PROGRAMA PARA ASPIRAR A LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE

PREGRADO ANTE EL CONSEJO DE LA SEDE BOGOTÁ

CANDIDATOS

Gabriela Rojas Castro (Principal)

Soy estudiante de la Facultad de Artes y representante ante el comité asesor de Diseño Industrial. Defiendo la educación como derecho en la Organización Colombiana de estudiantes, hago parte del grupo de la Unidad Nacional de Artistas en la UN, donde trabajamos por el arte y la cultura nacional y también soy activista del Polo Joven.

Santiago Gómez Lugo (Suplente) Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la carrera de Fonoaudiología. Soy imitador y activista del Polo Joven. Hago parte del Semillero Investigación en Neurociencia Cognitiva y Lenguaje. Soy miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. También participo del grupo estudiantil Salud Activa UN, en donde defendemos la salud como un derecho y no como un negocio.

Presentamos nuestros nombres a la representación estudiantil de pregrado ante el Consejo de la Sede Bogotá porque queremos aportar a la lucha por una Universidad Nacional de Colombia que cuente con condiciones dignas para continuar siendo la mejor del país. Un requisito fundamental para tal fin es la financiación pública adecuada a la institución. Sin embargo, los gobiernos nacionales de por lo menos los últimos 26 años no se han comprometido a cabalidad con esta condición y, por el contrario, es notoria su desidia con las universidades públicas del país. Esta situación ha sumido nuestra institución en una grave crisis presupuestal. La educación de alta calidad es condición indispensable para buscar un desarrollo económico enfocado productivo, con generación de valor agregado, empleos formales y la consecuente reducción de la pobreza y miseria. Sin embargo, en Colombia los gobiernos no han invertido en educación superior, precisamente porque han enfocado la producción nacional a la extracción minero energética, la producción agraria de bajo valor agregado y monocultivos tropicales, así como a la especulación financiera y de rentas en los errados proyectos de economía naranja. En este contexto, el Gobierno Nacional de Iván Duque sabe que no necesita educación superior pública de alta calidad, mientras sigue condenando al país al atraso y la miseria.

Por lo anterior, y con una idea de país diametralmente opuesta, estamos comprometidos por ser una representación estudiantil independiente de la Administración y del Gobierno Nacional. Defenderemos la organización y movilización pacífica como el mejor mecanismo para preservar el derecho a la educación. Además, conscientes de la importancia de la Universidad Nacional como factor para el desarrollo del país y como la más valiosa institución para la movilidad social, estamos comprometidos en la brega por que la universidad siga abriendo sus puertas y permita que muchos más jóvenes en el país accedan a la educación superior pública, gratuita, científica y de alta calidad. La sede Bogotá fue un ejemplo para el país, durante más de dos meses nos movilizamos en el paro nacional, que culminó en la firma de un acuerdo histórico con el Gobierno Duque. Este acuerdo representó un cambio de la tendencia de desfinanciación, no solo para la Universidad Nacional, sino para el conjunto de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país. Nos corresponde no bajar la guardia, y seguir minuciosamente el cumplimiento integral de los acuerdos firmados. De entre muchas y muy importantes luchas que se tienen hoy en la Sede Bogotá, nosotros, en particular, queremos señalar 3 bien importantes:

- En primer lugar, manifestamos una profunda preocupación por la situación de infraestructura de la Ciudad Universitaria. Desde el presupuesto para la financiación del Hospital Universitario y el Edificio de Artes, pasando por la obsolescencia de varios de los equipos que hay en los laboratorios, hasta las graves condiciones en las que se encuentran muchos de los edificios de la Sede Bogotá. Para agravar esta situación, la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa pone en riesgo terrenos y edificios de nuestro campus, pretendiendo ponerlos al servicio de negocios inmobiliarios y financieros.

- En segundo lugar, creemos que se requiere prestar atención a la garantía de la calidad académica. Las limitaciones de la planta docente son notorias y es muy grave que semestre a semestre asignaturas de la sede inicien 3 y hasta 4 semanas tarde por esta dificultad, además del hacinamiento, que se volvió constante en las principales materias de cada carrera.

