Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010)

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Título : SECTORES, ACTORES E INTERESES EN TORNO A LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ARGENTINA (2009 2010) 1 Lic. Alejandro Miguel Ramírez Palabras Clave : Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Sectores/Actores intervinientes Intereses sectoriales en juego. Introducción A lo largo de toda la historia de la radiodifusión en la Argentina y en general en América Latina, pudieron observarse la fuerte incidencia de grupos de poder que se apropiaban de licencias y de buena parte de la cadena de producción infocomunicacional para consolidar un enorme caudal de poder y, con ello, conservar un rol para-institucional de presión no sólo a gobiernos, sino también a otras empresas poderosas, como se ha visto recientemente a partir de la extorsión ―encubierta‖ que pretendió ejercer el diario La Nación sobre la empresa YPF. A partir del 18 de marzo de 2009, fecha en que el P.E.N. presentó el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Teatro Argentino de La Plata, pudieron verse, oírse y leerse en acción a muchos de estos actores y sectores que reaccionaron con virulencia (y en muchos casos descuidando las formas), que los llevó a tener que visibilizarse como muy pocas veces lo habían hecho en los últimos 30 años desde la puesta en vigencia de la Ley 22.285 en el año 1980. Gobierno, funcionarios, legisladores, empresarios, pero también organizaciones sociales y comunitarias, asociaciones y sindicatos de periodistas, pueblos originarios, las universidades nacionales, e incluso gente sin vinculación directa con los medios de comunicación (más allá del rol de oyentes y televidentes), entre otros actores y sectores, contribuyeron a la configuración de un debate que no reconoce antecedentes en la historia de la radiodifusión en la Argentina, y que finalizó con la promulgación de la Ley 26.522 el 10 de octubre de 2009. La intención de este trabajo es recuperar analíticamente- el rol que le cupo a cada uno de los sectores y actores que mayor actividad e impulso dedicó a favor y en contra de la Ley, intentando aportar un material que permita conocer las posturas mantenidas a lo largo del debate, como así también la coherencia o contradicciones en que algunos de ellos cayeron en relación con el pensamiento mantenido por el mismo sector en otros momentos históricos del campo de la comunicación. Este trabajo pretende conocer, distinguir y explicitar tanto a los actores y sectores que mayor actividad demostraron en el proceso de gestación de la Ley Nº 26522 ―Ley de Servici os de Comunicación Audiovisual‖, como así también describir las principales acciones concretadas, las estrategias y metodologías utilizadas, materiales y temas recurrentes que, en cada caso, se utilizaron para argumentar posiciones. 1 Esta ponencia es resultado del análisis del material generado por la cátedra Políticas de Comunicación de la U.N.E.R., de la cual es titular el autor.

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Título:

SECTORES, ACTORES E INTERESES EN TORNO A LA LEY DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ARGENTINA (2009 – 2010)1

Lic. Alejandro Miguel Ramírez

Palabras Clave: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual – Sectores/Actores

intervinientes – Intereses sectoriales en juego.

Introducción

A lo largo de toda la historia de la radiodifusión en la Argentina y en general en América

Latina, pudieron observarse la fuerte incidencia de grupos de poder que se apropiaban de licencias y de

buena parte de la cadena de producción infocomunicacional para consolidar un enorme caudal de poder

y, con ello, conservar un rol para-institucional de presión no sólo a gobiernos, sino también a otras

empresas poderosas, como se ha visto recientemente a partir de la extorsión ―encubierta‖ que pretendió

ejercer el diario La Nación sobre la empresa YPF.

A partir del 18 de marzo de 2009, fecha en que el P.E.N. presentó el anteproyecto de Ley de

Servicios de Comunicación Audiovisual en el Teatro Argentino de La Plata, pudieron verse, oírse y

leerse en acción a muchos de estos actores y sectores que reaccionaron con virulencia (y en muchos

casos descuidando las formas), que los llevó a tener que visibilizarse como muy pocas veces lo habían

hecho en los últimos 30 años desde la puesta en vigencia de la Ley 22.285 en el año 1980.

Gobierno, funcionarios, legisladores, empresarios, pero también organizaciones sociales y

comunitarias, asociaciones y sindicatos de periodistas, pueblos originarios, las universidades

nacionales, e incluso gente sin vinculación directa con los medios de comunicación (más allá del rol de

oyentes y televidentes), entre otros actores y sectores, contribuyeron a la configuración de un debate

que no reconoce antecedentes en la historia de la radiodifusión en la Argentina, y que finalizó con la

promulgación de la Ley 26.522 el 10 de octubre de 2009.

La intención de este trabajo es recuperar –analíticamente- el rol que le cupo a cada uno de los

sectores y actores que mayor actividad e impulso dedicó a favor y en contra de la Ley, intentando

aportar un material que permita conocer las posturas mantenidas a lo largo del debate, como así

también la coherencia o contradicciones en que algunos de ellos cayeron en relación con el

pensamiento mantenido por el mismo sector en otros momentos históricos del campo de la

comunicación.

Este trabajo pretende conocer, distinguir y explicitar tanto a los actores y sectores que mayor

actividad demostraron en el proceso de gestación de la Ley Nº 26522 ―Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual‖, como así también describir las principales acciones concretadas, las

estrategias y metodologías utilizadas, materiales y temas recurrentes que, en cada caso, se utilizaron

para argumentar posiciones.

1 Esta ponencia es resultado del análisis del material generado por la cátedra Políticas de Comunicación de la U.N.E.R., de la cual es

titular el autor.

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La histórica presión

“Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda

implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo

legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza".

