¿Qué pasó en Curuguaty?

ISSN 0001-4605 Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay

Junio 2013 - Nº 335 - G. 20.000.-

90 años

Editorial Balance del gobierno golpista 2

Actualidad La exitosa contrarreforma agraria impulsada por 4 el gobierno golpista Luis Rojas Villagra

La investigación oficial de la masacre de 10 Marina Kue Hugo Valiente

La primavera en salud 14 María Cristina Guillén

La prensa y Marina kue - ni Kuriju ni Bala Perdida 19 José Tomás Sánchez El exagerado endeudamiento público interno 24 y externo Lila Molinier

Internacionales Alianza del Pacífico o una falsa noticia 30 Marcelo Zero

Pensar y creer ¿Quién dice que todo está perdido…? 34 Margot Bremer, rscj

Arte y letras Sobre el libro “La masacre de Curuguaty, 38 golpe sicario en el Paraguay” Jorge González Solís

Índice

Nº 335 - Junio 2013

Vice-Presidente Sánchez 612 c/AzaraCasilla de Correo 1072Tel/Fax: (595-21) 233 541/3revistaaccion@cepag.org.pywww.cepag.org.py

Tercera ÉpocaAño XLIV. Fundada en mayo de 1923 por Monseñor Aníbal Mena PortaLa Revista Acción es editada por el CEPAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch) de los Jesuitas del Paraguay. El CEPAG es un centro de investigación y acción social inspirado en la misión de los Jesuitas: proponer, en medio de la cultura y la sociedad en la que vivimos, la fe cristiana y la lucha por la justicia en un diálogo abierto a todos y todas

DirectorJosé María Blanch, sj

Jefa de RedacciónStella Ruffinelli

Consejo de RedacciónMelquíades Alonso, Galo Bogarín, Margot Bremer, José L. Caravias, Magalí Casartelli, Fides Gauto, Gabriel Insaurralde, Oscar Martín, Bartomeu Melià, José Nicolás Morínigo, Luis Ortiz Sandoval, Francisco de Paula Oliva, Gloria Scappini, Milda Rivarola, Luis Rojas Villagra, Estela Ruiz Díaz

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Acción no se responsabiliza por los juicios y opiniones de los artículos firmados. Foto de tapa: www.quepasoencuruguaty.org

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A un año de la matanza de Curuguaty y la destitución del presidente Fernando Lugo, vale la pena hacer una evaluación de los hechos y acontecimientos.

Las evidencias muestran que las conquistas sociales logradas en los primeros cuatro años de gobierno han sido desaceleradas o interrumpi-das. Los reclamos son innumerables, como las Transferencias Monetarias Condicionadas de Tekoporã, la Atención Primaria de Salud, la dis-tribución gratuita de medicamentos, la atención de los niños en la calle, los programas de aten-ción a los indígenas. En cuanto a la asistencia a la agricultura campesina, quedaron atrás varias iniciativas, como el Programa de Producción de Alimentos, que tenía un doble objetivo de pro-veer alimentos a los segmentos necesitados y dinamizar la producción de la agricultura cam-pesina. También el plan de viviendas ha sufrido atrasos y la atención a los movimientos sociales prácticamente desapareció.

En contrapartida, la prensa se hace eco de denuncias y evidencias de abuso en el ejercicio del poder; la corrupción, que se presentaba como patrimonio único del Partido Colorado, dejó de serlo para tomar un impulso vergonzoso con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el

Balance del gobierno golpista

poder. Desde una casa de campo del Presidente de la República hasta los pagos irregulares del Indert por tierras supuestamente para la reforma agraria, como corrupción que se multiplica en los ministerios sin la pericia del Partido Colora-do y en mano de un partido que se considera la alternativa del gobierno decente e íntegro.

A estas denuncias de corrupción se suma la presencia abierta de los sectores corporativos en las políticas públicas.

Ni bien destituido el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, el PLRA en función de gobierno dio carta blanca a los productos transgénicos, adelantó los compromisos con la multinacional Rio Tinto Alcan y los ministerios y secretarías del Estado han estado fuertemente influenciados por la orientación del sector em-presarial.

La política económica muestra falencias en el manejo de las finanzas públicas, sobre todo en el aumento de la deuda interna y externa para finan-ciar las inversiones públicas, sin plantearse que el país debe corregir su matriz productiva y su sistema tributario, de modo que aquel que tiene más debe contribuir más y que el resultado del crecimiento debe tener una mejor distribución entre los diferentes segmentos de la población.

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editorial

El PLRA no mostró en ningún momento que en función de gobierno sea el árbitro de los con-flictos de intereses, para sumarse abiertamente a favor del sector empresarial, y como si todo esto fuera poco, el gobierno de Federico Franco se ocupó de estigmatizar sistemáticamente a los movimientos sociales con una campaña desfasa-da que nos recuerda la época de la guerra fría y de la justicia a favor de los desposeídos, se vincu-laba con motivaciones ideológicas bolivarianas.

Quizás el hecho más llamativo y que quedará como un testimonio histórico es el procedimien-to injusto con las víctimas de Curuguaty y la abierta campaña periodística de vincular viejas reivindicaciones de la tierra y de la defensa de los recursos naturales con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Cualquier insinuación de defensa de la tierra a favor del campesino o del indígena se vincula directamente a las reivindicaciones ideológicas de grupos irregulares.

Al cierre de un año de gobierno del PLRA, no sorprende el pacto azulgrana (Partido Colorado y Partido Liberal), que trata de cambiar impu-nidad por gobernabilidad del gobierno de Hora-cio Cartes. Algo nunca visto, los parlamentarios electos de ambos partidos acordaron en la propia

casa del presidente electo, la distribución de los cargos de la mesa directiva del Congreso. Cuan-do es el Poder Legislativo el que debiera ser el contrapeso del Poder Ejecutivo, el PLRA capitu-la frente a Cartes para distribuir cargos, favores y ocultar irregularidades del gobierno de Franco.

Los viejos adversarios políticos hoy se abra-zan supuestamente para apoyar un programa de gobierno que busca combatir la pobreza, resol-ver el problema energético, lograr el desarrollo económico y promover la integración del país a nivel internacional. Aunque esta alianza proba-blemente no puede sostenerse en el tiempo, sea por los reclamos internos del Partido Colorado o por las divisiones irreconciliables del PLRA.

Estas seguidillas de hechos que muestran una consolidación de la derecha y la alianza po-lítica de los dos tradicionales rivales históricos, podría servir para que los sectores progresistas representantes en el Congreso puedan encontrar juntos una agenda de trabajo que reivindique la lucha contra la desigualdad, la exclusión social y el desarrollo desigual en el país.

La exitosa contrarreforma agraria impulsada por el gobierno golpista

Luis Rojas Villagra

Los sectores que han propiciado, apoyado y ejecutado el golpe de Estado del año pasado, tanto los económicos como los políticos, han te-nido éxito en su objetivo principal: la conserva-ción de orden económico y político vigente des-de hace décadas en el Paraguay y, por ende, de los privilegios y las ganancias que genera para ellos mismos.

Pero en el mundo capitalista actual la con-servación de un modelo económico no significa inmovilidad, sino todo lo contrario, implica una frenética dinámica de expansión y profundiza-ción, estimulada por las dos fuerzas vitales (y mortales) que subyacen a este sistema, la bús-queda de lucros y la competencia. Los actores del mercado mundial, financistas, inversores, empresarios y ejecutivos, están en una perma-nente carrera por obtener ganancias, y para ello deben competir (o combatir) intensamente con otros financistas, inversores, empresarios y eje-cutivos, para prevalecer en el mercado, derrotar a los competidores y lograr, obsesivamente, más producción, más mercado y mayores ganancias. En esta lógica de hierro se van constituyendo las cada vez más grandes corporaciones transnacio-nales, a las que “el mundo” les empieza a quedar chico.

Y como condición para lograr dicho objetivo, necesitan contar con más recursos como la tierra y el capital, expandiendo sine die las actividades productivas. La fuerza (y la debilidad) de la ló-gica capitalista está en este mandato irrenuncia-

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ble, la necesidad vital de crecer, de expandirse, siempre, hacia el infinito. Desafortunadamente (para ellos) el mundo en el que vivimos (y mori-mos) tiene límites, geográficos, demográficos e incluso físicos, que más tarde o más temprano se manifiestan, en la forma de crisis, decrecimien-to, desempleo y exclusión, conflictos sociales, agotamiento o destrucción ambiental.

Pero hoy el sistema económico nos ordena que tenemos el imperativo de crecer, de pro-ducir más, de profundizar la explotación de la naturaleza, para ser más productivos, más com-petitivos, para ser desarrollados. La oligarquía paraguaya conjuntamente con los grupos trans-nacionales son obedientes a esta máxima, y en ese empeño están día a día, a cualquier costo. Buscan expandir las actividades económicas más rentables en el corto plazo, la agricultura mecanizada, la ganadería, la exploración y ex-plotación de minerales e hidrocarburos y, en consecuencia, la exportación de estos commo-dities, básicamente materias primas con escaso valor agregado industrial.

El golpe de Estado les ha permitido acelerar la velocidad en esta dirección. El gobierno de Franco ha hecho todo lo posible, en su breve (y destructivo) paso, por facilitar la diseminación del modelo extractivista, agroexportador, a par-tir de una explotación ampliada de los recursos naturales, otorgando todas las facilidades y las garantías para ello. En la práctica esto ha signifi-cado el desarrollo de una contrarreforma agraria integral, si es que como reforma agraria enten-demos al menos lo que establece la Constitución Nacional vigente en nuestro país.

En el Capítulo IX, Sección II, de la Reforma Agraria, la Constitución Nacional desarrolla los objetivos y las bases necesarias para el logro de la reforma agraria y el desarrollo rural, en sus detallados artículos 114, 115 y 116. Revisemos algunos párrafos:

Art. 114: “... ella consiste (la reforma agra-ria) en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social (…). Se adoptarán sistemas equitativos de dis-tribución, propiedad y tenencia de la tierra ...”.

Art. 115:“La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguien-tes bases: 1) la adopción de un sistema tribu-tario que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural (…) 2) la racionalización y regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación (…) 7) la defensa y la preserva-ción del ambiente (…) 12) el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria...”.

Sintetizando las ideas principales sobre la reforma agraria establecidas en nuestro marco constitucional, la misma consiste en la integra-ción del campesinado, como actor productivo, a las actividades económicas, a partir de una es-tructura equitativa, equilibrada, de distribución de la tierra, eliminando progresivamente los latifundios, desconcentrando la propiedad de la tierra, fomentando a pequeños y medianos pro-ductores, diversificando los rubros producidos, conservando la naturaleza.

Las medidas de FrancoLas políticas gubernamentales del gobierno

del PLRA han buscado (y logrado) fortalecer a la agricultura mecanizada, acelerando la intro-ducción de insumos biotecnológicos en el país. La destitución del viceministro Wherle, quién había impulsado prioritariamente el Programa de Producción de Alimentos (PPA), dirigido a la población rural de menores recursos, significó un fuerte debilitamiento de las políticas orienta-das al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. En el mismo sentido, la destitución de Miguel Lovera en el Senave significó una mayor desprotección de las poblaciones rurales ante el avance y los peligrosos daños colatera-les de las fumigaciones de los cultivos mecani-zados. Su sustituto, Jaime Ayala, proviene del sector empresarial importador de agroquímicos (o agrotóxicos), y con su gestión ha confirma-do la alta prioridad que tiene para el Gobierno de Franco la expansión de los agronegocios. A modo de ejemplo, citamos algunas de las medi-das adoptadas:

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- A los 15 días del cambio de gobierno, el Senave emitía una resolución por la cual ins-cribía al algodón transgénico Bt (MON531) de Monsanto, en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, con lo cual liberaba su utilización en el país. Semanas después de esta habilitación, los empresarios señalaron que esta semilla ya no estaba disponible, por lo que pidieron la liberación de otras varieda-des de algodón transgénico. El 20 de agosto Franco firmó el Decreto 9.503 por el cual au-torizó la importación de otras dos variedades de algodón resistentes al glifosato. En conso-nancia, el Senave emitió una resolución el 5 de setiembre autorizando el uso de estas va-riedades de algodón transgénico, a pesar de no haber completado el proceso de análisis legalmente requerido para su habilitación.

- De modo a facilitar aún más la aprobación de nuevas semillas transgénicas, el 19 de setiembre Franco rubricó el Decreto 9.699 mediante el cual reestructuró la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio). Entre otras cosas, se re-lativiza la exigencia de la Evaluación de Impacto Ambiental para la habilitación de OGMs, no incluye a organizaciones de la sociedad civil en dicha Comisión, y autori-za la liberación por la vía de la excepción de nuevas variedades, cuando existan riesgos para la seguridad alimentaria y la agricultura nacional. Estos últimos argumentos pueden ser manipulables fácilmente por el gobierno de turno para justificar la utilización de la ex-cepción mencionada.