- En tercer lugar, creemos necesaria la permanente defensa del bienestar universitario en condiciones de oportunidad de acceso y calidad, como un derecho y como garantía de permanencia para las y los estudiantes. Este aspecto se hace fundamental con el aumento de la pobreza y las cada vez más frecuentes afugias económicas de los colombianos, producto de políticas opuestas al bienestar del país y, en particular al de las y los colombianos.

A continuación presentamos a ustedes nuestra propuesta para la representación estudiantil con los siguientes puntos: 1. Diagnóstico de la universidad, de la sede y nuestra visión de cómo es que esto se corresponde a un modelo de país; 2. Nuestras propuestas para hacer frente a las diversas situaciones de la sede y de la UN, partiendo de las que consideramos más estructurales y vigentes.

DIAGNÓSTICO

La Universidad

La Universidad Nacional de Colombia es el centro de formación y de producción académica más importante del país. El reto de nuestra Universidad se encuentra en formar excelentes profesionales al servicio de la nación y ampliar la frontera del conocimiento a través del esfuerzo de toda su comunidad. Por esta razón, estamos llamados a liderar la defensa de la educación como un derecho fundamental. La Universidad Nacional, en sus 152 años de historia, cuenta con 3.114 profesores de planta, de ellos el 50% tienen un nivel de formación doctoral y un 41% de maestría o especialidad clínica[1]. Además, la institución cuenta con 1.098 grupos de investigación avalados por la Vicerrectoría de Investigación[2]. De estos, 610 grupos están clasificados y reconocidos por Colciencias y entre estos el 38% se encuentran en las categorías A1 y A[3]. Estos grupos representan el 13.3% de todos los grupos del país en las áreas de Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Medicina y Salud, Ciencias Agrícolas y humanidades y Artes. Somos más de 53.000 estudiantes matriculados en 95 programas curriculares de pregrado y 360 de posgrado en 9 sedes a lo largo y ancho del territorio nacional: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Tumaco, Orinoquia, Amazonía y de La Paz (Cesar). Este año (2019), más de 100.000 colombianos aspiraron a ingresar a nuestra Universidad. Sin embargo, de estos tan solo pudieron ingresar menos del 10%. Lo anterior muestra la enorme brecha que existe entre la demanda de educación pública y de calidad y la oferta ofrecida por el Estado. Por ello creemos que nuestra responsabilidad como estudiantes debe ser luchar por la educación como un derecho para todas y todos. Nuestra universidad no solo es la mejor porque lo digamos nosotros, es la mejor gracias a estudiantes, profesores y trabajadores que nos despertamos todos los días a trabajar por ella. Los escalafones internacionales son una muestra de nuestro gran rendimiento y potencial. Un ejemplo son los más importantes rankings en investigación donde lideramos en Colombia: Scimago Institutions Ranking y Academic Ranking of World Universities (ARWU – Shanghai) [4]. Si todo esto lo hacemos en las condiciones actuales de financiamiento, cabe la pregunta, ¿qué podríamos hacer con una adecuada financiación pública? Un año de la gran movilización universitaria Hace un año, estudiantes, profesores y trabajadores resultamos victoriosos de una de las movilizaciones más importantes en defensa de la educación como un derecho para todos los colombianos: para salvar a las Instituciones de Educación Superior Públicas ante la inevitable quiebra causada por el Gobierno Nacional de Iván Duque y sus últimos 5 antecesores, que congelaron el presupuesto de las universidades públicas y condicionaron

el derecho a la educación al endeudamiento de los jóvenes colombianos con el sueño de ingresar a la educación superior con el ICETEX. Lo anterior genera cada vez más, una inviabilidad financiera, deterioro de la infraestructura, del bienestar y una planta docente congelada por más de 20 años a pesar de la demanda y necesidades crecientes de las universidades públicas.[5] Esta lucha, que permitió unir amplios sectores de la comunidad académica, así como ganar respaldo de artistas y la sociedad civil en su conjunto, permitió ganarle a Duque $5,85 billones de pesos para la educación superior de todos los colombianos. Entre los acuerdos firmados se encuentran:

1. $1.3 billones a la base presupuestal:

● 2019: IPC+3,5% ● 2020: IPC+4% ● 2021: IPC+4,5% ● 2022: IPC+4,65%

2. $0,32 billones de excedentes del sector cooperativo.

