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PROPUESTA DE UGT Y CCOO A LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2012/2015

INTRODUCCIÓN

La sociedad española sufre por cuarto año consecutivo las consecuencias de una grave

crisis económica, con categoría de recesión la mayor parte del tiempo.

En esta posición tan crítica el principal objetivo es crear empleo, de manera que la

pregunta a responder es cómo se puede conseguir este objetivo en una situación tan

grave como la actual determinada por la reducción de deuda y los serios problemas de

financiación del sector privado y público. El drama individual y colectivo en el que se

encuentra la sociedad española, necesita de medidas propias articuladas a corto y

medio plazo de acuerdo a las prioridades y posibilidades en cada momento, pero

también contar con una política más adecuada de la Unión Europea.

Ante el reto de diseñar una estrategia dirigida a combatir la precaria situación del

empleo juvenil español se debe adoptar un enfoque integrado y coherente, con

intervenciones en los diferentes ámbitos (educativo, laboral, social, etc.) orientado

tanto a la oferta y demanda de mano de obra, como al volumen y calidad del empleo.

La necesidad de reformar los programas que configuran el conjunto de las políticas

activas de empleo, es una premisa con la que tanto la Administración como los

interlocutores sociales estamos de acuerdo. En líneas generales el abanico de

programas, que conforman el conjunto de acciones que pueden recibir los

trabajadores y trabajadoras desempleados se han quedado obsoletos pues existen

programas aún vigentes, que se diseñaron en el año siglo pasado y que hoy no

cumplen ni con las necesidades y diferentes situaciones de las personas desempleadas,

ni con las exigencias de un mercado de trabajo en el que cada vez prima más la

especialización.

En este sentido, uno de los aspectos que es necesario abordar son los programas

dirigidos especialmente a los jóvenes que están en situación de desempleo y que

históricamente, incluso en los momentos de mayor auge económico han venido

padeciendo graves problemas para incorporarse al mercado de trabajo.

A modo de ejemplo en octubre de 2007 el número total de parados registrados en las

Oficinas de Empleo era de 2.048.577 de los que 497.859 eran parados menores de 30

años y que representaban el 24,30% sobre el total del paro registrado. En Octubre del

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2011 el número total de parados registrados era de 4.360.926 de los que 985.379 eran

menores de 30 años lo que representa un porcentaje del 22,60% sobre el total del

paro registrado

Por otra parte y haciendo referencia al objeto de nuestra propuesta, los contratos de

formación dirigidos a jóvenes en el mes de octubre de 2007 representaba el 0,48% del

total de la contratación, en el mes de octubre de 2012, y tras varias modificaciones

legislativas, ese porcentaje era del 0,50%.

COMENTARIOS Y PROPUESTAS

DUALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

En el tercer trimestre de 2012 la tasa de temporalidad de los asalariados menores de

25 años se sitúa en el 65% y la de los menores de 30 años en el 50%, es decir la

mayoría de los jóvenes asalariados que tienen empleo, tienen un contrato temporal.

Esta situación con frecuencia lleva asociadas bajas retribuciones y malas condiciones

laborales.

Esto conlleva una situación de inseguridad laboral que conduce a la dependencia de los

jóvenes de sus familias y a la imposibilidad de emanciparse.

Es necesario promover la estabilidad en el empleo y la eliminación de la temporalidad

injustificada. Promover la mejora de las condiciones de trabajo, retribuciones y

clasificación profesional.

Es necesario abordar desde el ámbito de la negociación colectiva el fomento de

la estabilidad y calidad en el empleo de los jóvenes trabajadores, para

garantizar su plena emancipación e integración social. Mediante la negociación

colectiva se pueden establecer porcentajes de plantilla fija, mecanismos que

garanticen la conversión de contratos temporales y/o formativos en

indefinidos y medidas para la estabilidad y contratación de personas jóvenes.

Debería estar vigente la limitación al encadenamiento de contratos temporales.

Condicionar las subvenciones a la contratación indefinida y a la conversión de

temporales a su pacto en los convenios colectivos.

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Reconducir progresivamente las ayudas a la contratación estable hacia el apoyo

y compensación a las empresas que reducen su tasa de empleo temporal.