Raúl Scalabrini Ortiz

Tal como recuerda Luis Ramiro Beltrán2, las PNC fueron propuestas en 1974 en Bogotá y

recomendadas a los políticos de América Latina en 1976 en San José de Costa Rica. Incluso Venezuela

y México fueron los primeros países que intentaron impulsar PNC, pero ninguno de los proyectos

prosperó, y es el propio Beltrán quien lo explica:

―¿Qué había pasado? En ambos casos lo que frustró los indicados intentos fue la avasalladora

presión ejercida por las agrupaciones de propietarios de medios masivos comerciales y por las

agencias publicitarias que los sostenían con avisos de numerosas empresas nacionales y de

representaciones de extranjeras. Como ya lo habían hecho antes de la reunión interministerial de

San José, oponiéndose tenaz y agresivamente a que ésta llegara a realizarse, ahora se pusieron

en campaña - más reservada que pública - para no permitir que naciera ninguna PCN por

considerarla atentatoria contra sus intereses que homologaron con los de sus países. Tan

poderosa fue esa presión que no hubo gobernante alguno que se atreviera a desestimarla. Y, lo

que no es menos lamentable, no hubo quien reprobara siquiera lo sucedido ni, menos, exigiera

la divulgación de las propuestas abortadas... La idea fue súbita y drásticamente derrotada en la

oscuridad y en silencio‖3.

Contemporáneamente a los acontecimientos relatados por Beltrán, Margarita Graziano

explicaba en un texto de 19744 la reacción de los operadores privados cuando entonces se impulsaba la

estatización durante el último gobierno peronista antes del golpe de 1976:

―En agosto de 1973, la Asociación de Teledifusoras Argentinas emitía su opinión (…), su

vicepresidente 1°, Alfredo Suescum, enunciaba la posición del sector privado. Si algo

caracterizó tal exposición fue la constante alusión a los inconvenientes de la televisión estatal y

un hasta desmedido esfuerzo puesto en la justificación de las escasas facetas criticables de la

experiencia privada‖. (…) La puesta en marcha de este aparato de autodifusión por parte de los

canales capitalinos, incluyó también la utilización de sus propias pantallas como instrumento de

oposición a toda política estatal que implicara un cambio en la estructura de propiedad del

medio. (…) Resultaba casi insólito que se abordara el tema ante las mismas pantallas‖.

2 Revista ENTREVISTAS – PCLA – Volume 1 – N° 1: outubro/novembro/dezembro 1999. Entrevista de Luiz Alberto Malta de Barros a

Luis Ramiro Beltrán, del 28/08/1999. En: http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm 3 Op. Cit. 4 GRAZIANO, Margarita. Los dueños de la TV Argentina. Revista Comunicación y Cultura N° 3. Buenos Aires, 1974

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Después de observar el comportamiento que manifestaron los medios de comunicación durante

la discusión de la Ley 26.522 en 2009, resulta sorprendente constatar que aquellos no hicieron más que

potenciar el ―modus operandi‖ descripto por Graziano, sólo que treinta y cinco años después.

Una pista importante para ver hasta qué punto la reacción de estos grupos tenía una raíz más

profunda que la discusión planteada en términos de estatización-privatización, nos lo muestra la propia

Margarita Graziano cuando en el mismo texto dice:

―En el ámbito de los organismos oficiales relacionados con el medio resultaba común hasta

hace menos de un año la total carencia de datos respecto del área, carencia (que se debía a) una

total incapacidad para contar aunque más no fuera, con un diagnóstico aproximado. (La

reacción del COMFERT5) no sobrepasó los límites del mero relevamiento y, en muchos de sus

errores, demostró fehacientemente la situación de total ignorancia en que se ha mantenido con

respecto a la teledifusión local‖.

Cotejando fechas es sencillo contrastar que en 23 años desde el surgimiento de la TV en la

Argentina (1951) y hasta 1974, el Estado no había podido siquiera tener información mínima sobre una

actividad que había decidido utilizar las garras de un poder que comenzaba a trascender lo económico

para meterse de lleno (y hasta nuestros días) en el campo político/institucional.

Los medios de comunicación en general (por sí o a través de sus cámaras empresarias) y

fundamentalmente la TV, en tanto actor con una incidencia superior a los otros, pugnaron por ser

fiscales de todas las actividades sociales, económicas y políticas del Estado, pero se han opuesto

históricamente a cualquier intento no ya de cambio de propiedad, sino aunque más no sea de brindar un

mínimo de información sobre la actividad que estaban desarrollando.

En la práctica y a no ser por algunas cuestiones impositivas, los medios de comunicación en la

Argentina se fueron constituyendo como entidades paraestatales sobre las que cualquier intento de

intervención o pretensión de información equivalía a un acto cuasi terrorista.

Sin embargo el Estado cumple un rol indelegable e insustituible que debe ser concebido como

―una instancia de articulación y denominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y

contradicciones tanto a través de las variables tomas de posición de sus instituciones, como de la

relación de fuerzas existente en éstas‖, tal como lo manifiesta Santiago Marino en su trabajo ―Estado,

Políticas Públicas y Políticas Públicas de Comunicación‖6. Este es el punto de coincidencia con el

enfoque que pretende hacer este trabajo en relación con la situación que se plantea cuando debe

5 Comité Federal de Radio y Teledifusión. 6 Estado, Políticas Públicas y Políticas Públicas de Comunicación, trabajo final del programa de Doctorado ―Estado y políticas públicas‖,

Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/investigaciones/politicas_publicas_marino.pdf

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dirimirse la afectación de intereses caros tanto a la Sociedad en general, como a los diferentes actores y

sectores involucrados en aquellos. En este sentido continúa Marino:

―Las políticas públicas responden a cuestiones socialmente disputadas, respecto de las cuales

diferentes actores (individuos, grupos, sectores, organizaciones) asumen posiciones conflictivas.

Es el Estado, como mediación política de intereses, el que debe formular e implementar

políticas, en tanto que conjunto de acciones u omisiones que se materializan en planes,

programas y proyectos, con objetivos concretos y tareas establecidas‖.

Las PNC lejos de la Ciudadanía

Además de las presiones de los grupos mediáticos, Luis Ramiro Beltrán reconoce que lo que en

los 70’s fue un grave impedimento para consolidar la propuesta democratizadora de los medios (las

dictaduras en casi toda A.L.), ese aspecto es hoy un problema que se encuentra relegado por la

recuperación y desarrollo de los regímenes democráticos, el avance de los juicios al terrorismo de

Estado en Argentina, el fortalecimiento de las demandas por conocer la verdad de lo ocurrido en aquel

nefasto período dictatorial, etc.

