la po lt ica oriental.) Yagre ga Ortega que ese equ ilibr io es el que per mit e "aco modar las cosas y salvar la subit aneidad del trnsito". Ra l Alfo nsn tuvo conciencia desde un princip io de la fragilidad de la sit uaci n en la que deba desp legarse la vo luntad po lt ica y moral por su perar ms de medio siglo de autoritarismo s de diverso tipo. Y el tema de


los derechos humano s vio lados resultaba el experiment um crucis de esa tenta tiva de co ndenar el pasado sin po ner en cuest i n, nuevamente, al futuro. Qu poda hacerse desde el Estado para reconstruir una naci n destruida, pero en do nde no se haba producido una revo luci n? Es cierto que la salida del rg imen dictatorial no haba sido producto de un pacto cvico -militar co mo en otros pases del cont inent e en lo s que pr im la ley del o lvido, pero tambin lo era que el llamado Proceso haba cesado luego de la imp lo si n orig inada tras la catstrofe de Malvinas y no por obra de una inexist ente rebeli n popular. A part ir de esa constataci n eran posibles tres alternat ivas: el o lvido, co mo lo propuso , sin ninguna voz en contra, el candidato peronista Luder; el procesamiento de todos los que pudieran resultar imputados, o el ju icio y condena de lo s principales actores. Co mo es sabido, esto lt imo es lo que se decid i, co nfigurando un caso nico n i siquiera co mparable con los ju icio s de Nuremberg, porque ello s se realizaron en una naci n vencida y ocupada por tropas extranjeras. Pero, co mo recordaba al princip io de estas notas, cierta historia int eresada prefiere re cordar a Alfo nsn no co mo el pro motor de esos ju icios inditos sino co mo el impulsor de la o bediencia debida. Y se pregunta el ex presidente: "Han pasado mucho s aos y an ho y me formu lo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: ms all de las co nsignas bienintencio nadas, alguien crea y an cree seriamente que en ese t iempo, con una demo cracia que recin emer ga luego de aos de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil o ficiales en act ividad de las Fuerzas Armadas?". La respuesta es, para el sent ido co mn, obvia, pero, sin embargo, ho y parecen tener ms repercusi n algunos gestos retricos en un t iempo que ya no convoca riesgos, que aquella so litaria audacia demo crt ica de haber juzga do y co ndenado, veint e ao s atrs, a las Juntas Milit ares respo nsables del terrorismo de Estado. Por fin, vaya una co nsideraci n perso nal. Muchos de quienes co mpo nen mi generaci n descubriero n a part ir del pro ceso iniciado en 1983, conmo vidos por el rezo laico del Prembulo, el valo r de la demo cracia y del estado de Derecho que hasta entonces habamos despreciado en no mbre de otros idea-


les, sin advert ir que no tenan por qu ser mutuamente exclu yentes. Fuimo s hijo s de la vio lencia y de la ilegalidad argent inas; en ellas no s nutrimo s y a ellas servimo s hasta que el horror de la dict adura y del terrorismo de Esta do, las prisio nes, las muertes y lo s exilio s nos mostraro n definit ivamente el largo rostro cruel de nuestra historia y la necesidad de art icular las viejas banderas sociales co n lo s nuevo s aires que a ellas poda proporcio narles la democracia. Ms all de co nsideracio nes co yunturales, de co mprensibles discre pancias so bre asuntos puntuales, de ju icio s que ya remiten al anlisis histrico, sera imposible no reco nocer en ese logro una enorme deuda co n Ral Alfo nsn. JUAN CARLOS PORTANTIERO Junio de 2004

MEMORIA POLTICA / PREFACIO

Prefacio

ESCRIB este libro co n la convicci n de que no poda hablar acerca del futu ro, como era mi deseo, sin mirar hacia atrs, sin revisar y analizar las accio nes ms significat ivas y tambin las ms cr iticadas de mi gest i n. En un pasaje del Gnesis, un ngel le advierte a Lot: "iSlvate! jNo mires hacia atrs ni te detengas! jEn ello te va la vida!". Su mu jer quiere ver el exterminio de Sodo ma y Go morra. Mira hacia atrs y queda co nvert ida en una estatua de sal. Qu la llev a mirar hacia atrs? La curio sidad, pensarn algunos, pero, en todo caso, era una curio sidad para observar co n odio y rencor el fin de sus enemigos. Yo creo que es necesario mirar ha cia el pasado con o jo s que co ntribuyan a la co nvivencia. En este libro busco poner en negro so bre blanco muchas de las circunstancias gravsimas que soportamo s todos lo s argent ino s entre 1983 y 1989, las decisio nes to madas por mi gobierno, el contexto interno e internacio nal en el cual se inscribiero n cada una de ellas y algunas de las consecuencias de esas decisio nes dos dcadas ms tarde. stos so n temas, adems, que se dis cuten en la actualidad. Pretendo abordar aqu los temas y las cuestio nes ms difciles, co mpromet idas y cr it icadas de mi gobierno y de mi vida po lt ica para asu mir una defensa que no es, en este caso, tanto perso nal co mo de co nviccio nes, valores y sent ido s de la po lt ica; explicar la forma en que he actuado ante lo s principales desafio s y o frecer elementos de juicio para revisar una serie de lugares co munes y sentencias categricas adversas que se instalaro n co mo una ver dad inapelable en el imaginario co lect ivo de nuestra sociedad. Es muy pro bable que este libro sea cr it icado desde lo s extremo s del arco po lt ico y posiblement e por mucho s independientes, pero no me pesarn es-


tas crt icas si las mismas contribu yen a desarro llar una po lmica franca que sirva efect ivamente para enriquecer el anlisis y la co mprensi n de estos aos centrales para nuestra vida democrt ica. Toda naci n es el resultado de un proceso histrico integrador de grupos inicialmente desart iculados. Detrs de cada unidad nacio nal hay un gran pro yecto capaz de asociar en la co nstrucci n de un futuro com n a fuerzas tnica, relig iosa, cult ural, ling st ica o socialmente d iferenciadas entre s. Uno de lo s rasgos d is tint ivo s de la Argent ina ha sido nuestro fracaso en delinear con xito una empre sa nacio nal de esta naturaleza. Otros pases conocieron en el pasado terribles luchas int ernas, pero supiero n diso lver sus antago nismo s en unidades nacio nales integradas, cu yo s co mpo nentes se reco nocen co mo parte del co njunto en un universo de princip io s, normas, fines y valores co munes. Esta integraci n, aunqu e intentada varias veces, nunca alcanz a prosperar en la Argent ina, que mantuvo la divisi n maniquea de su propia sociedad en universos po lt ico -cu lturales inconexos e inco nciliables co mo una co nstante durante todo su it inerario histrico. Nuestra historia no es la de un proceso unificador, sino la de una dicoto ma cristalizada que se fue manteniendo bsicament e igual a s misma bajo sucesivas variacio nes de deno minaci n, co nsistencia social e ideo loga. Ah estn, co mo expresio nes de esta d ivisi n, lo s enfrentamiento s entre unit ario s y federales, entre la causa yrigo yenist a y el rgimen, entre el co nservadur ismo restaurado en 1930 y el radicalismo proscripto, entre el peronismo y el ant ipero nismo. Bajo signo s cambiantes, el pas permaneci invariablement e divid ido en co mpart imento s estancos, que en mayor o menor medida se co ncibiero n a s mismo s co mo encarnacio nes del todo nacio nal, con exclusi n de lo s dems. La Argent ina no era una gran patria co mn sino una conflict iva yuxt aposici n de una patr ia y una ant ipatria; una naci n y una ant inaci n. Co mo unidad po lt ica y territorial, la naci n se asentaba en el precario do minio de un grupo so bre lo s dems y no en una deseada art iculaci n de to dos en un sist ema de convivencia. Con el desarro llo econ mico, el pas fue creciendo en co mplejidad, generando en su sociedad una progresiva diferenciaci n int erna entre grupos po lt ico s, corporativo s y sectoriales, todos los cuales incorporaro n aquella vieja ment alidad. La Argent ina ingres a la segunda mitad del siglo XX con part idos co m-


part imentado s, organizacio nes sindicales co mpart imentadas, asociacio nes empresarias co mpart imentadas, fuerzas armadas co mpart imentadas, unida des cu lturalment e dispersas que apenas ocasio nalmente se asociaban en par cialidades mayores tambin exclu yent es entre s, pero nunca en esquemas de convivencia g lo bal. En estos procesos de asociaci n, lo que se una nunca era el pas sino un conglo merado interno que s lo lograba afir mar su propia unidad en la visualizaci n del resto del pas como enemigo. En la actualidad, todava hay rastros de ese canibalismo po lt ico que ha teido la prct ica po lt ica: hay quienes sost ienen que la Uni n Cvica Radical rea liza una oposici n desdibu jada tanto frente al actual go bierno, co mo durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Qu es lo que se pretende? Oponerse por princip io es una forma nueva de hacer po lt ica? jQu ms quisieran la derecha reaccio naria, la izquierda drst ica o los poderosos de la Tierra! Corremo s el riesgo ser io de que nos derrote el neo liberalismo. Sus gures s piensan para adelante, s planifican para el futuro. Son c mp lices de la glo balizaci n inso lidaria, co nspiran contra el Mercosur y desean un alineamien to automt ico co n Estado s Unido s. Son los nuevo s cipayos de este siglo. La po lt ica implica diferencias, exist encia de adversario s po lt ico s, esto es totalmente cierto. Pero la po lt ica no es so lamente conflicto, tambin es co nstrucci n. Y la demo cracia necesita ms especialist as en el arte de la a sociaci n po lt ica. Los part idos po lt ico s so n excelent es mediadores entre la sociedad, los intereses corporat ivo s y el Estado, y desde esa perspect iva hemo s seala do que lo que ms no s preocupa es la falta de dilo go con lo s part idos po lt icos. No ser posible resist ir la cant idad de presio nes que estamo s sufriendo y sufriremo s, si no hay una generalizada vo luntad nacio nal al servicio de lo que deberan ser las ms importantes po lt icas de Estado. Necesit amo s t iempo en democracia, en las normas co mune s, en la incorporaci n rut inaria de las reg las co mpart idas, para formar costumbres, porque ellas condicio nan el diseo y las prct icas inst itucio nales, las accio nes concre tas y las rut inas societales. Toda mi act ividad po lt ica busc fortalecer la autono ma de las inst it uciones democrt icas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de Derecho estuvieran separados de cualquier perso nalismo. Nuestro pas