3. $1,35 billones del Presupuesto General de la Nación:

● $0,5 billones para el pago de pasivos de la IES. ● $0,85 billones para inversión.

4. $1.5 billones del Sistema General de Regalías:

● $1,25 billones para inversión en infraestructura. ● $0,25 de becas doctorales.

5. $0,18 billones de devolución del descuento electoral.

6. $1,2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraestructura y becas doctorales.

TOTAL: $5,85 billones en 4 años.

Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992.

El seguimiento minucioso al cumplimiento de cada punto acordado por parte del movimiento estudiantil ha conseguido el cumplimiento de la mayor parte de los puntos firmados. El nefasto Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque tuvo contados artículos positivos para la mayoría de los colombianos, y estos fueron los que tuvo que incluir el Gobierno por el paro nacional del año pasado. Así mismo, por primera vez hay una destinación específica del presupuesto nacional a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, y el aumento en presupuesto de

funcionamiento para las universidades públicas tuvo un aumento de 3,5% por encima del IPC, que representa un incremento porcentual no observado en años.

Es fundamental que toda la comunidad universitaria vigile el cumplimiento de este acuerdo.

Sede Bogotá: La Universidad Nacional, sede Bogotá, fue el inicio del gran proyecto de universidad pública del país. En 1867 se consolidaron las carreras de Artes y Oficios, Derecho, Medicina, Literatura y Filosofía, Ciencias Naturales e Ingeniería. Además, se anexaron el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el Militar [?]. Las facultades y departamentos se localizaron en varios lugares del centro de la ciudad, pero fue hasta 1935, con la Ley 68, que la Universidad Nacional se convirtió en un organismo autónomo con personería jurídica e independencia, y se empezó a construir la Ciudad Blanca que ideó el arquitecto Leopoldo Rother. Desde ese momento la Universidad no ha parado de crecer y consolidar su importancia a nivel regional y nacional. La Sede Bogotá hoy tiene un total de 264 programas académicos distribuidos así: 50 de pregrado y 214 programas de posgrado, siendo la que concentra el 55% de los doctorados y 44% de las maestrías de la ciudad[6]. Lo anterior implica una importante responsabilidad con la capital y con todo el país como la institución por excelencia en formación de investigadores y producción de conocimiento. Esta sede recibe además un total de 32.087 estudiantes matriculados, 25.569 de pregrado y 6.518 de posgrado[7]. Esto corresponde aproximadamente al 60% del total de estudiantes de la UN.

Infraestructura La Sede Bogotá, cuenta con 16 predios en total, de los cuales 11 se ubican en el casco urbano y 5 fuera del mismo, que suman más de 2 millones de metros cuadrados de historia y patrimonio nacional, con 23 edificios que son Bien de Interés Cultural[8]. Hospital Universitario La Sede Bogotá cuenta hoy con un importante proyecto de Hospital Universitario. El avance que se tiene hasta el momento de dicho proyecto corresponde aproximadamente al 25% del proyecto que se había planteado inicialmente. Es importante señalar que lo que hoy existe de ese proyecto fue gracias al ejemplo de organización y movilización masiva y pacífica dada en unidad por estudiantes, profesores y padres de familia que se decidieron a luchar por tener un hospital digno, con garantías para la formación y la atención en salud, al nivel de la universidad más importante del país. De esta forma se logró presionar al Gobierno Nacional de Santos para crear la Estampilla Pro-Universidad Nacional y conseguir los recursos públicos requeridos para construir la primera fase del Hospital Universitario.

