30 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ANCHORENA, José

BERNAUDO, Guillermo

COLOMBRES, Mercedes

DOMINGUEZ, Andrés

ROSSI, Hugo

SARQUIS, Leonardo

Los autores agradecen los valiosos aportes de expertos, profesionales,

empresarios, productores, comercializadores, y otros referentes consultados en el

proceso de elaboración del presente.

Este documento contiene

Parte I: Visión de País y Grandes Lineamientos para la

Unidad

Parte II: 30 Propuestas para el Desarrollo Agroindustrial

1 30 PROPUESTAS

INTRODUCCION

Presentación del GAPU AGRO y sus miembros

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QUIENES SOMOS

El Grupo de Acción Política para la Unidad - GAPU AGRO – es un grupo de profesionales técnico-políticos, que

somos o hemos sido referentes de diferentes partidos políticos de Argentina, y desde el año 2012 tomamos la

decisión de trabajar en conjunto.

Lo conformamos José Anchorena (Director de Planes de Gobierno de Fundación Pensar / PRO), Guillermo

Bernaudo (Coordinador Agropecuario de Unión por Todos), Mercedes Colombres (Ex Asesora de Diputados

Nacionales UCR Unión Cívica Radical), Andrés Domínguez (Ex Coordinador Agroindustrial de Coalición Cívica),

Leonardo Sarquis (Ex Coordinador Agroindustrial Union Celeste y Blanco) y Hugo Rossi (Responsable de temas

agropecuarios del Bloque de Diputados Nacionales UCR Unión Cívica Radical).

Nuestro objetivo principal como grupo es la elaboración de propuestas concretas de políticas públicas

agroindustriales para la Argentina, que tengan la mayor solvencia técnica y más amplio apoyo político-

partidario y sectorial posible. Estamos convencidos que para el proceso de elaboración de las mismas son

centrales el dialogo, la apertura, la interacción con los actores involucrados, y la incorporación de insumos

académicos.

El GAPU AGRO es un espacio de trabajo sin filiación partidaria, aunque quienes lo conformamos estamos o

hemos estado participando en diferentes partidos políticos de Argentina. Es también un espacio

independiente del Estado, aunque su trabajo está a disposición de las autoridades públicas, y estamos abiertos

al debate referido a las mismas. Asimismo es un espacio independiente de entidades de productores,

asociaciones técnicas, cadenas de valor, gremios o empresarios del sector agroindustrial argentino. Por

supuesto que GAPU AGRO tiene relación con todos estos actores, pero la interacción con todos ellos, tanto

públicos y privados, es en función de avanzar hacia nuestro objetivo: diseñar y poner en práctica políticas

agroindustriales.

El GAPU AGRO no es tampoco un grupo sectorial. Trabajamos temas agroindustriales porque es nuestra

especialidad, pero nuestra vocación no es representar intereses sectoriales, sino buscar desde los temas

relacionados a la agroindustria, las mejores propuestas de políticas en beneficio de la Argentina, de la calidad

de vida de su población, y para la alimentación de nuestro país y del mundo en cantidad y calidad. Quienes

formamos GAPU AGRO proponemos, desde el lugar en que tenemos experiencia profesional que es la

agroindustria, un modelo de desarrollo para toda la Argentina.

Asimismo, creemos que por el rol que tienen Argentina y América Latina como proveedores globales de

alimentos a un mundo cada vez más demandante (y que tendrán aún más en el futuro), nuestras propuestas

de políticas públicas para Argentina tienen también un impacto internacional, o cuando menos regional.

Creemos también que naturalmente el proceso de construcción de Políticas de Estado Agroindustriales para

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Argentina abarcara diversos temas relacionados con integración regional y con la dimensión regional de las

políticas públicas locales.

El 15 de Marzo de 2014 GAPU AGRO presento en EXPOAGRO Argentina (la mayor muestra de agroindustria del

país) un documento titulado “30 Propuestas para el Desarrollo Agroindustrial”. Estrictamente ese documento

contiene dos partes, una primera parte llamada “Visión de País y Grandes Lineamientos para la Unidad”, que

ya había sido presentada en Diciembre de 2012 en la sede del gremio UATRE (Unión de Trabajadores Rurales y

Estibadores), y una segunda parte en donde se explican en detalle las 30 Propuestas, que son aportes

concretos de política pública que desde el GAPU AGRO proponemos como puntos de acuerdo en el camino

hacia la construcción de Políticas de Estado Agroindustriales en nuestro país. El estudio previo y la redacción

final del documento fueron compartidos por los seis integrantes del grupo. Todo el trabajo realizado por el

GAPU AGRO es de carácter público, y están a disposición de la política y la sociedad argentina en general.

Más allá del “hito” de presentar este documento en público, destacamos que el proceso de trabajo del GAPU

AGRO es dinámico. A la presentación del documento citado llegamos luego de haber expuesto ideas similares

en los principales eventos de la agroindustria argentina durante 2012 y 2013, y de publicar estas ideas en

diversos medios de prensa. Tuvimos asimismo gran cantidad de reuniones con actores privados del sector,

académicos, investigadores y referentes, así como con actores políticos con los cuales tenemos relación por

nuestros trabajos profesionales. Asimismo hemos obtenido una repercusión creciente en la prensa al respecto

de las propuestas de políticas públicas acordadas entre técnicos de diferentes orígenes partidarios, lo cual en

la actualidad está potenciando ese trabajo de interacción con diferentes actores antes descripto. En línea con

este proceso dinámico desde GAPU AGRO tenemos claro que las “30 propuestas” también son dinámicas:

Reiteramos que el objetivo es que este proceso de interacción en el que actuamos como articuladores vaya

generando mejores propuestas de políticas públicas (en cuanto a su solvencia, profundidad y nivel de detalle),

que a su vez tengan el mayor consenso político-partidario y sectorial posible. Creemos asimismo que este

proceso mejorara la eficiencia, eficacia y buena recepción (o apropiación) por parte de los actores sociales al

momento de aplicar las políticas públicas que surjan como resultado del mismo.

Es clara en Argentina la demanda de los actores de la agroindustria por este tipo de políticas públicas con

amplio nivel de acuerdo, pero también lo es de la sociedad toda, a través de las preocupaciones por temas

centrales tale como el precio y abastecimiento de los alimentos, el uso y manejo de recursos naturales, entre

otros.

Consideramos asimismo que experiencias similares podrían llegar a darse o estar dándose en otros países de

la región, entre las que podemos enriquecernos mutuamente. En tal sentido es que creemos que es valioso

compartir esta experiencia con otros expertos de políticas públicas en general, tanto el resultado del trabajo

(las propuestas de políticas públicas en sí) como el proceso de generación de las mismas (es decir, la propia

conformación del GAPU AGRO como grupo y todo el proceso de interacción descripto).

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JOSÉ ANCHORENA

Lic. en Economía (Universidad Católica Argentina) y Doctor en Economía (Universidad Carnegie Mellon). Recibió la Beca

William Larimer Mellon de la Universidad Carnegie Mellon, donde fue instructor en las materias Desarrollo Económico y

Microeconomía, también fue investigador visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Oslo. Es autor

de diversos trabajos de investigación y realizó presentaciones de sus trabajos en instituciones locales y del extranjero.

Actualmente es Director de Desarrollo Económico y Coordinador de Planes de Gobierno en la Fundación Pensar.

