¿Qué hacemos con las pensiones?

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ISBN 978-0-000-00-0000

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NO VÁLIDO

Ofrecemos esta reflexión sobre las pensiones a todas aquellas personas que todavía se resisten a ser tratadas como máquinas de producción y consumo al servicio del egoísmo de los poderosos, situándola en el lugar que le corresponde: somos miembros unos de otros.

Se ha reformado el sistema de pensiones y se ha hecho el silencio. Sus efectos se notarán a medida que su progresiva aplicación muestre la situación en la que van a quedar los futuros pensionistas y jubilados.

El derecho a una pensión está unido al derecho al trabajo, considerado como un derecho humano fundamental, al que se accede por el solo hecho de nacer, sin el cual la persona no puede ser, no puede existir y no puede realizarse.

Frente al economicismo, que se ha convertido en principio rector de toda la vida, de todas las cosas, también de la reforma de las pensiones, es necesario reivindicar otra manera de conocer, de plantear y de resol-ver las cuestiones de las que depende no sólo la convivencia, sino la posibilidad de una existencia humana digna, libre y justa, que es lo que ahora mismo está en juego.

HACERcon las

PENSIONES

Qué¿Qué hacer con las pensiones?

¿QUÉ HACER CON LAS PENSIONES?

Cuadernos HOAC

© Hermandad Obrera de Acción Católica

ISBN: 978-84-92787-11-1Depósito legal: M.

Preimpresión e impresión:Gráficas Arias Montano, S. A.

«La sociedad humana, venerables hermanos y queridos hijos, tiene que ser considerada, ante todo, como una realidad de orden principalmente espi-ritual: que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus deberes; desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados con-tinuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos; a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valo-res informan y, al mismo tiempo, dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo».

«El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda en la verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo, y, por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad cada día más humana» (Juan XXIII, «Pacem in terris», 36 y 37).

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¿Qué hacer con las pensiones?

Empezamos esta reflexión sobre las pensiones con este bello texto de Juan XXIII porque sitúa el problema de la convivencia humana en el lugar que le corresponde: somos miembros unos de otros.

Frente al economicismo, que se ha convertido en principio rec-tor de toda la vida, de todas las cosas, también de la reforma de las pensiones, es necesario reivindicar otra manera de conocer; de plantear y de resolver las cuestiones de las que depende no sólo la convivencia, sino la posibilidad de una existencia humana digna, libre y justa, que es lo que ahora mismo está en juego.

La HOAC estamos convencidos de que podemos prestar un buen servicio ofreciendo el patrimonio de la Doctrina Social de la Iglesia, según el estilo de diálogo de Jesucristo, que «habla a los hombres como amigos» (CDSI, 13) para «proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario, que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que actúa en la paz, la justicia y la solidaridad» (CDSI, 19).

Con este deseo, ofrecemos esta reflexión sobre las pensiones a todas aquellas personas que todavía se resisten a ser tratados como máquinas de producción y consumo al servicio del egoísmo de los poderosos

I. Nuestro sistema de pensiones

Se ha reformado el sistema de pensiones y se ha hecho el silencio. Sus efectos se notarán a medida que su progresiva aplicación muestre la situación en la que van a quedar los futuros pensionistas y jubilados.

Sería casi imposible reunir todo lo que se ha dicho, escrito y opi-nado sobre el tema. Pero, con todo, no se ha dicho lo verdaderamen-

Comisión Permanente de la HOAC

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te importante: que el derecho a una pensión está unido al derecho al trabajo, considerado como un derecho humano fundamental. «En toda humana convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inaliena-bles» (PT, 1).

El derecho al trabajo es un derecho inalienable que brota de la misma naturaleza humana, al que se accede por el solo hecho de nacer; unido indisolublemente al desarrollo y realización de la exis-tencia humana; sin el cual la persona no puede ser, no puede existir, no puede realizarse. De aquí se desprenden tres conclusiones:

Primera: lo que llamamos empleo debe tener un contenido muy preciso, muy concreto. No vale cualquier empleo. Hablar del empleo no es hablar sólo de si hay o no hay empleo1, es poner de manifiesto si el empleo, en su configuración actual, es acorde con la dignidad humana; si es un empleo decente, generador de derechos, como lo recoge nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo» (Art. 35.1). Por esto, lo reclamamos la Iglesia como un «trabajo decente»2 para todos.

1 Es necesario hacer una distinción entre empleo y trabajo. Trabajo es toda acti-vidad que realiza el ser humano para satisfacer necesidades o desarrollar su exis-tencia. Empleo es cuando esa actividad es remunerada. Más adelante retomaremos esta distinción entre trabajo y empleo.2 Un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo


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Segunda: garantizar el trabajo como derecho es responsabili-dad de la comunidad política, que tiene como fin el procurar el desarrollo armónico y equilibrado de todos y cada uno de los ciudadanos y de toda la sociedad. Porque «la experiencia enseña que cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo eco-nómico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica» (PT, 63). Derecho que, como deber, se entronca en la responsabilidad personal, en la obligación moral de participar en la construcción de la socie-dad como forma de participar en la construcción de la propia existencia, que es individual y social al mismo tiempo. No es, por tanto, algo que corresponde a la iniciativa individual, algo pri-vado; es el objetivo primero y fundamental de toda comunidad política, y por ello queda recogido en nuestra Constitución (Art. 39.1; 40.1) y en la Declaración Universal de los Derechos huma-nos (Art. 25,1).

Tercera: por las dos razones anteriores, hablar de pensiones sin hablar del fin de la economía es una trampa. Encuadrar los argu-mentos sobre la necesidad de reformar las pensiones en una con-cepción de la economía que da por supuesto que el fin y objetivo principal de la misma es ganar dinero, supone una perversión y una inmoralidad. El fin de la economía es satisfacer necesidades humanas de manera que posibilite el desarrollo humano, no ganar

que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discri-minación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escola-rizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación (CV, 63).


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dinero. Y entre las primeras necesidades humanas está la de tra-bajar. Una economía que no garantice un trabajo decente nunca puede justificarse moralmente, aún en el supuesto de que produz-ca mucho dinero. Pues, «no siempre el beneficio indica que la empresa esté sirviendo adecuadamente a la sociedad. Es posible, que los balances sean correctos y que al mismo tiempo los hombres, que constituyen el patrimonio más valioso de la empresa, sean humillados y ofendidos en su dignidad. Esto sucede cuando la empresa opera en sistemas sociocultura-les caracterizados por la explotación de las personas, propensos a rehuir las obligaciones de justicia social y a violar los derechos de los trabajado-res» (CDSI, 340).

Supuesto lo anterior, nos adentramos en la reflexión sobre las pensiones.

1. ¿Es justo nuestro sistema de pensiones?

Esta pregunta es la fundamental, porque lo que toda reforma debe garantizar es la justicia, recogida en nuestra Constitución, que se debe a toda persona: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia econó-mica a los ciudadanos durante la tercera edad» (Art. 50). Toda reforma debe, pues, ir encaminada a garantizar mediante pensiones adecua-das la suficiencia económica a las personas mayores.

Nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto. Esto quie-re decir que los trabajadores actuales pagamos una cuota mensual con la que se paga a los jubilados actuales. Por lo tanto, el dinero que los trabajadores pagamos no es para nosotros, no es un dinero que se guarda para cuando nosotros lleguemos a la edad de jubila-ción, es para la solidaridad con los jubilados actuales, para pagar a los que ya están jubilados.