Después de 15 años sin un hospital exclusivo para la UN como sitio de práctica (el último sería el Hospital San Juan de Dios), el Hospital Universitario Nacional (HUN) se configura como uno de los pilares para la formación integral de los profesionales de la salud y es fundamental para el desarrollo del ejercicio clínico, social-comunitario e investigativo de estos. Para la universidad y en especial para las Facultades de ciencias de la salud hoy es muy valioso contar con un hospital debido a que permite mejorar la calidad en la formación académica de las y los estudiantes de la Facultad y de toda la Universidad. Como se dijo anteriormente, hasta el momento solo se ha abierto una primera fase del HUN, este hecho que nos alegra profundamente como estudiantes y nos muestra cómo es que la lucha estudiantil es valiosísima para la Universidad. Sin embargo, creemos que lo que hoy tenemos del hospital no resuelve los requerimientos para la formación de los estudiantes de las diferentes facultades de salud y de la Universidad Nacional en general. En primer lugar, no cumple a cabalidad uno de los objetivos de este Hospital Universitario: el de aportar sustancialmente a la solución del déficit en servicios hospitalarios que tiene Bogotá, ya que corresponde, por ejemplo, a un 25 % de la capacidad que tenía el Hospital San Juan de Dios, que contaba con 800 camas, incluyendo las de Instituto Materno Infantil, donde los estudiantes de la Universidad realizaban sus prácticas. Sumado a eso, no cuenta con un servicio de urgencias, situación sumamente negativa tanto para la formación como para la ciudadanía cuyo acceso exclusivo está sujeto a su Entidad Prestadora de Salud (en la actualidad solo hay convenio con tres de estas). Esta situación es resultado de las nefastas políticas neoliberales que mercantilizaron el acceso al derecho a la salud con la ley 100 de 1993. El cierre del Hospital San Juan de Dios, que fuera uno de los hospitales más importantes de América Latina Por esta razón la construcción de la segunda fase o fase de expansión, correspondiente a un hospital de tercer y cuarto nivel, es de suma importancia para la formación de los estudiantes y para la red hospitalaria distrital. No obstante, debido a la crisis presupuestal de la universidad, no se han destinado recursos ciertos para la financiación de esta fase, tanto así no aparece dentro del plan de priorización en infraestructura de la Universidad. Lo anterior expresa la falta de compromiso del Gobierno Nacional, ya que ni Iván Duque, ni de sus antecesores han priorizado los recursos para esta importante necesidad de la Facultad y la Universidad. La defensa del Hospital Universitario, y la ampliación que garantice la construcción de la Segunda Fase, pasa por la exigencia del respeto por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá para que los terrenos de la Universidad sean respetados. En específico, el Plan de Renovación Urbana del CAN, y el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Enrique Peñalosa, pretende modificar las condiciones de construcción en los terrenos que comprenden el HUN, así como el Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres, con el fin de permitir la construcción de infraestructura con fines distintos a los intereses de la institución, como pueden ser restaurantes y hoteles.

Por esta razón, desde la representación se realizará una oposición a cualquier intento de modificación del uso del suelo de nuestra Universidad, o recaracterización del uso de suelo actual que tiene la institución, como pretende el POT de Peñalosa. Y seguiremos promoviendo el respeto a la vocación pública de los predios de la Universidad. Edificios de las Artes La Facultad de Artes en el periodo de 2018-I, contaba con 3099 estudiantes matriculados en pregrado y posgrado y la 10ª carrera más grande de la Universidad, la escuela de Arquitectura, que para ese entonces tenía 725 estudiantes, haciendo de la Facultad la 5ª más grande de la Sede[7]. Aún así, esta Facultad no cuenta con la infraestructura adecuada para la enseñanza de las artes, producto de una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno para financiar los proyectos de infraestructura que tanto necesita, así como de las administraciones de la universidad que no hacen la inversión ni distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades que tienen las Artes. Muestra de esta situación es que de 6 edificios que pertenecen a esta facultad (217 - Francisco de Paula Santander, 301 - Bellas Artes, 303 - Arquitectura y Diseño Industrial, 305 - Conservatorio de Música, 314 - SINDU y 701 - Cine y Televisión), 3 presentan un deterioro infraestructural evidente, que han puesto en riesgo la integridad de los estudiantes en reiteradas ocasiones, 1 está desalojado y cerrado y 1, el 303, fue demolido hace 5 años y hoy sigue pendiente de su construcción, es decir que 5 de 6 de los edificios no están en condiciones aptas para garantizar la educación de la más alta calidad que debería tener la Facultad de Artes más importante de nuestro país. Los 2 casos más críticos, han logrado tener avances gracias a la presión y la movilización de la comunidad de la Facultad, donde estudiantes, maestros y trabajadores se han unido en torno a esta gran problemática y a través de expresiones pacíficas y creativas de movilización han mostrado y convencido a la sociedad colombiana de la magnitud del problema y la importancia que tiene resolverlos lo más prontamente. Producto de la movilización, fue que en 2014 se realizó la demolición del 303 debido a su riesgo de ruina, el cerramiento y reparación del 301 y el más reciente, la ganancia con el histórico acuerdo de 2018 de recursos para el pago del pasivo de inversión, con los cuáles se podrán pagar deudas de la universidad en temas como la infraestructura. A pesar de estas victorias, los problemas de infraestructura en la Facultad siguen siendo apremiantes. En primer lugar, aunque la presión logró que en 2014 se demoliera el viejo edificio de la Facultad, este edificio es una deuda histórica que la UN tiene con sus artistas, pues a pesar del paso de 5 años todavía el proyecto de su construcción sigue sin ejecutarse y generaciones de artistas, arquitectos y diseñadores se han graduado sin un edificio en cual ver sus clases y sin laboratorios suficientemente equipados para las necesidades que estas carreras exigen hoy en día. Durante estos 5 años, la financiación ha sido la principal causa por la cual este proyecto no empezaba, y cuyo origen tiene raíz en la negligencia del gobierno y las diferentes administraciones, cuya prioridad no ha sido la inversión en infraestructura a pesar de haberse demostrado lo prioritaria que era dado el estado de sus