- El 25 de julio el presidente del Indert, Luis Ortigoza, anunció que la institución desistía de impulsar la mensura judicial de las tierras de los herederos de Barthe, entre las que se encuentran las de Tranquilo Favero en Ña-cunday, argumentando que la mensura crearía un caos administrativo. El gobierno golpista desistía de intentar recuperar tierras malha-bidas o excedentes fiscales, priorizando la titulación de las tierras de los asentamientos existentes. En este sentido, la Asociación de Productores de Soja (APS) propuso al Go-

bierno que detenga la compra de tierras para campesinos hasta regularizar por completo las colonias existentes. El Indert redujo las compras de tierras, hasta marzo de 2013, cuando por necesidades electorales (sumar al Unace a la candidatura del PLRA) pagó más de 11 millones de US$ por unas tierras no aptas para la reforma agraria, de una empresa vinculada al senador Jorge Oviedo Matto del Unace.

- El 30 de julio el Senave derogó la Resolu-ción 1.160 aprobada en el 2011, donde se establecía que productores que van a reali-zar fumigaciones deben informar con anti-cipación sobre los trabajos a realizarse, in-cluyendo los horarios y los productos que se utilizarán. Lógicamente, con esta derogación las comunidades rurales que lindan con los cultivos mecanizados quedaron mucho más expuestas a los efectos negativos que tienen las fumigaciones con agrotóxicos en la salud y el medioambiente.

- A principios de octubre el Senave derogó la Resolución 355/12, que reglamentaba el uso propio de semillas de variedades protegidas inscriptas en el Registro Nacional de Culti-vares Protegidos. La resolución derogada disponía que para productores con superfi-cies de hasta 100 Has, los agricultores podían reservar semillas provenientes de su propio cultivo para un segundo año, sin necesidad de tener una autorización del obtentor.

- El 23 de octubre el MAG liberó para el uso comercial 4 tipos de maíz transgénico, rubro no permitido hasta esa fecha en el país. Fue-ron liberados las semillas VT Triple Pro y MON810 de Monsanto, el BT11 de Syngen-ta y el TC1507 de Dow AgroSciences. Con esta autorización, los rubros habilitados para la utilización de tecnología transgénica en el Paraguay son la soja, habilitada en el 2004, el algodón y el maíz en el 2012.

- En noviembre el Instituto Paraguayo de Tec-nología Agropecuaria (IPTA) y Monsanto firmaron un convenio de cooperación para insertar los eventos transgénicos BT y RR en

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las variedades de algodón del IPTA, 212 y 232. Los firmantes fueron el presidente del IPTA, Luis Llano Imas, y el representante de Monsanto Fernando Giannoni. A su vez Monsanto ofreció incorporar otros eventos a las variedades nacionales de maíz y soja. Llano Imas sugirió la transgenización de la soja del IPTA denominada “milagrosa”.

- El 11 de febrero de 2013 el MAG liberó mediante la Resolución número 153/13 una nueva variedad de soja transgénica de Mon-santo, la semilla denominada BtRR2Y, cono-cida como soja “Intacta”.

¿Reforma o contrarreforma agraria?Las últimas dos décadas en nuestro país han

sido testigo de una expansión importante de los agronegocios, en particular de los cultivos me-canizados intensivos en capital, como es el caso de la soja. En el año 1995 se habían sembrado 833.000 Has de la oleaginosa. Diez años des-pués, en el 2005 se llegó a las 2.000.000 Has. En solo siete años más, en el 2012, se llegó a las 3.000.000 Has. Esta gran expansión ha sido posible en gran medida a las nuevas tecnologías, las semillas transgénicas y los métodos de fumi-gación masiva y control de plagas a partir de la mecanización.

Esta explosión de la agricultura capitalis-ta ha provocado otros efectos en el mundo ru-ral: un desplazamiento forzado de la población campesina e indígena, a partir de la compra de sus tierras, la contaminación de su entorno, el hostigamiento y amedrentamiento permanentes, además de una cómplice ausencia del Estado en el apoyo productivo y social hacia los pequeños productores. Decimos desplazamiento o migra-ción forzada de la población (y no voluntaria) porque este desplazamiento de zonas rurales ha-cia las urbanas se ha dado no por una oferta de trabajo atrayente en las ciudades (como históri-camente sí se ha dado en otros países que tuvie-ron procesos de industrialización, como Argen-tina y Brasil), sino por la incontenible expansión del modelo extractivista, fundamentalmente agropecuario, que requiere de más tierras para

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su supervivencia (en un mundo regido por la ló-gica capitalista de la competencia y el lucro), de la misma forma que las personas requerimos del aire para no morir. Este proceso de urbanización y descampesinización se refleja en la evolución de la población rural (ver gráfico), y su tenden-cia decreciente: en 1992 el 50% de la población era rural, en el 2002 bajó al 43%, y según datos preliminares del censo 2012, ha caído a solo el 33%. (Ver gráfico)

Concomitante con estos hechos, se ha ace-lerado la destrucción ambiental, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria, la defo-restación de los pocos bosques que quedan en la Región Oriental, la tala indiscriminada y crimi-nal de árboles en el Chaco a razón de 800 Has en promedio por día en el año 2012. La conta-minación con agrotóxicos de tierras, agua y aire, y consecuentemente de las propias comunidades humanas del campo, se sigue tolerando y per-mitiendo, utilizándose cantidades crecientes de venenos tóxicos como el glifosato, que se utili-za en un solo año una cantidad aproximada de 24.000.000 de litros (8 litros por Ha por zafra). Tamaño bombardeo químico ya está incluso ge-nerando resistencia de las propias plagas y male-zas, que mutan e incorporan el propio veneno en su organismo, como lo señalaba, en un arrebato de sinceridad, el productor Ilvo Spielmann, de la Asociación de Productores de Soja: “no estamos teniendo más el resultado que se tenía inicial-mente cuando se aplicó la tecnología, hoy hay

muchas malezas resistentes al glifosato, hay que entrar con otros herbicidas para combatir las malezas, es un costo adicional, hoy económica-mente es más negocio el convencional, que el transgénico”1.

Los últimos 20 años han demostrado que la agricultura mecanizada y la ganadería para ex-portación son actividades intensivas en capital y tierra, que excluyen y desplazan a los pequeños productores, no los incorporan al circuito pro-ductivo como productor, solo los incorporan en algunos casos, si el campesino se reconvierte laboralmente, dejando de ser agricultor, pasan-do a ser mecánico, tractorista, electricista o algo parecido.

Con el gobierno de Franco el texto constitu-cional sobre la reforma agraria ha sido ratifica-do con toda la fuerza como letra muerta y poe-sía platónica, lejos de la realidad. Las políticas mencionadas no van en dirección de la “incor-poración efectiva de la población campesina”, van de contramano del mandato constitucional de adoptar “sistemas equitativos de distribu-ción, propiedad y tenencia de la tierra”, hace caso omiso de “la adopción de un sistema tribu-tario que desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propie-dad rural”, colisionan frontalmente con la “ra-cionalización de las prácticas de cultivo para impedir su degradación (de la tierra), la defensa y la preservación del ambiente”, y es una burla de la orientación a un “apoyo preferente a los

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connacionales en los planes de la reforma agra-ria”, cuando todas las facilidades han sido para los extranjeros.

La fórmula de los actores de los agronego-cios (asumida a pie juntillas por el gobierno golpista) ha sido: transgénicos + agrotóxicos - controles - mensuras – impuestos = más ga-nancias para los grandes (y ricos) más pobreza para los chicos (y pobres). No en balde Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, manifestaba sobre el fracaso de la última campa-ña algodonera (donde la producción cayó en un 50%) que los que usaron la semilla transgénica quedaron endeudados, con escasa producción, muchas preocupaciones y cuentas2. A la par se van expandiendo las enormes áreas de cultivos mecanizados de soja y maíz genéticamente mo-dificados, así como las pasturas para ganado.

La contrarreforma agraria del poder terrate-niente y transnacional está en una desbordan-te y destructiva marcha. El país, en general, y el campesinado y los indígenas, en particular, sufrirán las consecuencias, que parece serán irreversibles. Para mi desdicha, la afirmación (¿profecía?) hecha por Tomás Palau, al analizar a principios de los años 80 las transformaciones que se daban a partir del ingreso masivo en la frontera este de la agricultura farmer de mano de los brasileños, parece cumplirse con la firmeza del acero: “este fue el momento en que se cerra-ron para el campesinado del Alto Paraná y del país las posibilidades de recrearse como sujeto social”3.

1 ABC Color, 8 de octubre de 2012. 2 http://ea.com.py/y-no-llegaron-los-tv-plasma-algodon-

transgenico-termino-endeudando-a-campesinos/3 Tomás Palau y María Victoria Heikel, Los campesinos, el Estado

y las empresas en la frontera agrícola, BASE ISEC, 1987.© M

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La investigación oficial de la masacre de Marina Kue

Hugo Valiente*

Las normas del derecho internacional de los derechos humanos obligan a los Estados a rea-lizar una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial” ante cualquier situación en la que las fuerzas públicas hayan privado de su vida a una persona. Esta investigación, obligatoria y de oficio, tiene por objetivo esclarecer si el uso de la fuerza obedeció estrictamente a los criterios de necesidad, proporcionalidad, humanidad y distinción que la legitiman.

En el caso de la masacre de Marina Kue estos protocolos de investigación obligatoria no fue-ron cumplidos. En diciembre de 2012 la Fiscalía dio por cerrada la investigación, descargando toda la responsabilidad de lo sucedido en una acusación contra 14 campesinos. Ningún policía o funcionario de la Fiscalía fue siquiera inves-tigado.

Los acusados enfrentan un circuito de car-gos que se sostienen entre sí, sobre la base de la única hipótesis que la Fiscalía sostuvo desde el inicio: los campesinos invadieron una propiedad privada, constituyeron una organización crimi-nal para sostenerse en el lugar y montaron una emboscada para repeler el desalojo de la policía (ver recuadro).

Toda la investigación oficial adoleció des-de un principio de graves vicios que afectaron la independencia del órgano investigador y la imparcialidad de los funcionarios a cargo de la

* Abogado especializado en derechos humanos. Fue coordinador del equipo de investigación del Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina kue publicado en diciembre de 2012 por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). ©

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investigación, vicios que restringieron a la ex-haustividad de la investigación y, por último y no menos grave, vicios que vulneraron la efica-cia de la prueba colectada. En esta circunstancia, la validez de toda la investigación está en duda.

La independencia e imparcialidad cuestionadas

Los mismos organismos involucrados en el incidente tuvieron a su cargo la investigación, sin un control extraordinario de otra instancia del diseño institucional del Estado paragua-yo (por ejemplo, una bicameral, como sucedió con los hechos del Marzo paraguayo). Además, los dos fiscales responsables del allanamiento conformaron el equipo de investigación fiscal y el juez penal de garantías de la causa (hasta feb/2013) fue el mismo que autorizó la orden de allanamiento y había intervenido en el juicio ci-vil sobre la cuestión de a quién pertenecen esas tierras, dictando resoluciones fraudulentas a fa-vor de la empresa denunciante.

No se investigaron todas las hipótesis posibles

Contrariamente a lo que debe ser la interven-ción del Ministerio Público, la fiscalía se casó con una sola hipótesis del caso, desechando e incumpliendo su deber de investigar objetiva-mente todas las circunstancias posibles.

Lo grave de esta circunstancia es que la pro-pia prueba recolectada por la Fiscalía refuta, en muchos aspectos, la teoría de la emboscada. O esta misma prueba sugiere líneas de investiga-ción sobre la responsabilidad penal de ciertos funcionarios, que no fueron tenidas en cuenta.

No se investigaron la necesidad ni la propor-cionalidad del uso de la fuerza. No se investiga-ron las alegaciones de ejecuciones arbitrarias, a pesar de contar con evidencias al respecto. No se investigaron debidamente las alegaciones de tortura y tratos inhumanos, a pesar de las denun-cias y otras pruebas disponibles en el Ministerio Público (informes médicos y forenses). No re-cogieron testimonios que provengan de los ci-

viles presentes en el lugar. El mismo fiscal de la causa señaló que si un campesino se presentaba a declarar como testigo “ya sea por su propia voluntad o propuesto por la defensa” quedaría detenido, sería involucrado en la causa y su tes-timonio, por lo tanto, quedaría invalidado.

La prueba contaminadaViolando todos los protocolos que rigen las

investigaciones de ejecuciones arbitrarias, cier-tas pruebas que son absolutamente relevantes para el esclarecimiento de este tipo de casos fueron invalidadas por un manejo negligente o directamente encaminado a encubrir la respon-sabilidad institucional en el caso.