Reconocer y premiar a las empresas que mantengan altas tasas de

empleabilidad.

Primar en la contratación con las administraciones públicas a las empresas que

tengan menos empleo temporal.

Fomentar el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas

mediante el uso adecuado de la jubilación parcial, combinada con contratos de

relevo.

EDUCACION

Las oportunidades de acceso e inserción en el mercado laboral, están determinadas

por un estadio previo, el sistema educativo. Las medidas tendentes a compensar las

situaciones de desventaja de niños, niñas y jóvenes por su situación personal y/o

social, han tenido como resultado en los últimos años un descenso del abandono

escolar, y mejores resultados educativos.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades y la existencia de medidas que

compensen desventajas, así como el modelo de educación inclusiva que supone la

transformación de los distintos sistemas y niveles de educación de tal modo que

provean una educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a las

necesidades de cada persona, son una garantía de mayores oportunidades en el

tránsito al mundo laboral de los jóvenes. Sin las medidas que compensan

desigualdades, el abandono y el fracaso escolar son mayores entre los chicos y chicas

cuyas familias se encuentran en una situación socioeconómica más complicada y

aquellos que por su situación personal y/o social, precisan de medidas que les

permitan superar una situación de partida de desventaja.

Pero la realidad actual también es la de chicos y chicas que tras abandonar los

estudios, los retoman, o de hombres y mujeres que igualmente lo hacen, al quedarse

en situación de desempleo.

El problema es mucho mayor para quienes abandonaron los estudios cuando eran más

jóvenes porque el boom inmobiliario permitía “colocarse de cualquier cosa”, y ahora

ya maduros, pero aún jóvenes, se encuentran en muchos casos, al frente de un hogar,

sin estudios y sin tiempo vital para reciclarse. El apoyo a este colectivo es prioritario

porque si no seguirá en el desempleo cuando el ciclo se recupere, engrosando el paro

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estructural. Es necesario idear programas para formar y proteger a los desempleados

con poca cualificación que, en muchos casos, ya son cabezas de familia.

El sistema educativo debe estar preparado para afrontar de manera adecuada

la “reinserción educativa” de jóvenes y mujeres y hombres que vuelven al

sistema tras haber perdido el empleo y con la intención de obtener una

titulación que les permita el acceso a puestos de trabajo distintos de los que

desempeñaron.

FORMACION PROFESIONAL REGLADA

Las economías desarrolladas requieren contar con potentes sistemas de formación

profesional que den respuesta a las necesidades sociales y productivas en contextos de

rápidas transformaciones y de creciente competencia y apertura económicas. Este

contexto y estas necesidades son particularmente visibles en el caso de España.

Cobra especial importancia la adopción de medidas orientadas a potenciar la

participación de las personas jóvenes en la formación profesional:

Hacer más atractiva la FP a través de una acción institucional que diversifique la

oferta, abra itinerarios para los alumnos menos capaces y opciones de retorno

a la enseñanza general, impulse la modularización y aplique un sistema de

garantía de la calidad, además de fomentar consorcios entre las organizaciones

interesadas vinculadas al sistema productivo local.

Fomentar la competencia y la calidad de profesores y formadores.

Mejorar los servicios de información, asesoramiento y orientación.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

Una de las herramientas imprescindibles para poner en funcionamiento políticas de

empleo adecuadas y eficaces es el conocimiento de la realidad del mercado de trabajo

y de los trabajadores y trabajadoras.

El mercado de trabajo no es único dentro del Estado, ya que las diferencias, tanto de

oferta como de demanda varían de unas Comunidades a otras, e incluso de unos

territorios a otros, por lo que cada vez cobra más importancia la dimensión local del

empleo y por lo tanto, la puesta en marcha de determinadas políticas de empleo

deben de adaptarse a las necesidades reales del mercado de trabajo en cada territorio

y a la situación de las personas que en él viven, trabajadoras y/o desempleadas.

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No solo los mercados de trabajo son heterogéneos. Si realmente queremos que los

servicios públicos de empleo, apliquen las políticas activas de empleo de acuerdo con

los principios básicos de igualdad y no discriminación, también hemos de tener en

cuenta que las circunstancias personales y/o sociales, suponen en muchas ocasiones,

no sólo en el caso de los jóvenes, una dificultad o imposibilidad de acceder y/o

permanecer en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad, y esas mismas

circunstancias determinan la calidad del empleo que, en su caso, pueden llegar a

desempeñar.