edificios, y muy a pesar de las denuncias y la oposición de la comunidad, el gobierno se negó a destinar recursos públicos para su construcción, promoviendo que se ejerciera a punta del endeudamiento de la Universidad, con un crédito con el FINDETER por el monto de 70.000 millones de pesos. Rechazamos este crédito, pues es deber del Gobierno Nacional garantizar los recursos para inversión de la universidad pública. Además, creemos que debe amortizarse con recursos públicos, pues la solución a la crisis de infraestructura no se resolverá incrementado la asfixia presupuestal. Por esto mismo, exigiremos la financiación adecuada para el desarrollo de este proyecto y le haremos la veeduría necesaria para garantizar el uso transparente de recursos y el avance del proyecto.

Calidad Respecto a la garantía de calidad en la formación académica, resulta indicado señalar que esta depende varios aspectos a saber: los profesores, el acceso al conocimiento y a tecnologías de vanguardia y, el señalado en el apartado anterior, la infraestructura, entre muchos más. La Sede Bogotá, es líder en el país en producción de conocimiento, muestra de ello es que concentra el 66% de los grupos de investigación de toda la Universidad. Sin embargo, también es necesario reconocer, que se tienen grandes dificultades para dicha actividad. Producto del desfinanciamiento de la universidad han ocurrido varios fenómenos que afectan la calidad en la formación. En primera instancia, el congelamiento de la planta docente, proveniente de la política de pauperización de la universidad. Dicha situación, significa entre otras cosas, que la planta docente no crece al ritmo de crecimiento del estudiantado. En otras palabras, la planta docente se ha mantenido casi intacta mientras se aumenta indiscriminadamente el número de estudiantes. En segundo lugar, es importante señalar las dificultades que se presentan con el acceso las bases de datos. Estas bases contienen la vanguardia del conocimiento mundial. La universidad ha tenido en varias ocasiones el peligro de perder el acceso para la comunidad universitaria a varias de estas bases, debido a la imposibilidad de seguirlas financiando. Sin embargo, gracias a la movilización estudiantil, se ha logrado evitar esta situación. Un tercer aspecto se refiere a las pésimas condiciones de infraestructura en las que se encuentran diversos laboratorios, talleres, auditorios y museos. Aquí se hace referencia no únicamente a problemas con los edificios y salones, sino también a lo obsoletos de los equipos que funcionan en los laboratorios y que dificultan enormemente la adecuada formación de los estudiantes, así como también la producción de conocimiento.