Pero aún hoy, es posible reconocer un tercer aspecto que operó en contra de aquel proyecto de

vanguardia, y que tiene que ver con la nula internalización de la problemática de los medios en la

sociedad de aquella época. Luis Ramiro Beltrán lo describe así:

―Por último, estimo que otra razón importante para que las PNC no lograran pasar de la teoría a

la realidad fue el desinterés de la sociedad civil por ella. En parte alguna de la región, que yo

sepa, ninguna agrupación popular, ni siquiera las de mayor raigambre popular y mayor

radicalismo - como las de estudiantes, obreros y campesinos - adoptó la propuesta pro PNC

como parte de las reivindicaciones que alentaban sus luchas. Ningún partido político hizo a esa

propuesta parte de su plataforma ideológica ni componente de su agenda parlamentaria o de su

programa de gobierno. En mi memoria, la única institución de la sociedad civil que se identificó

con la promoción de las PNC fue la Iglesia Católica que ya tenía, cuando menos desde los años

50, creciente y militante identificación con el ideal de democratizar la comunicación en la

práctica y en la teoría. Valiosa como fue esa espontánea adhesión a la causa, no llegó tal vez

hasta el más alto nivel de la jerarquía eclesiástica, salvo casos excepcionales.

Más aún, ni siquiera en los círculos universitarios especializados en la enseñanza y en la

investigación de comunicación llegó a haber una conciencia generalizada sobre la propuesta ni

una adhesión activa a ella. Y, lo que es más extraño, ninguna asociación de profesionales de

comunicación se hizo partidaria de la causa. Así, la idea fue quedando confinada, digamos, a un

centenar de firmes creyentes en el mundo académico dispersos por todo el territorio de la

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región, a una pequeña minoría de catedráticos y estudiantes de comunicación, y a dos entidades

regionales de la profesión: el CIESPAL, del Ecuador, y el IPAL, del Perú‖7.

En el caso del debate en torno a la Ley 26.522 en la Argentina, se verá que hubo un enorme

interés de los diversos sectores que componen la Sociedad Civil, y una decidida participación para

hacer escuchar las diversas posturas y demandas que pudieron verse y oírse en cuanto foro o debate se

proponía. En los casi 27 años de continuidad del sistema democrático es la primera vez que se observa

la participación directa en la formación de una Ley Nacional, no sólo de sectores minoritarios sino

también de personas que se acercaron a los foros sin ninguna representatividad, más que el deseo de

manifestar su posición frente a la misma.

La Ley 26.522: Actores, Sectores e Intereses en juego.

―La mejor ley de prensa es la que no existe. En tal sentido, deberían restringirse al máximo los

niveles regulatorios, no avanzando más allá de un procedimiento claro de concurso para la

asignación de las frecuencias; la estructuración de un acotado sistema público de

radiodifusión para cumplir con fines educativos y culturales,

no comercial y sin injerencia gubernamental (…)

“Es de esperar también que no se pretenda volver a la prohibición a los medios de prensa

gráfica de tener canales de televisión abiertos y que no se busque condicionar los contenidos a

partir de la definición del negocio de la televisión por cable como un servicio público”.

Art. Diario La Nación 3/5/2008

Atendiendo a la limitación espacial que requiere esta ponencia, prescindiremos de remitir a la

cuestión histórica del debate sobre los medios audiovisuales en la Argentina, como así tampoco aludir a

los roles que les cupo a unos y otros protagonistas a lo largo de la historia de la radiodifusión en

nuestro país.

Procuraremos en cambio, detenernos en los actores y sectores que tuvieron un protagonismo

decisivo (a favor y en contra del proyecto de Ley) desde el 18 de marzo de 2009 cuando la Presidenta

de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presenta el Anteproyecto en el Teatro Argentino de La

Planta, pasando por la sanción y promulgación de la Ley 26.522 el 10 de Octubre de 2009 y llegando

hasta el 15 de junio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina si bien

falla en contra de acción de amparo presentada puntualmente por el Diputado Enrique Thomas, por

establecimiento de jurisprudencia hecha por tierra, con este fallo, las demás presentaciones del mismo

7 Revista ENTREVISTAS – PCLA – Volume 1 – N° 1: outubro/novembro/dezembro 1999. Entrevista de Luiz Alberto Malta de Barros a

Luis Ramiro Beltrán, del 28/08/1999. En: http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm

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tenor (a la fecha de presentación de esta ponencia, queda en pie el amparo presentado por Clarín en

contra del artículo 161 de la Ley, que refiere al período de 1 (un) año para adecuar las titularidades de

licencias a los topes que establece la Ley.

En este sentido entonces, y advirtiendo que los protagonistas mencionados de aquí en más no

responden a ninguna exhaustividad8, sino que fueron considerados como los más representativos en

virtud del rol que cumplieron, comenzamos por:

El Gobierno Nacional.

En un período que abarca 15 meses (desde el 18 de marzo de 2009 hasta el 15 de junio de

2010), los actores que representaron al gobierno tuvieron roles destacados en distintos momentos de

todo este tiempo. En este sentido entonces, si volvemos a descontar el minucioso trabajo de elaboración

del anteproyecto por parte del grupo del COMFER encabezados por el Lic. Gabriel Mariotto,

tomaremos como punto de partida a la figura de la Presidenta de la Nación, quien oficialmente dio

comienzo a la discusión sobre dicho anteproyecto en la presentación en La Plata.

Cristina Fernández de Kirchner

En el mes de marzo de 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) presentó el

anteproyecto, al mismo tiempo que daba comienzo al debate que iba a tener lugar en varias regiones de

nuestro país bajo la modalidad de Foros Abiertos que iban a dar la posibilidad de participación a toda la

ciudadanía. Se trataba de un instrumento jurídico de características novedosas puesto que, desde el

Código de Vélez Sarsfield, era la primera vez que se trabajaba con un Proyecto de Ley comentado para

que el contenido del mismo no sea manipulado o mal interpretado, y con el propósito de que la

ciudadanía pudiera acceder a explicaciones más extensas sobre una actividad que nunca antes se había

discutido y que por el tenor de sus implicancias y consecuencias en la sociedad, ameritaba tales

aclaraciones. Del mismo modo, estas notas a cada artículo contenían referencias históricas y

jurisprudencia de otros países que avalaban la factibilidad del articulado.