UGT y CCOO consideran que las funciones de los Observatorios Ocupacionales,

han de ser entendidas de una forma global, y por tanto, no limitándose a hacer

una descripción del mercado de trabajo, sino ser un instrumento de detección

de nuevos yacimientos de empleo (empleos emergentes relacionados con las

TiCs, empleos verdes y empleos blancos) que puedan ser cubiertos por jóvenes,

previa capacitación, bien como trabajadores por cuenta ajena, bien mediante

las distintas fórmulas de trabajo autónomo, de planificación de las políticas

activas de empleo, de orientación, de formación y de la dinamización del

mercado de trabajo.

En el mismo sentido, es preciso cruzar los datos proporcionados por los

Observatorios en cuanto a ocupaciones, con estadísticas que nos permitan

obtener perfiles formativos pero también de circunstancias personales y/o

sociales, como la edad, sexo, origen, situación de discapacidad… de las

personas desempleadas y empleadas (en este caso, duración y tipo de

contratos), a fin de establecer un diagnostico de sus necesidades y detectar, en

su caso, situaciones compartidas por diferentes grupos que dificultan o impiden

el acceso al mercado de trabajo o condicionan el tipo de empleo al que tienen

acceso.

Del mismo modo, estimamos que es preciso utilizar todos los instrumentos de

los que nos hemos dotado para establecer las necesidades del mercado de

trabajo, entre ellos el Catalogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC:

trimestralmente establece las ocupaciones en las que es posible contratar

trabajadores extranjeros en sus países de origen en ocupaciones que, en

principio, no van a poder cubrirse con trabajadores desempleados españoles o

extranjeros residentes). Del estudio provincial que realiza el CODC, y de las

autorizaciones de residencia y trabajo que se conceden en ocupaciones no

incluidas en el Catalogo tras gestionarlas negativamente en los Servicios

Públicos de Empleo, podemos detectar ocupaciones en las que hay

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posibilidades de empleo y reorientar la formación profesional hacia esas

actividades.

Los SPE deben responder a la petición de la Unión Europea de que los Estados

tengan la obligación de ofrecer un empleo de calidad, unas prácticas o

educación complementaria - en el plazo de 4 meses siguientes al comienzo de

su inactividad- a todos los jóvenes que se queden en paro o terminen sus

estudios (Garantía Joven). También deben potenciar la incorporación de los

jóvenes al empleo público.

Potenciación de los Servicios Públicos de Empleo

Las ofertas gestionadas directamente por los Servicios Públicos de Empleo son, en su

mayoría y según señalan los datos estadísticos facilitados por el Servicio Público de

Empleo Estatal, de una baja cualificación, con unos bajos niveles salariales y con

contratos de corta duración, es decir, empleo precario.

Se hace necesario, por tanto, adoptar una serie de medidas que permitan a los

Servicios Públicos de Empleo aumentar, tanto el volumen de ofertas para gestión,

como la calidad de las mismas. Es necesaria una actitud más proactiva en la captación

de ofertas de empleo.

Pero también los Servicios Públicos de Empleo han de resultar atractivos a las personas

demandantes de empleo. Para ello, no sólo es necesario trabajar para aumentar la

calidad de las ofertas de empleo que intermedian, sino ofrecer realmente un servicio

que tenga en cuenta no sólo la diversidad de ámbitos sectoriales (y la captación de

algunos tradicionalmente alejados de los Servicios públicos de empleo, como el

servicio del hogar familiar) sino verdaderamente individualizado en el sentido de tener

en cuenta la circunstancias personales y/o sociales de las personas desempleadas. No

todas las acciones que se realizan, tienen el mismo nivel de eficacia. Las condiciones de

mayor o menor cualificación con las que se accede a la situación de desempleo son

diversas, pero también las circunstancias individuales y sociales (edad, sexo,

nacionalidad no comunitaria, situación de exclusión social, discapacidad…) pueden

marcar, no solo una mayor o menor intensidad en la protección social, sino dificultades

de acceso, permanencia o desempeño de empleos de calidad.