GUILLERMO BERNAUDO

Ingeniero Agrónomo (FAUBA) está finalizando su Tesis como aspirante a Magister en Gobernabilidad por la

UNLaMatanza. Becario del Departamento de Estado de EEUU para el estudio de las Sinérgias público-privadas en el

sector agrícola (2011). Tiene cursos de Posgrado en Cadenas Agroalimentarias y en Gestión de Proyectos en IAE-UA. Se

desempeña profesionalmente como Director y Consultor de empresas agroindustriales en Argentina y Uruguay. Es

coordinador del Equipo Agroindustrial de Unión por Todos y asesor de la diputada nacional Patricia Bullrich. Es profesor

adjunto de Políticas Económicas Agropecuarias (UB). Fue docente invitado en la Escuela de Posgrado Alberto Soriano

(FAUBA 2003-2008) donde ha sido director y jurado de Tesis de Especialización. Fue investigador para IPCVA (2007) y

para National Science Foundation (NSF 2004-2007) y consultor de PROSAP (2004-2005). Desarrolló su carrera

profesional en CREA donde fue asesor (1985-2012), Coordinador Regional (1996-2004) y Líder de Investigación y

Desarrollo(2002-2008) representando a esa institución en eventos y organismos nacionales e internacionales. Fue

consejero del Consejo Normalizador Consultivo de la Facultad de Agronomía UBA (1983) Autor de numerosos artículos,

coautor de libros y conferencista de diversos temas del sector agroindustrial.

MERCEDES COLOMBRES

Licenciada en Comunicacion (2002, Universidad Catolica de Tucuman) y Master en Periodismo (2004, La Nación-

Universidad Di Tella). Trabajo como periodista en las secciones Economía y Campo de La Nación entre enero de 2004 y

marzo de 2012, teniendo a su cargo la cobertura del conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno en 2008.

Posteriormente fue asesora en temas de comunicación de los agrodiputados Juan Casañas, Jorge Chemes y Lucio

Aspiazu (UCR), durante 2012 y 2013. También trabajó en la producción de temas rurales en el programa radial Cada

Mañana (Radio 10), de Marcelo Longobardi, en 2012. Asesoró en comunicación para cuestiones puntuales al

Movimiento CREA y Argentrigo. Actualmente asesora de prensa de la Asociación Argentina de Angus y de la Fundación

Libertad y Progreso, de Aldo Abram y Manuel Solanet. Además, desde 2009 integra el staff del programa agropecuario

Bichos de Campo en sus versiones de radio y tv. En 2005 ganó el premio CAPA-Banco Galicia para periodistas de agro en

la categoría Política Agropecuaria y en 2006, un premio de ADEPA en la categoría Economía. Fue disertante en el

Programa CEIDA de la Sociedad Rural Argentina en temas de comunicación agropecuaria.

ANDRES DOMINGUEZ

Es Abogado (U. de Buenos Aires) y Lic. En Economia (U. de San Andres), con cursos de Posgrado sobre Gobernabilidad y

Gerencia Política (U. de San Andrés - Corporación Andina de Fomento – George Washington University), y

Administración Pública Local ( Facultad de Ciencias Económicas – U. de Buenos Aires). Su especialización profesional es

sobre Politicas Publicas, en particular, Politicas Agroindustriales. Fue Coordinador Nacional de Equipos Tecnicos, y

Coordinador Agroindustrial de la Coalicion Civica. Fue Asesor de los Diputados Nacionales Elisa Carrio y Alfonso Prat-Gay,

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entre otros puestos técnicos en el Congreso de la Nacion, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En la

actualidad consultor asociado a Fundacion Pensar y responsable de RED Consultora. Es columnista de ERREPAR –

Consultor Agropecuario. Como docente se desempeña en materias de grado y posgrado en la Universidad de Belgrano,

la U.Nacional de La Plata y el Concejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad de Buenos Aires.

HUGO ROSSI

Abogado, egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina en el año 2005. Posgrado en Derecho

Empresario Económico en la Universidad Católica Argentina. Trabajo en la justicia nacional en lo comercial y en los

estudios jurídicos Brons & Salas y Beccar Varela. Socio fundador del Estudio Rossi Amadeo Abogados. Es asesor del

Diputado Nacional Juan Casañas en el Congreso Nacional desde el año 2010. Allí asesoró a la presidencia de la Comisión

de Agricultura y Ganadería y la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Es productor agropecuario. Presidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte, provincia de Buenos Aires. Es

miembro CREA y fue fundador y presidente del grupo CREA Monte. Es socio activo de la Sociedad Rural Argentina, de la

Fundación Barbechando y miembro del grupo GAPU Agro. Participó como disertante en diversos congresos y

conferencias relativas al agro.

LEONARDO SARQUIS

Ingeniero Agronomo. (UBA), MBA de Adam Smith Open University, PostGrado en Marketing y Economia Agraria en

Sweet Briar College (VA, USA). Fue durante 15 años Director y Gerente General en unidades de negocios en empresas

como Monsanto, YPF, en distintas posiciones en el pais y en el exterior. Tambien fue Director de Microemprendimientos

del Ministerio de Produccion de la provincia de Buenos Aires, y coordinador de eventos Agroindustriales del Ministerio

de Asuntos Agrarios y Produccion. Coordino los equipos de Agroindustria del Diputado Francisco de Narvaez durante 3

años, y fue asesor de legisladores provinciales de Union Celeste y Blanco en temas del sector. Es Asesor y Consultor de

empresas privadas, organismos de gobierno, instituciones. Columnista en temas Agroindustriales en El Cronista, y en

radios en forma permanente. Es docente universitario (Universidad de San Andres y Universidad de Belgrano) y

actualmente desde 2009 Director General de su consultora, CONFIAGRO, y miembro fundador y activo del Gapu Agro.

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Parte I: visión de País y Grandes

Lineamientos para la Unidad

Documento presentado públicamente el 2 de Diciembre

de 2012 en la UATRE con el aval de legisladores

nacionales y provinciales:

Patricia Bullrich (Unión por Todos)

Federico Pinedo (PRO)

Eduardo Amadeo (Frente Peronista)

Jorge Chemes (UCR)

Lucio Aspiazu (UCR)

Jorge Srodek (Diputado Provincial – Prov.Bs As / PRO)

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I. Un modelo de desarrollo nacional 1. Dos objetivos básicos de un modelo de desarrollo nacional son, uno, aumentar la producción económica y, dos, que toda la población se beneficie con ese desarrollo. Consideramos que el sector agroindustrial puede ser uno de los motores fundamentales para alcanzar esos objetivos. El sector agroindustrial incluye al sector agropecuario pero lo excede largamente a través del desarrollo de las cadenas de valor. 2. En efecto, varios países desarrollados en el mundo (definidos como de alto ingreso per cápita y equitativa distribución del ingreso) basan, en gran parte, su estructura productiva y sus exportaciones en recursos naturales; por ejemplo, Australia, Nueva Zelandia, Noruega, Canadá, etc. 3. El desarrollo agroindustrial buscado tendrá varios efectos positivos. Por un lado, aumentará el empleo con salarios altos. Por otro, el desarrollo se dará en todo el territorio del país lo que permitirá que municipios y provincias converjan en sus niveles de vida con las zonas más prósperas. 4. El modelo que proponemos tiene como objetivo abastecer tanto exportaciones crecientes como consumo interno. El aumento drástico de la producción y su valor permitirá este doble objetivo, asegurando el abastecimiento alimentario a precios razonables y el crecimiento del ingreso de divisas. Esta sinergia será la verdadera defensa de la “mesa de los argentinos”. 5. Este desarrollo productivo propuesto tendrá su contraparte en desarrollo social, representado por el acceso a la educación, la salud, la vivienda y a servicios varios, lo que será tanto causa y efecto del agregado de valor. 6. Esta propuesta abarca a todas las cadenas productivas alimentarias y agroindustriales basadas en recursos naturales, incluyendo a las oleaginosas, carnes (bovina, aviar, porcina, ovina y caprina), lácteas, cereales, vitivinícola, maderera, frutícolas, hortícolas, arrocera, azucarera, algodonera, yerbatera, del tabaco, del té, del olivo, de la pesca, etc. Cada una de esos productos tiene encadenamientos hacia atrás (insumos tales como maquinaria, fertilizantes o semillas) y encadenamientos hacia adelante (tales como transporte, industrialización, biocombustibles, alimentos, comercialización, etc.). Cada una de las cadenas presenta problemáticas idiosincráticas pero también algunas características comunes. En este documento nos referimos a estas últimas. 7. El modelo de desarrollo que proponemos incluye no solamente el crecimiento de la agroindustria de escala comercial e inserción a los mercados mundiales, sino también la llamada agricultura familiar. Esta consiste en agricultura de pequeña escala, con mano de obra familiar y gran porción de producción para consumo local. La agricultura familiar requiere de políticas específicas y focalizadas que promuevan las capacidades productivas y comerciales de sus actores. En otras palabras, también los productores de agricultura familiar podrán crecer tanto en ingresos como en bienestar. 8. Para el éxito de este modelo productivo será fundamental el uso sustentable de los recursos naturales:

suelos, agua, fauna, monte y pastizales nativos. En particular, deberá promoverse el uso consciente de

agroquímicos en base al conocimiento científico de sus efectos y a las normas internacionales.

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II. Oportunidades del mundo 9. El escenario mundial para los próximos 20 años es de una gran demanda alimentaria así como de otros productos agroindustriales (biocombustibles, fibras, productos de la madera, etc.). Esta demanda proviene de los centros tradicionales (Estados Unidos y Europa) y de nuevos polos de desarrollo (como China, India y Brasil), pero también de toda una serie de países de tamaño menor que están creciendo en forma considerable, tales como los del sudeste asiático, norte de Africa y Medio Oriente. 10. En este sentido, el gran desafío para el país y para el sector es, por un lado, transformar la estructura de producción a una de mayor valor agregado, y, por otro, acceder con esta producción de avanzada precisamente a esos mercados internacionales. 1

III. Políticas para el sector a. Tributaria y comercio interior 11. Consideramos que debe realizarse una reforma tributaria para la economía en su conjunto, dentro de la cual las propuestas que afecten al sector agroindustrial serían las siguientes: i. Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva (en el presente la cantidad de normas y su cambio continuo lleva a que sea prácticamente imposible cumplir adecuadamente con la reglamentación, costo que recae sobre todo en pequeños productores). ii. Reducción de la excesiva presión tributaria sobre el sector (en el presente se calcula que, en un año normal, los impuestos representan al menos 80% de las ganancias antes de impuestos). iii. Disminución del peso de los impuestos que desalientan la producción, el empleo, la inversión y el comercio. Por ejemplo, consideramos que el impuesto a los créditos y débitos (impuesto al cheque) debe ser eliminado, lo que alentará el comercio, la extensión de las cadenas así como la bancarización a la que nos referimos en el punto e). iv. Disminución de los derechos de exportación, los cuales tenderán a 0%. Las retenciones son un impuesto que desalienta la producción, lo consideramos injusto porque no tiene en cuenta el nivel de ganancias, y, en general, afecta en mayor medida a zonas menos rendidoras y pequeños productores. También desalienta las inversiones de los productores así como la generación de mejoras tecnológicas. Recalcamos que pueden afectar más a los productores que están alejados de los centros de recibo o se encuentran en zonas marginales por suelo o por clima. 12. Promovemos mayor libertad en los mercados internos, con el debido control estatal, mediante la adopción

de reglas claras y estables que reemplacen el ejercicio arbitrario de la autoridad administrativa.

Paradójicamente las intervenciones realizadas con fines de abaratar los alimentos provocaron una

concentración de la renta en menor cantidad de actores, llevaron a menor transparencia y consecuentemente

1 Los argumentos de este punto se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “En el desafio de alimentar al mundo,

Argentina puede ser parte de la solución” (Andres Dominguez y Jose Anchorena, 16/6/2014, Diario La Nacion http://www.lanacion.com.ar/1563344-en-el-desafio-de-alimentar-al-mundo-la-argentina-puede-ser-parte-de-la-solucion ) y “Aprovechar las oportunidades” (Andres Dominguez, 2/6/2012, Diario La Nacion, http://www.lanacion.com.ar/1478194-aprovechar-las-oportunidades) , entre otras publicaciones.

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elevaron los precios al consumidor. Así, varios estudios muestran que las brechas de precio entre el productor

y el consumidor aumentaron significativamente a partir de estas políticas, sin que esos aumentos fueran

consecuencia de un agregado genuino de valor.

b. Comercio exterior 13. Proponemos eliminar las restricciones a las exportaciones (ROE) y desarrollar una política activa de acceso y recuperación de mercados, cumpliendo los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad que los países demandantes requieren. 14. Consideramos que es necesario una política macroeconómica que no se transforme en un freno para las exportaciones. Un tipo de cambio real apreciado debido a la inflación es una barrera infranqueable para las exportaciones. La propuesta que planteamos aquí es para el largo plazo y creemos que, en ese plazo, el tipo de cambio real debe acercarse al de equilibrio, lo que permitirá que, con ganancias de productividad, el país sea cada vez más competitivo. 15. Promovemos una política de inserción internacional a través de multinacionales de capital argentino que realicen la comercialización de productos alimentarios y agroindustriales argentinos. De esta manera se podrá vender en el exterior productos con valor agregado en el país. Esto implicará mayor inversión y empleo en el país. c. Infraestructura 16. Consideramos que el estado nacional y los estados provinciales deben dar prioridad a la inversión en infraestructura para la producción. Esta consiste en la construcción y mantenimiento de autopistas, rutas y caminos internos, el desarrollo ferroviario y el transporte fluvial, así como en la mejora de la logística portuaria. También el estado debe priorizar la infraestructura energética, desde la generación hasta la distribución a todo el país, lo que será condición necesaria para el desarrollo de las cadenas de valor en todo el territorio. Asimismo, se promoverá el riego dadas las características semiáridas de gran parte del país y de los importantes recursos hídricos del mismo. Por último, deberá adaptarse la capacidad de almacenaje así como incentivar la reconversión de la flota de camiones. 17. Con el objetivo de avanzar en la construcción y mantenimiento de esta infraestructura para el desarrollo productivo se usarán tanto los recursos estatales como la atracción de inversión privada. Creemos que los estados nacional y provinciales deben elegir inteligentemente cuál es la mejor combinación de recursos privados y estatales para cada proyecto particular. d. Empleo 18. El desarrollo agroindustrial permitirá erradicar la pobreza rural. Se promoverá la fiscalización del empleo rural con una paulatina formalización del mismo. 19. La tecnificación de los procesos agroindustriales exige que la capacitación del personal abocado a estas tareas y de los jóvenes que aspiran a incorporarse al sector sea un eje de trabajo conjunto del estado, los sectores gremiales y los sectores empresarios. El desarrollo agroindustrial generará empleos con altos salarios

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al requerir conocimientos específicos. Habrá una demanda creciente de instituciones educativas de calidad en todo lo relacionado a las ciencias de la vida. e. Crédito