La siguiente intervención relevante de CFK tuvo lugar después de los 23 foros y de incluidas las

propuestas y aportes de los mismos a un anteproyecto superador que fue ingresado a la Cámara de

Diputados de la Nación el 27 de agosto de 2009. En dicha ocasión, la Presidenta dejó claro que los

derechos esgrimidos deben ser interpretados en su dimensión correcta ―porque libertad de expresión no

8 En este sentido, resultó crucial el voto a favor –aunque no exento de aportes y críticas de Proyecto Sur (Fernando ―Pino‖ Solanas,

Claudio Lozano), de Solidaridad e Igualdad (Carlos Raimundi), del Partido Socialista (Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger) y del

Partido Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella). No menos importantes, aunque con menor transparencia y convicción, votaron a favor los

Senadores Carlos Salazar (Fuerza Republicana, Tucumán) y María Dora Sánchez (UCR, Corrientes).

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puede convertirse en libertad de extorsión, porque libertad de prensa no puede ser confundida con la

libertad de los propietarios de la prensa y porque el derecho a la información significa el derecho a toda

la información; no al ocultamiento de una parte de la información, o a la distorsión y manipulación de

la otra parte‖. Para que no quedaran dudas de la postura que había asumido su gobierno frente a los

medios de comunicación y su vinculación con la sociedad, expresó:

―Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que cada uno aprenda

a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino

que, precisamente, pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias

religiosas, a todas las creencias políticas para que, entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué

dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le

gusta; en definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos

ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento‖.9

Gabriel Mariotto

Como interventor del COMFER, la labor de Mariotto y su equipo fue decisivo no sólo al

momento de la redacción del anteproyecto, sino también para ponerse al frente en cada uno de los 23

foros de debates, en cada canal de TV o Radio, en paneles universitarios y, finalmente responder los

cuestionamientos de los Diputados y Senadores todas las veces que fue citado. El 27 agosto de 2009, en

el mismo acto junto a la presidenta cuando se enviaba el anteproyecto a Diputados, Mariotto resaltó

"toda la fuerza que la Presidenta le da a un debate en el Congreso" sobre el marco jurídico de los medios de

Comunicación en la Argentina y señaló que "habrá que pensar qué presiones existieron" para impedir esta

discusión desde la recuperación del sistema democrático en el país. Mariotto había acuñado la frase ―la

madre de todas las batallas‖ al referirse a esta Ley, y en la reproducción del siguiente diálogo puede

observarse un ejemplo de los intereses en juego y del tenor del tenso diálogo:

Senador Morales:… Nosotros estamos realmente de acuerdo en que estemos generando un

debate en torno a una nueva Ley de Radiodifusión. En verdad, desde el radicalismo nos gustaría

que terminemos el año con una nueva ley. Pero la actitud del gobierno aparece como intentando

una reforma de la Ley de Radiodifusión no para democratizar, sino en contra de un grupo que

hasta ayer estaban bien. Esto lo digo por lo de la prórroga del Decreto 527/05 y la fusión de

Cablevisión y Multicanal, que se produjo hace menos de dos años.

9Palabras de la Presidenta presentación del proyecto de ley, en el teatro Argentino La Plata, miércoles, 18 de marzo de 2009, en:

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5701

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Entonces, ¿por qué, ustedes, en estos seis años hicieron esto? ¿Qué cosas hicieron para evitar la

posición dominante de algunos grupos empresarios? ¿Cómo está la situación del trámite de la

fusión de Cablevisión y Multicanal? También tengo otras preguntas para hacerle que las dejo

para otra oportunidad.

Sr. Mariotto. — Senador, yo voy a tratar de responder todas las inquietudes y de evitar las

consideraciones políticas. Es lógico que haya consideraciones políticas, pero no en mis

respuestas, sino las consideraciones políticas son de los representantes del pueblo. Entonces,

hay una serie de categorías políticas que, por supuesto, en muchas disiento, pero que tampoco

aportan al debate que las contestase, no le va a dar riqueza porque tampoco es un debate. Creo

que hay serie de instancias que usted ha preguntado bien sobre el texto de este proyecto de ley y

trataré de responder sobre ese texto. En cuanto al tema de la autoridad de aplicación, si nosotros

viésemos bien o no desde el Comité Federal de Radiodifusión que se modificara, considero que

no aporta demasiado a esta discusión. Para eso la Cámara en este sentido es soberana y va a

discutir, hará las propuestas y seguramente se votará si hay que hacer o no modificaciones a lo

que ha venido de la Cámara de Diputados10

...

La tropa oficialista en el Senado de la Nación

El proyecto con media sanción de Diputados, ingresa al Senado en el momento en que el

presidente Julio Cleto Cobos (opositor) estaba a cargo del Ejecutivo, reemplazando a la presidenta

Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto el presidente provisional del Senado, José Pampuro

(oficialista) giró el proyecto a dos Comisiones: Presupuesto y Hacienda presidida por Fabián Ríos y de

Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Prensa, presidida por Guillermo Jenefes (ambas con

presidencias y composición mayoritaria del Frente para la Victoria), asegurándose el manejo de los

tiempos y del dictamen para el plenario.

Esta primera jugada política no tuvo buena acogida en los legisladores e incluso generó

rebeldías dentro del propio espacio identificado con el Kirchnerismo. Así el presidente de la Comisión

de Sistemas, de medios de comunicación y de libertad de expresión, Guillermo Jenefes, dueño de un

grupo de medios en su provincia natal, Jujuy, adelantó el presidente del Bloque del FPV, Miguel Ángel

Pichetto, que no estaba dispuesto a aprobar a ―libro cerrado‖ el proyecto emanado de Diputados.

Finalmente, y después de varios días de negociaciones, junto al bloque del Frente para la

Victoria votaron en general a favor de la propuesta gubernamental los oficialistas que firmaron en

disidencia el dictamen mayoritario -el jujeño Guillermo Jenefes, el chubutense Marcelo Guinle y su

coprovinciana Silvia Giusti-, la radical correntina María Dora Sánchez y el bussista Carlos Salazar, que

anunciaron un cambio de posición.