La escena del crimen fue contaminada antes de su inspección y existen convincentes testi-monios que indican una negligencia grave en el manejo de la escena del crimen, en particular el abandono y cambio de posición de dos cadá-veres. Se incorporaron informes policiales que se basan en informantes confidenciales o anóni-mos. Se violó la cadena de custodia de eviden-cias, en diversas oportunidades.

El caso de la “evidencia M17” no es el único pero quizá es bien representativo de esto último. Esta evidencia es la séptima escopeta incorpora-da al acervo probatorio y está documentadamen-te demostrado que no fue hallada en Marina Kue el 15 de junio de 2012, sino denunciada como robada en una estancia de otro lugar siete días después. La importancia de esta prueba precons-tituida radica en que es la única escopeta que dio positivo a la prueba de reactivos de nitritos, es decir, la única que había sido disparada recien-temente.

Un juicio injustoLas restricciones a la defensa en materia pro-

batoria y las condiciones de la investigación nos señalan que estamos a las puertas de un juicio injusto. El caso de la acusada RRVO no nos deja lugar a esperanza alguna.

RRVO es la adolescente de 16 años que cayó capturada en los alrededores de Marina Kue,

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tras la masacre del 15 de junio de 2012, cuando intentaba huir con otras mujeres de la matan-za desatada por la policía en el lugar. Ese día RRVO llevaba en brazos a su hijo de tres meses que volaba de fiebre.

RRVO fue la segunda acusada en ir a au-diencia preliminar. Al ser adolescente, va en un proceso paralelo, basado en otras reglas que supuestamente deben jugar a favor de su pro-tección. En la audiencia la defensa pública que la asistió durante todo el procedimiento ofreció un acuerdo que suponía entregar a RRVO a una condena de dos años mediante un procedimiento abreviado, a cambio de que se levantara de la acusación el cargo de homicidio. El fiscal fue categórico: en este caso, la Fiscalía busca “una sanción ejemplar” que contemple “el círculo de hechos punibles” que le atribuyen a la acusada.

La acusación por el cargo de homicidio es en grado de complicidad, ya que la Fiscalía sostie-ne que el rol de RRVO era el de actuar de señue-lo, como parte del plan de la emboscada:

“en el frente [se observó] la presencia de varias mujeres y, algunas de ellas, con niños en brazos, entre las que se encontra-ban Lucía Agüero, Dolores López, María Fani Paredes y RV (con un bebé en brazos), justamente, poniendo en ejecución la acción planeada de generar un aparente ambiente de confianza para atraer a las fuerzas poli-ciales hasta la zona preparada”.

A falta de pruebas convincentes que demues-tren su responsabilidad, el sistema judicial ensa-yará una estrategia de saturación. RRVO enfren-tará la presentación de 456 pruebas en su contra. Declararán 124 testigos. Serán leídas 240 prue-bas documentales y se exhibirán 92 evidencias. Frente a esta avalancha, RRVO no podrá ofrecer prueba alguna que sostenga su inocencia sobre los hechos ocurridos el 15 de junio. Ni una sola prueba al respecto fue propuesta por la defensa pública en la etapa investigativa, tampoco se la ofreció para el juicio. Nunca objetó las pruebas de cargo. Incluso, aquellas que fueron denuncia-das como notoriamente ilegales o improceden-

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tes por la defensa particular de los otros copro-cesados.

La esencia misma del juicio, entendida como el igual acceso a una escena pública donde en-tran en contradicción las pruebas y los alegatos de la acusación y la defensa, queda vacía frente a esta desproporción casi absurda.

Y sin embargo…Hay señales de esperanza que dan cuenta

que la resistencia no es inútil y que el activismo ciudadano en solidaridad con las víctimas puede detener esta maquinaria represiva.

Una primera victoria en el proceso se logró al apartar de la causa al juez penal que la ha-bía iniciado. Este juez había intervenido en el juicio civil que fuera promovido por la empresa Campos Morombí para apoderarse de las tierras de Marina Kue, dictando resoluciones judiciales ilegales para favorecer a la empresa. Esta situa-ción dejaba en claro que el juez no era un juez imparcial para la causa y así lo había demostra-do, generando condiciones de litigio adversas para los acusados.

Una segunda victoria se da cuando el proce-so vuelve a quedar en suspenso el 4 de junio de 2013, debido a que está pendiente la resolución de un incidente de prejudicialidad planteado por la defensa. Este incidente tiene por objetivo que el proceso penal se paralice hasta que la justicia resuelva la cuestión de a quién pertenecen las tierras de Marina Kue. En caso de que la justicia se pronuncie favorablemente sobre la cuestión de prejudicialidad, cae la acusación por invasión de inmueble, y, tras este delito, cae también la acusación por asociación criminal.

Una tercera victoria fue el sobreseimiento de dos campesinos involucrados en el caso, quie-nes fueron detenidos en el hospital de Curugua-ty cuando buscaban a familiares y conocidos el día de la masacre. Ambos fueron sometidos a apremios y torturas por parte de la policía y per-manecieron en prisión durante más de 30 días por el abuso de la fiscala y el juez intervinien-tes. Ahora ambos deben ser desvinculados del procedimiento, demostrándose una vez más la brutalidad de la policía y la arbitrariedad de la justicia en el caso.

¿Quiénes son acusados y qué delitos se acusan?

Acusados Cargos

Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro

Invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa acabada (coautoría).

RRVO (17), Lucía Agüero, María Fani Pa-redes y Dolores López Peralta

Invasión de inmueble, asociación criminal (coautoría) y homici-dio doloso en grado de tentativa acabada (complicidad).

RABO (17) Asociación criminal (ya fue condenado a dos años mediante procedimiento abreviado).

Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua Invasión de inmueble y asociación criminal (coautoría).

Felipe Nery Urbina Frustración de la persecución y ejecución penal (autoría).

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La primavera en salud

María Cristina Guillén*

La salud como derecho humano, un nuevo paradigma

Las “Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad” fueron asumidas como un compromiso público a ser desarrolladas en el área de salud, por parte de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Alianza Patrió-tica para el Cambio, si ganaban las elecciones en abril de 2008. Las mismas fueron elaboradas por un grupo de profesionales comprometidos con la salud pública y validadas por movimientos sociales, mediante un proceso participativo, pre-vio a las elecciones generales. A partir de agosto de 2008, a través del liderazgo y la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dichas políticas públicas se proponían garantizar el derecho constitucional a la salud para toda la ciudadanía (art. 69), en coherencia con el Esta-do Social de Derecho definido en nuestra Carta Magna, con base en sus principios de universali-dad, equidad, integralidad y participación social.

Las mismas surgen como un nuevo paradig-ma pues consideran a la salud como un derecho humano fundamental, un bien público, bajo la responsabilidad del Estado y con una amplia participación de la sociedad civil. A su vez, en-tiende que la salud está muy ligada a la calidad de vida, de tal manera que para tener una vida saludable es imprescindible el ejercicio de todos los derechos humanos (sociales, políticos, eco-nómicos y culturales) tales como el derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda dig-na, al trabajo, a la recreación, a la participación social, a la información, entre tantos otros. La no vigencia o vulneración de estos derechos hu-

*Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES Capítulo Paraguay.

manos determina la aparición de enfermedades y muertes como expresiones visibles y concretas de la pobreza, inequidad y medio ambiente dete-riorado, características de un modelo de desarro-llo económico y social que concentra riquezas, es excluyente y no sustentable.

La salud, en este contexto, no es una mer-cancía, ni una prebenda o un privilegio de unos pocos, sino que es un derecho inherente al ser humano, un bien muy preciado, un producto so-cial y una conquista al alcance de todas y todos sin discriminaciones de ningún tipo. Como todo cambio de paradigma, requería de un proceso sostenido y progresivo, de varias décadas, para implementarse y consolidarse, más aún teniendo en cuenta que Paraguay está aún rezagado en la aplicación de políticas sociales en comparación con los demás países de Latinoamérica.

Estas políticas públicas implicaban, por tanto, un cambio en el modo de atención y de gestión en salud, pues debían dar respuestas, en forma progresiva, a las necesidades sociales en calidad de vida y salud de las poblaciones, mediante una estrategia de promoción de la salud que aborde de raíz las causas profundas y estructurales de

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las enfermedades y muertes, también conocidas como “determinantes sociales de la salud-enfer-medad”. En este mismo sentido, se planteó la atención familiar y comunitaria cerca de don-de viven las personas, abarcando las diversas etapas de su ciclo vital (niñez, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores) a través de acciones educativas, preventivas, curativas y rehabilitadoras, que logren la vida plena y la autonomía de las personas, con la participación protagónica de las mismas. Existía así una doble exigencia: en primer lugar, facilitar el acceso a servicios públicos de salud con atención huma-nizada que resuelva efectivamente los proble-mas de salud-enfermedad de las personas, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, actuar conjunta y articuladamente con todos los actores y sectores institucionales y de la sociedad civil, en forma transectorial, esto es, sobre las causas profundas de las enfermedades, construyendo “calidad de vida saludable” para toda la ciudadanía. Por su parte, la búsqueda de equidad por medio de las políticas públicas se refería a la tarea de abordar las diferencias injustas, evitables e innecesarias que existen entre las personas por identidad ét-

nica, de clase social, género y/o edad, y que se expresan en el área de la salud, de manera a lo-grar superarlas.

Otra salud es posibleCon la alforja cargada de sueños y expecta-

tivas de llevar adelante las políticas públicas, un grupo de profesionales de la salud pública comprometidos con el cambio y por sobre todo con la firme convicción de que era posible, em-prendió el desafío. Había conciencia de que se partía de una brecha-distancia muy grande en-tre la realidad encontrada, en ese momento, y la que se quería lograr. Se comprendía que era un esfuerzo, a largo alcance, para instalar una lógica diferente, donde el ser humano, como sujeto de derechos y con necesidades sociales, se colocaba en el centro del quehacer en salud. Todo lo anterior implicaba, además, contar con profesionales de la salud con una nueva mirada generadora de nuevas prácticas desde la salud como derecho, superando un marcado enfoque biologicista en la formación de los mismos.

En la perspectiva de universalizar el acceso a la salud, se implementaron esencialmente dos acciones estratégicas. En primer lugar, se decla-ró la “gratuidad” consistente en la eliminación del pago de aranceles por los servicios ofreci-dos por el ministerio, en forma progresiva, hasta abarcar a todas las prestaciones. Esto posibilitó una marcada disminución de la barrera econó-mica al acceso a la atención de la salud, redu-ciendo significativamente el gasto de bolsillo mensual que debían hacer las familias para la atención y recuperación de su salud (gastos en compra de medicamentos, pago de consultas, internaciones, laboratorio, etc.); y, en ese sen-tido, se articuló con la estrategia de combate a la pobreza en el marco de la política social del gobierno de Lugo. El gasto de bolsillo mensual de las familias ha logrado disminuirse del 68% al 52%, en el lapso del 2008 al 2011, según cál-culos realizados por la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda, con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la DGEEC.

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Por otra parte, se inició la reorganización de los servicios de salud públicos dependientes del ministerio, a través de la implementación de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS), de manera a pasar de una estructura piramidal con compartimientos estancos y escasa vinculación entre sí, hacia un modelo en red, cuyas instan-cias estén conectadas y articuladas mediante un sistema “inteligente” de regulación médica, comunicación y transporte. De este modo, la atención primaria se conectaría con la atención especializada (centros ambulatorios de especia-lidades), la atención de urgencias, la hospitalaria (hospitales básicos, de especialidades, etc.), así como con la complementaria (medios auxilia-res de diagnóstico, vigilancia, etc.), a fin de dar respuestas acordes a los requerimientos de una atención de mayor complejidad, garantizando el “continuo de la atención de las personas”. La atención primaria de salud, a través de las 704 Unidades de Salud de la Familia (USF) insta-ladas en 234 distritos de los 18 departamentos, se constituyó en la puerta de entrada al sistema público de salud y en el eje estructurante del mismo. Las primeras USF se instalaron en los distritos con mayores índices de pobreza, co-herente con el principio de equidad. Estas uni-dades lograron acercar el sistema de salud a las familias y sus comunidades, por medio de un equipo de profesionales (médico, licenciada en enfermería u obstetricia, auxiliar en enfermería y agentes comunitarios) que ingresó a la función pública, en su totalidad, por medio de concursos de méritos y aptitudes. Dicho equipo de salud de la familia brinda servicios para atender y resol-ver la mayoría de los problemas de salud de la población bajo su responsabilidad (entre 3.000 a 5.000 personas), en un territorio social deter-minado.

