EXPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, GERARDO RUIZ ESPARZA, EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR EL PROCESO DE LICITACIÓN, EMISIÓN DE FALLO Y NO FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO

Lunes 22 de diciembre 2014

Buenas tardes señoras y señores diputados integrantes de la

Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de

fallo y no firma del contrato de obra pública para la construcción del

Tren México-Querétaro.

Saludo al señor Presidente de la Comisión, Diputado Fernando

Maldonado Hernández.

Me da gusto saludar también a todos los integrantes de la Comisión,

Con respeto a las diputadas Cristina González Cruz y Lilia Aguilar Gil.

Y a los diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez, Roberto Reyes

Gámiz, Antonio Cuéllar Steffan, José Angelino Caamal Mena y

Ricardo Mejía Berdeja,

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Igualmente, mi expresión de respeto a los demás legisladores que se

encuentran presentes.

A los representantes de los medios de comunicación, gracias por su

interés.

Señoras y señores,

Asisto con diligencia y ánimo constructivo al llamado de ésta Comisión

Especial de la Honorable Cámara de Diputados en cumplimiento de la

obligación constitucional de atender las solicitudes de información del

Poder Legislativo.

Desde el pasado dos de diciembre, cuando se acordó su constitución,

di la bienvenida públicamente a los trabajos de esta Comisión Especial

porque estoy convencido de que su aporte es fundamental para

ayudar a transparentar y aclarar ante la opinión pública todo lo

relacionado con el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-

Querétaro.

Tengo instrucciones precisas del Señor Presidente de la República de

atender todo requerimiento de información relacionado con las tareas

de la Secretaría a mi cargo.

Soy un servidor público con una carrera ininterrumpida de más de

cuarenta y cinco años. He tenido el orgullo de participar activamente

en reformas y proyectos trascendentes para el Sector Público durante

administraciones federales y estatales de diferentes signos políticos.

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Mi norma ha sido y es actuar con honorabilidad, legalidad y

transparencia.

Estos principios han sido rectores en estos primeros dos años de

gestión al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

durante los cuales hemos instrumentado importantes medidas de

transparencia en los procesos de contratación y gasto. A mi llegada a

la Secretaría, encontramos 2,636 documentos clasificados como

reservados por la dependencia. Al día de hoy son sólo 17.

El programa nacional de infraestructura en materia de comunicaciones

y transportes es uno de los más ambiciosos de las últimas décadas,

con una inversión histórica de más de 1.5 billones de pesos.

El 80% de las obras previstas en el programa ya se encuentra en

proceso de ejecución. Hemos realizado 6 mil 461 licitaciones y suscrito

contratos con más de 3 mil 400 empresas, por un monto superior a los

220 mil millones de pesos.

A lo largo de estos dos años todas las licitaciones de proyectos

relevantes se han desarollado libres de inconformidades legales. Se

ha contado con la participación de testigos sociales designados por la

Secretaría de la Función Pública y, por primera vez, se publican

testimonios electrónicos de los procedimientos, desde su inicio y hasta

la firma del contrato, los cuales pueden ser consultados en la página

web de la Secretaría y la página de Compranet.

Las 46 nuevas autopistas proyectadas en esta administración, con una

extensión superior a 3 mil kilómetros, avanzan conforme a programa.

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13 se concluirán en este año con más de 700 km de longitud. En 2012

había 85 autopistas en el país, por lo que en tan sólo 6 años se

incrementarán en más de 50%.

También se construyen y modernizan aceleradamente 90 carreteras,

20 nuevas y 70 ampliadas y modernizadas, con una longitud de más

de 4 mil 900 km. Este año estarán concluidas 25, con 1,427 km de

longitud.

En cuanto a caminos rurales se tiene una meta sexenal sin precedente

de casi 50 mil kilómetros. De ellos se han concluido ya más de 18 mil

400.

