Proyecto de Acción de Inconstitucionalidad vs. #LeyTelecom rechazado por el @ifaimexico

Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de

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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIN Y PROTECCIN DE DATOS RGANO AUTNOMO PRESIDENCIA

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS

IFAI-OA-DGAJ--14

Mxico, D.F., a XX de agosto del 2014. 2014, Ao de Octavio Paz".

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ASUNTO: Se promueve ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra de los artculos 30, 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da catorce de julio del dos mil catorce.

MINISTROS QUE INTEGRAN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN P R E S E N T E S

DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, en mi carcter de comisionada Presidenta

del Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos, rgano

constitucional autnomo, garante del artculo 6o. de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos y Representante Legal de dicho Instituto, en los

trminos dispuestos por el artculo 36 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental y 20 fraccin II del Reglamento

Interior del Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos;

sealando como domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado

en el inmueble marcado con el nmero 3211 de la Avenida Insurgentes Sur,

Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegacin Coyoacn, Cdigo Postal 04530, en

Mxico, Distrito Federal; designando como delegados, en los trminos ms

amplios que prev el artculo 62, segundo prrafo de la Ley Reglamentaria de las

fracciones I y II del artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos a los licenciados en derecho: RICARDO SALGADO PERRILLIAT,

MARA DEL CONSUELO BAUTISTA BALTAZAR, SANDRA MARIANA


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MIRAMONTES FIGUEROA, RIGOBERTO MARTNEZ BECERRIL, ERICK

MONTIEL GAMBOA, ULISES NGELES BOJRQUEZ, MARTIN TORRES

CONTRERAS, LIZETH GABRIELA RODRGUEZ GARCA Y ALEJANDRA

MENDOZA VILLEGAS, as como a la C. MNICA MORALES GONZLEZ,

indistintamente; ante Ustedes, respetuosamente comparezco y expongo:

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso h), de la fraccin II, del artculo

105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y dems relativos

y aplicables de su Ley Reglamentaria, dentro del plazo establecido en el segundo

prrafo de la fraccin II, del precepto constitucional citado y 60, de la Ley

Reglamentaria, por medio del presente ocurso en representacin del Instituto

Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos promuevo ACCIN DE

INCONSTITUCIONALIDAD en contra los artculos 30, 189 y 190, fracciones I, II y

III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, expedido mediante

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el catorce de julio de dos

mil catorce, para lo cual, con fundamento en el artculo 61 de la Ley Reglamentaria

de las fracciones I y II del artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos, se colman a cabalidad los requisitos siguientes:

I. Nombre del promovente:

Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos,

representado por su Comisionada Presidenta, Dra. Ximena Puente de la Mora.


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II. Los rganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las

normas generales impugnadas:

A. rgano Legislativo: H. Congreso de la Unin, integrado por las Cmaras

de Diputados y Senadores.

B. rgano Ejecutivo: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se

public:

Los artculos 30, quinto prrafo, 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, expedida mediante decreto

publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da catorce de julio de dos mil

catorce, que a la letra disponen:

Artculo 30. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos

establecidos en esta Ley, los comisionados podrn tratar asuntos de su

competencia con personas que representen los intereses de los

agentes regulados por el Instituto, nicamente mediante entrevista.

Para tal efecto, deber convocarse a todos los comisionados, pero la

entrevista podr celebrarse con la presencia de uno solo de ellos.


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De cada entrevista se llevar un registro que al menos deber contener

el lugar, la fecha, la hora de inicio y la hora de conclusin de la

entrevista; los nombres completos de todas las personas que

estuvieron presentes en la misma y los temas tratados.

Esta informacin deber publicarse en el portal de Internet del Instituto.

Las entrevistas sern grabadas y almacenadas en medios

electrnicos, pticos o de cualquier otra tecnologa,

mantenindose como informacin reservada, salvo para las otras

partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio, los

dems comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la

Repblica en caso de que est sustanciando un procedimiento de

remocin de un comisionado. La grabacin de cada entrevista

deber estar a disposicin de los dems comisionados. Las

entrevistas debern realizarse en las instalaciones del Instituto.

()

(nfasis aadido)

Artculo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su

caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y

contenidos estn obligados a atender todo mandamiento por escrito,

fundado y motivado de la autoridad competente en los trminos que

establezcan las leyes.


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Los titulares de las instancias de seguridad y procuracin de justicia

designarn a los servidores pblicos encargados de gestionar los

requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la

informacin correspondiente, mediante acuerdos publicados en el

Diario Oficial de la Federacin.


caso, los autorizados debern:

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuracin y

administracin de justicia, en la localizacin geogrfica, en tiempo real,

de los equipos de comunicacin mvil, en los trminos que establezcan

las leyes.

()

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen

desde cualquier tipo de lnea que utilice numeracin propia o

arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con

precisin los siguientes datos:

a) Nombre, denominacin o razn social y domicilio del suscriptor;

b)Tipo de comunicacin (transmisin de voz, buzn vocal, conferencia,

datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvo o transferencia de


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llamada) o servicios de mensajera o multimedia empleados (incluidos

los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las

comunicaciones de telefona mvil: nmero de destino, modalidad de

lneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de lneas de

prepago;

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duracin de la

comunicacin, as como el servicio de mensajera o multimedia;

e) Adems de los datos anteriores, se deber conservar la fecha y hora

de la primera activacin del servicio y la etiqueta de localizacin

(identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

f) En su caso, identificacin y caractersticas tcnicas de los

dispositivos, incluyendo, entre otros, los cdigos internacionales de

identidad de fabricacin del equipo y del suscriptor;

g) La ubicacin digital del posicionamiento geogrfico de las lneas

telefnicas, y

h) La obligacin de conservacin de datos, comenzar a contarse a

partir de la fecha en que se haya producido la comunicacin.