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Este es un dato muy importante, porque establece un compromiso entre las generaciones, haciéndonos deudoras y solidarias unas de las otras. Este reconocimiento del compromiso común entre los ciudada-nos es una opción más entre las muchas que se pueden tomar. Sin embargo, esta opción es cualitativamente distinta a todas las demás, porque supone aceptar y reconocer la interdependencia de unos con otros, el ser miembros unos de otros; reconocer que el bienestar que tenemos se debe al esfuerzo de las generaciones que nos han prece-dido y que, por lo tanto, el quehacer actual de todos nosotros debe incluir el reconocimiento de ese esfuerzo y el compromiso para legar a las generaciones futuras un mundo mejor. En lo que respecta a la filosofía que sustenta nuestro sistema de pensiones, debemos reco-nocer que es un buen planteamiento, es un planteamiento solidario, y la solidaridad construye sociedad, religación humana, compromiso entre todos, algo de lo que estamos muy necesitados.

Por tanto, la pregunta fundamental es si nuestro sistema de pen-siones es justo, si garantiza la suficiencia económica para tener una vida digna como pregona nuestra Constitución.

En el Anexo I tenemos las diferentes clases de pensiones y la cuantía de las mismas. Según estos datos, en la fecha 1 de Diciembre de 2010, había un total de 8.739.732 pensionistas. De ellos:

• El 0,57% cobra más de 1.500 euros. (49.923 pensionistas)3.

• El 0,04% cobra entre 1.250 y 1.250 euros (3.819 pensionistas).

• El 36,03% cobra entre 1.000 y 1.249 euros. (3.149.179 pensionistas).

• El 7,60% cobra entre 750 y 999 euros (663.824 pensionistas).

• El 36,80% cobra entre 500 y 749 euros (3.216.351 pensionistas).

• El 18,96% cobra entre 287 y 499 euros (1.656.636 pensionistas).

3 Al realizar el cálculo de estos porcentajes obtendremos una cifra aproximada a la que se indica. Esto es debido al redondeo de los decimales.


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Si agregamos algunos de estos datos nos daremos cuenta de la situación real de muchos pensionistas:

• El 36,64% (0,57 + 0,04 + 36,03) cobra más de 1.000 euros (3.202.921 pensionistas).

• El 63,36 % (7,6 + 36,8 + 18,96) cobra menos de 1.000 euros (5.536.811 pensionistas).

• El 55,76 % (36,8 + 18,96) cobra menos de 750 euros (4.872.987 pensionistas).

• El 18,96% cobra menos de 500 euros (1.656.636 pensionistas).

Si tenemos en cuenta que la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2010 fijaba el umbral de la pobreza en 7.845,6 euros de ingresos anuales para una sola persona, la mayoría de los pensionistas viven bajo el umbral de la pobreza.

El 54,8% de los pensionistas, cuatro millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y dos, vive bajo el umbral de la pobreza4.

No en vano la misma encuesta sitúa a los mayores de 65 años como el colectivo donde más incide la pobreza.

Luego podemos afirmar que nuestro sistema de pensiones es muy injusto, porque sitúa a la mayoría de los pensionistas bajo el umbral de la pobreza. Entre otras razones, porque España dedicamos a las pensio-nes el 8,4% del PIB, mientras que en la UE-15 se gastan el 10,2% del PIB.

4 La encuesta de condiciones de vida fija los siguientes umbrales de la pobreza: para un hogar de un adulto el umbral es de 7.845,6 euros, para un hogar de dos adultos es de 11.768,4 euros (ó 5.884,2 euros por persona), para un hogar de dos adultos y un menor de 14 años es de 14.122,1 euros (ó 4.707,4 euros por persona), para un hogar de dos adultos y dos menores de 14 años es de 16.475,8 euros (ó 4.118,9 euros por persona). En el cálculo que hemos hecho nos hemos situado suponiendo que cada pensionista está solo.


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2. ¿En qué consiste la reforma que se ha hecho del sistema de pensiones?

Señalamos a continuación los cambios más importantes introdu-cidos por la reforma de las pensiones. Advertimos que es necesa-ria una lectura detenida de todo el proyecto de ley para tener una visión completa de cómo queda nuestro sistema de pensiones.

Las reformas introducidas5 podemos clasificarlas en dos catego-rías: una, que introduce cambios profundos en el derecho a perci-bir una pensión contributiva con el 100% de su cuantía. Otra, que introduce ligeras modificaciones de carácter positivo para recono-cer derechos de minorías que hasta ahora han sido ignorados.

Dado que no es nuestra intención hacer un análisis detallado de la reforma, señalamos a continuación los cambios más importantes que corresponden a la primera categoría, y remitimos al Anexo III una explicación más detallada de todos los cambios introducidos.

Jubilación Ordinaria

Los cambios más importantes son:

1. Se aumenta la edad para jubilarse de los 65 a los 67 años. Si bien podrán jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que tengan 38 años y 6 meses cotizados.

2. Se aumenta de 35 a 37 los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Con 15 años cotizados se cobra

5 Cuando hacemos esta reflexión, la reforma aún está en trámite parlamentario, ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y ha pasado al Senado, donde es posible que se puedan introducir algunas modificaciones aunque sin afectar sus-tancialmente al contenido de la reforma.


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el 50% de la pensión. Este porcentaje se va aumentando por cada mes cotizado hasta llegar a los 37 años de cotización que dan derecho al cobro del 100% de la pensión.

3. Se aumenta de 15 a 25 años el periodo de cotización a utilizar para el cálculo de la pensión. Esta medida pretende, según sus defensores, establecer una mayor relación entre las bases de cotización y la pensión percibida.

En este cuadro puede verse de manera comparada las modifica-ciones aludidas.

Edad para jubilarseAños de cotización para cobrar 100%

Años para cálculo de la pensión

Ahora 65 35 15

Reforma65 38 años y 6 meses 25

67 37 25

Jubilación anticipada

Otros cambios afectan a la jubilación anticipada. Para este tipo de jubilación se establecen dos modalidades: que sea involuntaria o voluntaria. En el primer caso se fija la edad de 61 años y una serie de requisitos que determinan el carácter involuntario de la jubilación. Se reconoce el derecho a la pensión sólo en el caso de que la pensión a percibir sea mayor que la que realmente le correspondería al lle-gar a la edad de 65 años. En el caso de que la jubilación anticipada sea voluntaria, se fija la edad de 63 años para acceder a la misma y se establece el mismo criterio anterior sobre la cuantía de la pensión. En ambos casos se establece un coeficiente reductor de 1,875 para los que tengan menos de 38 años y 6 meses de cotización, por cada


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trimestre de adelanto sobre la edad de jubilación; y de 1,625 por cada trimestre de adelanto para los que tengan más de 38 años y 6 meses de cotización. Como la edad de jubilación ha pasado de 65 años a 67, quiere decir que el trabajador que se jubile a los 63 será penalizado con un 30% de la pensión en lugar de serlo con un 15%.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y se aplicará de forma paulatina en un periodo transitorio de 15 años, hasta el 2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisará la ley para ajustarla a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de jubilarse.

Valoración de estos cambios

Los efectos más importantes de los cambios introducidos son los siguientes6:

1. Reducir el volumen de dinero que el Estado se gasta en pen-siones en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

2. Dificultar el acceso de los trabajadores a percibir una pensión contributiva con el 100%.

3. Reducir la cuantía de la pensión percibida por la mayoría de los trabajadores que se jubilen.

4. Reducir el número de años que los jubilados van a cobrar la pensión.

5. Incentivar la utilización de los planes privados de pensiones como complemento a la pensión percibida.

6 La reducción del gasto en pensiones, en porcentaje del PIB, como la reducción de la cuantía de la pensión a percibir por los futuros pensionistas está recogida en el informe «Panorama de las pensiones 2011» de la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económico (OCDE). También Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha declarado que el ahorro será del 3% del PIB en el año 2040. El País.com 9-02-11.