La inversión creciente en salud en estos 4 años (157% de incremento del presupuesto asig-nado a salud entre el 2008 y el 2012) permitió el desarrollo de la RISS en infraestructura, equipa-mientos y recursos humanos, no sólo de la aten-ción primaria sino de la especializada de alta complejidad (terapias intensivas, hemodiálisis, trasplantes, etc.), de tal manera que se amplió

la universalidad con equidad en el acceso a los servicios de salud, con la inclusión de un millón más de personas atendidas en la red pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (entre el 2008 y el 2011), así como la atención a 550 comunidades indígenas (de un total de 620 comunidades) por medio de 164 equipos de salud de la familia. Así también, los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares nos indi-can que se verificó un 84,7% de incremento de acceso a la consulta médica por parte de perso-nas enfermas del sector rural y del quintil más pobre, al compararse el año 2010 en relación al año 2007.

En relación al compromiso inherente a las políticas públicas de construir calidad de vida para abordar a fondo las causas reales y profun-das de las enfermedades y muertes evitables, se dieron pasos iniciales en la conformación de un sistema de protección social liderado por el ga-binete social (Sasô Pyahu), con la participación de todas las instituciones públicas garantes de derechos sociales, y enmarcada en la Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 “Paraguay para Todos y Todas”. Si bien en la práctica existieron limitaciones para un aborda-je y gestión territorial articulada y con enfoque transectorial, este sistema tenía potencialidades para transformarse y lograrlo. No obstante, fue en los territorios sociales de la atención primaria de salud donde se promovieron los “Aty Gua-su o Asambleas Comunitarias”, como espacios públicos abiertos que permitieron a la ciudada-nía encontrarse, compartir saberes, valorar al semejante y al diferente, construir consensos y respetar disensos, como ejercicio de democracia participativa y espacio privilegiado donde las personas toman parte de las decisiones sobre la administración y control de lo público.

Desde estas modalidades de participación ciudadana se sentaron las bases para la transfor-mación de un modelo autoritario y prebendario que genera individuos pasivos hacia otro que se reconoce sujeto de derechos y capaz de cons-truir con sus pares una sociedad inclusiva y con bienestar. Se promovieron más de 15.000 Aty Guasu, en los 18 departamentos del país, tales

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como: audiencias públicas; reuniones temáticas; rendiciones de cuentas; clubes de embarazadas, de madres, de personas hipertensas, de personas diabéticas, de adultos mayores, etc.; encuentros con líderes indígenas para monitoreo y evalua-ción de atenciones recibidas; asambleas con niños, niñas y adolescentes para la validación de los planes nacionales de niñez y adolescen-cia; asambleas con adolescentes en situación de frontera, de calle, institucionalizados, indígenas, trabajadores y escolarizados.

Es importante resaltar que los avances se die-ron en varias áreas más, sobre todo en el dise-ño e implementación de políticas, programas y proyectos muy sensibles para la población más pobre y alejada geográficamente (salud indíge-na, salud bucal, salud mental, salud ocular, salud sexual y reproductiva, salud de niñez y adoles-cencia, etc.), que en muchos casos nunca habían tenido acceso a la atención, con anterioridad. Asimismo, se iniciaron importantes pasos en la reforma estructural del ministerio, la revisión técnica y homologación de la carrera sanitaria con la civil, la realización de más de un cente-nar de concursos de méritos y aptitudes para el paso de cinco mil funcionarios contratados a permanentes, así como para el ingreso a la fun-ción pública en igualdad de oportunidades, entre los más relevantes. Sin lugar a dudas, también existieron dificultades y contradicciones propias del enfrentamiento de dos modelos: el biomé-dico centrado en la curación de la enfermedad, la figura del médico y de hospitales, exclusiva-mente; y el de la salud como derecho humano, que promueve la calidad de vida y atiende a la población a través de un equipo multidiscipli-nario de profesionales, integrando la atención primaria a la especializada y a la hospitalaria.

Asimismo, están los obstáculos puestos por el propio Parlamento al recortar el presupuesto que estaba destinado a la instalación de 200 nue-vas Unidades de Salud de la Familia para fines del 2011, e interpelando en más de una ocasión la tarea ministerial. Por último, la prensa comer-cial que no restaba cuestionamientos, continuos y sistemáticos, ante situaciones de salud pública como la epidemia del dengue de 2011 y prime-

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ros meses de 2012, cuya magnitud fuera 4 veces menor que la actual.

Retrocesos y desafíosCon el golpe parlamentario de un año atrás,

se produjo un quiebre institucional de terribles consecuencias. No fue simplemente un cam-bio de gobierno sino una ruptura, inexorable y brusca, de un proceso democrático que había posibilitado un inicio de cambios inéditos en el área social, en general, y en el área de salud, en particular.

Entre los retrocesos más destacados, referi-mos la aprobación de semillas transgénicas ha-ciendo caso omiso al principio de precaución; el avance de negociaciones con la empresa Rio Tinto Alcan, altamente contaminante del medio ambiente y por ende de las personas. En ambos casos, una decisión política de beneficiar abier-tamente a grupos de poder que menos aportan al fisco y cuyos intereses lucrativos vulneran los derechos a un ambiente saludable, de gran parte de la población más empobrecida. Así también, la estigmatización de la ciudadanía aludida como “sucia” en las campañas de comunicación, o til-dada de “dura como piedra” por las autoridades ministeriales, atribuyéndoles la responsabilidad de la propagación de la epidemia del dengue, re-fleja la limitada visión del problema, cuyas cau-sas son estructurales, trascienden el sector salud, por lo que las alternativas de solución deben ser de gran envergadura, transectoriales, con claras responsabilidades de autoridades nacionales de los sectores social y municipales, en el nivel lo-cal. Desconoce, además, a las personas como su-jetos de derechos, con saberes y capacidades de cambio de conducta que posibiliten la adhesión a prácticas saludables, a la cooperación mutua y a la solidaridad como valiosos instrumentos de freno a epidemias.

Por su parte, el estancamiento de la atención primaria cuya cobertura alcanzó sólo al 40% de la población; la falta o insuficiente provisión de insumos y medicamentos esenciales a los servi-cios de salud, ante una crisis fiscal sin preceden-tes; la discontinuidad en la implementación de

una política nacional de recursos humanos en salud; la incorporación masiva de funcionarios sin concurso previo; y, finalmente, las asevera-ciones públicas de insostenibilidad de la gratui-dad por parte de autoridades ministeriales, no son más que expresiones de un Estado Social de Derecho desdibujado y vacío de contenido que ya no protege la vida y la salud de las personas.

Ante este escenario, sólo la ciudadanía orga-nizada tiene el poder de la palabra y de acciones que defiendan las conquistas alcanzadas, con-virtiéndolas en políticas de Estado, cuya soste-nibilidad financiera se garantice mediante una mayor recaudación tributaria, no regresiva, que posibilite el aumento creciente de la inversión social.

Que vuelva la primavera en salud, depende de eso.

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La prensa y Marina kue - ni Kuriju ni Bala Perdida

José Tomás Sánchez*

Un año después de la masacre de Marina kue (Curuguaty), se puede ver que la mayor parte de los medios de comunicación, al cubrir el hecho, cerraron fuertemente los ojos ante lo estableci-do por la Constitución Nacional, en su artículo 28, sobre el derecho a la información. La “Car-ta Magna”, el “contrato social” o el “principal acuerdo entre los paraguayos y paraguayas” –como suelen valorar los medios a la Constitu-ción– establece que es un derecho de las perso-nas que habitan este país el acceso a información veraz, ecuánime y responsable. Sin embargo, la cobertura de la masacre del 15 de junio de 2012 mostró que gran parte de los medios no tienen escrúpulos a la hora de pasar información falaz, parcial e irresponsable.

La información transmitida por dichos me-dios fue falaz porque hubo publicaciones que directamente cumplieron la función de engañar. Por ejemplo, estos medios asociaron a los cam-pesinos con el EPP, les atribuyeron el uso de fu-siles de asalto militar M16 y Galil, afirmaron que las tierras ocupadas eran de Campos Morombí o de Blas N. Riquelme, y mencionaron que el ope-rativo fiscal-policial consistió en una orden de desalojo. Todo esto sin pruebas. La información fue parcial porque casi con exclusividad dieron lugar a la versión de la fiscalía, policía y la fa-milia Riquelme, sin dar espacios a otras voces que aportarían versiones diferentes sobre lo que sucedió ese día, sobre las motivaciones de los civiles ocupantes, la historia de esas tierras y la labor fiscal-policial. Pero las fuentes utilizadas

* Consultor en comunicación. Integrante del equipo investiga-dor del caso Marina kue por la CODEHUPY (2012).©

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por los medios estuvieron básicamente de un solo lado del caso. Y, finalmente, la informa-ción fue irresponsable porque legitimó –de for-ma premeditada o no– la violencia institucional contra los campesinos y campesinas, la confa-bulación entre funcionarios corruptos y Campos Morombí para usurpar esas tierras, y el derro-camiento de un gobierno democrático el 22 de junio de 2012.

Un contraste entre la cobertura del caso Ma-rina kue y otros dos casos de relevancia perio-dística –aunque diferentes– puede mostrar situa-ciones en que la prensa fue más veraz, ecuánime y responsable, incluso con ejemplos de autocrí-tica ¿Será que todavía circulan en la memoria colectiva las noticias de la kuriju que se tragó a un hombre en Presidente Hayes en el 2007, y el de la bala perdida que ocasionó la muerte de una niña en la Navidad pasada? Se apela a estos casos para la reflexión.

La evolución de la dolorosa ingesta de la Kuriju

Día 1. Una kuriju pasa al estrellato nacional e internacional

“Gigantesca kuriju devoró a ribereño”1 fue el titular de una noticia de ABC Color el 15 de fe-brero de 2007. El caso trataba sobre un hombre que había sido devorado por una enorme kuriju en Presidente Hayes, frente a su esposa e hijos. Según afirmaba la nota, la víctima fue Juan Car-los Gutiérrez, peón de una estancia que se en-contraba con otros dos compañeros en la ribera del río Paraguay, cuando la serpiente le atacó hasta engullirlo. La fuente citada era la deses-perada esposa, María Estela Lima, quien había hecho la denuncia pidiendo ayuda. Rápidamente la noticia alcanzó relevancia nacional e interna-cional, marcó presencia en programas radiales y televisivos, y tuvo una enorme importante im-pacto periodístico.

Día 2. Se descubre la mentira

Durante el trascurso del día se descubre que

la noticia era falsa. El 16 de febrero ABC publi-có: “Apareció el peón que supuestamente había sido devorado por una kuriju”2:

“No hay kuriju de 10 metros ni muerta. Fue solo una fantasía inventada por María Estela Lima para llamar la atención y con-seguir algo de dinero. La historia que se di-fundió por todos los medios y que tuvo tras-cendencia internacional, cayó ayer como un castillo de naipes, cuando, intimada por un fiscal, María Estela reconoció que todo era mentira”.

La nota relata que Juan Carlos Gutiérrez, la supuesta víctima, apareció vivo. La esposa que había hablado de la kuriju asumió la verdad di-ciendo que su falso testimonio se debía a que necesitaba dinero, que era maltratada y que su esposo se había ido con otra mujer.

Llega la autocríticaEl caso de la kuriju fue motivo de burlas y

comentarios de todo tipo en varios medios de comunicación. Con mayor o menor rigor y hu-mor, hubo un interesante ejercicio de autocrítica dentro y fuera de la prensa, con reflexiones acer-ca de la necesidad de mayor responsabilidad a la hora de difundir informaciones. Quizá el abor-daje más autocrítico fue el del periodista Andrés Colmán, de Última Hora, en su artículo “Una kuriju devoró la credibilidad periodística”3:

“El fiasco periodístico fue mayúscu-lo. Casi todos los medios tuvieron que bo-rrar con el codo lo que habían escrito con la mano. La mayoría le echó la culpa a la mujer, por mentirosa. Pero lo cierto es que hubo una gran irresponsabilidad colectiva de los corresponsales, reporteros y editores que manejaron la noticia, al no aplicar los filtros y sistemas de control que existen para detectar una información falsa”.

Andrés Colmán llamó a un debate autocríti-co sobre la ética y la responsabilidad social en el periodismo, y afirmó que “Por suerte, el sis-tema de libre información también permite que las noticias falsas se detecten con el correr del

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tiempo. Las mentiras tienen patas cortas, y todo se descubre, tarde o temprano”. Veremos si esto es siempre así.

La Bala PerdidaMinutos después del abrazo navideño del

2012, una bala atravesaba el pequeño cuerpo de una niña de tres años que jugaba en el patio de su casa en Asunción. Paz Valenzuela murió casi al instante. La bala había sido producto de la costumbre de disparar a las 00:00 del 25 de diciembre para festejar la Navidad. El hecho de-sató una reacción ciudadana y una intensa inves-tigación policial, que la prensa exigió, estimuló y acompañó, para encontrar al autor del tiro y, además, para concientizar a la ciudadanía sobre el peligro de esa práctica, cumpliendo con una labor de responsabilidad cívica.