tuvo un tal n de Aquiles: no podamo s garant izar la alt ernancia demo crt ic a del go bierno. El o bjet ivo de toda mi vida ha sido que lo s ho mbres y mujeres que habitamos este suelo podamo s vivir, amar, trabajar y morir en demo cracia. Para ello era y es necesar io que adems de inst itucio nes democrt icas ha ya dem cratas, porque s lo as las inst it uciones demo crt icas pueden so brevivir a sus go bernantes. Las ideas que sostengo en este prefacio me han aco mpaado toda la vida. En enero de 1972 escriba en la revist a Indito:Es imposi ble pret ender hacer una interpretacin realis ta de la actualidad, sin tener en cuenta la dinmica del cam bi o. Qui enes quieren efectuarla compu tando exclusi vam ente, por decirl o de algn modo, t anques, regimientos, riquezas o m edi os informativos, en verdad son los menos realista s, porque niegan la historia -el devenir - al tener en cuenta slo uno de l os t rminos de la contradicci n: el que defi ende l os val ores del pasado en procura de afianzar su permanencia. Lo real es distinto o, por lo men os, ms amplio. Al Iado, simultneamente frente a los defens ores del statu qua, se levantan con vigor histricamente incontenibl e nuevos val or es, nuevos temas, nue va s respuestas, nuevas propuestas, nuevas soluci ones. (Compila ci n de Legasa, 1985.)

En 1981 vo lva sobre el tema en La cuestin argentina, editado clandest inament e:Toda mi vida he sost enido la necesidad de comprender que la democracia exige muchas veces. el sa crifi ci o de parte de l os objeti vos propi os para poder defender los grandes principios que la sust entan. [...] No se puede concebir la lucha por la democracia y el gobi erno del puebl o, sin el puebl o. No se trata de procurar el gobi erno para un sect or, sino de res taurar en los hombres de nuestro pas la con vi cci n de que pertenecen a una sociedad y que el destino de esa soci edad les pertenece, de manera que pase l o que pase con la Argentina ser lo que l os argentinos quieran que pase.


En Democracia y consenso* sostengo:Frente a la injusti cia que cada vez se nos presenta con ms fuerza como al go intol erabl e, quienes as la perci bim os y de cidim os actuar para com batir la lo hacem os desde dos perspecti vas di ferentes y compl ementarias. Una, fil osfi ca: el fil sofo comprom etido comprende la necesidad de profundizar en el pensamiento especulati vo, para desentraar las causas rea les de esa injusti cia y luego m ostrar los caminos a recorrer para superarla, si es posi bl e con la fuerza sufi ciente com o para que esas ideas se con vier tan, nada ms que por su enunciado, en una praxis generada por la fuerza de su con vicci n. Esta tarea debe llevarse a ca bo en forma rigurosa, exi gen te y sin concesi ones y debe esta bl ecerse un dilogo permanente con quie nes atacan el problema desde la otra posi ci n. La otra poltica: el polti co ti co paradigmtico comprende, primero que nada, la necesidad de actuar a l servi ci o de la verdad, la libertad y la igualdad. Se inspira en las grandes neas del pensamiento progresista y define su obje tivo fundamental como el de eliminar la mayor cantidad posi ble de obstcu los para la realizacin del hom bre en la soci edad. Tiene una particular sen si bilidad ti ca. Una tensi n, casi una angustia constante. Una conci encia exigente y un especial sentido de culpa. Tambi n coraje para rechazar cual quier seducci n del oportunismo, bondad para com prender las debilidades, fuerza para imputar las responsa bilidades, saga cidad para adivinar intenciones, prudencia para evitar regresiones, paci encia para esperar resultados, te nacidad para aferrarse a sus con vicci ones, flexi bili dad para avanzar en cam biantes circunstancias. Per o el fil sofo no puede exigirle al polti co que acte tem erariamente, aunque se a cept e que su misi n es hacer posi bl e l o imposi bl e, y cuando no lo hace considerar que acta rupcritamente. Tiene que exigirle val enta pa ra llegar al lmite y templanza para r econ ocerl o. Del mism o modo, el polti co no puede exigirle al fIl sofo soluci ones de inmediato, sino una bsque da comprom etida.

Asum co mo Presidente de la Naci n argent ina ellO de diciembre de 1983. Veinte aos de democracia es un t iempo razonable para poder revisar y dis*Al fonsn, Ral, Dem ocrtlt1tl y consenso, Buenos Aires, Tiempo de Ideas y Corregidor, 1996.


cut ir sus hitos fundament ales a la luz de nuestra historia po lt ica ms amplia, sin el apasio namiento y el sent ido de urgencia con que no s enfrentbamo s en cada mo mento de la transici n que inauguramo s entonces, tras la larga noche del autoritarismo. RAL R. ALFONS1N Buenos Aires, octubre de 2003

MEMORIA POLTICA / LA VISTA DESDE EL HORIZONTE

1. La vista desde el horizonte Despus de julio de 1989EN MI LTIMO mensaje ante la Asamblea, el1 de mayo de 1989, sostuve que nos apro ximbamo s a un acontecimiento histrico, co mo lo era una sucesi n presidencial en los marco s de la normalidad inst itucio nal. Siempre pens -y lo dije var ias veces- que la prueba decisiva del xito del camino iniciado en 1983 era llegar a las eleccio nes de 1989. Lo que no se pudo co nseguir en lo s pero dos co nst itucio nales iniciados en 1952, en 1958, en 1963 y en 1973, estbamo s a punto de lograrlo ento nces. Nada ni nad ie iba a arrebatarnos esa conquist a cvica. En esa co mpetencia cvica, el gobierno que conclua su mandato era, necesar iament e, un protagonista ms, un objeto de examen, de apo yo s y de rechazos. Su acci n se ubicaba en el o jo de la tormenta; lo saba bien y as lo asuma. C mo no saber, tambin, que en situacio nes de tan grave crisis co mo las que padecan las democracias po bres de Amrica Lat ina, la argent ina entre ellas, los gobiernos que se hacan cargo de las mismas inevit able ment e se transformaban -por acci n o por omisi n- en lo s chivos expiatorio s de las frustracio nes part iculares o co lect ivas? Me haca cargo de todo esto y, por lo tanto, no ignoraba hasta qu punto arreciaban las crt icas al desempeo gubernamental. Ellas se fundaban en cuest io nes objet ivas que afectaban la vida cotidiana de lo s argentino s, en las que caban responsabilidades perso nales, pero tambin en un enorme endurecimiento de la campaa electoral. Nad ie poda cuest io nar la legit imidad del disenso y el derecho a la crt ica


por parte de la oposici n, co mo tampoco poda sta desco nocer el clima de libertad en el que se desenvo lva. A lo largo de las pasadas generacio nes, lo s argent ino s habamo s vivido so met idos a pesadas influencias ant idemocrt icas. Formas variadas de autoritarismo, sect arismo, oscurant ismo, exclusivismo, fundament alismo haban ejercido durante esa etapa un poder modelador sobre nuestra perso nalidad nacio nal y so bre la perso nalidad ind ividual de cada uno de no sotros. En este marco histrico se sucediero n dict aduras e intervalo s co nst itucionales. Pero con la part icular idad de que casi todos estos lt imo s exhibiero n tambin, tanto en el co mportamiento de lo s gobiernos co mo en el de las oposicio nes, est ilos y modalidades propias de aquella cult ura autoritaria que pujaba por prevalecer en el pas. De este mo do, nuestro pasado reciente se haba dist inguido, desde 1930, no s lo por el recurrente empleo de la fuerza para derr ibar gobiernos constitucio nales, sino tambin por la peculiaridad de que, aun a travs de esos go bierno s co nst itucio nales, lograban abrirse camino prct icas y conductas derivadas de la misma cu ltura po lt ica que inspiraba al go lpismo. Nuestra vida nacio nal de lo s sesenta aos anteriores inclu y as, junto a numerosas dictaduras, a gobierno s co nst itucio nales con presos po lt ico s, provincias int ervenidas, universidades avasalladas, sind icatos so met idos a contro l estatal, desbordes represivo s, bandas parapo liciales, prct ica sist ema tizada de la tortura, estado de sit io endmico, correspondencia vio lada, ejer cicio ilimit ado del espio naje int erno, medid as encaminadas a impedir la libre expresi n de ideas. El autoritarismo, la vio lencia y la arbitrariedad eran norma de las dictaduras y, al mismo t iempo, tentacio nes a las cuales se ceda co n deplorable frecuencia durant e lo s int erregnos co nst itucio nales, a part ir de un fundamento cu ltural que por mo mentos pareca ser co mn a lo s dos mo dos de gobernar el pas. Sobre este trasfo ndo histrico, la experiencia iniciada en la Argent ina el 10 de diciembre de 1983 co braba significados, valores y mritos que no po dan ser ignorado s. El go bierno que presid a era el primero en toda la histo ria del pas que llegaba a las postrimeras de su mandato sin preso s po lt ico s,