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3. ¿Es necesario cambiar nuestro sistema de pensiones?

Es totalmente necesario si queremos tener un sistema justo, un sistema que asegure los ingresos necesarios a todos los jubilados. Esto exige hacer el cambio en la dirección contraria a la que se ha hecho.

Sin embargo, esta no es la razón que se argumenta para cambiar-lo. Lo que se dice es que nuestro sistema es muy generoso y que no puede mantenerse en el tiempo.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo un sistema que incumple la Constitución y condena a la mayoría de los pensionis-tas a vivir bajo el umbral de la pobreza puede considerarse «muy generoso»? Si la reforma que se ha realizado pretende, como hemos constatado en el punto anterior, reducir el gasto en pensiones, ¿no supone condenar a la pobreza a la inmensa mayoría de los futuros jubilados?

Objetivamente es así. Si va haber más jubilados, si se van a exigir más requisitos para tener derecho a una pensión, y si se va a conseguir un ahorro del 3% del PIB, la conclusión no puede ser otra que esta: muchos más pensionistas van a cobrar mucho menos.

Lo que inevitablemente va a producir un incremento del número de pobres entre los mayores de 65 o de 67 años, que será la edad oficial de jubilación.

Es necesaria una reforma de las pensiones que elimine la tasa de pobre-za entre los mayores de 65 años.


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4. Además de hacer el sistema más justo, ¿hay otras razones para cambiar nuestro sistema de pensiones?

Sí. La razón fundamental es que se ha producido un cambio trascendental en el modelo económico: «Desde el punto de vista social, a los sistemas de protección y previsión (…), les cuesta trabajo, y les costará todavía más en el futuro, lograr sus objetivos de verdadera justicia social dentro de un cuadro de fuerzas profundamente transfor-mado. El mercado, al hacerse global, ha estimulado, sobre todo en países ricos, la búsqueda de áreas en las que emplazar la producción a bajo coste (…). El mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre los estados con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adoptando diversas medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del mundo del trabajo. Estos procesos han llevado a la reducción de la red de seguridad social a cambio de la búsqueda de mayores ventajas competitivas en el mercado global, con grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social» (CV, 25).

Este cambio en el modelo económico demanda cambios profun-dos en la dirección de garantizar la justicia y hacer posible la vida digna de las personas. Cambios en una dirección muy distinta a las reformas que se están haciendo (que, en gran medida, no son otra cosa más que someterse a los cambios en el modelo econó-mico en lugar de intentar transformarlo). Porque el nuevo mode-lo económico no garantiza el empleo, no garantiza el salario y no garantiza los derechos sociales, incluido el derecho a una pensión digna y justa.

Por eso nos vamos a referir ahora a lo que implica el nuevo modelo económico que se está extendiendo, porque no es posi-


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ble hablar del sistema de pensiones sin comprender lo que está ocurriendo.

II. El nuevo modelo económico contra los derechos sociales

Estamos asistiendo a la configuración de un nuevo modelo eco-nómico resultado de la aplicación de los principios más radicales del liberalismo capitalista: «un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondien-tes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador del imperialismo internacional del dinero» (PP, 26).

Se está configurando así cada vez más una situación que represen-ta un nuevo modelo productivo y económico en el que está cambian-do radicalmente la concepción del empleo y de los derechos sociales asociados a él, y también la relación entre empresarios y trabajado-res, que se diluye hasta desaparecer en muchos casos (ver Anexo IV).

Este nuevo modelo económico nos está haciendo retroceder a situaciones como la que denunciaba el Papa León XIII en 1891, que están destrozado la vida de muchas personas y familias trabajado-ras en todo el mundo: «No sólo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opu-lentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios… La crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosas para su medro personal» (RN, 1 y 31).


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1. Algunos rasgos del nuevo modelo económico

1.1. Hegemonía del sistema financiero en la generación de beneficios con la connivencia del poder político

Hay que empezar denunciando que «la actual crisis está directa-mente relacionada con la tendencia, predominante… de confiar el funciona-miento del mercado financiero a su capacidad de autorregulación» (Santa Sede «Un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional», Noviembre 2008, 2). Porque la necesaria solución sólo puede venir de su regulación por parte del poder político.

El sistema económico liberal, el neoliberalismo, se basa en el crecimiento permanente de los beneficios obtenidos. Cada año, los beneficios deben ser mayores que los del año anterior. Como la obtención de beneficios a partir de la economía productiva es limitada, la economía financiera se ha orientado hacia la especu-lación en los mercados de valores, obteniendo la mayor parte de sus beneficios no de la producción, que genera empleo, sino de la especulación con los más variados elementos convenientemente manipulados para comprarlos a un precio barato y venderlos a un precio mayor. Así, se puede comprar y vender una hipoteca, la posibilidad de que el precio del trigo sea equis dólares o la obten-ción de un determinado dividendo por las acciones de una empre-sa, etc. Es lo que se ha llamado la ingeniería financiera, que crea todos esos productos; y la «economía de casino» que juega con ellos; porque en realidad lo que se hace es jugar como si estuvieran en un casino.

Esto supone una perversión de la economía, materializada en la crisis financiera que está destrozando nuestros empleos, nuestros


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derechos, nuestras familias y nuestras vidas; y a la «que se ha llega-do…, tras un largo periodo en el cual, presionados por el objetivo inmediato de perseguir resultados a corto plazo, se han dejado de lado las dimensiones propias de las finanzas: su “verdadera” naturaleza, en efecto, consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde favorecen la econo-mía real, el bienestar, el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres» (Santa Sede, «Un nuevo pacto…», 2).

En esta perversión de la economía, la misma existencia de la eco-nomía productiva depende en buena parte del funcionamiento de la economía especulativa y está subordinada a ella.

Este modelo económico no hubiera sido posible sin la participa-ción de los Gobiernos, que en su acción política han olvidado que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» (CV, 25). En efecto, desde la década de los años 80, se viene desarrollando un proceso de «liberaliza-ción» de la economía a escala mundial. El poder político ha venido haciendo leyes que posibiliten esta actividad, o no ha legislado para evitarla cuando el vacío legal lo permitía. El poder político ha hecho dejación de su responsabilidad de ordenar todo hacia el bien común de los ciudadanos y de las naciones.

1.2. Esta nueva economía especulativa necesita muchos recursos económicos para jugar en el casino

Para jugar en el casino hace falta dinero, mucho dinero. Las enti-dades económicas, ¿de dónde pueden obtener más dinero? Para obtener más dinero hay que quitárselo a las empresas, al Estado y a las familias.


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Con las empresas utilizan varios medios. Las eliminan quedán-dose con su negocio; las subcontratan o las deslocalizan. Al mismo tiempo, hay un empeño especial en aumentar la tasa de explotación a través de sucesivas reformas laborales que van eliminando los dere-chos de los trabajadores, reduciendo los costes laborales y convir-tiendo el empleo en algo precario, vulnerable, efímero y sin conteni-do. Las sucesivas reformas laborales, realizadas en España desde los años ochenta hasta la actualidad, han tenido esta finalidad y no la creación de empleo, como ha quedado demostrado en sus resultados.

Respecto a las personas y las familias, el planteamiento es que paguemos menos impuestos. Lo ideal, dicen, es que no paguemos casi nada. Conseguir que paguemos menos impuestos es fácil. El individualismo que nos domina, nos ha inculcado el antivalor de creer que todo dinero dado al Estado es malo de por sí, porque, dicen, el Estado es corrupto y despilfarra, y preguntan: ¿dónde va a estar mejor tu dinero, en los bolsillos del Estado o en los tuyos? En este contexto cultural toda bajada de impuestos es bien recibida. Y este argumento es la coartada perfecta para la reducción de los impuestos que pagan los más ricos, que ha sido muy grande en las últimas décadas.