Bienestar

En cuanto a bienestar, encontramos que en este momento es necesario prestar atención a cuestiones de carácter psicológico de los estudiantes como ansiedad y estrés. Estas

situaciones causan preocupación para toda la sede dadas las posibles consecuencias a las que puede llevar como depresión, bajo rendimiento académico, aumento en la deserción e inclusive la ideación suicida, entre otros. A su vez, estas situaciones se agravan por las cada vez más frecuentes dificultades económicas de los estudiantes y sus familias ya que, al menos el 86% de los estudiantes de la UN que hacen parte de los estratos 1,2 y 3[7]. Más aún, hoy se sabe que en Bogotá hay por lo menos 2.2 millones de personas en el desempleo y la informalidad y, más de un millón de personas viven con menos de $9.000 pesos diarios[9]. Y el panorama parece empeorar con la decadencia del Bienestar Universitario que es esencial para paliar todas estas situaciones.

Asuntos de género La garantía del derecho a la educación de calidad es determinante para solucionar los problemas de la sociedad colombiana. Cuanto más tengamos acceso a la educación de calidad, las mujeres y personas LGBTI+ en particular tendrán más facilidades para desarrollar sus proyectos de manera digna, independiente y mejorar su calidad de vida. De igual manera, cuanta más investigación y desarrollos se realicen respecto a estos asuntos de desigualdad, la Universidad realizará un mayor aporte para resolver estas problemáticas y transformar la cultura de la discriminación. Uno de estos aportes se demuestra con la existencia de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas, que ha sido pionera en estas temáticas en el país gracias a la lucha que por décadas ha dado el movimiento social de mujeres con la presencia de estudiantes y profesoras de la Universidad. Gracias a esta Escuela, el país cuenta con varias investigaciones sobre estudios de género y universidad, como el Protocolo de Atención a Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual, que además ya cuenta con reglamentación en la Institución. Por otro lado, mientras en las demás universidades del país aumenta la participación femenina, en la UN disminuye considerablemente: hoy tan solo representa el 34% de los estudiantes de pregrado. Situación que se replica entre los docentes, donde el 71% son hombres y tan sólo el 29% son mujeres, como se demuestra en el Índice de paridad de género que mide el acceso de hombres y mujeres que acceden a la educación, siendo cero el estado crítico y 1 el óptimo, que para nuestra Universidad es de 0.58 [10] . Por tanto, se muestra una amplia brecha en la participación femenina dentro de la vida universitaria. Pero la garantía del derecho a la educación no sólo es el acceso a la universidad sino también la permanencia en la misma, por ello uno de los derechos más importantes que tenemos los estudiantes es el Bienestar. No obstante, éste se está reduciendo: el apoyo de alojamiento es inestable semestre a semestre, y esto genera que no se pueda garantizar la permanencia de los estudiantes en las residencias con las que la Universidad tiene convenio. Cuando más se necesita del Bienestar para garantizar la permanencia y compensar los efectos de la crisis económica, más recortes hace la Universidad, a razón de su asfixia presupuestal. Nadie debería desertar por su género u orientación sexual; aquella persona que se gradúa debe hacerlo por sus méritos académicos.

El derecho a la educación es incompatible con cualquier clase de violencia y discriminación. Sin embargo, han sido reiteradas las denuncias de acoso, violación sexual y discriminación en todos los estamentos de la universidad, mayoritariamente contra las mujeres y sectores LGBTI+. Esta es una problemática generalizada y cotidiana que afecta a todos los estamentos de la Universidad y debe ser atendida de manera integral. Por eso, la Universidad Nacional y la política institucional de género deben contar con una financiación pública plena que permita la implementación de las estrategias y herramientas que contribuyan a erradicar el acoso, la discriminación y las violencias basadas en el género. Esta es una propuesta que entiende que los problemas de género no son los problemas de las mujeres, sino de una sociedad en su conjunto incluyendo la totalidad de sus integrantes como sujetos de protección. Por ello también es preocupante la alta deserción masculina y una mayor propensión al consumo de drogas y alcohol. Ante esto es necesario que la universidad diagnostique la problemática y brinde atención integral, los estereotipos dominantes sobre el género no pueden ser causantes de deserción y vulneración de derechos. Ante el desconocimiento generalizado del tema, es fundamental que la Universidad Nacional, la más importante del país, siga siendo y se consolide en la vanguardia de los estudios de género y se brinden todas las garantías de financiación e Inter institucionalidad para fomentar la inclusión, el respeto a la diferencia y fortalecer la organización y movilización de toda la comunidad universitaria para lograr una universidad pública, democrática, diversa, equitativa, incluyente y de alta calidad.