20. Un aspecto fundamental de toda economía de mercado dinámica (lo que constituye una precondición para ser simultáneamente rica e igualitaria) es el acceso al crédito por parte de toda la población. Por ello es fundamental el crecimiento del crédito tanto a empresas (de todos los tamaños) como a individuos, lo que es imposible sin un crecimiento de los depósitos de los propios individuos y empresas. En otras palabras, es fundamental que el sector financiero crezca en su rol de intermediador entre ahorristas e inversores. 21. La primera condición para tener un mercado crediticio amplio y accesible es tener una moneda creíble. Por lo que, si bien la política monetaria excede a un manifiesto sobre política agroindustrial, no se puede dejar de mencionar que es absolutamente necesario el freno a la inflación y la implementación de un banco central independiente, confiable y con reputación. 22. La segunda condición para un mercado crediticio desarrollado es que el propio Estado sea confiable en su trato de la propiedad privada de los depósitos. En la medida en que los individuos y empresas perciban que en el mediano plazo esos fondos pueden ser confiscados (explícita o implícitamente mediante diferentes tipos de “defaults”) seguirán ahorrando sacando los fondos del mercado local o directamente no ahorrarán, lo que imposibilitará desarrollos productivos de largo plazo. 23. Mientras se sientan las bases para un desarrollo financiero que otorgue préstamos a empresas e individuos para su crecimiento productivo, será necesario implementar medidas para canalizar ahorro a productores, sea a través de la amortización acelerada de bienes de capital como de préstamos a productores (por ejemplo, ganaderos) a valor producto. 24. El desarrollo de un mercado financiero (bancario y de capitales) permitirá la extensión de las cadenas, el financiamiento de pequeños productores y nuevos emprendimientos, así como el afianzamiento de grandes firmas de capital nacional, como lo han hecho Chile y Brasil en la última década. f. Profesionalización del Estado 25. Una política de fuerte profesionalización de los organismos estatales relevantes para la agroindustria será otro de los pilares de la política pública para el sector, desde la reconstrucción del INDEC (cuya intervención llevó al fracaso total del censo agropecuario del 2008) a la profesionalización del SENASA (que se ha deteriorado fuertemente en el último año), el Ministerio de Agricultura (cuya capacidad de gestión es menor a la que tenía cuando era una Secretaría), el INTA, el INTI, el CONICET y las universidades públicas. 26. Consideramos que un Estado fuerte, presente y eficiente, con prioridades claras entre las cuales se destacan la ciencia y tecnología, la inserción internacional y el desarrollo territorial es condición necesaria para avanzar en transformar la potencia agropecuaria que es hoy la Argentina en potencia agroindustrial.

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IV. Agricultura familiar 27. Entendemos que el desarrollo de la ruralidad no será completo si no se generan políticas efectivas, claras y

sostenidas para la agricultura familiar. Este sector representa casi el 66% del total de las explotaciones

agropecuarias existentes en el país, y trabaja poco más de 1/8 de la superficie que explotan los productores de

mayor dimensión, aportando un 20% al producto bruto agropecuario nacional. La agricultura familiar es

también un factor clave de ocupación territorial y contención social.

28. Por sus propias características y vulnerabilidad, la agricultura familiar requiere de políticas específicas y focalizadas que promuevan las capacidades productivas y comerciales de sus actores a través de políticas orientadas al propio desarrollo. La estructura administrativa del Estado debe ser capaz de atender estas necesidades específicas con metas objetivas de promoción y desarrollo a alcanzar en plazos establecidos y en trabajo conjunto con las provincias. 29. Consideramos que la creación de un Ministerio de Agricultura Familiar separado del Ministerio de Agricultura, tal como lo hizo Brasil, será un buen comienzo para apoyar en forma enfática el desarrollo de la agricultura familiar. Entre las primeras acciones deberá considerarse la progresiva titularización de propiedades.

V. Uso de recursos naturales 30. Para llevar a cabo la producción agropecuaria es necesario transformar el paisaje natural y utilizar los recursos naturales del ambiente. Los principales recursos naturales implicados en estos procesos son (i) la diversidad natural (flora y fauna originales en el bioma natural), (ii) el suelo y (iii) el agua. En la inteligencia de que no es posible el desarrollo de las actividades agropecuarias sin la transformación y uso de los recursos naturales y que, al mismo tiempo, éstos brindan servicios no sólo a la actividad agropecuaria sino también a muchas otras actividades económicas, sociales, etc., es necesario buscar mecanismos que permitan compatibilizar la creación de valor y generación de desarrollo con el cuidado, el uso prudente y racional y la conservación de los recursos naturales. 31. Consideramos que la mejor manera en que el estado nacional puede proteger los recursos naturales en el

largo plazo es promoviendo la educación científica así como creando los ámbitos de discusión de estas

temáticas. Esto redundará en una presión social mayor por una regulación prudente e inteligente del uso de

los recursos.

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Parte II: 30 Propuestas para el

Desarrollo Agroindustrial

Presentadas públicamente en Expoagro Argentina, Ramallo,

en Marzo 2014

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POLITICAS IMPOSITIVAS

1 – ELIMINACION INMEDIATA DE TODOS LOS DERECHOS DE EXPORTACION SOBRE PRODUCTOS

AGROINDUSTRIALES EXCEPTO SOJA Y SUBPRODUCTOS (GRANOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS,

PRODUCTOS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y TODAS LAS CARNES, INCLUYENDO BOVINAS Y AVICOLAS).

Los derechos sobre las exportaciones son, esencialmente, un

impuesto transitorio y de emergencia. Son asimismo un

impuesto distorsivo, que desalienta la producción, y que al

aplicarse sobre las ventas brutas no tiene en cuenta los

márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor.

Pensamos que en un esquema tributario coherente con nuestro

proyecto de país y sostenible en el largo plazo debe

contemplarse la eliminación definitiva de dichos derechos de

exportación. Proponemos para los productos mencionados una

eliminación completa e inmediata de los derechos de

exportación. El impacto fiscal de esta propuesta es relativamente

menor. El impacto productivo positivo de la rebaja en cada una

de las cadenas, y con ellas en las regiones del interior en donde

se producen, será muy importante medido en términos relativos

al costo fiscal. Además de esta manera se ampliará las bases de

los impuestos coparticipables (IVA y Ganancias).

2 - REDUCCION PAULATINA DE DERECHOS DE EXPORTACION

SOBRE SOJA Y SUBPRODUCTOS DEL COMPLEJO SOJERO, A UN

RITMO DE 5% ANUAL, TENDIENDO A ELIMINACION EN

MEDIANO PLAZO.

En el caso de la soja, tanto como poroto como por subproductos

de aceite, atendiendo a las necesidades fiscales del Estado, la

reducción propuesta es de 5 puntos porcentuales respecto a los

niveles vigentes para cada producto, de forma tal de llegar a una

eliminación total de los mismos en un plazo de seis años desde el

inicio de la aplicación del nuevo esquema y un periodo menor en algunos subproductos.

3 – BAJA DE PRESION TRIBUTARIA EFECTIVA EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS e IVA – AMORTIZACIÓN

ACELERADA

En la actualidad se han generado fuertes distorsiones y perjuicios debido a cambios normativos incoherentes

hechos a lo largo del tiempo, algunas regulaciones puntuales, y fundamentalmente, y por la inflación de los

COSTO FISCAL Y FINANCIAMIENTO DE

PROPUESTAS SOBRE DERECHOS DE

EXPORTACION

La eliminación de los derechos de

exportación a todas las economías

regionales, todos los granos excepto la

soja y sus subproductos, y todas las

carnes exportadas, implica un costo

fiscal de 2850 millones de dólares por

año (de ello el 82% son los granos, el

11% las carnes y el 7% las economías

regionales). La reducción de cada 5% al

complejo sojero implica un costo fiscal

acumulativo anual de 1175 millones de

dólares.

Se estima que entre 65 y 80% de la

pérdida de recaudación por baja de

retenciones se recupera por vía de

impuestos (ganancias, IVA y otros

impuestos) y aumento de la producción,

sobre todo en zonas marginales y

alejadas de los puertos (Porto, UNLP

2007 y Anchorena,Fundación Pensar)

2010.