10 Audiencia pública en el Senado de la Nación, el 24/09/09

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Los actores y sectores que se opusieron

Por definición, se opusieron no sólo al debate del anteproyecto sino a toda intención de

modificar el escenario de las comunicaciones audiovisuales los siguientes sectores ejemplificados con

algunos de los exponentes que más protagonismo adquirieron:

1. Todos los grupos mediáticos: Clarín, La Nación, Perfil, Grupo Uno, Cadena 3, América,

Grupo Prisa, Telefónica, Editorial Atlántida, etc.

2. Las cámaras empresarias que aglutinan a nivel nacional a los dueños de los medios:

ADEPA, ATVC, ARPA, ATA, CEMCI (que nuclea a su vez a varias entidades: AAER,

ADIRA, AEDBA, ATA, ATVC y ARPA); y a nivel internacional, la Sociedad

Interamericana de Prensa (SIP).

3. Los periodistas y/o Estrellas de cada medio: Joaquín Morales Solá, Mariano Grondona,

Luis Majul, Jorge Rial, Fernando Bravo (dueño de una radio en la localidad bonaerense

de San Pedro), Susana Giménez, Mirta Legrand, y

4. Políticos de diversas corrientes partidarias que, en muchos casos se vieron

paradójicamente defendiendo posturas contrarias a propuestas que su mismo partido

había efectuado en distintos momentos de este período democrático: Silvana Giúdici,

Gerardo Morales, Ernesto Sanz (UCR); Elisa Carrió, Fernando Iglesias, María Eugenia

Estenssoro, Adrián Pérez (CC); Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Federico Pinedo

(PRO), Francisco De Narváez, Gustavo Ferrari (Unión-Pro); Alberto y Adolfo

Rodríguez Sáa, Enrique Thomas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Eduardo

Duhalde, Felipe Solá (Peronismo Federal), etc.

Tal vez acostumbrados a las anteriores experiencias en la Argentina, donde a poco de

anunciarse un intento de modificación de la ley de Radiodifusión estos grupos lograban abortar esas

iniciativas, probablemente se explique allí la errática estrategia que mostraron al comienzo del debate,

ya que optaron por ―ningunearlo‖ esperando –tal vez- su decaimiento y posterior pase al olvido.

Lejos de eso, el debate fue ganando en intensidad temática y conceptual, a la vez que se

extendía a lo largo y ancho del país, abarcando distintos niveles dentro de la población en general. Ya

era tarde. Del ―ninguneo‖, estos grupos económicos optaron por la desinformación, el sesgamiento de

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la información y, en la mayoría de los casos, directamente a la mentira, tal como observamos a

continuación con el caso del ―gran diario argentino‖:

Clarín

El Observatorio de Medios de la Argentina (APM) sostiene en un estudio realizado entre el 27

de agosto y el 11 de octubre de 200911

, que el diario Clarín publicó 260 notas sobre la Ley de Medios y

que en su totalidad, ―el tema fue abordado de manera negativa‖, es decir con una ―carga negativa en su

posicionamiento editorial frente al proyecto de ley‖. Además, el estudio coteja ―los recursos utilizados

por Clarín durante el período analizado con el Manual de Estilo que supuestamente rige las prácticas

periodísticas del diario‖, y el observatorio concluye que ―la cobertura realizada por Clarín respecto de

la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha recorrido un camino inverso al propuesto por sus

propias reglas‖. Como ejemplo expone que el 28 de agosto (el día después del ingreso del anteproyecto

a Diputados), Clarín tituló: ―Presentan la ley para controlar los medios‖, y de allí en adelante pasó a

una denominación más expeditiva y contundente: ―Ley contra los medios‖ y finalmente, hasta el 20 de

septiembre aún más abreviadas: ―Ley mordaza‖, ―Ley de radioconfusión‖ y la más extendida ―Ley

de medios K‖. Estos modos de renombrar a una ley que tenía nombre propio, continúa el Observatorio,

prentende ―imponer la falsa concepción de que los ejes centrales de la misma se refieren a la

producción de contenidos y no a la distribución de frecuencias. Si uno lee ―Ley mordaza‖ o ―Ley

contra los medios‖ se entiende que se está atacando a los contenidos y no la regulación de un espacio

público. Las denominaciones de Clarín ocultan el objeto de la ley‖. Finalmente, el informe advierte que

―casi el 70% de las fuentes utilizadas respondieron a voces contrarias a la ley. Casi todas las fuentes

consultadas por Clarín pertenecen a la UCR (Cobos, Morales, Sanz), CC (Estenssoro, Carrió), PRO

(De Narváez, Solá, Michetti)‖, etc. La diputada Silvana Giúdici, que estuvo contra el proyecto, es

utilizada constantemente al igual que ADEPA, como ―fuentes‖ principales.

Incluso la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se manifestó fuertemente en

contra de la iniciativa del gobierno para reformar la ley vigente y dijo que:

"(...) Sufrimos nuevos embates por defender nuestra integridad periodística. Ataques disfrazados con

argumentos falsos y contradictorios. Campañas de una virulencia inusitada, originadas en zonas

oscuras del poder. A las que incluso se prestan algunos que creen lucrar con eso. No es la primera vez,

ni será la última". 12

11 Ver informe completo en: http://www.ciespal.net/mediaciones/images/obser1.ley%20de%20medios.informes.%201.pdf 12 www.totalnews.com.ar

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La defensa de la ―integridad‖ atacada en ―zonas oscuras del poder‖, hubiera podido ser ejercida

a la luz de las instituciones democráticas cuando el 1° de Octubre de 2009 el Grupo Clarín ingresa a

una nota peticionando la posibilidad de participar de las audiencias del Senado para ser escuchados. El

plenario responde que sí, y posteriormente, a mitad de la tarde del Debate se aprueba por los Senadores.

Al día siguiente, 2 de octubre, el grupo Clarín NO ASISTIÓ a la audiencia y el acta de ese día se cerró

con la participación de Gabriel Mariotto y del titular de la CNC, Lic. Ceferino Namuncurá.

La Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias

El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo que se denominó ―el

campo‖ (en realidad, el nucleamiento13

de hecho de las cuatro principales asociaciones nacionales de

empresarios agropecuarios de Argentina: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria

Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO), fue un punto de

quiebre entre quienes detentan buena parte del poder real y los medios de comunicación, en especial el

grupo Clarín, con quien el gobierno mantenía, hasta el momento una muy buena relación. Desde el

comienzo del conflicto, la posición del grupo multimediático fue más cercana a la de los sectores

patronales, y eso se vio reflejado en la cotidiana construcción de la imagen pública de la presidenta, en

un sentido muy similar al dedicado al tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual.