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Para tales efectos, el concesionario deber conservar los datos

referidos en el prrafo anterior durante los primeros doce meses en

sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las

autoridades competentes, a travs de medios electrnicos. Concluido

el plazo referido, el concesionario deber conservar dichos datos por

doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrnico,

en cuyo caso, la entrega de la informacin a las autoridades

competentes se realizar dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes, contadas a partir de la notificacin de la solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este

inciso, se realizar mediante los mecanismos que determinen las

autoridades a que se refiere el artculo 189 de esta Ley, los cuales

debern informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el

prrafo tercero, fraccin I del presente artculo.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los

autorizados, tomarn las medidas tcnicas necesarias respecto de los

datos objeto de conservacin, que garanticen su conservacin,

cuidado, proteccin, no manipulacin o acceso ilcito, destruccin,

alteracin o cancelacin, as como el personal autorizado para su

manejo y control.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la proteccin,

tratamiento y control de los datos personales en posesin de los


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concesionarios o de los autorizados, ser aplicable lo dispuesto en la

Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los

Particulares;

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el

artculo 189 de esta Ley, que as lo requieran, conforme a sus

atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.

Queda prohibida la utilizacin de los datos conservados para fines

distintos a los previstos en este captulo, cualquier uso distinto ser

sancionado por las autoridades competentes en trminos

administrativos y penales que resulten.


autorizados, estn obligados a entregar la informacin dentro de un

plazo mximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la

notificacin, siempre y cuando no exista otra disposicin expresa de

autoridad competente;

()

IV. Los preceptos constitucionales que se estiman violados:

Artculos, 1, 6, Apartado A, fracciones I y II; 16, prrafos primero y segundo

y 20, apartado B, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,

que establecen:


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Artculo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarn de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucin y en

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, as

como de las garantas para su proteccin, cuyo ejercicio no podr

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que

esta Constitucin establece.

()

Artculo 6o. ()

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacin, la Federacin,

los Estados y el Distrito Federal, en el mbito de sus respectivas

competencias, se regirn por los siguientes principios y bases:

I. Toda la informacin en posesin de cualquier autoridad, entidad, rgano y

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, rganos

autnomos, partidos polticos, fideicomisos y fondos pblicos, as como de

cualquier persona fsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos

pblicos o realice actos de autoridad en el mbito federal, estatal y

municipal, es pblica y slo podr ser reservada temporalmente por

razones de inters pblico y seguridad nacional, en los trminos que

fijen las leyes. En la interpretacin de este derecho deber prevalecer el

principio de mxima publicidad. Los sujetos obligados debern documentar

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o


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funciones, la ley determinar los supuestos especficos bajo los cuales

proceder la declaracin de inexistencia de la informacin.

II. La informacin que se refiere a la vida privada y los datos personales

ser protegida en los trminos y con las excepciones que fijen las leyes.

()

Artculo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la proteccin de sus datos personales, al

acceso, rectificacin y cancelacin de los mismos, as como a manifestar su

oposicin, en los trminos que fije la ley, la cual establecer los supuestos

de excepcin a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones

de seguridad nacional, disposiciones de orden pblico, seguridad y salud

pblicas o para proteger los derechos de terceros.

()

Artculo 20. El proceso penal ser acusatorio y oral. Se regir por los

principios de publicidad, contradiccin, concentracin, continuidad e

inmediacin.

A.-()

B. De los derechos de toda persona imputada:


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I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad

mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

()

V. Derechos fundamentales que se estiman violados:

Derecho de acceso a la informacin, a la seguridad jurdica, a la vida

privada y a la proteccin de datos personales.

VI. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin es competente para

conocer de la presente accin de inconstitucionalidad, de conformidad con lo

dispuesto por los artculos 105, fraccin II, inciso h, de la Constitucin Poltica de

los Estados Unidos Mexicanos, 10, fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial

de la Federacin, y 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artculo

105 constitucional, toda vez que se solicita la declaracin de inconstitucionalidad

de los artculos 189 y 190, fraccin I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusin.

VII. Oportunidad en la promocin.

Con fundamento en los artculos 105, fraccin II de la Constitucin Poltica

de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de su Ley Reglamentaria, el plazo para la


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presentacin de la accin de inconstitucionalidad es de treinta das naturales,

contados a partir del da siguiente al de la publicacin de la norma impugnada.

En el presente caso se solicita la declaracin de invalidez de los artculos

189 y 190, fraccin I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin,

expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el

catorce de julio de dos mil catorce, por lo que el plazo para presentar la accin

corre del quince de julio al trece de agosto, ambos del presente ao.

VIII. Legitimacin activa del Instituto Federal de Acceso a la Informacin y

Proteccin de Datos para promover la accin de inconstitucionalidad:

El siete de febrero de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la

Federacin, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

transparencia mediante el cual, en entre otras cosas, se adicion con el inciso h),

a la fraccin II del artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, mediante la cual se otorg legitimacin activa al Instituto Federal de

Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos, para impugnar leyes de carcter

federal, estatal y del Distrito Federal, as como tratados internacionales celebrados

por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repblica, que vulneren

el derecho al acceso a la informacin pblica y la proteccin de datos personales,

en el siguiente sentido:


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Artculo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin conocer, en los

trminos que seale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

()

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la

posible contradiccin entre una norma de carcter general y esta

Constitucin.

Las acciones de inconstitucionalidad podrn ejercitarse, dentro de los

treinta das naturales siguientes a la fecha de publicacin de la norma, por:

a) ()

()

h).- El organismo garante que establece el artculo 6o. de esta Constitucin

en contra de leyes de carcter federal, estatal y del Distrito Federal, as

como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y

aprobados por el Senado de la Repblica, que vulneren el derecho al

acceso a la informacin pblica y la proteccin de datos personales.

Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la

Repblica, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el

rgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

().