El Servicio Público de Empleo ha de ofrecer unos servicios realmente adecuados a cada

persona y/o a cada colectivo catalogado como prioritario. Para ello es necesario que el

personal de los SPE tenga acceso a la formación necesaria para el desarrollo de sus

tareas. La especialización en la intermediación laboral ha de residir en los propios

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Servicios Públicos de Empleo para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades,

no siendo válida para CCOO y UGT la externalización de las políticas activas de empleo

y la derivación de las personas que pertenezcan a los colectivos prioritarios (jóvenes,

mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o

en situación de exclusión social, inmigrantes) a las agencias privadas de colocación con

o sin ánimo de lucro u otras entidades colaboradoras:

captación de ofertas mediante visitas concertadas a las empresas, informando de

las ventajas de utilizar el servicio público de empleo y ofreciendo todos los

servicios que se pueden poner a su disposición para facilitarles los candidatos

idóneos para cubrir sus necesidades, tales como procesos de preselección,

realización de pruebas profesionales para comprobar sus niveles de cualificación,

(Instituto Nacional de las Cualificaciones), posibilidades, cuando así convenga, de

hacer convenios para la realización de cursos de formación adaptados en sus

contenidos a las necesidades de la empresa, exigiendo a cambio un compromiso de

contratación, la realización de prácticas profesionales en empresas con todas las

garantías que se puedan acordar, información de las modalidades de contratación

y sus características, etc..

Especialización, previa formación, de los empleados públicos de los servicios de

empleo que permitan la atención individualizada a las personas desempleadas

pertenecientes a los colectivos prioritarios en los servicios públicos de empleo. La

especialización de las entidades colaboradoras, sean estas agencias privadas de

colocación u otras entidades en determinados colectivos y la derivación

automática a las mismas de las personas que pertenezcan a los colectivos

prioritarios, es, a nuestro juicio un supuesto de discriminación indirecta.

FOMENTO E IMPULSO POR PARTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

EMPLEO DEL EMPLEO LOCAL, LA CUALIFICACIÓN, LA ECONOMIA SOCIAL

Y EL AUTOEMPLEO

Las Oficinas de Promoción y Desarrollo del Empleo Local y la

Cualificación Profesional.

Las actuales Oficinas de Empleo, tanto en su ubicación en el territorio como en las funciones a desarrollar, están concebidas desde un aspecto fundamentalmente administrativo por lo que su situación geográfica ha obedecido más que nada a evitar los desplazamientos de los usuarios de la oficina de empleo, pero debería añadirse

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una función de elemento dinamizador de la política de empleo “local” , entendiéndose lo local no como un territorio limitado necesariamente por fronteras administrativas. Dada la importancia que tiene la dimensión local como estrategia para la creación de

empleo y que esta estrategia no se puede concebir sólo con la puesta en

funcionamiento de determinadas políticas de empleo, sino que debe de estar

íntimamente relacionada con la política económica e incluso la política social,

consideramos necesaria la creación y/o potenciación, en el ámbito de los SPE, de

Oficinas de Promoción y Desarrollo del Empleo Local y la Cualificación Profesional, con

las siguientes funciones ligadas al “emprendimiento” y a la promoción de empleo:

Detectar carencias y necesidades de servicios a la ciudadanía no cubiertas,

tanto en el medio rural como urbano (entre ellas las TICS, los empleos verdes y

los empleos blancos) y que pueden implicar la creación de puestos de trabajo

en el territorio y las posibilidades de "emprendimiento" en sus distintas

modalidades.

Financiación y potenciación de los programas de becas y ayudas para la

realización de acciones de formación, en sectores y zonas industriales mas

deficientes como las cuencas mineras del carbón y que están contenidas en los

planes de apoyo a la minería del carbón y desarrollo alternativo de las

comarcas mineras.

Priorizar como sector económico de fijación de población y posible atracción de

jóvenes de otros sectores los programas de empleo para jóvenes del medio

rural con medidas específicas para este colectivo.

Citar a personas desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo, con unas

determinadas características profesionales y niveles de formación y experiencia

adecuadas, para informarles de las posibilidades de acceder como

”emprendedores”, al mercado de trabajo.