Conseguir que el Estado gaste menos, está muy unido a lo ante-rior: al pagar menos impuestos, el Estado tiene menos para gastar y además se endeuda con el mismo sistema financiero que le presta dinero a altos intereses. Los impuestos permiten al Estado realizar una de sus principales funciones, la redistribución de la riqueza creada. Principalmente, esta redistribución la realiza facilitando a los ciudadanos un conjunto de servicios a los que individualmente es difícil acceder por el gran costo que suponen: sanidad, educa-ción, pensiones, políticas de empleo, política social, de vivienda…. Para el poder financiero, cada uno de estos servicios supone dos


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cosas: dinero que va a manos del Estado y no a las suyas; y la explo-tación de un fabuloso negocio que escapa a su control. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha supuesto la decisión de los gobiernos de no construir vivienda pública para que lo haga la iniciativa priva-da. El resultado ha sido un gran negocio para la Banca a costa del endeudamiento de por vida de millones de familias y la mayor cri-sis económica financiera de la historia.

Pasar a la iniciativa privada el control y la explotación de todos los servicios que presta el Estado es un proceso que ya se ha inicia-do, a veces de forma encubierta, otras más abiertamente.

El resultado de todo ello es el traspaso de lo público a lo pri-vado, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, con la consi-guiente reducción progresiva del gasto del Estado y el traspaso al poder financiero de los recursos económicos que antes gestionaba el Estado.

1.3. Dominio del mercado (poder financiero) sobre el poder político

Para conseguir lo anterior se ha instituido un mecanismo per-verso. Por una parte, los Gobiernos han asumido el planteamiento más radical del neoliberalismo: eliminar todo control o limitación a la generación de riqueza. Han olvidado que «la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógi-ca mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves des-equilibrios» (CV, 36). Y han asumido que todo lo que genere riqueza


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es bueno y necesario, aunque se haga en contra del interés gene-ral y del bien común. Esto implica que todo lo que se oponga a la generación de riqueza, o la limite, es malo. Para el neoliberalismo, para el capitalismo actual, lo que limita la generación de riqueza es el Estado y nuestros derechos sociales, los derechos sociales de los trabajadores.

Por otra, con el poder obtenido a partir de estas decisiones polí-ticas, el poder financiero ha conseguido establecer mecanismos de control a través del funcionamiento de los mercados y la presión de las Agencias de Calificación sobre las decisiones políticas de los Gobiernos, obligándolos a continuar con los procesos de reformas laborales, privatizaciones y disminución progresiva del papel del Estado en la construcción del bien común y el interés general.

El problema que esta situación genera es que la democracia ha perdi-do su esencia y su contenido, pues la capacidad de decisión política, en manos del poder financiero, queda al margen de los procesos electorales.

1.4. Dominio del mercado (poder financiero) sobre el individuo: el Consumidor Perfecto

Este nuevo sistema económico especulativo necesita contar con individuos capaces de establecer relaciones con el mercado. Si tuviésemos que definirlos con un nombre, el que mejor les vendría sería el de «Consumidores Perfectos».

El consumidor perfecto sería aquel individuo que, «liberado» de toda protección o ayuda del Estado y de los sindicatos, y guiado prin-cipalmente por el objetivo de su satisfacción individual, tiene capaci-dad para decidir, en términos de consumo, qué desea consumir o qué opciones desea desarrollar. En cuanto al empleo, dejaría de ser asala-


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riado para convertirse en «empresario de sí mismo», sustituyendo el derecho laboral, que protege a los trabajadores, por el derecho mer-cantil, que regula la relación entre empresas7; lo que implica despojar al empleo de su capacidad de generar derechos, reduciéndolo sólo a los ingresos económicos. En cuanto a las coberturas sociales, dejaría de utilizar los servicios del Estado para contratar las coberturas que estimase necesarias en educación, sanidad, pensiones, desempleo, etc.

Una vez convertido en consumidor perfecto, este nuevo indivi-duo no necesita para nada a los sindicatos, que en este modelo eco-nómico se configuran cada vez más como piezas de museo.

1.5. Dominio del mercado (poder financiero) sobre la sociedad

La lógica que subyace a todo lo que está sucediendo, y que some-ramente intentamos explicar, es la racionalidad del mercado. La racionalidad del mercado consiste en dos cosas: una, todo se puede comprar y vender. Dos, todo tiene un solo objetivo: la eficiencia eco-nómica.

Además, esta lógica necesita hacerse «natural», aparecer como la manera natural de ser, para lo cual necesita destruir todo vestigio moral, ético y religioso que pueda suponer una limitación para la hegemonía del mercado. Todo esto supone una nueva concepción, del mundo y del hombre, profundamente materialista, amoral, eco-nomicista, perversa y antihumana. Veamos un ejemplo.

7 La decisión de la empresa Bimbo de despedir a 600 trabajadores para volver a contratarlos como «trabajadores autónomos dependientes» es un ejemplo concreto de la transformación de los asalariados en empresarios de sí mismos y de la susti-tución del derecho laboral por el derecho mercantil.


21[ ]

Las medidas tomadas por el Gobierno de Cataluña para recor-tar el gasto en educación y sanidad, contemplaban la reducción de los impuestos (IRPF) para las personas que ganan más: dos puntos menos para los que ganen ciento veinte mil euros, y cuatro puntos menos para los que ganen más de ciento setenta y cinco mil euros. La razón dada, y llamamos la atención sobre ella, es que lo hacen para evitar que estas personas fijen su domicilio fiscal en otra comu-nidad donde paguen menos impuestos.

Este argumento es muy racional, pero analicemos la situación. Una sociedad, la catalana (lo mismo nos ocurre a las demás), tiene un grave problema económico, que implica la reducción del gasto y de los servicios prestados en educación y sanidad; los más afec-tados van a ser los que menos tienen, los pobres. Sin embargo, en esta situación se ve como lógico que los que más tienen, en lugar de asumir un compromiso moral y arrimar el hombro, salgan huyendo hacia otro lugar donde mantener su dinero a buen recaudo. El juicio moral nos dice que «la renta disponible no es cosa que queda abandonada al libre capricho de los hombres; y que las especulaciones egoístas deben ser eliminadas. Desde luego no se podría admitir que ciudadanos provistos de rentas abundantes, provenientes de los recursos y de la actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero, por puro provecho per-sonal sin preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a la propia patria» (PP, 24).

Esta manera de normalizar la inmoralidad, cuando es promovida o tolerada desde los poderes públicos, cuya función es precisamente la contraria, adquiere una extraordinaria gravedad, pues convierte la inmoralidad en una manera de sentir, pensar y actuar, en una cul-tura, que se volverá en contra del poder político en el momento que trate de moralizar la vida pública. En su lugar, los poderes públicos para procurar el interés general y el bien común, deben defender y


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exigir que «la propiedad privada no constituye para nadie un dere-cho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservar-se en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario» (PP, 23).

Quizás por ello, y con el grave problema de corrupción que tene-mos, el Barómetro del CIS del pasado febrero, afirmaba dos cosas: una, que la clase política y los partidos políticos son el tercer pro-blema para los ciudadanos, precedido sólo por la crisis económica y el paro. Dos, que la corrupción y el fraude sólo es un problema para el 3% de los ciudadanos, y la crisis de valores para el 2,5%. Es decir, para nadie.