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El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

transparencia antes enunciado, en los trminos dispuestos por su artculo primero

transitorio, entr en vigor al da siguiente de su publicacin, esto es, el ocho de

febrero del presente ao.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artculo octavo transitorio del

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

transparencia, en tanto el Congreso de la Unin expide las reformas a las leyes

respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el

artculo 6o. de la Constitucin Federal ejercer sus atribuciones y competencias

conforme a lo dispuesto al citado Decreto y a la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental vigente. Para mejor referencia se

cita la disposicin transitoria descrita:

OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unin expide las reformas a las

leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que

establece el artculo 6o. de esta Constitucin ejercer sus atribuciones y

competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica

Gubernamental vigente.


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As las cosas y a la luz del citado precepto constitucional, la suscrita, en mi

carcter de Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la

Informacin y Proteccin de Datos y Representante Legal de dicho Instituto, con

fundamento en el artculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del

artculo 105 constitucional, aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad, segn lo dispone el diverso 59 del mismo ordenamiento legal,

comparece ante ese Alto Tribunal a interponer la presente Accin de

Inconstitucionalidad en contra de los artculos 30, 189 y 190, fracciones I, II, y III;

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin.

IX. CONCEPTO DE INVALIDEZ:

PRIMERO.- El Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de

Datos, estima que el artculo 30, prrafo quinto, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin, vulnera el derecho de acceso a la

informacin contenidos en el artculo 6 constitucional, con base en lo siguiente:

El artculo 6, apartado A, fraccin I, dispone a la letra lo siguiente:

Artculo 6. ()





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I. Toda la informacin en posesin de cualquier autoridad, entidad,

rgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

rganos autnomos, partidos polticos, fideicomisos y fondos

pblicos, as como de cualquier persona fsica, moral o sindicato que

reciba y ejerza recursos pblicos o realice actos de autoridad en el mbito

federal, estatal y municipal, es pblica y slo podr ser reservada

temporalmente por razones de inters pblico y seguridad nacional,

en los trminos que fijen las leyes. En la interpretacin de este

derecho deber prevalecer el principio de mxima publicidad. Los

sujetos obligados debern documentar todo acto que derive del ejercicio de

sus facultades, competencias o funciones, la ley determinar los supuestos

especficos bajo los cuales proceder la declaracin de inexistencia de la

informacin.

Del precepto constitucional anterior, se advierte claramente que el

Constituyente permanente instituy como un elemento fundamental para el

ejercicio del derecho de acceso a la informacin, la prevalencia principio de

mxima publicidad.

A mayor abundamiento, en la iniciativa de reforma constitucional en materia

de transparencia presentada por las Senadoras y Senadores de los Grupos

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde

Ecologista de Mxico, en el apartado denominado: b) Principios que rigen al

organismo garante federal, se estableci que la inclusin del principio de mxima

publicidad se realizaba entendida como una forma de orientar la interpretacin


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y aplicacin de la norma, pero tambin como una regla en las actuaciones de las

dependencias pblicas obligadas y del organismo garante. En este sentido, en el

caso de que existan dudas entre la publicidad o reserva de la informacin, deber

favorecerse inequvocamente la publicidad de la misma. La mxima publicidad

ser el canon interpretativo por el que, en materia de acceso a la informacin

pblica, deber guiarse el rgano garante al que se le estpa dotando de

autonoma constitucional.

Por otra parte, en la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE

LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.,

presentada por Senadores del Partido Accin Nacional, se dispuso que: La

mxima publicidad implica el privilegiar el inters pblico as como la difusin de

informacin pblica, til, oportuna y de inters, relativa al ejercicio de las

atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados a los que debe vigilar y

controlar.

As las cosas, en el Dictamen realizado por las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupcin y de Rgimen,

Reglamentos y Prcticas Parlamentarias, a la Minuta de la Cmara de Diputados

con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artculos

de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

transparencia, se hizo nfasis en que: La mxima publicidad ha sido un principio

probado y calificado como indispensable en la materia de acceso a la informacin,

pero no slo implica que toda aquella informacin sea considerada como pblica,


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sino realmente generar criterios que permitan ponderar corduras de reserva frente

a la mxima publicidad, y el dao que se pueda generar, para ello, el organismo

debe generar directrices que permitan determinar el alcance de la mxima

publicidad en relacin con la propia informacin que se solicite, debiendo siempre

valorar las consideraciones que la autoridad vierta, as como los terceros

afectados que se encuentren involucrados con la informacin a entregarse.

Ahora bien y en otro orden de ideas,el artculo 30 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin seala una causal de reserva de la

informacin atpica, ya que dispone que los comisionados del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, podrn tratar asuntos de su competencia con personas que

representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto Federal de

Telecomunicaciones, nicamente mediante entrevista y que stas sern grabadas

y almacenadas en medios electrnicos, pticos o de cualquier otra tecnologa,

mantenindose como informacin reservada, salvo para las otras partes en los

procedimientos seguidos en forma de juicio, los dems comisionados, el Contralor

Interno y el Senado de la Repblica en caso de que est sustanciando un

procedimiento de remocin de un comisionado.

En efecto, el enunciado artculo 30 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin, dispone a la letra lo siguiente:

Artculo 30. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos

establecidos en esta Ley, los comisionados podrn tratar asuntos de su


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competencia con personas que representen los intereses de los agentes

regulados por el Instituto, nicamente mediante entrevista.

Para tal efecto, deber convocarse a todos los comisionados, pero la

entrevista podr celebrarse con la presencia de uno solo de ellos.

De cada entrevista se llevar un registro que al menos deber contener el

lugar, la fecha, la hora de inicio y la hora de conclusin de la entrevista; los

nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes en la

misma y los temas tratados.

Esta informacin deber publicarse en el portal de Internet del Instituto.