El relanzamiento de trenes de pasajeros y transporte masivo tiene

como objetivo ofrecer a los ciudadanos un transporte digno, moderno,

seguro, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, que permita

ahorros considerables en los tiempos de traslado y disminuya el

número de accidentes. Se trata de proyectos con una gran rentabilidad

social.

Se tienen en marcha 11 proyectos con una inversión superior a los

177 mil millones de pesos. Destacan la línea 3 del metro de Monterrey,

el tren México-Toluca y el Tren Ligero de Guadalajara, que avanzan

conforme a lo programado y serán concluidos en marzo del 2016 y

junio y diciembre del 2017, respectivamente.

En 2015 está programado el inicio de la ampliación de las líneas del

metro Martín Carrera–Ecatepec y Chalco-La Paz, así como la primera

etapa del Tren Transpeninsular del Sureste y los proyectos de

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transporte urbano con carriles confinados de Tijuana, La Laguna y

Mérida.

La capacidad operativa de los puertos se duplicará en solo 6 años al

pasar de 260 a más de 500 millones de toneladas por año. Para tal fin

se desarrollan 28 proyectos con una inversión de 76 mil mdp. En este

año se concluyeron importantes ampliaciones de los puertos de

Manzanillo y Lázaro Cárdenas y se concluirán Topolobampo y

Guaymas. 19 proyectos están en ejecución y en 2015 iniciarán 5 más.

Respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,

se contrató ya el proyecto arquitectónico así como el Gerente de

Proyecto y próximamente se contratará al Ingeniero Maestro. Se

iniciaron ya las obras hidráulicas y la autopista de conectividad y en

las siguientes semanas iniciarán los trabajos de acondicionamiento del

suelo.

La reforma de telecomunicaciones aporta ya beneficios significativos

para la población. A partir del 1° de enero de 2015 se dejará de pagar

Larga Distancia en llamadas nacionales y está en proceso la licitación

de dos nuevas cadenas de televisión, pronto se tendrán nuevas

opciones de televisión abierta.

En lo que se refiere a la transición digital, a la fecha la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes ha entregado más de un millón de

televisores. El programa avanza conforme al calendario publicado en

el Diario Oficial de la Federación y al presupuesto aprobado.

El programa México conectado tiene como meta dar acceso de

internet de banda ancha en 250 mil sitios públicos, incluyendo

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escuelas, clínicas y hospitales en todo el país. Este año ya superamos

los 65 mil sitios conectados, cumpliendo con ello la meta fijada para el

2014.

Si ustedes me lo permiten, paso ahora a exponer las cuestiones

relativas al proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

La intención de llevar a cabo el proyecto ha sido del dominio público

desde el inicio de la administración, pues se trata de un compromiso

gubernamental asumido por el Lic. Enrique Peña Nieto, anunciado

oficialmente en su primer discurso como Presidente de la República.

Los estudios de pre-inversión y el anteproyecto ejecutivo fueron

realizados por PROINTEC, una de las empresas más importantes de

Europa en ingeniería de trenes de alta velocidad, con 40 años de

experiencia y participación en proyectos de más de 1,500 km en

países como España, Portugal, Estados Unidos, Turquía y la India.

A partir de noviembre del 2013 se sostuvieron 27 reuniones con

funcionarios y técnicos de las empresas Alstom (7 citas); Bombardier

(4 citas); CAF (5 citas); SIEMENS (5 citas); China Railway (2 citas) y

Systra (4 citas).

El propósito de estas sesiones fue presentar el proyecto y aclarar

dudas sobre sus características más relevantes.

Se informó a las empresas el tipo de tren; las características del trazo

(inicio, término, longitudes, estaciones, talleres de mantenimiento y

servicio); del material rodante (sistemas de alimentación, velocidad de

diseño, longitud de coches, capacidad de pasajeros, gálibo estático y

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dinámico, tracción, frenado, mantenimiento); de la obra civil; de la

operación (demanda, velocidad máxima y comercial, número de

trenes, intervalo de servicio, carga máxima) y los sistemas ferroviarios.

El análisis de costos y beneficios para la autorización de la cartera de

inversión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue

publicado en el portal de esa Secretaría desde abril de 2014.