El proceso de investigación incluyó la ver-sión familiar, las respuestas de la policía y fisca-lía, se tomaron puntos de vista de expertos y se socializaron estos elementos con la ciudadanía. La prensa hizo énfasis importante en conocer y divulgar con precisión el hecho, desde la autop-sia de la víctima, el tipo de bala que ocasionó su muerte, el arma que la había disparado, la trayectoria que había seguido y el radio dentro del cual se tuvo que haber hecho el disparo. La prensa cubrió el accionar policial tocando las puertas de las casas que se encontraban en el circuito de la sospecha, indagó sobre el razona-miento seguido y mostraba cómo a partir de las evidencias se construían hipótesis y se buscaban sospechosos. La ciudadanía se sensibilizó con el caso y en las redes sociales circulaban mensajes pidiendo que no se efectuaran más disparos al aire libre.

El 27 de diciembre La Nación divulgó4 que la Sección Balística de la Policía Nacional extra-jo la bala del cuerpo de Paz Valentina y el fiscal indicó que sería el elemento principal para ana-lizar la presunta trayectoria del disparo y llegar a los presuntos responsables. También mencionó que estaban recogiendo testimonios ciudadanos para obtener más pistas. El 28 de diciembre Úl-tima Hora publicó que un policía y un taxista

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fueron demorados por el caso. Sobre el policía, el texto señaló que “La pistola incautada es una 3.57, así como también vainillas servidas sin percutir, que serán analizadas para determinar si se trata o no del arma que mató a la niña Paz Valentina (…)”5. En la nota se trata al policía como sospechoso y se da lugar a su versión –el agente aseguró no haber realizado ningún dispa-ro la noche en cuestión–. El otro detenido como sospechoso era un taxista que tenía una pistola calibre 38.

El 29 de diciembre ABC anunció que se identificó al autor del disparo: “Pericia confirma que taxista efectuó el disparo que mató a Paz Va-lentina”6. En la publicación se brindan detalles importantes de las evidencias, al mencionar que el detenido admitió haber disparado tras la No-chebuena desde su terraza con su revólver cali-bre 38 especial, modelo 827 Taurus, con número de serie QK585544, y que las pericias confirma-ron que la bala que ocasionó la muerte de la niña presentaba exactamente las mismas característi-cas que la extraída al señor Prisco Ledezma.

Marina kue – Ni autocrítica ni razonabilidad en las publicaciones

La función de la prensa para cubrir los suce-sos del 15 de junio de 2012 fue muy diferente a los casos de la Kuriju y la Bala Perdida. En el primer caso hubo autocríticas, llamados a la reflexión sobre la importancia de la responsabi-lidad de los medios y hasta sanas ironías para tratar el fiasco, una vez descubierta la mentira. En el segundo caso los medios mostraron nive-les importantes de responsabilidad y razonabili-dad para buscar, a partir de elementos concretos, a los responsables de lo sucedido. Pero casi nada de esto se cumplió en la cobertura de la masacre de Curuguaty.

A diferencia del caso de la Kuriju, la cober-tura del caso de Marina kue sigue sin autocríti-cas en los medios masivos. Es cierto que un año después las publicaciones de algunos medios cambiaron de tono, ya se posicionó el término “Marina kue” –que indica que esas tierras eran de la Armada Nacional– junto con el de Cam-

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pos Morombí, ya nadie vincula a los campesinos con el EPP o les atribuyen el uso de armas de guerra, e incluso hay programas que dan lugar a las voces de los civiles ocupantes, sus abogados defensores, líderes sociales y políticos que dan sus versiones, diferentes a la versión fiscal-poli-cial que hasta hoy sostiene que los campesinos emboscaron a policías que ingresaron a tierras de Riquelme para un desalojo pacífico.

Así también en el caso de la Bala Perdida, los medios de comunicación no siguieron un ca-mino similar a la investigación de la muerte de Paz Valenzuela. Para determinar los culpables del 15 de junio los medios se basaron en prejui-cios contra el campesinado y no en elementos concretos como autopsias, pericias, estudios de balística, pruebas de parafina, tipología y tra-yectorias de las balas, análisis de las armas, la vinculación de estas con determinadas personas, testimonios múltiples y otros. Ninguno de estos elementos que hubieran aportado para esclare-cer los hechos fue exigido a la policía y a la fis-calía (que tampoco los tienen), ni fue presentado a la ciudadanía para que esta analice críticamen-te los hechos.

A pesar de este comportamiento mediático, un año después de la masacre otra versión sobre lo sucedido en Marina kue se va construyendo y ganando consistencia. Pero esto no es gracias a un replanteamiento de la información difundi-da desde los medios masivos, a la luz del dere-cho de las personas a recibir información veraz, ecuánime y responsable. Se da gracias a la tozu-da resistencia de los familiares de las víctimas civiles de Marina kue, a la movilización ciuda-dana, las organizaciones sociales, grupos acadé-micos, referentes religiosos y algunos periodis-tas comprometidos honestamente con descubrir y revelar lo que sucedió aquel día. Fueron ellos quienes se encargaron de mostrar al conjunto de la sociedad las injusticias que se cometieron en Curuguaty hasta hacer crujir la inconsistente versión fiscal-policial; y todo indica que serán ellos quienes intentarán que el proceso judicial parcial, irracional y falaz que está en marcha, cambie su senda y pueda servir, efectivamente, para hacer justicia7.

1 http://archivo.abc.com.py/2007-02-15/articulos/310913/gigantesca-kuriju-devoro-a-ribereno

2 http://archivo.abc.com.py/2007-02-16/articulos/311228/aparecio-el-peon-que-supuestamente-habia-sido-devora-do-por-una-kuriju

3 http://blogs.ultimahora.com/post/78/18/index.html4 http://www.lanacion.com.py/articulo/106615-extrajeron-

una-bala-del-cuerpo-de-paz-valentina.html5 http://www.ultimahora.com/notas/588588-Un-policia-y-un-

taxista-quedan-demorados-por-el-caso-Paz-Valentina6 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-poli-

ciales/pericia-confirma-que-taxista-efectuo-el-disparo-que-mato-a-paz-valentina-495761.html

7 A modo de un feliz epílogo de este artículo, Alfredo Boccia escribió una autocrítica sobre la prensa y la cobertura del caso Marina kue, el sábado 15 de junio.

Ver en: http://blogs.ultimahora.com/post/7407/50/curugua-ty-a-traves-de-la-prensa.html.

Para acceder a otros análisis sobre la función de los medios

de comunicación en la cobertura del caso, se encuentran fácilmente en internet los informes de Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

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El exagerado endeudamiento público interno y externo

Lila Molinier*

El escenario de las finanzas públicas de los tres niveles del Estado (central, departamental, municipal) ha experimentado un cambio im-portante con la incorporación de los recursos adicionales generados por la Itaipú, unos 240 millones de dólares anuales, como efecto de la triplicación de la compensación por cesión de la energía paraguaya al Brasil1. El Presupues-to General de la Nación del presente año 2013 prevé el uso de dichos recursos integrados en dos fondos especiales: el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y, dentro de este, el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, creados para la asignación, ejecución y evaluación de dichos beneficios financieros2.

A pesar de que el Estado contaba con di-chos recursos adicionales, aunque bajo los me-canismos inadecuados de ambos fondos, y que el actual gobierno sólo duraría un año en sus funciones, en un contexto eleccionario inter-no (diciembre) y general (abril), el Ministerio de Hacienda incurrió en un excesivo endeuda-miento público interno y externo, asociado a un presupuesto nacional de gastos aprobado por el Congreso Nacional, también excedido para las características del presente año, de transición de un gobierno central a otro, así como de cambio en los gobiernos departamentales.

Por su lado, el proceso de crecimiento de la deuda pública interna y externa llevado a cabo adoptó nuevos procedimientos e instrumentos financieros, como los que referimos a continua-ción, con los que, al parecer, se proponen insta-lar nuevos mecanismos de financiamiento de la política monetaria y financiera, en un contexto de debilidad institucional y de condiciones po-líticas de excepción, como lo fue la coyuntura pos-juicio político y destitución del gobierno constitucional de Fernando Lugo en junio de 2012.

El bono perpetuoApenas transcurridos seis meses del gobier-

no de Federico Franco, en diciembre de 2012, el Ministerio de Hacienda dispuso la emisión de un Bono Perpetuo, no negociable e intransferible, por la suma de 3.927.460 millones de guaraníes, es decir, más de 3,9 billones de la moneda na-cional, equivalentes a más de 915,7 millones de dólares3, en el marco de la Ley Nº 3.974/20104, para cancelar totalmente la deuda pública inter-* Sociedad de Economía Política, mayo de 2013.

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directivos responsables de la operación asegura-ron a los medios de prensa que sólo se trataba de un ajuste contable-financiero, sin ningún costo para el Estado5. Para el BCP el hecho fortalecerá su patrimonio y le permitirá aplicar una política monetaria, con inflación baja y estable en el me-diano plazo6.

La deuda pública interna cancelada estaba integrada por los saldos de las deudas vencidas e impagas del Gobierno Central con el BCP; de las empresas públicas privatizadas –Líneas Aé-reas Paraguayas (LAP), Siderúrgica Paraguaya (Sidepar), Flota Mercante del Estado (Flome-res) y Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL)–, y de las del sector financiero público (Banco Nacional de la Vivienda, Fondo Gana-dero), arrastradas desde mediados de la década del noventa7.

De ahí que, de paso, el bono perpetuo “re-suelve el problema” creado por las deudoras durante los gobiernos de Juan Carlos Wasmosy y Luis González Macchi, al asumir actualmente el Tesoro Nacional la carga financiera (pago de interés anual) a largo e indefinido plazo. El Po-der Judicial se tomó su tiempo para resolver los casos judicializados a su manera; la mayoría de los directivos y empresas deudoras involucradas siguen operando en el mercado, con otros socios y otras denominaciones 8, por lo que al ser asu-mida institucionalmente la enorme deuda por el gobierno actual, se ha dado el paso de la condo-nación definitiva de la misma.

Los “bonos soberanos” Otro acontecimiento protagonizado por el

Ministerio de Hacienda ha sido la emisión de los llamados “bonos soberanos”, el 17 de enero

Cuadro 1: Bono perpetuo del Tesoro Nacional para cancelación total deuda interna con BCP

Bono perpétuo en G. Tasa de interés Interés anual en G. Dólares

3.927.460.000.000 0,25% 9.818.650.000 2.289.263

Tipo de cambio promedio: 4.289FUENTE: BCP, Informe económico diciembre 2012

na del Tesoro Nacional con el Banco Central del Paraguay (BCP). La tasa de interés anual deven-gada es de 0,25% (Cuadro 1).

Esta operación permitirá, según la adminis-tración actual del Ministerio de Hacienda, por un lado, la capitalización del BCP y, por otro, un saneamiento de las cuentas estatales, que se traduciría en una señal de mayor transparencia a ser proyectada hacia el mundo exterior.

El bono perpetuo, sin plazo de vencimiento, generará intereses por un valor cercano a 10.000 millones de guaraníes al año, o unos 2,3 millo-nes de dólares al cambio del día, a ser pagados por el Tesoro Nacional al BCP. Sin embargo, los

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de 2013, y su colocación a nivel internacional en marzo, por un monto de 500 millones de dólares, a 10 años de plazo y una tasa inicial de 4,625%9. El agente intermediario es el Citi Bank, median-te el cobro de una comisión del 0,4% sobre el total emitido.

Dichos bonos no se justifican en un gobierno con un año de duración, por su excesivo monto, el tipo de megaproyectos a financiar10 y la dispo-nibilidad del crédito externo de los organismos de cooperación internacional en condiciones blandas de financiamiento. La suma compro-metida es equivalente al 22% del saldo de la deuda externa, a fines de diciembre de 201211, y este crecimiento del endeudamiento externo condicionará los próximos dos períodos de go-bierno, como mínimo, por la considerable carga financiera asumida, los intereses y la amortiza-ción del capital a ser pagados en dicho lapso, restando capacidad a los gobiernos de turno para negociar nuevos créditos externos, relacionados con sus propios proyectos de inversión. Con-siderando la tendencia de los créditos y de la deuda pública externa paraguaya, es sólo com-parable con el llamado “crédito chino”, de 400 millones de dólares con un banco privado chino, despilfarrado por el gobierno de González Ma-chi (1999-2003)12. Esta comparación, justamen-te, genera el temor de que la historia se repita con los “bonos soberanos”.

Pero el objetivo real de la operación fue otro: mejorar la imagen del país, supuestamente, para atraer inversiones directas de capitales extranje-ros, sin competir con otros proyectos privados por fondos locales13. Según el ministro de Ha-cienda actual y los directivos de la Asociación de Bancos del Paraguay, el país necesita salir a los mercados internacionales, abrir camino a las empresas privadas, para que en el futuro cerca-no estas puedan conseguir financiación de largo plazo a tasas menores14. Es decir, para lograr los objetivos de expansión, promovidos por el sec-tor bancario y financiero, aceleraron el ritmo de endeudamiento público externo, a pesar de que esos resultados podrían lograrlo con menos del 50% del monto de dicha deuda, 200 millones de dólares, como aconsejaba el manejo prudente del endeudamiento público externo15.