Las entrevistas sern grabadas y almacenadas en medios electrnicos,

pticos o de cualquier otra tecnologa, mantenindose como

informacin reservada, salvo para las otras partes en los

procedimientos seguidos en forma de juicio, los dems comisionados,

el Contralor Interno y el Senado de la Repblica en caso de que est

sustanciando un procedimiento de remocin de un comisionado. La

grabacin de cada entrevista deber estar a disposicin de los dems

comisionados. Las entrevistas debern realizarse en las instalaciones

del Instituto.

()


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Del artculo antes transcrito, podemos advertir que de cada entrevista que

lleven a cabo los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones con

las personas que representen los intereses de los agentes regulados por el

Instituto, se llevar un registro que al menos deber contener el lugar, la fecha, la

hora de inicio y la hora de conclusin de la entrevista; los nombres completos de

todas las personas que estuvieron presentes en la misma y los temas tratados, la

cual deber publicarse en el portal de Internet del Instituto.

Sin embargo, resulta prudente destacar, que el quinto prrafo del artculo 30

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, prev que las

entrevistas sern grabadas y almacenadas en medios electrnicos, pticos o de

cualquier otra tecnologa, mantenindose como informacin reservada, salvo para

las otras partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio, los dems

comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la Repblica en caso de que

est sustanciando un procedimiento de remocin de un comisionado, lo que

representa un verdadero atentado al principio de mxima publicidad.

Lo anterior, constituye una restriccin al derecho de acceso a la informacin

contenido en el artculo 6 constitucional, en tanto que no cumple con el criterio de

proporcionalidad, al establecer el supuesto general de que las entrevistas son

reservadas sin precisar cules son las razones especficas de orden pblico que

autoricen a reservar todas las entrevistas en cuestin, lo que deriva en una

inadecuada ponderacin entre el derecho de acceso a la informacin pblica y el

fin y objetivo que se busca con su restriccin.


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De igual forma la ausencia de estos elementos da lugar a una relacin desmedida

entre la restriccin de acceso a la informacin y los propsitos que se buscan

alcanzar, ya que considerar que toda la informacin que derive de las entrevistas

es reservada sin permitir que se analice caso por caso, se acredite qu contenidos

de informacin cumplen o no con la prueba de dao para su resguardo en tanto

que: i) impide el derecho de acceso por el medio menos gravoso, ii) es contrario al

principio de mxima publicidad al establecer como regla la negativa de acceso a

las entrevistas en comento, y iii) no permite realizar una prueba de dao respecto

del contenido de cada entrevista.

As las cosas, el artculo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusin, vulnera el derecho de acceso a la informacin pblica contenido en

el artculo 6 constitucional, por restringir el principio de mxima publicidad, al

establecer de forma tajante una causal de reserva que no se ajusta al rgimen de

excepcin contenido en el artculo constitucional referido.

SEGUNDO.- El Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de

Datos, estima que los artculos 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin, vulneran el derecho fundamental a la

proteccin de los datos personales, y como consecuencia de esta transgresin, a

su vez se violentan los derechos a la vida privada y a la seguridad jurdica, todos

reconocidos en los artculos 6, inciso A, fraccin II y 16 de la Constitucin Poltica,

atendiendo a lo siguiente:


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Los enunciados artculos 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin, publicados en el Diario Oficial de la

Federacin el da catorce de julio de dos mil catorce, disponen a la letra:


caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y

contenidos estn obligados a atender todo mandamiento por escrito,

fundado y motivado de la autoridad competente en los trminos que

establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuracin de justicia

designarn a los servidores pblicos encargados de gestionar los

requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la

informacin correspondiente, mediante acuerdos publicados en el

Diario Oficial de la Federacin.

Artculo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso,

los autorizados debern:

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuracin y

administracin de justicia, en la localizacin geogrfica, en tiempo real,

de los equipos de comunicacin mvil, en los trminos que establezcan

las leyes.


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Cualquier omisin o desacato a estas disposiciones ser sancionada

por la autoridad, en los trminos de lo previsto por la legislacin penal

aplicable.

El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artculo

189 de esta Ley, establecer los lineamientos que los concesionarios

de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados debern adoptar

para que la colaboracin a que se refiere esta Ley con dichas

autoridades, sea efectiva y oportuna;

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen

desde cualquier tipo de lnea que utilice numeracin propia o

arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con

precisin los siguientes datos:


b) Tipo de comunicacin (transmisin de voz, buzn vocal, conferencia,







prepago;


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telefnicas, y




referidos en el prrafo anterior durante los primeros doce meses en

sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las

autoridades competentes, a travs de medios electrnicos. Concluido

el plazo referido, el concesionario deber conservar dichos datos por

doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrnico,

en cuyo caso, la entrega de la informacin a las autoridades

competentes se realizar dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes, contadas a partir de la notificacin de la solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este

inciso, se realizar mediante los mecanismos que determinen las


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autoridades a que se refiere el artculo 189 de esta Ley, los cuales

debern informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el

prrafo tercero, fraccin I del presente artculo.


autorizados, tomarn las medidas tcnicas necesarias respecto de los

datos objeto de conservacin, que garanticen su conservacin,

cuidado, proteccin, no manipulacin o acceso ilcito, destruccin,

alteracin o cancelacin, as como el personal autorizado para su

manejo y control.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la proteccin,

tratamiento y control de los datos personales en posesin de los

concesionarios o de los autorizados, ser aplicable lo dispuesto en la

Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los

Particulares;

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el

artculo 189 de esta Ley, que as lo requieran, conforme a sus

atribuciones, de conformidad con las leyes.

Queda prohibida la utilizacin de los datos conservados para fines

distintos a los previstos en este captulo, cualquier uso distinto ser

sancionado por las autoridades competentes en trminos

administrativos y penales que resulten.