Las pre-bases de la convocatoria se publicaron el 25 de julio; las

bases de licitación el 15 de agosto. Entre el 1 y el 12 de septiembre se

celebraron tres juntas de aclaraciones y se fijó el 15 de octubre como

fecha para presentar ofertas.

Tres empresas fabricantes de trenes, Bombardier, Alstom y Siemens,

solicitaron ampliar el plazo para presentar ofertas entre 90 y 240 días.

Conviene precisar que el plazo ofrecido en las bases cumplió

cabalmente con los tiempos legales, pero, además, a ese plazo se le

debe agregar el que se otorgó a todas las empresas interesadas por la

información ofrecida con anterioridad a la publicación de la

Convocatoria.

Es importante mencionar que Alstom y CAF nos manifestaron por

escrito que sus esfuerzos estaban enfocados en los proyectos de los

trenes México-Toluca y de Guadalajara, mientras que Bombardier

expresó verbalmente su interés por el México-Toluca y Siemens en

todo momento señaló que requería un año para preparar una oferta.

Debo subrayar que ninguna empresa se inconformó por el contenido

de las pre-bases, las bases, el plazo para presentar ofertas o el fallo.

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El 15 de octubre se recibió una propuesta de un consorcio formado por

empresas de la República Popular de China, Francia y México. La

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal conoció ese

día la conformación del consorcio, el cual se integró dos días antes.

Las empresas de la República Popular de China eran China Railway

Construction Corporation, China Railway Construction Corporation

International y CSR Corporation Limited. Estas empresas de

participación estatal han construido alrededor de 10 mil kilómetros de

trenes de alta velocidad, incluyendo proyectos en Turquía, Argelia y

Nigeria. China Railway Construction Corporation ocupa el lugar 80

entre las 500 empresas globales de la revista Fortune, es la sexta

empresa más grande, así como el mayor contratista, de la República

Popular de China. Entre sus proyectos emblemáticos se encuentra el

tren de alta velocidad Beijing-Shanghai, el cual alcanza una velocidad

récord de 486.1 km/h.

Las empresas mexicanas del consorcio eran Constructora y

Edificadora GIA+A, Prodemex, Constructora TEYA y GHP

Infraestructura Mexicana, constructoras con más de 20 años de

experiencia en el desarrollo de proyectos carreteros de altas

especificaciones que han incluido la construcción de túneles y

viaductos.

Por la importancia del proyecto, creímos necesario contar con la

colaboración de expertos internacionales a fin de evaluar las

propuestas. Por ello firmamos en junio del 2014 en Madrid, España, un

acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento del Gobierno

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Español y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México,

para contar con la colaboración de Ingeniería y Economía del

Transporte, el INECO, organismo público descentralizado del

Gobierno Español especializado en la realización de todo tipo de

estudios y proyectos de transporte y telecomunicaciones, con más de

45 años de experiencia, presencia en 40 países y participación en la

construcción de más de 3 mil kilómetros de trenes de alta velocidad.

El 3 de noviembre, se dio a conocer el fallo en un acto público. Por

conducto de su Director, Alberto Váscones, INECO describió la

evaluación realizada y dictaminó que la propuesta resultaba solvente y

cumplía con todos los requisitos legales, técnicos y económicos

exigidos en las bases. A partir de este dictamen, se emitió fallo en

favor del consorcio que presentó la propuesta.

A lo largo de todo el proceso se contó con el Testigo Social designado

por la Secretaría de la Función Pública, Ingeniero Humberto Santillana

Díaz, quien rindió su testimonio señalando que el proceso fue apegado

a derecho y a la normatividad vigente.

Todos los documentos relativos al proceso de licitación se encuentran

disponibles para consulta pública en CompraNet y en la página web de

la Secretaría.

Días antes del fallo se generó un ambiente poco favorable hacia el

proceso de licitación.