Ofrecer la posibilidad de acceder a la capitalización de las prestaciones de

desempleo y la obtención de créditos blandos, información y asesoramiento

Subvencionar durante el primer año, una persona que tutorice o gestione todos

aquellos aspectos que son absolutamente necesarios para que haya una

vocación de permanencia.

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La planificación de estas Oficinas, obviamente debería ser participada por la

Administración y los interlocutores sociales ya que podrían ser un elemento

dinamizador para impulsar y favorecer la formalización de Convenios en materia de

Empleo, haciendo el seguimiento de su gestión y el análisis de sus resultados.

Las escuelas de formación para el trabajo y el reconocimiento de la

experiencia laboral

Partiendo de la propuesta anterior, otra de las funciones de las Oficinas de Promoción

y Desarrollo del Empleo Local y la Cualificación Profesional, estaría vinculada la

realización de estudios del mercado de trabajo local para poder determinar las

necesidades reales de formación y poder planificarlas.

Se debe incidir en aquellas profesiones que tienen más vacantes que cubrir y

que tengan una relación directa con las más demandadas por los jóvenes y en

especial por los que se encuentran entre los colectivos prioritarios (mujeres,

personas con discapacidad, inmigrantes….) de tal forma que sea en estos

sectores donde reciban la formación.

Todas las modificaciones que se han hecho en la modalidad de contratación de

formación no han dado los resultados que se esperaban y por lo tanto es necesario

hacer una serie de adaptaciones que mejorando los niveles formativos y de

cualificación y la seguridad de los jóvenes sea, al mismo tiempo, un contrato realmente

atractivo para los empleadores y que incorpore al mercado de trabajo a un mayor

número de desempleados jóvenes.

En base a esta argumentación la UGT y CCOO, presentamos una propuesta para

adecuar el contrato de formación de forma que sirva al objetivo de proporcionar

formación y seguridad a quienes son contratados con esta fórmula:

crear en colaboración mediante la firma de convenios con empresas de un

mismo sector, Escuelas de Formación para el Trabajo, en la que los jóvenes

recibirían una determinada y específica formación relacionada con las

cualificaciones profesionales necesarias para cubrir las necesidades de

formación demandadas por las empresas y garantizar los derechos de los

trabajadores y trabajadoras contratados en formación.

El contenido de la formación que tienen que recibir los desempleados así como

la duración de la misma debe de surgir del consenso entre las organizaciones

empresariales, los representantes de los trabajadores y los Servicios Públicos

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de Empleo, con la colaboración de otros agentes en la intermediación laboral y

con el compromiso de contratar un porcentaje de los alumnos formados, a

determinar por los mismos.

Dicha formación debería cumplir un doble requisito, por una parte adaptarse al

Catálogo de Ocupaciones y por otra con el ajuste formativo necesario para

poder incorporarse inmediatamente a las empresas una vez concluido el ciclo

formativo.

La obtención del correspondiente certificado acreditando los conocimientos

adquiridos se llevará a cabo mediante la superación de pruebas adaptadas a

cada nivel y se realizarían en las empresas y en las que estarían presentes una

Comisión formada por representantes de los empresarios, de los trabajadores y

de la Administración.

Todo el coste de este periodo formativo estaría subvencionado por los Servicios

Públicos de Empleo y la obtención de la titulación por parte del joven, daría

lugar a la posible contratación por parte de las empresas que hayan firmado el

Convenio de contratos de formación o de prácticas, en función de la titulación

obtenida, eximiendo por tanto a la empresa de facilitar esa formación durante

la vigencia del contrato de trabajo. Es decir la obtención del título faculta a que

el contrato de trabajo formativo se dedique en su totalidad a trabajo real sin

que el empresario tenga que prescindir del trabajador o preocuparse de

encontrar a alguien que le facilite dicha formación con el coste

correspondiente.

Por otra parte, la carencia de cualificaciones reconocidas y acreditadas con su

correspondiente titulación, no implica necesariamente la ausencia de experiencia

laboral. En el caso de trabajadores y trabajadoras extranjeros, jóvenes o no, dicha

titulación académica o profesional, puede haber sido adquirida en el país de origen,

pero no homologada y/o convalidada en España.