14 30 PROPUESTAS

últimos años. El impuesto a las ganancias debe gravar las ganancias reales de la actividad económica –y no

ganancias ficticias generadas por la inflación -, no debe generar costos financieros al contribuyente, y debe

tener mínimos no imponibles coherentes con la inflación. Hay algunos ejemplos de estas distorsiones en la

agroindustria que se pueden corregir de forma sencilla, como eliminar la aplicación de I. a las Ganancias a lo

que se denominada “resultado por tenencia”, solo aplicable a las empresas agropecuarias. En cuanto al IVA

debe corregirse el esquema hacia una mayor simplificación. Tanto para IVA como para Ganancias,

proponemos permitir la utilización de los “saldos a favor” sin restricciones por parte del contribuyente.

De esta manera respecto a estos dos impuestos, proponemos bajar su presión tributaria efectiva (más allá del

valor de las alícuotas) mediante la eliminación de “saldos a favor”, la disminución de costos financieros, la

simplificación tributaria y la eliminación de la asimetría de costos de interés entre el contribuyente y el fisco.

Asimismo proponemos la amortización acelerada de las inversiones de manera de incentivar la inversión en

todo tipo de capital físico, tal como maquinaria agrícola, galpones, alambrados, fábricas, etc.

4 – TOMAR COMO PAGO A CUENTA EL “IMPUESTO AL CHEQUE”.

El llamado “impuesto al cheque” (impuesto a los débitos y créditos bancarios) es claramente distorsivo y

desincentiva la formalización de la economía y el uso de servicios financieros. Proponemos que de manera

progresiva dicho impuesto pueda ser tomado a cuenta de otros impuestos nacionales, llegando finalmente a

que sea tomado al 100% (en este momento se toma en un 17%). De esta manera se consiguen varios

objetivos: remover el incentivo a la no bancarización, coparticipar en un 100% lo recaudado por esta vía, y

reducir la presión fiscal sobre la economía en general, y en particular a las PYMES; que son la inmensa mayoría

de las empresas agroindustriales.

5 – CAMBIOS EN EL IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES.

En el corto plazo, es ineludible actualizar el piso de este impuesto, que ha perdido sentido por la persistente

inflación. Asimismo hay que modificar la actual estructura legal de dicho mínimo, transformándolo en un

“mínimo no imponible”, es decir, que el impuesto se pague por el excedente de patrimonio mayor al mismo, y

no por el total. En el mediano plazo, proponemos eliminar dicho impuesto a nivel nacional, y dejarlo en la

esfera provincial, ya que el patrimonio es una base imponible propia de las provincias por la Constitución

Nacional. La recaudación total de bienes personales es de $10.300 millones en 2013, el cual es distribuido por

fuera de la coparticipación, pero de forma automática y con los mismos coeficientes (sin dar una fracción a la

ANSES), de modo que el Tesoro resignaría el unos $4.100 millones (40.24%), cercano al 0.5% de los ingresos

totales del fisco, lo que no resultaría en dificultades fiscales.

6 – SIMPLIFICACION DE LOS REGIMENES DE INFORMACION.

Existen en la actualidad una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información ante el fisco (RFOG,

RUCA, Registro de Contratos), que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oficinas

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públicas la misma información, lo que genera un costo excesivo de administración para los productores.

Asimismo, esta verdadera maraña de regulación hace también muy difícil el cumplimiento de las normas,

incluso sin intención de evadir. Por último, las regulaciones otorgan un excesivo y arbitrario poder de castigo a

la AFIP y otros organismos, que pueden imponer sanciones tales como suspensión del RFOG o considerar al

productor en inconducta fiscal, sin que los parámetros estén claros. Proponemos revisar esta regulación

tendiendo a su simplificación, unificación, y fijar parámetros claros para la aplicación de sanciones y la

posibilidad de recurrir las mismas.

POLITICAS COMERCIALES

7 - APERTURA DE LAS EXPORTACIONES Y ELIMINACION DE LOS REGISTROS DE OPERACIONES DE

EXPORTACION.

En nuestro proyecto de país pretendemos ser una potencia exportadora, y eso requiere un horizonte claro

para que cualquier actor de la cadena (procesador, comercializador, acopiador, exportador) pueda exportar

sin trabas ni arbitrariedades. La existencia de permisos, cupos y cuotas auto-impuestas para las exportaciones

agroindustriales, consagradas por el esquema de Registros de Operaciones de Exportaciones (ROEs), llevó al

extremo de prohibir de hecho dichas exportaciones y ha sido uno de los elementos más nocivos de los últimos

años. Se han generado transferencias de ingresos injustas entre sectores, falta de previsibilidad, desincentivo

a las inversiones de largo plazo, e incluso sospechas de corrupción en torno a dicho sistema.2 En tal sentido,

proponemos la eliminación de los ROE y la derogación de toda la normativa dictada respecto a los mismos

desde 2006 hasta la fecha. Proponemos como señal hacia el largo plazo, tanto para los actores locales como

para los compradores, que dicha medida se tome por una Ley del Congreso. Esta propuesta tuvo apoyo de

todos los bloques opositores en la Cámara de Diputados de la Nación (Coalición Cívica, PRO, UCR, Partido

Socialista, Peronismo Federal) en 2010 y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura y

Ganadería (Expte. 3778-D-2010 –Autora: Diputada Elisa Carrio). 3

8 – POLITICA COMERCIAL EXTERNA ESTRATEGICA.

Además de eliminar las trabas propias al comercio exterior, es necesario tener una política proactiva de acceso

y recuperación de mercados, la cual debe ser orientada de manera estratégica según las capacidades y

potencialidades de Argentina y las demandas y oportunidades que existen en el mundo. Proponemos

establecer una estrategia común con otros países productores sobre negociación internacional, apertura de

agregadurías en países con demanda relevante para nuestros productos, y trabajo específico y

profesionalizado en algunos temas clave del mercado actual, en particular, en articulación con otras oficinas

del Estado y con el sector privado en el cumplimiento de los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad

3 Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “Los ROE no son progresistas”

(Guillermo Bernaudo – 7/06/2011 http://www.eldiario.com.ar/diario/suplemento/rural/8496-los-roes-no-son-progresistas.htm)

16 30 PROPUESTAS

que los países demandantes requieren. Esto implicará importantes incrementos en el valor agregado de las

exportaciones agroindustriales.4

9 – ELIMINACION DE LA INTROMISION ARBITRARIA PARA LA COMERCIALIZACION INTERNA.

Proponemos la eliminación de precios sugeridos, máximos, cuidado, o pseudo-acuerdos de precios y

distribución, ya sea de derecho y de hecho (“escuelita”).

10 – ELIMINACION DE LA UCESCI.

El nuevo esquema de comercialización que proponemos implica eliminar intervenciones e injerencias

arbitraria, sin por ello dejar de ejercer todas las potestades de control de estado (sanitarias, fiscales,

aduaneras, etc), por cada uno de los organismos especializados (SENASA; AFIP; ADUANA y demás). En este

marco, la existencia de un organismo como la UCESCI, sucesora de la ONCCA, pierde sentido, por lo que

proponemos su eliminación y la recuperación de sus atribuciones de fiscalización general por parte de otras

dependencias de los Ministerios y Secretarias correspondientes.

11 - TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS.

Hay acciones concretas que se pueden hacer para que los mercados internos funcionen mejor y de manera

más transparente. Proponemos la creación de Precios de Pizarra para lácteos y productos regionales. En esta

línea vienen trabajando actores privados de dichas cadenas productivas y deben ser apoyados por el Estado.

También desde el sector público se debe apoyar el fortalecimiento técnico de MATBA y Mercados de Futuros,

a través de la auditoría estatal, así como medidas específicas para mejorar la gestión de futuros, coberturas, y

warrants.

POLITICAS DE INNOVACION Y DE USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

12 – REVERTIR LOS ERRORES DE POLÍTICA PÚBLICA EN LA INDUSTRIA DE BIODIESEL.