ni leyes persecutorias, ni rganos de prensa clausurado s, ni po licas bravas, ni interventores instalados en pro vincias, sind icatos o universidades. Ni un so lo gesto de nuestra trayectoria en el poder reflej las inclinacio nes autoritarias de las que estuviero n plagados gobiernos const itucio nales del pasado. Ni un so lo paso dado por nuestra ad ministraci n estuvo encaminado a oprimir, amenazar o int imidar. No s toc administrar el pas en med io de la mayor y ms pro funda de sus crisis econ micas. Ms precisamente, en medio de una crisis que acentu hasta extremo s inadmisibles la tensi n de las relacio nes entre el Norte y el Sur, bloqueando las ya precar ias vas de crecimiento del vasto mundo emergente. Nuestro pas estaba sufriendo su cuota de esta crisis, co n caracterst icas todava ms agudas que el resto de Amr ica Lat ina y que trajo co nsigo graves situacio nes de intranquilidad social, a caballo de las cuales la oposici n po lt ica al sist ema desencaden infames campaas desquiciadoras. En un pas donde el ejercicio de facto o const itucio nal del poder estuvo tradicio nalment e asociado con la tentacin de preservar el orden me diante recursos autoritario s, a nuestro gobierno le toc en suerte un mo mento histrico ms cargado que cualquier otro de elementos propicio s para esa tentaci n. En otros trmino s, nuestro gobierno no s lo se d ist ingui por haber resist ido esas tentacio nes, sino tambin por haber las resist ido cuando ellas estaban en su mo mento histrico de mayor fuerza, de mayor apremio. Creo que estamos en nuestro derecho si pretendemos que esta labor sea reco nocida en todo su valor. Es cierto que en el campo eco n mico recogimo s una naci n en crisis y no co nseguimo s superar las dificu ltades econ micas. Esto puede atribuirse a errores y limit acio nes de mi gest i n, pero no se puede desco nocer que nuestra crisis form parte de una crisis estructural mundial, cu ya so luci n s lo poda emerger de grandes iniciat ivas co lectivas, que abarcaran a ent eras re gio nes del planeta co n centenares de millo nes de perso nas invo lucradas, y nunca de una iniciat iva singular de un gobierno de un pas perifr ico. Sin embargo, en aquel mo mento asist imo s a un curioso fen meno po lt ico -


cult ural de distorsin evaluativa que mo str a algunos po lt icos, a ciertas concentracio nes de poder corporat ivo y a muchos medios de difusi n asociados co nsciente o inco nscientement e en una gigantesca campaa de acci n psico l gica apuntada a present amo s co mo un gobierno cuya caracterst ica central, dist int iva y definitoria era la de no haber superado la crisis econ mica y no la de haber cump lido aquella epopeya democrat izadora en circunstancias tan terriblemente adversas a su realizaci n. La tarea principal que nos enco mend el pas en 1983 fue co nstruir una demo cracia. Co n la cooperaci n de casi toda la sociedad no s entregamos a esa tarea. Y tuvimo s un xito tal que el pas termin o lvidando cules eran sus preocupacio nes, sus dudas y ansiedades en 1983. Entonces todo pareca natural. Natural que el pueblo estuviera a punto de expresarse en las urnas. Que no hubiera estado de sit io , que cada uno pudiera decir lo que quisiera. Natural que no hubiera proscripcio nes, que no hubiera presos po lt ico s ni pro vincias int ervenidas, que no hubiera sindicatos intervenidos. Sin embargo, todo eso junto no se haba dado nunca en nuestra historia. Saba que se vivan horas decisivas en mat eria econ mica a pocos das de las eleccio nes presidenciales. Saba que deberan ser horas de alegra pero se haban transformado tambin en horas de ansiedad. El Estado estaba desequilibrado en sus cuent as y con un financiamiento decrecient e. A ello haba contribuido la incert idumbre po lt ica so bre el rumbo que seguira la eco no ma en el futuro. Quin poda ignorar lo ? Nadie poda negarlo: exist an una enorme desco nfianza y una tremenda inseguridad. Las co nsecuencias pegaban de lleno en lo s hogares argent ino s, sobre todo en los ms humildes. La inflaci n se haba acelerado yeso provocaba desaz n. En esos t iempo s difciles de una transici n que no era s lo po lt ica, sino tambin econ mica y part icu larment e social y cultural, reflexio naba sobre la o bra de go bierno, sin triunfalismo s, pero sin aceptar resignadament e que nada se haba hecho, que estbamos peor que antes, que, en lt ima inst ancia y aunque no se lo dijera, esa difcil transici n hacia la de mocracia no haba valido la pena. Estaba seguro de que no era as. Y no se trataba de soberbia, de orgullo personal, de obcecaci n. Se trataba, so -


bre todo, de ayudar a que las mu jeres y lo s ho mbres argent ino s, especialment e nuestros j venes, no bajaran lo s brazos. Y que la agresi n verbal a un go bierno que cubri s lo el primer tramo de un largo camino hacia la co nso lidaci n de un sistema de libertad e igualdad en la Argent ina, no se transformara en un cuest io namiento glo bal de la demo cracia co mo ~ for ma de vida. En 1983 cay so bre todos nosotros una carga enorme. Luego de dcadas de frustracio nes nos propusimo s establecer las bases para cambio s funda- k ment ales en un modelo de pas en crisis que ya no daba ms. Y buscamo s encarar esas transformacio nes -que siempre son costosas- en el marco de la ms amp lia democracia y co n el menor cost o social posible. Un objet ivo gui nuestros pasos desde entonces: mantener unido s lo s necesario s esfuerzos con las imprescindibles libertades y el equilibrio social. En el camino que emprendimos desde 1983 hemo s co met ido errores. C mo negarlo s? Pero es un hecho que, como parte posit iva de esa herencia, la sociedad termin por asumir que la gran mayora de las transforma cio nes propuestas, y que por dist int as razo nes no lo gramos efectuar o lo hicimo s imperfectamente, eran imprescind ibles para que el pas pudiera alcanzar niveles de desarro llo y prosperidad razo nables. Temas que en aquel mo mento parecan impo sibles de abordar se incorporaron naturalment e al debate po lt ico posterior. Co locamo s las bases del desarro llo: la lucha co ntra el ego smo corporativo, co ntra el prebendarismo del Estado, contra el capitalismo sin riesgos, contra el aislamiento frente al mundo. sa fue la platafor ma de despegue que construimo s para la transici n eco n mica, para que nuestros sucesores pudieran art icular demo cracia con crecimiento y co n prosperidad. No es precisament e lo que hicieron, visto desde la actualidad. En ese camino, racio nalment e eleg ido, no quisimo s, a fin de salvaguardar ese bien precio so que es la democracia y evit ar la vio lencia que la destruye, generar po lt icas que a veces se imp lement an en lo s gabinetes tcnico s. Eso s gabinetes parten de la presunci n de que las sociedades co mplejas co mo la nuestra so n espacio s vacos en lo s que puede ser experimentada cualquier propuesta de laboratorio. Las co nsecuencias inmediat as so n, bien lo sabemo s


ahora, la desocupaci n y el hambre para millo nes de familias. Pero tampoco quisimos generar po lt icas con un facilismo oportunista. Era irresponsable pensar en distribuir lo que ya no exist a. Ms a la corta que a la larga, una demagogia de ese t ipo tambin generara vio lencia, ante las perspec tivas inevitablemente frustradas y frente a la lucha despiadada entre lo s grupos que ambicio naban que sus demandas fueran prontamente sat isfechas. Dije antes que en la trajinada empresa que nos toc poner en marcha co met imo s errores. Psimo go bernante sera aquel que se creyera al abrigo de toda falla. Quien es incapaz de reconocer un error es todava ms incapaz de corregirlo. No fue se, por cierto, nuestro caso. Dije que hubo cosas que "no sup imo s hacer, cosas que no qu isimo s hacer y cosas que no pudimo s hacer", y esa frase qued luego estampada co mo un inventar io de lo s fracasos de mi gobierno, cuando lo que quera transmit ir era, precisament e, la agenda de cuest io nes que habamo s logrado co menzar a abordar, abrindo nos camino entre las dificu ltades, y que quedaban co mo tareas pendient es para el futuro. Es cierto, hubo cosas que no supimos hacer. A veces nos equivocamo s en lo s cambio s bsico s que debamo s llevar a cabo. Por error de diagnst ico en algunas oportunidades; por falt a de perseverancia en la aplicaci n de las po lt icas o por mal clculo de lo s t iempos en otras. Y aunque ho nradament e pienso que se hizo mucho, s que no avanzamo s al r it mo que quer amos para transformar de raz un sist ema econ mico perverso, para mo der nizar un Estado burocrt ico e inmanejable, para quebrar de cuajo co n un funcio namiento cerrado de la econo ma, de espaldas al mundo y poco eficiente. Eso qued co mo parte de una herencia para nuestros sucesores. Hubo tambin cosas que no qu isimo s hacer: a veces postergamo s o simplement e no efectuamo s ajustes que un clculo descarnado podra considerar benefic io so, pero que en lo inmediato acarreaba costos sociales y sacrificio s impo sibles de so brellevar para sectores importantes de la sociedad. La po lt ica que aplicamos en mater ia de cambio s estructurales implicaba, al co ntrario, sopesar prioridades y o bligaciones, necesidades eco n micas y urgencias sociales, sobre la base inamo vible de cont inuar co nstruyendo la democracia. Por eso, no creo que en este caso haya que hablar de errores, sino de situacio nes en las que decid imo s disminuir la velo cidad en nuestr a marcha


hacia las transfor macio nes de estructura que el pas necesitaba. Hubo, por lt imo, cosas que no pudimo s hacer. En primer lugar, por la presencia de o bstcu lo s y dificultades objetivas. Factores externos, co mo fue ron en su mo mento la cada de lo s precio s de lo s productos agropecuario s o el manejo casi usurar io de las tasas de inters desde lo s centros del poder eco n mico internacio nal, as co mo algunas penurias int ernas, hiciero n que inicia tivas necesarias y posit ivas que pro yectbamos llevar a cabo debieran ser demoradas o abandonadas. S lo mencio nar, a t tulo de ilustraci n, el triste privilegio de haber tenido que soportar la ms terrible de las inundacio nes de que tengamo s memor ia y, ms tarde, una de las ms despiadadas sequas. He hablado de dificu ltades o bjet ivas que o bstacu lizaro n logros o impid ieron alcanzar ciertas met as. No fuero n las nicas. Hubo tambin dificultades subjet ivas. La sociedad argent ina ha visto entorpecida y amenazada su mar cha por el ego smo sectorial, el corpo rat ivismo, la especulaci n y el fo mento irresponsable de la inflaci n, que en su manifestaci n po lt ica expresan au toritarismo de diverso signo. La preocupaci n por estos resabio s autoritarios que, aunque debilit ados, todava persist an entre nosotros, t uvo en nuestro caso un int ers preciso. Siempre he pensado que nuestro ordenamiento inst itucio nal favoreca la persistencia de act itudes que configuran lo s principales co mpo nentes de ese autoritarismo. Pienso, al decir esto, en la propensi n al hegemo nismo , en el hecho de que gran parte de nuestra vida nacio nal estuvo modelada por la presencia de agrupacio nes po lt icas o corporat ivas que se sent an llamadas a protagonizar co n exclusividad el dest ino de la naci n. Buena parte del pensamiento po lt ico argent ino fue refractario, cuando no abiertament e host il, a la idea de que la nacio nalidad pudiera expresarse en pluralidad. Y aun en el pensamiento democrt ico se esconda muchas veces la creencia subyacente de que el mo saico de la pluralid ad argent ina, aunque a ceptado en princip io, deba estar int egrado por una fuerza po lt ica esencial y otras de naturaleza accesoria. Siempre cre que la marcha emprendida hacia la democrat izaci n del pas tena que inclu ir formas de acci n co ntra esos atavismo s po lt ico s y cult u rales, formas que inclu yeran tambin correct ivo s para aquellas inst itucio nes de