La medida asumida no sorprende, ya que el actual ministro de Hacienda la planteó como es-trategia necesaria para atraer mayor inversión de capital extranjero al Paraguay, desde su función anterior como asesor de los sectores agroexpor-tadores y financieros del país. Pero compromete seriamente al directorio actual del Banco Cen-tral del Paraguay al aprobar dicha estrategia, a pesar de su ortodoxia monetarista y cuantitati-vista16. La pregunta surgida es dónde quedó esa preocupación ante los llamados “bonos sobera-nos”, y los 500 millones de dólares de disposi-ción inmediata desde enero 2013. Tres meses después, aún no fueron aplicados por la falta de definición de los proyectos de inversión a finan-ciar con dichos fondos, mientras los intereses de la deuda contraída ya están en curso.

Los bonos nacionales El 13 marzo del presente año el Ministerio

de Hacienda ejecutó otra emisión y colocación de bonos a nivel nacional, a través del BCP, por una suma total de 478.000 millones de guara-níes, equivalentes a 119,5 millones de dólares al cambio del día.

Las condiciones de la colocación evidencian también la presión que ejercerá la carga finan-ciera de pago de interés y la devolución del principal, por el corto plazo acordado, con un promedio de 3,5 años, con variaciones de 2 a 5 años, y las tasas de interés relativamente al-tas, de 8,10% en promedio, con variaciones de 7,20% a 9% (Cuadro 2).

Según la noticia publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda, “la colocación de es-tos fondos permite coadyuvar con el objetivo de política monetaria del Banco Central, retirando liquidez del mercado y promoviendo una mayor dinámica del sistema financiero.”17. ¿Quiere decir que el Tesoro Nacional ejecuta funciones que corresponden al BCP? ¿Que no es suficiente la considerable cantidad de circulante captado a través de los Instrumentos de Regulación Mone-taria por el Banco Central del Paraguay en rela-ción con la política monetaria? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de buscar esos objetivos

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por la vía de los bonos nacionales, es decir, de endeudamiento interno?

Para responder a estas preguntas, observa-mos que en el mes de marzo el BCP no realizó colocaciones de instrumentos de regulación mo-netaria (IRM) y que el stock de estos había lle-gado a febrero a un total de 4.916.860 millones de guaraníes, es decir, a casi 5 billones, ¡¡¡repre-sentando el 6,1% del PIB!!! Esta situación no varió en marzo. El rendimiento anual de los IRM actualmente incentiva las colocaciones a mayor plazo, con tasas de 8,2% para los documentos de 281 días y más (más de 9 meses), mientras que en el otro extremo, de 15 a 100 días, tiene el rendimiento más bajo, de 6,3% (Cuadro 3)18.

La comparación entre los plazos y los ren-dimientos de los bonos y de los IRM evidencia que los bonos nacionales serían más ventajosos y convenientes, por los plazos establecidos de 2 a 5 años y las tasas de interés. Pero plantea du-

das en cuanto a su eficacia como una estrategia de restricción del circulante para la regulación monetaria. En todo caso, su función podría ser la de fuente de financiamiento público interno, siempre que las tasas de interés se mantengan en márgenes competitivos respecto del mercado de financiamiento público.

Nuestra hipótesis es que podríamos estar ante el comienzo de la nueva estrategia de re-gulación monetaria definida en su carácter de deuda pública interna, con cargo en el Tesoro Nacional, con la cual se estaría resolviendo la antigua discusión a nivel gubernamental sobre si los instrumentos de regulación monetaria (IRM), con cargo en el presupuesto del BCP, son o no son deuda pública interna. De hecho, en el mes de marzo no se hicieron colocaciones en IRM19. Llama la atención que esta estrategia sea implementada en marzo, en el contexto de menor grado de inflación en los últimos años20.

Cuadro 2: Deuda pública interna. Bonos nacionales del 13.03.2013

Millones de guaraníes % interés Vencimiento Tenedor/ acreedor Distribución

245.000 7,20% 2 años Fdo de Garantía de Depósitos 51,3%

50.000 7,80% 3 años Banco Itaú 10,5%

33.000 8,40% 4 años Banco Atlas 6,9%

150.000 9,00% 5 años Banco Citi Bank 31,4%

478.000 8,10% 3,5   100%

FUENTE: www.hacienda.gov.py/noticias

Cuadro 3: Colocaciones de Insrumentos de Regulación Monetaria (IRM)Según plazo y rendimiento anual. En porcetajes.

Plazos Distribución del total de colocaciones de IRM Rendimiento anual

15 a 100 días 38,70% 6,30%

101 a 200 días 25,80% 7,10%

201 a 280 días 21,80% 7,60%

281 a más días 13,80% 8,20%

FUENTE: BCP, Informe económico marzo de 2013.

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Si ello es así, la política antiinflacionaria y su financiamiento deben ser materia de discusión pública, no exclusiva del BCP.

Además, un poco más del 51% del valor total emitido fue adquirido por el Fondo de Garantía de Depósitos, a 2 años de plazo. Este es un órga-no del BCP, con un régimen de financiamiento propio. Forma parte del régimen de garantía le-gal de los depósitos del sistema financiero, re-lacionado con la resolución de las entidades de intermediación financiera. Está constituido con financiamiento público y privado, para proteger parcialmente el ahorro del público en el sistema financiero, en las instituciones privadas autori-zadas a operar por el BCP21. De manera que la intención real del 50% de los bonos nacionales fue fortalecer el Fondo de Garantía de Depósi-tos y generar condiciones de estabilidad para el mercado bancario y financiero nacional.

ConclusionesEn menos de un año, en el contexto de la cri-

sis mundial y de incertidumbres a nivel regional, bajo las condiciones de excepción que represen-tó el gobierno de Federico Franco, tras el gol-pe parlamentario y la destitución del gobierno constitucional de Fernando Lugo, el crecimiento de la deuda pública interna y externa fue acele-rado, y cambió su estructura, en forma no con-veniente para las finanzas públicas, en el preciso momento en eéstas comenzaban a fortalecerse con los recursos adicionales generados por la triplicación de la compensación por cesión/ex-portación de la energía hidroeléctrica de Itaipú, pagada por el Brasil.

El excesivo crecimiento de la deuda pública interna, de corto, mediano y largo plazo, es el mecanismo por el cual se fortalecen la institu-cionalidad y estabilidad de la política monetaria y financiera del BCP y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, la deuda pública externa volvió a incorporar al sector privado internacional como acreedor, a tasas variables de interés, para una importante partida sobre el total, más del 20%, o 1 de cada 5 dólares adeudados, cambiando la

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disciplina construida desde inicios de la transi-ción política, que revirtió la tendencia de la cri-sis de la deuda de la década del 80 con los acree-dores de la banca privada internacional, y que volvió a decaer en el 2002-2003 con el “crédito chino”, generando déficit fiscales estresantes para las finanzas públicas.

Este proceso seguido a nivel nacional no es nuevo a nivel regional ni mundial, y está aso-ciado con la especulación monetaria y financiera que se desarrolla en los contextos de crisis del capital internacional, que busca recomponer de este modo las condiciones de acumulación en tiempos de dificultades para aumentar en forma incesante sus niveles de rentabilidad. La política económica nacional debe reorientar su política de crecimiento y endeudamiento interno y exter-no, evitando a los acreedores privados especu-

1 Esta triplicación está basada en los acuerdos entre Para-guay-Brasil del 25 de julio de 2009, durante los gobiernos de Fernando Lugo y Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, junto con otros cinco puntos de la agenda de negociación. Fueron aprobados por el Congreso Nacional brasileño el 14 de mayo de 2011, con base en la Nota Reversal Nº 4, 1 de sep-tiembre de 2009, aprobados por Ley Nº 3.923/2009, remiti-da por el Congreso Nacional paraguayo.

2 Por Ley Nº 4.758, promulgada el 21 de septiembre de 2012, con base en un proyecto distinto de las propuestas presen-tadas al Congreso Nacional a mediados de 2011.

3 El tipo de cambio nominal es de 4.280 guaraníes por dólar, al cambio del 8 de mayo de 2013, en que se realizó la entre-ga del bono del Tesoro Nacional al BCP.

4 Que define aspectos del presupuesto de la política mone-taria.

5 “Deuda histórica con BCP se salda con bonos perpetuos del Tesoro”, Asunción, 09 de mayo de 2013. En: www.abc.com.py

6 BCP, Informe económico diciembre de 2012, pp. 20-21.7 BCP, Informe mes de diciembre de 2012, pp. 22-23 y Cuadro

Nº 33.8 “Deuda histórica con Ob. Cit., 2013. La ley marco estaba

prevista desde el 2010.9 “Paraguay hace historia en Wall Street de EE.UU. al colocar

sus bonos a sólo 4,625%”, Asunción, 18 de marzo de 2013. En www.abc.com.py

10 El objetivo sería financiar la construcción de obras públicas, como puentes y túneles en los cruces de las arterias prin-cipales en Asunción (MA); la expansión y el aumento de la calidad de distribución de la red de electrificación (ANDE); el fortalecimiento de la Industria Nacional del Cemento y la capitalización de la Agencia Financiero de Desarrollo (AFD), según el proyecto presentado.

11 El saldo de la deuda externa pública a fines de diciembre de 2012 fue de 2.249,3 millones de dólares. En: www.bcp.gov.py/Informeeconómicomarzode2013, Cuadro Nº 52.

12 El crédito de 400 millones, otorgado por dos bancos in-ternacionales chinos de Taiwán, la China Trust e ICBC, fue solicitado al inicio del gobierno de Raúl Cubas, 1998, re-nunciante tras los sucesos del Marzo Paraguayo (marzo de 1999), pero lo utilizó el gobierno de la Unidad Nacional (marzo 1999-2003), que no pudo pagar ni la primera cuota, en julio de 2003, por lo que el gobierno siguiente, de NDF, tuvo que renegociarlo en el contexto de la grave crisis de las finanzas públicas, resultado de las crisis bancarias de 1996-2002, y las medidas de salvataje, del BCP.

13 “Bonos soberanos sitúan al Paraguay en el escenario finan-ciero mundial”, Asunción, 17.09.2012, en: www.lanación.com.py/negocios

14 “Emisión de bonos expone fortalezas y debilidades del plan económico 2013”, Asunción, 25.09.2012, en: www.ul-timahora.com.py/economía.

15 Se hace referencia a la propuesta de César Barreto, ex mi-nistro de Hacienda, 2005-2008. Ídem.

16 Llegó hasta el grado de producir la recesión productiva en el 2011, al restringir al máximo el circulante y atraer la disponibilidad monetaria y financiera del mercado hacia la compra de Letras de Regulación Monetaria, supuestamen-te, por temor a la inflación.

17 www.hacienda.gov.py/noticias/13demarzode2013.18 www.bcp.gov.py/informeeconomicomarzo201319 Ídem.20 Según el BCP, la inflación mensual de marzo fue de -0,1%;

el acumulado de enero a marzo, de 0,3%; y el anual, marzo de 2012 a 2013, el 1,2%.

21 Ley Nº 2.334/2003, de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera, sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito. Disponible en: www.bcp.gov.py/Resoluciones.

ladores, y optando por las condiciones blandas de financiamiento. En cuanto al financiamiento público externo, en términos de largo plazo y de bajas tasas de interés, como los que obtiene con los organismos regionales y mundiales de coo-peración y financiamiento para el desarrollo.

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Alianza del Pacífico o una falsa noticia

Marcelo Zero*

Los conservadores brasileños tienen un nue-vo fetiche: la Alianza del Pacífico. Se trata de un nuevo bloque económico-comercial que preten-de agregar, en un área de libre comercio, a Chile, Perú, Colombia, México y Costa Rica.

Según las noticias que nos proporcionan los grandes medios de comunicación, la Alianza del Pacífico fue creada para hacer un contrapeso al Mercosur, un bloque de economías “estatizadas” y “poco dinámicas”, que rechazan las “bonda-des” del libre comercio. Todavía de acuerdo con nuestros paleo-liberales, que persisten en sus creencias panglossianas aún después de la crisis del capitalismo sin reglas, el futuro pertenece a la Alianza, al mismo tiempo que el Mercosur se corresponde con el atraso, el estancamiento y el aislamiento.