Datos



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autorizados, estn obligados a entregar la informacin dentro de un

plazo mximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la

notificacin, siempre y cuando no exista otra disposicin expresa de

autoridad competente;

Atendiendo al contenido de los dispositivos legales antes transcritos, el Instituto

que legalmente represento, considera que stos violan los derechos humanos a la

a la proteccin de los datos personales, y como consecuencia de esta

transgresin, a su vez se violentan los derechos a la vida privada y a la seguridad

jurdica, todos reconocidos en los artculos 6, inciso A, fraccin II y 16 de la

Constitucin Poltica, con base en las razones que se a continuacin se exponen:

a) Al derecho a la proteccin de los datos personales.

El prrafo segundo del artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la proteccin de los datos personales, al

acceso, rectificacin y cancelacin de los mismos, as como a la manifestacin de

su oposicin, en los trminos que fije la ley, la cual establecer los supuestos de

excepcin a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de

seguridad nacional, disposiciones de orden pblico, seguridad y salud pblicas o

para proteger los derechos de terceros.


Datos



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27

El derecho a la proteccin de datos personales se encuentra reconocido en

los artculos 6, inciso A, fraccin II y 16, segundo prrafo de la Constitucin

Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes trminos:

Artculo 6o. La manifestacin de las ideas no ser objeto de ninguna

inquisicin judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algn delito, o

perturbe el orden pblico; el derecho de rplica ser ejercido en los

trminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacin ser garantizado

por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a informacin plural y oportuna,

as como a buscar, recibir y difundir informacin e ideas de toda ndole por

cualquier medio de expresin.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artculo se observar lo

siguiente:




Prrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013

I. Toda la informacin en posesin de cualquier autoridad, entidad, rgano

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, rganos

autnomos, partidos polticos, fideicomisos y fondos pblicos, as como de

cualquier persona fsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos

pblicos o realice actos de autoridad en el mbito federal, estatal y


Datos



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municipal, es pblica y slo podr ser reservada temporalmente por

razones de inters pblico y seguridad nacional, en los trminos que fijen

las leyes. En la interpretacin de este derecho deber prevalecer el

principio de mxima publicidad. Los sujetos obligados debern documentar

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones, la ley determinar los supuestos especficos bajo los cuales

proceder la declaracin de inexistencia de la informacin.

Fraccin reformada DOF 07-02-2014

II. La informacin que se refiere a la vida privada y los datos personales

ser protegida en los trminos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artculo 16.

()


acceso, rectificacin y cancelacin de los mismos, as como a manifestar

su oposicin, en los trminos que fije la ley, la cual establecer los

supuestos de excepcin a los principios que rijan el tratamiento de datos,

por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pblico,

seguridad y salud pblicas o para proteger los derechos de terceros.

()

Como es posible observar en los preceptos constitucionales transcritos, en

particular de lo dispuesto en el artculo 6 de nuestra carta magna, el derecho a la


Datos



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29

proteccin de los datos personales y el derecho a la vida privada se encuentran

fuertemente vinculados, por lo cual al analizar las transgresiones al derecho a la

proteccin de los datos personales se realizarn algunas referencias al segundo

derecho mencionado.

Este derecho de proteccin de datos personales, en el mbito nacional, se

encuentra regulado en dos perspectivas, de acuerdo a la naturaleza del sujeto

pasivo que lleva a cabo el tratamiento de los datos. La primera es la que recae

sobre el tratamiento que dan sujetos estatales pblicos a la informacin personal

de los gobernados y su regulacin se encuentra en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental y la normativa

derivada de sta. La segunda es aquella que refiere al tratamiento de datos

personales llevado a cabo por personas fsicas y morales de carcter privado; esta

ltima se encuentra regulada a nivel nacional en la Ley Federal de Proteccin de

Datos Personales en Posesin de los Particulares, su Reglamento y dems

normatividad secundaria.

Al respecto, resulta prudente destacar que el objeto de la Ley Federal de

Proteccin de Datos Personales en Posesin de los Particulares es la proteccin

de datos de carcter personal y su finalidad regular su tratamiento legtimo,

controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la

autodeterminacin informativa de las personas.

As pues, una de los aspectos relevantes y distintivos del derecho de la

proteccin de los datos personales es la autodeterminacin informativa, el cual ha


Datos



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ha sido definido por el Poder Judicial de la Federacin en relacin con el derecho

a la intimidad o a la proteccin de la vida privada, en la siguiente:

DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIN CON EL DERECHO DE

LA AUTODETERMINACIN DE LA INFORMACIN. Los textos constitucionales y

los tratados internacionales de derechos humanos recogen el derecho a la

intimidad como una manifestacin concreta de la separacin entre el mbito

privado y el pblico. As, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un

mbito privado que se encuentra reservado frente a la accin y conocimiento de

los dems y tiene por objeto garantizar al individuo un mbito reservado de su vida

frente a la accin y conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien

los Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese

mbito reservado por el individuo para s y su familia; asimismo garantiza el

derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad

de la informacin tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el

derecho de la autodeterminacin de la informacin que supone la posibilidad de

elegir qu informacin de la esfera privada de la persona puede ser conocida o

cul debe permanecer en secreto, as como designar quin y bajo qu condiciones

puede utilizar esa informacin. En este contexto, el derecho a la intimidad impone

a los poderes pblicos, como a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no

difundir informacin de carcter personal entre los que se encuentran los datos

personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no

entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el Estado a travs de

sus rganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la

proteccin de este derecho.


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Amparo en revisin 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayora de votos. Disidente:

Nefito Lpez Ramos. Ponente: Vctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario:

Erick Fernando Cano Figueroa.

En el criterio jurisprudencial antes referido, el Poder Judicial de la

Federacin manifest que el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de

un mbito privado que se encuentra reservado frente a la accin y conocimiento

de los dems y tiene por objeto garantizar al individuo un mbito reservado de su

vida frente a la accin y conocimiento de terceros, ya sean simples particulares o

bien los Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su titular el poder de

resguardar ese mbito reservado por el individuo para s y su familia; asimismo

garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la

publicidad de la informacin tanto de la persona como de su familia; lo que se

traduce en el derecho de la autodeterminacin de la informacin que supone

la posibilidad de elegir qu informacin de la esfera privada de la persona

puede ser conocida o cul debe permanecer en secreto, as como designar

quin y bajo qu condiciones puede utilizar esa informacin.