Las escuelas de formación para el trabajo, pueden ser un instrumento más para desarrollar el procedimiento que conduce a la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en las unidades de competencias del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, hasta la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad. Darían así un impulso a un procedimiento (la convocatoria de procesos de reconocimiento de la experiencia laboral) infrautilizado por parte de las Administraciones competentes, tanto en número de convocatorias como en diversificación de las

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competencias a acreditar y que permitiría, en su caso, la consecución de certificados de profesionalidad.

Formación profesional.

Debemos resaltar la importancia de las políticas de formación para el empleo. Frente a

los Acuerdos alcanzados a lo largo de dos décadas, en 2012 se han adoptado

decisiones unilaterales que han alterado de forma significativa el funcionamiento y los

equilibrios alcanzados en este complejo subsistema de formación. Es necesario

recuperar las líneas de negociación y acuerdo, sin las cuales es inviable. Los problemas

de cualificación profesional inciden de lleno en nuestra capacidad de ampliación y

mejora del tejido productivo. Los proyectos de alto valor añadido requieren personas

con experiencia y buenos niveles de cualificación profesional.

Establecer medidas para incrementar la participación de los jóvenes, que por

distintas razones se encuentren en riesgo de exclusión social, en la formación

profesional ocupacional y en la formación continua, ofertando una formación

adecuada a sus necesidades y situación social teniendo en cuenta sus

cualidades específicas y su mayor dificultad para integrarse en el mercado

laboral, y el mantenimiento de su puesto de trabajo.

Establecer el Servicio Integrado de Información y Orientación Profesional, que permita orientar a los trabajadores, en especial a los jóvenes, hacia planes de formación en alternancia con la actividad laboral o con compromiso de contratación, recogiendo la experiencia de los Servicios existentes, entre los que se encuentran los ofertados por los Agentes Sociales.

Actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, reforzando el Consejo General de Formación Profesional y los equipos de trabajo del INCUAL, y con participación de las Comisiones Paritarias Sectoriales, Comunidades Autónomas y Agentes Sociales.

Generalizar las convocatorias para Reconocimiento de los Aprendizajes no

formales e informales, en particular de la Experiencia Laboral.

Facilitar la compatibilización del trabajo y la formación: horario más intensivo de los centros docentes, formación a distancia, mayor oferta de centros de formación de adultos.

Garantizar una oferta suficiente de alternativas formativas y aumentar la permeabilidad entre el sistema educativo-formativo y el mundo laboral.

Reforzar los mecanismos de “repesca” de las personas que han abandonado el sistema educativo por la incorporación al mercado de trabajo. Ofrecer

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alternativas interesantes con una formación flexible, reforzada con ayudas y con asesoramiento personalizado.

Garantizar el carácter finalista de la Cuota de Formación Profesional, aportada por trabajadores y empresarios, de modo que sólo pueda ser utilizada para la formación de trabajadores, tanto en el ámbito estatal como autonómico. Además es preciso asegurar la reanualización de la cuota para aumentar la disponibilidad presupuestaria de la Formación para el Empleo.

Establecer un sistema administrativo común para la ordenación y gestión de los

subsistemas de la Formación Profesional.

Aumentar el peso de las convocatorias específicas de jóvenes en la Formación para el Empleo.

La experiencia en la convocatoria 2011 permite en este momento realizar

modificaciones para mejorar los resultados, en cuanto a la realización de

prácticas no laborales en Empresas, cursar Certificados de Profesionalidad, o

cualificación con compromiso de contratación. En particular sería adecuado

estimular a las empresas para que faciliten la realización de prácticas y asuman

compromisos de contratación.

Asimismo sería necesario facilitar la incorporación de jóvenes a la formación en

idiomas ya disponible en los programas de Formación para el Empleo, así como

garantizar el uso del derecho a disfrutar de 20 horas de formación en horario

laboral, acumulables en tres años, reconocida por la Reforma Laboral.