Bueno, es necesario observar que cualquier bloque económico de Sudamérica o Latinoa-mérica que no incluya al Brasil no tendrá ma-yor peso regional. Brasil es la sexta economía mundial y el Mercosur en su conjunto ya repre-senta la cuarta economía mundial, más delante de Alemania y Japón. En contrapartida, México, la gran economía de la Alianza del Pacífico, es la decimocuarta economía mundial (datos del 2011) y la Alianza como un todo representaría la novena economía del planeta. Además, ningún país de la Alianza llega cerca del peso demográ-fico, geográfico y geopolítico que tiene Brasil hoy en el mundo.

Algunos argumentarán que la Alianza ex-porta más que el Mercosur. Es verdad. Debido a las grandes exportaciones de México, fruto especialmente de su participación en el Nafta,

* Especialista en Relaciones Internacionales. Asesor de los senadores del PT y de los partidos que apoyan al gobierno en el área de Política Exterior, Mercosur, etc. (Traducción de Derlis Darío Riveros, sj).

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internacionales

este bloque exporta más, efectivamente. Sin em-bargo, estos defensores de la Alianza no men-cionan que la balanza comercial de México es deficitaria. Entre 2002 y 2011, según los datos de la Aladi, México acumuló aproximadamente US$ 72 mil millones de déficit en su balanza co-mercial. No mucho si consideramos el flujo co-mercial mexicano, pero es algo significativo. En contraste, Brasil acumuló, en el mismo periodo, un superávit de US$ 303 mil millones, que con-tribuye mucho para superar la vulnerabilidad exterior de nuestra economía.

En segundo lugar, Brasil y el Mercosur ya tienen libre comercio o comercio en gran me-dida facilitado con los países de Sudamérica que se adhirieron a la Alianza del Pacífico. En algunos casos, hace mucho tiempo. Chile, por ejemplo, formalizó su asociación al área de libre comercio del Mercosur ya en 1996, con la firma del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile (ACE Nº 35). Perú, a su vez, se adhirió a la zona de libre comercio del Merco-sur en 2003, con firma del Acuerdo de Comple-mentación Económica Mercosur-Perú (ACE Nº 58/03). Y Colombia, junto a Ecuador y Venezue-la, se convirtió en miembro asociado del Mer-cosur en 2004, mediante la firma del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Co-lombia-Ecuador y Venezuela (ACE Nº 59/04).

O sea, todos estos países de la Alianza, más el resto de los países de América del Sur (a ex-cepción de Guyana y Surinam), ya hacen parte, en mayor o menor grado, del área de libre co-mercio del Mercosur. La única gran diferencia, con relación a los miembros plenos del bloque (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Vene-zuela), es que aquellos no son parte de la Unión Aduanera del Mercosur y ni participan en sus instituciones políticas.

Como resultado de esta integración, las ex-portaciones de Brasil para esos países aumentan exponencialmente. Con Colombia, las exporta-ciones brasileñas aumentaron de US$ 638 millo-nes, en 2002, a US$ 2,83 mil millones en 2012. Con relación al Perú, nuestras exportaciones su-bieron de apenas US$ 438 millones a US$ 2,4 mil millones, en el mismo periodo. En lo que concierne a Chile, las exportaciones brasileñas

aumentaron de US$ 1,4 mil millones, en 2002, a US$ 5,4 mil millones, en 2011. Digamos, de paso, que Brasil tiene alentadores superávits con todos estos países.

Además, estos países de América del Sur que participan de la Alianza del Pacífico ya tienen, obligados por esos acuerdos citados y los acuer-dos firmados en el ámbito de la Comunidad Andina, libre comercio entre ellos. Por ende, la única novedad de la Alianza es la propuesta de libre comercio entre esos países y México. En ese sentido, la Alianza del Pacífico no es más que, por el momento, un acuerdo de libre co-mercio entre México y algunos países restantes de la Comunidad Andina, ya que Ecuador, Bo-livia y Venezuela no pretenden adherirse. No se piense, por otro lado, que la Alianza del Pacífico suponga conseguir acceso fácil al mercado nor-teamericano. Cualquier acuerdo con los Estados Unidos tendrá que pasar por el colador draco-niano del Congreso norteamericano, que exigirá de los países de la Alianza mucho más que libre comercio.

Much ado about nothing (mucho ruido y pocas nueces), diría el dramaturgo de Stratford-upon-Avon.

La política de México y su impactoCon relación a México, Brasil firmó el Acuer-

do de Complementación Económica Nº 53, ya en 2002. Tal acuerdo, si bien menos ambicioso que los demás acuerdos citados aquí, estableció preferencias tarifarias a cerca de 800 productos de la pauta exportadora. Además, Brasil y Mé-xico firmaron, también en 2002, el Acuerdo de Complementación Económica Nº 55/02, desti-nado únicamente a establecer un mayor inter-cambio comercial de automóviles.

Por consiguiente, la Alianza del Pacífico no tiene ningún impacto significativo sobre la realidad económico-comercial de América del Sur y América Latina. Ni sobre el Brasil y el Mercosur. Al menos que los demás países abandonen el Mercosur, cosa muy improbable, ella no representa amenaza real para el Brasil y al auténtico proceso de integración. Su impac-

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to mayor es apenas político-ideológico: ella re-presenta simbólicamente la apuesta estratégica e incondicional en el librecambismo, como so-lución mágica para los problemas económicos y sociales de nuestra región. Con la crisis del capitalismo sin regulación, esa pauta ya debería estar definitivamente enterrada, pero, como el ave fénix, ella resurge tercamente de sus propias cenizas para engañar a los incautos.

Relativamente a este asunto, es interesante cotejar la experiencia reciente de México con la de Brasil.

México, además de adherirse enteramente al acuerdo asimétrico de la Nafta, ya en 1992, fir-mó nada menos que 32 acuerdos de libre comer-cio. Se trata del país campeón en libre comercio, el que más acuerdos de ese tipo celebró en el mundo.

Si los teóricos del librecambismo tuvieran razón, México sería la economía más dinámica e innovadora del mundo. Con todo, los resultados efectivos son, por decir amablemente, dudosos.

Después de un periodo inicial de euforia con las nuevas inversiones norteamericanas y con el gran aumento de su comercio internacional, principalmente con la creación de empresas “maquiladoras” en la frontera con los Estados Unidos, los inevitables efectos negativos de una integración tan asimétrica con la mayor econo-mía del mundo fueron cada vez más evidentes.

En el área industrial hubo un gran desmoro-namiento de la estructura productiva nacional. Muchas empresas mexicanas no consiguieron sobrevivir a la competencia de la producción industrial de los Estados Unidos. Y las que lo-graron sobrevivir fueron, en buena parte, com-pradas a bajo precio por grupos económicos norteamericanos. Eso pasó de un modo especial en la otrora pujante industria textil mexicana, que pasó a la órbita de la cadena productiva de los Estados Unidos.

En el área agrícola se generó una notable in-seguridad alimenticia. México, que era exporta-dor de granos en el periodo pre-Nafta, pasó a importarlos de los Estados Unidos casi en su

totalidad. Tal proceso de destrucción de las cul-turas agrícolas se dio inclusive en lo que toca al maíz, base de la alimentación y de la culinaria mexicana. Hoy en día el maíz utilizado en Mé-xico es casi todo cosechado en los Estados Uni-dos, que subsidia fuertemente su producción. Aunque la agricultura más moderna e irrigada haya sobrevivido, la agricultura familiar fue muy afectada.

Además, se fragilizó la protección jurídica al medioambiente y se “precarizaron” las relacio-nes laborales, en virtud de los privilegios con-cedidos a los inversores norteamericanos, en el capítulo sobre inversiones del Nafta.

La consecuencia más importante fue, con todo, el aumento de las desigualdades regio-nales y sociales en México. Pocos fueron los mexicanos “ganadores” en la integración con los Estados Unidos y con los demás acuerdos de libre comercio, concentrado principalmente en el norte del país. Las demás regiones, prin-cipalmente el Sur de México, y la gran masa de obreros urbanos y rurales mexicanos no se bene-ficiaron en la misma medida, como se esperaba. En realidad, se dio un incremento significativo de las asimetrías regionales y sociales, impul-sados por los efectos económicos disgregadores y destructores de la integración con los Estados Unidos.

Un estudio hecho por el Banco Mundial, en 2007, titulado Lessons from Nafta for Latin America and the Caribbean Countries: A Sum-mary of Research Findings (Lecciones del Nafta para los países de América Latina y el Caribe: resumen de las conclusiones de la investiga-ción), mostró cabalmente que los efectos de la inserción internacional de México, a lo largo del Nafta, fueron significativamente regresivos.

Además, la economía mexicana se volvió todavía más dependiente de la economía de los Estados Unidos, dependencia que no fue reverti-da con la firma de los otros acuerdos de libre co-mercio. Con la crisis, que afectó profundamente la economía norteamericana, México práctica-mente no creció, en 2008, y en 2009 su PIB cayó casi un 7%.

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En los primeros 10 años de este siglo el PIB per cápita (PPP) de México creció apenas 12%, muy por debajo del crecimiento del Brasil (28%). En realidad, México sólo superó, en este cómputo, a la frágil Guatemala, el país que me-nos creció en toda América Latina, con base en este parámetro concreto. El reciente crecimien-to de México, obtenido gracias, esencialmente, al flujo de capitales especulativos, no muda ese cuadro estructural.

En cuanto a las grandes inversiones que Mé-xico esperaba recibir, en razón de sus concesio-nes incondicionales al libre comercio, ellas se dirigieron hacia China, una economía bastante “estatizada” pero al mismo tiempo extremada-mente dinámica, en un volumen inconmensura-blemente mayor.

En lo que se refiere a innovación tecnológi-ca, México, como reconoce la propia Academia Mexicana de Ciencias (AMC), es uno de los países más atrasados del mundo. Para tener una idea, las universidades chinas consiguieron, en 2011, el reconocimiento de aproximadamente 35 mil patentes. Las universidades mexicanas requirieron apenas 70, y de ese total solamen-te 35 fueron reconocidas. Para los que pensaron que la apertura económica llevaría automática-mente al desarrollo tecnológico, México es un contraejemplo evidente. Maquiladoras no gene-ran innovación.

La inserción de BrasilEn Brasil, por contraste, la estrategia de

inserción económica en el escenario mundial produjo resultados altamente progresivos. De hecho, Brasil adoptó una estrategia de inserción inversa a la de México y la de otros países de la región. A partir del Gobierno de Lula, nuestro país (Brasil) rechazó con claridad la propuesta norteamericana del ALCA, que contenía cláusu-las idénticas a la del Nafta, y apostó por la inte-gración regional, vía Mercosur y Unasur, en la gran diversificación de sus asociaciones estraté-gicas, especialmente con los demás BRICs, y en la articulación geopolítica Sur-Sur, sin descui-dar, sin embargo, sus buenas relaciones con los países más desarrollados.

El gran aumento de nuestras exportaciones y los alentadores superávits comerciales que proporcionó esa estrategia fueron decisivos para reducir sustancialmente nuestra vulnerabilidad exterior, ajustar la deuda externa y crear un pa-norama económico propicio para la reducción de las tasas de interés y la retomada del creci-miento. Además de eso, tal estrategia aumentó significativamente nuestro protagonismo inter-nacional y nuestra autonomía político-diplomá-tica. El resultado más elocuente de esa inserción internacional, junto al modelo de desarrollo bra-sileño, hace referencia al hecho de que, en Bra-sil, fue beneficiada la mayoría de la población.

Y así, al contrario de México y de otros paí-ses de la región, Brasil es hoy un actor mundial de primera línea, que consigue articular exito-samente los intereses regionales y los anhelos de los países en desarrollo en todos los foros internacionales relevantes. Nuestro país hizo una elección estratégica acertada, y supo apro-vechar pragmáticamente los cambios en el or-den geoeconómico mundial, que movieron el centro dinámico de la economía internacional hacia los países emergentes. Los países que apostaron por la integración asimétrica con los Estados Unidos y las demás grandes economías internacionales no cosecharon, en general, los frutos pregonados por el ideario paleo-liberal y se convirtieron más vulnerables a la crisis mundial, que viene afectando más intensamen-te a las economías de la Tríada (Estados Uni-dos, Unión Europea y Japón).

La tendencia, digamos de paso, es que los países emergentes continúen presentando mayor dinamismo, lo que recomienda que se siga con esa estrategia exitosa, que nos transformó en un auténtico global player, con un flujo comercial bastante diversificado.

La Alianza del Pacífico, el nuevo modismo del librecambismo regional, no pasa, por consi-guiente, de un espejismo paleo-liberal.

Una mezcla de ideología con datos mal asi-milados. Una falsa noticia.

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¿Quién dice que todo está perdido…?