2. Algunas consecuencias importantes

2.1. Se ha roto la relación entre crecimiento económico y opor-tunidades de trabajo, porque se ha roto la relación entre economía financiera y economía productiva. En el origen de esta ruptura está una concepción errónea de la propie-dad que olvida que «los medios de producción no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer. Su posesión se vuelve ilegítima cuando o sirven para impe-dir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su limitación, de la explotación ilícita, de la especula-ción y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral» (LE, 14; CA, 43).

Como la economía financiera puede obtener sus benefi-cios especulando al margen de la economía productiva, el crecimiento económico se da en muchos casos sin genera-ción de empleo o destruyendo empleo.


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2.2. Se ha roto la relación entre inversión y creación de puestos de trabajo. En muchas ocasiones la inversión se realiza para des-pedir, para externalizar, para mandar una señal a los mercados, para sustituir mano de obra por tecnología o para especular. En todos estos supuestos no se genera ni un puesto de trabajo.

2.3. Se ha roto la relación entre obtención de beneficios y man-tenimiento de los puestos de trabajo. Muchas empresas que obtienen grandes beneficios optan por el despido de sus tra-bajadores, medida que les puede reportar más beneficios.

2.4. Se ha roto la relación empresario-asalariado, que ahora se sustituye por la relación empresario/empresario. Hay una tendencia progresiva a individualizar las relaciones labora-les convirtiendo en trabajadores autónomos, o autónomos dependientes, a los que ahora son asalariados.

2.5. Se ha roto la relación entre empleo y derechos sociales asociados a él. En la medida que las relaciones laborales se individualizan y los asalariados nos convertimos en autónomos, los derechos sociales (desempleo, enfermedad, pensión… etc.) dejan de ser un derecho contenido en el pro-pio empleo para pasar a ser una opción individual de cada trabajador, opción que va a depender de las posibilidades económicas de cada uno. Estas posibilidades van a ser muy escasas para la inmensa mayoría.

2.6. Se ha roto la misma concepción del empleo. Progresiva-mente, hemos pasado de una situación en la que lo normal era tener un trabajo para toda la vida, a una situación en la que el trabajo se ha vuelto precario, escaso y de corta duración. En la situación anterior se empezaba a trabajar muy joven y, con ligeros cambios a lo largo de la vida, se permanecía empleado hasta la edad de jubilación. Ahora es


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difícil obtener un empleo decente antes de los treinta, y se tienen muchas posibilidades de perderlo cuando se llega a los cincuenta. Y este período no habrá sido continuado, multitud de contratos basura marcarán una vida profesio-nal en continuo ir y venir del desempleo al trabajo precario y de éste nuevamente al desempleo.

3. El empleo y el derecho a una pensión siguen direcciones contrarias

La situación descrita nos presenta un escenario en el que el dere-cho a una pensión y las condiciones del empleo para acceder a él siguen direcciones contrarias.

Por una parte, la reciente reforma de las pensiones introduce mayores exigencias para tener derecho a una pensión. Se aumenta de 65 a 67 años la edad de jubilación. Se pasa de 35 a 38,6 años de cotización necesarios para cobrar la totalidad de la pensión. Y se aumenta a 20 años el periodo para el cálculo de la misma.

Por otra, y como hemos visto, la situación del empleo ha cambiado radicalmente y cada día van a ser menos los que puedan tener una vida laboral que reúna los requisitos que se exigen para tener derecho a una pensión. Si nos atenemos a los datos de la EPA8, sólo el 46,2% de la población activa tiene un contrato indefinido a tiempo completo.

Es decir, un contrato que permita tener una cotización regular y continuada para generar el derecho a la pensión. Y ello, sin entrar a valorar el carácter vulnerable que tiene cualquier tipo de contrato.

8 Estos datos está referidos a la EPA del cuarto trimestre de 2010. Los datos pos-teriores confirman esta situación.


25[ ]

Más de la mitad de la población activa no tiene un trabajo de cali-dad que le permita tener una cotización regular y continuada a la seguridad social para su futura pensión.

Luego la reforma es profundamente irracional, porque exige unos requisitos que la mayoría de los trabajadores no podremos cumplir. Esto nos aboca a un futuro con las siguientes características:

Un grupo formado por los trabajadores de alta cualificación y empleos de calidad, que optarán por los planes de pensiones privados.

Un grupo reducido, formado por trabajadores cualificados, que conseguirán reunir los requisitos para tener derecho a una pensión contributiva cobrando el cien por cien.

Un grupo más amplio de trabajadores precarios, autónomos, autónomos dependientes… que se verán en una de estas dos situa-ciones: podrán alcanzar el derecho a una pensión contributiva, pero sin cobrar el cien por cien de la misma; o no conseguirán el derecho a tener una pensión contributiva.

El resultado de todo ello va a ser un incremento del número de pobres y excluidos en todas las edades.

III. Algunas orientaciones para avanzar hacia un sistema de pensiones justo y equitativo

Hemos intentado explicar que se ha hecho una reforma del sistema de pensiones que es injusta y que el nuevo modelo eco-nómico que se ha ido imponiendo crea graves dificultades para caminar hacia un sistema de pensiones más justo, porque es un


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modelo económico construido contra los derechos sociales, que busca incrementar siempre los beneficios a costa de lo que sea. Para poder avanzar hacia un sistema de pensiones más justo (hacia un reconocimiento real y efectivo de los derechos sociales de las personas en general) es necesario cambiar algunos presu-puestos fundamentales del funcionamiento de nuestro sistema económico y social que se rige por un conjunto de convenciones, como todo sistema social.

¿Qué es una convención?

Una convención es un acuerdo (implícito o explícito) para hacer una cosa de una determinada manera. Las sociedades funcionan por convenciones. Por ejemplo, es una convención que paguemos los impuestos según el dinero que ganamos. Podríamos ponernos de acuerdo en otra manera de regular los impuestos. Es otra con-vención que el empleo sea el cauce principal para que las personas obtengamos el dinero para vivir. Hoy, por ejemplo, sería factible (además de justo y necesario), ahora que el empleo es escaso y pre-cario, separar el empleo de los ingresos necesarios para vivir y dotar a las personas y a las familias de unos ingresos justos para vivir con dignidad. La manera en que tenemos organizado nuestro sistema de pensiones es otra convención. Hoy se financia con las cotizaciones, pero podríamos ponernos de acuerdo en hacerlo de otra manera.

Explicamos esto por dos razones:

Primera: las convenciones sociales son opciones éticas e ideológi-cas, no cuestiones científicas. No existe una ciencia económica que nos diga inapelablemente que tiene que ser de una manera o de otra. La ciencia económica podrá ayudarnos a concretar la mejor


27[ ]

manera de responder a la opción, a la convención, que hayamos adoptado. Pero no puede decirnos qué opción es mejor o peor, por-que lo «mejor» o «peor» tiene que ver con la dignidad humana, es una opción ética.

Segunda: puesto que es así, las convenciones podemos cambiar-las. No hay nada de «natural» en ellas, son construcciones sociales que podemos modificar. Subrayar esto es hoy especialmente impor-tante frente al discurso que se repite una y otra vez sobre el carácter «inevitable» de lo que se está haciendo. Será «inevitable» según la opción que se ha hecho de aceptar sin cuestionar el nuevo modelo económico, pero no lo es si se cambian las opciones, las conven-ciones, que se asumen. De hecho, la dignidad de las personas está reclamando a gritos cambios muy importantes.

¿Qué cambios son necesarios y posibles?