La industria de biodiesel de soja fue una de las buenas novedades para el país y el sector en el perÍodo 2006-

2012. Principalmente por la existencia de un diferencial arancelario entre la exportación de aceites y de este

producto, y atado a la demanda generada por el corte obligatorio de la Unión Europea, se desarrolló esta

industria. Se logró un éxito resonante, ya que se logró vender al mundo al punto de liderar las exportaciones

de dicho producto. En 2012, diversas medidas, muchas de ellas contrarias entre sí en pocos meses,

aumentaron las retenciones y cambiaron los cupos internos de exportación, generando una pérdida de

rentabilidad en toda la industria y serios problemas en especial a las empresas más chicas. Planteamos en

concreto dar marcha atrás con estas medidas equivocadas, es decir, derogación de los Decretos del PEN Nº

4 4 Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “Los ROE no son progresistas”

(Leonardo Sarquis – 7/06/2011)

17 30 PROPUESTAS

1.339 y 1.719 de 2012, de la mano de una eliminación gradual de retenciones, como explicamos más arriba,

para volver a exportar y recuperar el camino de crecimiento de la industria.

13 – LEY CONABIA – FORTALECER MECANISMO DE APROBACIÓN DE EVENTOS.

La tecnología, la innovación y los organismos genéticamente modificados, usados con buenas prácticas

agrícolas, han sido y son el pilar del éxito de la agricultura argentina de las últimas décadas. A los fines de

asegurar la posibilidad de que nuestro país se mantenga en la avanzada del uso de genética y biotecnología,

condición que está perdiendo, es fundamental disponer de un marco institucional acorde y moderno. Como

puntos fundamentales se dará a la CONABIA sustento legal con una Ley que la independice de los vaivenes

políticos y un riguroso mecanismo de profesionalización a través de concursos para la determinación de sus

integrantes y auditoría de su accionar.

14 – LEY DE SEMILLAS – IMPULSAR EL PROYECTO ACORDADO EN JUNIO DE 2010.

Asimismo se promoverá la sanción de una ley de semillas que atienda los acuerdos de todos los actores y que

sobre todas las cosas logre destrabar el atraso en el desarrollo genético y biotecnológico en que se encuentra

nuestro país. En tal sentido, en junio del 2010 en el seno de la CONASE se discutió y acordó con toda la cadena

un proyecto que contempla: a) el “derecho al uso propio del agricultor” (de guardar semilla comprada en una

siembra anterior y usarla para la nueva siembra) no debe superar la cantidad de hectáreas sembradas en el

período anterior ni requerir mayor cantidad de semillas que la adquirida originalmente; b) el “derecho del

obtentor” para que se reconozca y pague la mejora genética a quien ha desarrollado la misma; y c) la

“excepción del fitomejorador”, que implica la posibilidad de utilizar la variedad protegida, sin necesidad de

autorización de su titular, para la creación de una nueva variedad, como forma de no restringir la innovación y

mejora de variedades. Sostenemos las líneas generales de este proyecto, y promovemos que se discutan

mejoras y actualizaciones al mismo, y sobre esa base forjar la nueva ley.

15 - INNOVACION Y AGREGACION DE VALOR – CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

Se establecerán los mecanismos y normas para que nuestro país pueda acceder a mercados de productos cuya

certificación de determinados agregados de valor sea requerida. En este sentido es necesario actualizar

muchos estándares de calidad que hoy no nos permiten agregar valor e incorporar nuevas certificaciones, para

las cuales el rol del Estado es requerido a través de diversos organismos (Ministerio de Agroindustria,

Aduanas, etc.) y el abandono que se ha hecho de una política sería y expansiva de nuestras exportaciones nos

pone en una situación de retraso que no es posible mantener.

16 - LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL. A nivel nacional no

existe una ley en tal sentido, lo que implica que el país carece, ni siquiera en sus grandes rasgos, de una

estrategia de uso, manejo y resolución de conflictos relacionados con el suelo y los recursos naturales

relacionados al mismo. Dicho debate debe darse en el Congreso de la Nación y contener “presupuestos

18 30 PROPUESTAS

mínimos”, es decir, pautas generales de manejo, que acorde al mandato constitucional, luego serán las

provincias, por ser las titulares de los recursos naturales, las que las apliquen y complementen en sus

territorios. Los contenidos de dicha ley deberán ser discutidos de manera amplia con todos los sectores, ya

que implican el uso industrial, residencial, turístico y demás del uso del suelo, y los potenciales conflictos entre

ellos. Es fundamental que dicho debate incluya todos los aspectos requeridos para el desarrollo sustentable en

lo ambiental pero también en sus aspectos económicos y sociales.

17 – REVISIÓN DE LA LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS Y DE SU REGLAMENTACIÓN.

La enorme demora en la sanción por parte de las provincias de sus respectivos ordenamientos territoriales de

bosques nativos, los conflictos aún vigentes en algunas de las que los han sancionado, y el incumplimiento de

la Nación de la mayoría de las obligaciones asumidas en la Ley ameritan que la misma sea revisada, lo mismo

que su reglamentación. El enfoque parcial de la Ley, sin una visión acorde con una propuesta de desarrollo

regional integral y con una reglamentación que en algunos aspectos no contempla la diversidad de situaciones

regionales amerita un nuevo debate que contemple una visión más amplia y atienda los aspectos en los que se

centran las dificultades existentes. Es necesario recopilar las dificultades reales ocurridas en la

implementación de la Ley, evaluar su impacto en el desarrollo de cada región y revisar la Ley en aquellos

aspectos que originan estos problemas.

18 – LEY NACIONAL DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE MANEJO Y APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS.

Como cualquier insumo industrial, los agroquímicos deben ser usados con profesionalidad, cuidado y

supervisión. Como cualquier otra actividad que utiliza recursos naturales, las empresas y productores

involucrados deben ser responsables por sus acciones. Ahora bien, el debate respecto al tema agroquímicos se

ha teñido de opiniones sin fundamento en hechos concretos y muchos prejuicios, que en algunos casos fueron

potenciados al ser receptados en algunas legislaciones locales, lo que ha complicado la discusión. Es en tal

sentido que proponemos una ley nacional que regule estándares básicos de uso y manejo, y en su caso,

responsabilidades de los diferentes eslabones de la cadena de agroquímicos y penalidades por

incumplimiento. También la ley debe obligar a los distintos niveles de gobierno la aceptación de las

características de toxicidad, normas de uso, etc., determinadas por SENASA o las autoridades competentes. En

particular, cuestiones referidas a la aplicación de los mismos por los productores, así como la disposición de

envases, y también obligaciones de los industriales y distribuidores, deben ser incluidas en esa ley. Esta

reglamentación clara de nivel nacional puede salvar discusiones, proteger el ambiente y la población de

riesgos potenciales y servir para el crecimiento de la producción. Proponemos en este sentido tomar como

base de regulación el Proyecto del Diputado de la UCR Juan Casañas de 2012 (Expte 8602)

19 30 PROPUESTAS

EL FOMENTO EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad existen solo a nivel nacional más de 20

programas y leyes de fomento agropecuario, en 3 Ministerios

diferentes, además del INTA y otros organismos

descentralizados, y con una multiplicidad de asignaciones

presupuestas distintas. Entre ellos la Ley Ovina, Fondo del

Algodón, Fondo del Tabaco, PROHUERTA, PROVIAR y

Programas Regionales, entre otros. El total del gasto público en

fomento fue en 2013 de 1685 millones de pesos, lo que

equivale prácticamente al total del aporte por retenciones que

hacen todas las economías regionales en su conjunto, a

excepción de los lácteos. A esto debe sumarse las “líneas de

crédito especiales” otorgadas por Bancos Públicos, sin contar el

fomento realizado por Provincias y Municipios. Tampoco

incluye el gasto tribuario, es decir lo que se deja de recaudar

por diferentes exenciones impositivas. Este esfuerzo tiene

muchas debilidades: se realiza de manera muy descoordinada,

tiene bajo control de gasto, y los beneficiarios son elegidos de

manera discrecional, pero su mayor debilidad radica en que

mayormente es incapaz de transformar para mejor la realidad

productiva de los sectores fomentados. Esto implica no solo un

fracaso para los privados, sino una injusta e ineficiente

asignación de recursos públicos.

