5/12/2018 Proyecto Conga - slidepdf.com

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Proyecto Conga: ¿el oro o el agua?

Conga es un proyecto de Yanacocha cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en octubre del 2010. Actualmente seencuentra realizando trabajos preliminares que permitan asegurar su construcción,para después convertirse en un mina de cobre y oro. El proyecto está ubicado en lasprovincias de Celendín (distritos de Huasmín y Sorochuco) y Cajamarca (distrito de LaEncañada).

El Proyecto Conga está siendo desarrollado por Minera Yanacocha que tiene comosocios a Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura(43.65%) e International Finance Corporation – IFC (5%). Los tres socios y Yanacochaestán comprometidos con los estándares más altos de manejo ambiental, salud,seguridad y bienestar de sus empleados y de las comunidades vecinas.

El hacer realidad el Proyecto Conga representaría entre 800 a 1000 millones dedólares en regalías y canon minero para la región y los gobiernos locales deCajamarca a lo largo de la vida útil del proyecto. Asimismo, Conga representaría másagua para su zona de influencia, ya que antes de iniciar sus operaciones construirácuatro reservorios que duplicarán la capacidad de almacenamiento de las lagunasubicadas en la zona de explotación.

Cajamarca es una de las zonas más ricas en recursos minerales y, al mismo tiempo,una de las zonas con mayor población en estado de pobreza. La comunidadcajamarquina está harta de las mineras, pues los beneficios que ha recibido lasociedad han sido escasos; Cajamarca es una de las 10 regiones más pobres del

Perú, su nivel de pobreza es del 56%, a pesar de que ha recibido US$ 534.6 millonesde las mineras. El pobre manejo ambiental ha causado muchas crisis sociales. Lamisma empresa Yanacocha es causante de contaminación de muchos ríos conmetales pesados, pero el caso más grave es el derramamiento de mercurio enChoropampa, un pueblito de Cajamarca.

Entonces ¿Cuáles son los legítimos derechos e intereses del pueblo cajamarquino?¿Qué explica estas protestas y las dificultades del Gobierno de alcanzar una soluciónal conflicto? ¿Qué explica que se rechace un proyecto de inversión de miles demillones de dólares que generaría trabajo y grandes ingresos tributarios para la propiaregión? Pues, el derecho a la vida, al desarrollo económico, a la paz y a la felicidad.

El Derecho al Buen Vivir es probablemente la principal razón para esta explicación. Enlas comunidades andinas como en las amazónicas existe un principio muy conocidodesde tiempos ancestrales relacionado con la vida diaria de las personas: el Derechoal Buen Vivir. Este es un principio que consiste en realizar actos humanos en armoníacon la naturaleza, sin producir conflictos ante ella o “por ella”. Se entiende que lanaturaleza es un ser vivo con el que se interactúa armónicamente. En los Andes, laagricultura y ganadería han sido desarrolladas históricamente siguiendo este principio.En la Amazonía, el usufructo y protección de los bosques y ríos se han desarrolladosiguiendo el mismo lineamiento.

Los proyectos de inversión minera, como el proyecto Conga en la región Cajamarca,

¿siguen el mismo principio? Conforme a los hechos difundidos por las autoridadesregionales y locales, por los dirigentes, por un grupo de especialistas y por medios de

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comunicación, el indicado principio no se ha respetado o no se respetaría, y por ello seproduce el rechazo al proyecto minero.En cualquier otra parte del mundo, la existencia y explotación moderna de un recursomineral o energético en una determinada región contribuye de manera tangible a suprogreso económico mediante la generación de empleos, inversión conexa y latransferencia de tecnología y modernos métodos de gestión desde el sector encuestión al resto de la actividad económica. En el Perú esto no sucede. Por elcontrario, la relación pareciera ser inversa: las regiones depositarias de los recursosmineros o energéticos compiten casi todas ellas al fondo de la tabla del Índice deDesarrollo Económico elaborado por el PNUD. Cajamarca no es la excepción.

El proyecto minero Conga supone la inversión de 4,800 millones de dólares quebeneficiaría, además de las empresas interesadas, al país y de preferencia a la regiónCajamarca.

Técnicamente es viable, según refieren los empresarios, en tanto si bien se afectaríanlagunas ubicadas en cuencas hidrográficas, ellas serían reemplazadas por reservorios

que regularían la circulación de ríos y la purificación de sus aguas. Pero, comunidadesandinas, rondas campesinas, caseríos, anexos y gran parte, o una parte importante,de la población urbana no lo desean. ¿Por qué? Los antecedentes o efectos de otrosproyectos mineros ejecutados en la misma región orientan ese rechazo.

Ciertamente, la paralización del proyecto Conga en Cajamarca y su posible "efecto dedemostración" sobre similares proyectos de inversión en otras partes del país conllevaun importante deterioro a la economía del país como un todo, y desde esta perspectivapareciera que los cajamarquinos estuvieran actuando con un grado supremo deirracionalidad económica. Pero uno de los aspectos claves de la racionalidadeconómica es la correcta evaluación de los pros y los contras, de los costos ybeneficios. Y en este punto los cajamarquinos merecen por lo menos el beneficio de la

duda. Sus atingencias a la necesidad de contar con estudios de viabilidad ambientalque generen credibilidad y aceptación en la población son válidas.