Lo primero que necesitamos plantearnos es que «la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos guia-dos por el criterio del máximo beneficio» (LE, 17). Nuestros dere-chos, como derechos humanos que son, deben ser garantizados por sí mismos, por su propia naturaleza que esta unida a la dignidad de la persona. Según esto, es necesario construir una nueva tabla reivindicativa de los trabajadores que contemple reivindicaciones como las siguientes:

1. Los derechos sociales no pueden provenir sólo del empleo

En el nuevo modelo económico lo que ha sucedido y está suce-diendo es que los poseedores del capital han roto el pacto (la con-


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vención) que se estableció sobre todo a partir de la década de los 40 del siglo XX, con el Estado del Bienestar y la regulación por el Estado de las políticas económicas y laborales. Una convención que vincu-laba empleo y derechos sociales a cambio de respetar la lógica de la propiedad privada.

La ruptura de esa convención hace hoy más necesario que nunca aplicar un principio tradicionalmente defendido por la Iglesia y que el Concilio Vaticano II expresó así: «Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí» (GS, 69).

Porque en el modelo económico actual, con un empleo cada vez más escaso y precario, el empleo no puede ser el sostén y garantía de los derechos sociales (incluido el derecho a una pensión digna y justa). Es necesario un nuevo pacto que contemple los derechos sociales como derechos universales, ligados a la dignidad de la per-sona, a los que se accede por el solo hecho de nacer, como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Los recursos no pueden provenir sólo de las cotizaciones

Dado que el empleo no puede configurarse como único sostén de los derechos sociales, la financiación de los mismos tampoco puede realizarse sólo a partir de las cotizaciones de los trabajadores. ¿Cómo pueden financiarse?

Sólo pueden hacerlo gravando los beneficios de la economía especulativa y haciendo más atractiva la inversión en la economía productiva. Los beneficios de la economía especulativa, aunque se obtienen al margen del trabajo y muchas veces contra el trabajo,


29[ ]

siguen siendo deudores de la riqueza obtenida por el trabajo huma-no en la actualidad y a lo largo de todo un proceso histórico. Olvidar esta relación lo convierte en un sistema inmoral.

El modelo económico actual es profundamente inmoral por muchas razones. Porque obtiene sus beneficios de la especulación y el engaño y no de la expansión global del trabajo. Porque elimi-na posibilidades de empleo para la mayoría. Porque ha roto toda vinculación con la finalidad social de la actividad económica, que nunca se justifica por la obtención del beneficio, sino que lo hace por su contribución al bien común y al interés general. Y, porque realiza prácticas delictivas de engaño y evasión de sus responsabili-dades sociales. Veamos un ejemplo.

En dos años, la empresa ExxonMobil Spain, filial del gigante del petróleo ExxonMobil ha tenido un beneficio de 9.907 millones. Esta empresa tiene en España ¡un solo empleado! Y no ha pagado ni un euro de impuestos (El País, 27-02-11).

Esta empresa se aprovecha de un conjunto de operaciones de ingeniería financiera para eludir pagar impuestos en España y en su país, práctica que, según la misma información, siguen otras muchas empresas como Vodafone, Hewlett Packard, American Express, General Mills o Eli Lilly.

Pensemos que de los recursos económicos dedicados a la econo-mía en todo el mundo, la economía productiva sólo utiliza el 15%, mientras que la economía especulativa se lleva el 85%. Si la eco-nomía especulativa tributara honradamente lo que le corresponde, habría dinero suficiente para garantizar los derechos sociales de toda la población.

Pero habría que ir más allá. Esta situación es tan radicalmente injusta que no hacer nada ante ella supone convertirse en cómplice


30[ ]

de la destrucción de las bases de la misma sociedad. Urge acometer las reformas políticas y legales necesarias para dotar a la economía de un profundo sentido de responsabilidad social y moral que la someta al imperativo del bien común y del interés general mediante la creación de empleo decente.

3. Una nueva concepción del trabajo, de la empresa y de la economía

Los grandes analistas de las contradicciones sociales nunca la han planteado como tal, posiblemente por su raíz cristiana, pero la mayor contradicción que se da en el mundo es la que existe entre individualismo y comunión. Toda la creación es un mara-villoso prodigio de comunión, de tal manera que nada hay que sea autosuficiente ni independiente, sino que todo lo que existe lo hace en función de todo y gracias a todo, lo que implica que nada existe sólo para sí, sino que sólo puede existir contribuyendo al existir común de todo. Al sistema económico le pasa justamen-te lo contrario: necesita eliminar a otros y concentrar poder para existir.

Eliminar a otros supone eliminar empleo, pero supone tam-bién romper con el principio de solidaridad y comunión que debe regir las relaciones sociales. Estas prácticas son inmorales, pues «si el funcionamiento y las estructuras económicas de un siste-ma productivo ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su sentido de responsabilidad, o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, hay que afirmar que este orden económico es injusto, aun en el caso de que, por hipótesis, la riqueza producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según criterios de justicia y equi-dad» (MM, 83).


31[ ]


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Parece como si hubiésemos llegado a un momento de la historia en la que se nos brinda la posibilidad de dar un gran cambio cualita-tivo en las relaciones humanas y sociales. Dos son los modelos que tenemos a nuestro alcance:

Existir contribuyendo al existir común de todo y de todos. O, eli-minar a otros y concentrar poder para existir.

El modelo neoliberal individualista es el que tenemos. Se basa en el supuesto de que cada individuo, dejándose llevar de sus pasio-nes, egoísmo e interés para obtener el mayor beneficio para sí, obtie-ne al mismo tiempo el mayor beneficio para la sociedad, gracias a una supuesta mano invisible del mercado. Este modelo ya sabemos los frutos que ha dado y los problemas que ha creado; está en el origen, desarrollo y consolidación de la crisis e injusticias actuales.

El modelo comunitario está por explotar en el plano económi-co, pero sin él el modelo individualista hubiera destrozado com-pletamente la sociedad. Ha actuado, mediante la solidaridad de las redes familiares y sociales, de reparador de los desastres humanos provocados. Ha financiado, con dinero de todos, actividades que no eran rentables pero sí necesarias para la iniciativa privada. Ha hecho posible, gracias al Estado del Bienestar, que se haya respeta-do el derecho de propiedad. Ha cargado sobre el Estado los costos de la destrucción del planeta… Es decir, paradójicamente, el mode-lo individualista no sería nada sin el modelo comunitario y sin la intervención del Estado.

En el entresijo de estos dos modelos se encuentra la distinción entre trabajo y empleo. Trabajo es toda actividad que realizan las personas para satisfacer sus necesidades. El empleo es cuando esta actividad es remunerada. Hacer una comida para la familia es un trabajo. Hacer esa misma comida en un restaurante a cambio de un salario es un empleo. Lo que nos ocurre hoy es que gracias a la


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ciencia y a la técnica, y a la expansión global de las relaciones huma-nas, se necesita menos empleo para responder a las necesidades de todos. Sin embargo, no se necesita menos trabajo.

Se necesita menos empleo porque el objetivo de la actividad eco-nómica no es satisfacer las necesidades humanas y de la sociedad. Pero tenemos que garantizar que «todo hombre tiene derecho a una remuneración equitativa que le permita a él y a su familia llevar una vida digna en el plano material, cultural y espiritual, a la asistencia en caso de necesidad por razón de enfermedad o de edad» (OA, 14).

La obtención de un beneficio cada vez mayor, obtenido contra todo, se ha convertido en el principio y fin de la economía haciendo innecesario el empleo. Pero al mismo tiempo que no es necesario el empleo, existen numerosos sectores que reclaman y necesitan trabajo: la necesaria cohesión social; la recuperación ecológica del planeta; la lucha contra la pobreza y la exclusión social; las relacio-nes con el tercer mundo; las estructuras familiares y sus funciones; la atención a las personas mayores; la recuperación de los barrios excluidos y marginales; el acompañamiento de la generación «ni-ni»; el campo de las energías renovables; la transmisión del capital cultural de unas generaciones a otras; el mundo de la espiritualidad, la moral y la ética; la igualdad de derechos entre hombre y mujer; la formación permanente… Todos estos campos necesitan de hombres y mujeres que dediquen sus vidas a trabajar por la justicia en cada uno de ellos. Si no se hace es porque no es rentable para la iniciativa privada. Pero que no sea rentable para ella no quiere decir que no lo sea humanamente. Su rentabilidad se puede apreciar si valoramos el desastre humano y social que existe en la mayoría de los sectores que hemos mencionado.