Correspondencia con un modelo de país:

Diversos estudios de corte social señalan que el acceso a la educación de calidad actúa como la condición por excelencia que permite a las personas escapar de la pobreza, tanto en las sociedades desarrolladas como en vía de desarrollo [11]. ]Dicho de otro modo, la educación es un factor preponderante cuando se habla de movilidad social. El fortalecimiento de las universidades y centros de investigación estatales resultan determinantes para el fortalecimiento de la innovación, así como para atender los problemas y asuntos más importantes de una nación. En esa medida, un Estado comprometido con la educación pública de calidad para su país, está en la dirección adecuada para lograr el desarrollo de las fuerzas productivas del mismo. Sin embargo, lo anterior no corresponde a la línea política que han adoptado los gobiernos colombianos. Se puede decir que la situación de desfinanciamiento que afronta la Universidad Nacional de Colombia corresponde a lo que podemos llamar una “política estatal” de marchitamiento de las universidades públicas del país. La decisión de congelar en términos reales el presupuesto de las universidades públicas, viene de la ley 30 de 1992, en particular de sus artículos 86 y 87. Dicha ley fue aprobada durante el gobierno César Gaviria, que introdujo al país gran parte de la estructura neoliberal. Sin embargo, sus

sucesores también son culpables de la asfixia presupuestal de las universidades públicas. Es que desde el gobierno de Gaviria hasta lo que lleva de el de Iván Duque, todos han estado de acuerdo y mantenido dicha ley. Han favorecido además la financiación a la demanda vía créditos educativos, endeudando a miles de jóvenes de año tras año sueñan con recibir educación superior de calidad. El papel de la Universidad Nacional, desde su fundación tiene la labor de contribuir a la elaboración y resignficación del proyecto de nación. Y con este papel nos corresponde a su comunidad universitaria defender a nuestra institución, en su carácter público, autónomo, democrático y de calidad, para que cumpla su función misional de transformar la estructura económica y social del país, en beneficio de la mayoría de los colombianos. Un país que no produce su propio conocimiento está condenado al fracaso.

PROPUESTAS:

1. Desde la representación estudiantil nos comprometemos en exigir el cumplimiento total del histórico acuerdo que representa $5,85 billones para la educación y la ciencia, en defender la Universidad Nacional de Colombia y su carácter público, autónomo y de la más alta calidad como condición necesaria para ser la mejor Universidad del país encargada en el proyecto del desarrollo de nuestra nación en todas las áreas del conocimiento.

2. Apoyaremos las movilizaciones estudiantiles masivas, creativas y pacíficas en defensa de

la educación pública como respuesta a las decisiones que hagan daño a la calidad, al Bienestar Universitario, a la comunidad universitaria, y/o a las políticas de afecten las profesiones de nuestra Facultad en el país. Este mecanismo, según la experiencia, ha demostrado ser el mejor para exigir la garantía de nuestros derechos.

3. Nos opondremos a la aplicación de la política promovida por el Gobierno Duque que vaya

en contra de la educación superior pública, y desde la representación denunciaremos cualquier ataque a nuestra alma mater y defenderemos una educación como derecho, científica y de alta calidad.

4. Promoveremos y lideraremos la movilización de la comunidad universitaria exigiendo la

plena financiación pública para el funcionamiento adecuado y de las más alta calidad de la fase I del Hospital Universitario y la consecución de la fase II. Además, nos oponemos al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Enrique Peñalosa, que cambia el uso del suelo de algunos terrenos de nuestra institución como los de la fase II del HUN, para que sean utilizados con fines de aprovechamiento comercial muy alejados de sus fines misionales, y que es la condición que los deja desprotegidos ante el Plan de Renovación Urbana del CAN de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, que históricamente ha querido quitarle estos terrenos a la institución para un gran negocio inmobiliario.