El complejo minero Yanacocha es un ejemplo de ese contraste. Este megaproyecto, sibien ha aportado y sigue aportando tributos y obras millonarias de responsabilidadsocial a favor de la población, también es conocido por comuneros y ronderos por lacompra “con engaños” de parcelas de tierra a miembros de la comunidad campesinaNegritos, lo cual ha motivado la migración de muchas familias y limitado a otras que seresistieron a vender; ha desviado el río y extinguido fuentes de agua que normalmenteutilizaban los comuneros; ha cambiado el acceso a las vías de comunicación queintegraba a la comunidad en sus distintos sectores; ha dividido la comunidad enpersonas que están a favor de la empresa y otros que se encuentran en contra y, por 

ende, ha propiciado múltiples conflictos entre las familias; ha reproducido la ambiciónde muchos comuneros que dejaron su participación en la comunidad por sumarse alas empresas contratistas o de servicios de la gran empresa minera, “progresando”individualmente, negando o afectando los derechos colectivos de sus colegas. Si a ellosumamos el sentir de comunidades cercanas o caseríos aledaños que consideran quesus aguas están contaminadas a pesar de que la empresa minera ejecuta grandessistemas de purificación, o el caso de los pobladores de Choropampa y pueblosvecinos que sufrieron y siguen sufriendo los efectos del derrame del mercurio en lacarretera cercana a ellos, a pesar de que la empresa ha prometido cumplir con lalimpieza de la zona y ha conseguido su liberación judicial al haber cumplido con pagosindemnizatorios, notaremos cuánta explicación hay por ese rechazo.

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El balance es que en los alrededores y pueblos vecinos de Yanacocha se ha alteradoel Derecho al Buen Vivir de los comuneros o la población, y lo mismo se teme de losalrededores y pueblos vecinos de Conga.

A pesar de que el proyecto minero de Conga cuente con un informe técnico de 16tomos aprobado por el gobierno anterior, la población de Cajamarca, o gran parte deesta, rechaza el proyecto porque no quiere que se siga afectando el Derecho al BuenVivir en otra parte de su territorio. Los profesionales o técnicos del proyecto Congatratan de demostrar las ventajas de construir reservorios que reemplacen las lagunas,teniendo como posible resultado más agua para la agricultura y ganadería, inclusodurante periodos de sequía, pero la población no lo cree. No existe confianza . ¿Quéhacer?

El diálogo intercultural, regulado en la actual Ley de Consulta Previa (Ley Nro. 29785)sigue siendo la mejor alternativa, pero este diálogo supone entender justamente elDerecho al Buen Vivir. ¿Es posible, a través de este diálogo intercultural, replantear laposibilidad de una nueva consulta a la población afectada o solicitar un peritaje

internacional para legitimar el proyecto minero?Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto minero y sus posibles efectos, talconsulta debió y aún puede hacerse en aplicación del Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo – vigente en el Perú desde fines del año 1994.Un arbitraje internacional no garantiza el cambio de opinión de comuneros, ronderos opoblación en general afectada; a no ser que se aborden los antecedentes o causasestructurales de su rechazo. La consulta serviría para salvar la legitimidad de lostitulares del proyecto minero Conga, pero, sobre todo, para salvar o encaminar otrosproyectos millonarios de inversión, que no atenten contra el Derecho al Buen Vivir.

Claramente estamos viendo que estos conflictos se desarrollan en torno a los efectosnegativos de la actividad minera y de la indeterminación de límites; en estos casos, seobserva la vulneración de derechos relativos a la propiedad, consulta, contaminacióndel medio ambiente, entre otros.

Debido a que la legislación peruana así lo permite, pues no obstante de que losrecursos naturales se encuentran dentro de sus territorios, éstos son de propiedad delEstado; aunque esta problemática no es exclusiva de las comunidades, para efectosde determinar las causas jurídicas de su pobreza, la validez de sus reclamos, el temor a perder sus territorios y la posibilidad de su desarrollo, es necesario que la óptica gireentorno a dichas comunidades indígenas y a la propiedad de los recursos naturalesque se encuentran en sus tierras, pero no a esos recursos naturales a los que tienen

libre acceso para su subsistencia, aún cuando algunas veces hasta estos recursos seles son negados, sino refirámonos a los recursos naturales del subsuelo, a aquellosque producen riqueza y que supuestamente debería cambiarles la vida.

Entonces, si las comunidades indígenas sí buscan el desarrollo, contrariamente a loque piensa el Gobierno actual y algunos medios de prensa, probablemente elproblema no se encuentra en si se explota o no los recursos naturales, sino más bienen el sistema de propiedad de los recursos naturales, de quienes los explotan, dequienes se benefician y quienes se perjudican y sobretodo, cuál es el costo social dela aplicación de un equivocado “interés nacional” y “necesidad pública” .

Es de suma importancia conocer de que manera influye la propiedad sobre losrecursos naturales en el desarrollo de las comunidades campesinas, puesto que lasactuales iniciativas del Estado han generado implicancias sociales, económicas y

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ambientales tales como la desigualdad en la distribución concentrando el poder económico y propiedad sobre los recursos a quienes tienen la capacidad y posibilidadde realizar grandes inversiones, en detrimento de quienes las poseen actualmentepero que carecen de los recursos necesarios para aprovecharlos mejor y por otro ladoatentan también contra el medio ambiente como es el caso de los pobladorescercanos a las industrias extractivas.

Debemos tomar en cuenta frente a la viabilidad de este proyecto que ante todo el aguaes fundamental para la vida y la existencia de todo ser viviente, por lo que las fuentesnaturales de agua deben ser extremadamente protegidas y gestionadasresponsablemente ya que el uso del agua es prioritario para el consumo humanodoméstico y la agricultura sobre cualquier otra actividad económica, por lo cual, inclusolas Naciones Unidas, ha llamado a los gobiernos, a incorporar en sus legislaciones ypolíticas nacionales, el acceso al agua como un derecho humano fundamental.