nuestro sistema po lt ico que aseguraban la cont inu idad de tales rmoras. Con ese esp ritu propusimo s en su mo mento a la ciudadana y a las dems fuerzas po lt icas el pro yecto de una reforma co nst itucio nal que apuntara a redefinir en un sent ido ms demo crt ico la naturaleza del go bierno. Lamentablemente, nuestra propuesta de reforma no encontr durante largos aos el indispensable co nsenso para hacerla efect iva. No se trat a, entindase bien, de descargar culpas en lo s dems. Nunca lo hemo s hecho: un inco nmo vible sent ido de la obligaci n nos hizo asumir todo traspi, toda so luci n insat isfactoria, todo fracaso, co mo respo nsabilidad propia. Nuestros adversarios deben reco nocer que jams los hemo s convert ido en vct imas propiciatorias de culpas que quizs no siempre fuero n nuestras. La refor ma de la Const ituci n formaba parte de una deuda co n la sociedad que no queramo s co ntraer, pero que la realidad nos impuso en esos aos. Y la asumimos. Siempre estuve convencido, pese a todo, de que las creencias y act itudes de lo s argent inos tenan aspectos y potencialidades posit ivas y que stos pre valeceran por sobre las tramas de intereses creados y co mportamientos reac cio nario s. Amamos la libertad, habamo s aprendido a apreciar y defender la demo cracia. Co n ella sufrimos padecimient os y frustracio nes, pero sabamo s tambin que, sin ella, esos mismo s padecimientos se hubieran mu lt ip licado. Pero esas creencias y act itudes deja ban aflo rar tambin aspectos negat ivo s: ego smo, espritu sectorial, dispo sici n para la especulaci n, tendencia a creer en d iversos mesianismo s. Eran el lado oscuro de nuestra cult ura po lt ica, lo s fantasmas a los que o bst inadament e alguno s se aferraban, quiz por temor a lo s riesgo s imaginario s del futuro. Sin embargo, esos aspectos negat ivo s eran parciales y no alcanzaro n para que nos ganara el escept icismo. Hubo una transici n a la demo cracia que se desarro ll a nivel de las inst itucio nes po lt icas. Pero hubo tambin otra transici n a la democracia que se cumpli en nuestras propias conciencias. Ella pasaba ante todo por destruir esos fant asmas y por crear autnt icas expecta tivas de transformacio nes pro fundas, sustentadas en la realidad, para nuest ro pas. Y ella habra de co nducimos a fruct ificar el capit al cultural-democrt ico que ya era patrimo nio inalienable de la sociedad argent ina.


Despus de exterior izacio nes co mo las de Semana Santa, Mo nte Caseros, Villa Martelli y La Tablada, no se puede ig norar de buena fe la pro fundidad de lo s pro blemas que tuvimos que reso lver para asegurar la democracia. Si aquello fuera todo lo realizado, si en esos cinco aos y medio no hubisemo s hecho otra cosa que pro mo ver y dir igir la formaci n de esa demo cracia qu e sup imo s defender, yo ya tendra la seguridad de haber cump lido. Ningn go bierno antes que el nuestro tuvo que enfrentar tantas calamidades al mismo t iempo. En esas co ndicio nes fue inevit able que todos padeciramo s. La alternat iva no era padecimient o o bienestar. La nica alt ernat iva era mayor o menor padecimiento. Mayor o menor equ idad en el reparto de las cargas. Sin embargo, no nos co nformamo s co n establecer la democracia, afianzar la paz y administrar equit at ivament e la crisis. Nos propusimos cambiar el pas. Lanzamo s ideas que a lo s cortoplacistas les pareciero n ilusorias: una nue va forma de organizaci n inst it ucio nal -a travs de la reforma de la Const ituci n-, una reorganizaci n territorial que deba empezar por el traslado de la Capital y culminar en la descentralizaci n eco n mica, el desarro llo de la Patagonia y la int egraci n efect iva co n Brasil y Uruguay. En 1985 lanzamo s el Plan Houston, co nvocando al cap ital int ernacio nal a part icipar, junto con empresas argent inas, en el ms grande esfuerzo de exploraci n que se haya realizado jams en el territorio argent ino. Logramos el autoabastecimiento petrolero. La producci n de hidrocarburos de 1988 fue la ms alta de toda la historia de la Argent ina, desde el descubrimiento del petr leo en 1907. En o nce meses -un rcord mund ial- hicimo s un gasoducto de 1.400 kil metros de d istancia: antes de que llegara el invierno de 1988 lleg el gas a Buenos Aires desde Lo ma de la Lata, Neuqun, pasando por Baha Blanca. En petroqumica apelamo s al capit al privado. El po lo petroqumico de Neuqun sera construido co n capit al de riesgo. En mat eria de energ a elctrica, la Argent ina co nstruy obras (hidroelctricas, trmicas co nvencio nales y nucleares) que prct icamente dup licaron la capacidad inst alada total existente en aquel entonces. Realizamo s la mitad de la obra civil de Yacyret, pro yectamos construir, junto con Brasil, la presa


de Pichi Picn Leuf. Ya haban pasado gobierno s civiles y milit ares, go biernos de d ist into signo y todos haban hablado del pro blema de las empresas pblicas. Pero nunca, nunca se haban elabo rado so lucio nes concretas co mo las que propusimo s para Aero lneas Argent inas o ENTEL, la empresa telef nica, sin perder la mayora argent ina. Construir la democracia, afianzar la paz, iniciar la reforma del Estado y la eco no ma, fijar la agenda para la pr xima dcada y, mientras tanto, combat ir la crisis y absorber lo s go lpes. sa fue la tarea que nos impusimo s y que, pa so a paso, buscamo s cu mplir. En 1989, la Argent ina haba ca mbiado. Ya no era la de 1983. Y nunca ms vo lver a a ser, afortunadament e, la Argent ina an terior a 1983.

MEMORIA POLTICA / LA RECONSTRUCCIN DEL ESTADO DE DERECHO (1983-1986)

2. La reconstruccin del estado de Derecho 1983-1986 Juicio a las Juntas Militares

LA INSTALACIN en 1976 de la dict adura militar ms atroz que sufri el pas no dej margen para resist encias legt imas, pero tambin es cierto que goz de un consent imiento tcito de una parte importante de la sociedad argent ina y el silencio c mplice o el aco mpaamiento de algunos medios de co municaci n, en un exceso de autocensura, o directament e de co mp lacencia. A pesar de do minar todo el aparato estatal, la dictadura militar se abstuvo de procesar y co ndenar a nadie, salvo alguna excepci n marginal, mientras que mediant e "accio nes d irectas", sin ju icio ni ley, hizo desaparecer a miles de personas, asesin, tortur, encarcel y expuls del pas a otros miles. Ni siquiera actu dentro de lo s extensos y difusos mrgenes que otorgaba la "legalidad autoritaria" diseada por ellos y para ello s; todo se hizo a l margen de la ley y, por supuesto, al margen de toda consideraci n t ica y ju rdica. Nunca exist i mayor ausencia de seguridad jurd ica en nuestro pas y nunca se estuvo ms lejo s de la noci n del estado de Derecho que durante los aos del proceso militar, entre 1976 y 1983. Pero parad jicament e es el pero do en que ms dinero se le prest a la Argent ina, lo que demuestra la enorme hipocresa de los organismo s internacio nales de crdito en aquel entonces. La derrota milit ar en la Guerra del At lnt ico Sur en junio de 1982 provoc el co lapso de la dictadura milit ar, y la misma sociedad que haba sufrido