13

Que nace el 12 de marzo de 2008 mediante una primera reunión de emergencia de las entidades que la constituyen con motivo de

enfrentarse al gobierno por el impulso de un proyecto de escalonamiento de las retenciones móviles a los cultivos de soja, trigo y girasol.

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El debate entre la gente14

Un factor de peso sumamente importante a la hora de hacer un balance sobre las razones que

confluyeron en la sanción de la Ley, lo constituyen sin dudas los 23 Foros en todo el país. Por eso, y

seleccionando algunas de las voces que allí se escucharon defendiendo una postura, podemos encontrar

pequeños medios que si bien están a favor de la ley, aportan modificaciones, como es el caso de Héctor

Huarte (Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia) que entre muchas otras cosas dice:

―Apoyamos totalmente esta lucha contra cualquier monopolio de la radiodifusión, se llame

Clarín o no. En Neuquén se llama Schroeder, en otros lugares tienen otros nombres. Dicen que

son medios nacionales y nos usan a nosotros para ser nacionales. (…) Queremos que se

distribuya realmente toda la pauta publicitaria para poder tomar a los trabajadores que no

podemos tomar porque no tenemos plata, porque apenas alcanza para los mínimos gastos de

mantenimiento. (…) en 60 días esto no puede ser, son 150 y tantas hojas para leer, en 7 minutos

imposible, no puedo hablar de la nueva propuesta completamente, para que sepan qué pensamos

nosotros. Pero sí vamos a continuar (...) y acompañamos a la presidenta en cambiar la Ley de

Radiodifusión‖.15

En el Foro de la Provincia de la Rioja rescatamos la voz de Julio Delgado, del Diario El

Independiente, que da a conocer las modificaciones y las aclaraciones que le haría a la ley.

―Estamos conformando plenarios permanentes y vamos a elevar una propuesta por escrito al

COMFER con respecto a esto. Pero hoy, siendo local acá en La Rioja y con la presencia de

directivos del COMFER quisiéramos hacer dos observaciones. Una es con respecto al control

estricto de la producción local. Me parece que hay que poner mucho énfasis. El proyecto de ley

dice una producción local del 50%, me parece que hay que tener un porcentaje mayor, incluso,

en producción local. La Rioja se lo merece y todas las ciudades del interior del país. Nosotros

nos enteramos de hechos en La Rioja a través de canales internacionales o, tal vez, tenemos más

conocimiento de lo que pasa en Buenos Aires o Capital Federal con respecto a lo que pasa hoy

en la provincia de La Rioja‖.

―(…) Clarín es Clarín porque es un monstruo que ha tenido apoyo durante mucho tiempo,

apoyo millonario en publicidad y esto ha hecho que sea un negocio. Me parece que por ahí pasa

la cosa, si le puede llegar la publicidad oficial nacional a todos los medios del interior, podemos

equilibrar la cuestión…‖. 16

14 Nuevamente razones de espacio nos limitan. Se optó por estos testimonios por ser representativos de demandas históricas de pequeños

medios del interior que ahora se unieron públicamente a través de los foros. Pero también es necesario incluir como actores y sectores

muy importantes de la sociedad por ejemplo a: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las

Universidades Nacionales, ARUNA, REDCOM, CELS, Carta Abierta (intelectuales), Periodistas (Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata,

Sandra Russo, Eduardo Aliverti, Alejandro Dolina, etc.), Pueblos Originarios, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980),

Osvaldo Bayer, más de 300 actores y actrices (Capusotto, Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Andrea Del Boca, Natalia

Oreiro, Federico Luppi, Soledad Villamil, Lola Berthet, Patricio Contreras, Roberto Carnaghi, Daniel Burman, Ana María Picchio, Lita

Stantic, Roberto "Tito" Cossa, David Blaustein, Marcelo Piñeyro, Jean Pierre Noher, Julio Raffo, Lito Cruz, Juan Palomino, etc.) , el

INADI, sindicatos, Organizaciones no oficialistas que apoyaron la ley al grito de “Ni con K ni con Clarín, ¡queremos la ley YA!: Frente

Popular Darío Santillán; Buenos Aires para todos; Socialismo Libertario; Movimiento Territorial Liberación; Juventud Rebelde 20 de

diciembre (Corriente Julio Antonio Mella, Organización Estudiantil Lobo Suelto, La Trifulca- Frente Cultural Territorial); Corriente

Universitaria Rebelión; Corriente Plan B; La Mala Educación- Colectivo Político; Movimiento Universitario Sur; La Masa al Sur/ Casa

Popular; Agencia Latinoamericana de Noticias de Juventud Nota al Pie; Faro Televisora Comunitaria; Radio Sur; Un Solo Grito en la

Tendencia Estudiantil Revolucionaria; Juventud del Pueblo por la Liberación (Agrupación Fuentealba), etc. 15 Foro Participativo de Consulta Pública en La Pampa. 16

Foro La Rioja.

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Mariano Rojas, Vicepresidente de la Confederación de Radios y Medios de la República

Argentina, decía:

―Últimamente es música en nuestros oídos escuchar hablar de igualdad de oportunidades, de

libertad de expresión, de pluralidad de voces, de más radios, más trabajo, más medios

argentinos y menos extranjeros, de blanqueo para todas las emisoras pymes que son las que

llevamos años luchando para que nos consideren legales (…). Solicitamos la normalización

urgente de todos los medios pymes y comunitarios en el término de este año, destrabando toda

la zona de conflicto de nuestra patria y haciendo entrega de licencias por quince años, más diez,

de esta manera estaríamos en igualdad de condiciones con los actuales licenciatarios (…)‖

La Iglesia Católica vs. Otros Cultos religiosos

Ni bien quedó expresamente incluida en el texto de la ley, la Iglesia Católica salió a apoyar el

proyecto y se convirtió así en un actor sumamente importante que el Gobierno restaba a la oposición,

para ganarlo en pos de la sanción de la ley. El propio arzobispo de Mercedes-Luján y presidente de la

Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Agustín Radrizzani, participó el jueves 10 de

setiembre (en pleno debate parlamentario de la nueva ley) de la audiencia pública sobre el proyecto de

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y consideró de máxima importancia que el debate se de

en un marco de racionalidad en el que se garantice una participación plural de los ciudadanos y se evite

cualquier manipulación de la información para beneficio de unos pocos. Mas aún, la postura quedo más

claramente manifestada en la siguiente intervención:

―La Ley, tal como fue presentada, parece un paso adelante para que los pobres, los sin voz, sean

contemplados‖ 17

, afirmó el director de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina,

presbítero Jorge Oesterheld.