Por otro lado están los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio como fórmulas de inserción de jóvenes con especiales dificultades. Si bien se han venido mostrando eficaces, se han encontrado en los últimos tiempos con falta de promotores y con una importante reducción de los fondos públicos destinados. Dado el éxito de inserción mostrado por estos programas sería necesario realizar las modificaciones necesarias y reorientarlos hacia profesiones relacionadas con I+D+i, nuevos yacimientos de empleo, medio ambiente….

Formación Profesional dual

De modo realista se podría aspirar a desarrollar una modalidad de FP Dual que conviva con el actual sistema de FP, y que sea cursada por alumnos que ya han abandonado el sistema educativo y se encuentran en el mercado de trabajo, así como por trabajadores demandantes de empleo y por una parte significativa de alumnos en edad escolar.

La modalidad dual en España debe centrarse preferentemente en la oferta de

Ciclos de Grado Medio de FP y Certificados de Profesionalidad de nivel 2, con el

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objeto de ofrecer un estímulo a los jóvenes que han acabado la Educación

Secundaria Obligatoria, reducir el abandono escolar temprano y aumentar la

tasa de cualificación de niveles medios de la población activa española, que ha

de aumentar del 23% de 2010, al 50% en 2020, según estimaciones del

CEDEFOP.

La relación de los aprendices con las empresas, en esta modalidad dual de FP,

debe ser laboral, y podría establecerse a través de los contratos de formación y

aprendizaje, regulados por el Real Decreto 1529/2012. En ellos se contempla

una duración máxima de tres años, y unos tiempos de estudio mínimos del 25

% (primer año) y 15% (segundo año), que deberían ser suficientes para cursar

en los centros educativos las materias soporte, las correspondientes a

competencias básicas y las de contenidos más generalistas del curriculum de

los títulos de FP, o, en su caso, las materias correspondientes a los Certificados

de Profesionalidad. En la modalidad dual, los periodos de formación en la

empresa no deben ser inferiores al 50% del tiempo total de formación.

En todo caso procedería la regulación conjunta por los Ministerios de

Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo y Seguridad Social, estableciendo

para el ámbito estatal condiciones mínimas como:

o adaptación curricular de los Títulos y Certificados para ser impartidos por esta modalidad, estableciendo las partes que corresponderían a los centros educativos y a las empresas

o reconfiguración de la FCT, dado que en la empresa permanecerán entre el 60 y el 80% del tiempo total

o condiciones formativas mínimas que las empresas deben garantizar (aulas, tutor en puesto de trabajo, profesor responsable de la formación teórico-práctica, coordinador de los contenidos formativos y calendario de impartición)

o acreditaciones exigibles, procedimiento para la elección, y condiciones para el ejercicio de su función de los formadores tutores en la empresa

BECARIOS Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Las empresas están recurriendo a diversas fórmulas para una supuesta adquisición de

experiencia de los jóvenes recién titulados fuera del marco de las relaciones laborales,

como es la de los becarios, con el objetivo de ir cubriendo puestos estructurales de

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plantilla con la rotación constante de jóvenes en prácticas, evitando aplicar dentro del

marco de las relaciones laborales las modalidades de contratación formativas.

Respecto a las prácticas en alternancia, han de contribuir a la adquisición de las

competencias profesionales a través de un proceso mixto, de empleo y formación, que

permita compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de

trabajo.

Son un recurso para completar la formación práctica correspondiente de la formación

técnica que se imparte en los ciclos formativos y/o titulaciones universitarias es

necesario establecer mecanismos de control que impidan:

La sustitución de puestos de trabajo estructurales de plantilla a través de la

rotación constante de jóvenes en prácticas.

La sustitución de trabajadores de plantilla en períodos vacacionales o en

situación de baja.

Es necesario:

Informar y asegurar el papel vigilante y de seguimiento de la representación

de los trabajadores.

Vincular la adquisición de experiencia de los jóvenes con la correspondiente

titulación o certificación profesional en el marco de las relaciones laborales.

Determinar puestos, tareas o actividades que pueden realizarse mediante

esta fórmula.

Las acciones formativas de los contratos de formación y aprendizaje y los programas

mixtos de formación y empleo realizados por las Administraciones Públicas, han de

estar vinculados, en cuanto al contenido formativo, a las unidades de competencia del

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales relacionadas con el oficio o puesto

de trabajo previsto en el contrato.