-o, en muchos casos, tolerado, por desco nocimiento, por convicci n o por temor- la vio laci n sistemt ica de lo s derechos humano s y la falta de liber tades pblicas se levant para ro mper con el pasado autoritario. Hubo un quiebre en nuestra historia, porque tal vez nunca se haba llegado tan lejo s en ~~ la degradaci n moral de la Repblica, y entonces la mayora de lo s argent inos abraz la causa de la recuperaci n de la demo cracia en for ma definit iva. Lo que mi gobierno hizo a part ir de 1983 fue marchar de inmed iato en la direcci n del esclarecimiento y el cast igo de las vio lacio nes a lo s derecho s hu mano s, el establecimiento de la igualdad ante la ley, la reinserci n de las Fuerzas Armadas en el estado de Derecho y la formulaci n de una po lt ica que marcara una clara lnea divisoria respecto del pasado. En nuestro pas, lo s crmenes y delitos co met idos en dict aduras siempre haban quedado impunes, y nuestro propsito fue terminar de una vez y para siempre co n esa tradici n. Por un imperativo t ico impostergable y por el convencimiento de la co mp lement ariedad entre demo cracia y just icia, el go bierno a mi cargo abri lo s cauces jurdico s para que las aberrantes vio laciones a lo s derechos humano s co met idas tanto por el terrorismo de grupos po lt ico s armados co mo por el terrorismo de Estado fueran invest igadas y juzgadas por una Just icia independiente. No exist a, por otra parte, una frmu la preestablecida sobre la mejor manera de enfrentar los crmenes del pasado. Cada sociedad debe elaborar su propia respuesta, de acuerdo con sus peculiares co ndicio nes y caracterst icas po lt icas y sociales, y no sotros lo hicimo s en un co ntexto lat ino amer icano en el que co menzaba a terminar la noche de las dictaduras y apareca la luz de las transicio nes demo crt icas y la recuperaci n de las libertades ciudadanas. Quienes denunciamos la vio laci n de lo s derechos humano s durante el llamado "Proceso de Reorganizaci n Nacio nal" int ercambiamo s ideas acerca de c mo cast igar a los culpables y c mo establecer bases s lidas para que esas vio lacio nes no se repit ieran jams. ramos conscientes de que se trata ba de una situaci n histrica indita: por un lado, por la magnitud y el carcter de lo ocurrido bajo la dictadura; por otro lado, porque su invest igaci n y juzgamiento imp licaba co locar a las inst itucio nes armadas de la naci n bajo


la lupa de una just icia independ iente, pero al mismo t iempo, preexistente. En la imp lement aci n del procedimiento se deba superar una ser ie de obstculos jurd icos y fct ico s, y co nsiderar los lmit es que no s impo nan la Const ituci n y la prudencia: la co nmoci n pblica provocada por la inves tigaci n y la acci n de la Just icia; la dura cin de lo s procesos, que no deban pro lo ngarse demasiado, y las categoras de perso nas a quienes se hara responsables. En el tratamiento de esta delicada cuest i n exist an tres diferentes alter nat ivas y debamo s elegir una de ellas: .El o lvido, fuera med iante una ley de amnista o a travs de la inacci n; vale decir, dejar pasar el t iempo hasta que el tema se agotara en s mismo. Sabamo s que esta forma de tratar el problema era la que se haba seguido casi siempre en la mayor a de lo s pases del mundo, salvo, en parte, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que no deba ser una opci n vlida para nosotros. .El procesamiento de abso lutamente todos los que pudieran result ar imputados. No exist a ni existe ninguna naci n, en ninguna parte del pla neta, donde se haya ap licado. Al co nsiderar esta opci n tambin tuvimo s en cuenta, ms all de las razones po lt icas, las de t ipo jur dico y fct ico. .La condena de lo s principales actores, por su responsabilidad de mando, para quebrar para siempre la norma no escrita, pero hasta ese mo mento vigente en nuestro pas, de que el crimen de Estado quedara impune o fuera amnist iado. Durante la campaa electoral de 1983 expuse clara y enft icament e que este lt imo era el camino que habamo s eleg ido. bamo s a act uar aplicando el esquema de lo s tres niveles de respo nsabilidad para encarar el procesamiento de qu ienes estuvieran bajo acusaci n de haber vio lado los derechos humano s durante la dictadura: lo s que haban dado las rdenes, los que las haban cumplido en un clima de horror y coerci n, los que se haban exced ido en el cump limiento. Afirm explcit amente que si result aba elegido para go bernar el pas iba a ap licar la just icia con ese cr iterio: As lo hicimos y fue un proceso nico en el mundo, por sus car acterst icas y por sus result ados. No co nozco otros casos en Amrica, en Europa, en


fr ica, o en Asia, de pases que hayan podido juzgar y co ndenar a lo s mximos responsables de delitos de lesa humanidad co mo nosotros lo hicimo s, con la ley en la mano. En nuestro pas tenamo s antecedentes que ho y han sido o lvidados. En mayo de 1973, se consagr la impunidad mediante la sanci n de indultos y la ley de amnist a (votada tambin por el radicalismo), por un lado, y la no persecu ci n penal de qu ienes haban asesinado y ordenado asesinatos, tales co mo lo s ocurridos en Trelew, el 22 de agosto de 1972, donde fuero n muertos numero sos presos po lt icos. Pocas semanas despus se produjo en las cercanas de Ezeiza una nueva explosi n de vio lencia po lt ica que d ej un trgico saldo de muertos, heridos y torturados. A pesar de que mucho s funcio nario s co no dan a lo s respo nsables de esa masacre, nadie fue procesado ni co ndenado. Tampoco se estableci una co misi n invest igadora ni hubo esclarecimiento oficial de lo s sucesos. Por el contrario, se recurr i a la acci n de grupos alen tados por el Estado, co mo la Triple A, para reprimir a grupos subversivos y contestatario s. Un procedimiento reido con la t ica y co n la ley que dej una secuela de muchsimo s muertos y cre las condicio nes para el co lapso de las inst itucio nes y el arribo de la ms feroz de las dictaduras de nuestra historia. Haba que evit ar que se rep it iese este ciclo histrico de la impunidad y sentar el precedente de que a part ir de 1983 no se to leraran nunca ms episod io s al margen de la ley. Estaba co nvencido de que todo proceso de transici n democrt ica deba int entar un o bjet ivo priorit ario y excluyent e: prevenir la co misi n futura de vio lacio nes a lo s derechos humano s. Pertenece o bviament e a l mbito de la po lt ica el decidir las med idas deseables, las necesarias y las posibles en torno de cuest io nes en las que se encuentran en juego muchas veces principio s morales. No es sencillo adoptar decisio nes en este terreno en procu ra de efectos que se advert irn recin en la convivencia futura de una sociedad. Se trataba entonces de reforzar la valoraci n social so bre la importancia de lo s derechos humano s, del respeto al estado de Derecho, de la to lerancia ideo lg ica. Por un lado, la represi n ilegal de la guerr illa se haba llevado a cabo desde las propias Fuerzas Ar madas y de seguridad, co mpro metiendo a gran cant idad de perso nal en su ejecuci n, bajo el manto de una ideo log a just ificatoria de tal co mportamiento. Ello pro vocaba el serio rie s-


go de reaccio nes de naturaleza corporat iva, en defensa de camaradas, o de las ideas que se haban difund ido por tanto tiempo, agravado esto por el hecho de que, en lo s primeros ao s de toda transici n, las autoridades civiles no poseen el total do minio y contro l de lo s resortes de la seguridad estatal, dado que, por el mismo carcter transicio nal del proceso, algunos de stos se encuentran en manos de personas que estuviero n invo lucradas en episo dio s de vio lacio nes a lo s derechos humano s. Por otro lado, no se podan co nstruir los cimientos de la nacient e demo cracia en nuestro pas desde una claudicacin t ica. El co mienzo de la vida demo crt ica argent ina exiga po ner a consideraci n de la sociedad, explcita ment e, el tema de la represi n ejercida desde el Estado. Y llevar a lo s responsables de la vio lencia ante lo s tribunales. Pero haba que hacer la sin perder de vist a la sit uaci n de fragilidad de la democracia. Muchas veces me pregunt si por defender lo s derecho s humanos que haban sido vio lados en el pasado no arriesgaba lo s derechos humano s del porvenir. Es decir, si no estaba po niendo en peligro la estabilidad de la demo cracia y en co nsecuencia, la seguridad de lo s ciudadanos. Adems, dist intos sectores y agrupamientos sociales haban rad icalizado sus demandas de manera extrema. Algunos sectores de la derecha, afines con el pensamiento militar, demandaban reconocimiento hacia quienes haban posibilit ado la demo cracia derrotando al enemigo marxist a, y entendan que toda po lt ica de revisi n del pasado const itua un ataque a las Fuerzas Armadas. De otro lado, alguno s organismos y mo vimientos de derecho s humano s exigan la aparici n co n vida de los desaparecido s y el "cast igo a todos" lo s respo nsables. Estaban tambin quienes entenda n que el juzgamiento de lo s graves delitos co met idos generara en las mximas jerarquas castrenses un clima de tensi n, miedo y resent imiento que po ndr a en peligro a la recin recuperada demo cracia. Es decir, basaban su opini n en la posibilidad de un nuevo go lpe milit ar, algo que por entonces nadie poda descartar de plano. En este co ntexto de la realidad concreta, no en el abstracto del gabinete cient fico o la elucubraci n int electual sin co mpro miso, es que hubo que trazar las estrategias y las med idas que co mbinaran lo deseable y lo posible pa-


ra saldar las deudas del pasado; pero siempre teniendo en miras el futuro, pues las decisio nes que se tomaran en el perodo de transici n result aran cla ve para poder ciment ar la cult ura po lt ica de la nueva demo cracia. El 12 de d iciembre de 1983, dos das despus de asu mir el gobierno, pro mo v la derogaci n ante el Co ngreso de la ley de autoamnist a que co nsagraba la total impunidad para lo s responsables de la represi n y, a travs de lo s decre tos 157 y 158, pusimo s en marcha el procesamiento de lo s responsables de la vio lencia que ensangrent al pas. Y lo hicimos so lo s, ya que el Part ido Just icia list a (PJ), a travs de su candidato, haba afirmado la validez y co nst itucio nalidad de esa autoamnist a, pretendiendo que no se podra so meter a ju icio a los represores (sin perjuicio de lo cual haba recibido el cuarenta por ciento de lo s votos del electorado en las eleccio nes en las que recuperamo s la demo cracia). 1 Para reso lver la tensi n entre las exigencias const itucio nales, adoptamo s una alternat iva int ermedia aspirando a que esta so luci n sat isficiera el obje tivo de rap idez y de selecci n de lo s respo nsables a travs de la intervenci n del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas: el tribunal milit ar int ervena en primera instancia, pero su decisi n deba ser apelada obligatoriament e ante la Cmara Federal, la que tambin poda intervenir en caso de denegaci n o de retardo de just icia. Finalmente, esto ltimo fue lo que ocurri. Co n la reforma del Cdigo de Just icia Milit ar, por primera vez en la historia enco mendamo s el juzgamiento de lo s mximo s responsables de los ilcitos a las Cmaras Federales, anu lando la tradici n corporativa de que lo s militares de ban ser juzgados por sus propio s camaradas. Adems, amp liamo s las garant as procesales de dicho Cdigo, estable ciendo un procedimiento oral para asegurar en plenitud el derecho de defen sa en ju icio. Obviament e, la reforma se efectu al amparo del crit erio, reit e radamente aceptado por nuestra jurisprudencia, de que el principio de irretroact ividad de la ley no debe reg ir para la leg islaci n procesal, tanto ms cuando la misma ext iende amp liamente las garant as de los procesado s. Sabamo s que era imperioso limitar los pro cesos en el t iempo y en el nmero de lo s casos jud iciables. As lo reco mendaban element ales consideracio nes de prudencia. Pero por las caractersticas inherentes a todo sistema demo crt ico, estos lmites no fuero n sat isfechos: la po lt ica siempre se defi-