Con esta frase, se puede resumir sin cavilaciones la posición de la Iglesia Católica con

referencia a la Ley de Servicios Audiovisuales.

Además de destacar que que la Iglesia Católica posee unas 80 frecuencias de radio a lo largo de todo el

país, también es claro que volvió a mantener un diálogo con el gobierno, que se manifestó en el

expreso apoyo a la Ley de Servicios Audiovisuales, dejando de lado la difusión de un importantísimo

documento que contenía la situación social del país.

17 www.radiomaria.org.ar.

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Los que proviniendo de otros cultos pensaron y se expresaron en forma diferente fueron, por

ejemplo el Rabino Sergio Bergman y el Consejo Nacional Cristiano Evangélico. En el caso del Rabino,

y siempre propenso a los aforismos, dijo que:

"Los argentinos estamos acostumbrados a no movernos hasta que nos tocan el bolsillo. Salimos,

pero lo hacemos tarde y mal. Lo que proponemos esta vez es defender nuestros derechos

temprano y bien". 18

El rabino, denominó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como una ―Ley

mordaza‖, y admitió que ―aquí se está proponiendo como quedarse con todos los medios y que

en poco tiempo todo lo que vas a poder ver es canal 7, en referencia al canal público‖. 19

Mientras que el Concejo Nacional Cristiano Evangélico presentó un comunicado de prensa en

el cual transcribió su postura con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Afirmaron que ―El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual profundiza la

discriminación religiosa.‖20

La comunión de Iglesias protestantes y evangélicas, expresó su preocupación por elementos que

figuran en la redacción propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ingresó al

Senado, y que profundiza la discriminación religiosa en nuestro país, tornando a las comunidades de

otras religiones y a sus miembros ciudadanos de segunda categoría.

Acerca de la postura mantenida por la Iglesia Evangélica en torno a la Ley, se pueden destacar

algunas denuncias y modificaciones propuestas:

1. ―El artículo 21 del proyecto actualmente en debate, declara que las personas de derecho público

―no estatal‖ pueden ser licenciatarios o prestadoras de servicios audiovisuales. La única persona

de derecho público no estatal conforme al artículo 33 del Código Civil, es la Iglesia Católica

Romana, parte mayoritaria de la rica diversidad religiosa que conforma la realidad que profesa

el pueblo argentino.

2. El artículo 31, en su versión original, respetaba la diversidad pero en su actual formulación

dice: ―El otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público

estatal, para Universidades Nacionales, Pueblos Originarios y para la Iglesia Católica se realiza

a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad de espectro, cuando fuera

pertinente‖. Esta redacción coloca en situación de vulnerabilidad de derechos a nuestras

comunidades y organizaciones, porque una sola institución religiosa reúne esas condiciones y

puede pedir simplemente asignación de frecuencias y canales radioeléctricos, cuando existiera

disponibilidad, mientras que las otras confesiones religiosas tendrán que concursar junto con

otras organizaciones de la sociedad civil para acceder a ese mismo derecho.

3. Es importante que quede muy claro ante la opinión pública y el conocimiento de las y los

legisladores que las restantes confesiones religiosas como las evangélicas, judías y musulmanas,

entre otras, solo podrán acceder a la radiodifusión, en cuanto entidades sin fines de lucro, no

18 www.lanacion.com.ar 19 www.lanacion.com.ar 20 http://fecepinforma.com.ar

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como entidades religiosas porque el Estado Argentino, a través de esta propuesta de Ley, les

niega los mismos derechos que le reconoce a la Iglesia Católica.

4. Nos preocupa que se continúe y sostenga una conducta discriminatoria que desconoce la

esencial igualdad religiosa a la que aspira, no solamente nuestras comunidades, sino todo el

pueblo argentino‖.21

La oportunidad y contundencia de dos actores: Frank La Rue, Relator de la ONU en materia de

libertad de expresión y la Corte Suprema de Justicia Argentina

El abogado y periodista guatemalteco visitó la Argentina en julio de 2009 para interiorizarse

sobre el avance del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En su viaje, mantuvo

reuniones con organizaciones sociales, asociaciones de medios privados, expertos en

telecomunicaciones e integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones en la

Cámara de Diputados.

El decidido apoyo que le brindó al proyecto fue explicado por él mismo, como así también las

facetas de su trabajo como Relator de la ONU, y lo expresó de la siguiente manera:

―La Argentina está siendo un modelo muy especial en el mundo. A los relatores y las relatoras

nos toca evaluar normalmente lugares críticos en derechos humanos, indicar a los gobiernos y a

los Estados, hacer recomendaciones. Pero también parte de nuestra función, que normalmente

se olvida, es evaluar los ejemplos positivos, y generar una forma de compartir las mejores

prácticas‖, explicó La Rue22

.

Al mismo tiempo valoró el hecho de que el proyecto de ley presentado ante el Congreso de la

Nación fuera consultado de forma previa en todo el territorio argentino:

―La Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley,

porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de

telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a

nivel popular. Me parece que esta es una ley realmente consultada con su pueblo‖23

, dijo.

En relación con la Corte Suprema de Justicia, la ley 26.522 recibió un apoyo fundamental del

máximo tribunal de justicia de la Nación. El 15 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia revocó

el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la nueva Ley de Servicios

Audiovisuales como consecuencia de un reclamo realizado por el diputado Enrique Thomas.

21 http://fecepinforma.com.ar 22 http://www.argentina.ar/_es/pais/nueva-ley-de-medios/C2359-frank-la-rue-especial-ley-de-radiodifusion.php 23 Op. Cit.