Se impone, pues, una nueva concepción del empleo más ligado a un contrato social que a uno individual, que se paga con los recur-


34[ ]

sos obtenidos de la economía, a través de la responsabilidad social de las empresas de manera mancomunada. Lo que supone avanzar hacia una nueva economía centrada en el beneficio social y no en el individual. Una empresa que sólo obtenga un beneficio individual o un beneficio sólo para la propia empresa no tiene justificación moral de su existencia.

Epílogo para empresarios

No quisiéramos terminar sin hacer un llamamiento a los empre-sarios. En el nuevo modelo económico muchos de ellos no pasan de ser puras marionetas en manos del poder financiero. Sin su trabajo y lucha compartida con los trabajadores no será posible la nueva economía que todos necesitamos. Por ello queremos recordarles las palabras que Pablo VI les dirigió en el año 1964:

«Vosotros mismos ¿no experimentáis este extraño resultado en vuestros esfuerzos? …¿en la aversión que surge contra vosotros precisamente en aquellos mismos a quienes habéis ofrecido... tra-bajo? Vuestras empresas, maravillosos frutos de vuestros esfuerzos ¿no son acaso motivo de disgustos y ataques? Las estructuras mecá-nicas y burocráticas funcionan perfectamente, pero las estructuras humanas no. La empresa…, ¿no es acaso todavía hoy una fricción de espíritus e intereses? ¿No se la considera a veces como argumen-to contra quien la ha constituido, la dirige y la administra? ¿No se dice de vosotros que sois capitalistas y los únicos culpables?… Ha de tener algún vicio profundo, una radical insuficiencia este sistema, si desde sus comienzos cuenta con semejantes reacciones sociales».


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ANEXO II: RESUMEN GENERAL DE PENSIONES POR CLASES, NÚMERO Y CUANTÍA MEDIA a 1 de diciembre de 2010

Clase de pensión

Incapacidad permanente

Jubilación Viudedad Orfandad Favor de familiares Total Sistema

Número de pensio-

nistasPensión media

Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Accidentes de trabajo 86.060 1.012 46.536 885,14 62.033 715,5 13.434 361,41 1.070 795,77 209.133 852,82

Enfermedad. Profesionales 13.410 1.062 11.993 1.579,57 15.829 797,99 1.225 547,37 223 917,16 42.680 1.094,00

Minería del carbón 3.819 1.315 37.930 1.814,79 23.776 739,83 2.040 537,85 496 707,39 68.061 1.364,88

Trabajadores del mar 8.947 806 71.098 1.070,08 45.495 571,35 4.865 384,08 922 483,41 131.327 849,81

Régimen general 591.219 946 2.978.611 1.110,23 1.425.533 636,82 169.164 361,66 22.405 475,59 5.186.932 934,2

Trabajadores autónomos 130.915 614 1.176.008 607,67 482.861 426,43 53.900 302,64 8.728 393,24 1.852.412 551,01

Agrario 65.724 492 348.830 569,84 198.355 461,89 24.293 347,09 3.213 381,1 640.415 518,97

Empleados de hogar 12.671 475 156.831 490,01 10.119 287,5 2.261 350,43 614 395,05 182.496 475,67

Sovi* 24.130 364 365.270 361,29 36.876 329,92 426.276 358,76

TOTAL DE PENSIO- NISTAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

233.440 2.046.939 2.199.239 271.182 35.882 8.739.732

4.786.682

* Sovi: Seguro obligatorio de vejez e invalidez.


37[ ]

ANEXO II: RESUMEN GENERAL DE PENSIONES POR CLASES, NÚMERO Y CUANTÍA MEDIA a 1 de diciembre de 2010

Clase de pensión

Incapacidad permanente

Jubilación Viudedad Orfandad Favor de familiares Total Sistema

Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Número de pensio-


Accidentes de trabajo 86.060 1.012 46.536 885,14 62.033 715,5 13.434 361,41 1.070 795,77 209.133 852,82

Enfermedad. Profesionales 13.410 1.062 11.993 1.579,57 15.829 797,99 1.225 547,37 223 917,16 42.680 1.094,00

Minería del carbón 3.819 1.315 37.930 1.814,79 23.776 739,83 2.040 537,85 496 707,39 68.061 1.364,88

Trabajadores del mar 8.947 806 71.098 1.070,08 45.495 571,35 4.865 384,08 922 483,41 131.327 849,81

Régimen general 591.219 946 2.978.611 1.110,23 1.425.533 636,82 169.164 361,66 22.405 475,59 5.186.932 934,2

Trabajadores autónomos 130.915 614 1.176.008 607,67 482.861 426,43 53.900 302,64 8.728 393,24 1.852.412 551,01

Agrario 65.724 492 348.830 569,84 198.355 461,89 24.293 347,09 3.213 381,1 640.415 518,97

Empleados de hogar 12.671 475 156.831 490,01 10.119 287,5 2.261 350,43 614 395,05 182.496 475,67

Sovi* 24.130 364 365.270 361,29 36.876 329,92 426.276 358,76

TOTAL DE PENSIO- NISTAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

233.440 2.046.939 2.199.239 271.182 35.882 8.739.732

4.786.682

* Sovi: Seguro obligatorio de vejez e invalidez.


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ANEXO III: MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA DE PENSIONES

Señalamos a continuación los cambios más importantes introdu-cidos por la reforma de las pensiones, advirtiendo que es necesa-ria una lectura detenida de todo el proyecto de ley para tener una visión completa de cómo queda nuestro sistema de pensiones. Las reformas introducidas son las siguientes:

Jubilación Ordinaria

1. Se aumenta la edad para jubilarse de los 65 a los 67 años. Si bien podrán jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que tengan 38 años y 6 meses cotizados.

2. Se aumenta de 35 a 37 los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Con 15 años cotizados se cobra el 50% de la pensión. Este porcentaje se va aumentando por cada mes cotizado hasta llegar a los 37 años de cotización que dan derecho al cobro del 100% de la pensión.

3. Se aumenta de 15 a 25 años el periodo de cotización a utilizar para el cálculo de la pensión. Esta medida pretende, según sus defensores, establecer una mayor relación entre las bases de cotización y la pensión percibida.

Edad para jubilarseAños de cotización para cobrar 100%

Años para cálculo de la pensión

Ahora 65 35 15

Reforma65 38 años y 6 meses 25

67 37 25


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Jubilación anticipada

Otros cambios afectan a la jubilación anticipada. Para este tipo de jubilación se establecen dos modalidades. Que sea involuntaria o voluntaria. En el primer caso se fija la edad de 61 años y una serie de requisitos que determinan el carácter involuntario de la jubila-ción. Se reconoce el derecho a la pensión sólo en el caso de que la pensión a percibir sea mayor que la que realmente le correspon-dería al llegar a la edad de 65 años. En el caso de que la jubilación anticipada sea voluntaria, se fija la edad de 63 años para acceder a la misma y se establece el mismo criterio anterior sobre la cuantía de la pensión. En ambos casos se establece un coeficiente reductor de 1,875 para los que tengan menos de 38 años y 6 meses de coti-zación, por cada trimestre de adelanto sobre la edad de jubilación; y de 1,625 por cada trimestre de adelanto para los que tengan más de 38 años y 6 meses de cotización. Como la edad de jubilación ha pasado de 65 años a 67, quiere decir que el trabajador que se jubile a los 63 será penalizado con un 30% de la pensión en lugar de serlo con un 15%.