ne a part ir del concurso de una serie de vo luntades autno mas, so bre todo en lo que t iene que ver co n el lmit e de t iempo. La renuencia del Co nsejo Su premo para juzgar estos hechos alarg inconveniente y peligrosamente el tiempo de las actuacio nes. Sin embargo, el pro ceso sigu i su marcha sorteando todos los obstculo s y se sumaron a la causa los mat eriales e informes recogidos por la Co nadep. Entre el 22 de abr il y el 9 de diciembre de 1985 se realiz el ju icio oral y pblico a quienes int egraro n las tres juntas milit ares de la d ictadura que haba go bernado el pas hasta haca apenas do s ao s. Una mult itud aco mpa el inicio de las sesio nes frente a los Tribunales; se inform so bre el desarro llo del juicio con pro fusi n y cualquier ciu dadano poda asist ir al recinto con s lo hacer una co la y so licit ar su ingreso. Fueron test igos de la Fiscala y de la defensa 832 personas. Fue una tarea llena de valent a y patriot ismo la lle vada a cabo por los test igos, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, y lo s jueces que part iciparo n de aquel juicio. Tambin los abogados defensores cump liero n co n gran correcci n su labor. Finalmente, la histrica sentencia de la Cmara integrada por Ricardo Gil Lavedra, Le n Arslanin, Jorge Torlasco, Andrs D' Alessio y Gu illermo Ledesma estableci la exist encia de un plan criminal organizado y fij as el primer nivel de respo nsabilidad al sentenciar la culpabilidad de lo s ex co mandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ago st i, Ro berto Vio la y Armando Lambruschini, co n penas que iban de lo s ocho aos de prisi n hasta la cadena perpetua y la inhabilit aci n permanente. El resto de las cau sas se g iraban nuevament e al Co nsejo Supremo y el ep icentro de los procesos judiciales se trasladaba a las Cmaras Federales de la Capit al y del inter ior del pas, que deban tomar lo s casos dentro de su jurisd icci n. La Conadep Dentro de la po lt ica que llevamos adelant e resu lta fundament al la creaci n de la Co misi n Nacio nal so bre la Desaparici n de Personas (Co nadep), llamada a invest igar el drama de la desapar icin forzada, lo s secuestros y asesinatos co met ido s.


El caudal de informaci n que reuni result decisivo para que la Fiscala pudiera elaborar y formu lar en un lapso breve su acusaci n en el ju icio a las Juntas Milit ares. Tambin sirvi para las acusacio nes en otros juicio s inicia dos contra el perso nal de seguridad y militar invo lucrado. Se logr la reco nstrucci n del modus operand i del terrorismo de Estado y el relevamiento de su infraestructura. Se co ntabilizaron 8.960 casos de desaparici n de perso nas y se ident ificaro n unos 380 centros clandest inos de detenci n; entre ello s, la Escuela de Mecnica de la Armada (ESMA), El Olimpo, Auto motores Orlett i, La Perla, Pozo de Banfield y Mansi n Ser. La Co nadep se cre el15 de diciembre de 1983 co mo parte de la po lt ica de Estado inst it uida para esclarecer el pasado vio lento de la Argent ina. Fue, adems, la respuesta especfica del gobierno a lo s reclamo s de co nst ituir, co n el mismo fin, una co misi n par lamentaria bicameral. se era el planteo de muchos dir igentes de lo s organismo s de derecho s hu mano s y de algunos part idos po lt ico s que pensaban que s lo una co misi n de ese t ipo poda llevar adelant e la tarea, munida de poderes especiales. La propuesta se descart porque estbamos convencido s de que no era la so luci n que el pro blema requer a. Era fcil prever que una co misi n bicameral poda verse envuelt a en ma nejo s po lt icos, tener dificult ades para llegar a acuerdos efect ivo s en cuanto a la mater ializaci n de lo s objet ivo s perseguidos, entrar en co nflicto con el Poder Judicial y, en definit iva, fracasar en el cu mplimiento de su misi n. Los hecho s nos diero n la raz n. En varias pro vincias se crearo n co misio nes de ese t ipo. Ninguna lo gr funcio nar a pleno y con efect ividad, ninguna se destac en el esclarecimiento de lo s hecho s que se le haban enco mendado. ~ El decreto 187/83 le asign a la Co nadep las funcio nes de recibir denuncias y pruebas, remit irlas a lo s jueces co mpetentes, averiguar el dest ino o paradero de las perso nas desaparecidas, determinar la ubicaci n de nio s sustrados, denunciar la ocult aci n de elementos probatorios y emit ir un in for me final, co n una explicaci n detallada de lo s hecho s invest igados. El decreto estableci, adems, la o bligaci n de todos lo s funcio nario s del Poder Ejecut ivo Nacio nal y de organismo s depend ientes o autrquico s, de


prestarle co laboraci n. La Conadep no fue facu ltada a emit ir juicio so bre hecho s o circunstancias que pud ieran co nst ituir materia exclusiva del Poder Jud icial. Ello fue co herente con el princip io de la d ivisi n de poderes y la naturaleza de la Co misi n, y co ncord con la po lt ica de poner exclusiva ment e en mano s del Poder Judicial la tarea de juzgar a lo s responsables. El decreto est ipul un plazo de seis meses para cump lir con la misi n, que se extendi luego a nueve meses. La elecci n de lo s miembros no fue fcil. Se requera co nst ituir un grupo que estuviera formado por perso nas sin tacha en su co mpro miso con la defensa de la democracia y lo s derechos humanos, que gozaran de prest igio en la vida pblica del pas y, adems, que pudieran organizar y po ner en marcha la Co misi n co n dedicaci n y efect ividad. La elecci n fue un acierto en to dos esos respectos. Un hecho revelador es la pront it ud co n que fue po sible const ituirla. Prct icamente, todas las personas incluidas en la lista original aceptaron el o frecimiento y estuviero n dispuestas a iniciar de inmed iato la difcil tarea. La nica excepci n fue la de Ado lfo Prez Esquivel, premio No bel de la Paz, que rechaz la invit aci n alegando no co mpart ir la po lt ica del gobierno en la materia. Los miembros de la Conadep fueron: Ricardo Co lo mbres Gurist a, ex ministro de la Corte Suprema de Just icia de la Naci n), Ren Pavaloro (eminent e mdico cirujano), Hilar io Pernndez Long (ingeniero, rector de la Universidad de Buenos Aires dest ituido por el go lpe milit ar de 1966), Carlo s Gatt ino ni (o bispo metodista protestante), Gregorio Klimo vsky (fil so fo, cient fico, renunciant e a sus ctedras univer sitarias en 1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (o bispo cat lico), Eduardo Rabo ssi (fil so fo, jurist a, renunciante a sus ctedras universit arias en 1966), Magdalena Ruiz Guiaz (perio dista) y el escr itor Ernesto Sabato, a quien lo s miembro s elig iero n para presid ir la Co misin. Se invit tambin a la Cmara de Diputado s y al Senado de la Naci n a integrar la Co misi n, no mbrando tres representantes cada uno. El Senado, con mayora just icialist a, nunca envi lo s tres miembro s que le correspond an. En la Cmara de Diputado s ninguno de los leg isladores de lo s part idos representados acept el cargo, con excepci n de la Uni n Cvica Rad ical (UCR). En definit iva, co ncurriero n lo s diputados radicales Sant iago Lpez, Hugo Piucill y


Horacio Huarte. Los miembros de la Co nadep trabajaron ad ho norem. Sus secretario s (Ral Arag n, Graciela Pernndez Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopo ldo Silgueira) y el personal (cerca de cien perso nas pro venientes en casi su totalidad de organismo s de derecho s humano s) co braro n sueldo s equiparados a los del Poder Judicial. Esto permiti que pudieran dedicarse de lle no al trabajo en la Co misi n. Se orden al Ministerio del Inter ior dar el apo yo administrat ivo, lo gst ico y financiero necesario. El go bierno no influy ni interfir i en sus decisio nes y act ividades. La decisi n de crear una co misi n de ciudadano s que se abo caran a la dura tarea enco mendada sin su frir presio nes po lt icas ni padecer cortapisas de cualquier otra ndo le se concret plenamente. Vista a la d istancia, la tarea llevada a cabo por la Conadep fue cicl pea. Superados uno s primeros mo mentos de indecisi n, recibi el apo yo de los organismo s de derecho s humanos y pronto fue visualizada por la ciudadana co mo una ent idad altament e respo nsable, dedicada a la angust iosa tarea de echar luz so bre uno de lo s cap tulo s ms terribles de la historia de nuestro pas. Era un trance do loroso que la salud y el afianzamiento de la naciente demo cracia exigan. Se libraron ms de mil o ficio s a organismo s gubernament ales requiriendo dist intos t ipos de informaci n, se recibi el test imo nio de nu merosas per sonas detenidas que haban sido liberadas y, en base a ello y a informacio nes adicio nales, se realizaron diligencias en edificio s milit ares y de fuerzas de seguridad que permit iero n ident ificar var io s cientos de centros clandest ino s de detenci n. Con el objeto de facilit ar las denuncias de personas do miciliadas lejo s de Buenos Aires, la Conadep inst al una sede en la ciudad de Crdoba y auto riz a que en Mar del Plat a, Rosario y Baha Blanca personas allegadas a lo s organismo s de derecho s humanos y a asociacio nes lo cales de abogados recibieran denuncias. Adems, envi al interior del pas grupo s formados por secretario s y empleados para que recibieran denuncias. La apropiaci n ilegal de nio s fue uno de los aspectos ms terrorfico s del rgimen represivo desatado por la d ictadura. El secuestro de nio s ocu -