5. Exigiremos al Estado la completa financiación de la segunda fase del Hospital Universitario

Nacional. Rechazaremos de manera vehemente que sea financiado mediante endeudamiento a la universidad debido a que esto mina la autonomía y pone en peligro la existencia misma de la Universidad.

6. Exigiremos la amortización con recursos públicos del crédito con el FINDETER para la

construcción del edificio de las Artes, pues la solución a la crisis de infraestructura no se resolverá incrementado la asfixia presupuestal.

7. Haremos la veeduría del proceso de construcción del edificio de 303 de Artes, empezando

por que lleguen los recursos suficientes y se ejecuten de manera transparente y a tiempo.

8. Trabajaremos en la constitución del Hospital Universitario Nacional como una Empresa Social del Estado, con un servicio de urgencias y con garantías para su funcionamiento pleno sin privar a ningún ciudadano del acceso al derecho a la salud. Esto es imprescindible para recuperar la calidad formativa afectada por el cierre del Hospital San Juan de Dios y para cumplir a cabalidad con el fin misional de la Universidad.

9. Exigiremos el presupuesto público necesario para que la Universidad, y la sede, puedan

aplicar de manera efectiva el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales; sensibilización ante factores de acoso y promover la búsqueda de ayuda con los diferentes entes participativos en estas rutas de atención.

10. Exigiremos que se garantice la debida aplicación y promoción del Protocolo para la

Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales en cada Facultad.

11. Vemos con mucha preocupación las limitaciones de la planta docente de la universidad,

que también provoca dificultades en diferentes facultades, por eso velaremos por la ampliación de la planta profesoral en las áreas que se requiera, todo ello en procura de la garantía educación de calidad para los estudiantes. Entre los usos de los nuevos recursos de la base presupuestal de la Universidad (ganados en el paro de 2018), promoveremos que se utilicen para ampliar la planta.

12. Apoyaremos la identificación de situaciones de vulnerabilidad y/o discriminación, en

materia de género, minorías, condición socioeconómica, entre otros, promoviendo mecanismos para avanzar en la solución de estos conflictos.

13. Apoyaremos las propuestas deportivas, recreativas, artísticas y culturales de los

estudiantes: selecciones deportivas, grupos estudiantiles, grupos de trabajo, entre otros. Consideramos que la financiación de esas iniciativas por parte de Bienestar Universitario, son fundamentales para los estudiantes y, de acuerdo con el artículo 52 de la constitución, “forman parte de la educación y constituyen gasto público social”.

REFERENCIAS: [1] CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 2008-2017 Una apropiación desde el capital intelectual. Tomado el 29 de septiembre del 2019 de: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/capacidades-de-investigacion/indicadores-2008-2017/ [2] Revista Semana, Especial:Universidad Nacional de Colombia: Innovación. Tomado el 29 de septiembre del 2019 de: https://especiales.semana.com/universidad-nacional/innovacion.html [3] Convocatoria 833 del 2018 de Colciencias. [4] Academic Ranking of World Universities 2019. Tomado el 29 de septiembre del 2019 de: http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/Colombia.html [5] Para más información consultar el INFORME SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL (SUE) de agosto del 2018. [8] Edición Especial Revista Semana: Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de los Colombianos, No. 2, pág. 80. [7] Cifras correspondientes al primer semestre del 2018. Tomadas el 29 de septiembre del 2019 de la página web: http://planeacion.bogota.unal.edu.co en el apartado “Matriculados”. [8] Estudio de Infraestructura Física. Comisión Consejo Superior Universitario. 2016. [9] DANE, Empleo Informal y Seguridad Social, 2019. Recuperado de: https://cutt.ly/xwTyKAv [10] Caro C, 2016, ¿Quiénes se presentan y quiénes pasan a la educación superior pública en Colombia? Análisis interseccional de las condiciones que influyen en el ingreso a la Universidad Nacional y la reciente exclusión de las mujeres. Universidad Nacional de Colombia. [11] Engle, P. L.,& Black, M. M. (2008). The effect of poverty on child development and educational outcomes. Annals of the New York Academy of Sciences, 1136, 243–256. https://doi.org/10.1196/annals.1425.023