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Por siete votos y ninguna disidencia, la Corte consideró que la Justicia no puede suspender de

manera general una norma sancionada de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Constitución

para la formación de las leyes. Entre los argumentos que explican la determinación de la corte, se

encuentra imposibilidad de un legislador para cuestionar el trámite de sanción de la ley que lo ha tenido

como perdedor en el Parlamento.

Entre otros argumentos muy contundentes, la Corte expresa que el fallo de la Cámara Federal

de Mendoza fue revocado porque una medida cautelar que pretende suspender la vigencia de la

totalidad de una ley con efectos generales sobre toda la población de un país ―es incompatible con el

control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad‖.

A modo de conclusión

En una nota periodística publicada en setiembre de 2009, Gustavo Bulla denunciaba que uno de

los argumentos utilizados por la oposición era que 24

―El proyecto oficial persigue el único objetivo de

controlar a la prensa libre y a los medios independientes. Si fuera cierto, hay que decir que lo mejor que

puede hacer el Gobierno es dejar las cosas como están, seguir con un órgano de aplicación como el

COMFER, que resume todas las decisiones sobre el sistema de medios audiovisuales en la figura de su

interventor que sólo tiene vinculación y dependencia funcional con el P.E.N.‖. Lo que podría agregarse

aquí es que el ―dejar las cosas como están‖ también formaba parte de la conveniencia de los sectores

vinculados a los grupos mediáticos, ya que históricamente les resultó más efectivo condicionar y

presionar a una estructura concentrada (el COMFER, dependiente exclusivamente el P.E.N.) que

someterse a las reglas democráticas de un cuerpo colegiado que responde a diferentes estamentos

republicanos (la AFSCA, cuya integración remite a 2 representantes del P.E.N., 3 del Congreso: 1ª, 2 ª

y 3 ª minoría y 2 del Consejo Federal).

En el mismo sentido, la sorpresa manifestada por Margarita Graziano cuando calificó de

―insólito‖ que los medios televisivos utilizaran sus propias pantallas para oponerse a ―toda política

estatal que implicara un cambio en la estructura de propiedad del medio‖, constituye un valioso dato

histórico acerca del momento en que los medios comenzaron a elegir la arena mediática antes que las

republicanas para dirimir sus diferencias con las políticas que pretendían implementar gobiernos

elegidos democráticamente. Desde allí hasta nuestros días fueron perfeccionando las técnicas de

presión hasta lograr que presidentes, funcionarios, legisladores, etc. tuvieran que debatir ante una

24 BULLA, Gustavo. Nota del diario Miradas al Sur del 06/09/2009 titulada: ―Versos más repetidos sobre la ley‖, Págs. 4-5

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cámara de TV, lo que no podían hacer en las Cámaras Legislativas; e incluso teniendo que adecuarse a

las reglas de juego de lo que más adelante se denominaría Videopolítica.

Mirando lo transcurrido durante estos 15 meses, es posible encontrar que ciertos actores y

sectores que históricamente habían imposibilitado el debate y que en innumerables ocasiones habían

logrado imponer sus reglas de juego, hoy se sientan aturdidos y confundidos. Por una vez, el destino no

fue el que siempre habían planificado. Por una vez las históricas demandas del campo de la

comunicación pudieron discutirse, hacerse visibles. Por una vez se pudo nombrar lo que venía

sucediendo desde el principio de los medios audiovisuales en nuestro país: un proceso de privatización

paulatino y constante, agravado luego por la incorporación de capitales extranjeros, ávidos de cooptar

las industrias culturales que Argentina les ofrecía prácticamente sin restricciones.

Es cierto que la lucha por la sanción de la ley se ganó, pero es aún muy largo el trecho que

queda por recorrer si se quieren ver los frutos de esa ley en su plena vigencia. Y con ello nos referimos

a la concreción de todos los caminos que habilita la ley para que la distintas manifestaciones de la

ciudadanía logren expresarse y ejercer el derecho a la comunicación. Por eso María Cristina Mata nos

advierte, en un trabajo presentado en Mendoza en los mismos días en que se estaba cerrando el debate

en el Senado, acerca de que así como nuestra sociedad pelea por otros derechos con mucha intensidad,

no parece hacerlo del mismo modo con el derecho a la comunicación, ya que pareciera quedar

reservado ―–desde la recuperación del régimen democrático tras la dictadura militar-, a algunos

entendidos en el tema, a ciertas agrupaciones profesionales del sector, o a medios alternativos –que

disputaron y todavía disputan desde los márgenes de la legalidad en que los coloca la ley de

radiodifusión de la dictadura-, el derecho a ser parte del sistema comunicativo nacional. Es decir,

reservados a especialistas o a quienes desde ciertas instancias laborales o de opción político-cultural,

reconocen la comunicación como terreno de acción‖25

.

El desafío que tiene la sociedad argentina de aquí en adelante, es claramente, la lucha por

―asumir la ciudadanía como la irrupción en la esfera pública de lo excluido, negado o reprimido que

manifiesta el derecho a tener derechos por sobre el orden estatuido, implica asumir que aunque no es lo

único que la hace posible, la comunicación es consustancial a su existencia en un doble sentido. Por un

25 MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II Coloquio Argentina Brasil de ciencias de

la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de memorias ISSN 1514-2159, pág. 2

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lado porque la comunicación resulta imprescindible para colectivizar las necesidades, las demandas y

las propuestas; por otro, porque ella es necesaria para hacerlas presentes en el espacio público‖26

.

Es difícil que vuelva a repetirse el enorme y productivo proceso de participación ciudadana en

la discusión y redacción final de un proyecto de ley, pero la vivencia de aquellos días tiene grandes

dosis motivantes, como para pensar en la posibilidad de no dejar pasar el tren que nos lleve a una

estación ciudadana con mayor capacidad de decisión, mayor participación en la cosa pública y, en

definitiva, a la construcción de una sociedad donde sea posible ―el contar y contarse un relato común.

Un relato donde la diversidad se convierta en efectiva pluralidad. Un relato en el cual la inequidad no

sea negada y su visibilización represente la posibilidad de hacerla cuestión de todos y que a todos

compete revertir si se aspira a la construcción de un orden justo y solidario‖27

.

26 MATA, María Cristina. Op. Cit. Pág. 7 27 Op Cit, Pág. 8

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