rra durante lo s procedimientos de detenci n o cuando detenidas-desaparecidas daban a luz en los centros clandest ino s. La apropiaci n se concretaba con un reg istro falso de la ident idad de lo s chico s. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibiero n de la Conadep ayuda para ubicar nio s secuestrados o nacidos en caut iverio y, so bre todo, para co menzar a ut ilizar la tecno lo ga de ident ificaci n por ADN. En 1987 se sancio n la ley de creaci n del Banco Nacio nal de Datos Gent icos (ley 23.511) ya part ir de all se logr ubicar a numerosos nio s que haban sido secuestrados. La Co misi n adopt un procedimiento apro piado para llevar a la Just icia las denuncias recibidas: no presentar casos aislados sino casos co lect ivo s ela borado s en base a las perso nas desaparecidas que haban estado en un cen tro clandest ino de detenci n. Tambin inclu y en cada caso los no mbres de presuntos respo nsables mencio nados en lo s test imo nio s y pidi su invest igaci n judicial. Al co ncluir sus funcio nes, la Conadep haba puesto en co nocimiento de la Just icia ms de mil denuncias de perso nas desaparecidas. Con el apo yo de la American Associat io n for the Advancement o f Science, gest io n la visit a de peritos forenses y genetistas norteamericano s para aseso rar y ayudar en la posible ident ificaci n de las vct imas. La doctora Mary-Claire King, de la Universidad de Berkeley, int egrante del grupo, dio impulso a la ut ilizaci n de datos genrico s para la ident ificaci n de las filiacio nes de lo s nios recuperados. El 20 de sept iembre de 1984 lo s miembros de la Co nadep presentaro n en la Casa de Go bierno su informe final. Fue uno de lo s mo mentos ms emocio nantes de mi gest i n presidencial. Una mu lt it ud silencio sa co lmaba la Plaza de Mayo. Sbato entreg las abult adas carpetas y p idi la pro nta publicaci n del mat erial. Hacerlo co nocer a la opini n pblica nacio nal e internacio nal era, precisamente, uno de lo s objet ivos que tenamo s. El informe fue publicado el 28 de no viembre, gracias al esfuerzo de la Subsecretara de Derechos Humano s y la Editorial Universit aria de Bueno s Aires (EUDEBA). La primera edici n, de 40.000 ejemp lares, se agot en cuarent a y ocho horas. Luego fue traducido al ingls ( la versi n no rteamericana lleva un pr lo go del Ronald Dworkin, eminent e fil so fo del derecho), italiano, alemn, portugus, haciendo conocer el caso argent ino en el mbito internacio nal.


Nunca ms: Informe de la Co misi n Nacio nal so bre la Desaparici n de Personas es, sin duda, uno de lo s documentos ms desgarradores de nuestra historia. Co n minucio sidad, sin el empleo de frases alt iso nantes, co n el simp le expedient e de acumu lar datos co mprobados y de transcribir declaracio nes formu ladas en las denuncias, po ne en evidencia la tragedia que vivi nuestro pas. Despus del Nunca ms, nadie en la Argent ina puede ignorar o negar lo ocurrido durante la dictadura. La misi n patrit ica realizada por los integrantes de esa Co misi n fue de una enorme envergadura. Cump lieron con su deber de una manera abnegada y sin estridencias, sufriero n co n paciencia amenazas, frases de descrdito y descalificaci n. Lograron lo que a mucho s pareca impo sible: que en uno s pocos meses se pudiera elaborar, procesar e informar acerca de las desaparicio nes, la apropiaci n de nio s y los mecanismos siniestros del terrorismo de Estado. El Informe y la document aci n o btenida result aron esenciales para la acusaci n fiscal en el ju icio a las Juntas Militares. S i el rgimen militar de los aos setenta nos haba hecho trgicament e famo sos, a part ir de entonces la demo cracia argent ina se enorgu lleca de ser un pas que enfrentaba el pasa do, que no le tema a la verdad y que denunciaba co n no mbre y apellido lo s trgicos sucesos que haban enlutado su territorio. Propsitos y dijicu ltades En cuanto a la doctrina int ernacio nal so bre enju iciamiento de vio lacio nes a los derechos humano s ocurridas en el pasado, no siempre est bamo s aco mpaados. Haba estudio sos que analizaban las d ificult ades de la ap licaci n re troactiva de la just icia. Lawrence Weschler sostuvo que la transici n demo crt ica brasilea fue posible gracias a que los po lt ico s civiles respetaron la amnist a. Samuel Hunt ingto n, despus de analizar d iferentes experiencias, incluyendo a la argent ina, y de o frecer una lista de argu mentos a favor y en contra de lo s juicio s por derecho s hu mano s, lleg a la conclusi n de que cuando la transici n demo crt ica se co nsigue a travs de la transformaci n dd rg imen anterior, las persecucio nes penales deben ser evitadas dado que los costos po lt icos sobrepasan en mucho lo s beneficios morales. Mucho ms duro fue el pro fesor de la Universidad de Yale Bruce Acker man, que en su tesis The Future o f Liberal Revo lut ion advirt i so bre lo que deno mina


"d espejismo de la just icia correct iva", co n el argumento de que lo s revo lucio nario s liberales que intent an forjar un nuevo sistema democrt ico usualment e poseen un gran capital moral y poco capital organizat ivo. En co nsecuencia, al invo lucrarse en un proceso de just icia retroact iva se arriesgan a perder el capi,~ tal moral debido a la escasez de capit al organizat ivo. Ut iliza la experiencia argen'; t ina sealando que mi go bierno lo gr "s lo un puado " de condenas que evi( denciaro n, a su cr iter io, el fracaso de esa po lt ica. r t El pro fesor Juan nz, tambin de la Universidad de Yale, sostuvo, an con mayor dureza, que los gobernantes de los sistemas demo crt icos en transici n t ienen una tendencia a llevar adelant e una po lit ica que se podra deno minar "de resent imiento" contra las personas y las inst itucio nes que se ident ifican con el viejo orden. Afirm que las democracias co nstruyen su le git imidad so bre la base de la lealtad al Estado o a la Naci n y que; entre otros, los o ficiales del ejrcito tienen una mayor ident ificaci n co n el Estado o la Naci n que co n un rgimen part icular y rechazan la ident ificaci n part idaria del Estado. Numero sos amigo s me pedan que cerrara la cuest i n de los derecho s humano s hacia el pasado. Durante una visit a de Estado, el presidente de Italia, Sandro Pert ini, me dijo preocupado: 'oPinshela con lo s militares, caro presidente!". A su vez, el gran dir igente del mo vimiento obrero, Luciano La ma, el doctor Giorg io Napo litano, figura consu lar del Partido Co munist a, y tambin Giancarlo Pajet a, el memorable lider de la resist encia co ntra el fascismo, so licita ron a nuestro embajador en Ro ma, Alfredo Allende, que me transmit iera co n urgencia que deba establecer una suerte de armist icio co n lo s milit ares, ya que nuestro gobierno haba ido -sostuvieron- demasiado lejo s en su fervor por la defensa de lo s derechos humano s y los ju icio s a lo s milit ares. Creo que es oportuno detenerse un minuto para insist ir en la sencilla filoso fa que guiaba nuestra lnea de acci n. El punto central de cualqu ier estrategia de transici n respecto de los crmenes de una d ictadura reside en la bsqueda de la verdad de lo ocurrido. Toda represi n ilegal se hace en la


clandest inidad, en la oscur idad, en el silencio. Nadie proclama pblicament e la realizaci n de secuestros, torturas o asesinatos. Era necesar io, entonces, desentraar de manera objet iva frent e a la sociedad todo lo que en verdad pas. Descubrir y reconstruir la verdad es el mejor medio para que se pro duzca el repudio social a prct icas aberrantes y un camino id neo para restablecer la dignidad de las vct imas. Pero no bastaba la verdad. Era preciso que fuera convincente, y su mejor efecto era que se la ad mit iera sin retaceos. La Co misi n de Verdad y Reconciliaci n que funcio n aos despus en Sudfr ica, a inst ancias del o bispo Desmo nd Tutu, ha dicho que la unidad y reconciliaci n so n posibles si la ver dad es establecida por una agencia o ficial, con procedimientos justos y reconocida p lenament e y sin reservas por quienes perpetraron los hechos. La Conadep fue, co mo recordaba ms arr iba, la primera co misi n en el mundo en su gnero y produjo un dramt ico infor me de una ser iedad inco ntrastableo La difusi n de la verdad en el caso argent ino const itua sin dudas una preco nd ici n necesaria, pero apareca co mo insuficiente para conso lidar debidamente los valores demo crt icos. Para ello, surga entonces la alt ernat iva del cast igo. Tratar de enju iciar y sancio nar a lo s vio ladores de derecho s humano s. As fue co mo, cumplido s los p lazos de actuaci n del Consejo Supremo de las Fuerzas Ar madas, la causa co ntra los ex co mandant es pas a la esfera civil, tal co mo lo estableca la ley, y fue tomada por las Cmaras Federales de apelacio nes. No puedo dejar de recordar que en esos primeros meses de 1984 exist an ya p lanteas y manio bras subrept icias dest inadas a er izar la sensibilizada piel de lo s militares mediante toda clase de absurdas acu sacio nes co ntra mi go bierno y mi perso na. Se sucedieron en pocos meses dos jefes de Estado Mayor del Ejrcito, los generales Jorge Argu indegu i y Gustavo Pianta; deb remo ver tambin al jefe del Estado Mayor Co njunto, el general Jorge Fernndez Torres; se produ jeron explo sio nes de bo mbas o amenazas permanent es contra altos funcio narios y contra los propio s mandos. Co ntaba con un verdadero ho mbre de Estado para encarar una nueva relaci n con las Fuerzas Armadas, Ral Borrs, pero gran parte de sus esfuerzo s se hallaban absorbido s en desact ivar el terreno minado. Bajo ese clima debamo s garant izar que lo s fiscales de la C-