Margot Bremer, rscj

El Colectivo es de Todos (ómnibus)El otro día hice la siguiente reflexión en mi

viaje cotidiano en colectivo a mi lugar de traba-jo: Estamos en un ómnibus, del latín es dativo y ablativo de omnis plural, lo que quiere decir “para todos”, “con todos”. Pensaba en el inven-tor de esta clase de vehículo que debe haber sido un genio con gran sentido comunitario, quien –además de resolver un problema de transporta-ción– sabía promocionar el sentido democrático que desarrolla la organización espontánea para que todos viajemos bien. Esta oportunidad de ensayarse cada mañana en una especie de au-togobierno incluye, por supuesto, la disponibili-dad a cierto sacrificio de cada uno/a. Lo estamos ensayando cada mañana cuando renunciamos, aunque no siempre libremente, al espacio de medio pie para que pueda caber una persona más. De este modos no hay peligro de caerse a pesar de los frenazos y arranques bruscos, pues estamos envueltos por “todos” (ómnibus) so-bre la base de pie y medio cada uno/a. A veces los saltos, causados por los baches, ocasionan pisotones y –con suerte– una posterior reorga-nización de los pies. Cuando sube una persona mayor, una embarazada, un padre o una madre con niño en brazo, muchas veces los jóvenes sentados cierran los ojos instantáneamente y se asocian a los demás sentados, vencidos por el sueño. Observando este panorama todos los días, precipitadamente llegué a la conclusión de que estamos perdiendo las ocasiones para de-sarrollar y practicar nuestro sentido democráti-co que nos ofrecen estos viajes en el ómnibus. Mientras estaba pensando eso, recibí un suave golpe en mi hombro de un señor que se había

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pensar y creer

levantado para ofrecerme su asiento. Mi toma de asiento fue semejante a la caída de mi casita construida en el aire que me obligó deshacer mi conclusión anterior mediante una rápida e im-provisada relectura. Más que pensar, sentí una nueva im-presión, pues basta una sola experien-cia positiva para poder recuperar la esperanza en la posibilidad de llegar a una auténtica democra-cia. Y me cuestioné a mí misma con la canción ¿quién dice que todo está perdido?

Conciencia de un Resto que la Tierra es de Todos

La Biblia cuenta la experiencia sufrida de un pueblo que se fundó para vivir en justicia e igualdad, convencido de que eso era el pro-yecto de Dios. En sus múltiples fracasos, caídas y derrotas nunca perdieron esta convicción, la que les daba firmeza y fuerza para comenzar de nuevo. Tal experiencia impulsó a los teólogos del pueblo a elaborar una teología del “resto”. Más que una convicción era la fe, una fe polí-tico-popular-mística, la que aquellos teólogos profundizaron y sistematizaron esta experiencia del “resto”.

Jeremías, por ejemplo, contemporáneo de la crisis más profunda de toda la historia de su pue-blo, anunciaba que un “resto” entre campesinos subsistiría toda la catástrofe para constituirse en semilla de un pueblo renovado, generador de una nueva existencia con organización circular heredada en vez de la oligárquica elitista, co-piada de otros pueblos. Para Jeremías el resto del pueblo se basaba en el “pueblo de la tierra” empobrecido a causa de altos impuestos del Estado y de la explotación inmisericorde de la oligarquía residiendo en Jerusalén la que poseía la mayor parte de la tierra de Israel. Este pue-blo de la tierra tomaba conciencia desigualdad socioeconómica existente, la que visibilizaba la traición de su utopía de convivencia.

Un texto paradigmático que sufrió muchas relecturas por ser un hecho que se repite tantas veces en la historia puede iluminar lo dicho. En 1 Re 21 cuentan que un campesino de nombre Nabot se negaba vender su viña al rey quien se

lo había pedido. Nabot quería ser fiel al princi-pio de igualdad, fundamento de la constitución de su pueblo. La tierra debería ser para todo el pueblo y el rey debería ser uno más, un “herma-no” (Dtr 17,14-20) del mismo. Con eso, el cam-pesino se había enfrentado con una monarquía absolutista. Su representante, el rey, era ambi-cioso apoyado por su esposa aún más ambicio-sa. La negación de Nabot al rey le costó la vida, pues jueces y testigos corruptos le sentenciaron a muerte. Se trataba de un juicio ilegítimo del Estado a un ciudadano quien había defendido los derechos del pueblo, y por eso fue crimina-lizado como reo de muerte. Al enterarse el pro-feta Elías, este sorprendió al rey en el momento en que aquel quería apropiarse ilegalmente de la tierra del ejecutado. Ahora fue el profeta quien le hizo un legítimo juicio en nombre del pue-blo y de Dios: “¿Además de asesinar, quieres usurpar la tierra?... ¡te vendiste! Arrastraste a tu pueblo al crimen” (1 Re 20-22), y con esa pa-labra le anunció las consecuencias de su crimen, sentencia que no quedaba en el oparei: en él iba a repercutir lo mismo que había hecho con el campesino; lo expresó con palabras tan crueles como el crimen mismo cometido por el rey: “En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán la tuya” (1 Re 21,19).

Nabot representaba a un resto del campesi-nado, que inspiró a las siguientes generaciones a seguir reivindicando sus derechos1 y a refun-dar así el pueblo (cf. libro Rut). El sueño de una sociedad alternativa no murió con Nabot, sino desde su sangre inocente, desde la raíz de este “resto fiel”, germinaron en el pueblo estos sue-ños heredados que nunca podían ser truncados.

La Tierra paraguaya es de Todos (ómnibus)

Para subsistir hoy, muchos campesinos tie-nen que recurrir a changas, con muy baja remu-neración. Otros están obligados –por ausencia de una política agraria– a arrendar o vender sus tierras. Con ese panorama, diariamente familias campesinas emigran hacia la periferia de las ciudades dejando sus tierras atrás que les habían dado subsistencia y autonomía.

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Sin embargo, “no todo está perdido”, pues existen pequeños grupos campesinos, un “res-to fiel” que han optado quedarse con sus tierras y luchar por más que necesitan para sobrevivir. Uno de esos grupos organizados es el de los campesinos de Curuguaty. Han demostrado a la sociedad entera que, además de su coraje, tam-bién sabían utilizar su arandu ka´aguy, aquella sabiduría que les había dado su relación diaria con la naturaleza que se juntó con el sueño de tierra suficiente para todos. Investigaron el caso de las tierras de Marina kue. Y por eso sabían que no era propiedad privada del Sr. Blas N. Ri-quelme, sino tierra en trámite de ser comprada por el Estado y reservada para la tan necesaria Reforma Agraria. Estos campesinos, hoy crimi-nalizados como Nabot, actuaron según su dere-cho a más tierra, ocupando un territorio ilegíti-mamente apropiado por un usurpador de tierras; se trataba de una tierra mal habida como tantas otras.

Semilla nueva que brota del Resto La experiencia urbana en el colectivo, junto

con la iluminación del hecho de Curuguaty me-diante el texto de Nabot, me ha dado un nuevo enfoque a la herida más profunda que hemos recibido el año pasado con aquella masacre. El testimonio de los campesinos de Curuguaty, que dieron su vida unos y su libertad otros, mediante un reclamo “escenificado” por mayor igualdad en la repartición de la tierra, había sido el “res-to fiel” que luchó por algo que todos estamos anhelando, sin movernos. Han actualizado la historia de Nabot. La inmensa injusticia y crimi-nalización de este “resto fiel”, con que se quería justificar el cambio ilegítimo del gobierno, ha despertado a la ciudadanía paraguaya y le abrió los ojos de tanta maquinación.

La población paraguaya se puso de pie al escuchar esta noticia astrosa de un puñado de unos 50 campesinos que arriesgaron enfrentarse contra 350 policías fuertemente armados, hasta con helicóptero, con su única arma del derecho a tierra. En esta lucha desigual, 11 campesinos, además de 6 policías, regaron la tierra con su sangre, tierra paraguaya que es de todos –óm-

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nibus– y que debe ser administrada y distribui-da en justicia por un gobierno competente. En total, 114 veces, cuentan los sobrevivientes, ahora presos, habían ido antes a Asunción para pedir esta parte de tierra en trámites para la Re-forma Agraria, la que nunca se puso en marcha. El hecho ocurrido ha sacudido no solamente a los afectados, no solamente al campesinado pa-raguayo, sino a toda la población paraguaya. Esta herida no quiere cicatrizarse hasta que no se haga justicia a los campesinos presos, acusa-dos de un crimen que no fue, y hasta que no se indemnice a los familiares de los ejecutados en Marina kue.

El hecho ocurrido el 15 de junio del año pa-sado se imprimió en la consciencia de los para-guayos y unió al pueblo en la espera del juicio como causa de todos –ómnibus–. Los verdade-ros culpables lo saben y, por temor a una reac-ción, aplazan continuamente la audiencia preli-minar. El juicio a los campesinos presos va a ser la piedra de toque para la consciencia democrá-tica del pueblo paraguayo. Aquel “resto fiel” de los campesinos de Curuguaty nos ha devuelto y renovado la consciencia de que el país es de todos (ómnibus); si no, no sería nuestra patria. Y por eso: ¿quién dice que todo está perdido?

1 “La gente del pueblo y sus mujeres presentaron quejas muy duras contra sus hermanos judíos: ‘Somos de la misma cultura que nuestros hermanos y nuestros hijos no son diferentes a sus hijos’” (Neh 5,5).©

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* En marzo de este año el periodista y escritor paraguayo Julio Benegas presentó su libro en la Plaza Italia de Asunción. Al poco tiempo tuvo que reeditarlo y sigue recorriendo ciuda-des del país y de Argentina.

** Periodista de E’a y de Base Investigaciones Sociales.

Sobre el libro “La masacre de Curuguaty, golpe sicario en el Paraguay”*

Jorge González Solís**

El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez decía que el periodismo puede contar un mismo hecho de formas distintas. Para el periodismo indiferente el suceso es “Asesinados acaudalado granjero y 3 familiares”, mientras que para Tru-man Capote es “A sangre fría”1.

Benegas es de esta segunda escuela, defensor de un periodismo que se funde con literatura y que, a diferencia de Capote, más que por el éxi-to personal, está motivado por el compromiso político. El suyo es un periodismo gustoso de leer, pero a la vez justiciero.

En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de esta misma línea: “Lo que son los yerbales” de Rafael Barrett, “Operación Masacre” de Ro-dolfo Walsh, “O Masacre: El Dorado do Cara-jás: uma historia de impunidade” del brasileño Eric Nepomuceno y “La patagonia rebelde” de Osvaldo Bayer, por mencionar algunos más conocidos.

Antes de este libro el relato sobre Curuguaty era casi solamente el de las empresas de co-municación, caracterizado por la deformación de la realidad, la victimización policial, el en-

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cubrimiento a usurpadores de tierras, la crimi-nalización campesina y un abordaje macro del caso.2

En sus páginas Benegas humaniza a los pro-tagonistas, los baja del podio mediático que algunos de ellos comparten con Bin Laden o Hannibal Lecter. A Rubén Villalba lo muestra con miedo, con dudas, quebradizo por la pena que siente por sus compañeros caídos, pero tam-bién con reflotante coraje.

En sus escasas 126 páginas, su trabajo peri-odístico integra los elementos dispersos del suceso y ayuda al lector a dimensionarlo y sensi-bilizarse. Lo hace a través de las microhistorias, el relato biográfico, el detalle, el testimonio, la recreación de pensamientos, sentimientos y paisajes de la vida de campo, y en algún mo-mento puede que caiga en una idealización de ciertos elementos o de sus entrevistados.

Explora una narrativa donde predomina el castellano, pero construye frases enteras en guaraní, en un esfuerzo por crear una forma de contar fresca y cálida, tal vez un poco más cer-

1 Ver el artículo “Cronistas: la banda de testarudos”, de Al-berto Salcedo Ramos: http://www.elpuercoespin.com.ar/2013/04/10/cronistas-la-banda-de-los-testarudos-por-alberto-salcedo-ramos/

2 El Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) , y otras relatorías de organizaciones locales e internacionales también aportaron para dilucidar los aconte-cimientos. Especialmente con testimonios de los campesinas y las campesinas y testigos.

cana al relato oral de nuestras abuelas que a los estilos rioplatenses que tanto influyen en nuestro medio.

Si bien todo su escrito es atravesado por una posición procampesina, es un trabajo objetivo. En nuestra tierra, cuando se trata de relatar lo que vive el campesinado, no hace falta mentir, exagerar, deformar, basta con contarlo. Ni qué decir en torno a lo que pasó aquel 15 de junio.

Al terminar de leer el libro y al levantar la vista hacia los últimos acontecimientos en torno al caso (el golpe de Estado, el bochornoso pro-ceso fiscal, los un año), uno entiende la crimi-nal arrogancia de los patrones de la tierra en Paraguay. Ese entramado de mafias que ahora, a través de su institucionalidad judicial, pretenden juzgar al campesinado –tras quitarle la tierra, los derechos, el futuro y la vida– por la osadía de haberse defendido. Para los patrones, lo correcto debió ser que mueran obedientes, mansos, resig-nados. Como siempre lo fue hasta aquel viernes.

Morir defendiéndose.

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