Con base en lo anterior podemos afirmar que la autodeterminacin

informativa como elemento del derecho a la proteccin de los datos personales, es

la facultad de elegir qu informacin de la esfera privada de la persona puede ser

conocida o cul debe permanecer en secreto, as como designar quin y bajo qu

condiciones puede utilizar esa informacin.


Datos



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As las cosas, partiendo de la base que la Geolocalizacin realizada

mediante los dispositivos mviles inteligentes son un dato personal, puesto que los

equipos de comunicacin mvil estn inextricablemente vinculados a una persona.

Esto es, en la dinmica existente respecto del uso de telefona mvil, no es

concebible desvincular un equipo de telefona mvil de su usuario o usuarios, ya

que precisamente se trata de instrumentos creados para brindar una serie de

servicios a personas y precisamente debido a cualidades como su portabilidad,

resulta lgico afirmar que la ubicacin de las personas se encuentra sujeta a la

autodeterminacin informativa en cuanto constituye un dato personal.

Con base en lo antes mencionado, si los artculos 189 y 190, fracciones I, II

y III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin permiten la

geolocalizacin de personas sin su consentimiento e inclusive sin su conocimiento,

luego entonces podemos decir que tales dispositivos legales vulneran del derecho

a la proteccin de los datos personales consagrado en el artculo 16

constitucional, segundo prrafo, en tanto inhiben la facultad de autodeterminacin

que sobre su ubicacin, dato personal, posee toda persona.

Aunado a lo anterior, la localizacin en tiempo real de dispositivos de

comunicacin mvil, constituye una interferencia con el derecho a la privacidad de

las personas, en tanto que si bien, el derecho a la privacidad no es un derecho

absoluto y, por tanto, puede ser restringido, esto es solamente vlido siempre que

las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar

previstas en ley, perseguir un fin legtimo y cumplir con los requisitos de idoneidad,


Datos



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necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad

democrtica.

En efecto, no basta con que las medidas persigan un fin legtimo, como lo

puede ser la investigacin y sancin de delitos, sino que debe cumplir con la

totalidad de los requerimientos constitucionales y convencionales, lo cual no

sucede en el caso del artculo 190 fraccin I, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sealado

que las medidas de restriccin al derecho a la privacidad, en especial las medidas

de vigilancia encubierta, deben ser precisas e indicar reglas claras y detalladas

sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser

adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el

procedimiento a seguir entre otros elementos, lo que no sucede respecto de la

geolocalizacin que permite el artculo 190, fraccin I, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin.

En este sentido, el artculo 190 fraccin I de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin incumple el requisito de previsin en la ley,

en tanto no se encuentran detallados aspectos bsicos sobre las condiciones y

circunstancias en las que la localizacin geogrfica, en tiempo, real de equipos de

comunicacin mvil puede llevarse a cabo.


Datos



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A mayor detalle, el artculo 190 fraccin I contempla a las instancias de

seguridad dentro de aquellas autoridades facultadas para obtener la localizacin

geogrfica, en tiempo real, de equipos de comunicacin mvil, sin que dichas

instancias de seguridad se encuentren definidas en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin o en cualquier otro ordenamiento vigente, lo

cual representa una clara violacin del requisito de previsin en la ley de

restricciones al derecho a la privacidad, en tanto que no se definen a las

enunciadas instancias de seguridad, lo que genera una indefinicin respecto de

los sujetos activos facultados para solicitar obtener la localizacin geogrfica, en

tiempo real, de equipos de comunicacin mvil.

Asimismo, no se sealan de manera clara, precisa y detallada las

circunstancias en las que las distintas autoridades pueden solicitar la localizacin

geogrfica, en tiempo real, de equipos de comunicacin mvil. En el caso de las

instancias de seguridad, en tanto ni siquiera su identificacin precisa se

encuentra definida en las leyes. La indefinicin de estas autoridades y de las

circunstancias en las que las mismas pueden llevar a cabo la medida de vigilancia

representan una grave omisin que obliga a que las referencias a dichas

instancias de seguridad sean declaradas inconstitucionales y expulsadas del

ordenamiento jurdico.

Por otra parte, ni el artculo 190 fraccin I, ni el Cdigo Nacional de

Procedimientos Penales definen las circunstancias en las que el Ministerio Pblico

puede vlidamente solicitar la localizacin geogrfica, en tiempo real, de equipos

de comunicacin mvil, lo cual incluso contraviene lo sealado por la Suprema


Datos



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Corte de Justicia de la Nacin al resolver la Accin de Inconstitucionalidad

32/2012, pues en aquella decisin se resolvi que la localizacin geogrfica, en

tiempo real, de equipos de comunicacin mvil, solamente poda considerarse

constitucional si, inter alia, se limitaba su uso a situaciones excepcionales para la

investigacin de delitos particularmente graves definidos precisamente en la ley.

Igualmente no se definen otras circunstancias como el procedimiento a

seguir, el tratamiento de los datos de localizacin obtenidos, ni las salvaguardas

necesarias para detectar e impedir el abuso de la medida de vigilancia. Dichas

circunstancias deben estar establecidas de manera clara, precisa y detallada en

una ley en sentido formal y material. La ausencia de tales precisiones conlleva la

inconstitucionalidad del artculo 190,fraccin I, al violar el derecho a la privacidad

de la ciudadana reconocido en los artculos 6 y 16 de la Constitucin, 11.2 de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

Finalmente, este rgano garante de los artculos, 6 y 16 constitucionales,

estima que las fracciones II y III del artculo 190 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiocomunicacin son inconstitucionales, en razn de lo

siguiente:

El artculo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiocomunicacin, en sus fracciones II y III, establecen que los concesionarios

de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, debern conservar un

registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de lnea


Datos



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que utilice numeracin propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan

identificar con precisin los siguientes datos:


b) Tipo de comunicacin (transmisin de voz, buzn vocal, conferencia,







prepago;










Datos



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telefnicas, y




referidos antes referidos durante los primeros doce meses en sistemas que

permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades

competentes, a travs de medios electrnicos. Concluido el plazo referido, el

concesionario deber conservar dichos datos por doce meses adicionales en

sistemas de almacenamiento electrnico, en cuyo caso, la entrega de la

informacin a las autoridades competentes se realizar dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificacin de la

solicitud.