mara Federal avanzaran co n las 15.000 fajas iniciales que contena la ms importante causa co ntra ex dictadores que el mundo co nociera hasta entonces. Por supuesto, hubiera sido deseable que la persecuci n fuera co ntra to dos lo s que hubieran co met ido delitos, pero hacerla co locaba en ser io riesgo al proceso mismo de la transici n. Resultaba abso lutamente impensable lle var adelant e el proceso a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad (la mayora en act ividad) que participaro n de una u otra manera en la represi n ilegal. Los tres alzamientos milit ares que se produjero n ms tar de dan acabada muestra de lo delicado de la cuest i n, pues lo s reclamo s erosio naban la autoridad del ejercicio del poder presidencial, depositario de la soberana popular. Nuestro objet ivo no poda ser el juicio y la condena a todos los que de una u otra manera haban vulnerado los derechos humano s, porqu e esto era irrealizable, sino alcanzar un cast igo ejemplificador que previniera la reit era ci n de hecho s similares en el futuro. Necesit bamo s dejar una impro nta en la co nciencia co lect iva en el sent ido de que no haba ningn grupo, por po deroso que fuera, que estuviera por encima de la ley y que pud iera sacrificar al ser hu mano en funci n de lo gros supuestamente valio sos. Queramo s prevenimo s co mo sociedad; sentar el precedente de que nunca ms un argent ino sera sacado de su casa en la noche, torturado o asesinado por funcio narios del aparato estatal. Con esa co nvicci n pronunci un discurso en la cena de camaradera de las Fuerzas Ar madas, el 5 de ju lio de 1985, al que le asign una part icular importancia porque expres mi posici n ante ellas. Vale la pena recordar aqu alguno s prrafo s de aquel mensaje:' [...] Ustedes, seores, mejor que nadie co nocen y so n abso lutament e co nscientes del pro fundo caudal de enseanza de todo orden que emana de la do lorosa herida abierta en el sent imiento de to dos los argent inos. Actualmente, debemo s ad mit ir que la magnitud de la tarea por realizar es de tal envergadura que no reso lveremo s nuestros problemas milit ares co n los estrechos mrgenes conceptuales de una reestructuraci n ni de una reor ganizaci n y meno s an de un redimensio namiento de las fuerzas. La tarea imp lica e invo lucra cada uno de esos pasos pero reclama ms


an. Por ello lo s invito a que de aqu en adelant e defrnamo s nuestro reto co mo una real y verdadera refor ma militar, que ni ms ni meno s de eso se trata, si verdaderamente queremo s dotar a la Naci n de las fuerzas armadas que la situaci n requiere. [. ..] Nuevas fuerzas que en definit iva garant icen acabadament e la int egridad territorial de nuestro vasto pas en el marco de la estrategia que claramente surge de nuestra actual sit uaci n. La reforma militar, co n el o bjet ivo superior que acabamo s de definir, deber procurar un nuevo tono moral en el marco dd abso luto respeto al or den inst itucio nal, aliment ado por el entusiasmo pro fesio nal que proporciona la convicci n de sumarse cada uno, ind ividualment e y en co njunto, al gran pro yecto de la reconstrucci n nacio nal. [.. .] Un co mportamiento ejemp lar en el marco de una obligada austeridad no hace sino confir mar las expectat ivas que nos alent aro n cuando, desde el comienzo de nuestra gest i n, expresamo s nuestra co nvicci n de que la relaci n entre el co mandante y sus ho mbres parta del co ncepto de obediencia, entendida co mo un adecuado balance entre la libertad librement e cedida y la autoridad decididament e ejercida. Relacin que se nutre tambin en la idea de lealtad co ncebida co mo camino de ida y vudta que vincula esp iritualmente a superiores y subordinados en la misi n de defender la so berana y las inst it ucio nes de la Naci n. .Vase el texto co mpleto en las pginas 251 a 264. Este co mportamiento es abso lutament e necesar io en la hora actual, por que creo que no exagero si digo que la Argent ina afro nta ho y el mayor desafo de su historia, el de su propia reco nstrucci n a part ir de un estado de postraci n y decadencia que la ha corrodo en todos los rdenes. Aunque el aspecto econ mico de la reco nstrucci n aparece ho y en primer plano por la dramat icidad de sus apremios, esto es s lo parte de una tarea glo bal que nos o bliga a realizar, replant ear y reformu lar hbitos estructurales, formas de co nvivencia y nodos de articulaci n entre lo s dist intos sectores de la sociedad.


r... ] Los go lpes de Estado han sido siempre cvico -militares. La respo nsabilidad indudablement e militar de su aspecto operat ivo no debe hacemo s o lvidar la pesada respo nsabilidad civil de su programaci n y aliment aci n ideo lg ica. El go lpe ha reflejado siempre una prdida del sent ido jurdico de la socie dad y no s lo una prd ida del sent ido jurd ico de lo s militares. r... ] Nada ms errneo que reclamar la supervivencia de estructuras, co nductas o prct icas autoritarias co mo for ma de prevenci n co ntra el terro rismo. Hacerlo significara regalar le al terrorismo las condicio nes de su propia reproducci n. El camino por segu ir es precisamente el inverso. Emprender una gigantesca reforma cultural que instaure entre no sotros un respeto general por normas de co nvivencia que garant icen los derechos civiles, que generalicen la tolerancia, resguarden las libertades pblicas, dest ierren de la sociedad argent ina el miedo. Todo eso se llama demo cracia. Han pasado muchos aos y an ho y me formu lo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel ento nces: ms all de las consignas bien int encio nadas, alguien crea y an cree seriamente que en ese t iempo, co n una democracia que recin emerga luego de aos de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en act ividad de las Fuer zas Armadas? No s lo era fct icamente imp osible, sino que lo s argent inos no haban votado en esa direcci n. El 40 po r ciento de lo s votantes al part ido just icialist a haba aceptado de hecho la irrevocabilidad de la amnist a: su candidato presidencial seal oportunament e que el decreto de la dictadura que co locaba todo bajo "el ju icio de Dio s" cerraba la cuest i n. Y creo que la mayo t a del 52 por ciento que me vot tampoco pretenda que juzgara y encarcelara a miles de o ficiales milit ares invo lucrados en la represi n. Por lo tanto, hubiera sido abso lutament e irresponsable pretender un universo de juzgamiento de tan amp lio alcance cuando las co nsecuencias de " ~t esa acci n, lejo s de prevenir futuros delitos, poda pro mo verlo s nuevamen-


te o causar perju icio s mayores a la an incipiente demo cra cia. Por lt imo, hay que recordar que la co ndena judicial es un instrumento pero no el nico ni el ms importante cuando se trata de la formaci n de la co nciencia moral co lect iva. Esta filo so fa es legt imamente discut ible y ent iendo que se pueda no estar de acuerdo con ella. Pero fue la que elegimo s y la que presentamo s explcit amente a lo s argent inos antes de llegar al gobierno. Nadie puede argument ar que mo dificamos nuestra posici n una vez que asumimos la respo nsabilidad de go bernar. Hicimo s lo que habamo s decidido hacer y lo que habamo s infor mado al pueblo antes de recibir su apo yo. Queramo s inst alar una bisagra en la historia de la vio laci n de lo s derechos humano s en nuestro pas. Crear co nciencia acerca de su importancia. Y ahora, al cabo de los aos, creo que lo hemos cump lido con creces. Ho y ningn argent ino est dispuesto a mirar hacia el costado si alguien se atreve a vio lar lo s derechos hu mano s.1 La constitucionalidad del criterio conforme al cual una ley de facto con contenido a berrante no es una norma vlida de nuestro sistema jurdico fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia, que incluso elabor en fallos ulteriores los efectos de este nuevo tratamiento de las leyes ilegtimas.

MEMORIA POLTICA / PLANTEOS Y MANIOBRAS

3. Planteos y maniobras 1987-enero de 1989

La ley "de punto final" TRAS EL juicio a las Juntas Milit ares quedaba por delant e enfrentar el tema de la obediencia debida. El xito de la delimit aci n de respo nsabilidades que procurbamo s depend a de la forma en que los jueces encararan esta d elicada cuest i n. La Cmara Federal de Bueno s Aires, por ejemplo, actuando co rrectament e, haba llegado a sustanciar el juicio oral y pblico en las causas contra lo s ex jefes de la Po lica Bo naerense, generales Ram n Camps y Pablo Ricchieri, co n co ndenas de 25 ao s de crcel, adems de co ndenar tambin al ex co misario Migud Etcheco latz a 23 ao s de prisi n. El pro yecto del Poder Ejecut ivo propuso una norma interpretat iva del art culo 511 del Cdigo de Just icia Militar y del art culo 36, inciso 6, del Cdigo Penal que, tomando en cuenta las especialsimas circunstancias de presi n, propaganda y terror en las que fueron co met idos lo s hechos, creaba una presunci n revocable de error sobre la legit imidad de las rdenes impart idas para quienes se hubier an atenido a ellas sin capacidad decisoria. El Senado, a propuesta del senador Elas Sapag, mo dific sustancialmente la iniciat iva del Poder Ejecut ivo e introdujo una excepci n expresa para lo s actos atroces y aberrante s, con lo que se abri una puerta para una incr iminaci n que no tena lmites definido s. Esta evo luci n de lo s hechos, ms las campaas de acci n psico lgica siempre act ivas, increment aro n el clima de grave intranqu ilidad en lo s cuadros de las Fuerzas Armadas. Cada uno de sus ho mbres co menz a sent irse amenazado. El t iempo se pro lo ngaba y la Just icia no se expeda. Por otro lado, haba disparidad de crit erio s entre los

MEMORIA POLTICA / PLANTEOS Y MANIOBRAS

juzgados respecto de c mo establecer los grados de respo nsabilidad y abor dar cada causa. Esto nos impuls a pro mo ver una ley para poner un lmite en el t iempo a lo s procesos y hacer efect ivo as el o bjet ivo inicial de la rapidez. Establecimos que luego de un plazo prudencial se producira la caducidad de la ins tancia, ya que lo s jueces avanzaban lentamente en lo s ju icio s, y ya haban transcurrido nada meno s qu

RAUL ALFONSIN - MEMORIA POLÍTICA

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