Se reprodujeron pronunciamientos de participantes acerca del tiempo

para la presentación de proposiciones; se difundió la versión de que

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un solo participante no garantizaba las mejores condiciones, así como

de que la oferta económica presentaba un sobreprecio si se le

comparaba con el registro del proyecto ante la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, ello sin tomar en cuenta que, por el tiempo

transcurrido desde la elaboración del análisis de costos y beneficios, el

costo estimado en el registro debe, en los términos previstos por la

normatividad, actualizarse por el efecto de la inflación y el tipo de

cambio. De igual forma, se hicieron señalamientos sobre la

participación en el consorcio de empresarios mexicanos vinculados a

ex servidores públicos y administraciones de gobierno.

Estas críticas se reflejaron en los medios de comunicación y llegaron

también a las cámaras del Congreso de la Unión, donde incluso se

presentaron iniciativas para exhortar a la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes a suspender el proceso de licitación.

No obstante las amplias explicaciones sobre la legalidad y

transparencia plenas del proceso, los cuestionamientos crecieron y

adquirieron un tono político.

El 6 de noviembre su servidor acudió al Senado de la República,

atendiendo una invitación que le hizo el Presidente de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo una reunión con la

mencionada Comisión a fin de aclarar algunas dudas sobre la

licitación, a la que asistieron muchos legisladores no miembros de la

Comisión en un claro reflejo del interés generado por este tema.

A lo largo de la reunión se cuestionó la legalidad del fallo, dada la

participación de las empresas mexicanas en el consorcio. Se

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mostraron suspicacias por los nombres de los dueños de las empresas

ganadoras que forman parte del consorcio y se insinuó la posibilidad

de que el consorcio ganador hubiera contado con información

privilegiada y que por esa razón los demás competidores prefirieron

declinar. Se hizo mención de la vinculación de una de las empresas

mexicanas con un ex presidente de México, por conducto de una

persona con quien tenía una relación de parentesco. Al mismo tiempo,

se cuestionó la negativa

En mi exposición frente a los senadores, por el curso que llevó el

proceso, los cuidados y la transparencia que le infundimos,

evidentemente defendí con argumentos técnicos y normativos la

legalidad de la licitación, señalando que el testimonio de INECO y del

testigo social eran testimonios incontrovertibles sobre el apego a la

legalidad, su viabilidad técnica, financiera y económica.

En esa reunión escuchamos expresiones en el tono que cito textual a

continuación: “…Existió un proceso irregular, donde el gobierno dotó

de información privilegiada a uno de los competidores y los demás

competidores, conscientes de ese hecho, prefirieron declinar y

desertar del concurso…”.

O planteamientos claramente contrarios a la continuación del proyecto

como, cito textual: “... Solicitar a la Cámara de Diputados cancelar las

partidas presupuestales asignadas al tren”, expresión formulada

previamente, en conferencia de prensa, en los siguientes términos: “Lo

que estamos solicitando hoy, y es una exigencia a la Cámara de

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Diputados, es que no se asigne un solo centavo a esta obra en tanto

no se aclaren los términos opacos de esta licitación”.

Concluida la reunión, reflexionamos en la Secretaría sobre el riesgo de

continuar el proyecto en condiciones de duda acerca de la legalidad y

transparencia del proceso licitatorio, con la posibilidad de acciones

políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de

los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Lo anterior,

independientemente del riesgo para los servidores públicos

involucrados por decisiones tomadas en un escenario adverso que

llevaría a cuestionarlos en su honorabilidad y la existencia de una

percepción contraria al proyecto en la opinión pública.

Factores supervinientes ponían en riesgo la concreción del proyecto.

De suscribirse el contrato correspondiente a la licitación, se asumirían

obligaciones legales que, de no cumplirse por causas ajenas al

contratista (situación muy posible en el entorno existente), generarían

costos adicionales de magnitud muy superior al pago de los gastos no

recuperables previsto en la Ley y que generarían un daño patrimonial

al Estado.