Aunado a lo anterior, el artculo 190 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusin, dispone en su fraccin III que los

concesionarios y en su caso, los autorizados, debern entregar los datos

conservados a las autoridades a que se refiere el artculo 189 de la ley, que

as lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes

aplicables.


Datos



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autorizados, estn obligados a entregar la informacin dentro de un plazo

mximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificacin,

siempre y cuando no exista otra disposicin expresa de autoridad

competente.

As las cosas, las fracciones II, y III; del enunciado artculo 190 de la

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, resultan

inconstitucionales, en tanto que imponen a los concesionarios de

telecomunicaciones y autorizados, la obligacin de conservar de manera

masiva e indiscriminada los datos a que se refiere la fraccin II del

enunciado artculo 190, lo que constituye una interferencia con el derecho a

la privacidad, en concreto, con el derecho a la inviolabilidad de las

comunicaciones privadas; aunado al hecho de que viola el derecho a la

privacidad al no cumplir con el requisito de previsin en la ley, pues no

establece de manera clara, precisa y detallada las autoridades que pueden

acceder a los datos conservados, las circunstancias en las que puede

llevarse a cabo la medida, el procedimiento para el tratamiento, transmisin

y destruccin de los datos obtenidos ni se establecen salvaguardas contra el

abuso de las medidas, por lo que tampoco se cumple con el requisito de

necesidad y proporcionalidad y se viola asimismo el debido proceso y el

derecho a un recurso efectivo.

A mayor abundamiento, los datos cuya conservacin se mandata en el

artculo 190 fraccin II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusin, han sido considerados tanto por la Suprema Corte de Justicia


Datos



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de la Nacin (SCJN), como por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (Corte IDH), como datos se encuentran protegidos por el derecho

a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en igual

sentido que el contenido de las comunicaciones.

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin estableci en

la tesis que lleva por rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS

COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCIN INCLUYE

LOS DATOS QUE IDENTIFICAN LA COMUNICACIN, que el objeto de

proteccin constitucional del derecho a la inviolabilidad de las

comunicaciones privadas, previsto en el artculo 16, prrafos decimosegundo

y decimotercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, no hace referencia nicamente al proceso de comunicacin, sino

tambin a aquellos datos que identifican la comunicacin. A fin de garantizar

la reserva que se predica de todo proceso comunicativo privado, resulta

indispensable que los datos externos de la comunicacin tambin sean

protegidos. Esto se debe a que, si bien es cierto que los datos no se refieren

al contenido de la comunicacin, tambin lo es que en muchas ocasiones

ofrecen informacin sobre las circunstancias en que se ha producido la

comunicacin, afectando as, de modo directo o indirecto, la privacidad de

los comunicantes.

La tesis citada es del tenor siguiente:


Datos



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DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES

PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCIN INCLUYE LOS DATOS QUE

IDENTIFICAN LA COMUNICACIN. El objeto de proteccin constitucional

del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el

artculo 16, prrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitucin

Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, no hace referencia nicamente al

proceso de comunicacin, sino tambin a aquellos datos que identifican la

comunicacin. A fin de garantizar la reserva que se predica de todo proceso

comunicativo privado, resulta indispensable que los datos externos de la

comunicacin tambin sean protegidos. Esto se debe a que, si bien es cierto

que los datos no se refieren al contenido de la comunicacin, tambin lo es

que en muchas ocasiones ofrecen informacin sobre las circunstancias en

que se ha producido la comunicacin, afectando as, de modo directo o

indirecto, la privacidad de los comunicantes. Estos datos, que han sido

denominados habitualmente como "datos de trfico de las comunicaciones",

debern ser objeto de anlisis por parte del intrprete, a fin de determinar si

su intercepcin y conocimiento antijurdico resultan contrarios al derecho

fundamental en cada caso concreto. As, de modo ejemplificativo, el registro

de los nmeros marcados por un usuario de la red telefnica, la identidad de

los comunicantes, la duracin de la llamada telefnica o la identificacin de

una direccin de protocolo de internet (IP), llevados a cabo sin las garantas

necesarias para la restriccin del derecho fundamental al secreto de las

comunicaciones, puede provocar su vulneracin.

Amparo directo en revisin 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos.

Ponente: Arturo Zaldvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y

Gonzlez.


Datos



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Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso en

el caso Escher vs Brasil ha sealado que:

El artculo 11 protege las conversaciones realizadas a travs de las lneas

telefnicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea

su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el

negocio o actividad profesional que desarrolla. De ese modo, el artculo 11

se aplica a las conversaciones telefnicas independientemente de su

contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones tcnicas

dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabacin y escucha,

como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por

ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que

ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y

duracin de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin

necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la

grabacin de las conversaciones. En definitiva, la proteccin a la vida

privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los

interlocutores no conozcan ilcitamente el contenido de las conversaciones

telefnicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del

proceso de comunicacin.

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al

resolver el caso Tristn Donoso vs. Panam, remarc que el mbito de la

privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o


Datos



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agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pblica y

que aunque las conversaciones telefnicas no se encuentran expresamente

previstas en el artculo 11 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos,

se trata de una forma de comunicacin que, al igual que la correspondencia, se

encuentra incluida dentro del mbito de proteccin del derecho a la vida privada.