POLITICAS DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL, DESARROLLO RURAL Y EMPLEO.

19 – NUEVA LEY NACIONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. Proponemos una regulación nacional sobre

Políticas de Fomento Agroindustrial, capaz de ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de

fomento que hoy existen dispersas,

desordenadas y sin control ni

presupuestario ni de resultados. De

esta manera será el Congreso quien

discuta y decida cuáles serán los a)

Objetivos b) Sectores c) Requisitos y

Condiciones d) Tipos de ayuda y e)

Contraprestaciones de cada uno de los

programas de fomento. Asimismo,

consideramos que dicha ley debe

agregar a los actuales programas de

fomento las siguientes características,

hoy ausentes: i) la condicionalidad del

beneficio (es decir, debe existir algún

tipo de contraprestación u objetivo a

cumplir por parte del privado que

recibe el beneficio estatal), ii) la

evaluación de impactos y resultados de

los proyectos, y iii) la existencia de

auditoría y controles a todo el esquema

de fomento (AGN, SIGEN, etc.). Dicha

ley regirá por 5 o 10 años, y su

renovación y la de sus proyectos

estarán atadas a dichas evaluaciones

de impacto y controles realizados. Si

bien el centro de nuestra propuesta es

que exista y se defina por el Congreso este nuevo esquema institucional de fomento, adelantamos algunos de

los contenidos concretos que proponemos para dicha Ley. Entre los objetivos debemos apuntar a alargar las

cadenas de valor, agregando procesamiento a diferentes productos, como pueden secado de leche, frigoríficas

o procesamiento de frutas y hortalizas. Respecto a sectores, se puede fomentar la reconversión de las

industrias forestales, las de bioenergías, y determinadas economías regionales. También se fomentaran

cuestiones de impacto social o ambiental, como el arraigo rural, la rentabilidad de diversas escalas, o la mejora

en el uso de los recursos naturales. Cuestiones a evaluar serán también el fomento de la cobertura por

seguros privados de riesgo agropecuario y el acceso al crédito para productores de diversas escalas, entre

otros. Esta ley de fomento complementará el incentivo a la inversión y el empleo que implicará la

20 30 PROPUESTAS

amortización acelerada de la inversión y otras medidas que mejoren la rentabilidad de los productores,

explicitadas en el capítulo tributario. 5

20 – NUEVOS MERCADOS CONCENTRADORES DE DIFERENTES ESCALAS - AGRICULTURA FAMILIAR.

El mayor problema de la agricultura familiar es su poco o deficiente acceso a mercados en general. Por ello

proponemos la creación de nuevos y diversos mercados concentradores en el territorio del país, de diferentes

escalas. Estos mercados no fijarán precios o distribución, sino que acercarán a las partes de la cadena y

ahorrarán costos operativos a los productores. El sector público actuará como articulador y garante de la

competencia, favoreciendo el acceso de productores, intermediarios y consumidores.

21 – MEJORAR LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO (RNTA).

La reciente reforma por la Ley 26727 ha dejado algunas dudas o implicado reformas de difícil implementación

práctica, que pueden y deben ser mejoradas por vía reglamentaria, más aun si como proponemos, dicha

reglamentación se hace en dialogo tripartito (gobierno, trabajadores y empleadores) y con la consideración

que la ley contempla de las diferentes realidades productivas regionales. En particular deben detallarse

cuestiones referidas a las condiciones de estabilidad para trabajadores llamados “golondrina” (según el

régimen anterior tratados como no permanente, hoy tratados como temporarios o permanentes de

prestación discontinua, según el caso), a la solidaridad ante los incumplimientos de la ley laboral, y a las

condiciones de vivienda, traslados e infraestructura. 6

22 - RECUPERACION DEL RENATRE.

El RENATRE fue un órgano tripartito, con participación de todos los sectores, que tuvo un enorme éxito en

lograr la formalización de los trabajadores del sector. Aun a pesar de este éxito, por cuestiones de

alineamiento partidarios totalmente ajenas a la eficiencia del organismo y la realidad sectorial, el mismo fue

reemplazado por el RENATEA y le fue quitada su gestión conjunta al directorio compuesto por la UATRE y las

demás entidades gremiales y cámaras del sector. Creemos que debe darse marcha atrás con esta medida, y

recuperar el sendero de aumento de la formalización por incentivos y trabajo conjunto.7

5 Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con más profundidad en la notas de prensa “Hacia el debate de una ley de fomento agroindustrial” (Andrés Domínguez, Diario La Nación, 12/4/20104) 7 Respecto a los puntos 21 y 22 Respecto a este tema, en la nota “Los temas pendientes y la necesidad de fijar una estrategia de

país” (Andres Dominguez, 29/12/2012, http://www.lanacion.com.ar/1541036-los-temas-pendientes-y-la-necesidad-de-fijar-una-

estrategia-de-pais ) afirmamos al respecto de la a la reforma del Régimen Nacional de Trabajo Agrario y de la disolución del Renatre. “Esta ley se ha aplicado parcialmente: básicamente para cerrar Renatre manejado por Uatre- y absorberlo en Renatea manejado por el Gobierno. Pero quedan muchas dudas jurídicas. Trabajadores que antes eran legalmente calificados como no permanentes (por tareas de ciclos o por cosecha) ahora pueden ser calificados como permanentes de prestación discontinua si son contratados más de una vez por el mismo empleador, o como temporarios en caso de que sea una sola vez. En el primer caso adquieren estabilidad y en el segundo, no. Esto implica a su vez que sus beneficios de jubilación e indemnización, entre otros, se asimilan a la ley general de contrato de trabajo. Por otro lado, en un sector de tanta informalidad, donde venía habiendo

21 30 PROPUESTAS

POLITICAS ESPECIFICAS y SECTORIALES

23 – PLAN DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL, CON OBRAS CENTRALES PARA LA AGROINDUSTRIA.

En el marco del ineludible plan de infraestructura nacional que nuestro país debe encarar, tanto en

infraestructura productiva como social, todos los principales modos de transporte deben ser potenciados de

manera de incrementar la competitividad sistémica de los agronegocios y sus industrias. Estos modos son el

vial, el hídrico y portuario, y el ferroviario de cargas. El transporte vial será prioridad, pensando en ampliar la

red de autopistas, repavimentar rutas y mejorar los caminos rurales. En cuanto al transporte de cargas

ferroviario, debido a la fuerte desinversión del sistema y los altos costos de inversión, se deberá priorizar la

recuperación de algunas obras troncales, tales como el Belgrano Cargas. También tendrá alta prioridad el

balizamiento y dragado de vías navegables, en conjunto con la mejora y ampliación de puertos y de accesos a

los mismos. La magnitud de las obras impone buscar alternativas mixtas tanto de financiamiento como de

ejecución, que incluyan al sector público, a las empresas privadas, al financiamiento internacional y a los

fondos de cooperación multilateral. Según estudios de la Fundación Pensar, el monto de inversión en los

rubros prioritarios de infraestructura de transporte ascendería a 18.500 millones de dólares en cuatro años.

24 - PLAN DE AGUAS – OBRAS HIDRICAS DE MANEJO DE CUENCAS, RIEGO y CONTROL DE INUNDACIONES.