Jubilación Parcial

Mantiene los mismos requisitos exigidos a los trabajadores que antes de la reforma, pero obliga al empresario a cotizar íntegramen-te por el relevista y el relevado.

Pensión de Viudedad

La pensión de viudedad mejora su cuantía del 52% al 60% de la pensión del cónyuge fallecido. Supone, por tanto, una mejora de la pensión que cobra este colectivo, aunque no deja de ser una pensión de miseria.


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Pensión de Orfandad

También se mejora la pensión de orfandad, extendiéndose su aplicación hasta los 21 años (ahora 18) y hasta los 25 años cuando sea la única percepción.

Servicio Doméstico

En este caso se ha producido un acuerdo importante para incluir a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico en el régi-men general de la seguridad social. Los empleadores están obliga-dos a cotizar para garantizar el derecho de estos trabajadores a per-cibir una pensión y a cobrar las bajas por enfermedad. No obstante, no se les reconoce el derecho al desempleo.

Cuidado de los hijos

Las personas, varón o mujer, que abandonen su puesto de trabajo para cuidar a los hijos tendrán derecho a nueve meses de cotización por cada hijo, con un periodo máximo de dos años.

Jóvenes becarios

A los estudiantes que hayan finalizado sus estudios se les reco-noce como años cotizados, con un máximo de dos, el tiempo trans-currido en programas de formación o investigación.

Prolongación de la vida activa

Se establecen bonificaciones, según los años cotizados, para aquellos trabajadores que prolonguen su vida activa más allá de la edad de jubilación. Los trabajadores que tengan 25 años cotizados incrementaran su pensión en un 2% por cada año que retrasen su


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jubilación a partir de los 67 años. Este incremento será del 2,75% para los que tengan cotizados entre 25 y 37 años; y de un 4% anual para los que tengan la carrera laboral completa y decidan seguir trabajando.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y se aplicará de forma paulatina en un periodo transitorio de 15 años, hasta el 2027.

A partir de esa fecha, cada cinco años se revisarán la ley para ajustarla a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de jubilarse.

Estos son los cambios más importantes introducidos por la refor-ma de las pensiones.

Valoración de estos cambios

Hay algunas mejoras relacionadas con la pensión de viudedad y orfandad, el servicio doméstico y el reconocimiento del cuidado de los hijos y del trabajo de los jóvenes becarios. Pero son mejoras poco significativas en el conjunto de la gran reforma del sistema de pensiones cuyos efectos más importantes son los siguientes:

1. Reducir el volumen de dinero que el Estado se gasta en pen-siones en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

2. Dificultar el acceso de los trabajadores a percibir una pensión contributiva con el 100%.

3. Reducir la cuantía de la pensión percibida por la mayoría de los trabajadores que se jubilen.

4. Reducir el número de años que van a cobrar la pensión.

5. Incentivar la utilización de los planes privados de pensiones como complemento a la pensión percibida.


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ANEXO IV: TRES EJEMPLOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A COMPRENDER LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO

Primero: «Telefónica plantea reducir el 20% su plantilla en España» (LaVanguardia.es, 14-04-11).

La noticia nos indica que a pesar de haber conseguido unos bene-ficios de 10.200 millones de euros (¡¡1,7 billones de pesetas!!) se plan-tea la salida de seis mil doscientos trabajadores. Al mismo tiempo, dedica 450 millones de euros (¡unos setenta y cinco mil millones de pesetas!) para pagar incentivos a sus directivos.

Segundo: «Dixons (PC City), el segundo mayor distribuidor de equipos informáticos de Europa, deja España» (Cincodias.com, 15-04-11).

La compañía anunció que cierra sus 34 tiendas y su web de comercio electrónico. Una medida que afectará a toda su plantilla, 1.224 empleados. Dixons justificó su salida de España en la «pro-gresiva caída del consumo, las pérdidas acumuladas por la cadena y los planes del grupo para centrar su actividad en tiendas combi-nadas de informática y electrónica».

Además de comunicarnos el cierre, el despido de 1.224 trabajadores y las razones, la noticia nos indica que la compañía ligará gran parte de sus bonus a que eviten situaciones de pillaje entre los trabajadores. Sobre este punto, el director general aclaró que los empleados de PC City siempre han tenido un sistema de retribución con una parte fija y otra variable. «No es algo nuevo; lo que hemos hecho ahora es cam-biar los objetivos por los que los jefes pueden cobrar su bonus, porque ciertamente ahora puede haber un riesgo mayor de pillaje».

Tercero: «Bimbo anuncia un ERE que afectará a 600 trabajado-res» (ElPais.com, 15-04-11).


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La alimentaria Bimbo, propiedad de la multinacional americana Sara Lee, ha anunciado a sus empleados un ERE que afectará a unos 600 empleados el área comercial repartidos en 52 centros de trabajo de toda España.

El expediente será de extinción para la mayoría de los emplea-dos, que pasarían a ser autónomos y seguirían trabajando para el área comercial de la empresa con esta nueva vinculación laboral.

Los sindicatos aseguran que la justificación de la compañía para cambiar de modelo es que el actual sistema de distribución es muy costoso, por lo que busca una fórmula comercial que se adapte a las nuevas condiciones del mercado.

A principios de 2010 la empresa ya eliminó 300 puestos de traba-jo y anunció el despido de otros 90.

Si analizamos estos tres casos, veremos que tienen unos rasgos comunes que configuran un nuevo modelo:

a) Las tres empresas son multinacionales, operan en el mercado global.

b) El mantenimiento de los puestos de trabajo no depende de la situación económica de la empresa. Esto es evidente en el caso de Telefónica (con grandes beneficios). También lo es en Bimbo y aunque PC City presenta pérdidas en España, no lo hace en su conjunto.

c) Tanto Telefónica como Bimbo se plantean externalizar el tra-bajo, es decir, subcontratar el trabajo que ahora hacen los 6.400 trabajadores de Telefónica, o en el caso de Bimbo convertir a 600 trabajadores asalariados en autónomos. Por su parte, en PC City el cambio supone la salida de España y nos imagina-mos su ubicación en otro país cuyos costes salariales y sociales sean más atractivos. Lo que se conoce como deslocalización.


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d) Todas utilizan el «bonus», un sistema de incentivos que convierte el salario en la resultante de una parte fija y otra variable que depende de la consecución de un conjunto de objetivos, y cuyo efecto inmediato es que los trabajadores no saben cuánto cobrarán cada mes.

Estos tres casos son exponentes de una situación cada vez más generalizada que configura la esencia de un nuevo modelo produc-tivo y económico.


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Siglas RN: Rerum novarum (1891) - León XIII.

QA: Quadragésimo anno (1931) - Pío XI.

MM: Mater et Magistra (1961) - Juan XXIII.

PT: Pacem in Terris (1963) - Juan XXIII.

GS: Gaudium et spes (1965) - Concilio Vaticano II - La nueva presencia de la Iglesia en el mundo.

PP: Populorum Progressio (1967) - Pablo VI.

OA: Octogésima adveniens (1971) - Pablo VI - La solidaridad mundial en el desarrollo.

LE: Laborem exercens (1981) - Juan Pablo II.

CA: Centesimus annus (1991) - Juan Pablo II - En la crisis del desarrollo, prioridad de la persona sobre el capital.

CDSI: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 2004.

CV: Caritas in Veritate. (2009) Benedixto XVI.

¿Qué hacemos con las pensiones?

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