En el caso de trabajadores que no cuenten con el título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria, la formación tendrá como primera finalidad la obtención de

esta titulación o en su defecto la acreditación de la formación para el acceso a los

certificados de profesionalidad.

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JÓVENES Y AUTOEMPLEO

La generación de empleo requiere de inversión en sectores estratégicos y de políticas de redistribución de la riqueza. Sin el empuje necesario a estas políticas macroeconómicas los proyectos autónomos y las pequeñas empresas se verán abocados al fracaso. El autoempleo no puede ser la única alternativa para impulsar la economía de nuestro país y sacar del desempleo a los cinco millones de personas que se encuentran en el paro. No obstante, CCOO y UGT, conscientes de la incidencia del trabajo por cuenta propia en nuestro país, significativamente superior a la media europea, no descartamos la utilización del autoempleo colectivo y el empleo autónomo como fórmula capaz de promover el empleo entre determinados colectivos y sectores económicos concretos. En este sentido, creemos que ‐ bajo unas condiciones apropiadas ‐esta modalidad de trabajo podría ser apta entre la población joven más cualificada (según diversos estudios de las Cámaras de Comercio, los proyectos autónomos más viables y exitosos están muy vinculados al nivel de estudios superiores), en determinados sectores industriales y de servicios.

Se debe tener en cuenta que los proyectos de autoempleo a los cinco años suelen quedar en la mitad de los proyectos iniciados, razón por la cual los jóvenes no se sienten especialmente motivados. Esto sin duda es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de enarbolar políticas de fomento del autoempleo, en tanto que dirigir estas estrategias a colectivos no apropiados para ello resultaría sin duda en el fracaso de estas políticas y, lo que es más importante, sumiría a estas personas en todavía peores condiciones de vida.

Las personas que se decidan por emprender un proyecto de trabajo por cuenta propia deberán tener acceso y derecho a políticas públicas en materia de autoempleo - tanto colectivo como individual- entre ellas a disponer de un buen servicio público de asesoramiento integral y gratuito. Los futuros trabajadores autónomos o empresarios deberían ser formados en materia fiscal, contable, mercadotécnica, así como específica del sector de producción donde vayan a realizar su actividad, legislación laboral y prevención de riesgos laborales.

El acceso al crédito para iniciar y/o mantener una actividad económica es

un requisito indispensable de viabilidad de todo proyecto empresarial, especialmente para quienes comienzan esta aventura sin un capital inicial suficiente para que les soporte.

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Debería estudiarse la posibilidad de establecer exenciones o reducciones

fiscales para las empresas de quienes iniciaran su proyecto de autoempleo, colectivo e individual. Estos beneficios deberían estar indexados a los resultados de negocio a año vencido.

Dentro del fomento del trabajo por cuenta propia, las iniciativas que se

enmarcan dentro del ámbito de la llamada economía social deben tomar especial relevancia.

El autoempleo colectivo e individual puede ser una estrategia muy eficaz

para la recuperación económica de las zonas rurales. Ante el creciente abandono del campo y sus poblaciones – especialmente por parte de los jóvenes – el impulso desde la Administración de proyectos empresariales para la búsqueda de salidas profesionales a quienes viven en esa áreas se hace sin duda indispensable. Es claro que se requieren políticas macroeconómicas impacto industrial para cambiar hacia un sistema basado en la investigación, el desarrollo y la innovación y que participe en la lucha contra el cambio climático. Decididamente, las políticas de fomento del empleo autónomo y la creación de empresas también deberían sustentarse bajo estos preceptos.

Las empresas de economía social están siendo uno de los segmentos de

empresas donde las políticas de RSE tienen mejores condiciones para desarrollarse.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

En todas las propuestas señaladas en este documento se prevé la participación

tripartita de tal modo que se asegure tanto la participación en el diseño, como en la

recepción de la información y la evaluación de las medidas, la intervención de los

Interlocutores Sociales, con particular atención a la necesidad de información,

seguimiento y evaluación de la actuación de las entidades colaboradoras de los

Servicios Públicos de Empleo, y de las agencias privadas de colocación con o sin ánimo

de lucro que hayan suscrito convenios con los servicios públicos de empleo.

12 de diciembre de 2012.