En complemento al plan de infraestructura de transporte, Argentina debe encarar el desafío de manejar uno

de los recursos estratégicos que posee en abundancia y que hoy malgasta y desmaneja. Hoy existen 2,3

millones de hectáreas bajo riego de las cuales 450 mil están mecanizadas por pivote. El potencial de riego es

de 16 millones de hectáreas. Existe la tecnología disponible para aprovechar al máximo nuestras cuencas,

evitar pérdidas por inundaciones y sequÍas, y de esta manera ampliar la frontera productiva y mejorar la

productividad de las actuales tierras trabajadas, todo de la mano de una manejo más amigable con el medio

ambiente y evitando el despilfarro. Este plan de obras será articulado entre Nación, Provincias y Municipios,

con un rol central de los usuarios privados, contemplando que en los casos en que las obras puntuales en

tierras privadas generen mejoras concretas para propietarios rurales las mismas sean realizadas o solventadas

por los beneficiarios.8

avances desde que surgió Renatre, no es claro si estos cambios legales son de hecho mejoras o incentivos a seguir en la informalidad” 8 Respecto al tema, en la nota “Las lecciones que nos deja la sequia”, (Leonardo Sarquis y Andres Dominguez, 4/2/2012,

Diario La Nacion ) introducían la siguiente idea: “necesitamos discutir y aplicar un Plan Nacional de Manejo del Agua y

de Obras de Riego. Nuestros ríos expulsan millones de litros de agua dulce por día al mar. Los efectos del cambio

climático hacen que los eventos climáticos extremos sean más fuertes y se repitan con más ocurrencia.nte esta situación,

es necesario racionalizar nuestro uso del agua y de manejo de las cuencas hídricas. El agua que en algunas zonas sobra

puede poner en producción otras tierras. Las obras de riego así, como la mejora tecnológica en el uso del agua pueden

generar un verdadero boom productivo, minimizando así el impacto negativo del clima. Incluso deberíamos pensar un

plan de manejo de aguas y cuencas a nivel regional y sudamericano, para aprovechar mejor los recursos”

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25 - ALIMENTACION INTERNA.

Proponemos perfeccionar las normas de calidad, sanidad y certificación, e incrementar el esfuerzo de control y

cumplimiento de la normativa vigente. Los detalles de esta medida y la ejecución cotidiana serán encarados,

como proponemos más adelante, por organismos fortalecidos técnicamente, en este caso el SENASA, el

Ministerio de Agroindustria y las Direcciones Provinciales de Seguridad Alimentaria.

26 – COMERCIO EXTERIOR ESPECIFICO PARA GANADERIA VACUNA.

Proponemos trabajar para la apertura de una Cuota Americana de embarques de carne a Estados Unidos,

avanzar en la implementación de la ya existente Cuota de Feed-Lot para el mercado europeo, que no hemos

aprovechado, y apertura de mercados emergentes. Respecto a la Cuota Hilton, hoy en día la arbitrariedad en

la distribución, sumada a la intervención de hecho de los mercados de exportación, nos ha llevado a incumplir

envíos ya autorizados por Europa, con pérdida de divisas para el país y empleo para todos, además de afectar

nuestro prestigio como proveedores de carne vacuna. Para revertir esto, proponemos volver al antiguo

esquema de distribución de Cuota Hilton que se inició en 2005, luego de diversos problemas de gestión,

judiciales, y de aftosa entre otros, que tenía en cuenta la adjudicación de la misma por parámetros objetivos,

los que incluían entre otros, consideraciones territoriales, sociales y productivas (como favorecer a PYMES y

frigoríficos del interior), así como el cumplimiento previo de los embarques, conocido como “past-

perfomance”.9

27 – ABRIR LAS EXPORTACIONES DE LACTEOS.

La articulación que la cadena lechera ha logrado en torno a diagnósticos y propuestas plasmadas en el Plan

Estratégico de Lechería (PEL) es un ejemplo a seguir y debe ser la base para pensar futuras propuestas

puntuales para esta cadena, pero encuentra sus esfuerzos desaprovechados en un marco de políticas públicas

como las actuales, por lo que las mismas deben ser reformadas. En el sector lácteo en particular, con altísimos

niveles de eficiencia en la Argentina en la comparación internacional, y un sector de producción primaria

competitivo y que ya hoy genera exceso de oferta para abastecer a todo el mercado interno, es una de las

cadenas en donde nuestra propuesta de comercio exterior explicada más arriba de apertura de exportaciones,

eliminación de los ROE y búsqueda de una estrategia de comercio exterior proactiva de nuevos mercados,

9 Un diagnostico en profundidad de las políticas publicas en materia de ganadería y sus resultados fue realizado por

Fundación Pensar en “Historia de un Fracaso: Política de Carne Bovina 2005-2013” (Jose Anchorena, Silvana Meltisko y Andres Dominguez, Abril de 2013 http://www.fundacionpensar.org/pdf/DT013_Carnes.pdf). Adelanto de estos resultados y de las propuestas contenidas en este punto fueron anunciados en las notas “Las mentiras no bajan el precio de la carne” (Elisa Carrio y Alejandro Rabinovich con redacción de Andrés Domínguez, Diario La Nacion, 15/3/2006 http://www.lanacion.com.ar/788767-las-mentiras-no-bajan-el-precio-de-la-carne ) y “Un verdadero Plan Ganadero” (Elisa Carrio y Andres Dominguez, Diario Clarin, 10/6/2006, http://edant.clarin.com/suplementos/rural/2006/06/10/r-02401.htm)

23 30 PROPUESTAS

sumada a la generación del “precio de pizarra lácteo” que mejore el funcionamiento de los mercados, tendrá

fuertes beneficios para la cadena, las zonas de producción y el conjunto de la economía del país. 10

POLITICAS INSTITUCIONALES

28 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORGANISMOS TECNICOS.

El INTA, el SENASA y el INASE son organismos de peso, que en su momento tuvieron prestigio y centralidad en

nuestra agroindustria, y que se han ido degradando con el tiempo. Proponemos su fortalecimiento

institucional y profesional, con medidas concretas como: concurso público de oposición y antecedentes para

sus cargos de conducción técnica y la mayoría de sus cargos de línea, sistema de mérito para el manejo de los

recursos humanos y ascensos, autarquía financiera y fortalecimiento presupuestario. Estos tres organismos

recibieron en el año 2013 un presupuesto total de 4.400 millones de pesos. Consideramos que un manejo

eficiente de esos fondos puede generar los resultados impulsados en estas propuestas.

29 – CREACION DEL CONSEJO DE DIALOGO AGROINDUSTRIAL.

El debate entre sector agroindustrial, gobierno y sociedad es uno de los puntos pendientes de la agenda

argentina. Proponemos crear una instancia permanente de interacción público-privada, de carácter honorario

para sus miembros y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacionales, en donde participen todos

los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria, como espacio de intercambio y debate y mejora de

temas referidos a políticas públicas concretas.

30 - CREACION DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

En línea con la visión de la agroindustria que planteamos, dinámica, productiva, con desarrollo territorial y

largas cadenas de valor, proponemos ampliar las competencias del actual Ministerio de Agricultura, Ganadería

y Pesca, para que, sin dejar de atender a la producción primaria, tenga una visión industrial, alimentaria y de

conjunto del sector y su potencial. Este organismo deberá facilitar el buen funcionamiento de los mercados,

coordinar todas las acciones de fomento, colaborar en la resolución de los conflictos intra-cadenas y

simultáneamente promover una política de comercio exterior proactiva de apertura de mercados para todos

los productos agroindustriales.

10

Toda la propuesta de Lacteos esta basada y en línea con el trabajo de el PEL y la Fundacion PEL http://www.fundacionpel.org/index.php/sample-sites-2?view=featured