El proyecto del Tren Rápido México-Querétaro es un elemento central

para la conectividad y movilidad ciudadana, parte de un eje

vertebrador de transporte ferroviario de largo itinerario para conectar al

Bajío, Guadalajara y Monterrey, el cual permitirá el traslado rápido,

confortable y eficiente de pasajeros, facilitando así la comunicación

familiar, comercial y cultural. Una red de transporte moderna y

eficiente es un elemento común de los países con altos niveles de

desarrollo y calidad de vida.

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Dada la trascendencia y dimensión del proyecto, era indispensable

contar con el apoyo firme del Congreso y de la sociedad.

Indispensable también era contar con el apoyo de los actores

institucionales y la autorización presupuestal.

En consecuencia, era imperativo promover condiciones para que este

gran proyecto de conectividad y movilidad ciudadana se desarrollara

con plena aceptación popular y libre de obstáculos, a fin de capitalizar

sus beneficios sociales y económicos. Ello podía lograrse mediante

una nueva licitación, que disipara los cuestionamientos manifestados,

los cuales habían permeado a la opinión pública, que diera certeza y

seguridad al desarrollo del proyecto, y que salvaguardara la relación

con la República Popular de China.

A fin de poder realizar una nueva licitación, se analizaron las

disposiciones legales aplicables en relación con los artículos 40 y 47

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

los cuales permiten a las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal tomar la determinación de cancelar el

proceso de licitación o, en su caso, declinar firmar el contrato derivado

de la misma. Dichas disposiciones protegen el interés patrimonial del

Estado previamente a la firma del contrato de obra pública. De esta

manera, se evitan eventos que puedan poner en riesgo la ejecución de

los trabajos o la obtención de los beneficios esperados.

Por lo anterior, a fin de asegurar que el país pueda contar con el tren

de alta velocidad, y por ser el escenario de menor afectación, decidí

solicitar al Presidente de la República autorización para reponer el

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proceso y otorgar un plazo más amplio para presentar ofertas, lo que

permitiría disipar los cuestionamientos y crear un ambiente positivo

para este proyecto tan relevante. Ello implicaba tomar las acciones

para dejar sin efecto el fallo, en términos de los artículos 40 y 47 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Durante la visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la

República Popular de China, efectuada del 10 al 13 de noviembre,

expuse la situación a las autoridades y empresas ese país, así como

las alternativas existentes. Por supuesto que hubo sorpresa por parte

de las autoridades y empresas chinas, pero entendieron nuestras

razones.

El 1° de diciembre de 2014 se comunicó oficialmente al consorcio

encabezado por China Railway Construction Corporation que la

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal no firmaría el

contrato derivado del proceso de adjudicación. El plazo legal para

inconformarse por la decisión ya venció y no hemos sido notificados

de alguna inconformidad. A la fecha, no se ha recibido tampoco

ninguna solicitud para el pago de gastos no recuperables.

En relación con ciertos rumores difundidos recientemente, quiero dejar

testimonio claro y categórico de que no se ha pagado al consorcio

ninguna compensación o cantidad alguna por cualquier otro concepto.

Señoras y señores diputados, la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes ha actuado y seguirá actuando con legalidad,

transparencia y honestidad. Tenemos la responsabilidad de ejercer

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con eficiencia y pulcritud los recursos públicos de todos los mexicanos.

Así lo hemos hecho invariablemente.

El pasado 15 de diciembre, a requerimiento de esta Comisión, la

Secretaría hizo entrega en medio impreso y en medio magnético de

toda la información del proceso de licitación hasta la notificación de no

firma del contrato respectivo. Vale la pena subrayar que la información

solicitada está clasificada como pública, conforme a la política de la

Secretaría; en esa misma fecha, la Subsecretaria de Transportes y el

Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal sostuvieron

con ustedes un intercambio de información y consideraciones sobre el

proceso de licitación.

Estoy convencido de que se tomó la mejor decisión para asegurar la

ejecución de este importante proyecto.

Tenemos toda la disposición de colaborar con esta Comisión Especial,

estamos a sus órdenes.

Muchas gracias.

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