En el caso de marras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo

hincapi en que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo

tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean

abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir

un fin legtimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y

proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrtica.

Asimismo enfatiz que el artculo 11 de la Convencin Americana sobre

Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su

honra, prohbe todo ataque ilegal contra la honra o reputacin e impone a los

Estados el deber de brindar la proteccin de la ley contra tales ataques. En

trminos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y vala propia,

mientras que la reputacin se refiere a la opinin que otros tienen de una persona.

Por ltimo, es menester traer a colacin lo argido por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Fontevecchia y Damico

vs. Argentina, en el que la Corte establece al interpretar el artculo 11 de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos, manifest que el mbito de la

privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o


Datos



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agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pblica y

comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas

reas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal,

mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusin de

informacin personal hacia el pblico.

A mayor detalle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa

que el artculo 11.2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos

protege al individuo frente a la posible interferencia arbitraria o abusiva del Estado.

Sin embargo, eso no significa que el Estado cumpla sus obligaciones

convencionales con el solo hecho de abstenerse de realizar tales interferencias,

sino que stos deben brindar la proteccin de la ley contra aquellas injerencias. En

consecuencia, el Estado tiene la obligacin de garantizar el derecho a la vida

privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la

adopcin de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegindolo de las

interferencias de las autoridades pblicas as como tambin de las personas o

instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicacin.

En este contexto, aduce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en

el caso Fontevecchia y Damico vs Argentina, que se debe encontrar un equilibrio

entre la vida privada y la libertad de expresin que, sin ser absolutos, son dos

derechos fundamentales garantizados en la Convencin Americana sobre

Derechos Humanos y de la mayor importancia en una sociedad democrtica. La

Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el ejercicio de cada

derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los dems


Datos



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derechos fundamentales. En ese proceso de armonizacin le cabe un papel

medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que

fueren necesarias para obtener tal propsito. La necesidad de proteger los

derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de

expresin, requiere la debida observancia de los lmites fijados a este respecto por

la propia Convencin Americana sobre Derechos Humanos.

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la

conservacin de datos consagrada en el artculo 190 fracciones II y III de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusin, constituye una interferencia con

el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, lo cual implica que las

mismas tienen que estar justificadas conforme a los principios de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad, as como cumplir con los requisitos constitucionales

especficos, en concreto, la necesidad de autorizacin judicial federal para que

pueda llevarse a cabo dicha interferencia, tal y como lo ha externado la Corte

Interamericana de Derechos Humanos al interpretar los alcances del artculo 11

del Pacto de San Jos, lo que dej plasmado en las sentencias que resolvieron,

los casos Escher vs Brasil, Tristn Donoso vs. Panam y Fontevecchia y Damico

vs. Argentina.

Por otra parte y continuando con el anlisis de la constitucionalidad del

artculo 189, 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusin, resulta til sealar lo previsto en el artculo 16, segundo prrafo de

la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos:

Artculo 16.


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()






seguridad y salud pblicas o para proteger los derechos de terceros.

()

Con motivo del proceso legislativo para la adicin del prrafo segundo del

artculo 16 constitucional, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cmara de Senadores se seal

lo siguiente:

()

II. MATERIA DE LA INICIATIVA

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente dictamen, tiene

por objeto desarrollar en el mximo nivel de nuestra normatividad el

derecho a la proteccin de datos personales.

Esta reforma establece una nueva garanta constitucional: la proteccin de

los datos personales y los correlativos derechos al acceso, rectificacin,

cancelacin u oposicin en torno al manejo de los mismos por parte de


Datos



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cualquier entidad o persona, pblica o privada, que tenga acceso o

disponga de los datos personales de los individuos. Con ello se asegura el

derecho a la proteccin de datos personales a nivel nacional, extendiendo

su aplicacin a todos los niveles y sectores en dos mbitos fundamentales:

Los datos personales en posesin de los entes pblicos.

Los datos personales en poder del sector privado.

Asimismo, la iniciativa propone establecer los supuestos de excepcin a

Lo anterior se propone adicionando un prrafo segundo al artculo 16

constitucional en los siguientes trminos:

"Toda persona tiene derecho a la proteccin de sus datos personales, al





seguridad y salud pblicas o para proteger los derechos de terceros".

III. CONSIDERACIONES

Desde 1917, nuestra Carta Magna estableci en las garantas individuales,

los derechos relativos a la libertad individual, de entre los que destacan la

inviolabilidad de correspondencia y domicilio, y ms adelante, el secreto a

las comunicaciones privadas. Derechos vinculados con la intimidad y


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privaca de la persona, porque protegen ciertas reas o espacios relativos a

todo ser humano. Sin embargo, hoy, con el reconocimiento de un catlogo

abierto de derechos y con el creciente avance tecnolgico, ha sido

necesario dar respuesta a las nuevas pretensiones individuales,

consecuencia de los cambios sociales que la globalizacin y los avances

tecnolgicos han ido introduciendo, dando lugar a lo que ya se conoce

como la "sociedad de la informacin, por lo que Mxico no debe mostrarse

ajeno a ello.

Como en el caso de otros derechos humanos, en nuestro pas el derecho a

la proteccin de datos personales ha pasado por diversas fases.

El primer paso se dio con la aprobacin de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Informacin Pblica en 2002, al establecer en la fraccin II de

su artculo 3, lo siguiente:

"II. Datos personales: La informacin concerniente a una persona fsica,

identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen tnico o racial,

o que est referida a las caractersticas fsicas, morales o emocionales, a

su vida afectiva y familiar, domicilio, nmero telefnico, patrimonio,

ideologa y opiniones polticas, creencias o convicciones religiosas o

filosficas, los estados de salud fsicos o mentales, las preferencias

sexuales, u otras anlogas que afecten su intimidad;"


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Proyecto de Acción de Inconstitucionalidad vs. #LeyTelecom rechazado por el @ifaimexico

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